Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
Los enviados de Trump proponen discutir una nueva arquitectura de seguridad europea, una de las reivindicaciones que el Kremlin esgrime para justificar la invasión de Ucrania Ucrania y Rusia reanudan las negociaciones de paz en las primeras conversaciones oficiales desde febrero Desde que las conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se interrumpieron hace nueve meses, Vladímir Putin había rechazado reiteradamente reanudarlas, acusando a Volodímir Zelenski de escalar el conflicto. En las últimas semanas, sin embargo, el presidente ruso ha recuperado el interés por la diplomacia y ha accedido a reactivar los contactos. El motivo es que los emisarios de Donald Trump han puesto encima de la mesa una de las demandas que el Kremlin siempre había considerado clave para poner fin a la guerra: discutir una nueva arquitectura de seguridad europea. Una formulación que engloba la exigencia de alejar las fronteras de la OTAN del territorio ruso e impedir la entrada de Ucrania en la Alianza. Los analistas rusos no ocultan su satisfacción al ver atendida, por fin, una preocupación que usaron para presentar como inevitable la invasión de Ucrania. Los países europeos defienden que el actual orden de seguridad en el continente ya funciona, mientras que los analistas occidentales temen que se esté premiando la agresión contra Ucrania y abriendo las puertas a que Putin recupere su zona de influencia en Europa del Este. Trump da la razón a Putin Según explicaron fuentes ucranianas presentes en las negociaciones de Abu Dabi a RBK-Ucrania , la delegación rusa reclamó una serie de restricciones a la OTAN: el fin de la expansión de la Alianza, la reducción de su presencia militar en los países que se incorporaron a partir de 1997 y la disminución de la cooperación del bloque con Ucrania y otros Estados postsoviéticos. 1997 se considera un año clave en las relaciones entre Rusia y la OTAN. Fue entonces cuando ambas partes se comprometieron a no considerarse adversarias y a no desplegar fuerzas convencionales permanentes ni armas nucleares en los nuevos Estados miembros. Aunque no se especificaba que la Alianza no pudiera ampliarse hacia el este, Moscú siempre vio con suspicacia la adhesión de los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia y de los países bálticos. El progresivo acercamiento de Ucrania a la OTAN a partir de 2014 fue la gota que colmó el vaso para el Kremlin. Moscú sostiene que en diciembre de 2021, pocas semanas antes de la invasión a gran escala, presentó un ultimátum a los aliados. Entre otras peticiones, exigía impedir la entrada de Kiev en la Alianza, limitar los despliegues de tropas y armamento a los niveles de 1997 y evitar que los miembros de Europa del Este tuvieran las mismas garantías que los países fundadores. Acabe como acabe la guerra, la militarización de Europa continuará y cobrará impulso Iliá Matviéyev — Politólogo ruso exiliado “El sistema posterior a la Guerra Fría, centrado en la OTAN, nunca había despertado entusiasmo en Moscú y, a medida que la Alianza se expandía, empezó a percibirse como una amenaza cada vez más directa”, escribe en el diario gubernamental Rossíiskaia Gazeta Fiódor Lukiánov, uno de los expertos en política internacional más cercanos al Kremlin. El analista Serguéi Poletáev considera que todo el mundo sabe que “la operación militar especial comenzó, precisamente, porque se rechazó discutir con Rusia esta cuestión de la arquitectura de seguridad”, y añade que “es imposible poner fin al conflicto sin tomar decisiones fundamentales sobre un sistema común”. Por su parte, Mijail Rostovski, columnista de Moskovski Komsomólets , cree que el problema es que Ucrania “se convirtió en un ariete utilizado para expulsar a Moscú de una esfera que siempre había percibido como una zona de sus intereses nacionales vitales”. Opina que “eliminar ese ariete” es “una medida técnica”, “un elemento de un plan mucho más grandioso”. Por eso apunta que discutir ese plan demuestra “la seriedad” de las negociaciones. Así lo reconoció el jefe de la delegación rusa en los Emiratos, Vladímir Medinski, al concluir las conversaciones. “Han pasado muchos años y, finalmente, esta cuestión ha empezado a tener eco y a ser comprendida: hay que resolverla”, declaró. Según él, la guerra “ha demostrado que todo el sistema actual de seguridad en Europa funciona muy mal” y terminó diciendo: “Todo el organismo está enfermo y en Ucrania simplemente ha estallado el foco de infección. Hay que tratar todo el organismo: con una simple tirita no basta”. Para Lukiánov, que Estados Unidos haya aceptado abordar un nuevo orden de seguridad en el continente es “revolucionario”. Recuerda que Rusia “nunca ha retirado de la agenda” esta reivindicación, que figura entre “las causas fundamentales del conflicto”, y celebra que ahora, por primera vez, “la otra parte la mencione en el contexto de un acuerdo”. Aun así, advierte: “Este cambio no significa que debamos esperar grandes avances. Hay muchos obstáculos para progresar en este asunto”. Imagen de las conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, en Abu Dabi este miércoles. La investigadora rusa del Centro Carnegie Rusia Eurasia Tatiana Stanovaya interpreta que el Kremlin ha visto este movimiento norteamericano como una “oportunidad” que “vale la pena perseguir”, pese a que sus expectativas “son bajas”. “Si las conversaciones fracasan, Rusia está preparada para seguir luchando hasta que se presente otra oportunidad”, expone. Otros analistas, como el polaco Slawomir Debski , sostienen que Putin no puede vender como un triunfo una paz en la que la única ganancia sea territorial y limitada. Según él, eso “ayuda a explicar la determinación de Moscú de convertir las negociaciones sobre su guerra contra Ucrania en negociaciones sobre una nueva arquitectura de seguridad europea”. “Rusia necesita un premio mayor que el Donbás. Debilitar la OTAN, expulsar a los norteamericanos de Europa y adquirir un veto sobre las decisiones soberanas de sus vecinos le permitiría conseguirlo”, dice. En definitiva, el propio Medinski reveló en la televisión estatal rusa el propósito con el que desde hace mucho tiempo fantasea la prensa afín al Gobierno ruso: “una Yalta y un Potsdam modernos”, en referencia a las conferencias internacionales en las que las potencias aliadas se repartieron las zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial. “Si conseguimos crear este sistema de seguridad, garantizaremos la paz en Europa durante décadas, quizá incluso siglos”, auguró. El problema no es si la seguridad europea debería debatirse en futuras negociaciones. Está claro que debería ser así. El problema es la suposición de que la insatisfacción de Rusia con el orden de seguridad europeo es una causa fundamental de su agresión, en lugar de ser potencialmente una expresión, un instrumento y una justificación de sus ambiciones de dominar a sus vecinos Dmitri Minic — Director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales Según publicó Axios , Estados Unidos ha pedido a Rusia que presente propuestas para este nuevo marco de seguridad. Un alto cargo del Ministerio de Exteriores ruso, Alekséi Dobrinin, expuso esta semana en un acto en Moscú tres posibles fórmulas: una alianza de defensa colectiva o acuerdos bilaterales de asistencia mutua, como los que Rusia mantiene con Corea del Norte o Bielorrusia; compromisos de no apoyar a los adversarios de la otra parte en caso de agresión, como el que el Kremlin firmó con Irán; o pactos bilaterales de no agresión, similares al que Moscú tiene con Pekín. El exdiplomático ruso Borís Bondárev argumenta que tratar con Rusia por separado es un error en el que los países europeos podrían caer al acceder a “negociar lo innegociable: su propia defensa colectiva”. Y pronostica que “los países que persigan pactos individuales con Moscú acabarán convertidos en satélites rusos”. Mientras tanto, el politólogo ruso exiliado Iliá Matviéyev señala a Putin como responsable de la destrucción del sistema de seguridad europeo. Sostiene que antes de 2022 aquella “arquitectura común” ya incluía a Rusia y que, con la invasión de Ucrania, “provocó una nueva Guerra Fría”. Esta ruptura de la confianza, afirma, ha disparado la inversión en defensa, convertida en el único “indicador” de protección. “Acabe como acabe la guerra, la militarización de Europa continuará y cobrará impulso”, vaticina. La preocupación de los analistas occidentales es que