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Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir "información sin contrastar" sobre un falso terrorista magrebí (se abre en una pestaña nueva)

La Audiencia de Bizkaia entiende que el eurodiputado y el digital difundieron una información policial "no contrastada" y acusaron a un hombre de llevar explosivos en su coche Alvise acude a sus primeras generales rodeado de su ejecutiva y abandonado por sus candidatos de las europeas Un tribunal de Euskadi ha condenado al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez a pagar 20.000 euros a un hombre por publicar su foto en su canal de Telegram y asegurar falsamente que se dirigía a Madrid con un coche cargado de “posibles explosivos”. La sentencia, que también condena a Okdiario por difundir la misma información, reconoce que es cierto que la Ertzaintza envió un aviso policial interno apuntando a ese hombre como posible portador de explosivos, pero también que la propia alerta avisaba de que era una información “no contrastada” que, sin embargo, ambos difundieron con su foto incluida. La información –actualmente borrada– fue publicada en primer lugar por el digital Okdiario el 17 de noviembre de 2023 bajo el titular “La Policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid”. La noticia explicaba que las comisarías de Madrid habían recibido de madrugada un aviso de la Ertzaintza por un sospechoso acusado de llevar el coche lleno de explosivos en dirección a la capital. Una noticia que incluía la foto, el nombre y los apellidos del hombre junto con la matrícula y modelo de su coche. El entonces agitador y hoy eurodiputado Alvise Pérez difundió la misma información horas más tarde en su canal de Telegram, donde la publicación llegó a casi 225.000 personas y obtuvo miles de reacciones de sus seguidores. Expuso la foto, el nombre y los apellidos del hombre, junto al mensaje: “Vehículo con 'posibles explosivos' rumbo Madrid desde Baracaldo. Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable, presuntamente un paciente fugado de un psiquiátrico. (Descartado terrorismo, según fuentes policiales)”. Tanto la noticia como el mensaje de Alvise omitían un dato clave que sí exponía la propia Ertzaintza en su aviso policial interno sobre esa información: “No está contrastada”. De hecho, el hombre fue parado en un control policial en Barakaldo y los agentes pudieron comprobar que no llevaba ningún explosivo en el vehículo. El digital de Eduardo Inda actualizó la noticia y Alvise editó su mensaje meses después, pero para entonces su fotografía, su nombre y sus apellidos ya circulaban por la red con miles de visualizaciones como un sospechoso de terrorismo. El caso llegó a juicio por la vía civil y un juzgado de Barakaldo condenó a Okdiario, en primera instancia, a indemnizar al hombre con 15.000 euros por vulnerar su honor, pero decidió exonerar a Alvise y otras dos personas más que compartieron la noticia en diversas redes y webs. Ahora, según ha podido comprobar elDiario.es, ha sido la Audiencia Provincial de Bizkaia la que ha confirmado la sentencia contra el periódico y ha añadido también la condena del eurodiputado, que tendrá que pagar 20.000 euros al afectado. Fuentes del caso explican a este medio que el candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha anunciado que llevará la condena ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Mientras, su mensaje sigue publicado y accesible con la foto y el nombre del afectado. El tribunal, que ha tenido como ponente a la magistrada Ana García Orruño, no pone en duda que un aviso policial sobre una potencial amenaza terrorista pueda tener interés público y convertirse en una noticia. “No