La candidata del Frente Amplio rechaza asociar inmigración con delincuencia y reivindica que "los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, fue la primera de los cabezas de lista de los grandes partids en ser entrevistada por el youtuber Jordi Wild, y este viernes su charla también fue la primera en ser publicada. En la conversación, que duró más de dos horas, Colau abordó temas como las razones por las que considera conveniente compartir Gobierno con el PSOE, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la corrupción de los socialistas o la vivienda. Pero fue en el bloque sobre inmigración donde se mostró más tajante frente a las posiciones del youtuber y tachó tajantemente de “falsa” la “afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia”. La entrevista, emitida a partir de las 8 de la mañana de este viernes, tuvo picos de más de 100.000 espectadores durante su retransmisión en directo. En ella, Wild dedicó un bloque completo a la inmigración, y cuestionó a Colau sobre los motivos por los que, a su juicio, “la inmigración preocupa tantísimo en España, y cada vez más”, así como por si existe un “choque cultural” porque “estamos, quizás, dejando entrar demasiado rápido y sin control a demasiada gente”. El comunicador también preguntó a la candidata del Frente Amplio si le “impacta” que “casi la mitad de los bebés catalanes son de madre nacida fuera” y que “lo previsible, según las proyecciones del INE” sea que “dentro de 50 años alrededor del 40% de los residentes en España hayan nacido fuera”. Ante esas cuestiones, Colau fue taxativa: “Creo que la afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia es falsa”. “Algunos migrantes delinquen sí, y si delinquen sabes que le va a caer el peso de la ley encima, los pueden detener y los pueden llevar a prisión como a cualquiera, pero la mayoría de personas migrantes no delinquen ni son ningún problema”, sostuvo la candidata del Frente Amplio. Y, ante la insistencia de Wild, recordó que Catalunya fue un territorio receptor de inmigración procedente de otras zonas de España durante décadas: “Los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía”. “Esas personas, cuando llegaban a nuestra ciudad, como a otras ciudades, porque hubo una migración muy fuerte del campo a la ciudad, escuchaban este tipo de comentarios: se les llamaba charnegos”. “Mi familia es andaluza”, intervino entonces Wild. Y, en respuesta, Colau explicó que sus antepasados, “de Huesca y de Soria, vinieron a la ciudad a trabajar, no a que les regalaran nada”. “Y al principio tuvieron que aguantar muchos comentarios: que eran sucios, que eran pobres, que venían de fuera, que eran de segunda clase... esta gente son nuestros padres y nuestros abuelos, y en los barrios populares de Barcelona, esta gente que tiene memoria sale a decir 'no' cuando escucha discursos racistas”, espetó Colau. “Si quieres cambiar las cosas tienes que pringarte” Más allá de su conversación en torno a la inmigración, la candidata del Frente Amplio también evidenció sus diferencias con el PSOE en asuntos como la vivienda y se mostró crítica con los socialistas en relación a la corrupción. “Pedro Sánchez es un hombre que habla bien pero que, si no tiene presión, no hace suficientes políticas progresistas”, sostuvo Colau, que afirmó que el líder del PSOE “es muy bueno hablando y comunicando, pero a la hora de pasar de las palabras a los hechos, si no hay una fuerza política como la nuestra que le obligue a hacer políticas de vivienda”, se queda corto. “Creo que la presión social que hay ahora es una oportunidad histórica para hacer que el PSOE, si nosotros entramos con fuerza al Congreso de los Diputados, tenga que hacer leyes que acaben con la especulación”, insistió en este sentido