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El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.

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El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.

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Hace 3 h

Hace 5 h

eldiario.esGeneral

La huelga sí que fue contra el (los) Gobierno(s) (se abre en una pestaña nueva)

Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.

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Hace 6 h

Ceuta ActualidadGeneralPolítica

Sandra López (PSOE) apunta a Ferraz por el lío de los contratos de campaña: el contrato la desmiente (se abre en una pestaña nueva)

La presidenta de la gestora socialista pide rectificación de la información publicada este jueves y amenaza con acciones legales, pero los contratos no sostienen su versión: se contrató a dos personas con cargo a las arcas públicas, al Grupo Político PSOE en la Ciudad Autónoma para ejercer trabajos para la campaña electoral de los socialistas de cara al 29N

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Hoy, hace 16 h

Alicante PlazaGeneralCOMUNITAT VALENCIANA

Arranca la 'decisiva' campaña del 29N: el PP parte como favorito; los socialistas buscan la remontada (se abre en una pestaña nueva)

ALICANTE.- La campaña electoral del 29N, que debe elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un Senado, ya ha arrancado. En Alicante, lo ha hecho con la tradicional pegada de carteles y diferentes actos. Los principales líderes de las grandes cuatro partidos, PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís-Front Valencià, han coincidido en que la cita electoral será crucial no solo para España, sino para el devenir de la provincia y de la Comunitat Valenciana. Algunos, como el PSPV-PSOE, que se trata de una primera vuelta, que tendrá en las elecciones locales y autonómicas otra oportunidad para consolidar cambios. El diagnóstico va por bloques: PP y Vox auguran un bueno resultado para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa; PSPV y Compromís-Front Valencià consideran que la llegada de las fuerzas conservadoras y la extrema derecha al Gobierno central supone una "involución en derechos y libertades". Por el momento, el PP parte con ventaja y podría gobernar con la suma de Vox, pero los socialistas buscan, de nuevo, la remontada, y mantener el gobierno con el respaldo de fuerzas como Compromís-Front Valencià. El PPCV ve el 29N como una oportunidad para echar a Sánchez El Partido Popular ha elegido su sede de Benito Pérez Galdós, en la capital, para presentar su lema de campaña. Allí, tanto Toni Pérez, presidente del PP, como Juan Francisco Pérez Llorca , presidente de la Generalitat, han augurado un cambio la noche del 29N. Ambos dirigentes han coincidido en reclamar la movilización de los alicantinos en las urnas y en señalar la necesidad de poner fin a lo que han calificado como ocho años de «centralismo» y «ninguneo» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pérez ha defendido que la provincia tiene «más motivos que ninguno para acudir a las urnas y decir que ya está bien», mientras que Pérez Llorca ha asegurado que existe una mayoría que quiere que el presidente del Gobierno «se vaya ya» y que se acabe con el «sanchismo». Los candidatos del PP, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala y el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Foto RAFA MOLINA El presidente provincial del PP ha presentado la cita electoral como una oportunidad para lograr «un cambio necesario» tanto para España como para Alicante. En este sentido, ha asegurado que el partido afronta la campaña «preparadísimo» y con un proyecto ilusionante para el país y para que este esté «a la altura de lo que esta provincia pone a su servicio». Por su parte, Pérez Llorca ha incidido en que la ciudadanía no reclama únicamente un cambio en el Gobierno central, sino también que sus municipios y provincias reciban los recursos y actuaciones que consideran necesarios. En el caso de Alicante, ha denunciado la falta de inversiones, financiación y obras para mejorar la seguridad hídrica, así como la ausencia de compromisos para reforzar la seguridad en las calles de los municipios. Ambos dirigentes han reivindicado, además, la candidatura del PP como alternativa de Gobierno. Toni Pérez ha defendido la capacidad del partido para repetir un resultado ganador como el de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando los populares fueron la fuerza más votada, aunque no consiguieron gobernar. Pérez Llorca, por su parte, ha destacado las candidaturas al Congreso y al Senado por Alicante, encabezadas por Macarena Montesinos y Eva Ortiz , respectivamente, y ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como un candidato centrado en la gestión. El presidente del PPCV ha dirigido también un mensaje a los votantes que no comparten las siglas populares, pero que, según ha señalado, están preocupados por la situación del país. Ha defendido que el PP gestiona las administraciones pensando en mejorar la vida de los ciudadanos, independientemente de su ideología, y ha invitado a quienes desean que España «vuelva a recuperar esa libertad» a sumarse al proyecto de Feijóo. El PSPV advierte que hay que elegir entre involucionar o seguir conquistando derechos y libertades Los candidatos del PSPV-PSOE. Foto RAFA MOLINA El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles, celebrada en la plaza Manila de Alicante, en la que han