este debate sobre el equilibrio estratégico en el continente sea un pretexto del Kremlin para amenazar a los países de su área de influencia. “El problema no es si la seguridad europea debería debatirse en futuras negociaciones. Está claro que debería ser así. El problema es la suposición de que la insatisfacción de Rusia con el orden de seguridad europeo es una causa fundamental de su agresión, en lugar de ser potencialmente una expresión, un instrumento y una justificación de sus ambiciones de dominar a sus vecinos”, escribe Dmitri Minic, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales . “¿Y si el problema no es principalmente la arquitectura de seguridad europea, sino la negativa del Kremlin a aceptar la soberanía y la autonomía estratégica de sus vecinos? ¿Y si lo que Moscú presenta como un problema de seguridad es, en realidad, un problema de dominio perdido? ¿Y si su percepción de un entorno de seguridad hostil está, en sí misma, moldeada por ambiciones que ningún acuerdo de seguridad razonable podría satisfacer?”, se pregunta. Uno de los puntos más controvertidos de la concepción que Putin tiene de las garantías de posguerra para Rusia es que implica el poder de veto sobre cualquier intervención defensiva de los aliados en Ucrania. “No se trata siquiera de la neutralidad, sino de garantizar que Ucrania nunca pueda reclamar los territorios ocupados por Rusia, así como de asegurar que ninguna nación occidental sea capaz de proporcionarle un apoyo significativo”, asegura el periodista ruso exiliado Anton Barbashin . Los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, este jueves en el Kremlin. En la reunión que el presidente ruso ha mantenido este jueves con los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, les ha dejado claro que Moscú consideraría “inaceptable” la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano y que estas se convertirían inmediatamente en “objetivos legítimos” para el Ejército ruso. Según Politico , Washington espera que Putin permita que Ucrania reciba garantías de seguridad equiparables a las del artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas y coordinación política ante una agresión, o a las del artículo 5, que facilita asistencia militar al país atacado. Una propuesta que el Kremlin ya ha rechazado en otras ocasiones. Fuentes de la Administración norteamericana han aclarado a Axios que Estados Unidos no concedería a Rusia derecho de veto sobre la defensa del continente y que tampoco aceptaría un acuerdo que no contara con el beneplácito de Kiev y Bruselas. Debski no entiende los motivos de los emisarios estadounidenses para impulsar la revisión de un modelo que, de concretarse, equivaldría a “rendir su posición” y debilitar su influencia. “Sean cuales sean las oportunidades comerciales que Trump, Witkoff o Kushner puedan ver en un acuerdo con Moscú, esas oportunidades no demuestran que una retirada como esta beneficie a Estados Unidos”, apunta. “Pese a las preocupaciones de los gobiernos europeos, Washington no tiene un plan específico para la seguridad del continente”, añade Stanovaya. Cree que el único objetivo que persigue Trump es que Europa “asuma una mayor responsabilidad” en su defensa y poder abandonar el conflicto en Ucrania. Europa, en la mesa de negociaciones En este esfuerzo por implicar a los aliados en el proceso negociador, Kushner ha pedido a Putin que acepte incluir a representantes europeos en las próximas rondas de conversaciones. Con esta maniobra, la Casa Blanca espera suavizar la negativa de Bruselas a debatir la nueva arquitectura de seguridad mientras no se detengan los combates en Ucrania. Los líderes europeos mantienen que el marco defensivo sigue vigente y, según el Financial Times , solo estarían dispuestos a debatir la recuperación de mecanismos de prevención de conflictos de la época de la Guerra Fría, como los acuerdos que limitaban el despliegue de ciertos tipos de misiles, así como del Tratado de Cielos Abiertos, que permitía a Estados Unidos y a la Unión Soviética supervisar las instalaciones militares del otro. En cualquier caso, Axios subraya que, en Abu Dabi, los funcionarios europeos abrieron la puerta a abordar este debate en paralelo a las conversaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Aunque en las últimas semanas Putin no ha descartado el diálogo con los líderes europeos –así lo demostró con la conversación telefónica con los dirigentes de Finlandia y Noruega–, los diplomáticos rusos se muestran reacios a dar la bienvenida a sus representantes a la mesa de negociación. Medinski fue muy duro con ellos en la rueda de prensa posterior a las conversaciones en Emiratos. “No entendemos qué hacían aquí ni de qué podemos hablar con ellos; si han venido como turistas, que se reúnan en el vestíbulo del hotel”, remarcó, y añadió: “Hasta que no les despierte la conciencia, no podrán participar en las negociaciones de paz. Hasta entonces, son partícipes del engaño colectivo al pueblo ucraniano y cómplices de la muerte de población civil”. Kushner restó importancia a la intransigencia del Kremlin e instó a Bruselas a elegir un interlocutor para transformar las conversaciones trilaterales en multilaterales. “Si Europa pudiera identificar a una persona que hablara en su nombre, sería un logro mayor que conseguir que los rusos aceptaran incluirla en las negociaciones”, dijo.
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes el nuevo impulso a la industria naval de la Bahía de Cádiz tras la autorización del Gobierno para encargar a Navantia la construcción de un buque hidrográfico oceánico para la Armada, una operación valorada en más de 345 millones de euros de la que La Voz de Cádiz ya adelantó los detalles.La dirigente socialista ha reaccionado así a los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros, que incluyen nuevas inversiones destinadas a la construcción y modernización de buques militares. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Montero ha destacado que estas decisiones suponen un «nuevo impulso» al presente y al futuro industrial de la Bahía de Cádiz.«El Gobierno de España sigue apostando por nuestros astilleros y por una industria estratégica para este territorio y para Andalucía», ha señalado la secretaria general del PSOE-A, que ha puesto el acento en las oportunidades económicas y laborales que pueden derivarse de los nuevos programas.El principal encargo confirmado para la Bahía corresponde al diseño y construcción de un buque hidrográfico oceánico, cuyo presupuesto estimado asciende exactamente a 345.091.314 euros. Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, los trabajos se llevarán a cabo por Navantia en su unidad de producción de Corbetas y Buques de Acción Marítima, situada en la Bahía de Cádiz. La autorización, de la que informó La Voz de Cádiz el pasado 11 de noviembre, representa una nueva oportunidad para reforzar la actividad de los astilleros gaditanos y su especialzación en la construcción naval militar.Junto a este programa, el Consejo de Ministros también ha autorizado la orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque de inteligencia, con un valor estimado de 591.272.899 euros. El proyecto se desarrollará igualmente de la mano de Navantia, aunque la documentación oficial consultada no concreta que su construcción vaya a realizarse íntegramente en las factorías de la Bahía de Cádiz. Carga de trabajo en la BahíaMontero ha subrayado que el respaldo del Ejecutivo a la industria naval va más allá de la construcción de nuevos buques, al contribuir al mantenimiento de la capacidad tecnológica y productiva de los astilleros.«Ahora, se destinan 345 millones de euros a la construcción del nuevo Buque Hidrográfico Oceánico y a nuevos programas que refuerzan la capacidad tecnológica y productiva de nuestra industria naval», ha destacado.Para la líder socialista, estas inversiones representan una apuesta por uno de los sectores estratégicos de la economía gaditana, tanto por su actividad directa como por las oportunidades que genera para el tejido industrial vinculado a Navantaia.«Más inversión y más carga de trabajo para Navantia significan más actividad, nuevas oportunidades de empleo y futuro para miles de familias», ha defendido Montero.De esta manera, la secretaria general del PSOE andaluz ha reivindicado las decisiones del Gobierno central como un respaldo al futuro de la construcción naval en la Bahía de Cádiz, donde Navantia mantiene una presencia industrial estratégica.