ofrece duda”, dice la sentencia sobre la relevancia pública del asunto. Pero sí cuestiona que tanto la noticia de Okdiario como el mensaje de Alvise en Telegram omitieran que la propia Ertzaintza consideraba que era una información que “no está contrastada”. “La reproducción no fue fiel”, reprocha la Audiencia, y eso llevó a señalar en público a un inocente como un potencial terrorista cuando ni llevaba explosivos ni se había fugado de ningún psiquiátrico. La primera sentencia del caso exoneró a Alvise Pérez al entender que se limitó a rebotar la información de Okdiario. Ahora la Audiencia Provincial explica que el líder de SALF puso datos de su cosecha, sin fuentes conocidas y con premisas falsas, que también vulneraron el honor del afectado. Además de colgar su foto y su nombre, habló de una supuesta “fuente de alto nivel” para detallar que podía llevar “posibles explosivos”. “No se limitó a reproducir una noticia ajena”, dice la Justicia sobre Alvise, sino que comunicó todo de manera que “convertía la sospecha en un dato aparentemente corroborado”. “Reforzó la imputación y la presentó como confirmada por una fuente propia no identificada”. Nueva condena para Alvise por sus bulos La sentencia explica que, dado que la materia prima de la información era un aviso de la Ertzaintza a otros cuerpos policiales que incluía una sospecha no ratificada, eso “eleva al máximo la diligencia exigible” a la hora de comprobar y publicar una información, lo que según la Audiencia Provincial no sucedió en este caso. La advertencia de que era información policial “no contrastada” era “expresa, inequívoca y destacada” y, sin embargo, se publicó sin matices y apuntando a un hombre. “No se exigía al medio sustituir la investigación policial ni alcanzar una certeza absoluta. Se le exigía, de forma mucho más elemental, transmitir fielmente lo que sabía: que existía una alerta policial interna, pero que la propia policía advertía que la información no estaba contrastada”. No se valoraron alternativas “menos lesivas”, como informar de la alerta “sin publicar la fotografía ni el nombre completo” o “destacar expresamente que la información no estaba contrastada”. Que la noticia fuera posteriormente actualizada, añade el tribunal vasco, “debe valorarse favorablemente, pero no elimina la intromisión ya producida”. Otras dos personas que rebotaron la información en LinkedIn y en una página web sí son exonerados. El candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha sido condenado por difundir bulos o atentar contra la privacidad de Ana Pastor (7.000 euros), José Luis Ábalos ( 10.000 y 60.000 euros en dos sentencias diferentes), Manuela Carmena (5.000 euros), al propio Eduardo Inda (20.000 euros) o al jefe de Policía de Canarias (10.000 euros). Las diferentes sentencias dibujan el modus operandi seguido por Alvise Pérez desde hace más de un lustro para cargar contra sus rivales políticos y mediáticos a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Publicar fotos hechas a escondidas a sus objetivos dando a entender que están haciendo algo ilegal o, directamente, inventar bulos, como que Manuela Carmena recibió un respirador en los peores días de la pandemia de COVID y ese material escaseaba en los hospitales de todo el país. El agitador ultra no ha sido condenado por el momento por la vía penal, pero ahora mismo se enfrenta a media docena de causas abiertas en el Tribunal Supremo. Una de ellas está relacionada con la financiación supuestamente ilegal de su campaña a las elecciones europeas de 2024 con 100.000 euros en efectivo, pero el resto tienen que ver precisamente con la difusión de bulos en Telegram o el hostigamiento a rivales y enemigos a través de sus redes sociales.