participado el secretario general provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la vicesecretaria provincial y candidata a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós ; y el candidato al Congreso de los Diputados y alcalde de Alcoy, Toni Francés. El acto ha contado también con la presencia de otros cargos orgánicos e institucionales del partido, así como de los candidatos y candidatas socialistas al Congreso de los Diputados: Toni Francés, Pilar Gay, Fulgencio Cerdán, Araceli Poblador y Antonio Rodes, además del candidato al Senado, Quico Fenollar , entre otros representantes socialistas. El candidato al Congreso, Toni Francés, ha afirmado que «el Partido Socialista es la única vía para seguir conquistando derechos», y ha defendido la importancia de continuar impulsando políticas que mejoren la vida de la ciudadanía y protejan los avances sociales alcanzados. En este sentido, ha subrayado que estas elecciones son una oportunidad para seguir construyendo una España más justa, con más derechos y mejores servicios públicos. Por su parte, Rubén Alfaro ha asegurado que «el Partido Socialista va a ganar las elecciones porque el PP y Vox solo representan una cosa: la involución y el recorte de derechos». El secretario general provincial ha apelado a la movilización de la ciudadanía para evitar retrocesos y garantizar que España siga avanzando, frente a quienes, plantean un modelo basado en la amenaza y los recortes. En la misma línea, Trini Amorós ha destacado que «en estas elecciones nos jugamos algo importante, nos jugamos la esperanza», poniendo el acento en la necesidad de afrontar la campaña desde la ilusión, la participación y la defensa de un proyecto de futuro para el conjunto de la ciudadanía. Los candidatos de Vox, en la Plaza del Mercado de Alicante. Foto RAFA MOLINA Vox aspira a resultados históricos en Alicante David García, cabeza de lista de Vox al Congreso por Alicante, ha expresado su «máxima responsabilidad» e «ilusión» ante el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de «momento histórico para España». El candidato ha centrado su discurso en la necesidad de un cambio político y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar una situación que, en sus palabras, exige una transformación urgente. García ha llamado a la movilización electoral y ha advertido de que «no está nada hecho», pese a las expectativas que puedan reflejar las encuestas. En este sentido, ha defendido que lo determinante será la participación ciudadana en las urnas y ha pedido a los electores que valoren si su situación ha mejorado respecto a hace siete años, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El candidato ha resumido el mensaje electoral de Vox en el «sentido común» y ha señalado que la formación plantea trece medidas articuladas en torno a cuatro ejes: prioridad nacional, remigración, desregulación y cambios en las políticas públicas. Según ha defendido, estas propuestas pretenden trasladar a los ciudadanos la necesidad de un cambio político en España. En el ámbito provincial, García ha mostrado su confianza en obtener «unos magníficos resultados» e incluso «unos resultados históricos» en Alicante. El candidato ha destacado el trabajo del equipo de Vox en la provincia y ha asegurado que la formación ha experimentado una implantación que considera extraordinaria. En la actualidad, Vox tiene diputados en el Congreso. Compromís-Front Valencià afirma ser el "voto útil" de los intereses de la Comunitat Los candidatos de la coalición Compromís-Front Valencià. La coalición Compromís-Front Valencià ha afirmado que representa el "voto útil" de la unida de la izquierda que defiende los intereses de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, frente "una derecha y una ultraderecha envalentonadas" que quieren acabar con las pensiones públicas y privatizar aún más la sanidad. Así se ha expuesto en las intervenciones de los candidatos de esta coalición, integrada por Compromís, Podem, Esquerra Unida País Valencià y Esquerra Republicana País Valencià, en un acto en el que ha dado inicio oficial a los quince días de campaña electoral, celebrado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq), tras lo cual se ha llevado a cambio la pegada simbólica de carteles. En el acto, la coalición ha demandado la dimisión del ministro del Interior por la actuación policial durante la jornada de huelga general de ayer. La número 1 de Compromís-Front Valencià por Alicante, la dirigente de Podem María Teresa Pérez, ha afirmado que el 29-N "nos jugamos muchos" porque hay "una derecha y una ultraderecha envalentonadas". Ha subrayado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sabe perfectamente lo que tiene hacer: acabar con las pensiones públicas, privatizar más sanidad (...), destruir el territorio para especular". Pérez ha reprochado que existan aún los desahucios cuando la presidenta de la comunidad de Madrid "se compra" un "pedazo de ático" y ha censurado que el partido socialista no ha sido capaz de defender los intereses de "los que más lo necesitan". Ha reiterado que Compromís-Front Valencià representa "la única papeleta para defender" a los ciudadanos de la Comunitat", ha remarcado que "la política sirve, es útil para mejorar la vida" de las personas, y ha abogado por redistribuir el dinero entre las familias trabajadoras. COMUNITAT VALENCIANA Compromís-Front Valencià arranca en Alicante una campaña para conquistar derechos y defender el futuro de la ciudadanía Miquel González