la candidata, que defendió la intervención pública del mercado de la vivienda y medidas ya anunciadas, como la expropiación a grandes fondos. Colau, asimismo, apostó por regular precios del alquiler —una decisión que, en última instancia, depende de las comunidades autónomas— en base a “un índice de referencia en base a los salarios medios”. “Las leyes tienen que proteger al pequeño propietario” —el que tiene menos de cuatro viviendas, aclaró— “y al inquilino con precios que se ajusten a los sueldos que tenemos”, insistió. La dirigente también se mostró crítica con los casos de corrupción que han afectado al PSOE esta legislatura. Eso, no obstante, no le impidió defender que el Frente Amplio tiene que reeditar la coalición con los socialistas tras las elecciones si lo permite la aritmética parlamentaria, y defendió que no está de acuerdo en “comprometer toda una acción de Gobierno donde se están haciendo cosas buenas, como subir el salario mínimo, la reforma laboral, mejorar el sistema dependencia” por un caso de corrupción en el que “se ha apartado y sacado inmediatamente del Gobierno” a su responsable. La línea roja, afirmó, es que se demostrara que el PSOE se ha beneficiado de estas corruptelas: “Ahí sí romperíamos”. “Yo quiero cambiar la realidad, y si quieres cambiar la realidad tienes que entrar a un juego del que tú no dominas todas las normas, es imperfecto”, argumentó en este sentido Colau, que afirmó que “en los partidos políticos, en general, hay gente muy buena, en el PP y en el PSOE también, y luego hay gente que es amoral o hay gente que es corrupta”. “Pero para cambiar eso tienes que entrar y pringarte las manos; si no entras, no cambias las reglas del juego”, planteó.
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Lorena Guerra y Antonio Repullo mantienen un encuentro con representantes del sector agrario Los partidos inician en Córdoba la campaña para las elecciones generales del 29N: en juego, diez escaños
La candidata del Frente Amplio rechaza asociar inmigración con delincuencia y reivindica que "los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, fue la primera de los cabezas de lista de los grandes partids en ser entrevistada por el youtuber Jordi Wild, y este viernes su charla también fue la primera en ser publicada. En la conversación, que duró más de dos horas, Colau abordó temas como las razones por las que considera conveniente compartir Gobierno con el PSOE, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la corrupción de los socialistas o la vivienda. Pero fue en el bloque sobre inmigración donde se mostró más tajante frente a las posiciones del youtuber y tachó tajantemente de “falsa” la “afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia”. La entrevista, emitida a partir de las 8 de la mañana de este viernes, tuvo picos de más de 100.000 espectadores durante su retransmisión en directo. En ella, Wild dedicó un bloque completo a la inmigración, y cuestionó a Colau sobre los motivos por los que, a su juicio, “la inmigración preocupa tantísimo en España, y cada vez más”, así como por si existe un “choque cultural” porque “estamos, quizás, dejando entrar demasiado rápido y sin control a demasiada gente”. El comunicador también preguntó a la candidata del Frente Amplio si le “impacta” que “casi la mitad de los bebés catalanes son de madre nacida fuera” y que “lo previsible, según las proyecciones del INE” sea que “dentro de 50 años alrededor del 40% de los residentes en España hayan nacido fuera”. Ante esas cuestiones, Colau fue taxativa: “Creo que la afirmación de la derecha de asociar inmigración con delincuencia es falsa”. “Algunos migrantes delinquen sí, y si delinquen sabes que le va a caer el peso de la ley encima, los pueden detener y los