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Vídeo | Así son las entrevistas de Jordi Wild a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau (se abre en una pestaña nueva)

Las elecciones generales de 2026 se recordarán, entre otras cosas, por ser las primeras en las que los nuevos formatos y los creadores de contenido juegan un papel fundamental. En el final de la precampaña y las primeras horas de la campaña electoral la conversación ha girado en torno a las entrevistas que un popular youtuber ha realizado a los candidatos a la presidencia del Gobierno de España. La serie de entrevistas ha tomado mayor relevancia aún cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, dejó plantado al creador de contenido a escasas horas de que se produjese la entrevista. Sin el líder de Vox, Jordi Wild cuyo canal de YouTube tiene 7,5 millones de suscriptores, ha entrevistado a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. The Wild Project, el nombre del proyecto del creador catalán especializado en entrevistas y conversaciones de varias horas con especialistas de diferentes temas, ha publicado esta mañana las tres entrevistas, en la primera jornada de la campaña electoral. Jordi Wild prometió unas entrevistas incisivas e incómodas y ha contado con un amplio equipo para la preparación de las mismas en el que destacan un par de verificadores para contrastar las declaraciones de los políticos. Este es el resultado. Entrevista de Jordi Wild a Pedro Sánchez Pedro Sánchez se sometió en The Wild Project a una entrevista de casi dos horas sobre los principales frentes de su mandato. Defendió su gestión en Ceuta con el argumento de que se enfrentaban a un dilema: usar la fuerza contra jóvenes desarmados o absorberlos para que pudieran irse. Admitió que debe hacer las cosas mejor, reivindicó la inversión de su Gobierno en Ceuta y Melilla y evitó señalar a Marruecos. Aseguró que ningún servicio de inteligencia avisó de la magnitud de la crisis. Wild también le preguntó por los casos judiciales. Esa parte incluyó las causas vinculadas a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de Leire Díez y Zapatero. La vivienda, con foco en los alquileres y la emancipación de los jóvenes, se aborda desde el minuto 1:24:33. Según Diario Crítico, Sánchez descartó dar un paso al lado pese a los malos momentos. La entrevista termina con sus valoraciones sobre Colau, Feijóo y Abascal y un mensaje a los votantes. Entrevista de Jordi Wild a Alberto Núñez Feijóo Alberto Núñez Feijóo ha detallado en The Wild Project las líneas de su programa para el 29N. Presentó un Gobierno de 14 o 15 ministerios y se comprometió a revalorizar las pensiones con el IPC. Aseguró que no prevé subir la edad de jubilación, porque considera los 67 años una edad razonable, y que facilitará el cobro parcial de la pensión a quien siga trabajando. Sobre un eventual pacto con Vox, sugirió que Hacienda sería prioritaria para el PP en la negociación. La charla fue ?exigente?, según el propio PP, y tuvo momentos tensos. El más tenso llegó con la foto con Marcial Dorado, que Feijóo explicó de forma extensa. Insistió en que no sabía que Dorado se dedicaba al narcotráfico. Dijo también que no se cree los datos económicos del Gobierno y que hay ?ocultación de gasto?. Y presumió de cumplir su palabra frente a Abascal, que canceló su entrevista. Entrevista de Jordi Wild a Ada Colau Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha hecho autocrítica en The Wild Project de Jordi Wild de cara a las elecciones generales del 29N. En una conversación de más de dos horas reconoció que la izquierda ha sido demasiado moralista, reclamó una fuerza capaz de presionar al PSOE y situó la bajada de los precios de la vivienda entre sus prioridades. En vivienda defendió una intervención del mercado que no se limite a congelar los alquileres, sino que consiga reducirlos. La candidata también cargó contra la gestión del Gobierno. Calificó de ?mala? la respuesta inicial a la crisis migratoria de Ceuta y reprochó la ausencia de Sánchez en la ciudad. Si llega a la Moncloa, revisaría la relación con Marruecos para depender lo menos posible de un régimen que, a su juicio, no respeta los derechos humanos. Opinó además que Óscar Puente debería haber dimitido tras el accidente ferroviario de Urda, aunque no pidió la salida de Pedro Sánchez.

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Hace 5 h

Encuentro del director de La Voz con suscriptores para explicar la cobertura especial de la campaña electoral (se abre en una pestaña nueva)

Rubén Santamarta, acompañado por la jefa de Programas e Informativos de RadioVoz, Antía Díaz, fue el protagonista del primer encuentro con suscriptores con motivo de la próxima cita electoral. Participaron cerca de treinta lectores que no dejaron pasar la oportunidad para preguntar al director sobre las perspectivas para el 29N, los resultados electorales, el papel de las encuestas o las causas por las que Vox no cuenta actualmente con representación en Galicia

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Hoy, hace 18 h

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Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir "información sin contrastar" sobre un falso terrorista magrebí (se abre en una pestaña nueva)

