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Los primeros efectos de la huelga general (se abre en una pestaña nueva)

En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles En las últimas semanas hemos asistido a uno de los efectos colaterales más negativos que tiene la creciente endogamia entre fuerzas políticas y medios de comunicación. Con algunas excepciones, que las hay, la mayoría de los análisis han tenido una mirada de la huelga general subalterna del marco de política institucional. Es cierto que la proximidad entre la huelga y las elecciones generales lo favorecía, pero eso por sí solo no lo explica todo. Entre otras cosas porque ese estrabismo lleva tiempo instalado entre nosotros y tiene causas estructurales. La subalternidad en el análisis del conflicto social y de la acción de sindicatos y organizaciones sociales respecto de la política, que se promueve desde las redes digitales -de sociales tienen cada vez menos- y los medios de comunicación tradicionales, viene de lejos. Tiene algo que ver con el proceso de creciente “espectacularización” de la política y la pérdida de centralidad del conflicto social, dos factores que se retroalimentan. Esta ausencia de mirada propia y autónoma de los conflictos sociales ha conducido a que en los análisis de estos días hayan pasado desapercibidos muchos de los importantes efectos que tiene la huelga general y que ya han comenzado a emerger. Intento explicarme De entrada, la preparación y la organización de una huelga general se convierte en un proceso de socialización muy potente entre personas diversas que viven su participación en una acción colectiva como sujetos activos y no consumidores de la acción de otros, los líderes políticos. Eso, por sí solo, comporta una interferencia positiva en la dinámica de los hiperliderazgos que están sepultando el papel de las organizaciones colectivas. Y especialmente combaten la lógica del individualismo extremo y el tribalismo que hoy imperan en la sociedad. En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles. Yo lo viví en Barcelona, cuando una de las columnas de huelguistas compuesta mayoritariamente por mujeres inmigrantes del sector de la limpieza levantaba con orgullo de clase su mocho. Fue muy evidente este fenómeno de socialización en el momento en que las mujeres trabajadoras de origen migrante confluyeron con otras columnas de otros sectores. Cuando nos interrogamos sobre cómo evitar que las extremas derechas utilicen la inmigración y el conflicto entre personas para afianzar su fuerza política quizás deberíamos atender al factor de socialización y de integración que comportan las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y sus luchas. El mismo proceso se ha producido entre las personas trabajadoras más jóvenes que hasta ahora no habían participado en una movilización de esta envergadura, lo que los ha llevado a implicarse no solo como ciudadanía sino sobre todo en su condición de trabajadores. En la huelga general y en las manifestaciones se ha producido un encuentro intergeneracional con significativas consecuencias. De entrada, erosiona todo el marco ideológico de quienes llevan tiempo intentando que el conflicto entre generaciones, construido sobre la lógica del agravio comparativo, sustituya y ocupe el lugar de los conflictos de clase que se basan en la lucha por los derechos y la igualdad. Además, contribuye a que estas generaciones jóvenes se sientan implicados en la construcción de su futuro. En otro orden de cosas, la agresividad de las patronales contra la huelga no lo es por los impactos negativos en la cuenta de resultados de las empresas -pequeños si atendemos al “escaso” seguimiento que ha tenido la huelga según la CEOE. Su beligerancia atiende a otros factores, son conscientes que esta huelga general y el protagonismo en su organización del sindicalismo de clase refuerza a CCOO y UGT en los procesos de negociación colectiva en los que se disputa el reparto de los beneficios que comporta una mayor productividad y también se dirimen las condiciones de trabajo. Entre las miradas estrábicas a la huelga destaca la que ha analizado las peculiaridades de esta movilización