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

PP y Vox, contra las normas que protegen los medios públicos, dan transparencia al sector y regulan la publicidad (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.

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eldiario.esNacional

Feijóo lanza la campaña del PP desacreditando la huelga: "España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa" (se abre en una pestaña nueva)

El candidato comparte acto con su cabeza de cartel por Barcelona, Xavier García Albiol, quien azuza el miedo al inmigrante y promete una ley para “expulsar en 48 horas” a los okupas Policía Nacional acortó la manifestación del 11N en Madrid y creó una 'ratonera' que precipitó las cargas: “¡Usad la goma!” El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este jueves la campaña de las elecciones del 29 de noviembre en un acto en Badalona (Barcelona) en el que ha arremetido contra la huelga por la vivienda del pasado miércoles. Feijóo ha dicho que el paro del 11N “fracasó”, que los manifestantes provocaron “violencia”. “España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa”, ha asegurado. Feijóo ha elegido la ciudad que dirige su cabeza de cartel por Barcelona para el 29N. Xavier García Albiol ha precedido a su jefe de filas en el uso de la palabra, y ha lanzado el discurso que se espera de él: señalamiento a las personas migrantes y exacerbación del miedo a la inseguridad ciudadana. “Tengo un mensaje para los ‘okupas’: se os acaba el chollo de Pedro Sánchez”, ha afirmado el alcalde de Badalona. “Voy a ir a por ellos”, ha dicho. “A por quienes pegan una patada en los domicilios que no son suyos, quienes hacen la vida imposible a los vecinos, quienes crean problemas de incivismo y delincuencia”, ha afirmado. Albiol ha asegurado que liderará los trabajos para una nueva ley que permita “que en 48 horas” los okupas “tengan que salir y los vecinos y propietarios puedan vivir en paz”. “A eso voy” a Madrid, ha afirmado. El candidato del PP ha esgrimido, además, el otro gran tema que suele copar sus discursos, la inmigración. “El Gobierno manda inmigrantes en situación irregular desde Canarias”, ha denunciado. “Los fleta en avión a Barcelona y los manda a distintos puntos de Catalunya”, ha añadido. “Exijo a Pedro Sánchez que pare el reparto de inmigrantes irregulares en Catalunya”, ha dicho. “No queremos que aquellos que entran de forma irregular se les ofrezca hoteles de 3 estrellas con pensión total pagada”, ha apuntado. Albiol ha tenido también un mensaje para la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau. El regidor badalonés ha pedido el voto para Feijóo (antes de la hora oficial de inicio de la campaña) para que Pedro Sánchez no nombre “a Ada Colau como vicepresidenta en sustitución de Yolanda Díaz”. “Podéis silbar”, ha replicado a los pitidos que los asistentes al mitin han proferido contra la exalcaldesa de Barcelona. “Pero prefiero que silbéis ahora y no llorar el día 29”, día de las elecciones, ha planteado. Albiol ha zanjado que para que España no acabe como Barcelona, “llena de okupas, perroflautas y de gente que se dedica a hacer la vida imposible, el voto para Alberto Núñez Feijóo”. Feijóo: la huelga fue un “fracaso” que generó “violencia” El líder del PP también ha seguido la estela de sus habituales mensajes en Catalunya, donde siempre relaciona delincuencia e inmigración en sus discursos. “Estáis esperando seguridad en las calles”, ha afirmado Feijóo nada más comenzar su intervención, pese a que los datos de delitos cometidos en España están, año tras año, entre los más bajos del mundo. Feijóo se ha sumado también al discurso de Albiol, y ha dicho que “en Catalunya es más fácil vivir ocupando ilegalmente un edificio que pagando religiosamente la vivienda”. “Y eso no lo podemos admitir”, ha afirmado. El líder del PP ha reiterado su promesa de construir “un millón de viviendas” en la próxima legislatura. Pero el grueso del mensaje de Feijóo iba este jueves contra las cientos de miles de personas que secundaron el miércoles la huelga general por la vivienda. Feijóo ha sostenido que la huelga del 11 de noviembre fue “un fracaso”, lo que generó “impotencia”. “Y la impotencia suele transformarse en violencia”, ha sostenido. El líder del PP ha denunciado que el miércoles hubo “ancianos acosados, dueños de comercios amenazados y periodistas agredidos”. En su declaración ha obviado las imágenes de las cargas policiales , y ha sostenido que hay grupos que quieren “imponer la violencia y la extorsión como otros lugares de Europa”. “No se lo vamos a permitir”, ha afirmado, para referirse también a la antigua violencia de ETA en Euskadi donde, ha afirmado, “los herederos del terrorismo se siguen creyendo los dueños”. Feijóo ha denunciado que dos militantes del PP en Gipuzkoa fueron “vapuleados a puñetazos” el miércoles. El líder del PP ha ofrecido “algo tan elemental como un Gobierno que no robe”. “A ver si me escuchan, a ver si me escuchan los del Gobierno de España, que no se puede estar en el Gobierno y robar”, ha dicho. Feijóo ha añadido que ofrece “algo tan elemental como un Gobierno que diga la verdad” “Ese es el cambio necesario. Esa es nuestra propuesta”, ha afirmado. “Desde el primer día responderé por lo que hagamos. España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa”, ha zanjado. A diferencia de Albiol, Feijóo se ha guardado mucho de pedir el voto expresamente.