La Audiencia de Bizkaia entiende que el eurodiputado y el digital difundieron una información policial "no contrastada" y acusaron a un hombre de llevar explosivos en su coche Alvise acude a sus primeras generales rodeado de su ejecutiva y abandonado por sus candidatos de las europeas Un tribunal de Euskadi ha condenado al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez a pagar 20.000 euros a un hombre por publicar su foto en su canal de Telegram y asegurar falsamente que se dirigía a Madrid con un coche cargado de “posibles explosivos”. La sentencia, que también condena a Okdiario por difundir la misma información, reconoce que es cierto que la Ertzaintza envió un aviso policial interno apuntando a ese hombre como posible portador de explosivos, pero también que la propia alerta avisaba de que era una información “no contrastada” que, sin embargo, ambos difundieron con su foto incluida. La información –actualmente borrada– fue publicada en primer lugar por el digital Okdiario el 17 de noviembre de 2023 bajo el titular “La Policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid”. La noticia explicaba que las comisarías de Madrid habían recibido de madrugada un aviso de la Ertzaintza por un sospechoso acusado de llevar el coche lleno de explosivos en dirección a la capital. Una noticia que incluía la foto, el nombre y los apellidos del hombre junto con la matrícula y modelo de su coche. El entonces agitador y hoy eurodiputado Alvise Pérez difundió la misma información horas más tarde en su canal de Telegram, donde la publicación llegó a casi 225.000 personas y obtuvo miles de reacciones de sus seguidores. Expuso la foto, el nombre y los apellidos del hombre, junto al mensaje: “Vehículo con 'posibles explosivos' rumbo Madrid desde Baracaldo. Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable, presuntamente un paciente fugado de un psiquiátrico. (Descartado terrorismo, según fuentes policiales)”. Tanto la noticia como el mensaje de Alvise omitían un dato clave que sí exponía la propia Ertzaintza en su aviso policial interno sobre esa información: “No está contrastada”. De hecho, el hombre fue parado en un control policial en Barakaldo y los agentes pudieron comprobar que no llevaba ningún explosivo en el vehículo. El digital de Eduardo Inda actualizó la noticia y Alvise editó su mensaje meses después, pero para entonces su fotografía, su nombre y sus apellidos ya circulaban por la red con miles de visualizaciones como un sospechoso de terrorismo. El caso llegó a juicio por la vía civil y un juzgado de Barakaldo condenó a Okdiario, en primera instancia, a indemnizar al hombre con 15.000 euros por vulnerar su honor, pero decidió exonerar a Alvise y otras dos personas más que compartieron la noticia en diversas redes y webs. Ahora, según ha podido comprobar elDiario.es, ha sido la Audiencia Provincial de Bizkaia la que ha confirmado la sentencia contra el periódico y ha añadido también la condena del eurodiputado, que tendrá que pagar 20.000 euros al afectado. Fuentes del caso explican a este medio que el candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha anunciado que llevará la condena ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Mientras, su mensaje sigue publicado y accesible con la foto y el nombre del afectado. El tribunal, que ha tenido como ponente a la magistrada Ana García Orruño, no pone en duda que un aviso policial sobre una potencial amenaza terrorista pueda tener interés público y convertirse en una noticia. “No ofrece duda”, dice la sentencia sobre la relevancia pública del asunto. Pero sí cuestiona que tanto la noticia de Okdiario como el mensaje de Alvise en Telegram omitieran que la propia Ertzaintza consideraba que era una información que “no está contrastada”. “La reproducción no fue fiel”, reprocha la Audiencia, y eso llevó a señalar en público a un inocente como un potencial terrorista cuando ni llevaba explosivos ni se había fugado de ningún psiquiátrico. La primera sentencia del caso exoneró a Alvise Pérez al entender que se limitó a rebotar la información de Okdiario. Ahora la Audiencia Provincial explica que el líder de SALF puso datos de su cosecha, sin fuentes conocidas y con premisas falsas, que también vulneraron el honor del afectado. Además de colgar su foto y su nombre, habló de una supuesta “fuente de alto nivel” para detallar que podía llevar “posibles explosivos”. “No se limitó a reproducir una noticia ajena”, dice la Justicia sobre Alvise, sino que comunicó todo de manera que “convertía la sospecha en un dato aparentemente corroborado”. “Reforzó la imputación y la presentó como confirmada por una fuente propia no identificada”. Nueva condena para Alvise por sus bulos La sentencia explica que, dado que la materia prima de la información era un aviso de la Ertzaintza a otros cuerpos policiales que incluía una sospecha no ratificada, eso “eleva al máximo la diligencia exigible” a la hora de comprobar y publicar una información, lo que según la Audiencia Provincial no sucedió en este caso. La advertencia de que era información policial “no contrastada” era “expresa, inequívoca y destacada” y, sin embargo, se publicó sin matices y apuntando a un hombre. “No se exigía al medio sustituir la investigación policial ni alcanzar una certeza absoluta. Se le exigía, de forma mucho más elemental, transmitir fielmente lo que sabía: que existía una alerta policial interna, pero que la propia policía advertía que la información no estaba contrastada”. No se valoraron alternativas “menos lesivas”, como informar de la alerta “sin publicar la fotografía ni el nombre completo” o “destacar expresamente que la información no estaba contrastada”. Que la noticia fuera posteriormente actualizada, añade el tribunal vasco, “debe valorarse favorablemente, pero no elimina la intromisión ya producida”. Otras dos personas que rebotaron la información en LinkedIn y en una página web sí son exonerados. El candidato de Se Acabó La Fiesta ya ha sido condenado por difundir bulos o atentar contra la privacidad de Ana Pastor (7.000 euros), José Luis Ábalos ( 10.000 y 60.000 euros en dos sentencias diferentes), Manuela Carmena (5.000 euros), al propio Eduardo Inda (20.000 euros) o al jefe de Policía de Canarias (10.000 euros). Las diferentes sentencias dibujan el modus operandi seguido por Alvise Pérez desde hace más de un lustro para cargar contra sus rivales políticos y mediáticos a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Publicar fotos hechas a escondidas a sus objetivos dando a entender que están haciendo algo ilegal o, directamente, inventar bulos, como que Manuela Carmena recibió un respirador en los peores días de la pandemia de COVID y ese material escaseaba en los hospitales de todo el país. El agitador ultra no ha sido condenado por el momento por la vía penal, pero ahora mismo se enfrenta a media docena de causas abiertas en el Tribunal Supremo. Una de ellas está relacionada con la financiación supuestamente ilegal de su campaña a las elecciones europeas de 2024 con 100.000 euros en efectivo, pero el resto tienen que ver precisamente con la difusión de bulos en Telegram o el hostigamiento a rivales y enemigos a través de sus redes sociales.

