El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Canarias tampoco escapa de la diabetes. Más de 200.000 personas padecen ya esta enfermedad crónica en las Islas, una cifra que representa casi uno de cada diez isleños según datos del Servicio Canario de la Salud (SCS). Lejos de mejorar, la prevalencia ha crecido en los últimos años. Sin embargo, el principal problema radica en que hasta la mitad de los afectados desconoce su diagnóstico. "El dato más preocupante quizás viene también asociado al hecho de que hay entre un 30 y un 50% de la población que tiene diabetes y no lo sabe, y ese desconocimiento hace que no tengas capacidad de gestión", señala la vicepresidenta de la Sociedad Canaria de Endocrinología, Elena Jerez.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Escolares y colectivos sociales participan en una iniciativa de regeneración ambiental promovida por Exploramás y respaldada por el Ayuntamiento para recuperar terrenos afectados por los incendios y combatir la desertización
El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.
MADRID (EP). Microsoft está trabajando para corregir una caída masiva de algunos de sus servicios, entre los que se encuentran Teams , Outlook y su software de Inteligencia Artificial (IA) , Copilot, al experimentar "problemas de conectividad", que de momento no está logrando resolver. Los primeros reportes llegaron este jueves por la tarde a través del sitio web de monitorización Downdetector , con un pico de cerca de 140.000 personas informando sobre las incidencias que estaban afectando a Outlook, y con reportes en más de 70 países. Según Bloomberg, la caída acumula cerca de 200.000 reportes. Según la BBC, Microsoft ha informado de que la causa se debe a una "carga elevada" en su infraestructura. Bloomberg ha explicado que un proceso central de los servidores central de los servidores afectados se satura, lo que provoca que dejen de responder y se pierda capacidad. Además, otras tecnológicas como OpenAI y Anthropic están informando de problemas asociados al uso de la infraestructura de Microsoft para ser totalmente operativos. Si en un primer momento Microsoft informó de que estaba "viendo resultados positivos" en la resolución de la incidencia que está afectando globalmente, horas más tarde, ya hoy por la mañana, ha comunicado que las soluciones no estaban surtiendo efecto según lo esperado. Aun así, ha detectado una "recuperación parcial" en las regiones donde ha aplicado las soluciones, aunque de momento esta no es sostenida y la compañía sigue trabajando en varios frentes para restablecer los servicios. Según la BBC, un ejecutivo de Microsoft, Charles Lamanna , ha declarado que no es un incidente que tenga que ver con ciberseguridad, y no hay constancia de actividad maliciosa. Asimismo, la tecnológica ha informado de que se encuentran afectados otros servicios como Exchange Online, SharePoint y Defender XDR.
La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
La asociación Inca-Mallorca Solidària, impulsada por Antònia Triguero, mantiene un centro educativo gratuito que ha pasado de 135 alumnos a 843 en poco más de un año. La caída de las donaciones amenaza su continuidad Fotogalería - El horror en Palestina a través de 25 dibujos de adolescentes anónimos en el campo de refugio de Dheisheh En un local de Inca, varias mujeres trabajan concentradas frente a sus máquinas de coser. Unas preparan un pedido de tarjeteros; otras confeccionan pequeños monederos y bolsas con telas de colores llegadas de Senegal, Marruecos o Venezuela. Hay conversaciones, encargos que se acumulan y proyectos que se entrecruzan. La escena tiene algo de taller, de tienda y de punto de encuentro. Pero también es una pequeña infraestructura de solidaridad que conecta Mallorca con lugares muy alejados, desde Senegal y Ucrania hasta Gaza, donde la asociación sostiene una escuela levantada entre los campamentos de desplazados para ofrecer educación y un espacio de protección a niños y niñas palestinos. Al frente de esta red está Antònia Triguero, presidenta de Inca-Mallorca Solidària , una asociación que lleva años impulsando iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria. De todas ellas, hay una que ahora concentra buena parte de sus esfuerzos y también sus preocupaciones: la escuela impulsada en la Franja de Gaza, que ha pasado de acoger a 135 niños y niñas cuando abrió sus puertas, en septiembre de 2025, a tener 843 alumnos. Mantenerla abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño, apunta Triguero-. Y las donaciones, que durante los primeros meses permitieron incluso enviar entre 10.000 y 12.000 euros al mes, han caído. “Todas las emergencias tienen un pico y después la gente se va olvidando un poco”, lamenta la responsable de la entidad. La asociación ha lanzado una llamada de auxilio para evitar que el proyecto se quede sin recursos. En octubre envió 6.000 euros a Gaza y terminó con un descubierto de 2.000. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto. La situación ya ha obligado a retirar uno de los servicios que ofrecían a los menores: la merienda diaria. Mantener la escuela abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño- y las donaciones han caído. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto “Le dijimos a Marcel: dinos, para no cerrar la escuela, cuáles son los gastos mínimos que tienes. Sin el alimento”, explica Triguero. Marcel es el responsable de la organización gazatí con la que trabaja la entidad mallorquina y quien coordina la actividad sobre el terreno. Fue él quien propuso transformar la ayuda alimentaria inicial en un proyecto educativo. El objetivo de la ONG es conseguir una base de colaboradores que permita financiarla de manera estable, sin tener que recurrir cada pocos meses a campañas de urgencia. “Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría”, afirma. elDiario.es acompaña a Triguero y a varias voluntarias en una tarde de trabajo en la sede de Inca, donde, entre máquinas de coser, telas y conversaciones, preparan los productos artesanales con cuya venta contribuyen a mantener viva una red de solidaridad que llega hasta Gaza, Senegal, Ucrania y tantos otros lugares. Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La carpa que se convirtió en escuela y refugio La historia había comenzado unos meses antes, en mayo de 2025, cuando la población de Gaza atravesaba una situación de extrema escasez de alimentos. La asociación encontró una vía para hacer llegar ayuda a través de contactos locales. “Empezamos a cocinar para 300 familias”, recuerda Triguero. La situación era tan desesperada que, según relata, algunas personas bebían agua con sal para intentar mitigar el hambre. La dificultad para introducir dinero y material en la Franja obligó a buscar alternativas sobre el terreno. Varias voluntarias confeccionan productos artesanales destinados a financiar los distintos proyectos de cooperación y ayuda humanitaria de la asociación Una de las voluntarias de Inca-Mallorca Solidària elabora a mano pequeñas sandías de ganchillo con los colores de la bandera palestina en el taller de costura de la asociación Cuando la llegada de alimentos comenzó a mejorar, Marcel le planteó otra posibilidad: aprovechar una carpa de su organización para poner en marcha una escuela. En septiembre de 2025 empezaron las clases con 135 menores. La respuesta desbordó las previsiones. Durante el curso llegaron a 600 y, en la actualidad, el centro cuenta con 843 alumnos. El Ministerio de Educación de Gaza ha respaldado el proyecto y, según explica Triguero, ha autorizado que los estudios puedan llegar hasta décimo curso, equivalente a la etapa previa al bachillerato. La escuela no es, sin embargo, únicamente un lugar donde impartir clases. En un entorno rodeado de tiendas de campaña, se ha convertido en un espacio de encuentro y protección para los menores y sus familias. “La escuela es su momento de ser niños”, resume Triguero. Por las mañanas acuden a clase y por las tardes participan en actividades extraescolares en las que aprenden bailes tradicionales, tocan instrumentos o practican voleibol. La escuela es su momento de ser niños Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La asociación ha intentado que el recinto tenga otros usos que respondan a las necesidades de la comunidad desplazada. Uno de ellos es un horno móvil de hierro fundido, financiado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España. Su carácter transportable permite trasladarlo si las circunstancias obligan a abandonar la ubicación actual. En los alrededores, donde escasea la leña y cocinar resulta costoso, las mujeres pueden utilizarlo para preparar pan y dulces. También se organizan talleres de salud y prevención del cáncer dirigidos a ellas. Alumnos de la escuela realizan ejercicios en la carpa El espacio ha llegado incluso a funcionar