La Diputación de Cádiz ha presentado este viernes sus presupuestos para 2027, que serán aprobados el próximo miércoles 18 de noviembre en pleno ordinario. Las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados , lo que supone un incremento del 9,5% respecto a la partida de 2026. En comparación con las últimas cuentas aprobadas por el anterior ejecutivo del PSOE, la cuantía total ha experimentado un crecimiento del 38,7%, aumentando en 125 millones de euros, cuando ascendió a 323,8 millones de euros.La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco ha precisado los principales hitos del presupuesto de 2027, así como su desglose por áreas de gobierno. Junto a la presidenta han intervenido los vicepresidentes segundo y quinto, Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, que han valorado el alcance de las nuevas cuentas al tiempo que han confirmado la estabilidad del gobierno provincial y la sintonía de las dos formaciones políticas que sustentan el ejecutivo (PP y La Línea 100x100). En la presentación de las cuentas de 2027 también han comparecido el vicepresidente primero y responsable del Área de Hacienda, Juancho Ortiz, y los diputados y diputadas Paula Conesa, José Manuel Cossi y Ana Moreno.“Estamos, por tanto, ante el presupuesto más expansivo de la historia de la Diputación de Cádiz. El presupuesto es una herramienta para fortalecer los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos, invertir en infraestructuras y ayudar a hacer realidad proyectos estratégicos para la provincia”, ha defendido la presidenta de Diputación.Dos capítulos del presupuesto miden su capacidad inversora: el 6, de inversiones reales, y el 7 de transferencias de capital; ambos, agrupados, alcanza la cifra de 103.711.184 euros para el próximo año, casi un 6 por ciento por encima del presupuesto de 2026 y 41 millones de euros adicionales si se compara con las cifras de 2023. “Hablamos de inversiones para atender obras, actuaciones municipales y proyectos estratégicos que se traducen en más empleo, más dinamismo económico y más oportunidades en el territorio”, ha referido la presidenta de Diputación.Casi 20 millones para las carreterasAlmudena Martínez ha destacado la sensible subida que experimentan las partidas dedicadas a la renovación y mantenimiento de la red de carreteras de Diputación. Las vías provinciales recibirán 18,3 millones de euros que suponen un incremento del 850 por ciento sobre el ejercicio de 2023. “Garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red de carreteras es nuestra prioridad”, ha insistido la presidenta, quien ha recordado que este impulso a la conservación de las infraestructuras es una de las principales premisas emanadas del reciente informe encomendado al Colegio de Economistas. Los créditos iniciales del presupuesto de 2026 contemplaban 10,6 millones de euros para las carreteras provinciales. Los daños ocasionados por el tren de borrascas de febrero motivaron una movilización de recursos inédita por parte de la Diputación; un esfuerzo que al final se tradujo en 26,5 millones de euros, la mayoría incorporados como obras de emergencia. Este contexto justifica el alza inversora para 2027 y la inclusión de actuaciones largamente esperadas como el acondicionamiento de la carretera de Lora , de acceso a Alcalá del Valle, o la mejora de la vía que enlaza el barrio de San José Obrero, en Jerez, con Guadalcacín.Política de viviendaLa Empresa Provincial de Vivienda y Suelo dispondrá de 6.092.981 euros que, en términos relativos, marca un alza del 40 por ciento sobre 2026. Almudena Martínez ha explicado que al iniciar el actual mandato encontraron una sociedad pública que requería su estabilidad económica y operativa. “Una vez reflotada –y tras valorar la implicación al respecto del diputado José Manuel Cossi- comenzamos el impulso a la promoción de vivienda pública o asequible en los municipios, en cooperación con los ayuntamientos”. Más allá de esta circunstancia interna, “la escasez de suelo finalista, la saturación de la red eléctrica o la incapacidad financiera de los consistorios para construir vivienda” son factores que dificultan cada proceso.Servicios socialesMás de 80 millones de euros, exactamente 83.107.731, son los créditos iniciales que se consignarán en el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Esta previsión supone un incremento del 23,5 por ciento sobre el presupuesto de 2026 y del 45,4 por ciento sobre el de 2023. “Era incuestionable que por cuarto año consecutivo íbamos a presentar un presupuesto que amplía el escudo social del anterior y fortalece las políticas que protegen a las personas y colectivos más vulnerables”, ha significado Almudena Martínez. El desglose de este “hito social” ofrece las siguientes referencias significativas: la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio se eleva hasta los 54,2 millones de euros (casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023). Casi tres millones de euros se dedican al mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea. Otro programa estable, el de Mayores Activos, recibirá 980.200 euros que, en términos relativos, supone un alza del 10 por ciento en relación a 2026.Presupuesto de cara áreaTras presentar los grandes pilares del presupuesto, Almudena Martínez precisó los datos desglosados por Áreas de gobierno.El Área de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar “el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias”. Entre otros proyectos se dará cobertura a la segunda fase de las obras para la ampliación y construcción del nuevo Centro de Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’ en Sanlúcar; a obras de mejora en acuartelamientos de la Guardia Civil; a la restauración de iglesias y capillas en mal estado; al Plan de Empleo de Cruz Roja o al programa Erasmus con la UCA. También se incrementa un 23% la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones “para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial”. A Epicsa “transferimos 7,2 millones para los retos tecnológicos de la administración electrónica, la implantación de la Inteligencia Artificial en Diputación y el Plan Aida para los ayuntamientos”, indicó Almudena Martínez.El Área de Hacienda , que coordina Juancho Ortiz y “clave en la elaboración del presupuesto”, se dota con 8 millones de euros “para hacer frente a la amortización de los préstamos contraídos ante las emergencias por las lluvias, garantizando la solidez inversora de la institución”.El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (más de 11 millones en relación a 2026). El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha destacado la pervivencia de todos los programas en vigor a la vez que ha confirmado que se potenciarán las ayudas mediante convocatorias por concurrencia competitiva. El PAMIED, Plan dedicado a la mejora de instalaciones y espacios deportivos, experimentará un sensible incremento hasta alcanzar la cifra de 1,9 millones de euros. En el ámbito de la Memoria Democrática se insistirá en los programas educativos diseñados para los centros educativos, además de mantener la asistencia técnica y económica para entidades locales y asociaciones. Los programas de Educación Ambiental, el Proindes, las campañas para el control del mosquito transmisor del virus del Nilo, o la asistencia a los ayuntamientos para la retirada del alga invasora fueron otras líneas destacadas por Vidal antes de anunciar una novedad de calado: la consignación de 1,9 millones de euros para emprender las obras que harán del Centro Experimental Agrícola y Ganadera, sito en Jerez, un espacio de referencia en Andalucía para el sector primario.El Área de Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026). Con este aumento, según refirió Almudena Martínez, “se dará cobertura a la contratación o nombramiento de personal para la nueva residencia de La Línea; a los gastos de la estructura general del personal general de Diputación; y a la incorporación de nuevo personal por la Oferta de Empleo Público de 2027”.El presupuesto del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se