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Feijóo añade Vivienda a Igualdad en los ministerios que eliminará si gobierna y asegura que hay carteras que vetará para Vox (se abre en una pestaña nueva)

El líder del PP insiste en sus mentiras sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, pone en duda su promesa de bajar impuestos, plantea un recorte de 12.000 millones en bajas laborales, asegura que el abogado del PP apartado tras supuestamente reunirse con Koldo "no llevaba los asuntos penales" del partido y defiende la compra del ático para "oficinas" de Ayuso: "Me parece normal, siete millones no es nada" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' El candidato del PP en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que, si gobierna, eliminará el Ministerio de Vivienda. Es el segundo departamento que señala expresamente que quiere cerrar, después de decir que lo hará con el de Igualdad . Feijóo lo ha explicado durante una entrevista con el 'podcaster' Jordi Wild en la que ha dicho que hay comunidades del PSOE que no tienen Consejería de Igualdad, como Asturias. Algo que es falso: la vicepresidenta de la Junta, Gimena Llamedo, es también ministra de Igualdad. Una mentira que, como las demás, han pasado por alto los “verificadores” del entrevistador. Feijóo ha participado en la entrevista durante cerca de hora y media en la que se ha abordado de inicio la alianza que tendrán que suscribir PP y Vox para gobernar tras el 29N, según apuntan casi todas las encuestas. Feijóo ha justificado su posible pacto con el partido ultra en que “tiene muchos más votos y mucha más expectativa electoral que toda la izquierda junta, excluido el PSOE”. Una afirmación que es solo media verdad si se tienen en cuenta los datos de las elecciones generales de 2023. Entonces, Vox sacó 3,057 millones de votos. Sumar, 3,044. Sumados los demás partidos de izquierdas de ámbito autonómico, el partido de Abascal queda muy atrás. Feijóo no ha revelado qué ministerios plantea entregar a Vox llegado el caso, pero sí ha dicho que algunos están vetados para los de Abascal. “Hay ministerios de Estado que entiendo que deben de tener una preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento, no tenga ninguna duda”, ha afirmado, aunque sin especificar cuáles. Preguntado si hay ministerios “intocables” para Vox, ha respondido: “Claro que lo tengo”. Pero además de los llamados “ministerios de Estado” (que suelen incluir Exteriores, Interior, Defensa o Justicia), Feijóo ha vetado a Vox para Hacienda. “O tienes experiencia en hacer Presupuestos Generales del Estado, o tienes equipos”, ha afirmado, para negar que se pueda “llegar al Ministerio de Hacienda a aprender”. Con todo, Feijóo ha dado por hecho que pactará con Abascal lo que sea necesario para alcanzar la Moncloa, tras el fallido intento de 2023. Dudas sobre la bajada de impuestos El candidato del PP ha puesto también en duda su propia promesa de una bajada generalizada de impuestos. “Yo he dicho que tenemos que bajar los impuestos”, ha afirmado, a lo que el entrevistador ha replicado: “¿Tenéis o los vais?”. Feijóo ha contestado: “Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos. Pero también digo, yo necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas en mi país”. “Tengo muchas dudas. No me creo los datos”, ha afirmado. Feijóo pone así en duda a los organismos del Estado que controlan la ejecución presupuestaria y que analizan la marcha de la economía para certificar los niveles de ingresos, gastos, deuda y déficit, como pueden ser la Airef, el Banco de España o el INE. El líder del PP ya ha puesto en el pasado en duda a estas instituciones públicas. “Creo que hay una ocultación de gasto”, ha insistido. “Creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos”, ha afirmado. “Viene hoy en los medios de comunicación que el Gobierno lleva adjudicado en los últimos consejos de ministros unos 18.000 o 19.000 millones en gasto de Defensa”, ha añadido. Feijóo no ha querido asumir cuál será su gasto en Defensa, después de que España haya alcanzado ya el 2% del PIB , tal y como se comprometió Pedro Sánchez con la OTAN. EE UU exige que España llegue al 5%, una cifra que Feijóo no ha descartado, pero a la que tampoco se ha comprometido. Pensiones: “No tenemos previsto ampliar la edad de jubilación” El candidato del PP ha reiterado su promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC, algo a lo que obliga una ley que el PP rechazó en el Congreso. “El objetivo es buscar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que todavía no las cobran”, ha afirmado Feijóo, quien no ha expuesto qué modelo quiere implantar para lograr dicho objetivo. Feijóo ha puesto en duda la sostenibilidad del actual sistema al afirmar que “aproximadamente estamos hablando de unos 50.000 millones, más o menos, que se transfieren de impuestos a pensiones”. Y ha dado pistas de cuáles son sus planes, de forma inconcreta: “Pretendo decirle a un señor con 67 años que, si quiere trabajar, le facilito el cobro parcial [de la pensión], compatible con el sueldo”. Sobre la actual edad de jubilación, Feijóo ha afirmado que 67 años le parece “una edad razonable”. “No tenemos previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación después de los 67”, ha añadido. Preguntado por la falta de concreción, el líder del PP ha dicho que intenta “ser honesto en las contestaciones”, y ha zanjado: “No vamos a ampliar la edad de jubilación. Y punto”. Recorte de 12.000 millones en bajas laborales Feijóo ha insistido además en sus críticas al supuesto alto “absentismo laboral” que hay en España. El líder del PP ha reiterado el dato de que “cada día, un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo”. Una información que no es oficial, sino extraída de un informe de la empresa de trabajo temporal Randstad, y que aglutina todo tipo de ausencias: bajas médicas, permisos