como refugio. Triguero recuerda que, durante las fuertes lluvias y rachas de viento del invierno pasado, muchas tiendas de campaña de los alrededores quedaron destruidas y varias familias buscaron cobijo en la escuela. “No es solo una escuela”, insiste. De ahí su preocupación ante la posibilidad de tener que cerrar un lugar que ha ido adquiriendo funciones que van mucho más allá de la enseñanza. Siete euros y medio al mes por alumno Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar. No incluye la alimentación que recibían anteriormente los menores. “Para nosotros, que somos una asociación pequeñita, que no tenemos económicamente y dependemos de la gente porque no tenemos ayuda de nadie, es importante”, explica Triguero. La entidad cuenta actualmente con unos 200 socios y considera que alcanzar los 500 ó600, con aportaciones de unos diez euros mensuales, permitiría dar mayor estabilidad al proyecto. “Estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, pondría los 7,50 euros al mes”, sostiene. Quienes deseen contribuir a mantener las aulas en pie pueden hacerlo mediante Bizum, a través del apartado 'Hacer donativo' de la aplicación bancaria, introduciendo el código 12706. Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar Varios niños participan en una actividad educativa y lúdica en la escuela impulsada por Inca-Mallorca Solidària en Gaza Entre las aportaciones que han permitido sostener la iniciativa figura la de la periodista Almudena Ariza, que donó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria. Ese dinero sirvió para financiar durante bastante tiempo las meriendas de los niños y adquirir pupitres y sillas. También han llegado contribuciones de empresas, particulares y entidades que han organizado conciertos, celebraciones y otras actividades para recaudar fondos. La asociación recuerda especialmente cómo pequeñas iniciativas, incluso una boda o una fiesta, terminaron convirtiéndose en recursos para los alumnos. La periodista Almudena Arizadonó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria La caída de las aportaciones durante el verano, especialmente desde julio y agosto, dejó al proyecto en una situación delicada. La difusión de la campaña en los medios permitió recuperar parte de las donaciones y garantizar los gastos de los últimos meses del año, pero la presidenta sabe que no basta con responder a una emergencia puntual: la escuela necesita ingresos regulares. Una red de mujeres que cose solidaridad La actividad que se desarrolla en la sede de Inca ayuda a entender cómo funciona esta organización. El taller de costura, nacido hace ocho o nueve años para dar respuesta a las necesidades de socialización de mujeres, reúne a una veintena de participantes. Mari Carmen, Cati, Mari Ángeles, María y otras tantas mujeres confeccionan productos con telas que Triguero trae de sus viajes y que después se venden para financiar diferentes iniciativas. La actividad, además, fomenta la convivencia y crea vínculos entre las participantes. No todo lo recaudado se destina a Gaza: cada colección tiene su propio destino. Los artículos elaborados con telas de Senegal, por ejemplo, contribuyen a financiar los proyectos que la asociación desarrolla en ese país. Mari Carmen y Cati, junto al resto de voluntarias, comparten risas, conversaciones y labores de costura y ganchillo. La iniciativa, además de fomentar la convivencia y crear vínculos entre las participantes, permite elaborar productos artesanales para financiar proyectos solidarios Mari Ángeles, concentrada en una labor de costura en el taller María, delante de una de las máquinas de coser, explica que participar en el taller le aporta, sobre todo, bienestar y satisfacción personal. Acude una vez por semana, por las mañanas, para abrir la tienda y atender a las personas que se acercan. Además de colaborar en la elaboración y venta de productos, aprovecha para explicar a los visitantes los proyectos solidarios que desarrolla la asociación y dar a conocer el trabajo que realizan. También destaca el ambiente de compañerismo que se ha creado entre las mujeres, con quienes comparte conversaciones, momentos de descanso y pequeñas rutinas que hacen del taller un espacio de encuentro. Allí ha encontrado vínculos y una energía positiva que le ayudan a desconectar de las preocupaciones cotidianas. María, al frente de una de las máquinas de coser “Esto es como una gran familia”, explica la presidenta mientras muestra las prendas y los accesorios. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino, que comercializan a 14 euros. Una manera de convertir un objeto cotidiano en una aportación para la escuela. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino La actividad se sostiene también gracias a las donaciones de material y equipamiento. Algunas máquinas de coser fueron cedidas por la Fundación La Caixa y otras proceden de particulares o empresas que han cerrado. La asociación recoge asimismo material de hoteles y hospitales que retiran equipamientos todavía aprovechables y les busca una segunda vida en otros proyectos. La red de cooperación va mucho más allá de Gaza. En Senegal, la entidad trabaja en la creación de maternidades, escuelas y cooperativas de mujeres, y ha iniciado un proyecto agrícola con la colaboración de ingenieros agrónomos y agricultores mallorquines. Entre los estantes también hay material informativo sobre los distintos proyectos de la asociación, como la pulsera solidaria que se vende para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los llamados 'niños de la lata' de Senegal. En Ucrania, la ONG prepara el envío de un tráiler y dos ambulancias, mientras que a Senegal prevé trasladar un contenedor y otra ambulancia. En Mallorca mantiene ayudas a familias vulnerables y colabora con otras entidades y con menores afectados por enfermedades raras. Una pulsera solidaria para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los 'niños de la lata' de Senegal Una mesa llena de telas, retales y utensilios de costura sirve de punto de encuentro para las voluntarias de la asociación En el taller, esa solidaridad también tiene nombres propios. Triguero cuenta la historia de Álvaro, un apicultor de León al que conocieron durante una campaña de ayuda a los pueblos afectados por los incendios del pasado verano. Después de comprar miel a varios productores que habían perdido parte de sus colmenas, el apicultor decidió reservar parte de su producción para la escuela de Gaza. La asociación ha vendido cientos de kilos y prepara nuevas partidas. El padre de Álvaro, un hombre de casi 90 años, también quiso contribuir: “Hemos recibido una herencia y quiero darle esa herencia: 500 euros para la escuela”, le comunicó. A estas aportaciones se suman un concierto de violín que se está organizando y una carrera solidaria prevista para diciembre por parte del colegio San Francisco, cuyos fondos se destinarán a los niños de Gaza. Son iniciativas pequeñas y grandes que, juntas, han permitido mantener en funcionamiento el centro. Tarros de miel procedente de León que Inca-Mallorca Solidària vende en su sede a beneficio de la escuela para niños y niñas de Gaza Que la escuela no dependa de una emergencia Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades. La presidenta insiste en la importancia que tiene la educación para las familias palestinas y en la necesidad de que los niños puedan conservar una rutina en medio de unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades Desde Inca, entre máquinas de coser, telas de colores, pedidos de miel y cajas de material recogido, la entidad intenta sostener un proyecto que ya forma parte de la vida de 843 menores. La distancia entre el taller mallorquín y las carpas de Gaza es enorme, pero el vínculo se mantiene con cada aportación, cada producto vendido y cada persona que decide colaborar. La continuidad de la escuela depende ahora de que esa red crezca. Porque, como recuerda Triguero, los 7,50 euros mensuales por niño pueden parecer una cantidad pequeña, pero para una asociación que depende casi exclusivamente de la solidaridad ciudadana marcan la diferencia entre mantener abiertas las aulas o apagar las luces de un espacio que, para cientos de niños, es también una oportunidad de seguir siendo niños.