pueden llevar a prisión como a cualquiera, pero la mayoría de personas migrantes no delinquen ni son ningún problema”, sostuvo la candidata del Frente Amplio. Y, ante la insistencia de Wild, recordó que Catalunya fue un territorio receptor de inmigración procedente de otras zonas de España durante décadas: “Los barrios populares de Barcelona los construyeron con sus manos la gente trabajadora migrante que vino de Extremadura o de Andalucía”. “Esas personas, cuando llegaban a nuestra ciudad, como a otras ciudades, porque hubo una migración muy fuerte del campo a la ciudad, escuchaban este tipo de comentarios: se les llamaba charnegos”. “Mi familia es andaluza”, intervino entonces Wild. Y, en respuesta, Colau explicó que sus antepasados, “de Huesca y de Soria, vinieron a la ciudad a trabajar, no a que les regalaran nada”. “Y al principio tuvieron que aguantar muchos comentarios: que eran sucios, que eran pobres, que venían de fuera, que eran de segunda clase... esta gente son nuestros padres y nuestros abuelos, y en los barrios populares de Barcelona, esta gente que tiene memoria sale a decir 'no' cuando escucha discursos racistas”, espetó Colau. “Si quieres cambiar las cosas tienes que pringarte” Más allá de su conversación en torno a la inmigración, la candidata del Frente Amplio también evidenció sus diferencias con el PSOE en asuntos como la vivienda y se mostró crítica con los socialistas en relación a la corrupción. “Pedro Sánchez es un hombre que habla bien pero que, si no tiene presión, no hace suficientes políticas progresistas”, sostuvo Colau, que afirmó que el líder del PSOE “es muy bueno hablando y comunicando, pero a la hora de pasar de las palabras a los hechos, si no hay una fuerza política como la nuestra que le obligue a hacer políticas de vivienda”, se queda corto. “Creo que la presión social que hay ahora es una oportunidad histórica para hacer que el PSOE, si nosotros entramos con fuerza al Congreso de los Diputados, tenga que hacer leyes que acaben con la especulación”, insistió en este sentido la candidata, que defendió la intervención pública del mercado de la vivienda y medidas ya anunciadas, como la expropiación a grandes fondos. Colau, asimismo, apostó por regular precios del alquiler —una decisión que, en última instancia, depende de las comunidades autónomas— en base a “un índice de referencia en base a los salarios medios”. “Las leyes tienen que proteger al pequeño propietario” —el que tiene menos de cuatro viviendas, aclaró— “y al inquilino con precios que se ajusten a los sueldos que tenemos”, insistió. La dirigente también se mostró crítica con los casos de corrupción que han afectado al PSOE esta legislatura. Eso, no obstante, no le impidió defender que el Frente Amplio tiene que reeditar la coalición con los socialistas tras las elecciones si lo permite la aritmética parlamentaria, y defendió que no está de acuerdo en “comprometer toda una acción de Gobierno donde se están haciendo cosas buenas, como subir el salario mínimo, la reforma laboral, mejorar el sistema dependencia” por un caso de corrupción en el que “se ha apartado y sacado inmediatamente del Gobierno” a su responsable. La línea roja, afirmó, es que se demostrara que el PSOE se ha beneficiado de estas corruptelas: “Ahí sí romperíamos”. “Yo quiero cambiar la realidad, y si quieres cambiar la realidad tienes que entrar a un juego del que tú no dominas todas las normas, es imperfecto”, argumentó en este sentido Colau, que afirmó que “en los partidos políticos, en general, hay gente muy buena, en el PP y en el PSOE también, y luego hay gente que es amoral o hay gente que es corrupta”. “Pero para cambiar eso tienes que entrar y pringarte las manos; si no entras, no cambias las reglas del juego”, planteó.