por nacimiento o cuidado de menores, asistencia a juicios o funerales, enfermedades, operaciones, y un largo etcétera. El candidato del PP lo ha metido todo en el mismo saco, y ha afirmado que el coste son “20.000 millones de euros”, sin aportar la fuente de su afirmación . Como durante toda la entrevista, los supuestos “verificadores” contratados por Jordi Wild han permanecido en silencio. “Yo no digo que todo sea fraude”, ha dicho Feijóo. “Lo que sí digo es que la sociedad española no está enferma si es trabajador por cuenta propia y sí [cuando] es trabajador por cuenta ajena”, ha añadido, dando a entender que los empleados se cogen bajas falsas porque los autónomos faltan menos al trabajo. El líder del PP ha afirmado que el absentismo en los autónomos es del 4%. Los “verificadores” han intervenido por primera y única vez para bajarlo al 1%. Nadie ha explicado que los autónomos están englobados dentro de la CEOE, la patronal de los empresarios. Feijóo ha insistido en que muchas de las bajas médicas son falsas, y ha puesto en duda a los trabajadores de los servicios sanitarios públicos. “Hay absentismos del 12%, del 13, del 14%”, ha dicho. “Todo el mundo conoce al médico si trabajas en un servicio de salud, ¿no?”, ha insinuado. “Ahí tenemos 10.000, 12.000 millones para las pensiones”, ha concluido. Es decir, que Feijóo plantea un recorte de hasta 12.000 millones en compensaciones de bajas laborales que, ha afirmado, se destinarán a pagar jubilaciones. Feijóo también ha planteado un recorte en el ingreso mínimo vital. Una vez más, ha dado datos falsos sin aportar la fuente. “La información que nos han trasladado es que hay medio millón de inmigrantes cobrándolo sin haber trabajado una sola hora en el último año”, ha afirmado. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que más del 80% de los perceptores son españoles, y dos de cada tres han trabajado en el último año. La entrevista no ha abordado con mucho ahínco el asunto de la inmigración, pero Feijóo ha tenido tiempo de decir otra falsedad que los “verificadores” de Jordi Wild han pasado por alto. El líder del PP ha planteado la opción de levantar centros de deportación de personas migrantes en terceros países, algo que ha fallado en el pasado y que no se ha logrado poner en marcha en ningún país. Pero Feijóo ha afirmado que Italia sí lo está haciendo. “Yo creo que en Italia ha funcionado”, ha dicho. “Por lo menos ha funcionado parcialmente”, ha añadido. Pero la realidad es que los centros de deportación de Italia a Albania han sido bloqueados por los tribunales. Marcial Dorado: “Prefiero esta foto a la colección” de Sánchez Jordi Wild ha preguntado a Feijóo por su larga amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, y por las muchas fotografías de los viajes y encuentros de ambos. El líder del PP ha insistido en el argumento que ya dio en 2023, cuando justificó su desconocimiento en que entonces “no había internet ni Google” . “Conocí a esta persona en un contexto político y no había nada de narcotráfico. Se había dedicado y había tenido contrabando de tabaco. Que yo sepa, se le imputan asuntos de narcotráfico tres años después de que dejara de tener relación”, ha contestado por la famosa imagen de ambos en el yate, fechada en 1995. Según su relato, dejó de tener relación con él años después, cuando se enteró de que “tenía todavía un juicio pendiente por contrabando”. Pero la realidad es que esa amistad tuvo lugar cuando Dorado ya aparecía de forma habitual en informaciones periodísticas y estaba implicado en procesos judiciales por actividades relacionadas directamente con el narcotráfico. Antes de que Feijóo se subiese a su yate, Dorado había sido uno de los detenidos en la Operación Nécora, que dirigió a partir de junio de 1990 el juez Baltasar Garzón y fue la primera gran redada contra el narcotráfico en Galicia. Salió absuelto, pero su cara aparecía habitualmente en los telediarios. Dorado también apareció en los periódicos a raíz de la Operación Peseta Connection, una investigación internacional en la que participaron las policías de Francia y Suiza que perseguía a una red de blanqueo de capitales en Europa. Una vez más, los verificadores han pasado por alto sus afirmaciones. Feijóo incluso ha puesto en duda que Dorado y él fueran amigos. “¿Amigos? Ahí lógicamente alguien habrá hecho esa foto, ¿no? No estábamos solos, ¿no?”, ha cuestionado. “Es curioso que en esas fotos no salga nadie más. ¿A ti qué te... no te sorprende?”, ha deslizado, sin explicar a qué se refiere exactamente. El líder del PP ha pasado al ataque y ha reprochado las fotografías de Pedro Sánchez con, por ejemplo, el condenado Víctor de Aldama. “Cada uno es responsable de sus fotos, yo prefiero tener esta”, ha zanjado. El abogado del PP y Koldo Feijóo ha respondido también sobre la supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García, quien afirma que el representante del partido le ofreció un millón de euros por testificar contra Pedro Sánchez. Feijóo no ha negado la reunión. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo . El ático de Ayuso, lo “normal” Feijóo también ha entrado en el tema del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para, supuestamente, alojar temporalmente las oficinas de la Presidencia que ocupa Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha reiterado que fue informado previamente de manera informal, pero ha rebajado mucho la importancia de la adquisición y del gasto. “Si tuviésemos tiempo de contar en qué hemos metido siete millones de euros en España”, ha ironizado. “Si eso no es nada”, ha afirmado sobre el estipendio. “¿Sabes cuánto cuesta el alquiler de los lectores de los DNIs digitales para estas elecciones?”, ha cuestionado, sin desvelar que es su partido quien ha pedido que se pongan dichos lectores. “¿Cuánto?”, ha preguntado Jordi Wild. “Que te lo digan los supervisores”, ha zanjado Feijóo.

