El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El promedio realizado por elDiario.es sitúa a la suma de PP y Vox en 195 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, a dos semanas de las elecciones generales del 29N Crónica - Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La campaña arrancó a última hora del jueves y la media de las encuestas se mantiene en una foto casi idéntica a la de la semana pasada a pesar de la publicación un gran número de sondeos en los últimos días. Solo crece el PSOE, aunque ligeramente, en cuatro décimas, y el PP mantiene el mismo porcentaje de voto. Cae muy ligeramente Vox, solo una décima, y algo más Podemos, que baja seis. En este escenario, el reparto de bloques se mantiene casi intacto. La ventaja de la suma de PP y Vox sobre la de PSOE, Frente Amplio y Podemos sigue siendo clara. El bloque de las derechas alcanzaría el 50,4% de los votos frente al progresista, que se quedaría con el 35,7%, casi 15 puntos por debajo. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 31,4% de los votos, seguido de PSOE (26,9%), Vox (19%), Frente Amplio (6,9%) y Podemos (1,9%). Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre cinco y seis puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron el 12% de las papeletas. Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones, que preguntaban por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: todo el voto de Sumar pasa al Frente Amplio, y también la parte del voto de Podemos que está en la Comunitat Valenciana (el 9%), donde ahora va en Compromís-Front Valencià. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos. El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP baja dos puntos sobre las pasadas elecciones, Vox sube casi siete puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan alrededor de un 2% del voto (la media es del 1,8%). Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales. En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 129, seguido del PSOE, con 107. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 66, mientras que Podemos y Frente Amplio suman 13 en total, lejos de los 31 que sacaron en 2023, cuando concurrieron en listas conjuntas. Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 195 escaños, dos menos que hace una semana. ¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox. Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176. Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda hasta el 29N para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia? En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones. Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor, ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar. ¿Y qué pasaría si...? Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá. Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas. Todas las encuestas desde 2023 En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.
Son mucho más que una alternancia en el Gobierno. España se enfrenta a una cita electoral que podría marcar un cambio de era política, el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva etapa en la que no sólo estarán en juego las mayorías parlamentarias, también el modelo de sociedad, la convivencia política y la capacidad de las instituciones para recuperar la confianza de unos ciudadanos cada vez más desencantados. Arranca la campaña más polarizada de la historia
ALICANTE.- La campaña electoral del 29N, que debe elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un Senado, ya ha arrancado. En Alicante, lo ha hecho con la tradicional pegada de carteles y diferentes actos. Los principales líderes de las grandes cuatro partidos, PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís-Front Valencià, han coincidido en que la cita electoral será crucial no solo para España, sino para el devenir de la provincia y de la Comunitat Valenciana. Algunos, como el PSPV-PSOE, que se trata de una primera vuelta, que tendrá en las elecciones locales y autonómicas otra oportunidad para consolidar cambios. El diagnóstico va por bloques: PP y Vox auguran un bueno resultado para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa; PSPV y Compromís-Front Valencià consideran que la llegada de las fuerzas conservadoras y la extrema derecha al Gobierno central supone una "involución en derechos y libertades". Por el momento, el PP parte con ventaja y podría gobernar con la suma de Vox, pero los socialistas buscan, de nuevo, la remontada, y mantener el gobierno con el respaldo de fuerzas como Compromís-Front Valencià. El PPCV ve el 29N como una oportunidad para echar a Sánchez El Partido Popular ha elegido su sede de Benito Pérez Galdós, en la capital, para presentar su lema de campaña. Allí, tanto Toni Pérez, presidente del PP, como Juan Francisco Pérez Llorca , presidente de la Generalitat, han augurado un cambio la noche del 29N. Ambos dirigentes han coincidido en reclamar la movilización de los alicantinos en las urnas y en señalar la necesidad de poner fin a lo que han calificado como ocho años de «centralismo» y «ninguneo» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pérez ha defendido que la provincia tiene «más motivos que ninguno para acudir a las urnas y decir