El presidente del PPdeG puso en valor la trayectoria de Feijóo, destacando su experiencia, su compromiso con el país y su proyecto para el conjunto de los españoles, asegurando que el futuro está en juego
Son mucho más que una alternancia en el Gobierno. España se enfrenta a una cita electoral que podría marcar un cambio de era política, el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva etapa en la que no sólo estarán en juego las mayorías parlamentarias, también el modelo de sociedad, la convivencia política y la capacidad de las instituciones para recuperar la confianza de unos ciudadanos cada vez más desencantados. Arranca la campaña más polarizada de la historia
El Partido Popular parte como gran favorito mientras el PSOE apela al voto útil de la izquierda Frente Amplio peleará por mantener un representante y Adelante entra en la batalla ¿Quién se presenta por Córdoba a las elecciones generales del 29N? Toda
En las pasadas elecciones generales el PP se llevó cinco de los 11 diputados, el PSOE logró tres, Vox, dos y Sumar, uno El CIS no defrauda: gana Sánchez y PP y Vox no suman
Sánchez confirma a su pareja como activo electoral del PSOE y Begoña Gómez participa en el mitin de arranque de acampaña mientras Feijóo y Abascal prometen cambiar España El CIS preelectoral se aleja del resto de encuestas y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta Cuenta atrás para la cita con las urnas del 29N. La campaña electoral que desembocará en las elecciones generales arranca oficialmente en la medianoche de este jueves con los principales partidos volcados en la hora decisiva, la que marcará el futuro de la gobernabilidad del país para los próximos años. En juego esta vez hay algo más que la permanencia de un Gobierno o la alternancia en la Moncloa, y lo que se planteará durante los próximos 15 días es una batalla política sin cuartel entre dos modelos enfrentados y antagónicos: el del bloque de las izquierdas que ha mantenido los últimos ocho años a Pedro Sánchez en la jefatura del Ejecutivo al frente de una coalición progresista, o una alianza de la derecha y la extrema derecha que no ocultan que aspiran a cambiarlo todo, incluidos consensos básicos hasta la fecha como el sistema público de pensiones, las bajas laborales o incluso la actividad sindical. Y las encuestas, que en su práctica totalidad todavía trasladan una mayoría suficiente de PP y Vox, sí empiezan a dibujar una partida más ajustada de lo vaticinado hasta ahora por la demoscopia. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero abrieron formalmente la campaña este jueves con grandes actos en plazas muy escogidas, con mensajes muy concisos y hasta con puestas en escena que son en sí mismas toda una declaración de intenciones. Fue el caso del Partido Socialista en Sevilla, donde 4.000 personas llenaron el auditorio de Fibes para lo que supuso en la práctica el verdadero reinicio de la campaña del PSOE tras el accidente de Urda. Cualquier contención o recogimiento posterior a la tragedia ferroviaria quedó definitivamente aparcado este jueves, cuando el mitin de arranque de campaña se convirtió en un acto festivo al que volvieron la música, los bailes, la 'kiss cam ' y Begoña Gómez. Y esta vez, no como mera asistente. Por sorpresa, la pareja del presidente del Gobierno tomó por primera vez la palabra en un mitin electoral del partido bajo el eslogan 'la fuerza de las mujeres'. “Gracias por haberme dado el aliento para continuar”, arrancó su intervención entre cánticos de “no estás sola” por parte de los militantes. Aunque no hizo ninguna referencia ni expresa ni velada a su situación procesal ni al juez Peinado (convertido ya en símbolo de la ofensiva judicial al Gobierno), Begoña Gómez sí quiso mandar un mensaje claro sobre el papel de las mujeres y su independencia respecto a las carreras de sus parejas. “Demasiado tiempo hemos sido señoras de. Y yo creo que ese tiempo ha terminado. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez”, clamó. “Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese”, añadió la mujer a la que el juez Peinado, en una polémica instrucción judicial, mandó a juicio por una supuesta incompatibilidad y un choque de intereses entre su actividad profesional en la Complutense y el cargo de su marido, el presidente del Gobierno. Señalada ya por Ferraz como activo electoral de la campaña de los socialistas, Gómez intervino antes que Pedro Sánchez, que hizo a su militancia y a su electorado una llamada a la “épica” y a la “movilización histórica” para remontar las encuestas. Y también apuntó con dureza contra las derechas. “A los sindicatos no hay que llamarles basura ni tampoco mafia, como hacen PP y Vox. ¡Qué vergüenza! A los sindicatos hay