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Hace 3 h

El Correo de AndalucíaGeneral

Ayuso apela con Feijóo al voto de los jóvenes el próximo 29N: "Queremos que el talento vuelva a casa" (se abre en una pestaña nueva)

La campaña electoral para las generales del próximo 29 de noviembre acaba de comenzar y Madrid vuelve a convertirse en uno de los principales escenarios del Partido Popular. El presidente de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizan este viernes un acto con jóvenes en la capital, en la primera jornada oficial de campaña, en el que también ha participado el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

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Feijóo añade Vivienda a Igualdad en los ministerios que eliminará si gobierna y asegura que hay carteras que vetará para Vox (se abre en una pestaña nueva)

El líder del PP insiste en sus mentiras sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, pone en duda su promesa de bajar impuestos, plantea un recorte de 12.000 millones en bajas laborales, asegura que el abogado del PP apartado tras supuestamente reunirse con Koldo "no llevaba los asuntos penales" del partido y defiende la compra del ático para "oficinas" de Ayuso: "Me parece normal, siete millones no es nada" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' El candidato del PP en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que, si gobierna, eliminará el Ministerio de Vivienda. Es el segundo departamento que señala expresamente que quiere cerrar, después de decir que lo hará con el de Igualdad . Feijóo lo ha explicado durante una entrevista con el 'podcaster' Jordi Wild en la que ha dicho que hay comunidades del PSOE que no tienen Consejería de Igualdad, como Asturias. Algo que es falso: la vicepresidenta de la Junta, Gimena Llamedo, es también ministra de Igualdad. Una mentira que, como las demás, han pasado por alto los “verificadores” del entrevistador. Feijóo ha participado en la entrevista durante cerca de hora y media en la que se ha abordado de inicio la alianza que tendrán que suscribir PP y Vox para gobernar tras el 29N, según apuntan casi todas las encuestas. Feijóo ha justificado su posible pacto con el partido ultra en que “tiene muchos más votos y mucha más expectativa electoral que toda la izquierda junta, excluido el PSOE”. Una afirmación que es solo media verdad si se tienen en cuenta los datos de las elecciones generales de 2023. Entonces, Vox sacó 3,057 millones de votos. Sumar, 3,044. Sumados los demás partidos de izquierdas de ámbito autonómico, el partido de Abascal queda muy atrás. Feijóo no ha revelado qué ministerios plantea entregar a Vox llegado el caso, pero sí ha dicho que algunos están vetados para los de Abascal. “Hay ministerios de Estado que entiendo que deben de tener una preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento, no tenga ninguna duda”, ha afirmado, aunque sin especificar cuáles. Preguntado si hay ministerios “intocables” para Vox, ha respondido: “Claro que lo tengo”. Pero además de los llamados “ministerios de Estado” (que suelen incluir Exteriores, Interior, Defensa o Justicia), Feijóo ha vetado a Vox para Hacienda. “O tienes experiencia en hacer Presupuestos Generales del Estado, o tienes equipos”, ha afirmado, para negar que se pueda “llegar al Ministerio de Hacienda a aprender”. Con todo, Feijóo ha dado por hecho que pactará con Abascal lo que sea necesario para alcanzar la Moncloa, tras el fallido intento de 2023. Dudas sobre la bajada de impuestos El candidato del PP ha puesto también en duda su propia promesa de una bajada generalizada de impuestos. “Yo he dicho que tenemos que bajar los impuestos”, ha afirmado, a lo que el entrevistador ha replicado: “¿Tenéis o los vais?”. Feijóo ha contestado: “Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos. Pero también digo, yo necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas en mi país”. “Tengo muchas dudas. No me creo los datos”, ha afirmado. Feijóo pone así en duda a los organismos del Estado que controlan la ejecución presupuestaria y que analizan la marcha de la economía para certificar los niveles de ingresos, gastos, deuda y déficit, como pueden ser la Airef, el Banco de España o el INE. El líder del PP ya ha puesto en el pasado en duda a estas instituciones públicas. “Creo que hay una ocultación de gasto”, ha insistido. “Creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos”, ha afirmado. “Viene hoy en los medios de comunicación que el Gobierno lleva adjudicado en los últimos consejos de ministros unos 18.000 o 19.000 millones en gasto de Defensa”, ha añadido. Feijóo no ha querido asumir cuál será su gasto en Defensa, después de que España haya alcanzado ya el 2% del PIB , tal y como se comprometió Pedro Sánchez con la OTAN. EE UU exige que España llegue al 5%, una cifra que Feijóo no ha descartado, pero a la que tampoco se ha comprometido. Pensiones: “No tenemos previsto ampliar la edad de jubilación” El candidato del PP ha reiterado su promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC, algo a lo que obliga una ley que el PP rechazó en el Congreso. “El objetivo es buscar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que todavía no las cobran”, ha afirmado Feijóo, quien no ha expuesto qué modelo quiere implantar para lograr dicho objetivo. Feijóo ha puesto en duda la sostenibilidad del actual sistema al afirmar que “aproximadamente estamos hablando de unos 50.000 millones, más o menos, que se transfieren de impuestos a pensiones”. Y ha dado pistas de cuáles son sus planes, de forma inconcreta: “Pretendo decirle a un señor con 67 años que, si quiere trabajar, le facilito el cobro parcial [de la pensión], compatible con el sueldo”. Sobre la actual edad de jubilación, Feijóo ha afirmado que 67 años le parece “una edad razonable”. “No tenemos previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación después de los 67”, ha añadido. Preguntado por la falta de concreción, el líder del PP ha dicho que intenta “ser honesto en las contestaciones”, y ha zanjado: “No vamos a ampliar la edad de jubilación. Y punto”. Recorte de 12.000 millones en bajas laborales Feijóo ha insistido además en sus críticas al supuesto