que ya está bien», mientras que Pérez Llorca ha asegurado que existe una mayoría que quiere que el presidente del Gobierno «se vaya ya» y que se acabe con el «sanchismo». Los candidatos del PP, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala y el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Foto RAFA MOLINA El presidente provincial del PP ha presentado la cita electoral como una oportunidad para lograr «un cambio necesario» tanto para España como para Alicante. En este sentido, ha asegurado que el partido afronta la campaña «preparadísimo» y con un proyecto ilusionante para el país y para que este esté «a la altura de lo que esta provincia pone a su servicio». Por su parte, Pérez Llorca ha incidido en que la ciudadanía no reclama únicamente un cambio en el Gobierno central, sino también que sus municipios y provincias reciban los recursos y actuaciones que consideran necesarios. En el caso de Alicante, ha denunciado la falta de inversiones, financiación y obras para mejorar la seguridad hídrica, así como la ausencia de compromisos para reforzar la seguridad en las calles de los municipios. Ambos dirigentes han reivindicado, además, la candidatura del PP como alternativa de Gobierno. Toni Pérez ha defendido la capacidad del partido para repetir un resultado ganador como el de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando los populares fueron la fuerza más votada, aunque no consiguieron gobernar. Pérez Llorca, por su parte, ha destacado las candidaturas al Congreso y al Senado por Alicante, encabezadas por Macarena Montesinos y Eva Ortiz , respectivamente, y ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como un candidato centrado en la gestión. El presidente del PPCV ha dirigido también un mensaje a los votantes que no comparten las siglas populares, pero que, según ha señalado, están preocupados por la situación del país. Ha defendido que el PP gestiona las administraciones pensando en mejorar la vida de los ciudadanos, independientemente de su ideología, y ha invitado a quienes desean que España «vuelva a recuperar esa libertad» a sumarse al proyecto de Feijóo. El PSPV advierte que hay que elegir entre involucionar o seguir conquistando derechos y libertades Los candidatos del PSPV-PSOE. Foto RAFA MOLINA El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles, celebrada en la plaza Manila de Alicante, en la que han participado el secretario general provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la vicesecretaria provincial y candidata a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós ; y el candidato al Congreso de los Diputados y alcalde de Alcoy, Toni Francés. El acto ha contado también con la presencia de otros cargos orgánicos e institucionales del partido, así como de los candidatos y candidatas socialistas al Congreso de los Diputados: Toni Francés, Pilar Gay, Fulgencio Cerdán, Araceli Poblador y Antonio Rodes, además del candidato al Senado, Quico Fenollar , entre otros representantes socialistas. El candidato al Congreso, Toni Francés, ha afirmado que «el Partido Socialista es la única vía para seguir conquistando derechos», y ha defendido la importancia de continuar impulsando políticas que mejoren la vida de la ciudadanía y protejan los avances sociales alcanzados. En este sentido, ha subrayado que estas elecciones son una oportunidad para seguir construyendo una España más justa, con más derechos y mejores servicios públicos. Por su parte, Rubén Alfaro ha asegurado que «el Partido Socialista va a ganar las elecciones porque el PP y Vox solo representan una cosa: la involución y el recorte de derechos». El secretario general provincial ha apelado a la movilización de la ciudadanía para evitar retrocesos y garantizar que España siga avanzando, frente a quienes, plantean un modelo basado en la amenaza y los recortes. En la misma línea, Trini Amorós ha destacado que «en estas elecciones nos jugamos algo importante, nos jugamos la esperanza», poniendo el acento en la necesidad de afrontar la campaña desde la ilusión, la participación y la defensa de un proyecto de futuro para el conjunto de la ciudadanía. Los candidatos de Vox, en la Plaza del Mercado de Alicante. Foto RAFA MOLINA Vox aspira a resultados históricos en Alicante David García, cabeza de lista de Vox al Congreso por Alicante, ha expresado su «máxima responsabilidad» e «ilusión» ante el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de «momento histórico para España». El candidato ha centrado su discurso en la necesidad de un cambio político y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar una situación que, en sus palabras, exige una transformación urgente. García ha llamado a la movilización electoral y ha advertido de que «no está nada hecho», pese a las expectativas que puedan reflejar las encuestas. En este sentido, ha defendido que lo determinante será la participación ciudadana en las urnas y ha pedido a los electores que valoren si su situación ha mejorado respecto a hace siete años, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El candidato ha resumido el mensaje electoral de Vox en el «sentido común» y ha señalado que la formación plantea trece medidas articuladas en torno a cuatro ejes: prioridad nacional, remigración, desregulación