La principal asociación de directores de la región acusa al Gobierno regional de tener un "profundo desconocimiento" de lo que sucede en los centros educativos Ayuso, tras la huelga: “Lo de vaga general en catalán me encanta, ustedes son muy vagos” “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”. Adimad, la principal asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, dice basta. Basta de señalar su trabajo, de cuestionar su profesionalidad. En una nota, la organización manifiesta su “inquietud” ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les exige que se dediquen a controlar un “supuesto adoctrinamiento” en las aulas, que niegan. La Consejería de Educación envío una nota el pasado miércoles en la que explicaba que “todos los centros docentes públicos” deberán “reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño” con el objetivo de “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. No se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa”, decía el texto. Adimad cree que esa instrucción de la Consejería de Educación denota un “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”. También lamenta la asociación que el Gobierno regional ignore la huelga educativa que tiene lugar en Madrid desde hace ya un mes y rechace reunirse con los sindicatos, pero a la vez se dediquen esfuerzos “a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”. Y se niegan a cumplir esa labor: “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente” expresa la nota. Una exigencia de negociación En esa misma comunicación, los directores de centros públicos exigen al Gobierno regional que se siente a negociar con el Comité de Huelga, tras negarse a hacerlo durante todo un mes de paro indefinido , y cargue sobre sus hombros la responsabilidad de solventar los problemas que está generando. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, sostiene Adimad. “La prioridad debe ser alcanzar una solución pactada y no trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de compensar, por sí solos, el impacto de un conflicto que continúa abierto”. En este sentido, la organización rechaza también las últimas medidas paliativas ordenadas por la Comunidad de Madrid, “que parecen más orientadas a cronificar la gestión del conflicto que a resolverlo”, explican en relación al aumento de los servicios mínimos que pretende imponer la Consejería de Educación.
La principal asociación de directores de la región acusa al Gobierno regional de tener un "profundo desconocimiento" de lo que sucede en los centros educativos Ayuso, tras la huelga: “Lo de vaga general en catalán me encanta, ustedes son muy vagos” “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”. Adimad, la principal asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, dice basta. Basta de señalar su trabajo, de cuestionar su profesionalidad. En una nota, la organización manifiesta su “inquietud” ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les exige que se dediquen a controlar un “supuesto adoctrinamiento” en las aulas, que niegan. La Consejería de Educación envío una nota el pasado miércoles en la que explicaba que “todos los centros docentes públicos” deberán “reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño” con el objetivo de “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. No se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa”, decía el texto. Adimad cree que esa instrucción de la Consejería de Educación denota un “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”. También lamenta la asociación que el Gobierno regional ignore la huelga educativa que tiene lugar en Madrid desde hace ya un mes y rechace reunirse con los sindicatos, pero a la vez se dediquen esfuerzos “a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”. Y se niegan a cumplir esa labor: “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente” expresa la nota. Una exigencia de negociación En esa misma comunicación, los directores de centros públicos exigen al Gobierno regional que se siente a negociar con el Comité de Huelga, tras negarse a hacerlo durante todo un mes de paro indefinido , y cargue sobre sus hombros la responsabilidad de solventar los problemas que está generando. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, sostiene Adimad. “La prioridad debe ser alcanzar una solución pactada y no trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de compensar, por sí solos, el impacto de un conflicto que continúa abierto”. En este sentido, la organización rechaza también las últimas medidas paliativas ordenadas por la Comunidad de Madrid, “que parecen más orientadas a cronificar la gestión del conflicto que a resolverlo”, explican en relación al aumento de los servicios mínimos que pretende imponer la Consejería de Educación.