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Hace 6 días

infoLibreGeneral

El chófer del Peugeot devuelve la alegría a una derecha necesitada de un cambio de guion (se abre en una pestaña nueva)

La dimisión de Óscar Puente había dejado a la derecha mediática sin el blanco de sus columnas, pero el desconsuelo duró poco. El jueves, la UCO volvió a registrar la casa de José Luis Ábalos, visitó la sede de Adif en busca de información y detuvo a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo . Entre ellas estaba Cristian Corvillo, el militante socialista al que todos llaman ya el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, aunque Moncloa y el PSOE lo nieguen. Que el sumario sea secreto y que nadie haya explicado todavía dónde está el dinero no ha impedido que en cuestión de horas el chófer fuese presentado como el centro de una trama de corrupción de la que todo son suposiciones. Tampoco ha llamado la atención de nadie que todo esto ocurra a 24 días de las elecciones. Ignacio Varela lo resolvió en El Confidencial con una distinción que tranquiliza a cualquiera. Una cosa, escribió, “es que los jueces se abstengan de tomar decisiones drásticas sobre las causas en curso por consideración a las elecciones y otra que las investigaciones se paralicen”. Con qué naturalidad hemos aprendido a convivir con el lawfare . El chófer, en todo caso, ha resultado ser un hallazgo literario. Ignacio Camacho recordó en Abc que “faltaba el chófer”, el último del grupo de 2017 que quedaba por caer, y comparó a aquella cuadrilla con “la banda de Dillinger, un ‘gang’ que en vez de bancos decidió asaltar el Estado”. Su conclusión es que, después de tanto análisis sofisticado, “una simple mirada al origen revela que sólo se trataba de una banda de mangantes”. Carlos Herrera lo convirtió en Herrera en COPE en una escena de western: “Ábalos, Koldo, Cerdán, delante Sánchez y conduciendo Corvillo”, y los bautizó como “los cinco jinetes del apocalipsis”. Para que no quedara margen a la duda, añadió que la frase con la que Sánchez se desvincula de sus antiguos compañeros, la que según él “utiliza siempre”, acabará diciéndola también “de su mujer”. Al lema del PSOE de estos días, “no todos los políticos somos iguales”, le respondió con un “pues claro que no lo son, se pusieron a robar desde el minuto uno”. El editorial de El Español , el digital de Pedro J. Ramírez, invocó las fotos de 2017 para sostener que Corvillo sí fue chófer —como si conducir un coche le hiciera culpable de algo— y planteó un dilema que ya es marca de la casa. Si Sánchez no sabía nada, no supo ver la corrupción “cuando viajaba a su lado”, y si la vio, “la conclusión es todavía peor”. Siempre es culpable. Federico Jiménez Losantos prefirió en El Mundo el registro de siempre. Habló de las “rabizas de los que hasta ayer eran los mandamases de España” y de “los diputeros”, y dio por buena, sin aportar prueba alguna —eso es marca de la casa—, la versión de que Puente dimitió porque alguien entregó a Sánchez “un dossier con las andanzas prostibularias” del entonces alcalde de Valladolid. Lo remató contraponiendo el dinero que, según él, no hubo para la seguridad de los trenes con el que “para putas, coca, coimas y sobornos, sobraba”. El paso siguiente era previsible. Como la pieza afecta a Adif, el accidente de Urda podía incorporarse a la causa sin necesidad de pruebas. Camacho convirtió la falta de Presupuestos en un factor muy importante y escribió que con dos accidentes por medio “es imposible no pensar en relaciones de causa y efecto”. Herrera se hizo la misma pregunta casi con las mismas palabras: “¿Cómo no relacionar una cosa con la otra?”