cifra en 40,7 millones de euros, dedicados a fomentar nuevas actividades económicas y fortalecer sectores productivos. El principal instrumento de dicha área, el plan Dipuinnova Plus, alcanzará una partida de 10,7 millones de euros tras experimentar una subida del 19 por ciento. Además, se reeditará el Plan de Cooperación Local (Plan de Empleo) con 5,7 millones de euros; a Proyectos Singulares se dedicarán 5,7 millones; 476.327 euros para el Plan AIRER y más de 480.000 euros para la Escuela de Hostelería y Turismo ‘Fernando Quiñones’.En relación al Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación , fue el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, quien detalló las cifras más significativas. El Área, en conjunto, tendrá una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros. En el ámbito de Desarrollo Local, el Plan Más Inversión contendrá 9,5 millones de euros y se destinará a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Recaudación dispondrá de 21 millones de euros, “confirmando que se trata de un servicio eficaz y eficiente que tiene la plena confianza de los ayuntamientos”. En la parcela de Asistencia a Municipios –con 2,8 millones- destacó las acciones formativas que mejoran las competencias de los empleados públicos del conjunto de la provincia. El Área de Cooperación , que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.La exposición de la presidenta concluyó con los datos referidos al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La cifra récord asignada –de 83,1 millones de euros- comprende una reserva de 78 millones para Bienestar Social, casi 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo.Organismos autónomosEn cuanto a los organismos autónomos, el Patronato Provincial de Turismo afrontará 2027 con un presupuesto de 5,3 millones de euros ; la Fundación Provincial de Cultura dispondrá de 1,7 millones y el IEDT 10,2. A la red de hoteles y casas rurales, Tugasa, se destinan casi 10 millones de euros (registrando un alza del 7,4 por ciento en relación a 2026), por lo que se incide en la estrategia de ampliar los índices de pernoctaciones y estancias, además de perseverar en la modernización de los establecimientos. EPICSA gestionará un presupuesto de 13,6 millones de euros; la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo 6 millones y la Agencia Provincial de la Energía algo más de un millón de euros.
Los enviados de Trump proponen discutir una nueva arquitectura de seguridad europea, una de las reivindicaciones que el Kremlin esgrime para justificar la invasión de Ucrania Ucrania y Rusia reanudan las negociaciones de paz en las primeras conversaciones oficiales desde febrero Desde que las conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se interrumpieron hace nueve meses, Vladímir Putin había rechazado reiteradamente reanudarlas, acusando a Volodímir Zelenski de escalar el conflicto. En las últimas semanas, sin embargo, el presidente ruso ha recuperado el interés por la diplomacia y ha accedido a reactivar los contactos. El motivo es que los emisarios de Donald Trump han puesto encima de la mesa una de las demandas que el Kremlin siempre había considerado clave para poner fin a la guerra: discutir una nueva arquitectura de seguridad europea. Una formulación que engloba la exigencia de alejar las fronteras de la OTAN del territorio ruso e impedir la entrada de Ucrania en la Alianza. Los analistas rusos no ocultan su satisfacción al ver atendida, por fin, una preocupación que usaron para presentar como inevitable la invasión de Ucrania. Los países europeos defienden que el actual orden de seguridad en el continente ya funciona, mientras que los analistas occidentales temen que se esté premiando la agresión contra Ucrania y abriendo las puertas a que Putin recupere su zona de influencia en Europa del Este. Trump da la razón a Putin Según explicaron fuentes ucranianas presentes en las negociaciones de Abu Dabi a RBK-Ucrania , la delegación rusa reclamó una serie de restricciones a la OTAN: el fin de la expansión de la Alianza, la reducción de su presencia militar en los países que se incorporaron a partir de 1997 y la disminución de la cooperación del bloque con Ucrania y otros Estados postsoviéticos. 1997 se considera un año clave en las relaciones entre Rusia y la OTAN. Fue entonces cuando ambas partes se comprometieron a no considerarse adversarias y a no desplegar fuerzas convencionales permanentes ni armas nucleares en los nuevos Estados miembros. Aunque no se especificaba que la Alianza no pudiera ampliarse hacia el este, Moscú siempre vio con suspicacia la adhesión de los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia y de los países bálticos. El progresivo acercamiento de Ucrania a la OTAN a partir de 2014 fue la gota que colmó el vaso para el Kremlin. Moscú sostiene que en diciembre de 2021, pocas semanas antes de la invasión a gran escala, presentó un ultimátum a los aliados. Entre otras peticiones, exigía impedir la entrada de Kiev en la Alianza, limitar los despliegues de tropas y armamento a los niveles de 1997 y evitar que los miembros de Europa del Este tuvieran las mismas garantías que los países fundadores. Acabe como acabe la guerra, la militarización de Europa continuará y cobrará impulso Iliá Matviéyev — Politólogo ruso exiliado “El sistema posterior a la Guerra Fría, centrado en la OTAN, nunca había despertado entusiasmo en Moscú y, a medida que la Alianza se expandía, empezó a percibirse como una amenaza cada vez más directa”, escribe en el diario gubernamental Rossíiskaia Gazeta Fiódor Lukiánov, uno de los expertos en política internacional más cercanos al Kremlin. El analista Serguéi Poletáev considera que todo el mundo sabe que “la operación militar especial comenzó, precisamente, porque se rechazó discutir con Rusia esta cuestión de la arquitectura de seguridad”, y añade que “es imposible poner fin al conflicto sin tomar decisiones fundamentales sobre un sistema común”. Por su parte, Mijail Rostovski, columnista de Moskovski Komsomólets , cree que el problema es que Ucrania “se convirtió en un ariete utilizado para expulsar a Moscú de una esfera que siempre había percibido como una zona de sus intereses nacionales vitales”. Opina que “eliminar ese ariete” es “una medida técnica”, “un elemento de un plan mucho más grandioso”. Por eso apunta que discutir ese plan demuestra “la seriedad” de las negociaciones. Así lo reconoció el jefe de la delegación rusa en los Emiratos, Vladímir Medinski, al concluir las conversaciones. “Han pasado muchos años y, finalmente, esta cuestión ha empezado a tener eco y a ser comprendida: hay que resolverla”, declaró. Según él, la guerra “ha demostrado que todo el sistema actual de seguridad en Europa funciona muy mal” y terminó diciendo: “Todo el organismo está enfermo y en Ucrania simplemente ha estallado el foco de infección. Hay que tratar todo el organismo: con una simple tirita no basta”. Para Lukiánov, que Estados Unidos haya aceptado abordar un nuevo orden de seguridad en el continente es “revolucionario”. Recuerda que Rusia “nunca ha retirado de la agenda” esta reivindicación, que figura entre “las causas fundamentales del conflicto”, y celebra que ahora, por primera vez, “la otra parte la mencione en el contexto de un acuerdo”. Aun así, advierte: “Este cambio no significa que debamos esperar grandes avances. Hay muchos obstáculos para progresar en este asunto”. Imagen de las conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, en Abu Dabi este miércoles. La investigadora rusa del Centro Carnegie Rusia Eurasia Tatiana Stanovaya interpreta que el Kremlin ha visto este movimiento norteamericano como una “oportunidad” que “vale la pena perseguir”, pese a que sus expectativas “son bajas”. “Si las conversaciones fracasan, Rusia está preparada para seguir luchando hasta que se presente otra oportunidad”, expone. Otros analistas, como el polaco Slawomir Debski , sostienen que Putin no puede vender como un triunfo una paz en la que la única ganancia sea territorial y limitada. Según él, eso “ayuda a explicar la determinación de Moscú de