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Feijóo sigue la estela de Ayuso y se compromete a legislar para el 'no nacido': "Buscan cambiar el imaginario" (se abre en una pestaña nueva)

Como ya hiciera la presidenta madrileña el pasado verano, el PP incluye en su programa electoral que el embrión "computará" para recibir ayudas, una medida que según las expertas, forma parte de una nueva estrategia antiaborto a nivel global ante el coste social que tiene restringir el derecho El PP de Ayuso aprueba junto a Vox la ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos Ya lo advirtió cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó junto a Vox la ley del concebido no nacido en la Comunidad de Madrid, pero ahora Alberto Núñez Feijóo lo ha plasmado en el programa electoral para las elecciones del 29N: si llega a la Moncloa, el Partido Popular quiere sacar adelante la misma norma a nivel estatal. De esta forma, los embriones “computarán” para recibir las ayudas y beneficios “que correspondan a las familias”, esgrime la hoja de ruta de la formación conservadora. Pese al lenguaje aparentemente inocuo y a englobar la medida en el epígrafe del fomento de la natalidad, titulado “España será el mejor país para formar una familia”, críticos y voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de leyes esconden una fuerte carga ideológica. Feijóo se acerca así a la estrategia que lleva tiempo ensayando el movimiento antiaborto a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, donde varios estados reconocen al embrión desde el momento de la concepción como una forma de menoscabar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El precedente en España lo inauguró Ayuso el pasado verano, cuando dio luz verde a la legislación que reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar. En la práctica, una vez se acredite el embarazo, las mujeres pueden solicitar ya las ayudas y beneficios fiscales que utilizan como criterio la renta familiar aunque aún no se haya producido el parto. Además, el título de familia numerosa puede disfrutarse desde la semana 14. La ley preveía que fueran las bases de las diferentes ayudas las que concretarían los cambios. El PP de Madrid presentó la iniciativa como una forma de “incentivar” los nacimientos en España y Feijóo ya entonces siguió la misma línea asegurando que “cuando una mujer está embarazada” debe tener “apoyo del sector público”. Sin embargo, al mismo tiempo Ayuso quiso dejar claro que, al menos uno de los objetivos, tenía ecos del discurso antiaborto: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró. La estrategia de reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto) está abriéndose paso a nivel internacional y ha ido ganando terreno desde que el Tribunal Supremo tumbara en Estados Unidos la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en el país. El modus operandi ya no es tanto reconocer al feto de forma explícita en grandes leyes o en la Constitución, sino hacerlo de forma “gradual” en diferentes ámbitos parciales como las ayudas sociales, la fiscalidad o la responsabilidad civil, explica la politóloga y directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldavert. “El objetivo final es plantear una dicotomía entre ese supuesto derecho a la vida del 'no nacido' y el derecho a la soberanía corporal de las mujeres y el aborto”, plantea la experta. La idea la resumió Johanna Hussain en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell (Nueva York): “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse un asesinato”. Aunque en España, las propuestas de leyes del concebido no nacido no llegan tan lejos y se limitan a reconocerlo para acceder a ayudas, para Aldavert lo relevante es el fondo de la cuestión: “Poco a poco van cambiando el marco y consiguen modificar los imaginarios sociales y culturales”, asegura. Natalidad frente a recortes al aborto De momento, y tras la publicación del programa electoral del PP, Feijóo no se ha pronunciado específicamente sobre la ley del concebido no nacido a la que se compromete, pero sí ha asegurado este miércoles en El Hormiguero que no cambiará la ley del aborto vigente desde 2010, que permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2023. Lo que sí dejó en el aire es lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años para que tengan que informar a sus progenitores en caso de abortar, una medida que el líder popular considera que responde a un “debate abierto”, pero que no ha incluido en el programa porque no lo califica de “prioridad”. Frente a ello, Feijóo se comprometió a “garantizar” que si una mujer “no se atreve a ser madre porque no tiene una situación económica adecuada pueda tener un hijo”, afirmó en línea con el mensaje que suele presentar a las mujeres que abortan como víctimas de presiones económicas en lugar de reconocerlo como una decisión autónoma. Que este sea su discurso y que la promesa del concebido no nacido esté englobada en el programa en las medidas para fomentar la natalidad no es casualidad, sino “una nueva estrategia antiaborto”, según Aldavert. La experta identifica en los últimos años un “cambio de lenguaje y de enfoque” en el que “la idea es hablar más de familias, cultura de la vida, natalidad, ayudas a la mujer embarazada...” y menos de restringir el derecho al aborto debido al coste social que tiene a día de hoy y tras lo ocurrido con el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió después de que su intento de reforma de la ley fuera masivamente contestada en la calle. “Saben que el ataque directo al derecho al aborto tiene unas consecuencias importantes entre la mayor parte de la sociedad. El PP se ha dado cuenta de que no les beneficia, por lo que se enfocan en medidas natalistas que crean imaginarios difíciles de rechazar”, esgrime la politóloga, quien asegura que el apoyo a las familias “pasa por reconocer a todos los tipos de familia, sean como sean” e impulsar medidas que tengan que ver con “combatir la precarización de los cuidados, que suele recaer en las mujeres, mejorar los salarios o impulsar la educación 0-3”. Está aún por ver cuáles son las propuestas de Vox en este sentido, que sí se ha manifestado más abiertamente contra la ley del aborto en varias ocasiones y que, según la mayoría de encuestas , sería necesario para que el PP pudiera alcanzar la mayoría tras las elecciones.