El líder del PP insiste en sus mentiras sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, pone en duda su promesa de bajar impuestos, plantea un recorte de 12.000 millones en bajas laborales, asegura que el abogado del PP apartado tras supuestamente reunirse con Koldo "no llevaba los asuntos penales" del partido y defiende la compra del ático para "oficinas" de Ayuso: "Me parece normal, siete millones no es nada" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' El candidato del PP en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que, si gobierna, eliminará el Ministerio de Vivienda. Es el segundo departamento que señala expresamente que quiere cerrar, después de decir que lo hará con el de Igualdad . Feijóo lo ha explicado durante una entrevista con el 'podcaster' Jordi Wild en la que ha dicho que hay comunidades del PSOE que no tienen Consejería de Igualdad, como Asturias. Algo que es falso: la vicepresidenta de la Junta, Gimena Llamedo, es también ministra de Igualdad. Una mentira que, como las demás, han pasado por alto los “verificadores” del entrevistador. Feijóo ha participado en la entrevista durante cerca de hora y media en la que se ha abordado de inicio la alianza que tendrán que suscribir PP y Vox para gobernar tras el 29N, según apuntan casi todas las encuestas. Feijóo ha justificado su posible pacto con el partido ultra en que “tiene muchos más votos y mucha más expectativa electoral que toda la izquierda junta, excluido el PSOE”. Una afirmación que es solo media verdad si se tienen en cuenta los datos de las elecciones generales de 2023. Entonces, Vox sacó 3,057 millones de votos. Sumar, 3,044. Sumados los demás partidos de izquierdas de ámbito autonómico, el partido de Abascal queda muy atrás. Feijóo no ha revelado qué ministerios plantea entregar a Vox llegado el caso, pero sí ha dicho que algunos están vetados para los de Abascal. “Hay ministerios de Estado que entiendo que deben de tener una preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento, no tenga ninguna duda”, ha afirmado, aunque sin especificar cuáles. Preguntado si hay ministerios “intocables” para Vox, ha respondido: “Claro que lo tengo”. Pero además de los llamados “ministerios de Estado” (que suelen incluir Exteriores, Interior, Defensa o Justicia), Feijóo ha vetado a Vox para Hacienda. “O tienes experiencia en hacer Presupuestos Generales del Estado, o tienes equipos”, ha afirmado, para negar que se pueda “llegar al Ministerio de Hacienda a aprender”. Con todo, Feijóo ha dado por hecho que pactará con Abascal lo que sea necesario para alcanzar la Moncloa, tras el fallido intento de 2023. Dudas sobre la bajada de impuestos El candidato del PP ha puesto también en duda su propia promesa de una bajada generalizada de impuestos. “Yo he dicho que tenemos que bajar los impuestos”, ha afirmado, a lo que el entrevistador ha replicado: “¿Tenéis o los vais?”. Feijóo ha contestado: “Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos. Pero también digo, yo necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas en mi país”. “Tengo muchas dudas. No me creo los datos”, ha afirmado. Feijóo pone así en duda a los organismos del Estado que controlan la ejecución presupuestaria y que analizan la marcha de la economía para certificar los niveles de ingresos, gastos, deuda y déficit, como pueden ser la Airef, el Banco de España o el INE. El líder del PP ya ha puesto en el pasado en duda a estas instituciones públicas. “Creo que hay una ocultación de gasto”, ha insistido. “Creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos”, ha afirmado. “Viene hoy en los medios de comunicación que el Gobierno lleva adjudicado en los últimos consejos de ministros unos 18.000 o 19.000 millones en gasto de Defensa”, ha añadido. Feijóo no ha querido asumir cuál será su gasto en Defensa, después de que España haya alcanzado ya el 2% del PIB , tal y como se comprometió Pedro Sánchez con la OTAN. EE UU exige que España llegue al 5%, una cifra que Feijóo no ha descartado, pero a la que tampoco se ha comprometido. Pensiones: “No tenemos previsto ampliar la edad de jubilación” El candidato del PP ha reiterado su promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC, algo a lo que obliga una ley que el PP rechazó en el Congreso. “El objetivo es buscar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que todavía no las cobran”, ha afirmado Feijóo, quien no ha expuesto qué modelo quiere implantar para lograr dicho objetivo. Feijóo ha puesto en duda la sostenibilidad del actual sistema al afirmar que “aproximadamente estamos hablando de unos 50.000 millones, más o menos, que se transfieren de impuestos a pensiones”. Y ha dado pistas de cuáles son sus planes, de forma inconcreta: “Pretendo decirle a un señor con 67 años que, si quiere trabajar, le facilito el cobro parcial [de la pensión], compatible con el sueldo”. Sobre la actual edad de jubilación, Feijóo ha afirmado que 67 años le parece “una edad razonable”. “No tenemos previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación después de los 67”, ha añadido. Preguntado por la falta de concreción, el líder del PP ha dicho que intenta “ser honesto en las contestaciones”, y ha zanjado: “No vamos a ampliar la edad de jubilación. Y punto”. Recorte de 12.000 millones en bajas laborales Feijóo ha insistido además en sus críticas al supuesto alto “absentismo laboral” que hay en España. El líder del PP ha reiterado el dato de que “cada día, un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo”. Una información que no es oficial, sino extraída de un informe de la empresa de trabajo temporal Randstad, y que aglutina todo tipo de ausencias: bajas médicas, permisos por nacimiento o cuidado de menores, asistencia a juicios o funerales, enfermedades, operaciones, y un largo etcétera. El candidato del PP lo ha metido todo en el mismo saco, y ha afirmado que el coste son “20.000 millones de euros”, sin aportar la fuente de su afirmación . Como durante toda la entrevista, los supuestos “verificadores” contratados por Jordi Wild han permanecido en silencio. “Yo no digo que todo sea fraude”, ha dicho