La candidata del Frente Amplio rechaza asociar inmigración con delincuencia y reivindica que "los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, fue la primera de los cabezas de lista de los grandes partids en ser entrevistada por el youtuber Jordi Wild, y este viernes su charla también fue la primera en ser publicada. En la conversación, que duró más de dos horas, Colau abordó temas como las razones por las que considera conveniente compartir Gobierno con el PSOE, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la corrupción de los socialistas o la vivienda. Pero fue en el bloque sobre inmigración donde se mostró más tajante frente a las posiciones del youtuber y tachó tajantemente de “falsa” la “afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia”. La entrevista, emitida a partir de las 8 de la mañana de este viernes, tuvo picos de más de 100.000 espectadores durante su retransmisión en directo. En ella, Wild dedicó un bloque completo a la inmigración, y cuestionó a Colau sobre los motivos por los que, a su juicio, “la inmigración preocupa tantísimo en España, y cada vez más”, así como por si existe un “choque cultural” porque “estamos, quizás, dejando entrar demasiado rápido y sin control a demasiada gente”. El comunicador también preguntó a la candidata del Frente Amplio si le “impacta” que “casi la mitad de los bebés catalanes son de madre nacida fuera” y que “lo previsible, según las proyecciones del INE” sea que “dentro de 50 años alrededor del 40% de los residentes en España hayan nacido fuera”. Ante esas cuestiones, Colau fue taxativa: “Creo que la afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia es falsa”. “Algunos migrantes delinquen sí, y si delinquen sabes que le va a caer el peso de la ley encima, los pueden detener y los pueden llevar a prisión como a cualquiera, pero la mayoría de personas migrantes no delinquen ni son ningún problema”, sostuvo la candidata del Frente Amplio. Y, ante la insistencia de Wild, recordó que Catalunya fue un territorio receptor de inmigración procedente de otras zonas de España durante décadas: “Los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía”. “Esas personas, cuando llegaban a nuestra ciudad, como a otras ciudades, porque hubo una migración muy fuerte del campo a la ciudad, escuchaban este tipo de comentarios: se les llamaba charnegos”. “Mi familia es andaluza”, intervino entonces Wild. Y, en respuesta, Colau explicó que sus antepasados, “de Huesca y de Soria, vinieron a la ciudad a trabajar, no a que les regalaran nada”. “Y al principio tuvieron que aguantar muchos comentarios: que eran sucios, que eran pobres, que venían de fuera, que eran de segunda clase... esta gente son nuestros padres y nuestros abuelos, y en los barrios populares de Barcelona, esta gente que tiene memoria sale a decir 'no' cuando escucha discursos racistas”, espetó Colau. “Si quieres cambiar las cosas tienes que pringarte” Más allá de su conversación en torno a la inmigración, la candidata del Frente Amplio también evidenció sus diferencias con el PSOE en asuntos como la vivienda y se mostró crítica con los socialistas en relación a la corrupción. “Pedro Sánchez es un hombre que habla bien pero que, si no tiene presión, no hace suficientes políticas progresistas”, sostuvo Colau, que afirmó que el líder del PSOE “es muy bueno hablando y comunicando, pero a la hora de pasar de las palabras a los hechos, si no hay una fuerza política como la nuestra que le obligue a hacer políticas de vivienda”, se queda corto. “Creo que la presión social que hay ahora es una oportunidad histórica para hacer que el PSOE, si nosotros entramos con fuerza al Congreso de los Diputados, tenga que hacer leyes que acaben con la especulación”, insistió en este sentido la candidata, que defendió la intervención pública del mercado de la vivienda y medidas ya anunciadas, como la expropiación a grandes fondos. Colau, asimismo, apostó por regular precios del alquiler —una decisión que, en última instancia, depende de las comunidades autónomas— en base a “un índice de referencia en base a los salarios medios”. “Las leyes tienen que proteger al pequeño propietario” —el que tiene menos de cuatro viviendas, aclaró— “y al inquilino con precios que se ajusten a los sueldos que tenemos”, insistió. La dirigente también se mostró crítica con los casos de corrupción que han afectado al PSOE esta legislatura. Eso, no obstante, no le impidió defender que el Frente Amplio tiene que reeditar la coalición con los socialistas tras las elecciones si lo permite la aritmética parlamentaria, y defendió que no está de acuerdo en “comprometer toda una acción de Gobierno donde se están haciendo cosas