que darles las gracias por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, por la ley Riders, por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres”, dijo tras los ataques por la huelga general. La idea que intentan los socialistas que arraigue entre la ciudadanía progresista es que la partida electoral está muy lejos de estar ni finiquitada, ni perdida. Y que, por tanto, las opciones de revalidar un gobierno de izquierdas en las urnas permanecen intactas a pesar de lo que indican la mayoría de las encuestas. Tanto en Ferraz como en Moncloa, de hecho, manejan 'trackings' a los que otorgan máxima fiabilidad que ya abren de par en par la hipótesis no solo de que el PSOE gane las elecciones, sino de que la suma de PP y Vox no alcance los 176 escaños de la mayoría absoluta, algo que sí recogen, en cambio, la inmensa mayoría de sondeos publicados. El mensaje de Sánchez y su equipo es que lo que pase el 29N se decidirá ahora, en las dos semanas de campaña, y no antes. Y por eso se volcarán en que se repita algo parecido al 23J de 2023 con la convicción de que la remontada no es una utopía. Tras la movilización de la huelga general, que en el PSOE consideran un éxito, y el debate sobre el decreto de vivienda en el Congreso este jueves al que las derechas se opusieron a pesar del clamor social por la crisis habitacional, la cuenta atrás para las elecciones llevará a Pedro Sánchez a reunirse el lunes con el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los referentes internacionales de la izquierda que también fue capaz de voltear las encuestas y ganarle la partida a la ultraderecha de los Bolsonaro. Feijóo: “España va a cambiar” El PP inicia su campaña en Catalunya, donde pelea cada voto con Vox, después de que la espantada de Aliança Catalana haya aumentado las opciones del partido ultra. La estrategia de Alberto Núñez Feijóo es clara, y en su equipo la ratifican: un mensaje muy duro para llegar al votante de derechas catalán. Por eso Feijóo eligió a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como cabeza de cartel por la provincia de Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre. Albiol se hizo famoso en tras primer triunfo electoral municipal por el lema “Limpiando Badalona” y una campaña expresa y xenófoba contra personas migrantes. Una década después, Albiol sigue exprimiendo el odio al extranjero, pero ahora ha añadido el miedo al “okupa” al menú que ofrece a los electores. El alcalde de Badalona suele grabarse hostigando a los habitantes de supuestos pisos ocupados, e incluso ha intentado ser el autor de desalojos a personas acusadas de no pagar la renta (lo que la derecha llama “inquiokupas”). Luego sube esos vídeos a redes sociales, donde gana adeptos. Feijóo lo ha llamado a primera fila y, si gobierna, ya le ha encargado redactar una “ley antiocupas” que sustituirá a la actual ley de vivienda, que el candidato del PP ha prometido derogar. El candidato es consciente de que su primer gran fiasco, su investidura fallida de 2023, se produjo por apenas cuatro diputados, y dos de ellos los perdió en Catalunya por un puñado de votos. Así lo recordó el propio Feijóo cuando, el pasado mes de octubre, reveló que Albiol sería el candidato. “Por eso Xavi ha dado este paso al frente, porque tenemos que ir con todo”, afirmó entonces. Este jueves ha insistido en la idea en el arranque de la campaña , precisamente en Badalona junto a Albiol. “Estáis esperando seguridad en las calles”, aseguró. “Aquí no hay nadie que no cumpla la ley, y mucho menos la gente que viene de forma irregular a un país a incumplir la ley y por supuesto, a respetar a las mujeres y a las personas LGTBI”, concluyó. Fue sus únicas referencias a las mujeres y al colectivo LGTBI. Abascal: “Sánchez debería sentarse en el banquillo” El plácido camino de un Vox en auge en las encuestas se ha visto truncado justo en el arranque de la campaña, a la que llega envuelto en la polémica por la cancelación por sorpresa de su entrevista en Jordi Wild. Abascal ha utilizado el pretexto de que en La Revuelta con David Broncano se cortó su entrevista —como hacen con todas y como dijo el propio presentador a Abascal en el programa— para ausentarse del diálogo con el creador de contenido, responsable de uno de los podcast más escuchados de España. El líder de Vox argumenta que quiere tener la integridad de la grabación, pero precisamente una de las primeras condiciones de Wild para los partidos era ya la emisión completa sin cortes. Uno de los primeros candidatos en decir que sí a Jordi Wild será el único que al final no vaya. Abascal volverá a apostar en la campaña por la prioridad nacional —que el PP ya asume en su programa electoral—, la “desregulación” y la “remigración”, ejes