Feijóo. “Lo que sí digo es que la sociedad española no está enferma si es trabajador por cuenta propia y sí [cuando] es trabajador por cuenta ajena”, ha añadido, dando a entender que los empleados se cogen bajas falsas porque los autónomos faltan menos al trabajo. El líder del PP ha afirmado que el absentismo en los autónomos es del 4%. Los “verificadores” han intervenido por primera y única vez para bajarlo al 1%. Nadie ha explicado que los autónomos están englobados dentro de la CEOE, la patronal de los empresarios. Feijóo ha insistido en que muchas de las bajas médicas son falsas, y ha puesto en duda a los trabajadores de los servicios sanitarios públicos. “Hay absentismos del 12%, del 13, del 14%”, ha dicho. “Todo el mundo conoce al médico si trabajas en un servicio de salud, ¿no?”, ha insinuado. “Ahí tenemos 10.000, 12.000 millones para las pensiones”, ha concluido. Es decir, que Feijóo plantea un recorte de hasta 12.000 millones en compensaciones de bajas laborales que, ha afirmado, se destinarán a pagar jubilaciones. Feijóo también ha planteado un recorte en el ingreso mínimo vital. Una vez más, ha dado datos falsos sin aportar la fuente. “La información que nos han trasladado es que hay medio millón de inmigrantes cobrándolo sin haber trabajado una sola hora en el último año”, ha afirmado. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que más del 80% de los perceptores son españoles, y dos de cada tres han trabajado en el último año. La entrevista no ha abordado con mucho ahínco el asunto de la inmigración, pero Feijóo ha tenido tiempo de decir otra falsedad que los “verificadores” de Jordi Wild han pasado por alto. El líder del PP ha planteado la opción de levantar centros de deportación de personas migrantes en terceros países, algo que ha fallado en el pasado y que no se ha logrado poner en marcha en ningún país. Pero Feijóo ha afirmado que Italia sí lo está haciendo. “Yo creo que en Italia ha funcionado”, ha dicho. “Por lo menos ha funcionado parcialmente”, ha añadido. Pero la realidad es que los centros de deportación de Italia a Albania han sido bloqueados por los tribunales. Marcial Dorado: “Prefiero esta foto a la colección” de Sánchez Jordi Wild ha preguntado a Feijóo por su larga amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, y por las muchas fotografías de los viajes y encuentros de ambos. El líder del PP ha insistido en el argumento que ya dio en 2023, cuando justificó su desconocimiento en que entonces “no había internet ni Google” . “Conocí a esta persona en un contexto político y no había nada de narcotráfico. Se había dedicado y había tenido contrabando de tabaco. Que yo sepa, se le imputan asuntos de narcotráfico tres años después de que dejara de tener relación”, ha contestado por la famosa imagen de ambos en el yate, fechada en 1995. Según su relato, dejó de tener relación con él años después, cuando se enteró de que “tenía todavía un juicio pendiente por contrabando”. Pero la realidad es que esa amistad tuvo lugar cuando Dorado ya aparecía de forma habitual en informaciones periodísticas y estaba implicado en procesos judiciales por actividades relacionadas directamente con el narcotráfico. Antes de que Feijóo se subiese a su yate, Dorado había sido uno de los detenidos en la Operación Nécora, que dirigió a partir de junio de 1990 el juez Baltasar Garzón y fue la primera gran redada contra el narcotráfico en Galicia. Salió absuelto, pero su cara aparecía habitualmente en los telediarios. Dorado también apareció en los periódicos a raíz de la Operación Peseta Connection, una investigación internacional en la que participaron las policías de Francia y Suiza que perseguía a una red de blanqueo de capitales en Europa. Una vez más, los verificadores han pasado por alto sus afirmaciones. Feijóo incluso ha puesto en duda que Dorado y él fueran amigos. “¿Amigos? Ahí lógicamente alguien habrá hecho esa foto, ¿no? No estábamos solos, ¿no?”, ha cuestionado. “Es curioso que en esas fotos no salga nadie más. ¿A ti qué te... no te sorprende?”, ha deslizado, sin explicar a qué se refiere exactamente. El líder del PP ha pasado al ataque y ha reprochado las fotografías de Pedro Sánchez con, por ejemplo, el condenado Víctor de Aldama. “Cada uno es responsable de sus fotos, yo prefiero tener esta”, ha zanjado. El abogado del PP y Koldo Feijóo ha respondido también sobre la supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García, quien afirma que el representante del partido le ofreció un millón de euros por testificar contra Pedro Sánchez. Feijóo no ha negado la reunión. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo . El ático de Ayuso, lo “normal” Feijóo también ha entrado en el tema del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para, supuestamente, alojar temporalmente las oficinas de la Presidencia que ocupa Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha reiterado que fue informado previamente de manera informal, pero ha rebajado mucho la importancia de la adquisición y del gasto. “Si tuviésemos tiempo de contar en qué hemos metido siete millones de euros en España”, ha ironizado. “Si eso no es nada”, ha afirmado sobre el estipendio. “¿Sabes cuánto cuesta el alquiler de los lectores de los DNIs digitales para estas elecciones?”, ha cuestionado, sin desvelar que es su partido quien ha pedido que se pongan dichos lectores. “¿Cuánto?”, ha preguntado Jordi Wild. “Que te lo digan los supervisores”, ha zanjado Feijóo.