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publica este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León la concesión directa de subvenciones destinadas a respaldar al sector avícola. En concreto, el Gobierno autonómico ha habilitado una partida global de 968.000 euros para apoyar a los profesionales cuyas granjas se han visto condicionadas por la enfermedad de Newcastle a lo largo de este año 2026, fijando una cuantía de 5.500 euros por explotación damnificada. Según han informado desde la administración regional, el propósito de esta línea de apoyo pasa por contribuir a la recuperación de la capacidad productiva de las instalaciones, al tiempo que se busca compensar las pérdidas económicas derivadas de las medidas sanitarias obligatorias y favorecer la viabilidad futura de los negocios. Se trata de respaldar a aquellas instalaciones que han soportado inmovilizaciones, restricciones y otras actuaciones de especial intensidad, adoptadas en su momento para proteger al conjunto de la cabaña regional. La publicación de estas ayudas coincide en el tiempo con el levantamiento de las medidas extraordinarias de control que se establecieron tras detectarse la patología en la comunidad. De este modo, el próximo sábado, 14 de noviembre , entrará en vigor una resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que quedarán sin efecto las zonas de vigilancia y protección vinculadas al último foco declarado, el cual se localizaba en el municipio segoviano de Fuente el Olmo de Fuentidueña . Con este paso administrativo, Castilla y León da por culminado un complejo proceso sanitario que comenzó el pasado 15 de junio de 2026 y durante el cual ha sido necesario gestionar un total de 30 focos infecciosos. La evolución favorable de la situación epidemiológica, sumada a la labor conjunta de los productores, las organizaciones sectoriales, los profesionales veterinarios y los Servicios Veterinarios Oficiales , ha permitido recobrar de manera paulatina la normalidad tanto sanitaria como productiva en las granjas. Abono directo sin trámites adicionales Los destinatarios de estos fondos públicos son los 139 titulares de las 176 explotaciones avícolas que figuran inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de la comunidad y que se han visto afectados, bien por la propia enfermedad o bien por las directrices extraordinarias dictadas para su erradicación. Habida cuenta de la urgencia y naturaleza de la medida, los ganaderos recibirán el dinero de forma directa, sin necesidad de realizar trámites administrativos ni de presentar documentación justificativa adicional para acreditar su condición de damnificados. Así las cosas, el abono de las cuantías, que se rigen bajo el régimen europeo de minimis conforme al Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, se efectuará mediante un único pago . Para que la transferencia se haga efectiva, únicamente será preciso que el beneficiario acepte la subvención y que la administración compruebe que el titular se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que la avicultura representa una actividad estratégica dentro de la economía agroalimentaria de Castilla y León, dada su aportación al tejido productivo y su capacidad para fijar empleo en el medio rural. La experiencia adquirida durante la gestión de los focos ha puesto de relieve la necesidad de mantener una colaboración permanente entre la administración y el sector, un esfuerzo conjunto que resulta determinante para reforzar la bioseguridad , la prevención y la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias sanitarias. La orden de la Consejería, aquí .
La Delegación Territorial de Soria ha dado un paso administrativo determinante para la puesta en marcha de una nueva actividad extractiva en la comarca de Almazán, toda vez que el Boletín Oficial de Castilla y León publica este martes la resolución por la que se dicta la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto denominado Torrelalla , situado en el término municipal de Barca . La iniciativa plantea una explotación de áridos a cielo abierto destinada a la extracción de arenas para abastecer al sector de la construcción. Los terrenos afectados se localizan en parte de la parcela 147 del polígono cuatro del citado municipio, una finca que cuenta con unas seis hectáreas dedicadas actualmente a cultivos herbáceos anuales, si bien la superficie real de actuación se limitará a 1,29 hectáreas , reduciéndose el hueco efectivo de excavación a poco más de una hectárea al descontar la franja perimetral de seguridad. Según se desprende de la memoria técnica del expediente, el yacimiento dispone de un volumen de explotación de 18.845,7 metros cúbicos , lo que equivale a 30.153,12 toneladas de recurso mineral. La firma promotora estima un ritmo de extracción anual de 4.500 metros cúbicos, por lo que la vida útil del aprovechamiento se prolongará durante cinco años si se suman las labores preparatorias y de rehabilitación a los más de cuatro años previstos de extracción