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Ayer

Oviedo DiarioGeneralactualidad

OSBORNE, la plataforma SaaS española del Grupo Armora que investiga las campañas de desinformación (se abre en una pestaña nueva)

Desarrollada por la empresa especializada en ciberseguridad CORRECTA, empresa adherida al Grupo Armora, en el marco de una iniciativa de Compra Pública Innovadora (CPI) gestionada por INCIBE. La solución SaaS ayuda a analizar perfiles sospechosos, correlacionar publicaciones y detectar patrones de comportamiento coordinado. La proximidad de las elecciones generales el 29 de noviembre o los recientes accidentes ferroviarios ponen en relieve la necesidad de investigar no solo qué información se difunde sino, también, quién está detrás, de qué forma lo ejecuta y cuál es la finalidad real. “Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de las campañas de la desinformación y, aunque la desinformación no siempre es un delito, sí es un vector de conductas que sí lo son como los delitos e incitación al odio, fraudes y estafas, suplantación de identidad, injerencia y manipulación”, afirma Fernando Mairata de Anduiza, presidente del Grupo Armora. La desinformación no consiste tan solo en difundir noticias falsas, sino que también puede conllevar la difusión y amplificación coordinada de determinados mensajes, el uso de perfiles que simulan comportamientos reales o la propagación de contenidos carentes de contexto para influir en la opinión pública, idea o reputación. En un entorno en el que la información se transmite a gran velocidad, traspasa fronteras e idiomas, identificar estas dinámicas resulta de gran importancia y se ha convertido en un reto para medios de comunicación, empresas, instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. OSBORNE, la plataforma SaaS española que lucha contra la desinformación En este contexto nace OSBORNE, una plataforma SaaS desarrollada por la empresa especializada en ciberseguridad CORRECTA , adherida al Grupo Armora , encargado de impulsar proyectos de ciberseguridad, defensa y uso dual. Esta solución forma parte de la iniciativa de Compra Pública Innovadora (CPI) gestionada por INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, y concebida con el objetivo de apoyar en las investigaciones sobre campañas de desinformación y perfiles sospechosos mediante la dotación de inteligencia a los datos para su análisis y correlación de la información. Esta propuesta parte de una premisa y es la de que detectar que un contenido es falso o engañoso no siempre basta para comprender el alcance de la operación. Para llevar a cabo la investigación de una posible campaña de desinformación también es necesario reconstruir las relaciones entre cuentas, publicaciones y entidades, observar los patrones de difusión e identificar comportamientos anómalos que puedan apuntar a una actividad coordinada. La proximidad de las elecciones generales el 29N o los recientes accidentes ferroviarios ponen en relieve la necesidad de investigar no solo qué información se difunde, sino también quién está detrás, de qué forma lo ejecuta y cuál es su finalidad real. Y es que la protección de la integridad de este tipo de informaciones frente a las amenazas digitales y campañas de desinformación forman parte de los retos que empresas, instituciones y FCSE abordan desde hace años. OSBORNE se sitúa justo en este espacio, el de las herramientas que permiten a los analistas ser capaces de pasar de la observación a la investigación de posibles comportamientos de manipulación o ataques a la reputación. Del contenido sospechoso a la investigación ¿De qué forma detectar las diferencias entre bulo o campaña de desinformación? La principal diferencia se encuentra en el contexto. Un mensaje falso puede ser compartido de forma espontánea y sin conocimiento de su falsedad por cientos de personas. Sin embargo, una operación coordinada recurre a múltiples perfiles, idiomas, plataformas y formatos para aparentar un respaldo social mayor y tratar de influir en la opinión pública o reputación. OSBORNE está pensada para facilitar el análisis a través de cuatro parámetros que ayudan a esclarecer y distinguir entre el debate legítimo de los indicios de una actividad coordinada a la vez que aporta información contextual para que los profesionales puedan aportar valorar aquello que analizan: Quién : identificación de perfiles sospechosos y bots, estudio de su actividad y posibles relaciones. Qué : estudio y correlación de datos, detección de idiomas, transcripción de contenidos y análisis del tipo de mensaje y narrativa divulgada. Cómo : búsqueda de tácticas y patrones de comportamiento a través de técnicas de aprendizaje automatizado ( machine learning ). Con qué finalidad : detección de tendencias anómalas, anál

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Hace 2 días

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Lo ocurrido con Abascal en ‘La Revuelta’ erosiona la función de servicio público de RTVE en plena campaña (se abre en una pestaña nueva)