buenas, como subir el salario mínimo, la reforma laboral, mejorar el sistema dependencia” por un caso de corrupción en el que “se ha apartado y sacado inmediatamente del Gobierno” a su responsable. La línea roja, afirmó, es que se demostrara que el PSOE se ha beneficiado de estas corruptelas: “Ahí sí romperíamos”. “Yo quiero cambiar la realidad, y si quieres cambiar la realidad tienes que entrar a un juego del que tú no dominas todas las normas, es imperfecto”, argumentó en este sentido Colau, que afirmó que “en los partidos políticos, en general, hay gente muy buena, en el PP y en el PSOE también, y luego hay gente que es amoral o hay gente que es corrupta”. “Pero para cambiar eso tienes que entrar y pringarte las manos; si no entras, no cambias las reglas del juego”, planteó.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La candidata del Frente Amplio rechaza asociar inmigración con delincuencia y reivindica que "los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, fue la primera de los cabezas de lista de los grandes partids en ser entrevistada por el youtuber Jordi Wild, y este viernes su charla también fue la primera en ser publicada. En la conversación, que duró más de dos horas, Colau abordó temas como las razones por las que considera conveniente compartir Gobierno con el PSOE, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la corrupción de los socialistas o la vivienda. Pero fue en el bloque sobre inmigración donde se mostró más tajante frente a las posiciones del youtuber y tachó tajantemente de “falsa” la “afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia”. La entrevista, emitida a partir de las 8 de la mañana de este viernes, tuvo picos de más de 100.000 espectadores durante su retransmisión en directo. En ella, Wild dedicó un bloque completo a la inmigración, y cuestionó a Colau sobre los motivos por los que, a su juicio, “la inmigración preocupa tantísimo en España, y cada vez más”, así como por si existe un “choque cultural” porque “estamos, quizás, dejando entrar demasiado rápido y sin control a demasiada gente”. El comunicador también preguntó a la candidata del Frente Amplio si le “impacta” que “casi la mitad de los bebés catalanes son de madre nacida fuera” y que “lo previsible, según las proyecciones del INE” sea que “dentro de 50 años alrededor del 40% de los residentes en España hayan nacido fuera”. Ante esas cuestiones, Colau fue taxativa: “Creo que la afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia es falsa”. “Algunos migrantes delinquen sí, y si delinquen sabes que le va a caer el peso de la ley encima, los pueden detener y los pueden llevar a prisión como a cualquiera, pero la mayoría de personas migrantes no delinquen ni son ningún problema”, sostuvo la candidata del Frente Amplio. Y, ante la insistencia de Wild, recordó que Catalunya fue un territorio receptor de inmigración procedente de otras zonas de España durante décadas: “Los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía”. “Esas personas, cuando llegaban a nuestra ciudad, como a otras ciudades, porque hubo una migración muy fuerte del campo a la ciudad, escuchaban este tipo de comentarios: se les llamaba charnegos”. “Mi familia es andaluza”, intervino entonces Wild. Y, en respuesta, Colau explicó que sus antepasados, “de Huesca y de Soria, vinieron a la ciudad a trabajar, no a que les regalaran nada”. “Y al principio tuvieron que aguantar muchos comentarios: que eran sucios, que eran pobres, que venían de fuera, que eran de segunda clase... esta gente son nuestros padres y nuestros abuelos, y en los barrios populares de Barcelona, esta gente que tiene memoria sale a decir 'no' cuando escucha discursos racistas”, espetó Colau. “Si quieres cambiar las cosas tienes que pringarte” Más allá de su conversación en torno a la inmigración, la candidata del Frente Amplio también evidenció sus diferencias con el PSOE en asuntos como la vivienda y se mostró crítica con los socialistas en relación a la corrupción. “Pedro Sánchez es un hombre que habla bien pero que, si no tiene presión, no hace suficientes políticas progresistas”, sostuvo Colau, que afirmó que el líder del PSOE “es muy bueno hablando y comunicando, pero a la hora de pasar de las palabras a los hechos, si no hay una fuerza política como la nuestra que le obligue a hacer políticas de vivienda”, se queda corto. “Creo que la presión social que hay ahora es una oportunidad histórica para hacer que el PSOE, si nosotros entramos con fuerza al Congreso de los Diputados, tenga que hacer leyes que acaben con la especulación”, insistió en este sentido la candidata, que defendió la intervención pública del mercado de la vivienda y