en clave estrictamente de política institucional. No niego que la proximidad del 11N respecto del 29N tiene su importancia, tampoco que las organizaciones sindicales han actuado con la clara voluntad de incidir políticamente en el marco de las próximas elecciones generales. Por supuesto que la huelga general tiene motivaciones políticas, que no deben confundirse con partidistas. El sindicalismo de clase ha conquistado en las últimas décadas su independencia de los partidos políticos, pero no ha caído en la trampa de la indiferencia. La independencia partidaria no puede ser nunca indiferencia del marco político. No se puede pretender que las personas trabajadoras organizadas, eso son los sindicatos, sean indiferentes con relación a la congelación del salario mínimo que unos han practicado y las importantes mejoras aprobadas por el gobierno de coalición -aunque algunos han ido arrastrando las piernas y algo más- impulsado por las luchas sindicales. Los sindicatos no pueden ser indiferentes a la regulación de las relaciones laborales, ni al tratamiento de la salud y las incapacidades temporales, ni a los derechos de las mujeres por los que tanto han luchado con el movimiento feminista. No se puede pretender que los sindicatos sean indiferentes ante unas fuerzas políticas que plantean la privatización del sistema público de seguridad social. Estas semanas han proliferado análisis en los que se hacía hincapié en la peculiaridad de esta huelga general respecto a otras anteriores. Como ha pasado con otros temas la mayoría dirigían su mirada a razones que, siendo ciertas, ofrecían interpretaciones en las que el conflicto social que representa una huelga aparece sometido a la lógica de la política institucional. Algunas miradas lúcidas de profesionales de la comunicación han fijado la atención en los factores sociales diferenciadores de esta huelga general y su gran potencial de transformación social. Por citar algunos, la unidad en toda España del sindicalismo de clase, sin desmarques esta vez del sindicalismo nacionalista, como en otras ocasiones. Creo que ello obedece a la fuerza de arrastre que tiene el conflicto de la vivienda y las reivindicaciones que le acompañan. Pero el factor que tiene más potencialidad de futuro ha sido la confluencia, bastante armónica, entre los sindicatos de clase y las organizaciones que agrupan a las personas inquilinas. No debe haber sido fácil porque se parte de culturas y practicas distintas. Lo que a mi entender ha sido decisivo es que, a diferencia de en ocasiones anteriores, los sentimientos de indignación, cabreo, incluso ira, esta vez se han convertido en organización estable. Quizás porque ya hemos aprendido que la indignación crece muy rápido, pero se consume aún a mayor velocidad y no tiene por si sola capacidad de transformación social. El gran mérito de los sindicatos de inquilinas ha sido dotar a los legítimos sentimientos de indignación de un marco estable de organización y lucha social. Y entender que su lucha no debe confrontarse, ni competir sino cooperar con las del sindicalismo de clase. Por cierto, detecto que se va generalizando el equívoco término de “sindicalismo laboral”, lo que supone no haber entendido que el sindicalismo confederal es un sujeto sociopolítico que tiene sus pies en los centros de trabajo, pero la mirada y objetivos en las empresas y también en la sociedad. Aunque pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta ahora- bienvenidas sean las contradicciones- me atrevo a adentrarme en los efectos que la huelga general puede tener en las elecciones generales. Se podrían resumir con dos símiles futbolísticos. La huelga y las importantes movilizaciones que le han acompañado, con una gran participación de personas jóvenes, han abierto el terreno de juego al fijar una agenda de debate con una gran carga social y eso sin duda favorece a las fuerzas progresistas. Al ritmo con el que aparecen y desaparecen los acontecimientos nadie está en condiciones de asegurar nada, pero creo sinceramente -espero que no sea solo mi patológico optimismo- que después de la huelga general hay partido. El resultado no está predeterminado como algunos pretenden.