La ley obliga a la televisión pública a garantizar pluralismo, igualdad y neutralidad durante el periodo electoral. Pero este lunes, a veinte días de las elecciones generales del 29 de noviembre , RTVE permitió que un partido, la formación de extrema derecha Vox , gestionara el público que asistió en directo a la grabación de la entrevista que La 1 hizo a su candidato, Santiago Abascal . Ocurrió en La Revuelta , el programa de entretenimiento que presenta el humorista David Broncano . Lo ocurrido afecta a algo más que a un programa. Y, en ausencia de explicaciones detalladas, que la dirección de Comunicación prefirió no ofrecer (la corporación “no hace declaraciones” sobre el asunto, fue la respuesta enviada a infoLibre ), pone en cuestión la capacidad de RTVE para ejercer su papel de servicio público en plena precampaña. Es un papel que exige tratar a todos los candidatos con las mismas reglas y que ninguno decida condiciones especiales para la realización de su entrevista. David Broncano lo explicó al empezar la emisión. El equipo de Abascal temía que el público habitual, al que el presentador situó en posiciones de izquierda, rompiera el ritmo de la entrevista. Vox pidió encargarse de la gestión de los asistentes y lo hizo a través de una agencia. El programa no solo aceptó, sino que renunció a su formato habitual, un show de entretenimiento, para ensayar lo que a todas luces pretendía ser una entrevista informativa seria. De poco sirvió que, al final, el propio Broncano reconociese que el apoyo unánime de la sala ofrecía una imagen falsa del respaldo a Vox. “Creo que hemos visto una cosa que no es real”, dijo. Por el mismo sofá habían pasado Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero. Y lo hizo en la noche del martes Ada Colau. En ninguna de esas visitas se cambió el público. Queda por ver si el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo , aceptará acudir y pedirá también llevar a su propio público. Broncano intentó discutir con Abascal sobre Gaza, la violencia machista y el cambio climático, pero el líder ultra se escapó en la mayoría de las respuestas, libre para exhibir en prime time los bulos sobre los que construye su discurso . Tan suelto se encontró que, al final, se sintió lo suficientemente seguro como para amenazar a Broncano deseándole suerte en el futuro porque iba a necesitarla, en alusión a la motosierra que su partido quiere aplicar a los medios públicos. La entrevista fue la emisión más vista de la historia del programa. Reunió a 4.815.000 espectadores de media y un 33,6% de cuota. Al menos 8.670.000 personas la vieron durante un minuto o más, el 18,2% de la población. El entorno de Vox celebra la entrevista, que se ha convertido en materia de campaña, como un éxito estratégico. Pedro Sánchez escribió en X que “amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó tras el Consejo de Ministros que lo que se vio fue a un político insultar y amenazar a un trabajador. El ministro de Cultura y miembro de Frente Amplio, Ernest Urtasun, calificó de “absolutamente inaudito” que un candidato acuda a la radiotelevisión pública con su propio público. Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, cuestionó que se llevara a Abascal al horario de máxima audiencia. Gabriel Rufián , candidato de ERC, salió en defensa del presentador. Desde el PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que la entrevista buscaba alimentar la división entre su partido y Vox. José Pablo López , presidente de RTVE, defendió la decisión en X. “Muchos diréis que bastaba con decirles que no”, escribió, pero la corporación no regala excusas para “gritar censura” ni crea “mártires en un teatro”. “Seguramente no fue el escenario ideal para el talento de David, y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser ‘capitán a posteriori ’”, subrayó. “Si ante una frase como ‘vas a necesitar suerte’ algunos prefieren quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública, demuestran que les preocupa más el desgaste del formato que el fondo de lo que se escuchó anoche. Todo mi apoyo a David y a su equipo”. A falta de más explicaciones, que RTVE no quiso ofrecer, el mensaje sugiere que la dirección