alto “absentismo laboral” que hay en España. El líder del PP ha reiterado el dato de que “cada día, un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo”. Una información que no es oficial, sino extraída de un informe de la empresa de trabajo temporal Randstad, y que aglutina todo tipo de ausencias: bajas médicas, permisos por nacimiento o cuidado de menores, asistencia a juicios o funerales, enfermedades, operaciones, y un largo etcétera. El candidato del PP lo ha metido todo en el mismo saco, y ha afirmado que el coste son “20.000 millones de euros”, sin aportar la fuente de su afirmación . Como durante toda la entrevista, los supuestos “verificadores” contratados por Jordi Wild han permanecido en silencio. “Yo no digo que todo sea fraude”, ha dicho Feijóo. “Lo que sí digo es que la sociedad española no está enferma si es trabajador por cuenta propia y sí [cuando] es trabajador por cuenta ajena”, ha añadido, dando a entender que los empleados se cogen bajas falsas porque los autónomos faltan menos al trabajo. El líder del PP ha afirmado que el absentismo en los autónomos es del 4%. Los “verificadores” han intervenido por primera y única vez para bajarlo al 1%. Nadie ha explicado que los autónomos están englobados dentro de la CEOE, la patronal de los empresarios. Feijóo ha insistido en que muchas de las bajas médicas son falsas, y ha puesto en duda a los trabajadores de los servicios sanitarios públicos. “Hay absentismos del 12%, del 13, del 14%”, ha dicho. “Todo el mundo conoce al médico si trabajas en un servicio de salud, ¿no?”, ha insinuado. “Ahí tenemos 10.000, 12.000 millones para las pensiones”, ha concluido. Es decir, que Feijóo plantea un recorte de hasta 12.000 millones en compensaciones de bajas laborales que, ha afirmado, se destinarán a pagar jubilaciones. Feijóo también ha planteado un recorte en el ingreso mínimo vital. Una vez más, ha dado datos falsos sin aportar la fuente. “La información que nos han trasladado es que hay medio millón de inmigrantes cobrándolo sin haber trabajado una sola hora en el último año”, ha afirmado. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que más del 80% de los perceptores son españoles, y dos de cada tres han trabajado en el último año. La entrevista no ha abordado con mucho ahínco el asunto de la inmigración, pero Feijóo ha tenido tiempo de decir otra falsedad que los “verificadores” de Jordi Wild han pasado por alto. El líder del PP ha planteado la opción de levantar centros de deportación de personas migrantes en terceros países, algo que ha fallado en el pasado y que no se ha logrado poner en marcha en ningún país. Pero Feijóo ha afirmado que Italia sí lo está haciendo. “Yo creo que en Italia ha funcionado”, ha dicho. “Por lo menos ha funcionado parcialmente”, ha añadido. Pero la realidad es que los centros de deportación de Italia a Albania han sido bloqueados por los tribunales. Marcial Dorado: “Prefiero esta foto a la colección” de Sánchez Jordi Wild ha preguntado a Feijóo por su larga amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, y por las muchas fotografías de los viajes y encuentros de ambos. El líder del PP ha insistido en el argumento que ya dio en 2023, cuando justificó su desconocimiento en que entonces “no había internet ni Google” . “Conocí a esta persona en un contexto político y no había nada de narcotráfico. Se había dedicado y había tenido contrabando de tabaco. Que yo sepa, se le imputan asuntos de narcotráfico tres años después de que dejara de tener relación”, ha contestado por la famosa imagen de ambos en el yate, fechada en 1995. Según su relato, dejó de tener relación con él años después, cuando se enteró de que “tenía todavía un juicio pendiente por contrabando”. Pero la realidad es que esa amistad tuvo lugar cuando Dorado ya aparecía de forma habitual en informaciones periodísticas y estaba implicado en procesos judiciales por actividades relacionadas directamente con el narcotráfico. Antes de que Feijóo se subiese a su yate, Dorado había sido uno de los detenidos en la Operación Nécora, que dirigió a partir de junio de 1990 el juez Baltasar Garzón y fue la primera gran redada contra el narcotráfico en Galicia. Salió absuelto, pero su cara aparecía habitualmente en los telediarios. Dorado también apareció en los periódicos a raíz de la Operación Peseta Connection, una investigación internacional en la que participaron las policías de Francia y Suiza que perseguía a una red de blanqueo de capitales en Europa. Una vez más, los verificadores han pasado por alto sus afirmaciones. Feijóo incluso ha puesto en duda que Dorado y él fueran amigos. “¿Amigos? Ahí lógicamente alguien habrá hecho esa foto, ¿no? No estábamos solos, ¿no?”, ha cuestionado. “Es curioso que en esas fotos no salga nadie más. ¿A ti qué te... no te sorprende?”, ha deslizado, sin explicar a qué se refiere exactamente. El líder del PP ha pasado al ataque y ha reprochado las fotografías de Pedro Sánchez con, por ejemplo, el condenado Víctor de Aldama. “Cada uno es responsable de sus fotos, yo prefiero tener esta”, ha zanjado. El abogado del PP y Koldo Feijóo ha respondido también sobre la supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García, quien afirma que el representante del partido le ofreció un millón de euros por testificar contra Pedro Sánchez. Feijóo no ha negado la reunión. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo . El ático de Ayuso, lo “normal” Feijóo también ha entrado en el tema del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para, supuestamente, alojar temporalmente las oficinas de la Presidencia que ocupa Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha reiterado que fue informado previamente de manera informal, pero ha rebajado mucho la importancia de la adquisición y del gasto. “Si tuviésemos tiempo de contar en qué hemos metido siete millones de euros en España”, ha ironizado. “Si eso no es nada”, ha afirmado sobre el estipendio. “¿Sabes cuánto cuesta el alquiler de los lectores de los DNIs digitales para estas elecciones?”, ha cuestionado, sin desvelar que es su partido quien ha pedido que se pongan dichos lectores. “¿Cuánto?”, ha preguntado Jordi Wild. “Que te lo digan los supervisores”, ha zanjado Feijóo.