de su proyecto político difundidos también por los demás dirigentes del partido en numerosos actos por todos el país, así como por los candidatos provinciales. Los sondeos pronostican que podría romper el techo electoral de 52 escaños que logró en 2019 y que se encamina a sumar la mayoría absoluta con el PP. Abascal cargó este jueves contra Pedro Sánchez y de paso lanzó ataques machistas a su esposa, Begoña Gómez, en un mitin en el Palacio de Congresos de Huesca celebrado en la víspera del arranque oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez, dijo, “tenía que estar sentado en un banquillo asumiendo responsabilidades y no tan chulito en las tribunas, encima paseando a la señora”. El líder de la extrema derecha arremetió también contra la huelga general del miércoles, que calificó de “sonoro fracaso” y cuyo seguimiento atribuyó a la violencia de los piquetes: “Los únicos sitios donde la huelga general tuvo un mínimo seguimiento fue donde se ejerció la violencia”. Frente Amplio: “Si llegamos al 10%, se les acaba la fiesta” Por su parte, el Frente Amplio afronta el inicio de su campaña con un objetivo declarado: crecer hasta el 10% de los votos para poder convertirse en la llave de un nuevo Gobierno progresista. “Estamos en torno al 8% de los votos, eso son unos 13 escaños: si llegamos al 10% tenemos 22, y con un 11% tenemos 27, y entonces se les acaba la fiesta a quienes creen que este país es suyo”, planteó este jueves en el mitin de inicio de campaña el número uno de la alianza por Madrid, Emilio Delgado. La coalición lleva varias semanas promoviendo este discurso , aunque por ahora sin demasiado éxito, puesto que ninguna encuesta les sitúa con una estimación de voto de dobles dígitos. Habida cuenta de ello, uno de los principales retos del Frente Amplio es combatir la resignación y el desánimo del electorado progresista. “Las encuestas, mayoritariamente, auguran un gobierno de derecha y de extrema derecha, no hay que huir de la realidad”, planteó este jueves la candidata, Ada Colau, que sin embargo insistió durante su intervención en el acto de lanzamiento de la campaña en que “la última palabra la tiene la gente”. “Y por muchas encuestas que digan que va a gobernar la extrema derecha en este país, la gente muchas veces ya ha hecho historia y ha demostrado que cosas que parecían imposibles han sido posibles”, aseguró Colau, que aseguró que la izquierda está en disposición de “dar la vuelta” a los sondeos. Para ello, el Frente Amplio tiene intención de centrar su campaña en 16 provincias en las que, asegura, puede disputar el último escaño, en muchas de ellas a la derecha: A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza. El reto de la alianza, además, es evitar quedar engullida por el llamamiento del PSOE al voto útil. Y, aunque el Frente Amplio no tiene intención de hacer una campaña al ataque contra los socialistas, este jueves Colau sí endureció el tono y afeó al presidente Pedro Sánchez sus “declaraciones triunfalistas” sobre el rumbo de la economía habida cuenta de los niveles de desigualdad “inaceptables” por el incremento del precio de la vivienda. “Quiero pedirle a Sánchez, para revalidar el Gobierno, más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los rentistas y especuladores”, planteó. En la misma línea, pero con mucha mayor dureza en sus críticas contra el PSOE, arranca su campaña Podemos, que tiene por delante el reto de mantener la representación en el Congreso. Para ello, los morados apuestan por escenificar que son la única izquierda verdadera que se presenta a las elecciones. Este jueves, su candidata, Irene Montero, cargó contra el llamamiento al “voto útil” de los socialistas, y sostuvo que, “para conseguir cosas útiles para frenar a la extrema derecha hace falta votar a la izquierda, hace falta votar a Podemos”. “Para saber cuál es la izquierda no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace. Si tú llevas un programa electoral muy bonito, pero después no te atreves para no pagar el coste político, entonces no estás consiguiendo las cosas”, planteó Montero a este respecto. Y, de manera más expresa, sostuvo que “el PP y el PSOE no son lo mismo, pero cuando hay que democratizar la justicia, votan igual a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga controlado por los mismos de siempre. Si hay que defender la paz, el PP y el PSOE no son lo mismo, pero votan igual para que sigamos en la OTAN y para que gastemos el dinero de las escuelas y los hospitales en armas. Si se trata de bajar el precio de los alimentos, el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan igual en contra de los supermercados públicos y a favor de los 1.700 millones de beneficios de Juan Roig”.