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
En el primer día de campaña electoral oficial, Ayuso y su ático vuelven a protagonizar la polémica: el Tribunal de Cuentas ve indicios de que el inmueble comprado por Gobierno de la presidenta supuso un gasto de 6,3 millones sin “justificación legal” . El órgano fiscalizador rechaza enotonces la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid e investigará los hechos. Y sin salir de los tribunales, otra de las noticias del día: El PSOE se querella contra el PP, Eduardo Inda y Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García. La media de encuestas en el arranque de la campaña: el PSOE crece, pero la derecha mantiene una amplia ventaja Ya están publicadas las tres entrevistas del youtuber Jordi Wild con Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto-Núñez Feijóo y... sin Santiago Abascal , que se retiró en el último momento del encuentro y cuyo partido exigirá a partir de ahora estrictos requisitos para los entrevistadores que quieran verse con el líder. En su charla con el comunicador, Feijóo ha añadido Vivienda a los ministerios que eliminará si gobierna -ya había anunciado que no contaría con Igualdad- y asegura que hay carteras que vetará para Vox. La inmigración ha sido uno de los grandes bloques en la conversación con Colau, que ha asegurado que “algunos migrantes delinquen, pero la mayoría no suponen ningún problema” 🎙 PODCAST | Una campaña revuelta: de Broncano a Jordi Wild
La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra la esposa del presidente del Gobierno después de haber aparecido en el arranque de campaña del PSOE: "Sánchez compró la televisión pública para verme y ella se puso tan celosa que la han sacado esta noche" Begoña Gómez toma la palabra en el arranque de campaña del PSOE: “Gracias por darme aliento para continuar” Isabel Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo de salida oficial para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Y lo ha hecho en un acto en el que ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que ha tomado la palabra durante el arranque de campaña del PSOE de este mismo jueves. “Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que la han sacado esta noche en un mitin”, ha arrancado la presidenta de la Comunidad de Madrid después de las intervenciones de José Luis Martínez-Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Rollán. “Ahora podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz”, ha dicho Ayuso sobre Begoña Gómez. Ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien se ha encargado de dar las primeras palabras en el acto en la capital. Serrano ha querido bromear sobre un grupo de docentes que protestaban en la puerta y pedían sentarse a negociar con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Una imagen que se viene repitiendo en gran parte de los eventos del gobierno autonómico desde que comenzó la huelga educativa y ante la negativa de hablar con el comité que organiza los paros. Serrano ha tirado de ironía y ha propuesto que ya que ellos son “un partido abierto” si se ha “colado alguno y quiere decir algo”, ese era “el momento de manifestarlo”. Y que si “esperan a otro momento para hacer noticia y hacer su show, pues nada, tranquilidad, se les aplaude, se les agradece su presencia y el equipo de organización les invitará para que salgan y se vayan a un mitin de Más Madrid o PSOE, donde estén más cómodos”. Ayuso era la encargada de cerrar el acto, y ha sido durante su discurso cuando los docentes han decidido irrumpir con los comentarios de la líder madrileña y los aplausos de los asistentes de fondo: “Son siete años así, ya tengo experiencia”, decía Ayuso. La presidenta autonómica ha decidido responder con las mismas críticas que ha vertido sobre los docentes en huelga en las últimas semanas. “Dicen que aman la educación pública, lo único que aman es el sillón en el que han prometido que ascenderán”. La líder madrileña ha hecho referencia a las palabras de su compañero de partido, el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha asegurado augurado el fin del “sanchismo”. “Ahora me van a quitar de RTVE”, ha asegurado Ayuso en tono irónico, que ha hecho su propio relato sobre la televisión pública. Según la baronesa del PP, Sánchez ha “comprado” la cadena para verla “todo el tiempo”, lo que ha llevado a que Begoña Gómez acabe en el mitin de este jueves del PSOE. “Le han puesto camiseta universitaria y le han puesto a hablar, a dar lecciones. Ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto”, ha añadido Ayuso. Cayetana Álvarez de Toledo defiende la actuación policial en la huelga También ha subido al escenario el alcalde de la capital, que ha pedido no confiarse y “contar hasta el último voto” en la urna porque “el árbitro no va a ser neutral”. En su discurso en Cibeles también ha pedido el voto para el PP, “el mejor instrumento frente a la polarización”. “O ganamos o se acabó”, ha asegurado Almeida. Después ha sido el turno de Cayetana Álvarez de Toledo, 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo en la listapor Madrid. La diputada ha defendido la actuación de la Policía Nacional tras las duras cargas durante la huelga general. “Defendieron los derechos de los trabajadores mejor que los sindicatos”, ha asegurado durante el acto de inicio de campaña del PP de la Comunidad de Madrid. Álvarez de Toledo ha asegurado que la Policía, que reprimió duramente a los manifestantes, “defendió a los trabajadores frente a los sindicatos”. Unas palabras que también Ayuso ha subrayado.