medidas ya anunciadas, como la expropiación a grandes fondos. Colau, asimismo, apostó por regular precios del alquiler —una decisión que, en última instancia, depende de las comunidades autónomas— en base a “un índice de referencia en base a los salarios medios”. “Las leyes tienen que proteger al pequeño propietario” —el que tiene menos de cuatro viviendas, aclaró— “y al inquilino con precios que se ajusten a los sueldos que tenemos”, insistió. La dirigente también se mostró crítica con los casos de corrupción que han afectado al PSOE esta legislatura. Eso, no obstante, no le impidió defender que el Frente Amplio tiene que reeditar la coalición con los socialistas tras las elecciones si lo permite la aritmética parlamentaria, y defendió que no está de acuerdo en “comprometer toda una acción de Gobierno donde se están haciendo cosas buenas, como subir el salario mínimo, la reforma laboral, mejorar el sistema dependencia” por un caso de corrupción en el que “se ha apartado y sacado inmediatamente del Gobierno” a su responsable. La línea roja, afirmó, es que se demostrara que el PSOE se ha beneficiado de estas corruptelas: “Ahí sí romperíamos”. “Yo quiero cambiar la realidad, y si quieres cambiar la realidad tienes que entrar a un juego del que tú no dominas todas las normas, es imperfecto”, argumentó en este sentido Colau, que afirmó que “en los partidos políticos, en general, hay gente muy buena, en el PP y en el PSOE también, y luego hay gente que es amoral o hay gente que es corrupta”. “Pero para cambiar eso tienes que entrar y pringarte las manos; si no entras, no cambias las reglas del juego”, planteó.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
La precampaña electoral continúa implacable hasta el comienzo de la campaña esta próxima medianoche del jueves al viernes. Hoy, la visita a la capital soriana para apoyar a sus candidatos el 29N le ha correspondido a Carlos Pollán, vicepresidente de Vox en las Cortes de Castilla y León y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha estado acompañado de los candidatos locales al Senado. Pollán ha definido Soria como ?el epicentro de la corrupción socialista en Castilla y León?, en alusiones al caso de la Fuentona, que continúa en secreto de sumario. El líder de Vox también ha señalado que el Ayuntamiento sabía que se iba a producir el registro y que Javier Antón avisó a su predecesor. Un Carlos Martínez que, considera, ?no puede sorprenderse? por el caso después de 20 años de mandato. Sin ?novedades? o información privilegiada por parte de Vox, Pollán indicaba que los siete detenidos y la larga lista de delitos ?nos hacen pensar que algo hay? y el partido se muestra expectante a que se resuelva el caso. Vox señala que ?la corrupción mata?, vinculando así este caso a los accidentes ferroviarios mientras el Gobierno estaba más pendiente de ?los bonus? o de ?colocar a señoritas de compañía? que las obras de mejora en la infraestructura. En este marco, el líder regional de los de Abascal ha denunciado que Soria sigue sin tren por las ?promesas vacías del felizmente dimitido Óscar Puente?. Pollán presenta a Vox como ?la única alternativa fiable para sacar a Sánchez de la Moncloa? y asegura que su partido ?trabaja fuerte? para tratar de lograr representación por la provincia de Soria, aunque esta solo reparta 2 diputados. Sobre el Centro de Acogida y Protección Internacional, Pollán ha indicado que este proyecto se construye en contra de los intereses de los vecinos de Soria y de la seguridad de la ciudad. ?Se gastan un dinero en algo que no aporta nada a los ciudadanos?, explica y propone poner la ?prioridad nacional? y rebajas fiscales con ese dinero para quienes quieren instalarse y mantenerse en Soria. El líder de Vox ha propuesto convertir el centro en vivienda para jóvenes, algo que considera ?una buena opción?. Preguntado por las dificultades para reconvertir el proyecto teniendo en cuenta que ha sido financiado por fondos europeos, señala que ?legalmente se pueden hacer muchas cosas?. Pollán lamenta que durante el gobierno de Pedro Sánchez hayan entrado cinco millones de personas en España y solo se hayan construido 400.000 viviendas. Preguntado por la reacción de la inmigración con la despoblación y la realidad de una provincia como Soria que se quedaría en 40.000 habitantes a final de siglo si no contase con inmigración, Pollán ha indicado que ?no se puede solucionar un problema permitiendo una ilegalidad?. Así, recuerda la postura de su partido de devolver a los inmigrantes que entren a España de manera irregular, repatriar a aquellos que sean condenados e iniciar un proceso de remigración para aquellos que viven de las ayudas públicas.