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Los primeros efectos de la huelga general (se abre en una pestaña nueva)

En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles En las últimas semanas hemos asistido a uno de los efectos colaterales más negativos que tiene la creciente endogamia entre fuerzas políticas y medios de comunicación. Con algunas excepciones, que las hay, la mayoría de los análisis han tenido una mirada de la huelga general subalterna del marco de política institucional. Es cierto que la proximidad entre la huelga y las elecciones generales lo favorecía, pero eso por sí solo no lo explica todo. Entre otras cosas porque ese estrabismo lleva tiempo instalado entre nosotros y tiene causas estructurales. La subalternidad en el análisis del conflicto social y de la acción de sindicatos y organizaciones sociales respecto de la política, que se promueve desde las redes digitales -de sociales tienen cada vez menos- y los medios de comunicación tradicionales, viene de lejos. Tiene algo que ver con el proceso de creciente “espectacularización” de la política y la pérdida de centralidad del conflicto social, dos factores que se retroalimentan. Esta ausencia de mirada propia y autónoma de los conflictos sociales ha conducido a que en los análisis de estos días hayan pasado desapercibidos muchos de los importantes efectos que tiene la huelga general y que ya han comenzado a emerger. Intento explicarme De entrada, la preparación y la organización de una huelga general se convierte en un proceso de socialización muy potente entre personas diversas que viven su participación en una acción colectiva como sujetos activos y no consumidores de la acción de otros, los líderes políticos. Eso, por sí solo, comporta una interferencia positiva en la dinámica de los hiperliderazgos que están sepultando el papel de las organizaciones colectivas. Y especialmente combaten la lógica del individualismo extremo y el tribalismo que hoy imperan en la sociedad. En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles. Yo lo viví en Barcelona, cuando una de las columnas de huelguistas compuesta mayoritariamente por mujeres inmigrantes del sector de la limpieza levantaba con orgullo de clase su mocho. Fue muy evidente este fenómeno de socialización en el momento en que las mujeres trabajadoras de origen migrante confluyeron con otras columnas de otros sectores. Cuando nos interrogamos sobre cómo evitar que las extremas derechas utilicen la inmigración y el conflicto entre personas para afianzar su fuerza política quizás deberíamos atender al factor de socialización y de integración que comportan las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y sus luchas. El mismo proceso se ha producido entre las personas trabajadoras más jóvenes que hasta ahora no habían participado en una movilización de esta envergadura, lo que los ha llevado a implicarse no solo como ciudadanía sino sobre todo en su condición de trabajadores. En la huelga general y en las manifestaciones se ha producido un encuentro intergeneracional con significativas consecuencias. De entrada, erosiona todo el marco ideológico de quienes llevan tiempo intentando que el conflicto entre generaciones, construido sobre la lógica del agravio comparativo, sustituya y ocupe el lugar de los conflictos de clase que se basan en la lucha por los derechos y la igualdad. Además, contribuye a que estas generaciones jóvenes se sientan implicados en la construcción de su futuro. En otro orden de cosas, la agresividad de las patronales contra la huelga no lo es por los impactos negativos en la cuenta de resultados de las empresas -pequeños si atendemos al “escaso” seguimiento que ha tenido la huelga según la CEOE. Su beligerancia atiende a otros factores, son conscientes que esta huelga general y el protagonismo en su organización del sindicalismo de clase refuerza a CCOO y UGT en los procesos de negociación colectiva en los que se disputa el reparto de los beneficios que comporta una mayor productividad y también se dirimen las condiciones de trabajo. Entre las miradas estrábicas a la huelga destaca la que ha analizado las peculiaridades de esta movilización