Como ya hiciera la presidenta madrileña el pasado verano, el PP incluye en su programa electoral que el embrión "computará" para recibir ayudas, una medida que según las expertas, forma parte de una nueva estrategia antiaborto a nivel global ante el coste social que tiene restringir el derecho El PP de Ayuso aprueba junto a Vox la ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos Ya lo advirtió cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó junto a Vox la ley del concebido no nacido en la Comunidad de Madrid, pero ahora Alberto Núñez Feijóo lo ha plasmado en el programa electoral para las elecciones del 29N: si llega a la Moncloa, el Partido Popular quiere sacar adelante la misma norma a nivel estatal. De esta forma, los embriones “computarán” para recibir las ayudas y beneficios “que correspondan a las familias”, esgrime la hoja de ruta de la formación conservadora. Pese al lenguaje aparentemente inocuo y a englobar la medida en el epígrafe del fomento de la natalidad, titulado “España será el mejor país para formar una familia”, críticos y voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de leyes esconden una fuerte carga ideológica. Feijóo se acerca así a la estrategia que lleva tiempo ensayando el movimiento antiaborto a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, donde varios estados reconocen al embrión desde el momento de la concepción como una forma de menoscabar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El precedente en España lo inauguró Ayuso el pasado verano, cuando dio luz verde a la legislación que reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar. En la práctica, una vez se acredite el embarazo, las mujeres pueden solicitar ya las ayudas y beneficios fiscales que utilizan como criterio la renta familiar aunque aún no se haya producido el parto. Además, el título de familia numerosa puede disfrutarse desde la semana 14. La ley preveía que fueran las bases de las diferentes ayudas las que concretarían los cambios. El PP de Madrid presentó la iniciativa como una forma de “incentivar” los nacimientos en España y Feijóo ya entonces siguió la misma línea asegurando que “cuando una mujer está embarazada” debe tener “apoyo del sector público”. Sin embargo, al mismo tiempo Ayuso quiso dejar claro que, al menos uno de los objetivos, tenía ecos del discurso antiaborto: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró. La estrategia de reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto) está abriéndose paso a nivel internacional y ha ido ganando terreno desde que el Tribunal Supremo tumbara en Estados Unidos la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en el país. El modus operandi ya no es tanto reconocer al feto de forma explícita en grandes leyes o en la Constitución, sino hacerlo de forma “gradual” en diferentes ámbitos parciales como las ayudas sociales, la fiscalidad o la responsabilidad civil, explica la politóloga y directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldavert. “El objetivo final es plantear una dicotomía entre ese supuesto derecho a la vida del 'no nacido' y el derecho a la soberanía corporal de las mujeres y el aborto”, plantea la experta. La idea la resumió Johanna Hussain en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell (Nueva York): “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse un asesinato”. Aunque en España, las propuestas de leyes del concebido no nacido no llegan tan lejos y se limitan a reconocerlo para acceder a ayudas, para Aldavert lo relevante es el fondo de la cuestión: “Poco a poco van cambiando el marco y consiguen modificar los imaginarios sociales y culturales”, asegura. Natalidad frente a recortes al aborto De momento, y tras la publicación del programa electoral del PP, Feijóo no se ha pronunciado específicamente sobre la ley del concebido no nacido a la que se compromete, pero sí ha asegurado este miércoles en El Hormiguero que no cambiará la ley del aborto vigente desde 2010, que permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2023. Lo que sí dejó en el aire es lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años para que tengan que informar a sus progenitores en caso de abortar, una medida que el líder popular considera que responde a un “debate abierto”, pero que no ha incluido en el programa porque no lo califica de “prioridad”. Frente a ello, Feijóo se comprometió a “garantizar” que si una mujer “no se atreve a ser madre porque no tiene una situación económica adecuada pueda tener un hijo”, afirmó en línea con el mensaje que suele presentar a las mujeres que abortan como víctimas de presiones económicas en lugar de reconocerlo como una decisión autónoma. Que este sea su discurso y que la promesa del concebido no nacido esté englobada en el programa en las medidas para fomentar la natalidad no es casualidad, sino “una nueva estrategia antiaborto”, según Aldavert. La experta identifica en los últimos años un “cambio de lenguaje y de enfoque” en el que “la idea es hablar más de familias, cultura de la vida, natalidad, ayudas a la mujer embarazada...” y menos de restringir el derecho al aborto debido al coste social que tiene a día de hoy y tras lo ocurrido con el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió después de que su intento de reforma de la ley fuera masivamente contestada en la calle. “Saben que el ataque directo al derecho al aborto tiene unas consecuencias importantes entre la mayor parte de la sociedad. El PP se ha dado cuenta de que no les beneficia, por lo que se enfocan en medidas natalistas que crean imaginarios difíciles de rechazar”, esgrime la politóloga, quien asegura que el apoyo a las familias “pasa por reconocer a todos los tipos de familia, sean como sean” e impulsar medidas que tengan que ver con “combatir la precarización de los cuidados, que suele recaer en las mujeres, mejorar los salarios o impulsar la educación 0-3”. Está aún por ver cuáles son las propuestas de Vox en este sentido, que sí se ha manifestado más abiertamente contra la ley del aborto en varias ocasiones y que, según la mayoría de encuestas , sería necesario para que el PP pudiera alcanzar la mayoría tras las elecciones.