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Hace 5 h

eldiario.esGeneral

La huelga sí que fue contra el (los) Gobierno(s) (se abre en una pestaña nueva)

Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.

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Hoy, hace 18 h

eldiario.esGeneral

Feijóo sigue la estela de Ayuso y se compromete a legislar para el 'no nacido': "Buscan cambiar el imaginario" (se abre en una pestaña nueva)

Como ya hiciera la presidenta madrileña el pasado verano, el PP incluye en su programa electoral que el embrión "computará" para recibir ayudas, una medida que según las expertas, forma parte de una nueva estrategia antiaborto a nivel global ante el coste social que tiene restringir el derecho El PP de Ayuso aprueba junto a Vox la ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos Ya lo advirtió cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó junto a Vox la ley del concebido no nacido en la Comunidad de Madrid, pero ahora Alberto Núñez Feijóo lo ha plasmado en el programa electoral para las elecciones del 29N: si llega a la Moncloa, el Partido Popular quiere sacar adelante la misma norma a nivel estatal. De esta forma, los embriones “computarán” para recibir las ayudas y beneficios “que correspondan a las familias”, esgrime la hoja de ruta de la formación conservadora. Pese al lenguaje aparentemente inocuo y a englobar la medida en el epígrafe del fomento de la natalidad, titulado “España será el mejor país para formar una familia”, críticos y voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de leyes esconden una fuerte carga ideológica. Feijóo se acerca así a la estrategia que lleva tiempo ensayando el movimiento antiaborto a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, donde varios estados reconocen al embrión desde el momento de la concepción como una forma de menoscabar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El precedente en España lo inauguró Ayuso el pasado verano, cuando dio luz verde a la legislación que reconoce al no nacido como miembro de la unidad familiar. En la práctica, una vez se acredite el embarazo, las mujeres pueden solicitar ya las ayudas y beneficios fiscales que utilizan como criterio la renta familiar aunque aún no se haya producido el parto. Además, el título de familia numerosa puede disfrutarse desde la semana 14. La ley preveía que fueran las bases de las diferentes ayudas las que concretarían los cambios. El PP de Madrid presentó la iniciativa como una forma de “incentivar” los nacimientos en España y Feijóo ya entonces siguió la misma línea asegurando que “cuando una mujer está embarazada” debe tener “apoyo del sector público”. Sin embargo, al mismo tiempo Ayuso quiso dejar claro que, al menos uno de los objetivos, tenía ecos del discurso antiaborto: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró. La estrategia de reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto) está abriéndose paso a nivel internacional y ha ido ganando terreno desde que el Tribunal Supremo tumbara en Estados Unidos la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en el país. El modus operandi ya no es tanto reconocer al feto de forma explícita en grandes leyes o en la Constitución, sino hacerlo de forma “gradual” en diferentes ámbitos parciales como las ayudas sociales, la fiscalidad o la responsabilidad civil, explica la politóloga y directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Aldavert. “El objetivo final es plantear una dicotomía entre ese supuesto derecho a la vida del 'no nacido' y el derecho a la soberanía corporal de las mujeres y el aborto”, plantea la experta. La idea la resumió Johanna Hussain en un artículo publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell (Nueva York): “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse un asesinato”. Aunque en España, las propuestas de leyes del concebido no nacido no llegan tan lejos y se limitan a reconocerlo para acceder a ayudas, para Aldavert lo relevante es el fondo de la cuestión: “Poco a poco van cambiando el marco y consiguen modificar los imaginarios sociales y culturales”, asegura. Natalidad frente a recortes al aborto De momento, y tras la publicación del programa electoral del PP, Feijóo no se ha pronunciado específicamente sobre la ley del concebido no nacido a la que se compromete, pero sí ha asegurado este miércoles en El Hormiguero que no cambiará la ley del aborto vigente desde 2010, que permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2023. Lo que sí dejó en el aire es lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años para que tengan que informar a sus progenitores en caso de abortar, una medida que el líder popular considera que responde a un “debate abierto”, pero que no ha incluido en el programa porque no lo califica de “prioridad”. Frente a ello, Feijóo se comprometió a “garantizar” que si una mujer “no se atreve a ser madre porque no tiene una situación económica adecuada pueda tener un hijo”, afirmó en línea con el mensaje que suele presentar a las mujeres que abortan como víctimas de presiones económicas en lugar de reconocerlo como una decisión autónoma. Que este sea su discurso y que la promesa del concebido no nacido esté englobada en el programa en las medidas para fomentar la natalidad no es casualidad, sino “una nueva estrategia antiaborto”, según Aldavert. La experta identifica en los últimos años un “cambio de lenguaje y de enfoque” en el que “la idea es hablar más de familias, cultura de la vida, natalidad, ayudas a la mujer embarazada...” y menos de restringir el derecho al aborto debido al coste social que tiene a día de hoy y tras lo ocurrido con el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió después de que su intento de reforma de la ley fuera masivamente contestada en la calle. “Saben que el ataque directo al derecho al aborto tiene unas consecuencias importantes entre la mayor parte de la sociedad. El PP se ha dado cuenta de que no les beneficia, por lo que se enfocan en medidas natalistas que crean imaginarios difíciles de rechazar”, esgrime la politóloga, quien asegura que el apoyo a las familias “pasa por reconocer a todos los tipos de familia, sean como sean” e impulsar medidas que tengan que ver con “combatir la precarización de los cuidados, que suele recaer en las mujeres, mejorar los salarios o impulsar la educación 0-3”. Está aún por ver cuáles son las propuestas de Vox en este sentido, que sí se ha manifestado más abiertamente contra la ley del aborto en varias ocasiones y que, según la mayoría de encuestas , sería necesario para que el PP pudiera alcanzar la mayoría tras las elecciones.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

PP y Vox, contra las normas que protegen los medios públicos, dan transparencia al sector y regulan la publicidad (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.

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Ayer

infoLibreGeneral

El éxito de la huelga y el desbarre del PP (se abre en una pestaña nueva)

