La llegada de trabajadores chinos a la gigafactoría de Stellantis desborda las previsiones de los pequeños municipios (se abre en una pestaña nueva)
El alcalde de Grisén advierte de la falta de información y coordinación ante la llegada de nuevos residentes, mientras crece la demanda de viviendas y servicios públicos. Las empresas proveedoras de CATL buscan alojamientos para sus empleados sin que se hayan concretado los proyectos anunciados por el Gobierno de Aragón CATL pretende alojar a 1.700 trabajadores chinos dentro de la planta de Figueruelas durante las obras de la gigafactoría La llegada de trabajadores chinos vinculados a la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas está comenzando a transformar la vida de los pequeños municipios de su entorno, cuyos alcaldes afrontan con incertidumbre el aumento de población, la creciente demanda de viviendas y la presión sobre unos servicios públicos que ya arrastraban importantes carencias. La falta de información y coordinación por parte del Gobierno de Aragón y de las empresas implicadas está agravando una situación para la que los ayuntamientos reclaman planificación y respuestas. Uno de los ejemplos más significativos es Grisén, una pequeña localidad de la Ribera Alta del Ebro donde, según las estimaciones que maneja su alcalde, Marcos Lahoz, podrían haber llegado entre 60 y 80 ciudadanos chinos –más de un 10% de su población censada– relacionados con la actividad de la gigafactoría. La cifra no ha podido confirmarse oficialmente, pero el movimiento inmobiliario de las últimas semanas da una idea de la rapidez con la que está cambiando la situación. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. El alcalde reconoce las dificultades para conocer cuántas personas están llegando realmente al municipio y durante cuánto tiempo permanecerán, una información imprescindible para prever las necesidades de servicios e infraestructuras. La preocupación no responde a la procedencia de los trabajadores, sino a la velocidad con la que se está produciendo su llegada y a la falta de previsión de las administraciones responsables. Los nuevos residentes tienen derecho a acceder a los servicios públicos que les correspondan, pero los ayuntamientos temen que el crecimiento de la población no vaya acompañado de un refuerzo de los recursos disponibles. La asistencia sanitaria es uno de los principales motivos de inquietud. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que, según los datos trasladados por el alcalde, cuenta actualmente con diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Esta falta de profesionales se produce antes de que pueda evaluarse el impacto de la llegada de nuevos trabajadores y sus posibles familias. El aumento de población puede incrementar la demanda asistencial en una zona donde los servicios sanitarios ya se encuentran tensionados. La situación plantea además interrogantes sobre otros recursos municipales y comarcales, desde la vivienda hasta la atención social, cuya planificación depende en buena medida de conocer las previsiones de llegada y permanencia de los trabajadores. Según ha podido saber este periódico, distintas empresas proveedoras de CATL están buscando soluciones de alojamiento para sus empleados mediante el alquiler o la adquisición de viviendas y otros establecimientos. Entre las operaciones conocidas figura el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales que permitan responder a una demanda de alojamiento que previsiblemente continuará creciendo conforme avance la construcción de la gigafactoría. Sin noticias de las 104 viviendas prefabricadas Los alcaldes recuerdan que el Gobierno de Aragón abordó esta cuestión el pasado año en una reunión informativa en la que participaron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque. En aquel encuentro se plantearon distintas alternativas para atender las necesidades residenciales vinculadas a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y la posibilidad de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de terrenos destinados a nuevos alojamientos. Sin embargo, desde entonces los responsables municipales no han recibido información concreta sobre el desarrollo de aquellas propuestas, su ubicación, los plazos previstos o las condiciones en las que podrían materializarse. Mientras tanto, la llegada de trabajadores ha comenzado a producirse y las empresas buscan soluciones por su cuenta en el mercado inmobiliario de los municipios próximos a Figueruelas. Esa búsqueda contrasta con la solución que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, cuando el Gobierno autonómico dio el visto bueno definitivo al proyecto. Azcón explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Ejecutivo autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico, precisamente para no saturar los servicios públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía entonces pendiente y su montaje requeriría varios meses. El anuncio no aclaró si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras, que son las que, según los alcaldes, están ahora buscando alojamiento en los pueblos del entorno. Alquileres disparados La creciente demanda de alojamiento está teniendo también consecuencias sobre el mercado inmobiliario de la zona. Algunas viviendas se están alquilando por cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, unos precios muy elevados para pequeños municipios como Grisén, donde la oferta de alquiler es limitada. La llegada de empresas que buscan alojar a sus trabajadores está introduciendo una nueva presión sobre el mercado residencial, con el riesgo de encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Ante esta situación, el alcalde de Grisén ha mantenido recientemente una reunión con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales. El objetivo del encuentro fue trasladar las dudas y dificultades que está afrontando el Ayuntamiento y analizar los desafíos que puede representar la llegada de nuevos residentes para los servicios municipales y comarcales. La construcción de la gigafactoría, con una inversión de 4.100 millones de euros y unos 4.000 empleos directos previstos cuando entre en funcionamiento, constituye una de las mayores inversiones industriales previstas en Aragón y representa una oportunidad de desarrollo económico para toda la Ribera Alta del Ebro, al tiempo que supone un desafío de planificación territorial que los municipios consideran que no pueden afrontar en solitario. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, por lo que la obra se encuentra ahora en su etapa de mayor actividad.