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Feijóo sigue la estela de Ayuso y se compromete a legislar para el 'no nacido': "Buscan cambiar el imaginario" (se abre en una pestaña nueva)

Como ya hiciera la presidenta madrileña el pasado verano, el PP incluye en su programa electoral que el embrión "computará" para recibir ayudas, una medida que según las expertas, forma parte de una nueva estrategia antiaborto a nivel global ante el coste social que tiene restringir el derecho El PP de Ayuso aprueba junto a Vox la ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos Ya lo advirtió cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó junto a Vox la ley del concebido no nacido en la Comunidad de Madrid, pero ahora Alberto Núñez Feijóo lo ha plasmado en el programa electoral para las elecciones del 29N: si llega a la Moncloa, el Partido Popular quiere sacar adelante la misma norma a nivel estatal. De esta forma, los embriones “computarán” para recibir las ayudas y beneficios “que correspondan a las familias”, esgrime la hoja de ruta de la formación conservadora. Pese al lenguaje aparentemente inocuo y a englobar la medida en el epígrafe del fomento de la natalidad, titulado “España será el mejor país para formar una familia”, críticos y voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de leyes esconden una fuerte carga ideológica. Feijóo se acerca así a la estrategia que lleva tiempo ensayando el movimiento antiaborto a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, donde varios estados reconocen al embrión desde el momento de la concepción como una forma de menoscabar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El precedente en España lo inauguró Ayuso el pasado verano, cuando dio luz verde a la legislación que reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar. En la práctica, una vez se acredite el embarazo, las mujeres pueden solicitar ya las ayudas y beneficios fiscales que utilizan como criterio la renta familiar aunque aún no se haya producido el parto. Además, el título de familia numerosa puede disfrutarse desde la semana 14. La ley preveía que fueran las bases de las diferentes ayudas las que concretarían los cambios. El PP de Madrid presentó la iniciativa como una forma de “incentivar” los nacimientos en España y Feijóo ya entonces siguió la misma línea asegurando que “cuando una mujer está embarazada” debe tener “apoyo del sector público”. Sin embargo, al mismo tiempo Ayuso quiso dejar claro que, al menos uno de los objetivos, tenía ecos del discurso antiaborto: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró. La estrategia de reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto) está abriéndose paso a nivel internacional y ha ido ganando terreno desde que el Tribunal Supremo tumbara en Estados Unidos la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en el país. El modus operandi ya no es tanto reconocer al feto de forma explícita en grandes leyes o en la Constitución, sino hacerlo de forma “gradual” en diferentes ámbitos parciales como las ayudas sociales, la fiscalidad o la responsabilidad civil, explica la politóloga y directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldavert. “El objetivo final es plantear una dicotomía entre ese supuesto derecho a la vida del 'no nacido' y el derecho a la soberanía corporal de las mujeres y el aborto”, plantea la experta. La idea la resumió Johanna Hussain en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell (Nueva York): “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse un asesinato”. Aunque en España, las propuestas de leyes del concebido no nacido no llegan tan lejos y se limitan a reconocerlo para acceder a ayudas, para Aldavert lo relevante es el fondo de la cuestión: “Poco a poco van cambiando el marco y consiguen modificar los imaginarios sociales y culturales”, asegura. Natalidad frente a recortes al aborto De momento, y tras la publicación del programa electoral del PP, Feijóo no se ha pronunciado específicamente sobre la ley del concebido no nacido a la que se compromete, pero sí ha asegurado este miércoles en El Hormiguero que no cambiará la ley del aborto vigente desde 2010, que permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2023. Lo que sí dejó en el aire es lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años para que tengan que informar a sus progenitores en caso de abortar, una medida que el líder popular considera que responde a un “debate abierto”, pero que no ha incluido en el programa porque no lo califica de “prioridad”. Frente a ello, Feijóo se comprometió a “garantizar” que si una mujer “no se atreve a ser madre porque no tiene una situación económica adecuada pueda tener un hijo”, afirmó en línea con el mensaje que suele presentar a las mujeres que abortan como víctimas de presiones económicas en lugar de reconocerlo como una decisión autónoma. Que este sea su discurso y que la promesa del concebido no nacido esté englobada en el programa en las medidas para fomentar la natalidad no es casualidad, sino “una nueva estrategia antiaborto”, según Aldavert. La experta identifica en los últimos años un “cambio de lenguaje y de enfoque” en el que “la idea es hablar más de familias, cultura de la vida, natalidad, ayudas a la mujer embarazada...” y menos de restringir el derecho al aborto debido al coste social que tiene a día de hoy y tras lo ocurrido con el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió después de que su intento de reforma de la ley fuera masivamente contestada en la calle. “Saben que el ataque directo al derecho al aborto tiene unas consecuencias importantes entre la mayor parte de la sociedad. El PP se ha dado cuenta de que no les beneficia, por lo que se enfocan en medidas natalistas que crean imaginarios difíciles de rechazar”, esgrime la politóloga, quien asegura que el apoyo a las familias “pasa por reconocer a todos los tipos de familia, sean como sean” e impulsar medidas que tengan que ver con “combatir la precarización de los cuidados, que suele recaer en las mujeres, mejorar los salarios o impulsar la educación 0-3”. Está aún por ver cuáles son las propuestas de Vox en este sentido, que sí se ha manifestado más abiertamente contra la ley del aborto en varias ocasiones y que, según la mayoría de encuestas , sería necesario para que el PP pudiera alcanzar la mayoría tras las elecciones.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