en clave estrictamente de política institucional. No niego que la proximidad del 11N respecto del 29N tiene su importancia, tampoco que las organizaciones sindicales han actuado con la clara voluntad de incidir políticamente en el marco de las próximas elecciones generales. Por supuesto que la huelga general tiene motivaciones políticas, que no deben confundirse con partidistas. El sindicalismo de clase ha conquistado en las últimas décadas su independencia de los partidos políticos, pero no ha caído en la trampa de la indiferencia. La independencia partidaria no puede ser nunca indiferencia del marco político. No se puede pretender que las personas trabajadoras organizadas, eso son los sindicatos, sean indiferentes con relación a la congelación del salario mínimo que unos han practicado y las importantes mejoras aprobadas por el gobierno de coalición -aunque algunos han ido arrastrando las piernas y algo más- impulsado por las luchas sindicales. Los sindicatos no pueden ser indiferentes a la regulación de las relaciones laborales, ni al tratamiento de la salud y las incapacidades temporales, ni a los derechos de las mujeres por los que tanto han luchado con el movimiento feminista. No se puede pretender que los sindicatos sean indiferentes ante unas fuerzas políticas que plantean la privatización del sistema público de seguridad social. Estas semanas han proliferado análisis en los que se hacía hincapié en la peculiaridad de esta huelga general respecto a otras anteriores. Como ha pasado con otros temas la mayoría dirigían su mirada a razones que, siendo ciertas, ofrecían interpretaciones en las que el conflicto social que representa una huelga aparece sometido a la lógica de la política institucional. Algunas miradas lúcidas de profesionales de la comunicación han fijado la atención en los factores sociales diferenciadores de esta huelga general y su gran potencial de transformación social. Por citar algunos, la unidad en toda España del sindicalismo de clase, sin desmarques esta vez del sindicalismo nacionalista, como en otras ocasiones. Creo que ello obedece a la fuerza de arrastre que tiene el conflicto de la vivienda y las reivindicaciones que le acompañan. Pero el factor que tiene más potencialidad de futuro ha sido la confluencia, bastante armónica, entre los sindicatos de clase y las organizaciones que agrupan a las personas inquilinas. No debe haber sido fácil porque se parte de culturas y practicas distintas. Lo que a mi entender ha sido decisivo es que, a diferencia de en ocasiones anteriores, los sentimientos de indignación, cabreo, incluso ira, esta vez se han convertido en organización estable. Quizás porque ya hemos aprendido que la indignación crece muy rápido, pero se consume aún a mayor velocidad y no tiene por si sola capacidad de transformación social. El gran mérito de los sindicatos de inquilinas ha sido dotar a los legítimos sentimientos de indignación de un marco estable de organización y lucha social. Y entender que su lucha no debe confrontarse, ni competir sino cooperar con las del sindicalismo de clase. Por cierto, detecto que se va generalizando el equívoco término de “sindicalismo laboral”, lo que supone no haber entendido que el sindicalismo confederal es un sujeto sociopolítico que tiene sus pies en los centros de trabajo, pero la mirada y objetivos en las empresas y también en la sociedad. Aunque pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta ahora- bienvenidas sean las contradicciones- me atrevo a adentrarme en los efectos que la huelga general puede tener en las elecciones generales. Se podrían resumir con dos símiles futbolísticos. La huelga y las importantes movilizaciones que le han acompañado, con una gran participación de personas jóvenes, han abierto el terreno de juego al fijar una agenda de debate con una gran carga social y eso sin duda favorece a las fuerzas progresistas. Al ritmo con el que aparecen y desaparecen los acontecimientos nadie está en condiciones de asegurar nada, pero creo sinceramente -espero que no sea solo mi patológico optimismo- que después de la huelga general hay partido. El resultado no está predeterminado como algunos pretenden.