convertir las negociaciones sobre su guerra contra Ucrania en negociaciones sobre una nueva arquitectura de seguridad europea”. “Rusia necesita un premio mayor que el Donbás. Debilitar la OTAN, expulsar a los norteamericanos de Europa y adquirir un veto sobre las decisiones soberanas de sus vecinos le permitiría conseguirlo”, dice. En definitiva, el propio Medinski reveló en la televisión estatal rusa el propósito con el que desde hace mucho tiempo fantasea la prensa afín al Gobierno ruso: “una Yalta y un Potsdam modernos”, en referencia a las conferencias internacionales en las que las potencias aliadas se repartieron las zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial. “Si conseguimos crear este sistema de seguridad, garantizaremos la paz en Europa durante décadas, quizá incluso siglos”, auguró. El problema no es si la seguridad europea debería debatirse en futuras negociaciones. Está claro que debería ser así. El problema es la suposición de que la insatisfacción de Rusia con el orden de seguridad europeo es una causa fundamental de su agresión, en lugar de ser potencialmente una expresión, un instrumento y una justificación de sus ambiciones de dominar a sus vecinos Dmitri Minic — Director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales Según publicó Axios , Estados Unidos ha pedido a Rusia que presente propuestas para este nuevo marco de seguridad. Un alto cargo del Ministerio de Exteriores ruso, Alekséi Dobrinin, expuso esta semana en un acto en Moscú tres posibles fórmulas: una alianza de defensa colectiva o acuerdos bilaterales de asistencia mutua, como los que Rusia mantiene con Corea del Norte o Bielorrusia; compromisos de no apoyar a los adversarios de la otra parte en caso de agresión, como el que el Kremlin firmó con Irán; o pactos bilaterales de no agresión, similares al que Moscú tiene con Pekín. El exdiplomático ruso Borís Bondárev argumenta que tratar con Rusia por separado es un error en el que los países europeos podrían caer al acceder a “negociar lo innegociable: su propia defensa colectiva”. Y pronostica que “los países que persigan pactos individuales con Moscú acabarán convertidos en satélites rusos”. Mientras tanto, el politólogo ruso exiliado Iliá Matviéyev señala a Putin como responsable de la destrucción del sistema de seguridad europeo. Sostiene que antes de 2022 aquella “arquitectura común” ya incluía a Rusia y que, con la invasión de Ucrania, “provocó una nueva Guerra Fría”. Esta ruptura de la confianza, afirma, ha disparado la inversión en defensa, convertida en el único “indicador” de protección. “Acabe como acabe la guerra, la militarización de Europa continuará y cobrará impulso”, vaticina. La preocupación de los analistas occidentales es que este debate sobre el equilibrio estratégico en el continente sea un pretexto del Kremlin para amenazar a los países de su área de influencia. “El problema no es si la seguridad europea debería debatirse en futuras negociaciones. Está claro que debería ser así. El problema es la suposición de que la insatisfacción de Rusia con el orden de seguridad europeo es una causa fundamental de su agresión, en lugar de ser potencialmente una expresión, un instrumento y una justificación de sus ambiciones de dominar a sus vecinos”, escribe Dmitri Minic, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales . “¿Y si el problema no es principalmente la arquitectura de seguridad europea, sino la negativa del Kremlin a aceptar la soberanía y la autonomía estratégica de sus vecinos? ¿Y si lo que Moscú presenta como un problema de seguridad es, en realidad, un problema de dominio perdido? ¿Y si su percepción de un entorno de seguridad hostil está, en sí misma, moldeada por ambiciones que ningún acuerdo de seguridad razonable podría satisfacer?”, se pregunta. Uno de los puntos más controvertidos de la concepción que Putin tiene de las garantías de posguerra para Rusia es que implica el poder de veto sobre cualquier intervención defensiva de los aliados en Ucrania. “No se trata siquiera de la neutralidad, sino de garantizar que Ucrania nunca pueda reclamar los territorios ocupados por Rusia, así como de asegurar que ninguna nación occidental sea capaz de proporcionarle un apoyo significativo”, asegura el periodista ruso exiliado Anton Barbashin . Los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, este jueves en el Kremlin. En la reunión que el presidente ruso ha mantenido este jueves con los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, les ha dejado claro que Moscú consideraría “inaceptable” la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano y que estas se convertirían inmediatamente en “objetivos legítimos” para el Ejército ruso. Según Politico , Washington espera que Putin permita que Ucrania reciba garantías de seguridad equiparables a las del artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas y coordinación política ante una agresión, o a las del artículo 5, que facilita asistencia militar al país atacado. Una propuesta que el Kremlin ya ha rechazado en otras ocasiones. Fuentes de la Administración norteamericana han aclarado a Axios que Estados Unidos no concedería a Rusia derecho de veto sobre la defensa del continente y que tampoco aceptaría un acuerdo que no contara con el beneplácito de Kiev y Bruselas. Debski no entiende los motivos de los emisarios estadounidenses para impulsar la revisión de un modelo que, de concretarse, equivaldría a “rendir su posición” y debilitar su influencia. “Sean cuales sean las oportunidades comerciales que Trump, Witkoff o Kushner puedan ver en un acuerdo con Moscú, esas oportunidades no demuestran que una retirada como esta beneficie a Estados Unidos”, apunta. “Pese a las preocupaciones de los gobiernos europeos, Washington no tiene un plan específico para la seguridad del continente”, añade Stanovaya. Cree que el único objetivo que persigue Trump es que Europa “asuma una mayor responsabilidad” en su defensa y poder abandonar el conflicto en Ucrania. Europa, en la mesa de negociaciones En este esfuerzo por implicar a los aliados en el proceso negociador, Kushner ha pedido a Putin que acepte incluir a representantes europeos en las próximas rondas de conversaciones. Con esta maniobra, la Casa Blanca espera suavizar la negativa de Bruselas a debatir la nueva arquitectura de seguridad mientras no se detengan los combates en Ucrania. Los líderes europeos mantienen que el marco defensivo sigue vigente y, según el Financial Times , solo estarían dispuestos a debatir la recuperación de mecanismos de prevención de conflictos de la época de la Guerra Fría, como los acuerdos que limitaban el despliegue de ciertos tipos de misiles, así como del Tratado de Cielos Abiertos, que permitía a Estados Unidos y a la Unión Soviética supervisar las instalaciones militares del otro. En cualquier caso, Axios subraya que, en Abu Dabi, los funcionarios europeos abrieron la puerta a abordar este debate en paralelo a las conversaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Aunque en las últimas semanas Putin no ha descartado el diálogo con los líderes europeos –así lo demostró con la conversación telefónica con los dirigentes de Finlandia y Noruega–, los diplomáticos rusos se muestran reacios a dar la bienvenida a sus representantes a la mesa de negociación. Medinski fue muy duro con ellos en la rueda de prensa posterior a las conversaciones en Emiratos. “No entendemos qué hacían aquí ni de qué podemos hablar con ellos; si han venido como turistas, que se reúnan en el vestíbulo del hotel”, remarcó, y añadió: “Hasta que no les despierte la conciencia, no podrán participar en las negociaciones de paz. Hasta entonces, son partícipes del engaño colectivo al pueblo ucraniano y cómplices de la muerte de población civil”. Kushner restó importancia a la intransigencia del Kremlin e instó a Bruselas a elegir un interlocutor para transformar las conversaciones trilaterales en multilaterales. “Si Europa pudiera identificar a una persona que hablara en su nombre, sería un logro mayor que conseguir que los rusos aceptaran incluirla en las negociaciones”, dijo.