Ha sido la huelga general de la vivienda. Del coste de la vida, de no llegar, de no poder emanciparse ni tomar decisiones. La huelga de quienes malcomen a final de mes, siguen en casa de sus padres y del miedo a un futuro laboral en plena transformación. La octava huelga general en democracia que interpela a quienes tienen trabajo y a quienes no. La huelga más generacional de nuestra historia. El acierto de los sindicatos ha sido dejarse arrastrar por la explosión sobrevenida del desahucio de Maricarmen . Por una indignación latente que solo necesitaba una mecha. Y no quedarse descolgados de su razón de ser. La vivienda es la diana en la que confluye todo un pantone de malestares. Es la gran crisis de las clases medias, la fractura de las familias sin distinción. El 67% de los jóvenes de 35 años que viven con sus padres se han dado la mano con trabajadores del metal, profesores, conductores, limpiadores, sindicalistas... padres y madres trabajadoras que también han podido hacer huelga y tienen a sus críos viviendo en casa. Este 11N ya no puede medirse como en los noventa . Más allá del seguimiento sindical y las cifras que den unos y desdeñen otros, los medidores han cambiado. La caída del consumo eléctrico no es un indicador definitivo. Ni la actividad es igual, ni se trabaja igual. Hay un agujero propio de nuestros tiempos. Los miles de pequeños autónomos que viven de facturar lo que pueden y no tienen sindicato ni empresa a la que pedir cuentas. En un país de Pymes, muchos y muchas temen las consecuencias de parar. El Gobierno ha apoyado la convocatoria como si no le interpelara. «Arrimar el ascua a su sardina», en palabras de Pepe Álvarez. Su mérito ha sido convertir la huelga en una palanca política a su favor. Su error sería pensar que ese rédito se trasladará automáticamente a las urnas el 29N. Es una huelga con varios sin precedentes . El principal, el hostigamiento contra los sindicatos por parte de la oposición. Los insultos del PP en fondo y forma no caben en un partido de Estado. A UGT y CCOO se les puede reprochar que no la convocaran antes o coincidir con la precampaña electoral. Pero su legitimidad es incuestionable . A quienes la tachan de ilegal conviene recordarles la naturaleza de la huelga como instrumento de protesta de los trabajadores y su cobertura constitucional y legal. El 8 de marzo de 2018 ya hubo un precedente. Ante el mayor paro de mujeres de la democracia, fueron ellas quienes lo impulsaron y los sindicatos quienes acabaron dándole cobertura legal y sumándose a la reivindicación de igualdad. El PP, al copiar y superar a Vox, ha cometido un error del que es difícil volver. Ayuso lanzó el “basura sindical” y el PP lo ha legitimado . La posición de la dirección nacional, retuiteada por el grupo parlamentario popular, ha difundido una imagen de IA con falsos sindicalistas atiborrándose a gambas y cerveza. Tan chusco como impresentable. Tan fuera del respeto a los agentes del diálogo social que hace saltar toda convención de un partido de gobierno. Hasta la patronal ha sido cautelosa y ha guardado las formas respetando el día de las organizaciones sindicales. Para competir con Vox el PP se está transformando en otra cosa. Saliéndose de un tablero al que cuesta volver a colocar las fichas. En 2024 Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder de la oposición en asistir al 44 Congreso Confederal de UGT. En su discurso, aplaudido entonces, recordó a su padre. “Soy hijo de un empleado de la construcción que cuando acabé mi carrera se fue al paro con 50 y pocos años. Nunca se volvió a recuperar anímicamente. El paro cambió su vida y también la mía”. De este Feijóo parece no quedar nada . Y después del “basura sindical” es difícil imaginar qué otros umbrales decidirá traspasar.

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Hace 2 días

infoLibreGeneral

Las duras cargas policiales marcan una jornada de huelga general que los sindicatos valoran como un "éxito" (se abre en una pestaña nueva)

España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.

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Hace 2 días

infoLibreGeneral

Lo ocurrido con Abascal en ‘La Revuelta’ erosiona la función de servicio público de RTVE en plena campaña (se abre en una pestaña nueva)