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Feijóo sigue la estela de Ayuso y se compromete a legislar para el 'no nacido': "Buscan cambiar el imaginario" (se abre en una pestaña nueva)

Como ya hiciera la presidenta madrileña el pasado verano, el PP incluye en su programa electoral que el embrión "computará" para recibir ayudas, una medida que según las expertas, forma parte de una nueva estrategia antiaborto a nivel global ante el coste social que tiene restringir el derecho El PP de Ayuso aprueba junto a Vox la ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos Ya lo advirtió cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó junto a Vox la ley del concebido no nacido en la Comunidad de Madrid, pero ahora Alberto Núñez Feijóo lo ha plasmado en el programa electoral para las elecciones del 29N: si llega a la Moncloa, el Partido Popular quiere sacar adelante la misma norma a nivel estatal. De esta forma, los embriones “computarán” para recibir las ayudas y beneficios “que correspondan a las familias”, esgrime la hoja de ruta de la formación conservadora. Pese al lenguaje aparentemente inocuo y a englobar la medida en el epígrafe del fomento de la natalidad, titulado “España será el mejor país para formar una familia”, críticos y voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de leyes esconden una fuerte carga ideológica. Feijóo se acerca así a la estrategia que lleva tiempo ensayando el movimiento antiaborto a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, donde varios estados reconocen al embrión desde el momento de la concepción como una forma de menoscabar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El precedente en España lo inauguró Ayuso el pasado verano, cuando dio luz verde a la legislación que reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar. En la práctica, una vez se acredite el embarazo, las mujeres pueden solicitar ya las ayudas y beneficios fiscales que utilizan como criterio la renta familiar aunque aún no se haya producido el parto. Además, el título de familia numerosa puede disfrutarse desde la semana 14. La ley preveía que fueran las bases de las diferentes ayudas las que concretarían los cambios. El PP de Madrid presentó la iniciativa como una forma de “incentivar” los nacimientos en España y Feijóo ya entonces siguió la misma línea asegurando que “cuando una mujer está embarazada” debe tener “apoyo del sector público”. Sin embargo, al mismo tiempo Ayuso quiso dejar claro que, al menos uno de los objetivos, tenía ecos del discurso antiaborto: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró. La estrategia de reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto) está abriéndose paso a nivel internacional y ha ido ganando terreno desde que el Tribunal Supremo tumbara en Estados Unidos la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en el país. El modus operandi ya no es tanto reconocer al feto de forma explícita en grandes leyes o en la Constitución, sino hacerlo de forma “gradual” en diferentes ámbitos parciales como las ayudas sociales, la fiscalidad o la responsabilidad civil, explica la politóloga y directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldavert. “El objetivo final es plantear una dicotomía entre ese supuesto derecho a la vida del 'no nacido' y el derecho a la soberanía corporal de las mujeres y el aborto”, plantea la experta. La idea la resumió Johanna Hussain en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell (Nueva York): “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse un asesinato”. Aunque en España, las propuestas de leyes del concebido no nacido no llegan tan lejos y se limitan a reconocerlo para acceder a ayudas, para Aldavert lo relevante es el fondo de la cuestión: “Poco a poco van cambiando el marco y consiguen modificar los imaginarios sociales y culturales”, asegura. Natalidad frente a recortes al aborto De momento, y tras la publicación del programa electoral del PP, Feijóo no se ha pronunciado específicamente sobre la ley del concebido no nacido a la que se compromete, pero sí ha asegurado este miércoles en El Hormiguero que no cambiará la ley del aborto vigente desde 2010, que permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2023. Lo que sí dejó en el aire es lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años para que tengan que informar a sus progenitores en caso de abortar, una medida que el líder popular considera que responde a un “debate abierto”, pero que no ha incluido en el programa porque no lo califica de “prioridad”. Frente a ello, Feijóo se comprometió a “garantizar” que si una mujer “no se atreve a ser madre porque no tiene una situación económica adecuada pueda tener un hijo”, afirmó en línea con el mensaje que suele presentar a las mujeres que abortan como víctimas de presiones económicas en lugar de reconocerlo como una decisión autónoma. Que este sea su discurso y que la promesa del concebido no nacido esté englobada en el programa en las medidas para fomentar la natalidad no es casualidad, sino “una nueva estrategia antiaborto”, según Aldavert. La experta identifica en los últimos años un “cambio de lenguaje y de enfoque” en el que “la idea es hablar más de familias, cultura de la vida, natalidad, ayudas a la mujer embarazada...” y menos de restringir el derecho al aborto debido al coste social que tiene a día de hoy y tras lo ocurrido con el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió después de que su intento de reforma de la ley fuera masivamente contestada en la calle. “Saben que el ataque directo al derecho al aborto tiene unas consecuencias importantes entre la mayor parte de la sociedad. El PP se ha dado cuenta de que no les beneficia, por lo que se enfocan en medidas natalistas que crean imaginarios difíciles de rechazar”, esgrime la politóloga, quien asegura que el apoyo a las familias “pasa por reconocer a todos los tipos de familia, sean como sean” e impulsar medidas que tengan que ver con “combatir la precarización de los cuidados, que suele recaer en las mujeres, mejorar los salarios o impulsar la educación 0-3”. Está aún por ver cuáles son las propuestas de Vox en este sentido, que sí se ha manifestado más abiertamente contra la ley del aborto en varias ocasiones y que, según la mayoría de encuestas , sería necesario para que el PP pudiera alcanzar la mayoría tras las elecciones.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

PP y Vox, contra las normas que protegen los medios públicos, dan transparencia al sector y regulan la publicidad (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.

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Hoy, hace 23 h

31 de octubre

infoLibreGeneral

La munición de la izquierda, en el TintaLibre de noviembre (se abre en una pestaña nueva)