Curiosa huelga fracasada que necesita tanta insistencia en su fracaso. Curiosa huelga fracasada que necesita la deslegitimación, burla y criminalización de sus organizadores, para que quede claro que son unos fracasados. Curiosa huelga fracasada cuyo fracaso debe ser subrayado con mil pruebas, no sea que haya ciudadanos que tengamos dudas, o que midamos de otra manera el éxito o fracaso de una huelga tan peculiar y a estas alturas del siglo XXI Pensaba escribir una valoración de la huelga general, pero ya voy tarde, está más que valorada, y el consenso es abrumador: un fracaso. Espera, que le pongo mayúsculas: UN FRACASO. Y negritas: UN FRACASO . Incluso signos de exclamación: ¡UN FRACASO! Puedo añadirle adjetivos para que el fracaso sea más fracaso. “Un fracaso clarísimo” (Garamendi, presidente de la patronal). “Un fracaso y un error histórico” (Núñez Feijóo). “La huelga mafiosa ha fracasado” (Díaz Ayuso). “Un auténtico fracaso” (Tellado). “Un fracaso mayúsculo” (Martínez Almeida). “Estaba condenada al fracaso” (Ester Muñoz). “Pedro, has fracasado” (Abascal). Fracaso auténtico, mayúsculo, total, verdadero, absoluto, dicen también alcaldes y presidentes autonómicos del PP, todos confirman el fracaso en sus ciudades y comunidades, sin excepción; y lo mismo los presidentes de las patronales autonómicas en sus valoraciones regionales. No sé, voy a echar un vistazo a la prensa, a ver. En portadas y editoriales de la prensa de derechas se repite con escasas variaciones. “El gran fracaso de la huelga política” (ABC). “Sánchez pierde, la huelga fracasa” (La Razón).“Naufraga la huelga electoral” (El Mundo). “Sánchez arrastra a UGT y CCOO al mayor fracaso de su historia” (El Español). “El fracaso de la huelga obliga a los manifestantes a recurrir a la violencia” (VozPópuli). “Fracaso general de la huelga política” (Libertad Digital). “Estrepitoso fracaso de la huelga de Sánchez” (un pseudomedio que prefiero ni nombrar). No añadiré a los columnistas de estos mismos medios, pero la mayoría subrayan el “fracaso”. Pongo la tele, y Ana Rosa comienza el programa hablando del “fracaso de la primera huelga encapuchada de la democracia”, y lo repetirá toda la mañana. Lo mismo algunos de sus tertulianos, y otros en otras cadenas. Pongo la radio, y en las emisoras de derechas, más de lo mismo: fra-ca-so. Dame la f, dame la r, dame la a… Ya digo, llego tarde a valorar, que ya está la huelga más que valorada. Qué digo tarde: tardísimo. La mayoría de esas valoraciones estaban ya dichas o escritas a primera hora del miércoles, que la huelga ya comenzaba fracasada. De hecho, estaba fracasada antes de empezar, pues en los días previos los mismos ya vaticinaban el fracaso sin posibilidad de error. Curiosa huelga fracasada que necesita tanta insistencia en su fracaso, por tierra, mar y aire, a todas horas. Curiosa huelga fracasada que necesita la deslegitimación, burla y criminalización de sus organizadores, para que quede claro que son unos fracasados. Curiosa huelga fracasada cuyo fracaso debe ser subrayado con mil pruebas, datos de consumo eléctrico y de tráfico, porcentajes apresurados y que parecen calculados a voleo, fotos y vídeos de “normalidad”, micrófonos buscando a trabajadores y clientes que confirmen que la huelga es un fracaso, no sea que haya ciudadanos que tengamos dudas, o que midamos de otra manera el éxito o fracaso de una huelga tan peculiar y a estas alturas del siglo XXI. Curiosa huelga fracasada que consigue marcar la agenda política durante días, que centra toda la atención informativa y toda la conversación pública, que altera totalmente la vida del país durante veinticuatro horas. Curiosa huelga fracasada que necesita de cargas policiales y altercados sospechosos, para que la violencia tape cualquier duda de su fracaso. Curiosa huelga fracasada que moviliza por todo el país a sindicatos, colectivos sociales, barrios y millones de ciudadanos que salen a las calles bajo el temporal, y muchos de ellos incluso hacen huelga pese a saber que es una huelga fracasada. Curiosa huelga fracasada que pone tan nerviosos a algunos. Curiosa huelga fracasada cuyo fracaso tal vez se extienda a próximas movilizaciones sociales, y quién sabe si hasta acabe marcando las elecciones, y su fracaso persiga al próximo gobierno. Un fracaso total.
El candidato republicano pone a Junts en el centro de su diana y les responsabiliza de "no posicionarse" ante el avance de la derecha: "Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas" Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio Gabriel Rufián ha decidido arrancar la campaña electoral desde Tarragona, donde ha subido al escenario a ritmo de rumba. La elección musical no ha sido casualidad y ha cobrado sentido cuando el candidato republicano ha citado a Los Chunguitos. La elección musical no ha sido baladí y ha tomado sentido en el momento en que ha recordado que los hermanos Salazar actuaron en un mitin electoral de Jordi Pujol en 1999. “Ese día, desde Nou Barris, Pujol dijo en castellano que Catalunya era diversa y que así tenía que ser. Y no pasó nada porque hablara de la migración en castellano. Yo quiero que vuelva esa derecha, la del seny y la que no presume de estar en el medio”, ha insistido Rufián, que ha dedidado buena parte de sus discursos a atacar a Junts. Durante este primer mitin de la campaña electoral, los republicanos han sacado a relucir diversas veces las declaraciones de Míriam Nogueras, que presume de estar “en el medio”, mientras el resto de partidos “han sido arrastrados por