pura, todo ello sin que se prevea la generación de materiales estériles. El diseño de los trabajos contempla el avance de suroeste a noreste mediante un frente único de 45 metros de longitud y un solo banco limitado a dos metros y medio de altura. El arranque del material se ejecutará con maquinaria pesada para su carga directa en camiones, evitando así el acopio en la finca para trasladar la arena directamente a las obras o a la planta de hormigones que la mercantil posee en Almazán , aprovechando que los accesos por los caminos y carreteras existentes se encuentran en buen estado y no precisan de nuevas aperturas. Restauración simultánea y vuelta al cultivo de cereal Uno de los aspectos más relevantes del expediente radica en la organización temporal de la cantera, habida cuenta de que el terreno se ha dividido en tres sectores de actuación en los que se trabajará durante periodos de entre uno y un año y medio. De este modo, las labores de extracción y de restauración serán prácticamente simultáneas, ya que no se iniciará la excavación de una nueva zona sin haber rehabilitado previamente la anterior, utilizando para ello los 6.057,86 metros cúbicos de tierra vegetal retirados al inicio y acopiados en caballones perimetrales. Para recuperar la topografía original con pendientes idénticas a las actuales, la empresa aportará 17.836,06 metros cúbicos de materiales inertes procedentes de excedentes de excavación. Una vez rellenado el hueco, acondicionado el terreno y extendida de nuevo la capa superficial tras realizar las enmiendas orgánicas e inorgánicas pertinentes, la finca volverá a sembrarse de cereal para restituir su aprovechamiento agrario previo. El procedimiento ordinario de evaluación ambiental, iniciado por el promotor en noviembre de 2024 ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía , ha superado el trámite de información pública sin recibir alegaciones. La sujeción a este trámite ordinario responde a la cercanía del proyecto, a menos de cinco kilómetros, de otras dos explotaciones mineras de la misma sección conocidas como El Soto y El Alto , aunque el estudio de sinergias descarta efectos acumulativos entre ellas. Condicionantes para proteger las aguas y la fauna A lo largo de la instrucción del expediente se ha recabado el parecer de diversas administraciones e instituciones, recibiendo informes de la Confederación Hidrográfica del Duero , la Subdelegación del Gobierno , el Ayuntamiento de Barca , la Sección de Protección Civil y los servicios territoriales de Cultura, Movilidad, Sanidad, Industria y Medio Ambiente, mientras que no consta contestación por parte de la Diputación Provincial, el área de Agricultura ni la asociación ecologista ASDEN . Los documentos técnicos coinciden en señalar que la parcela, ubicada en la cuenca del arroyo del Cubillo y sobre la masa de agua subterránea de la Cuenca de Almazán , no invade cauces públicos ni afecta a espacios de la Red Natura 2000 o al patrimonio arqueológico. Con todo, la resolución firmada por delegación por el secretario territorial, Rafael Medina Esteban , impone un estricto pliego de condiciones ambientales para garantizar la inocuidad de los trabajos. Entre estas exigencias destaca la prohibición expresa de extraer áridos por debajo del nivel freático , obligando a mantener la cota inferior de la excavación al menos medio metro por encima de las aguas subterráneas, así como la construcción de una cuneta perimetral en el sector noroeste para canalizar las escorrentías pluviales. Asimismo, la declaración establece que los desbroces y la retirada del suelo vegetal deberán evitarse entre el 1 de abril y el 31 de julio para no interferir en el periodo reproductor de la fauna silvestre, debiendo vigilar además la posible nidificación de aves excavadoras, como el avión zapador, en los taludes generados. La limitación de la velocidad de los camiones a 20 kilómetros por hora , el riego periódico de las pistas para mitigar el polvo y la atención a las medidas preventivas por encontrarse Barca en zona de alto riesgo de incendio completan un condicionado cuya vigencia caducará si las máquinas no inician su actividad en el plazo máximo de cuatro años.
La principal recomendación de Protección Civil es reducir al mínimo los desplazamientos durante la jornada del martes, especialmente en los municipios afectados por el aviso rojo. El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernánde ...