conocía la petición de Vox y la aceptó. López plantea un dilema entre aceptar o vetar, pero no explica por qué no eligieron la tercera opción, que era aplicar a Abascal las mismas reglas que a los candidatos anteriores. La reflexión que anuncia la Presidencia de la radiotelevisión pública sitúa el tratamiento electoral y el compromiso de servicio público de RTVE en el centro de todos los focos, a la espera de saber si el presidente o sus subordinados tuvieron alguna responsabilidad en que Abascal llevase su propio público. En principio, todo apunta a que RTVE carece de un protocolo coherente para gobernar la capacidad de sus programas de organizar y editar entrevistas con candidatos electorales . Dentro de la casa sí ha habido respuesta. El Consejo de Informativos de TVE , que representa a los trabajadores de la televisión pública que intervienen en la elaboración de la información, afirmó este martes en un comunicado que el programa del lunes le hizo “sentir muy incómodos”. El consejo considera “errores graves” el cambio del público habitual y el abandono del humor, que define como la esencia del programa. Y, aunque La Revuelta no entra dentro de sus competencias, ha decidido pronunciarse porque el programa se convirtió en la práctica en una emisión informativa, aunque “sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características”. A juicio del consejo, una entrevista política, y más en un proceso electoral, debería realizarla el personal de los servicios informativos, con “producción 100% interna”. “Alguien debería asumir las responsabilidades” por lo ocurrido, concluye el comunicado. La incomodidad llegó también a la antena de RTVE. Silvia Intxaurrondo , presentadora de La hora de La 1 , planteó este martes tres preguntas a raíz de la entrevista. La primera es si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública. La segunda, si RTVE puede ser neutral cuando tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad. La tercera, dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios. Intxaurrondo explicó también su propia práctica. En los últimos tres años, dijo, su programa no ha entrevistado a nadie que vaya contra los derechos humanos, salvo que ella no estuviera presente o que lo ordenara la Junta Electoral Central. “Yo lo he tenido claro siempre”, afirmó, dando a entender que otros programas no. La Revuelta no es el único espacio de entretenimiento de La 1 que entrevista a candidatos en precampaña. Este jueves, 12 de noviembre, Pedro Sánchez visitará en directo El perro andaluz , el programa de humor y entrevistas que presenta Manu Sánchez . RTVE anuncia una conversación en la que la seriedad convivirá con la ironía y la sátira. La visita responde a una invitación pública que Manu Sánchez lanzó en su monólogo del 22 de octubre. El programa, que ya ha tenido a Ada Colau como invitada, tenía prevista también una entrevista con Irene Montero el 29 de octubre, que se suspendió por el accidente ferroviario de Urda. No consta que haya extendido la invitación a Abascal ni a Feijóo. El artículo 66 de la ley electoral exige a los medios públicos, durante el periodo electoral, respeto al pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. La Junta Electoral Central precisó en su instrucción 4/2011 que organizar entrevistas electorales corresponde a la dirección de cada medio, que debe respetar esos principios. Para cumplir con la ley, RTVE ha remitido a la Junta su plan de cobertura informativa para el 29N. El documento fija con detalle las entrevistas a candidatos. Se emitirán durante la campaña en La hora de La 1 y en Las mañanas de RNE , con una duración proporcional a los escaños obtenidos en 2023, de entre cuatro y 30 minutos. A Abascal le corresponden 20 minutos el 24 de noviembre en La hora de La 1 , el programa de Intxaurrondo. La Revuelta y El perro andaluz no figuran en el plan. Tampoco hay referencia alguna a los programas de entretenimiento. Sus entrevistas, además, se han emitido antes del arranque oficial de la campaña, el 13 de noviembre. La de Sánchez con Manu Sánchez será la víspera. Quedan así fuera de cualquier reparto, pese a que la obligación de neutralidad rige desde la convocatoria.