Aunque no parezca el mejor momento, cabe la esperanza. El claro y no menos sorprendente triunfo de Lula en Brasil, la complicada geometría que tendrá Netanyahu para sacar adelante un Gobierno en Israel, la sonrisa de Mamdani, la esperanza del Partido Demócrata el 3N para robar a Trump el control de las dos cámaras, y la caldera de protestas que recorren el mundo pidiendo más derechos -vivienda, educación, sanidad- alimentan la idea de que en España el partido del 29N sigue abierto pese a todas las encuestas. Cabe la esperanza. TintaLibre es un mensual y, por tanto, podemos seguir la actualidad con las luces largas, como este noviembre, o desde el retrovisor que ya será en enero cuando demos cuenta del paisaje político que tenemos. Pero con el arrojo que nos caracteriza hemos pedido a 26 personalidades de la izquierda —de escritores como Elvira Lindo , Amanda Mauri , Andrea Genovart o Luis García Montero; de activistas como Valeria Racu , de ensayistas como Remedios Zafra , o politólogos como Ignacio Sánchez-Cuenca, David Lizaoain, Oriol Bartomeus o Santiago Alba Rico hasta cineastas como Isabel Coixet o sindicalistas como Unai Sordo — su diagnóstico —a veces un latido del corazón, otras un deseo de democracia real— sobre esa fecha marcada en rojo en el calendario y que todos consideramos una frontera entre seguir desarrollando, con todas sus imperfecciones, el Estado del Bienestar o meternos en la involución que sin complejos anuncian por megafonía (y cancelaciones al mismísimo Lorca) la coalición ya indisimulada entre el PP y Vox. La contienda está reñida, la calle está que arde, y puede que la abstención de nuevo aparezca como ese convidado de piedra que tanto daño provoca en una izquierda que escenificó esta vez otro bizantino simulacro de desunión ante lo que pedía a gritos un Frente generoso. Noviembre en TintaLibre recuerda esa munición, esa posibilidad de seguir dibujando como hace Riki Blanco en nuestra portada el tebeo de los logros democráticos en economía, en servicios, en derechos que una parte de la sociedad parece convertir en bilis. Acompaña otro bloque que dice mucho de nosotros y de nuestra cada vez más precaria salud mental. Psicopatologías de ayer y hoy reúne los estetoscopios de Ariadna Trillas , Roberto Valencia , Marc Cerrudo , Bernat Garí y Albert Jornet en colaboración con Mar Rosàs . Son los doctores de la causa que se personan en la lección de anatomía de ese cuerpo enfermo (o enfermo imaginario) que postrado en la mesa del cirujano representa el organismo sociocultural que habitamos. Un consejo: Vivir es resistir , título de Jorge Semprún , que podría ser perfectamente el lema de nuestra campaña. Lo recuerda Felipe Nieto en un texto biográfico que dice mucho sobre una ética que hoy parece agua pasada. La que no olvida es Maruja Torres y no tiene pelos en la lengua: prefiere un beso en la lengua de un dromedario a ver en el Congreso de los Diputados gesticular a un señor que ella no nombra, pero que responde al nombre de Tellado.

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24 de octubre

infoLibreGeneral

Cuando la campaña se hace larga y empiezan las dudas, aparecen ETA y la amenaza de una guerra civil (se abre en una pestaña nueva)