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
Frente Amplio ya tiene definidos sus candidatos por la provincia de Soria para las próximas elecciones generales. Alberto Flores encabezará la lista al Congreso de los Diputados , mientras que Manuel Madrid será el candidato al Senado dentro del acuerdo de coalición con el PSOE. La formación ha presentado hoy sus candidaturas acompañada por Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid , que ha aprovechado su intervención para desgranar las principales líneas de su proyecto político. Detrás de ambas candidaturas hay dos motivaciones diferentes, aunque comparten un mismo objetivo, que es el de defender los derechos sociales y evitar que un posible cambio de Gobierno suponga un retroceso en las conquistas de los últimos años. En el caso de Manuel Madrid, su regreso a la primera línea política tiene una razón personal y política. Jubilado desde hace cinco años, el histórico militante de Izquierda Unida reconoce que ?pensaba dedicar esta etapa de su vida a disfrutar de mi tiempo libre ?. Sin embargo, asegura que la situación política actual le ha llevado a volver a implicarse. ?A estas alturas y en estos momentos yo tengo mucho miedo ?, ha reconocido. Madrid, que comenzó su trayectoria sindical en Comisiones Obreras con apenas 14 años, cuando todavía estaba en la clandestinidad, considera que el avance de la derecha y la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox ?ponen en riesgo derechos que costó décadas conseguir?. Su principal preocupación está en las pensiones . El candidato al Senado teme que un cambio de Gobierno termine traduciéndose en " su congelación, pérdida de poder adquisitivo o privatización progresiva del sistema público ". Por eso, quiere convertirse en la voz de los 10 millones de pensionistas que hay en España y defender que las prestaciones sigan actualizándose conforme al IPC. ?Si sabemos lo que queremos y lo tenemos claro, podemos torcer el brazo a cualquier equipo de Gobierno que se precie de querer acabar con las pensiones, privatizarlas o congelarlas ?, ha afirmado. Natural de Alcoy y residente en Soria desde hace más de cuatro décadas, Madrid ha sido coordinador de IU, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria. También preside actualmente el Ateneo Republicano Mónico Vicente . Su candidatura al Senado se presenta en coalición con el PSOE , un acuerdo que busca sumar fuerzas para que la izquierda pueda conseguir un representante en la provincia y cambiar la Cámara Alta. Madrid considera que ?conseguir un senador sería toda una victoria de la izquierda?. Por su parte, Alberto Flores encabeza la candidatura al Congreso. Nacido en Madrid y criado en Tardelcuende, se define como ?un orgulloso pitorrero?. Su trayectoria profesional está vinculada a la hostelería y a la Administración pública . Es graduado en Ciencias Políticas, tiene un máster de profesorado y trabaja como secretario-interventor en un ayuntamiento. Le acompañará Lidia Molina Carazo como número dos. Los suplentes serán José Antonio Marín Carazo y María Milagros Solano Rodrigo. En la lista al Senado figuran como suplentes Ana Isabel García Garcés y Enrique García Domínguez. Vivienda, salarios y servicios públicos, entre las prioridades Más allá de la presentación de nombres, Emilio Delgado ha sido el encargado de explicar qué propone Frente Amplio y qué modelo de país quiere defender en esta campaña. Su discurso ha girado en torno a impedir que ?este país retroceda 50 años, pero tampoco podemos aceptar el país que tenemos ahora mismo. Necesitamos un gran salto adelante ?, ha afirmado. Para conseguirlo, la formación sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la lucha contra la inflación. En materia de vivienda, plantea frenar la especulación y garantizar que el acceso a una casa sea un derecho. Delgado ha reclamado que la vivienda protegida mantenga "esa condición de forma permanente", sin acabar en manos de fondos de inversión, porque ?las casas ya no son para vivir, son para especular y eso hay que cortarlo de raíz?, ha advertido. La formación también defiende mejorar los salarios del sector privado, reforzar la sanidad y la educación públicas y actuar frente al encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la energía. Para ello, Delgado propone " redistribuir la riqueza y hacer que una mayor parte de los beneficios económicos llegue a las familias trabajadoras". Transición ecológica y empleo de calidad Otro de los ejes es impulsar una transición ecológica que genere empleo de calidad. Su propuesta pasa por aprovechar el potencial de las energías renovables, desarrollar nuevas líneas eléctricas y centros de almacenamiento, rehabilitar edificios y mejorar la movilidad. Una transformación que, según ha defendido, ?podría abrir oportunidades en provincias como Soria?, ya que ?podríamos tener una industria verde con capacidad de generar empleo de alto valor añadido, con mejores salarios y con posibilidades para conciliar la vida laboral y familiar?, ha explicado. Delgado ha resumido la orientación económica de la formación con una frase muy clara: ? la motosierra se le aplica a los de arriba ?. Frente a los recortes en derechos y servicios, Frente Amplio apuesta por ? proteger a las clases trabajadoras y evitar una involución social?.