La ley obliga a la televisión pública a garantizar pluralismo, igualdad y neutralidad durante el periodo electoral. Pero este lunes, a veinte días de las elecciones generales del 29 de noviembre , RTVE permitió que un partido, la formación de extrema derecha Vox , gestionara el público que asistió en directo a la grabación de la entrevista que La 1 hizo a su candidato, Santiago Abascal . Ocurrió en La Revuelta , el programa de entretenimiento que presenta el humorista David Broncano . Lo ocurrido afecta a algo más que a un programa. Y, en ausencia de explicaciones detalladas, que la dirección de Comunicación prefirió no ofrecer (la corporación “no hace declaraciones” sobre el asunto, fue la respuesta enviada a infoLibre ), pone en cuestión la capacidad de RTVE para ejercer su papel de servicio público en plena precampaña. Es un papel que exige tratar a todos los candidatos con las mismas reglas y que ninguno decida condiciones especiales para la realización de su entrevista. David Broncano lo explicó al empezar la emisión. El equipo de Abascal temía que el público habitual, al que el presentador situó en posiciones de izquierda, rompiera el ritmo de la entrevista. Vox pidió encargarse de la gestión de los asistentes y lo hizo a través de una agencia. El programa no solo aceptó, sino que renunció a su formato habitual, un show de entretenimiento, para ensayar lo que a todas luces pretendía ser una entrevista informativa seria. De poco sirvió que, al final, el propio Broncano reconociese que el apoyo unánime de la sala ofrecía una imagen falsa del respaldo a Vox. “Creo que hemos visto una cosa que no es real”, dijo. Por el mismo sofá habían pasado Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero. Y lo hizo en la noche del martes Ada Colau. En ninguna de esas visitas se cambió el público. Queda por ver si el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo , aceptará acudir y pedirá también llevar a su propio público. Broncano intentó discutir con Abascal sobre Gaza, la violencia machista y el cambio climático, pero el líder ultra se escapó en la mayoría de las respuestas, libre para exhibir en prime time los bulos sobre los que construye su discurso . Tan suelto se encontró que, al final, se sintió lo suficientemente seguro como para amenazar a Broncano deseándole suerte en el futuro porque iba a necesitarla, en alusión a la motosierra que su partido quiere aplicar a los medios públicos. La entrevista fue la emisión más vista de la historia del programa. Reunió a 4.815.000 espectadores de media y un 33,6% de cuota. Al menos 8.670.000 personas la vieron durante un minuto o más, el 18,2% de la población. El entorno de Vox celebra la entrevista, que se ha convertido en materia de campaña, como un éxito estratégico. Pedro Sánchez escribió en X que “amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó tras el Consejo de Ministros que lo que se vio fue a un político insultar y amenazar a un trabajador. El ministro de Cultura y miembro de Frente Amplio, Ernest Urtasun, calificó de “absolutamente inaudito” que un candidato acuda a la radiotelevisión pública con su propio público. Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, cuestionó que se llevara a Abascal al horario de máxima audiencia. Gabriel Rufián , candidato de ERC, salió en defensa del presentador. Desde el PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que la entrevista buscaba alimentar la división entre su partido y Vox. José Pablo López , presidente de RTVE, defendió la decisión en X. “Muchos diréis que bastaba con decirles que no”, escribió, pero la corporación no regala excusas para “gritar censura” ni crea “mártires en un teatro”. “Seguramente no fue el escenario ideal para el talento de David, y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser ‘capitán a posteriori ’”, subrayó. “Si ante una frase como ‘vas a necesitar suerte’ algunos prefieren quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública, demuestran que les preocupa más el desgaste del formato que el fondo de lo que se escuchó anoche. Todo mi apoyo a David y a su equipo”. A falta de más explicaciones, que RTVE no quiso ofrecer, el mensaje sugiere que la dirección conocía la petición de Vox