La promoción de Stephen Miller tras la derrota trumpista en las legislativas muestra la intención de Trump de confrontar con el Congreso en lo que puede desencadenar un grave conflicto institucional “Patriotas al mando”: Stephen Miller, el ideólogo ultra que se ha convertido en el hombre fuerte de Trump En junio de 2025 se produjo en Los Angeles el enfrentamiento entre manifestantes en defensa de los inmigrantes contra 4000 efectivos militares y 700 infantes de Marina enviados por el presidente Donald Trump en contra de la opinión del gobernador de California. Según la Ley Posse Comitatus, el ejército de EEUU no puede participar en tareas de mantenimiento del orden público civil, salvo que el Congreso lo haya autorizado. En octubre del mismo año, Trump confirmó que esas intervenciones en diversas ciudades eran “prácticas” para futuras acciones de guerra dentro de Estados Unidos sin aclarar quiénes serían los insurgentes. Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de seguridad nacional, fue la persona que ordenó esas acciones. Ahora, tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, Trump ascendió a Miller a jefe de Gabinete, la posición más poderosa en la Casa Blanca después del presidente. Steve Bannon, ideólogo del movimiento MAGA ( Make America Great Again ), ha descrito a Miller como el “primer ministro” de Trump. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas. La revista The Nation tituló el 9 de noviembre: “Stephen Miller es ahora el verdadero presidente”. Para Miller, el Partido Demócrata es una "organización extremista de izquierdas" y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la "somalización de Estados Unidos" El gran supervisor Miller hizo sus primeras apariciones en 2017, cuando era uno de los redactores de los discursos de Trump. En los nueve años siguientes extendió su influencia sobre el presidente hasta el punto de que la exportavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Miller “supervisa todas las políticas en las que interviene la Administración”. Para Maggie Haberman y Jonathan Swan, autores del libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump , la presencia e influencia de Miller en la Administración es casi omnipresente. Funcionario irascible e hiperactivo, con hasta ahora una plantilla de 20 personas a su servicio, Miller considera que los jueces federales que se resisten a las órdenes ejecutivas de Trump incurren en “insurrección jurídica”. Desde que se inició la segunda presidencia ha preparado para el presidente 292 órdenes ejecutivas, cifra sin precedentes en otras administraciones y que auguran cómo piensan dejar de lado al Congreso en los próximos dos años de mandato. Para Miller, el Partido Demócrata es una “organización extremista de izquierdas” y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la “ somalización de Estados Unidos”. Respecto al orden internacional, el nuevo jefe de Gabinete opina que está acabado: el mundo se mueve “por la fuerza, que se rige por el poder”. En el terreno educativo, aunque no era parte de sus competencias, ha influido para cortar los fondos para el Departamento de Educación y redirigirlos hacia gobiernos estatales que estén alineados con el MAGA. Ha eliminado fondos federales para estudios sobre teoría crítica, racismo, diversidad, igualdad e inclusión por considerarlos “antiamericanos”. En relación con la migración propuso eliminar la financiación para hijos de inmigrantes indocumentados, yendo en contra de una decisión del Tribunal Supremo de 1982. Stephen Miller, llega a un mitin de Donald Trump, en el aeropuerto de Lancaster el 3 de noviembre de 2024 en Lititz, Pensilvania. Contra la migración y el derecho internacional A sus 41 años, este ultraderechista ha sido arquitecto de una política radical contra la inmigración militarizando la frontera con México, impulsando el veto de entrada a ciudadanos musulmanes y ordenando las escandalosas separaciones de padres inmigrantes de sus hijos, así como las deportaciones ilegales (actualmente alrededor de 3000 al día, 643.000 desde enero de 2025). De esas deportaciones, 25.000 han sido a terceros países sin ninguna asistencia legal. No dudó, por otra parte, en calificar de “terroristas” a dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Minneapolis mientras se manifestaban contra las detenciones y deportaciones por parte del grupo paramilitar ICE (Immigration and Customs Enforcement). Según el New York Times, Miller ha estado , así mismo, implicado en la persecución judicial de opositores políticos de Trump y en la represión a las manifestaciones estudiantiles contra el apoyo de la Administración Trump a Israel durante el genocidio en Gaza. En política exterior impulsó con Pete Hegseth, secretario de Defensa, y amigo de ideología ultranacionalista, los mortales bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y costas del Océano Pacífico en los días previos al secuestro de Maduro y a los que acusaba de narcotraficantes. Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia Estas últimas acciones violan el Derecho Internacional y la ley en Estados Unidos. La Casa Blanca carece de la autorización prevista para llevar a cabo estos ataques militares debido a que el tráfico de drogas no constituye legalmente un conflicto armado ni un ataque militar directo contra Estados Unidos. Así mismo, esos ataques han provocado ejecuciones extrajudiciales y asesinatos sin debido proceso ni son respuestas a una amenaza inminente. A todo esto se suma que el tráfico de drogas compete a las fuerzas del orden civiles y no a la intervención militar. Matar intencionadamente a sospechosos sin el debido proceso o sin que exista una amenaza inminente viola las normas penales nacionales y constitucionales. Control e injerencia en América Latina Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (NSS de sus siglas en inglés) presta especial atención a que EEUU controle territorios, recursos naturales estratégicos, pasos navales y combata el crimen organizado y las migraciones con gobiernos afines especialmente en el “Hemisferio Occidental”. Este es, desde el Polo Norte y Groenlandia hasta Patagonia, su particular zona de influencia, según ha confirmado el propio Miller . En este contexto, para América Latina se ha establecido el Escudo de las Américas con varios ejércitos bajo liderazgo del Pentágono. EEUU envía efectivos (actualmente a Ecuador, Colombia y Venezuela) y lleva a cabo intervenciones de fuerzas especiales estadounidenses, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado, en el que Miller estuvo implicado. No es descartable que Miller planifique una intervención para cambiar el régimen en Cuba. Una coherente trayectoria Hijo de una familia judía pudiente de California, desde su adolescencia y luego en su época de estudiante en la Universidad de Duke, fue un provocador con ideas de ultraderecha desde la columna que escribía para el periódico de ese centro académico. También entonces se vinculó con David Horowitz, un exizquierdista de los años 60 que evolucionó hacia la ultraderecha. Más tarde fue ayudante en el Congreso de la representante del Tea Party (movimiento de base de ultraderecha que se formó durante la Administración Obama, precursor del MAGA) Michele Bachmann y de Jeff Sessions, senador racista por Alabama. Reclutado por Trump para su primera campaña electoral y gobierno (2017-2021), Miller fue el redactor del discurso catastrofista del nuevo presidente al asumir su cargo sobre la “carnicería” que aparentemente sufría Estados Unidos por haber abierto la puerta a la migración durante décadas y la necesidad de “hacer América grande otra vez”. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas La periodista Jean Guerrero, autora del libro Hatemonger . Stephen Miller, Donald Trump, and the White Nationalist Agenda , explicó en 2020 en Democracy Now! el nefasto papel de dueños de grandes fortunas que financian campañas, individuos y centros de estudios racistas. Se trata de “eugenistas que creen en la superioridad genética de los blancos, que defienden el control demográfico de las personas no blancas” y que promocionan las políticas que sigue Miller sobre la migración. Este último no cree en la diferencia entre inmigración legal e ilegal y no es cierto que centre su persecución en supuestos delincuentes y los cárteles de la droga, sostiene Guerrero. “Miller se ha centrado principalmente en las familias —de África, de América Latina— y, en su mayoría, en personas que no han infringido ninguna ley: solicitantes de asilo, refugiados, y restringir el acceso a la tarjeta de residencia. (…) Para él, se trata de rediseñar los flujos étnicos hacia este país para mantener fuera a las familias de piel morena y negra”, a quienes considera “algún tipo de amenaza existencial para Estados Unidos”, sostiene la periodista. Lo que puede venir Poco después del gran fracaso republicano del 4 de noviembre, Trump dio a entender vagamente que podría trabajar junto con los demócratas en cuestión migratoria. Sin embargo, el nombramiento de Miller indica que, por el contrario, seguirá adelante con su política cruel y violatoria de los derechos humanos. Todavía más, al ascender a Miller, Trump ha decidido poner a prueba hasta qué límites puede extender el poder del presidente por encima de los correspondientes al ejecutivo y al judicial tanto en dimensiones domésticas, por ejemplo, la migración, enjuiciar a opositores o demandar a medios periodísticos críticos, como internacionalmente, quizá atacando Irán o incrementando la injerencia militar y política en América Latina y Groenlandia. De hecho, una corriente académica propone que en Estados Unidos el Ejecutivo tenga mucho más poder que el Congreso y el sistema judicial. Estas y otras medidas crearían un enfrentamiento a partir de enero con los nuevos congresistas y senadores demócratas cuando ocupen sus escaños que podría llevar a una crisis constitucional y desestabilización del sistema democrático. Precisamente lo que Miller, Bannon y los tecnobarones de Silicon Valley que les financian, como Elon Musk, quieren que logre la Administración Trump.
Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
La Diputación Provincial de Soria y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ( FOES ) continúan trabajando de la mano con el propósito de impulsar la actividad económica, favorecer la llegada de capital y defender las necesidades de los territorios más afectados por la despoblación. Para materializar este compromiso, el presidente de la institución provincial, Benito Serrano , y el máximo responsable de la patronal, Santiago Aparicio , han rubricado este lunes dos convenios de colaboración que suman una aportación de 130.000 euros , dando así continuidad a dos proyectos estratégicos para el desarrollo provincial. El primero de los acuerdos suscritos contempla una dotación económica de 100.000 euros dirigida a mantener la actividad de Invest in Soria . Esta iniciativa, que se encuentra integrada dentro del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, centra sus esfuerzos en la captación de inversiones tanto nacionales como internacionales, buscando que nuevas compañías encuentren en la provincia un emplazamiento idóneo donde poner en marcha sus planes de negocio. A través de esta marca promocional, la organización empresarial desarrolla una labor constante para dar a conocer las posibilidades que ofrece el territorio, estableciendo contactos directos con potenciales inversores. Todo ello responde a la meta de acercar oportunidades empresariales, facilitar el asentamiento de firmas y contribuir de manera directa a la generación de empleo y riqueza en el tejido productivo local. Para alcanzar estos fines, el documento firmado sufraga la contratación de personal técnico dedicado de forma específica al programa, además de cubrir acciones de marketing, elaboración de materiales publicitarios, traducciones, desarrollo de páginas web y campañas en medios nacionales e internacionales. Igualmente, el presupuesto ampara la asistencia a ferias y encuentros sectoriales donde se promociona la provincia como destino inversor. Impulso a las demandas de la Red SSPA De manera paralela, el segundo de los convenios recoge una partida de 30.000 euros destinada a respaldar la participación activa de la patronal soriana en la Red SSPA . En esta alianza colaboran estrechamente las organizaciones empresariales y las diputaciones provinciales de Soria, Cuenca y Teruel , tres territorios que comparten desde hace años una compleja realidad demográfica y económica que exige una acción conjunta para lograr que sus demandas se traduzcan en medidas concretas. Como se recordará, esta plataforma nació en el año 2013 con la vocación de sumar fuerzas y alcanzar una mayor capacidad de influencia ante el Gobierno central y las instituciones europeas. Su labor cotidiana se focaliza en reclamar un marco legal y políticas específicas que ayuden a revertir el envejecimiento y la fragilidad económica, defendiendo de forma especial la fiscalidad diferenciada como herramienta clave para dinamizar la actividad privada. La financiación aportada por la institución provincial permitirá sufragar parte de los gastos derivados de esta presencia institucional, tales como el trabajo del personal encargado de la coordinación y comunicación, la redacción de informes o la organización de jornadas, talleres y estudios técnicos. Para planificar adecuadamente todas estas actuaciones y líneas de trabajo, el texto establece la creación de una comisión mixta de seguimiento integrada por representantes de ambas entidades firmantes. Durante la rúbrica de los acuerdos, Benito Serrano ha subrayado la trascendencia de mantener viva esta alianza con el tejido productivo para que la provincia pueda aprovechar todas sus oportunidades de futuro. El dirigente provincial ha manifestado la necesidad de contar con compañías dispuestas a asentarse y crecer en el territorio, recordando que la iniciativa privada resulta fundamental para generar empleo, siendo el papel de la administración acompañar ese camino y facilitar las herramientas oportunas. Asimismo, el presidente de la Diputación ha querido poner en valor la unidad de acción que mantienen Soria, Cuenca y Teruel para defender sus intereses comunes ante las administraciones nacionales y comunitarias. A este respecto, Serrano ha advertido de que no basta con que se hable del problema demográfico, sino que resulta imprescindible transformar ese compromiso en medidas reales que otorguen a los pueblos y a las empresas las condiciones necesarias para poder competir. Balance de resultados y carencias estructurales Por su parte, el presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha calificado ambos programas como iniciativas complementarias que persiguen el objetivo único de lograr el crecimiento provincial. Según ha detallado el representante empresarial, mientras la alianza interprovincial busca un entorno normativo más favorable, la oficina de captación desarrolla una labor activa que ya ha permitido atraer inversiones por valor de unos 66 millones de euros y crear alrededor de 280 puestos de trabajo desde el año 2017. En este sentido, Aparicio ha significado que el 95 % de los nuevos proyectos industriales impulsados por compañías foráneas durante la última década han llegado de la mano de este programa específico. Sin ir más lejos, a lo largo del presente ejercicio los técnicos han trabajado con 12 iniciativas empresariales distintas, de las cuales tres ya se encuentran en marcha sumando siete millones de euros de inversión directa y una estimación de 31 nuevos empleos. Pese a las cifras expuestas, el máximo responsable de la Federación ha reconocido la extraordinaria dificultad que entraña atraer capital hacia el territorio soriano, advirtiendo de que detrás de estos datos existen años de trabajo y contactos con miles de firmas que finalmente no llegan a materializarse. Esta complejidad se ve agravada, tal y como ha lamentado Aparicio, por el hecho de que la provincia no compite en igualdad de condiciones debido a la falta de mano de obra, las carencias en infraestructuras y, muy especialmente, la insuficiente capacidad eléctrica , un factor que ya está impidiendo consolidar nuevas oportunidades de negocio. Habida cuenta de estas limitaciones estructurales, el dirigente patronal ha incidido en la relevancia de la labor desempeñada por la Red SSPA, gracias a la cual se logró en su día el marco comunitario que autoriza las ayudas de funcionamiento , trabajando ahora intensamente para garantizar su continuidad y lograr una aplicación más ambiciosa hasta el máximo permitido por Bruselas. Finalmente, Aparicio ha agradecido la implicación económica de la institución provincial, concluyendo que la colaboración público-privada entre ambas entidades resulta enriquecedora e imprescindible para pasar de las reivindicaciones a los resultados tangibles.