El Partido Popular ha iniciado en Soria su precampaña electoral ante los comicios del próximo 29 de noviembre con una jornada informativa en la capital que ha servido de antesala a los actos previstos en Ólvega y Ágreda. Durante este arranque de campaña, la formación ha querido situar en el eje de su discurso las prioridades del medio rural y el balance de la actividad legislativa desarrollada en las Cortes Generales durante la legislatura. El presidente del PP de Soria y de la Diputación Provincial, Benito Serrano , comenzaba el encuentro trasladando un mensaje de apoyo a los vecinos de Berlanga afectados por el reciente incendio en la Plaza Mayor , haciendo extensible el reconocimiento a su alcalde, Enrique Rubio, y a la labor desempeñada por los bomberos de la institución provincial. En su intervención, Serrano ha subrayado la labor realizada en la Cámara Alta a través de iniciativas promovidas desde la provincia, citando la Ley de Montes de Socios y el Mecanismo Rural de Garantía . Asimismo, ha vuelto a criticar por "cicatera" la aplicación del 1% en la fiscalidad diferenciada y las ayudas de funcionamiento, recordando que la normativa comunitaria de la Unión Europea autoriza llegar hasta un 20%. Propuestas legislativas e infraestructuras pendientes Por su parte el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Tomás Cabezón , ha desgranado el objetivo del Mecanismo Rural de Garantía , explicando que está diseñado para "analizar desde Madrid la repercusión de cada norma sobre el tejido socioeconómico rural, beneficie a empresas, agricultores o jóvenes". Cabezón ha defendido también la proposición sobre titularidad colectiva forestal elaborada conjuntamente con la Asociación de Montes de Soria, señalando que: " Un monte limpio es un monte más seguro y es un monte que también da valor al territorio ". El candidato al Congreso ha enfatizado que las 40 "leyes Feijóo" aprobadas en el Senado representan la alternativa programática dispuesta para su aplicación tras el 29-N. Igualmente, ha aludido a las carencias en materia de transportes que afectan a la provincia, mencionando el ritmo de ejecución de las autovías A-11 y A-15 y la suspensión del servicio de la línea de tren con Madrid durante un periodo de 18 meses . Plan de choque para jóvenes y balance parlamentario En la recta final, la portavoz del Grupo Popular en el Senado y candidata a la Cámara Alta por Ávila, Alicia García ha defendido la función del Senado como " contrapeso institucional " y ha lamentado que iniciativas registradas por los parlamentarios sorianos, entre los que ha citado a José Manuel Hernando, "permanezcan frenadas en el Congreso de los Diputados". García ha expuesto las líneas del plan de choque anunciado para dinamizar los pueblos , el cual contempla medidas de " impuestos cero " para jóvenes que busquen vivienda en el entorno rural , un bonus de 15.000 euros para emprendedores que inicien su actividad en el territorio y el blindaje de las ayudas relativas a la Política Agraria Común (PAC) en las negociaciones europeas . Por último, la portavoz ha aludido a las investigaciones parlamentarias y judiciales sobre la gestión de fondos públicos e infraestructuras a nivel estatal, contraponiendo el modelo de gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo frente al Ejecutivo actual.
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