los extremos”. Ante estas afirmaciones, Rufián ha espetado a los juntaires que “estar en medio es ser colaboracionista de Abascal. La vida es tomar partido”. En este momento, Rufián ha adoptado su tono irónico para cantar la alineación de un posible gobierno conformado por el PP y Vox. “Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias. Para el resto de carteras ha situado a Herman Tersch de ministro de Consumo, a Isabel Díaz Ayuso en la de vivienda; en Defensa, a Ana Vázquez, ”la del spray “. ”Sabemos lo que harán, irán a por las pensiones, a por la educación y en contra nuestra“, ha expresado Rufián, que en seguida ha vuelto a cargar tintas contra Junts con una frase que ya había pronunciado antes: ”Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas“. En esta línea, y siguiendo la estela de otras intervenciones durante la precampaña, ha sacado la bandera catalanista -que no independentista- para justificar por qué comparece a unas elecciones españolas de la mano de un partido no secesionista como es Podemos. ERC envió militantes a todos los frentes a combatir al fascismo. ¿Por qué no ahora?“, se ha preguntado el republicano, después de recordar cuando Companys animó a los madrileños ante el avance de las tropas nacionales. También ha echado mano del president Macià para reivindicar esa Catalunya diversa e insistir en que “no hay una sola manera de ser catalán”. Po eso, dice, ERC apela a quienes tengan sus prioridades en los ideales de “justicia, democracia y libertad”. “Si esos son vuestros principios, sois bienvenidos. Y ojalá algún día vengan también los Comuns”. De hecho, tan a un lado ha dejado el discurso independentista, que ha vuelto a resucitar la idea del “mientras tanto”. Así, en lo que Catalunya consigue la independencia, asegura que su papel será “obligar al PSOE a que ponga más pasta” porque “por mucho que le pongas a un tren una estación de Rodalies y un maquinista indepe , no llegará antes. Hay que poner pasta donde toca porque queremos competir con China mientras se olvidan de la clase trabajadora”. La cuestión de clase ha estado muy presente en el discurso de Rufián, que no puede obviar que no sólo compite con el electorado independentista que interpela Junts, sino que seguramente su principal rival está en los Comuns. Por eso han hecho suya la bandera de la lucha contra la especulación inmobiliaria y la idea de subir los impuestos a las grandes fortunas. “Vamos a freir a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda. Y os puedo asegurar que el concepto es nuestro”, ha apuntado Rufián, en referencia a unas declaraciones de Ada Colau, que se dirigió en estos términos a Cayetana Álvarez de Toledo. Si bien ha evitado enfrentarse abiertamente al Frente Amplio, Rufián sí ha insistido en la idea de que los ministros de Sumar no han sabido “presionar” al PSOE como lo hicieron los de Podemos, aunque ha querido reconocer que ninguno de ellos, “ni siquiera ERC, ha sido capaz de convencer al PSOE para que frenara la especulación y mejorara las condiciones de vida”. Rufián ha optado en este inicio de campaña por un tono beligerante que ha ido acorde con el lema escogido: Defensa't (Defiéndete); una propuesta que busca eludir al conflicto, a las consecuencias de un ascenso de la derecha y la ultraderecha. Ha apelado al voto con una metáfora muy ilustrativa: “Vienen momentos complicados. Y os lo plantearé con una pregunta: ¿Dejaríais las llaves de vuestras casas a Jordi Hereu para que las defendiera?”, ha cuestionado, en referencia al candidato por Barcelona del PSOE. “¿Y a mí?”. La ovación del público, encandilado por el tono épico de la última parte del discurso de Rufián, ha bastado como respuesta. Catalanismo y bandera de clase ERC, que antaño centraba sus discursos en la cuestión nacional ha rebajado mucho el tono. Prueba de ello ha sido un Junqueras algo incómodo cuando, al acabar su intervención, los asistentes han empezado a corear “independència”. El presidente de la formación ha seguido a sus acólitos de manera tímida, igual que lo ha hecho Rufián desde el público. En cambio, la secretaria general, Elisenda Alamany, no ha movido los labios. Ella ha hecho gala de un discurso muy enfocado en las condiciones materiales y ha hablado de “generaciones que no conocen otra cosa que las crisis”. Ha puesto el foco en la vivienda y en los “beneficios de las grandes empresas”. Con la vista puesta en disputar votantes al Frente Amplio, ha disparado contra las élites y ha afeado que las decisiones las tomen “los que pisan moqueta, los que tienen apellidos compuestos y no han trabajado en su puñetera vida. Tenemos que defendernos de esa gentuza”, ha dicho Alamany que, de hecho, empezó su carrera en las listas de los Comuns. Junqueras, por su parte, ha puesto el apunte global, mirando a las recientes victorias de la izquierda en Estados Unidos, Israel, Brasil, Polonia o Serbia. “Es que se parece a nosotros está ganando a la amenaza internacional reaccionaria”, ha afirmado, sumándose al carro de las formaciones de izquierdas que se quieren reflejar en figuras como las de Lula o Abdul El-Sayed. “El PSOE arrastra los pies y los Comuns no sirven porque son de una dejadez infinita. Nuestra apuesta no es de sopa de letras ni de repartición de sillas. Nuestra mayoría amplia es con la gente y es a ellos a quienes pedimos colaboración”, ha dicho Junqueras, intentando espantar al fantasma del fracaso en la negociación de una candidatura unitaria que tanto ha perjudicado a las formaciones de izquierdas en las encuestas.