y cambios en las políticas públicas. Según ha defendido, estas propuestas pretenden trasladar a los ciudadanos la necesidad de un cambio político en España. En el ámbito provincial, García ha mostrado su confianza en obtener «unos magníficos resultados» e incluso «unos resultados históricos» en Alicante. El candidato ha destacado el trabajo del equipo de Vox en la provincia y ha asegurado que la formación ha experimentado una implantación que considera extraordinaria. En la actualidad, Vox tiene diputados en el Congreso. Compromís-Front Valencià afirma ser el "voto útil" de los intereses de la Comunitat Los candidatos de la coalición Compromís-Front Valencià. La coalición Compromís-Front Valencià ha afirmado que representa el "voto útil" de la unida de la izquierda que defiende los intereses de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, frente "una derecha y una ultraderecha envalentonadas" que quieren acabar con las pensiones públicas y privatizar aún más la sanidad. Así se ha expuesto en las intervenciones de los candidatos de esta coalición, integrada por Compromís, Podem, Esquerra Unida País Valencià y Esquerra Republicana País Valencià, en un acto en el que ha dado inicio oficial a los quince días de campaña electoral, celebrado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq), tras lo cual se ha llevado a cambio la pegada simbólica de carteles. En el acto, la coalición ha demandado la dimisión del ministro del Interior por la actuación policial durante la jornada de huelga general de ayer. La número 1 de Compromís-Front Valencià por Alicante, la dirigente de Podem María Teresa Pérez, ha afirmado que el 29-N "nos jugamos muchos" porque hay "una derecha y una ultraderecha envalentonadas". Ha subrayado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sabe perfectamente lo que tiene hacer: acabar con las pensiones públicas, privatizar más sanidad (...), destruir el territorio para especular". Pérez ha reprochado que existan aún los desahucios cuando la presidenta de la comunidad de Madrid "se compra" un "pedazo de ático" y ha censurado que el partido socialista no ha sido capaz de defender los intereses de "los que más lo necesitan". Ha reiterado que Compromís-Front Valencià representa "la única papeleta para defender" a los ciudadanos de la Comunitat", ha remarcado que "la política sirve, es útil para mejorar la vida" de las personas, y ha abogado por redistribuir el dinero entre las familias trabajadoras. COMUNITAT VALENCIANA Compromís-Front Valencià arranca en Alicante una campaña para conquistar derechos y defender el futuro de la ciudadanía Miquel González
Sánchez confirma a su pareja como activo electoral del PSOE y Begoña Gómez participa en el mitin de arranque de acampaña mientras Feijóo y Abascal prometen cambiar España El CIS preelectoral se aleja del resto de encuestas y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta Cuenta atrás para la cita con las urnas del 29N. La campaña electoral que desembocará en las elecciones generales arranca oficialmente en la medianoche de este jueves con los principales partidos volcados en la hora decisiva, la que marcará el futuro de la gobernabilidad del país para los próximos años. En juego esta vez hay algo más que la permanencia de un Gobierno o la alternancia en la Moncloa, y lo que se planteará durante los próximos 15 días es una batalla política sin cuartel entre dos modelos enfrentados y antagónicos: el del bloque de las izquierdas que ha mantenido los últimos ocho años a Pedro Sánchez en la jefatura del Ejecutivo al frente de una coalición progresista, o una alianza de la derecha y la extrema derecha que no ocultan que aspiran a cambiarlo todo, incluidos consensos básicos hasta la fecha como el sistema público de pensiones, las bajas laborales o incluso la actividad sindical. Y las encuestas, que en su práctica totalidad todavía trasladan una mayoría suficiente de PP y Vox, sí empiezan a dibujar una partida más ajustada de lo vaticinado hasta ahora por la demoscopia. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero abrieron formalmente la campaña este jueves con grandes actos en plazas muy escogidas, con mensajes muy concisos y hasta con puestas en escena que son en sí mismas toda una declaración de intenciones. Fue el caso del Partido Socialista en Sevilla, donde 4.000 personas llenaron el auditorio de Fibes para lo que supuso en la práctica el verdadero reinicio de la campaña del PSOE tras el accidente de Urda. Cualquier contención o recogimiento posterior a la tragedia ferroviaria quedó definitivamente aparcado este jueves, cuando el mitin de arranque de campaña se convirtió en un acto festivo al que volvieron la música, los bailes, la 'kiss cam ' y Begoña Gómez. Y esta vez, no como mera asistente. Por sorpresa, la pareja del presidente del Gobierno tomó por primera vez la palabra en un mitin electoral del partido bajo el eslogan 'la fuerza de las mujeres'. “Gracias por haberme dado el aliento para continuar”, arrancó su intervención entre cánticos de “no estás sola” por parte de los militantes. Aunque no hizo ninguna referencia ni expresa ni velada a su situación procesal ni al juez Peinado (convertido ya en símbolo de la ofensiva judicial al Gobierno), Begoña Gómez sí quiso mandar un mensaje claro sobre el papel de las mujeres y su independencia respecto a las carreras de sus parejas. “Demasiado tiempo hemos sido señoras de. Y yo creo que ese tiempo ha terminado. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez”, clamó. “Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese”, añadió la mujer a la que el juez Peinado, en una polémica instrucción judicial, mandó a juicio por una supuesta incompatibilidad y un choque de intereses entre su actividad profesional en la Complutense y el cargo de su marido, el presidente del Gobierno. Señalada ya por Ferraz como activo electoral de la campaña de los socialistas, Gómez intervino antes que Pedro Sánchez, que hizo a su militancia y a su electorado una llamada a la “épica” y a la “movilización histórica” para remontar las encuestas. Y también apuntó con dureza contra las derechas. “A los sindicatos no hay que llamarles basura ni tampoco mafia, como hacen PP y Vox. ¡Qué vergüenza! A los sindicatos hay que darles las gracias por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, por la ley Riders, por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres”, dijo tras los ataques por la huelga general. La idea que intentan los socialistas que arraigue entre la ciudadanía progresista es que la partida electoral está muy lejos de estar ni finiquitada, ni perdida. Y que, por tanto, las opciones de revalidar un gobierno de izquierdas en las urnas permanecen intactas a pesar de lo que indican la mayoría de las encuestas. Tanto en Ferraz como en Moncloa, de hecho, manejan 'trackings' a los que otorgan máxima fiabilidad que ya abren de par en par la hipótesis no solo de que el PSOE gane las elecciones, sino de que la suma de PP y Vox no alcance los 176 escaños de la mayoría absoluta, algo que sí recogen, en cambio, la inmensa mayoría de sondeos publicados. El mensaje de Sánchez y su equipo es que lo que pase el 29N se decidirá ahora, en las dos semanas de campaña, y no antes. Y por eso se volcarán en que se repita algo parecido al 23J de 2023 con la convicción de que la remontada no es una utopía. Tras la movilización de la huelga general, que en el PSOE consideran un éxito, y el debate sobre el decreto de vivienda en el Congreso este jueves al que las derechas se opusieron a pesar del clamor social por la crisis habitacional, la cuenta atrás para las elecciones llevará a Pedro Sánchez a reunirse el lunes con el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los referentes internacionales de la izquierda que también fue capaz de voltear las encuestas y ganarle la partida a la ultraderecha de los Bolsonaro. Feijóo: “España va a cambiar” El PP inicia su campaña en Catalunya, donde pelea cada voto con Vox, después de que la espantada de Aliança Catalana haya aumentado las opciones del partido ultra. La estrategia de Alberto Núñez Feijóo es clara, y en su equipo la ratifican: un mensaje muy duro para llegar al votante de derechas catalán. Por eso Feijóo eligió a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como cabeza de cartel por la provincia de Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre. Albiol se hizo famoso en tras primer triunfo electoral municipal por el lema “Limpiando Badalona” y una campaña expresa y xenófoba contra personas migrantes. Una década después, Albiol sigue exprimiendo el odio al extranjero, pero ahora ha añadido el miedo al “okupa” al menú que ofrece a los electores. El alcalde de Badalona suele grabarse hostigando a los habitantes de supuestos pisos ocupados, e incluso ha intentado ser el autor de desalojos a personas acusadas de no pagar la renta (lo que la derecha llama “inquiokupas”). Luego sube esos vídeos a redes sociales, donde gana adeptos. Feijóo lo ha llamado a primera fila y, si gobierna, ya le ha encargado redactar una “ley antiocupas” que sustituirá a la actual ley de vivienda, que el candidato del PP ha prometido derogar. El candidato es consciente de que su primer gran fiasco, su investidura fallida de 2023, se produjo por apenas cuatro diputados, y dos de ellos los perdió en Catalunya por un puñado de votos. Así lo recordó el propio Feijóo cuando, el pasado mes de octubre, reveló que Albiol sería el candidato. “Por eso Xavi ha dado este paso al frente, porque tenemos que ir con todo”, afirmó entonces. Este jueves ha insistido en la idea en el arranque de la campaña , precisamente en Badalona junto a Albiol. “Estáis esperando seguridad en las calles”, aseguró. “Aquí no hay nadie que no cumpla la ley, y mucho menos la gente que viene de forma irregular a un país a incumplir la ley y por supuesto, a respetar a las mujeres y a las personas LGTBI”, concluyó. Fue sus únicas referencias a las mujeres y al colectivo LGTBI. Abascal: “Sánchez debería sentarse en el banquillo” El plácido camino de un Vox en auge en las encuestas se ha visto truncado justo en el arranque de la campaña, a la que llega envuelto en la polémica por la cancelación por sorpresa de su entrevista en Jordi Wild. Abascal ha utilizado el pretexto de que en La Revuelta con David Broncano se cortó su entrevista —como hacen con todas y como dijo el propio presentador a Abascal en el programa— para ausentarse del diálogo con el creador de contenido, responsable de