. Y en Horizonte , en Cuatro, la mesa de Iker Jiménez vinculó sin pruebas la siniestralidad ferroviaria con la corrupción, que es precisamente el relato de Vox. Sin informes técnicos que lo sostengan, claro, porque para la barra de bar eso no hace falta, aunque se transmita en directo por televisión. Rafa Latorre prefirió en El Mundo otra explicación. Puente defendió en el Congreso que había ejecutado todo lo que permitían unos Presupuestos prorrogados, y el columnista vio en ello la reivindicación de quienes llevaban años sintiéndose “fachas” por hablar de las cuentas públicas. “Quien no tenga ahora una sensación de fraude es que es un contribuyente bien poco exigente”, concluye. Para unos, el deterioro de la red se explica por las mordidas; para otros, por la falta de Presupuestos. Solo coinciden en el culpable. Teodoro León Gross puso su granito de arena en Abc desmontando los “tres fetiches” con los que, según él, el PSOE intenta recomponerse: la dignidad, la defensa de lo público y el “no todos somos iguales”. Sobre lo público aportó una observación brillante , la de que los socialistas reivindican lo público “tras el fallo de un servicio público, en una red pública, con trenes públicos”. Y sobre los socialistas, una precisión: “No son estúpidos, sino unos sinvergüenzas sin pudor”. Varela, por su parte, encontró la imagen que buscaba en un hipódromo. Sánchez sería el caballo cojo del Derby de Epsom, perseguido por una maldición que hace que a quien entra mal en campaña todo le salga mal. Entre las fatalidades de esa campaña gafada contó que, “en pleno baile de autoestima, chocaron dos trenes”, una manera de pasar de la catástrofe a la estrategia electoral en una sola frase. Hubo, sin embargo, una noticia del jueves que no despertó el mismo entusiasmo. En un audio difundido por la Cadena SER, Koldo García sostiene desde la cárcel que el abogado del PP le ofreció un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez. El editorial de El Español le dedicó unas líneas, pero solo para lamentar que los medios afines al Gobierno hayan dado por hecho que el dinero era del PP. Admitió de paso que pagar a un entrevistado “es una práctica reprobable que, por desgracia, empieza a ser cada vez más frecuente en algunos medios”, sin precisar cuáles. En Horizonte el asunto se trató con un reparto de papeles peculiar. El principal señalado, Eduardo Inda , director de Okdiario , ejerció a la vez de juez y parte: calificó la acusación de “montaje” del PSOE y anunció querellas. La única pregunta sobre lo que había pasado se la hizo Jiménez para que tirase a gol: fue sobre el supuesto contrato que firmó con Koldo para una serie, un libro y una película, que Inda confirmó y defendió como una compra de derechos normal. Ketty Garat ( Abc ) salió en su auxilio. Negó la existencia de cualquier “cloaca del PP”, aunque reconoció que hay un preso y dos abogados imputados. Jorge Calabrés ( El Español ) sugirió, sin más soporte que su propio conocimiento previo, que Koldo y Ábalos actúan al servicio del PSOE a cambio de un trato favorable en el Constitucional. Ahí es nada: las pruebas que Inda exigía a Koldo no se exigieron a ninguna de esas afirmaciones. Vicente Vallés ( Antena 3 Noticias 2 ) lo volvió a hacer. Su informativo del jueves dedicó en torno al 34% del tiempo a la nueva pieza del caso Koldo . Con la insistencia de un martillo pilón: Corvillo fue nombrado nueve veces, una de ellas en un corte del propio Sánchez en 2017; la palabra “chófer” sonó seis veces, y una de las piezas deslizó, sin atribuirla, la idea de que “de aquel coche de 2017 todos han sido detenidos menos él. Solo queda el número uno”. Y la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, apareció hasta cinco veces. A Vallés se le da bien construir discursos, pero se le ven las intenciones. Sobre Milei y Sánchez llegó a decir, sin despeinarse, que “han intercambiado insultos” en el pasado, aunque las palabras gruesas solo hayan venido del lado de la motosierra.