El PP quiere consolidar su posición en Catalunya y aspira a convertirse en segunda fuerza en Barcelona, pero se la juega ante Vox Feijóo se vuelca en la campaña catalana mientras Sánchez solo la pisará una vez La campaña catalana ha comenzado este jueves con el tradicional acto de pegada de carteles pero con un panorama tan incierto en Catalunya como el propio resultado del próximo 29 de noviembre. Los partidos son muy conscientes que, más allá de la primera posición, que parece reservada para el PSC, todos deberán emplearse a fondo para ganarse unas posiciones que no están seguras al inicio de la campaña. Los socialistas han arrancado en el auditorio del centro comercial de la Illa Diagonal, en un acto en el que el ministro y candidato, Jordi Hereu, ha hecho tándem junto al president Salvador Illa. Esta será una pareja habitual durante la campaña, ya que el jefe del Govern tiene previsto implicarse en la campaña prácticamente a diario. El PSC cree tener asegurado un resultado similar a los de hace tres años, cuando obtuvieron 19 escaños, y aspiran a que durante la campaña puedan ser algunos más, siempre con el recuerdo del récord de 25 conseguido por la recordada Carme Chacón en 2008. En su intervención, Illa ha marcado al PP como su “gran enemigo en estas elecciones” y ha asegurado que Feijóo no puede ser presidente de España “porque no entiende Catalunya”. “Mi cómo la entiendes que en dos provincias ni siquiera presentas candidatos al Senado. El presidente de tu partido, Alejandro Fernández, va a votar a Vox al Senado. Bonita manera de entender Catalunya”, ha ironizado. Oriol Junqueras y Gabriel Rufián han abierto la campaña en Tarragona Una de las grandes batallas de la campaña será la que protagonizarán ERC y los Comuns. Dos formaciones que se presentan con una identidad más similar que nunca, los primeros con un pacto estatal con Podemos y los segundos integrados en el Frente Amplio. Ambos, además, aspiran a convencer a los votantes que desean reeditar el Gobierno progresista pero, también, hacerlo con más acento de izquierdas. ERC ha elegido Tarragona para la pegada de carteles, una provincia en la que lograron imponerse en 2019 y que siempre ha sido favorable para los republicanos en las comarcas del sur. Con una campaña muy enfocada al candidato, Gabriel Rufián, al que consideran un talismán, en Esquerra aspiran a igualar o a acercarse mucho a los 15 escaños que supusieron el techo de la formación, hace siete años. “Hay mucha gente que cree que yo le tengo manía a la derecha catalana pero no es así”, ha abierto fuego Rufián. El candidato de ERC dirige sus reproches más duros contra Junts no tanto porque se juegue muchos votos con el partido de Míriam Nogueras (calculan que unos 50.000, nada que ver con los 250.000 que se disputan con el PSC), sino porque sabe que a su parroquia le encanta. “Tenemos una derecha catalana salvaje, que imita a [Silvia] Orriols y a Ayuso y vota con la derecha mientras lleva la estelada en la muñeca”, ha asegurado. Los Comuns parten con expectativas muy diferentes, porque la mayoría de las encuestas apuntan a un desgaste del conjunto del Frente Amplio, que a diferencia de ERC participa del Gobierno. Con todo, la formación de Ada Colau es optimista y recuerda que se le dan bien las campañas. En las últimas Generales fueron capaces de superar las encuestas y quedar en segundo lugar, con siete escaños. Ahora los sondeos les pronostican al rededor de tres, todos ellos por Barcelona. L'Hospitalet ha sido la ciudad elegida por los Comuns para el arranque de una campaña en la que será el ministro Ernest Urtasun quien tenga que sostener el peso en Catalunya, ya que Ada Colau se desempeña como candidata estatal y, este jueves, ha preferido estar en Madrid. Una ausencia que, según está previsto, se repetirá más días y que su partido podría acusar en terreno doméstico. Feijóo y Albiol han compartido acto en Badalona junto al jefe del PP catalán, Alejandro Fernández El candidato estatal que ha elegido iniciar la carrera en Catalunya ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha optado por irse a pegar carteles a Badalona con el alcalde de la ciudad y su candidato catalán, Xavier García Albiol. Feijóo, que se volcará en Catalunya durante las dos semanas de campaña, tiene mucha fe en que puede obtener un resultado importante en el territorio e, incluso, soñar con ser la segunda fuerza en Barcelona. Para ello necesitaría obtener al menos seis escaños por la capital catalana, algo que no está ni mucho menos garantizado. Una de las bazas de Feijóo es el giro hacia la derecha de una parte del electorado catalán. Una dinámica de la que no son ajenos en Junts, que quieren convertir esta campaña en una prueba de que ellos son un partido de centro que no se integran ni con la mayoría de Sánchez ni con la que pretende construir Feijóo. Míriam Nogueras ha comenzado la campaña en Barcelona, donde ha estado arropada por Carles Puigdemont, que ha intervenido en 'streaming'. Así lo hará durante toda la campaña, a la que ha preferido no asistir en persona para no convertir su regreso en un acto electoral. “Cada vez que hay elecciones españolas, una parte del independentismo no encuentra la respuesta. O hacen como que no va con ellos o caen en la trampa de apuntarse en uno de los dos bloques. Y así, sin quererlo, acaban fovoreciendo una de las dos españas, cuando todos sabemos que, cuando se trata de Catalunya, solo hay una España”, ha asegurado Puigdemont.
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
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