uno de los podcast más escuchados de España. El líder de Vox argumenta que quiere tener la integridad de la grabación, pero precisamente una de las primeras condiciones de Wild para los partidos era ya la emisión completa sin cortes. Uno de los primeros candidatos en decir que sí a Jordi Wild será el único que al final no vaya. Abascal volverá a apostar en la campaña por la prioridad nacional —que el PP ya asume en su programa electoral—, la “desregulación” y la “remigración”, ejes de su proyecto político difundidos también por los demás dirigentes del partido en numerosos actos por todos el país, así como por los candidatos provinciales. Los sondeos pronostican que podría romper el techo electoral de 52 escaños que logró en 2019 y que se encamina a sumar la mayoría absoluta con el PP. Abascal cargó este jueves contra Pedro Sánchez y de paso lanzó ataques machistas a su esposa, Begoña Gómez, en un mitin en el Palacio de Congresos de Huesca celebrado en la víspera del arranque oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez, dijo, “tenía que estar sentado en un banquillo asumiendo responsabilidades y no tan chulito en las tribunas, encima paseando a la señora”. El líder de la extrema derecha arremetió también contra la huelga general del miércoles, que calificó de “sonoro fracaso” y cuyo seguimiento atribuyó a la violencia de los piquetes: “Los únicos sitios donde la huelga general tuvo un mínimo seguimiento fue donde se ejerció la violencia”. Frente Amplio: “Si llegamos al 10%, se les acaba la fiesta” Por su parte, el Frente Amplio afronta el inicio de su campaña con un objetivo declarado: crecer hasta el 10% de los votos para poder convertirse en la llave de un nuevo Gobierno progresista. “Estamos en torno al 8% de los votos, eso son unos 13 escaños: si llegamos al 10% tenemos 22, y con un 11% tenemos 27, y entonces se les acaba la fiesta a quienes creen que este país es suyo”, planteó este jueves en el mitin de inicio de campaña el número uno de la alianza por Madrid, Emilio Delgado. La coalición lleva varias semanas promoviendo este discurso , aunque por ahora sin demasiado éxito, puesto que ninguna encuesta les sitúa con una estimación de voto de dobles dígitos. Habida cuenta de ello, uno de los principales retos del Frente Amplio es combatir la resignación y el desánimo del electorado progresista. “Las encuestas, mayoritariamente, auguran un gobierno de derecha y de extrema derecha, no hay que huir de la realidad”, planteó este jueves la candidata, Ada Colau, que sin embargo insistió durante su intervención en el acto de lanzamiento de la campaña en que “la última palabra la tiene la gente”. “Y por muchas encuestas que digan que va a gobernar la extrema derecha en este país, la gente muchas veces ya ha hecho historia y ha demostrado que cosas que parecían imposibles han sido posibles”, aseguró Colau, que aseguró que la izquierda está en disposición de “dar la vuelta” a los sondeos. Para ello, el Frente Amplio tiene intención de centrar su campaña en 16 provincias en las que, asegura, puede disputar el último escaño, en muchas de ellas a la derecha: A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza. El reto de la alianza, además, es evitar quedar engullida por el llamamiento del PSOE al voto útil. Y, aunque el Frente Amplio no tiene intención de hacer una campaña al ataque contra los socialistas, este jueves Colau sí endureció el tono y afeó al presidente Pedro Sánchez sus “declaraciones triunfalistas” sobre el rumbo de la economía habida cuenta de los niveles de desigualdad “inaceptables” por el incremento del precio de la vivienda. “Quiero pedirle a Sánchez, para revalidar el Gobierno, más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los rentistas y especuladores”, planteó. En la misma línea, pero con mucha mayor dureza en sus críticas contra el PSOE, arranca su campaña Podemos, que tiene por delante el reto de mantener la representación en el Congreso. Para ello, los morados apuestan por escenificar que son la única izquierda verdadera que se presenta a las elecciones. Este jueves, su candidata, Irene Montero, cargó contra el llamamiento al “voto útil” de los socialistas, y sostuvo que, “para conseguir cosas útiles para frenar a la extrema derecha hace falta votar a la izquierda, hace falta votar a Podemos”. “Para saber cuál es la izquierda no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace. Si tú llevas un programa electoral muy bonito, pero después no te atreves para no pagar el coste político, entonces no estás consiguiendo las cosas”, planteó Montero a este respecto. Y, de manera más expresa, sostuvo que “el PP y el PSOE no son lo mismo, pero cuando hay que democratizar la justicia, votan igual a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga controlado por los mismos de siempre. Si hay que defender la paz, el PP y el PSOE no son lo mismo, pero votan igual para que sigamos en la OTAN y para que gastemos el dinero de las escuelas y los hospitales en armas. Si se trata de bajar el precio de los alimentos, el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan igual en contra de los supermercados públicos y a favor de los 1.700 millones de beneficios de Juan Roig”.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