PP y Vox, contra las normas que protegen los medios públicos, dan transparencia al sector y regulan la publicidad (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.

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Hace 2 días

Maldita.esSociedad

El Gobierno aprobó dotar de lectores de QR para el DNI digital a las mesas electorales del 29N un día antes del accidente de tren en Urda y dos antes de publicarlo en el BOE (se abre en una pestaña nueva)

Captura de pantalla del manual de instrucciones para las personas que integran las Mesas electorales. Como cuenta Verificat , miembro del International Fact-Checking Network (IFCN) y European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) al igual que Maldita.es , la JEC había autorizado en septiembre de 2025 el uso de las aplicaciones del DNI y el carné de conducir digitales para poder votar, pero el acuerdo 94/2026 , de marzo, suspendió que se pudiera recurrir al DNI Digital para emitir el voto . El uso del carné de conducir para votar no se ha autorizado , a 10 de noviembre de 2026, y en la orden del 29 de octubre se da respuesta, con la implantación de estos lectores QR, a la petición de la Junta Electoral Central de que se garantizara una verificación de la identidad de los electores “suficientemente segura”. Como ya te hemos explicado en Maldita.es , desde septiembre de 2025, la Junta Electoral permite acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales con la aplicación de mi DNI . Su uso quedó suspendido en marzo de 2026 hasta que se dotase a las mesas electorales de este sistema de verificación seguro. No dejes que la desinformación vote por ti. Los desinformadores buscan que dejes de creer en todo: están coordinados y empujan una agenda propia. En Maldita.es te damos las herramientas para que los bulos no te roben la capacidad de decisión. Hacerles frente cuesta, y mucho. Crear bulos y destruir la confianza de la sociedad es barato, pero luchar contra ellos y reconstruir requiere conocimiento, tiempo y recursos. Maldita.es nació gracias a ti y sigue viva con tu apoyo. Aquí no mandan los intereses, manda la comunidad y el bien común. Únete a la comunidad que le planta cara a la desinformación. Cada euro suma: dona lo que puedas. Cada cuánto Una vez Pago puntual Cada mes Apoyo continuo Cada año 1 cobro anual Cuánto quieres aportar € Introduce un importe entre 5 € y 10.000 €. Pago seguro · desgrava en el IRPF

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Hace 4 días

Soria NoticiasGeneral

29N. El PSOE reivindica una legislatura de avances sociales y descentralización, pero admite que la vivienda frena la mejora de las familias (se abre en una pestaña nueva)

Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".

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