“¿Cuánto nos queda de campaña? Estoy hasta las narices”. La pregunta de Nacho Abad , el conductor de ese programa de infoagitación llamado En boca de todos, que en las mañanas de Cuatro, la segunda cadena española propiedad de la familia Berlusconi, solivianta a los espectadores adictos a las emociones fuertes, aunque sean falsas, resume bastante bien lo largo que se le está haciendo todo esto a la brigada del apocalipsis. Todavía estamos en octubre y las elecciones son el 29N . ¿Qué puede salir mal? Pues la mayoría absolutista de PP y Vox, tantas veces proclamada, sondeo tras sondeo, con tanta vehemencia que, de hacerles caso, pareciera que ni siquiera hacía falta votar. El caso es que la recta final hacia las urnas se les está haciendo bola. La anunciada mayoría aplastante ha empezado a encoger, y con ella la paciencia de unos predicadores que contaban con llegar a la noche electoral sin sobresaltos. Manuel Roig lo plantea en El Confidencial con la prudencia de quien empieza a redactar la autopsia antes de que se certifique la defunción. Hasta la noche del 29N, escribe, no sabremos si poner el foco de la campaña en los sacrificios que vienen pasará a la historia como un ejercicio de responsabilidad de Núñez Feijóo o como “el primero de los errores que habrán llevado al Partido Popular y a Vox a dilapidar una mayoría absoluta amplísima en apenas dos meses”. No es todavía pánico, pero sí preocupación. Otros han optado por curarse en salud. David Jiménez da en El Mundo por cada vez más probables las impugnaciones , a raíz del “monumental lío” organizado en torno a la ley de nietos , la suspensión cautelar de sus efectos en el censo dictada por el Supremo y los plazos de la convocatoria. Su conclusión es que nuestra democracia se adentra, esta vez sí, en “territorio inexplorado”. Entre guiones le queda espacio para reprochar a Sánchez que no esperara a la primavera para convocar, lo que equivale a culparle de no haber prolongado una legislatura cuyo final la derecha llevaba meses reclamando. Carlos Herrera va más lejos, esta vez en las páginas de Abc , el diario del grupo Vocento. Siempre suspicaz, asegura que el Constitucional se ha negado a validar la ley de nietos para dejar abierto un “resorte oculto”, que no es otro que la posibilidad de impugnar las elecciones “una vez derrotado el sanchismo”. Herrera admite que esa impugnación probablemente no prosperaría, pero sostiene que serviría para embarrar la victoria de la derecha y movilizar “hasta la náusea a toda la chusma callejera que está ensayando el asalto”. Su consejo final, “vayámonos preparando para lo peor”, tiene la ventaja de dejar escrita la explicación antes de que se conozca el resultado. Federico Jiménez Losantos no necesita resortes ocultos, porque desde los micrófonos de esRadio lo ve todo con una claridad que ya quisieran para sí los institutos demoscópicos. La izquierda, explica, “no ha cambiado”, simplemente “se ha destapado”, y “90 años después ha vuelto al 36”. Apoyándose en un editorial de El Mundo , da por evidente que ETA se está reorganizando, porque “cómo no se va a estar reorganizando si han ganado”. El calendario de la catástrofe también está fijado, asegura. Si la izquierda pierde, dirá que le han robado las elecciones e irá “al golpe del 34”, que según Losantos llegará “en el verano del año que viene, después de las municipales”, con “una rebelión terrorista en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y lo que puedan en Galicia y en Valencia”. Cuando él mismo se pregunta por qué, la respuesta no admite réplica: “Porque es así”. La mano de obra para esa rebelión no será un problema, aclara, porque Sánchez “entra en las redacciones de los periódicos, de las radios y de las televisiones y tiene voluntarios a porrillo”, un retrato de la profesión que probablemente solo sorprenda a quien no le conozca. Lo llamativo, sin embargo, es que el blanco de su furia no son los terroristas de redacción, sino Feijóo y Abascal, a los que reprocha entretenerse con “el detallito” de las listas provincia a provincia, en vez de cerrar de una vez por todas listas conjuntas, mientras España se despeña. “Es para daros de bofetadas, pero hasta mataros”, les espeta a los “señoritos de Bambú y de Génova”, antes de recordarles que el poder autonómico no sirve de nada porque “no tenéis policía, no tenéis Guardia Civil, no tenéis Ejército”. Hay quien prefiere ir haciendo digerible lo que viene con argumentos de más largo alcance. Salvador Sostres sostiene en Abc que solo se reclaman herederos de la República quienes lo hacen “por ignorancia, por resentimiento social o por instinto asesino”, y a partir de ahí se adentra en una reivindicación del régimen que no se molesta en disimular. “El franquismo , o por lo menos una parte de lo que fue el franquismo, tuvo elementos muy interesantes para España”, escribe, y el primero de ellos habría sido “sofocar la brutalidad criminal y analfabeta de la República”. El matiz llega después, cuando aclara que nadie desea volver a una dictadura y que el franquismo tuvo “momentos oscuros e incompatibles con nuestro modo de vida libre”, una fórmula que despacha casi cuatro décadas de dictadura con la delicadeza de quien describe una mala racha. Ignacio Camacho conserva la calma en el mismo diario y sigue dando por segura la victoria, aunque con una rebaja apreciable que también es muy significativa. El pronóstico de 200 diputados entre PP y Vox que todos en la derecha proclamaban felices hasta hace solo unos días le parece ahora “bastante sobredimensionado”, porque la “contrastada habilidad sanchista para agitar las campañas” hace verosímil que las diferencias se aprieten. Una remontada del Gobierno, añade, solo sería posible si las formaciones de la oposición decidieran “arrojarse juntas por un barranco”, quizá a modo de advertencia a la vista de los muchos errores que Feijóo lleva cometidos desde que Sánchez disolvió las Cortes. Camacho espera ahora apenas 180 escaños, cuatro más de los 176 que marcan la mayoría absoluta . No parece una renta muy grande cuando quedan, todavía, 36 días hasta que votemos. Y muchas oportunidades para seguir cometiendo errores.

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