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24 de octubre

infoLibreGeneral

Cuando la campaña se hace larga y empiezan las dudas, aparecen ETA y la amenaza de una guerra civil (se abre en una pestaña nueva)

“¿Cuánto nos queda de campaña? Estoy hasta las narices”. La pregunta de Nacho Abad , el conductor de ese programa de infoagitación llamado En boca de todos, que en las mañanas de Cuatro, la segunda cadena española propiedad de la familia Berlusconi, solivianta a los espectadores adictos a las emociones fuertes, aunque sean falsas, resume bastante bien lo largo que se le está haciendo todo esto a la brigada del apocalipsis. Todavía estamos en octubre y las elecciones son el 29N . ¿Qué puede salir mal? Pues la mayoría absolutista de PP y Vox, tantas veces proclamada, sondeo tras sondeo, con tanta vehemencia que, de hacerles caso, pareciera que ni siquiera hacía falta votar. El caso es que la recta final hacia las urnas se les está haciendo bola. La anunciada mayoría aplastante ha empezado a encoger, y con ella la paciencia de unos predicadores que contaban con llegar a la noche electoral sin sobresaltos. Manuel Roig lo plantea en El Confidencial con la prudencia de quien empieza a redactar la autopsia antes de que se certifique la defunción. Hasta la noche del 29N, escribe, no sabremos si poner el foco de la campaña en los sacrificios que vienen pasará a la historia como un ejercicio de responsabilidad de Núñez Feijóo o como “el primero de los errores que habrán llevado al Partido Popular y a Vox a dilapidar una mayoría absoluta amplísima en apenas dos meses”. No es todavía pánico, pero sí preocupación. Otros han optado por curarse en salud. David Jiménez da en El Mundo por cada vez más probables las impugnaciones , a raíz del “monumental lío” organizado en torno a la ley de nietos , la suspensión cautelar de sus efectos en el censo dictada por el Supremo y los plazos de la convocatoria. Su conclusión es que nuestra democracia se adentra, esta vez sí, en “territorio inexplorado”. Entre guiones le queda espacio para reprochar a Sánchez que no esperara a la primavera para convocar, lo que equivale a culparle de no haber prolongado una legislatura cuyo final la derecha llevaba meses reclamando. Carlos Herrera va más lejos, esta vez en las páginas de Abc , el diario del grupo Vocento. Siempre suspicaz, asegura que el Constitucional se ha negado a validar la ley de nietos para dejar abierto un “resorte oculto”, que no es otro que la posibilidad de impugnar las elecciones “una vez derrotado el sanchismo”. Herrera admite que esa impugnación probablemente no prosperaría, pero sostiene que serviría para embarrar la victoria de la derecha y movilizar “hasta la náusea a toda la chusma callejera que está ensayando el asalto”. Su consejo final, “vayámonos preparando para lo peor”, tiene la ventaja de dejar escrita la explicación antes de que se conozca el resultado. Federico Jiménez Losantos no necesita resortes ocultos, porque desde los micrófonos de esRadio lo ve todo con una claridad que ya quisieran para sí los institutos demoscópicos. La izquierda, explica, “no ha cambiado”, simplemente “se ha destapado”, y “90 años después ha vuelto al 36”. Apoyándose en un