Frente Amplio ya tiene definidos sus candidatos por la provincia de Soria para las próximas elecciones generales. Alberto Flores encabezará la lista al Congreso de los Diputados , mientras que Manuel Madrid será el candidato al Senado dentro del acuerdo de coalición con el PSOE. La formación ha presentado hoy sus candidaturas acompañada por Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid , que ha aprovechado su intervención para desgranar las principales líneas de su proyecto político. Detrás de ambas candidaturas hay dos motivaciones diferentes, aunque comparten un mismo objetivo, que es el de defender los derechos sociales y evitar que un posible cambio de Gobierno suponga un retroceso en las conquistas de los últimos años. En el caso de Manuel Madrid, su regreso a la primera línea política tiene una razón personal y política. Jubilado desde hace cinco años, el histórico militante de Izquierda Unida reconoce que ?pensaba dedicar esta etapa de su vida a disfrutar de mi tiempo libre ?. Sin embargo, asegura que la situación política actual le ha llevado a volver a implicarse. ?A estas alturas y en estos momentos yo tengo mucho miedo ?, ha reconocido. Madrid, que comenzó su trayectoria sindical en Comisiones Obreras con apenas 14 años, cuando todavía estaba en la clandestinidad, considera que el avance de la derecha y la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox ?ponen en riesgo derechos que costó décadas conseguir?. Su principal preocupación está en las pensiones . El candidato al Senado teme que un cambio de Gobierno termine traduciéndose en " su congelación, pérdida de poder adquisitivo o privatización progresiva del sistema público ". Por eso, quiere convertirse en la voz de los 10 millones de pensionistas que hay en España y defender que las prestaciones sigan actualizándose conforme al IPC. ?Si sabemos lo que queremos y lo tenemos claro, podemos torcer el brazo a cualquier equipo de Gobierno que se precie de querer acabar con las pensiones, privatizarlas o congelarlas ?, ha afirmado. Natural de Alcoy y residente en Soria desde hace más de cuatro décadas, Madrid ha sido coordinador de IU, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria. También preside actualmente el Ateneo Republicano Mónico Vicente . Su candidatura al Senado se presenta en coalición con el PSOE , un acuerdo que busca sumar fuerzas para que la izquierda pueda conseguir un representante en la provincia y cambiar la Cámara Alta. Madrid considera que ?conseguir un senador sería toda una victoria de la izquierda?. Por su parte, Alberto Flores encabeza la candidatura al Congreso. Nacido en Madrid y criado en Tardelcuende, se define como ?un orgulloso pitorrero?. Su trayectoria profesional está vinculada a la hostelería y a la Administración pública . Es graduado en Ciencias Políticas, tiene un máster de profesorado y trabaja como secretario-interventor en un ayuntamiento. Le acompañará Lidia Molina Carazo como número dos. Los suplentes serán José Antonio Marín Carazo y María Milagros Solano Rodrigo. En la lista al Senado figuran como suplentes Ana Isabel García Garcés y Enrique García Domínguez. Vivienda, salarios y servicios públicos, entre las prioridades Más allá de la presentación de nombres, Emilio Delgado ha sido el encargado de explicar qué propone Frente Amplio y qué modelo de país quiere defender en esta campaña. Su discurso ha girado en torno a impedir que ?este país retroceda 50 años, pero tampoco podemos aceptar el país que tenemos ahora mismo. Necesitamos un gran salto adelante ?, ha afirmado. Para conseguirlo, la formación sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la lucha contra la inflación. En materia de vivienda, plantea frenar la especulación y garantizar que el acceso a una casa sea un derecho. Delgado ha reclamado que la vivienda protegida mantenga "esa condición de forma permanente", sin acabar en manos de fondos de inversión, porque ?las casas ya no son para vivir, son para especular y eso hay que cortarlo de raíz?, ha advertido. La formación también defiende mejorar los salarios del sector privado, reforzar la sanidad y la educación públicas y actuar frente al encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la energía. Para ello, Delgado propone " redistribuir la riqueza y hacer que una mayor parte de los beneficios económicos llegue a las familias trabajadoras". Transición ecológica y empleo de calidad Otro de los ejes es impulsar una transición ecológica que genere empleo de calidad. Su propuesta pasa por aprovechar el potencial de las energías renovables, desarrollar nuevas líneas eléctricas y centros de almacenamiento, rehabilitar edificios y mejorar la movilidad. Una transformación que, según ha defendido, ?podría abrir oportunidades en provincias como Soria?, ya que ?podríamos tener una industria verde con capacidad de generar empleo de alto valor añadido, con mejores salarios y con posibilidades para conciliar la vida laboral y familiar?, ha explicado. Delgado ha resumido la orientación económica de la formación con una frase muy clara: ? la motosierra se le aplica a los de arriba ?. Frente a los recortes en derechos y servicios, Frente Amplio apuesta por ? proteger a las clases trabajadoras y evitar una involución social?.