La Dirección General de Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha formulado, mediante resolución fechada el 29 de octubre y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl), la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de una planta de valorización de residuos destinada a la producción de biometano en el término municipal de Coscurita . La iniciativa está promovida por la sociedad Biorig Energy Coscurita - Soria, S.L.U. , cuya sede social se ubica en la urbanización Las Camaretas, en Golmayo. El proyecto contempla la edificación de un complejo industrial que ocupará una superficie de 28.059 metros cuadrados sobre dos parcelas del polígono seis de la citada localidad, en el paraje conocido como La Muleta, que suman un total de 104.472 metros cuadrados. El emplazamiento elegido, tras descartarse otras alternativas en el paraje Llano del Caldero del mismo municipio y en La Pacheca de Morón de Almazán, se sitúa a unos 1.950 metros del casco urbano de Coscurita, a 3.960 metros de Morón de Almazán y a 8,56 kilómetros de la villa adnamantina. Junto a la planta principal, la actuación incorpora las infraestructuras necesarias para su funcionamiento y evacuación energética. De este modo, se ejecutará un gasoducto de expedición de 321 metros de longitud para inyectar el gas renovable en la red de transporte existente, concretamente en el gasoducto Yela-Villar de Arnedo. Asimismo, se proyecta una línea eléctrica soterrada de media tensión, de 15 kilovoltios y 11.299 metros de trazado , que partirá del término municipal de Almazán, recorrerá un pequeño tramo por Morón de Almazán y finalizará en las nuevas instalaciones de Coscurita aprovechando los viales existentes. La instalación ha sido diseñada para gestionar una capacidad máxima de 198.000 toneladas anuales de residuos y subproductos orgánicos, con una media estimada de 163.500 toneladas al año. Según detalla el balance de materia del proceso de digestión anaerobia, la planta recibirá anualmente 125.000 toneladas de purines de cerdo, 45.000 toneladas de paja de cereal, maíz u otros cultivos de grano, 25.000 toneladas de gallinaza y 3.000 toneladas de estiércol húmedo de origen vacuno u ovino. A partir del tratamiento de estas materias primas mediante procesos de hidrólisis, acidogénesis y acetogénesis en los tanques digestores, se obtendrán 20.778.865 Nm3 (normal metros cúbicos) anuales de biogás como producto intermedio. Tras su paso por el sistema de acondicionamiento y purificación, la producción estimada alcanzará los 11.155.399 al año de biometano para su inyección en la red convencional, además de 9.527.231 Nm3 de bio dióxido de carbono. De forma paralela, el proceso generará 110.709 toneladas de digestato sólido y 78.748 toneladas de digestato líquido. Sumados a 20.000 toneladas de plantas o extractos vegetales y a 400 toneladas de cenizas de biomasa procedentes de la propia caldera de la instalación, estos materiales permitirán producir anualmente 209.857 toneladas de fertilizante conforme a la normativa europea. Recursos, emisiones y alegaciones en la tramitación Para llevar a cabo su actividad, el complejo industrial requerirá un consumo anual de 12.944 metros cúbicos de agua , procedentes en su mayor parte de aguas pluviales recogidas y reutilizadas en los procesos productivos, limpiezas, biofiltro y riego de zonas verdes, mientras que el abastecimiento para oficinas y vestuarios se realizará mediante camión cisterna y agua embotellada. En el apartado energético, la planta demandará 13.727.242 kilovatios hora al año de electricidad y 7.539.315 kilovatios hora anuales de energía térmica, empleando para su caldera principal 4.500 toneladas anuales de astilla de biomasa , además de 22,44 toneladas de gasoil para maquinaria móvil y un grupo electrógeno, reservando una caldera de biogás para situaciones de emergencia. Durante el periodo de información pública, iniciado en noviembre de 2025, el expediente recibió una alegación por parte de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) . El colectivo ecologista señaló en su escrito la imposibilidad de obtener una copia de la documentación, manifestó la existencia de diversas deficiencias en la descripción del proyecto y argumentó que la iniciativa carece del soporte de un plan o programa regional que justifique, armonice o analice las consecuencias sociales, económicas y ambientales de su implantación territorial a medio y largo plazo, cuestiones a las que el promotor dio respuesta durante la instrucción del procedimiento. Condicionantes ambientales y protección del patrimonio Aunque la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal constata que el proyecto no coincide ni afecta a espacios de la Red Natura 2000 y resulta compatible con las vías pecuarias colindantes y la presencia en la zona de aves esteparias protegidas como la avutarda, el sisón y el aguilucho cenizo , la viabilidad ambiental queda sujeta a un estricto pliego de condiciones. Antes de iniciar las obras, la empresa promotora deberá realizar una prospección de la fauna en los terrenos afectados para detectar posibles nidos o madrigueras, cuyos resultados serán remitidos al Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria, además de instalar un cerramiento perimetral sin elementos cortantes y una pantalla vegetal con especies autóctonas para favorecer la integración paisajística en las campiñas adnamantinas. En materia hídrica, habida cuenta de que parte de la planta se asienta en zona de policía de un afluente del arroyo de Valdesauquillo o Cañamares y que la línea eléctrica cruza varios cauces como el río Morón y los arroyos de Valdelobos, la Longaniza, Vallejo, la Regadera, Prado Sanz y Valducín, será preceptiva la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero . La instalación deberá contar con al menos tres piezómetros de control y realizar un análisis previo para establecer el estado base de las aguas subterráneas, ubicando los sistemas de almacenamiento de residuos ganaderos a una distancia mínima de cien metros de cualquier cauce y garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad. De igual modo, durante el primer año de funcionamiento, la empresa tendrá que elaborar un estudio olfatométrico que abarque al menos tres estaciones meteorológicas para asegurar que la dispersión de olores no afecte a la población cercana, limitando la manipulación de residuos en días de viento fuerte y priorizando el transporte en camiones cerrados o por fuera de zonas residenciales. En el ámbito arqueológico, el informe favorable del Servicio Territorial de Cultura obliga a realizar sondeos de comprobación en la franja de la línea eléctrica que coincide con los yacimientos de Los Valladares y Camino de los Frailes , así como a ejecutar un control de los movimientos de tierra en las inmediaciones del despoblado de Borjaniel y a señalizar y proteger el Puente de Borjaniel . La declaración de impacto ambiental, que no exime al promotor de obtener la correspondiente licencia urbanística ni el resto de autorizaciones sectoriales en materia de residuos, subproductos animales o infraestructuras viarias y ferroviarias, tendrá una vigencia de cuatro años . Si en dicho plazo no hubiera comenzado la ejecución de las obras en tierras de Coscurita, el informe perderá sus efectos salvo que se solicite y conceda una prórroga por parte del órgano ambiental autonómico.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental destinará 968.000 euros a apoyar a los 139 titulares de las explotaciones avícola s afectados por la enfermedad de Newcastle durante el año 2026. Para ello, la Junta ha autorizado la concesión directa de subvenciones por importe de 5.500 euros a cada una de las 176 explotaciones, con el objetivo de contribuir a la recuperación de su capacidad productiva , compensar las pérdidas económicas ocasionadas por las medidas sanitarias adoptadas y favorecer el mantenimiento de la viabilidad de sus explotaciones. Esta medida extraordinaria responde a la necesidad de respaldar a estas explotaciones que han soportado restricciones, inmovilizaciones u otras actuaciones sanitarias de especial intensidad como consecuencia de la enfermedad. Las medidas de control y erradicación adoptadas han permitido proteger el conjunto de la cabaña avícola de Castilla y León y preservar su capacidad productiva del sector, si bien han tenido una incidencia económica específica sobre determinados titulares. Los beneficiarios de estas subvenciones son los 139 titulares de las 176 explotaciones avícolas inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Castilla y León que hayan resultado afectados por la enfermedad de Newcastle o por las medidas sanitarias extraordinarias adoptadas para su control durante este año 2026. Los beneficiarios recibirán directamente la ayuda sin tener que aportar documentación justificativa adicional para acreditar su condición de afectados. Estas ayudas se acogen al régimen de minimis, de acuerdo al Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 y el abono se realizará mediante un único pago, una vez aceptada la subvención y comprobado que, el titular de la explotación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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