Directivos y expertos reclaman normalizar la oferta de las pruebas rápidas y los autotest Apoyo Positivo pide circuitos estables de coordinación y derivación
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Cat Wu era, hasta hace unos días, la responsable de producto de Claude Code en Anthropic y una de las figuras más visibles del proyecto. Pero ahora ha anunciado su incorporación a OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT y su mayor competidora. Este cambio de bando impulsa a la compañía de Sam Altman en la carrera por dominar los modelos más avanzados de inteligencia artificial. Wu salió de Anthropic a finales de octubre y confirmó su llegada a OpenAI poco después. Además, la profesional ha dejado la empresa de Amodei a pocas semanas de su salida a bolsa, unos días relevantes donde tiene que consolidar sus métricas financieras ante los inversores. «Siento un gran respeto por OpenAI por haber demostrado al mundo que la escalabilidad funciona, por haber llevado la IA a más de mil millones de personas y por creer que los productos excelentes son fundamentales para su misión», publicó Wu en su perfil de X . Dentro de OpenAI, la profesional asumirá la dirección de gestión de producto, colaborando con directivos como Thibault Sottiaux. «Juntos, crearemos agentes que os apoyen a vosotros y a vuestro equipo, y que os permitan mantener el control, para que tengáis más tiempo para las personas y el trabajo que os apasiona», añadió Wu. Al ser preguntada sobre si planeaba tomarse unas vacaciones antes de iniciar su labor en OpenAI, la directiva respondió : «¡Tras la AGI!», haciendo alusión al objetivo de lograr desarrollar una inteligencia artificial general capaz de aprender, razonar y realizar cualquier tarea intelectual o cognitiva que pueda hacer un ser humano. Wu fue una de las piezas fundamentales en el desarrollo de Claude Code, que pasó de un prototipo interno a un fenómeno comercial que superó los 2.500 millones de dólares (2.243 millones de euros) en proyección de ingresos anualizados para Anthropic. Esta herramienta permite a los desarrolladores automatizar tareas complejas de escritura y revisión de código informático. Al ganarse la confianza de miles de ingenieros, consiguió impulsar el crecimiento de Anthropic. Por su parte, OpenAI busca reforzar con este estratégico fichaje su propia solución de programación, Codex, que impulsó sus ingresos pero que había perdido terreno en ventas corporativas frente a Anthropic.
Las compañías IGNIS y REBI han firmado este jueves en Madrid un memorando de entendimiento con el propósito de explorar nuevas oportunidades para el desarrollo de redes de calor vinculadas a los centros de datos . A través de esta colaboración, ambas firmas buscan recuperar la energía térmica que generan estas infraestructuras tecnológicas durante su funcionamiento habitual para destinarla al abastecimiento de edificios residenciales, instalaciones del sector terciario y diversos procesos industriales. El acuerdo suscrito conjuga la experiencia en gestión energética de la primera firma con la especialización de la empresa de origen soriano en el diseño y la operación de sistemas térmicos urbanos. De este modo, los equipos técnicos trabajarán de manera conjunta en la identificación de soluciones para la cartera de proyectos que IGNIS impulsa actualmente junto a operadores especializados, habida cuenta de la necesidad de integrar sus exigencias de refrigeración con mecanismos capaces de captar y distribuir la temperatura sobrante. Esta iniciativa permitirá estudiar a fondo cómo transformar una energía que habitualmente se disipa en la atmósfera en un recurso útil para el territorio circundante. El funcionamiento técnico del sistema parte del suministro de electricidad renovable para garantizar la operación digital del centro de procesamiento, cuyas máquinas generan un excedente térmico constante que es captado mediante los equipos de climatización aportados por REBI . Una vez recogido ese calor residual , el circuito emplea una bomba de calor encargada de elevar y adaptar la energía recuperada para su posterior aprovechamiento. Tras ello, este caudal energético ya transformado en calor útil se inyecta directamente en la red de distribución, permitiendo que el recurso llegue en condiciones óptimas hasta las viviendas, los edificios de servicios y las plantas fabriles conectadas al sistema. Impacto en las comunidades locales En un contexto marcado por la creciente digitalización de la economía, el aprovechamiento de este excedente energético permite avanzar en la descarbonización del consumo térmico al sustituir otras fuentes tradicionales de generación. Según han explicado desde ambas corporaciones, este enfoque reduce la huella de emisiones y favorece una mayor integración de las infraestructuras digitales en las comunidades donde se asientan, toda vez que el entorno cercano se beneficia directamente de la actividad tecnológica. A este respecto, el responsable de proyectos de IGNIS , Manuel González Ortega , ha subrayado el compromiso de su organización con el impulso de iniciativas que generen un impacto positivo y duradero en el territorio donde se ubican. El directivo ha manifestado que la compañía busca construir relaciones a largo plazo mediante la identificación de sinergias que aporten un valor añadido real tanto a sus propias instalaciones como a los municipios con los que colaboran habitualmente. Por su parte, el director general de REBI , Emilio López Carmona , ha valorado que esta alianza ofrece al sector tecnológico una solución de enfriamiento eficiente y económica que, de manera simultánea, convierte un subproducto en energía útil para el ámbito doméstico e industrial. Según ha referido el máximo responsable ejecutivo de la firma térmica, la suma de capacidades de los dos socios aborda con solvencia el reto ambiental que supone refrigerar estos grandes complejos informáticos, proporcionando una alternativa sostenible para la calefacción urbana. Trayectoria de los socios Cabe señalar que este paso estratégico se enmarca en la nueva etapa de crecimiento que REBI inició el pasado verano con el respaldo financiero de RIVE Private Investment para acelerar su expansión en España. Fundada en el año 2007, la empresa de servicios energéticos gestiona en la actualidad seis redes urbanas de calor renovable en el país y desarrolla proyectos basados en biomasa, energía solar híbrida y almacenamiento térmico para sustituir el uso de combustibles fósiles. Su nuevo socio en esta aventura empresarial, constituido en 2015 como un grupo energético verticalmente integrado, cuenta hoy en día con más de un gigavatio de plantas de generación propias operativas o en fase de construcción. Asimismo, IGNIS gestiona una cartera global de 10 gigavatios en activos propios y de terceros que abarcan tecnologías renovables, hidráulicas y térmicas, incluyendo la operación de la primera batería gestionada por un agente independiente en el mercado eléctrico español.
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