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5 de noviembre

Soria NoticiasGeneral

Ecologistas en Acción exige a la Junta una norma contra la mortalidad de avifauna (se abre en una pestaña nueva)

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León , organización de la que forma parte la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) y en cuya iniciativa ha participado, ha registrado una solicitud formal ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. El propósito de este escrito es instar a la administración autonómica a elaborar una nueva disposición reglamentaria que permita prevenir, detectar y corregir la elevada mortalidad de avifauna y otra fauna silvestre provocada por la electrocución y la colisión en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Los datos recopilados por la propia asociación a partir de las memorias anuales de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) reflejan que esta siniestralidad supone en torno al 13,5 % de todas las entradas registradas en la comunidad. Entre 2021 y 2025 se han contabilizado más de 4.200 episodios de muertes por estas causas, pasando de los 874 ingresos en 2021 a una fase de estabilización en 2022 y 2023, con 630 y 640 casos respectivamente, para sufrir después un repunte significativo que ha superado el millar de ejemplares afectados tanto en 2024, con 1.046 registros, como en 2025, ejercicio que se cerró con 1.034. Según han significado desde el colectivo ecologista, estas estadísticas evidencian una situación que afecta de manera directa a especies amenazadas como el águila imperial ibérica , el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón. El escenario resulta aún más complejo habida cuenta de que existen cientos de miles de apoyos sin aislar en el territorio autonómico y apenas se inspeccionan unos pocos miles cada año. De este modo, y atendiendo a estudios que estiman que únicamente se detecta el 15 % de los ejemplares siniestrados, la organización calcula que en Castilla y León mueren electrocutadas unas 6.600 grandes aves anualmente. La petición trasladada al Ejecutivo autonómico busca enmendar los defectos jurídicos que en 2022 motivaron la anulación de la anterior Orden FYM/79/2020 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A partir de entonces, la Junta adquirió públicamente el compromiso de dotar a la futura norma de los estudios técnicos y la tramitación preceptiva necesarios para declarar a toda la comunidad como Zona de Protección , si bien los representantes conservacionistas han lamentado que, transcurridos cuatro años desde aquella sentencia, todavía no se tienen noticias sobre su desarrollo. Modificación integral de líneas y plazos de ejecución Dentro del documento remitido a la Consejería, la federación plantea como exigencia fundamental la modificación integral de los tendidos eléctricos cuando se localice un punto negro o una infraestructura peligrosa. El objetivo es que los requerimientos de corrección y aislamiento se apliquen a lo largo de toda la línea o tramo de riesgo, toda vez que en la actualidad solo se actúa sobre el poste concreto donde aparece el animal muerto, siendo previsible que se produzcan nuevas electrocuciones en apoyos cercanos de idénticas características. Asimismo, el texto reclama la fijación de plazos concretos y un régimen sancionador efectivo ante posibles incumplimientos. En concreto, se propone establecer un periodo máximo de un mes para que la administración tramite el requerimiento al titular de la red tras constatar la mortandad, así como un plazo improrrogable de cuatro meses para que las compañías eléctricas ejecuten las obras correctoras oportunas, abriendo expedientes de responsabilidad en caso de demora. Las demandas conservacionistas contemplan igualmente ampliar las medidas protectoras a los mamíferos y regular de forma preventiva los riesgos derivados de otras instalaciones, tales como aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua. En materia de transparencia, se insta a crear un registro público autonómico de mortalidad de fauna accesible para investigadores y ciudadanía, además de publicar en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECYL) la cartografía oficial de tendidos peligrosos y corregidos, acompañando estas acciones con una campaña de divulgación que facilite el aviso rápido por parte de particulares que hallen ejemplares en el campo. Así las cosas, desde la organización han manifestado su confianza en que la Consejería asuma sus competencias tanto en conservación del patrimonio natural como en seguridad industrial. Habrá que estar a la espera de la respuesta administrativa para comprobar si, en coordinación con la Fiscalía de Medioambiente y bajo el marco de la normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se articula una solución frente a una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en la región.

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