En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles En las últimas semanas hemos asistido a uno de los efectos colaterales más negativos que tiene la creciente endogamia entre fuerzas políticas y medios de comunicación. Con algunas excepciones, que las hay, la mayoría de los análisis han tenido una mirada de la huelga general subalterna del marco de política institucional. Es cierto que la proximidad entre la huelga y las elecciones generales lo favorecía, pero eso por sí solo no lo explica todo. Entre otras cosas porque ese estrabismo lleva tiempo instalado entre nosotros y tiene causas estructurales. La subalternidad en el análisis del conflicto social y de la acción de sindicatos y organizaciones sociales respecto de la política, que se promueve desde las redes digitales -de sociales tienen cada vez menos- y los medios de comunicación tradicionales, viene de lejos. Tiene algo que ver con el proceso de creciente “espectacularización” de la política y la pérdida de centralidad del conflicto social, dos factores que se retroalimentan. Esta ausencia de mirada propia y autónoma de los conflictos sociales ha conducido a que en los análisis de estos días hayan pasado desapercibidos muchos de los importantes efectos que tiene la huelga general y que ya han comenzado a emerger. Intento explicarme De entrada, la preparación y la organización de una huelga general se convierte en un proceso de socialización muy potente entre personas diversas que viven su participación en una acción colectiva como sujetos activos y no consumidores de la acción de otros, los líderes políticos. Eso, por sí solo, comporta una interferencia positiva en la dinámica de los hiperliderazgos que están sepultando el papel de las organizaciones colectivas. Y especialmente combaten la lógica del individualismo extremo y el tribalismo que hoy imperan en la sociedad. En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles. Yo lo viví en Barcelona, cuando una de las columnas de huelguistas compuesta mayoritariamente por mujeres inmigrantes del sector de la limpieza levantaba con orgullo de clase su mocho. Fue muy evidente este fenómeno de socialización en el momento en que las mujeres trabajadoras de origen migrante confluyeron con otras columnas de otros sectores. Cuando nos interrogamos sobre cómo evitar que las extremas derechas utilicen la inmigración y el conflicto entre personas para afianzar su fuerza política quizás deberíamos atender al factor de socialización y de integración que comportan las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y sus luchas. El mismo proceso se ha producido entre las personas trabajadoras más jóvenes que hasta ahora no habían participado en una movilización de esta envergadura, lo que los ha llevado a implicarse no solo como ciudadanía sino sobre todo en su condición de trabajadores. En la huelga general y en las manifestaciones se ha producido un encuentro intergeneracional con significativas consecuencias. De entrada, erosiona todo el marco ideológico de quienes llevan tiempo intentando que el conflicto entre generaciones, construido sobre la lógica del agravio comparativo, sustituya y ocupe el lugar de los conflictos de clase que se basan en la lucha por los derechos y la igualdad. Además, contribuye a que estas generaciones jóvenes se sientan implicados en la construcción de su futuro. En otro orden de cosas, la agresividad de las patronales contra la huelga no lo es por los impactos negativos en la cuenta de resultados de las empresas -pequeños si atendemos al “escaso” seguimiento que ha tenido la huelga según la CEOE. Su beligerancia atiende a otros factores, son conscientes que esta huelga general y el protagonismo en su organización del sindicalismo de clase refuerza a CCOO y UGT en los procesos de negociación colectiva en los que se disputa el reparto de los beneficios que comporta una mayor productividad y también se dirimen las condiciones de trabajo. Entre las miradas estrábicas a la huelga destaca la que ha analizado las peculiaridades de esta movilización en clave estrictamente de política institucional. No niego que la proximidad del 11N respecto del 29N tiene su