y la aceptó. López plantea un dilema entre aceptar o vetar, pero no explica por qué no eligieron la tercera opción, que era aplicar a Abascal las mismas reglas que a los candidatos anteriores. La reflexión que anuncia la Presidencia de la radiotelevisión pública sitúa el tratamiento electoral y el compromiso de servicio público de RTVE en el centro de todos los focos, a la espera de saber si el presidente o sus subordinados tuvieron alguna responsabilidad en que Abascal llevase su propio público. En principio, todo apunta a que RTVE carece de un protocolo coherente para gobernar la capacidad de sus programas de organizar y editar entrevistas con candidatos electorales . Dentro de la casa sí ha habido respuesta. El Consejo de Informativos de TVE , que representa a los trabajadores de la televisión pública que intervienen en la elaboración de la información, afirmó este martes en un comunicado que el programa del lunes le hizo “sentir muy incómodos”. El consejo considera “errores graves” el cambio del público habitual y el abandono del humor, que define como la esencia del programa. Y, aunque La Revuelta no entra dentro de sus competencias, ha decidido pronunciarse porque el programa se convirtió en la práctica en una emisión informativa, aunque “sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características”. A juicio del consejo, una entrevista política, y más en un proceso electoral, debería realizarla el personal de los servicios informativos, con “producción 100% interna”. “Alguien debería asumir las responsabilidades” por lo ocurrido, concluye el comunicado. La incomodidad llegó también a la antena de RTVE. Silvia Intxaurrondo , presentadora de La hora de La 1 , planteó este martes tres preguntas a raíz de la entrevista. La primera es si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública. La segunda, si RTVE puede ser neutral cuando tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad. La tercera, dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios. Intxaurrondo explicó también su propia práctica. En los últimos tres años, dijo, su programa no ha entrevistado a nadie que vaya contra los derechos humanos, salvo que ella no estuviera presente o que lo ordenara la Junta Electoral Central. “Yo lo he tenido claro siempre”, afirmó, dando a entender que otros programas no. La Revuelta no es el único espacio de entretenimiento de La 1 que entrevista a candidatos en precampaña. Este jueves, 12 de noviembre, Pedro Sánchez visitará en directo El perro andaluz , el programa de humor y entrevistas que presenta Manu Sánchez . RTVE anuncia una conversación en la que la seriedad convivirá con la ironía y la sátira. La visita responde a una invitación pública que Manu Sánchez lanzó en su monólogo del 22 de octubre. El programa, que ya ha tenido a Ada Colau como invitada, tenía prevista también una entrevista con Irene Montero el 29 de octubre, que se suspendió por el accidente ferroviario de Urda. No consta que haya extendido la invitación a Abascal ni a Feijóo. El artículo 66 de la ley electoral exige a los medios públicos, durante el periodo electoral, respeto al pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. La Junta Electoral Central precisó en su instrucción 4/2011 que organizar entrevistas electorales corresponde a la dirección de cada medio, que debe respetar esos principios. Para cumplir con la ley, RTVE ha remitido a la Junta su plan de cobertura informativa para el 29N. El documento fija con detalle las entrevistas a candidatos. Se emitirán durante la campaña en La hora de La 1 y en Las mañanas de RNE , con una duración proporcional a los escaños obtenidos en 2023, de entre cuatro y 30 minutos. A Abascal le corresponden 20 minutos el 24 de noviembre en La hora de La 1 , el programa de Intxaurrondo. La Revuelta y El perro andaluz no figuran en el plan. Tampoco hay referencia alguna a los programas de entretenimiento. Sus entrevistas, además, se han emitido antes del arranque oficial de la campaña, el 13 de noviembre. La de Sánchez con Manu Sánchez será la víspera. Quedan así fuera de cualquier reparto, pese a que la obligación de neutralidad rige desde la convocatoria.

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