El Partido Popular ha iniciado en Soria su precampaña electoral ante los comicios del próximo 29 de noviembre con una jornada informativa en la capital que ha servido de antesala a los actos previstos en Ólvega y Ágreda. Durante este arranque de campaña, la formación ha querido situar en el eje de su discurso las prioridades del medio rural y el balance de la actividad legislativa desarrollada en las Cortes Generales durante la legislatura. El presidente del PP de Soria y de la Diputación Provincial, Benito Serrano , comenzaba el encuentro trasladando un mensaje de apoyo a los vecinos de Berlanga afectados por el reciente incendio en la Plaza Mayor , haciendo extensible el reconocimiento a su alcalde, Enrique Rubio, y a la labor desempeñada por los bomberos de la institución provincial. En su intervención, Serrano ha subrayado la labor realizada en la Cámara Alta a través de iniciativas promovidas desde la provincia, citando la Ley de Montes de Socios y el Mecanismo Rural de Garantía . Asimismo, ha vuelto a criticar por "cicatera" la aplicación del 1% en la fiscalidad diferenciada y las ayudas de funcionamiento, recordando que la normativa comunitaria de la Unión Europea autoriza llegar hasta un 20%. Propuestas legislativas e infraestructuras pendientes Por su parte el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Tomás Cabezón , ha desgranado el objetivo del Mecanismo Rural de Garantía , explicando que está diseñado para "analizar desde Madrid la repercusión de cada norma sobre el tejido socioeconómico rural, beneficie a empresas, agricultores o jóvenes". Cabezón ha defendido también la proposición sobre titularidad colectiva forestal elaborada conjuntamente con la Asociación de Montes de Soria, señalando que: " Un monte limpio es un monte más seguro y es un monte que también da valor al territorio ". El candidato al Congreso ha enfatizado que las 40 "leyes Feijóo" aprobadas en el Senado representan la alternativa programática dispuesta para su aplicación tras el 29-N. Igualmente, ha aludido a las carencias en materia de transportes que afectan a la provincia, mencionando el ritmo de ejecución de las autovías A-11 y A-15 y la suspensión del servicio de la línea de tren con Madrid durante un periodo de 18 meses . Plan de choque para jóvenes y balance parlamentario En la recta final, la portavoz del Grupo Popular en el Senado y candidata a la Cámara Alta por Ávila, Alicia García ha defendido la función del Senado como " contrapeso institucional " y ha lamentado que iniciativas registradas por los parlamentarios sorianos, entre los que ha citado a José Manuel Hernando, "permanezcan frenadas en el Congreso de los Diputados". García ha expuesto las líneas del plan de choque anunciado para dinamizar los pueblos , el cual contempla medidas de " impuestos cero " para jóvenes que busquen vivienda en el entorno rural , un bonus de 15.000 euros para emprendedores que inicien su actividad en el territorio y el blindaje de las ayudas relativas a la Política Agraria Común (PAC) en las negociaciones europeas . Por último, la portavoz ha aludido a las investigaciones parlamentarias y judiciales sobre la gestión de fondos públicos e infraestructuras a nivel estatal, contraponiendo el modelo de gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo frente al Ejecutivo actual.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, aún no tiene claro "a quién votar ?, pero lo que sí afirma es que ? Pedro Sánchez, no es el mejor candidato para mi partido ?. Para el socialista, ?el presidente del Gobierno antepone sus propios beneficios a los intereses del país? y cree que, " solo busca mantenerse en el poder ?. En palabras para Soria Noticias , el alcalde de la villa de las Tres Culturas deja claro que ?no estoy en contra de mi partido, pero sí del sistema establecido en él ? y apunta que es ?esta es mi opinión como persona , no como representante de nadie?. No es la primera vez que Jesús Manuel Alonso hace declaraciones distintas a su partido , como por ejemplo, la amnistía de políticos catalanes entre otros. Es un histórico dirigente del PSOE soriano, inició su trayectoria como alcalde de Ágreda en 2007 , cargo que ha mantenido durante cinco legislaturas consecutivas. También ha sido diputado provincial desde 1999 y senador por Soria entre 2016 y 2023. En las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2023, volvió a conseguir la mayoría absoluta para el PSOE con 892 votos (53,47%) y seis concejales. Alonso considera que la política de España se aleja de la visión que él tiene . ?Los políticos estamos para gestionar y buscar lo mejor para los nuestros, no para hacer política y mantenernos en el poder pase lo que pase?. En este sentido, compara la situación política con el fútbol. ?Los aficionados al fútbol, en su mayoría, se aferran a su equipo, y quieren que gane aunque no lo merezcan . Son personas que por amor a sus colores, pierden objetividad. Pues en el mundo de la política, y hablando del PSOE, pasa lo mismo ?. Tiene claro que ?no debería existir ni izquierdas o ni derechas tan marcadas ?. Para él, lo que se necesita es ?ser más demócratas y querer lo mejor para el país?. Entiende que la mejor forma de gobernar es ? escuchando, llegando a acuerdos y buscando lo mejor para todos, no solo para unos cuantos. Porque si la oposición tiene una buena idea y es buena para todos ¿por qué no lo vamos a hacer?", a lo que apunta como "algo impensable en un país tan polarizado como estamos". Óscar Puente no estaba para gestionar El ministro Óscar Puente es un caso señalado para explicar esa idea que critica de hacer política. ? Puente no estaba para gestionar , como sí lo está su sucesor Cuerpo; su misión era la de polarizar y polemizar ?. Y así, ?si miras el organigrama de la cúpula del partido, ves como la gran mayoría tiene un papel pensado para mantener el poder?. Pero Jesús Manuel Alonso aún no ha decidido su voto. A pesar de su opinión sobre Pedro Sánchez, él es del PSOE y sabe que antes del presidente, están sus compañeros de Soria. ?Lo siento por mis compañeros de Soria, porque ni se lo merecen ni quiero perjudicarles , pero es mi opinión personal y lo que estoy viendo?. Lo único que espera pasadas las próximas elecciones generales es ?lo mejor para este país y que se hagan los grandes acuerdos, reformas e inversiones que España necesita ?.
Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Gobierno y al presidente de Correos , Pedro Saura , que impulsen una ampliación inmediata y extraordinaria de la plantilla en la provincia hasta alcanzar los 37 efectivos de refuerzo . El sindicato reclama dejar a un lado el ajuste financiero para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre , habida cuenta del fuerte incremento de la actividad postal que generará este proceso en el territorio soriano. Según los datos que maneja la organización sindical, la compañía pública afronta esta cita con las urnas con apenas seis contratos de refuerzo en Soria a día de hoy. Esta cifra resulta a su juicio claramente insuficiente, toda vez que la empresa llega a la convocatoria debilitada por una política continuada de recortes que ha supuesto la pérdida de 14 puestos de trabajo en los últimos tres años en la provincia. Tal merma representa más del 13 % de la plantilla provincial y constituye el mayor ajuste de los últimos 15 años . De este modo, la reducción de personal ha mermado de forma drástica la capacidad operativa de las oficinas, los centros de tratamiento y las unidades de reparto, espacios donde los trabajadores ya soportan importantes problemas de cobertura y sobrecargas de labor en su día a día. Para el sindicato, resulta especialmente preocupante que una entidad pública encargada de una función esencial para el ejercicio del derecho al voto aborde unos comicios de esta magnitud con una estructura tan ajustada. Los representantes de los trabajadores recuerdan que la cita electoral no solo implica el aumento del voto por correo , sino que activa una compleja operación de alcance nacional que afecta a toda la cadena de producción y distribución, sujeta a plazos legales estrictos y exigencias especiales de seguridad y trazabilidad. En concreto, el operativo abarca desde la remisión masiva de tarjetas censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y las notificaciones para las mesas, hasta la admisión y entrega de documentación electoral, culminando con la recogida y custodia de los sufragios emitidos. Este volumen de trabajo repercutirá de lleno en las oficinas postales, que habrán de gestionar una mayor afluencia de ciudadanos; en los centros de tratamiento automatizado (CTA), que asumirán volúmenes extraordinarios de clasificación y encaminamiento; y en las carterías y unidades de reparto encargadas de distribuir las comunicaciones. Coincidencia con el auge del comercio electrónico La presión sobre la plantilla será todavía mayor en esta ocasión, siendo que el calendario electoral coincidirá de pleno con la celebración del Black Friday y el arranque de la campaña navideña. Ambos periodos registran una especial intensidad en el tráfico de paquetería, lo que multiplicará la carga en unas dependencias que, según advierten desde la central sindical, ya empiezan a encontrarse desbordadas. Para dimensionar el reto logístico en la provincia, desde la organización recuerdan que el censo electoral supera las 90.234 personas en Soria , al tiempo que en los anteriores comicios generales de julio de 2023 se contabilizaron casi 6.618 solicitudes de voto por correo. Ante este escenario, consideran imprescindible anticipar las incorporaciones con una distribución territorial ajustada a las necesidades reales de cada centro, asegurando así la formación y preparación previa de los nuevos empleados. Desde la representación laboral advierten de que no es viable mantener una dinámica de recortes continuados durante años, dejando las unidades bajo mínimos, y pretender posteriormente que la plantilla resuelva una campaña de esta envergadura mediante prolongaciones de jornada, sobrecargas y esfuerzos extraordinarios. Por ello, reclaman que el refuerzo abarque también los centros logísticos, garantizando la cobertura íntegra de las ausencias, la ampliación voluntaria de horario para el personal contratado a tiempo parcial y la adopción de medidas organizativas que permitan cumplir los plazos sin deteriorar las condiciones de trabajo. Con todo, el sindicato ha querido subrayar que la profesionalidad de los empleados postales ha garantizado históricamente la plena fiabilidad del proceso democrático, rechazando cualquier intento de cuestionar su labor. Aún así y todo, matizan que ese compromiso de la plantilla no puede utilizarse como sustituto de los recursos humanos y materiales que corresponde proporcionar a la dirección de la compañía para cumplir con sus obligaciones públicas esenciales.
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