editorial de El Mundo , da por evidente que ETA se está reorganizando, porque “cómo no se va a estar reorganizando si han ganado”. El calendario de la catástrofe también está fijado, asegura. Si la izquierda pierde, dirá que le han robado las elecciones e irá “al golpe del 34”, que según Losantos llegará “en el verano del año que viene, después de las municipales”, con “una rebelión terrorista en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y lo que puedan en Galicia y en Valencia”. Cuando él mismo se pregunta por qué, la respuesta no admite réplica: “Porque es así”. La mano de obra para esa rebelión no será un problema, aclara, porque Sánchez “entra en las redacciones de los periódicos, de las radios y de las televisiones y tiene voluntarios a porrillo”, un retrato de la profesión que probablemente solo sorprenda a quien no le conozca. Lo llamativo, sin embargo, es que el blanco de su furia no son los terroristas de redacción, sino Feijóo y Abascal, a los que reprocha entretenerse con “el detallito” de las listas provincia a provincia, en vez de cerrar de una vez por todas listas conjuntas, mientras España se despeña. “Es para daros de bofetadas, pero hasta mataros”, les espeta a los “señoritos de Bambú y de Génova”, antes de recordarles que el poder autonómico no sirve de nada porque “no tenéis policía, no tenéis Guardia Civil, no tenéis Ejército”. Hay quien prefiere ir haciendo digerible lo que viene con argumentos de más largo alcance. Salvador Sostres sostiene en Abc que solo se reclaman herederos de la República quienes lo hacen “por ignorancia, por resentimiento social o por instinto asesino”, y a partir de ahí se adentra en una reivindicación del régimen que no se molesta en disimular. “El franquismo , o por lo menos una parte de lo que fue el franquismo, tuvo elementos muy interesantes para España”, escribe, y el primero de ellos habría sido “sofocar la brutalidad criminal y analfabeta de la República”. El matiz llega después, cuando aclara que nadie desea volver a una dictadura y que el franquismo tuvo “momentos oscuros e incompatibles con nuestro modo de vida libre”, una fórmula que despacha casi cuatro décadas de dictadura con la delicadeza de quien describe una mala racha. Ignacio Camacho conserva la calma en el mismo diario y sigue dando por segura la victoria, aunque con una rebaja apreciable que también es muy significativa. El pronóstico de 200 diputados entre PP y Vox que todos en la derecha proclamaban felices hasta hace solo unos días le parece ahora “bastante sobredimensionado”, porque la “contrastada habilidad sanchista para agitar las campañas” hace verosímil que las diferencias se aprieten. Una remontada del Gobierno, añade, solo sería posible si las formaciones de la oposición decidieran “arrojarse juntas por un barranco”, quizá a modo de advertencia a la vista de los muchos errores que Feijóo lleva cometidos desde que Sánchez disolvió las Cortes. Camacho espera ahora apenas 180 escaños, cuatro más de los 176 que marcan la mayoría absoluta . No parece una renta muy grande cuando quedan, todavía, 36 días hasta que votemos. Y muchas oportunidades para seguir cometiendo errores.

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