importancia, tampoco que las organizaciones sindicales han actuado con la clara voluntad de incidir políticamente en el marco de las próximas elecciones generales. Por supuesto que la huelga general tiene motivaciones políticas, que no deben confundirse con partidistas. El sindicalismo de clase ha conquistado en las últimas décadas su independencia de los partidos políticos, pero no ha caído en la trampa de la indiferencia. La independencia partidaria no puede ser nunca indiferencia del marco político. No se puede pretender que las personas trabajadoras organizadas, eso son los sindicatos, sean indiferentes con relación a la congelación del salario mínimo que unos han practicado y las importantes mejoras aprobadas por el gobierno de coalición -aunque algunos han ido arrastrando las piernas y algo más- impulsado por las luchas sindicales. Los sindicatos no pueden ser indiferentes a la regulación de las relaciones laborales, ni al tratamiento de la salud y las incapacidades temporales, ni a los derechos de las mujeres por los que tanto han luchado con el movimiento feminista. No se puede pretender que los sindicatos sean indiferentes ante unas fuerzas políticas que plantean la privatización del sistema público de seguridad social. Estas semanas han proliferado análisis en los que se hacía hincapié en la peculiaridad de esta huelga general respecto a otras anteriores. Como ha pasado con otros temas la mayoría dirigían su mirada a razones que, siendo ciertas, ofrecían interpretaciones en las que el conflicto social que representa una huelga aparece sometido a la lógica de la política institucional. Algunas miradas lúcidas de profesionales de la comunicación han fijado la atención en los factores sociales diferenciadores de esta huelga general y su gran potencial de transformación social. Por citar algunos, la unidad en toda España del sindicalismo de clase, sin desmarques esta vez del sindicalismo nacionalista, como en otras ocasiones. Creo que ello obedece a la fuerza de arrastre que tiene el conflicto de la vivienda y las reivindicaciones que le acompañan. Pero el factor que tiene más potencialidad de futuro ha sido la confluencia, bastante armónica, entre los sindicatos de clase y las organizaciones que agrupan a las personas inquilinas. No debe haber sido fácil porque se parte de culturas y practicas distintas. Lo que a mi entender ha sido decisivo es que, a diferencia de en ocasiones anteriores, los sentimientos de indignación, cabreo, incluso ira, esta vez se han convertido en organización estable. Quizás porque ya hemos aprendido que la indignación crece muy rápido, pero se consume aún a mayor velocidad y no tiene por si sola capacidad de transformación social. El gran mérito de los sindicatos de inquilinas ha sido dotar a los legítimos sentimientos de indignación de un marco estable de organización y lucha social. Y entender que su lucha no debe confrontarse, ni competir sino cooperar con las del sindicalismo de clase. Por cierto, detecto que se va generalizando el equívoco término de “sindicalismo laboral”, lo que supone no haber entendido que el sindicalismo confederal es un sujeto sociopolítico que tiene sus pies en los centros de trabajo, pero la mirada y objetivos en las empresas y también en la sociedad. Aunque pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta ahora- bienvenidas sean las contradicciones- me atrevo a adentrarme en los efectos que la huelga general puede tener en las elecciones generales. Se podrían resumir con dos símiles futbolísticos. La huelga y las importantes movilizaciones que le han acompañado, con una gran participación de personas jóvenes, han abierto el terreno de juego al fijar una agenda de debate con una gran carga social y eso sin duda favorece a las fuerzas progresistas. Al ritmo con el que aparecen y desaparecen los acontecimientos nadie está en condiciones de asegurar nada, pero creo sinceramente -espero que no sea solo mi patológico optimismo- que después de la huelga general hay partido. El resultado no está predeterminado como algunos pretenden.
El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
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