El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
El Colegio Salesiano San Juan Bosco de Puertollano acogió el pasado 5 de noviembre una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre, una iniciativa organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Puertollano en colaboración con el centro educativo. La jornada se saldó con una notable participación, con un total de 85 personas […]
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Los impuestos son la punta de lanza con la que el PP ha cuestionado las políticas económicas del actual Gobierno. Calificativos como “infierno fiscal”, “voracidad recaudatoria” o “asfixia fiscal” han aparecido habitualmente en los discursos de los líderes de la formación popular para criticar la carga impositiva que se aplica en España. La derecha tiende a preferir una menor carga fiscal y un ejemplo claro es la política que ha mantenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con bonificaciones en los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, algo que también han promovido comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones de hasta el 99% para familiares directos. Una política que ha sido tachada en muchas ocasiones como un ejemplo de competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Como baza electoral, los impuestos son el caballo de batalla del PP, pero una fiscalidad baja tiene un coste recaudatorio y para los servicios públicos que puede contrarrestar su atractivo de cara a las urnas, pese al ejemplo madrileño. Un estudio de las universidades de Viena y Zúrich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae unos 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o un incremento de la deuda . Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que Madrid es uno de los territorios que menos invierte en sanidad por ciudadano (1.779 euros) o que menos paga a sus docentes con respecto al coste de la vida en esta comunidad autónoma. Pese a ello, Madrid sigue cultivando una política de bajadas de impuestos que la presidenta de la Comunidad suele presentar en oposición a las decisiones del Gobierno central. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank World Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones de euros lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar de no estar en vigor el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022. Las medidas de las distintas comunidades no permiten anticipar lo que está en juego a nivel nacional, ya que muchas competencias están cedidas, pero dan una pista de la posición del PP en materia fiscal. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que no todas las autonomías gobernadas por el PP mantienen posiciones como la de Madrid porque ello conlleva renunciar a una parte sustancial de sus ingresos, pero señala la s contradicciones en las que incurren aquellas que defienden una baja fiscalidad y protestan por infrafinanciación . “El modelo de corresponsabilidad buscaba que las comunidades soportasen el peso de sus decisiones para que, cuando deciden tener una carga fiscal baja, esa merma en la recaudación no sea compensada por el Estado”, señala. Si observamos las propuestas a nivel nacional que el Partido Popular ha lanzado en su plan económico, la formación contempla también bajadas impositivas en gravámenes como el IRPF o el IVA, así como en la cotización de los autónomos . En el documento figuran medidas como duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF (es decir, lo que Hacienda considera que el contribuyente necesita para cubrir las necesidades básicas de sus hijos y que no tributa) y actualizar la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación. Sobre el mínimo exento, el experto señala que tendría un impacto económico significativo, ya que se doblaría la cantidad actual (5.550 euros), aunque hasta el momento los populares no han hecho pública ninguna memoria que cuantifique el coste que tendría para las arcas públicas. En cuanto a adecuar el IRPF a la inflación, el PP lo ha propuesto para evitar lo que en la jerga económica se denomina progresividad en frío. Este fenómeno es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Así, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación en detrimento del trabajador . Sobre esto, Mollinedo explica que es una medida que no se ha tomado nunca porque “tiene un coste recaudatorio muy alto”, señala. “Ningún gobierno lo ha actualizado con la inflación porque hacerlo tiene unos costes brutales. El coste supondría tener que aumentar impuestos por otra vía porque si no sería difícil pagar los servicios públicos sin incurrir en un déficit desbocado”, concluye. Otra de las propuestas del PP que van en la misma línea de rebaja impositiva son aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos –pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas– y reducir del 21% al 10% el IVA a la energía. También plantea la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros. El debate sobre la fiscalidad ha ganado terreno en la precampaña; sin embargo, el dilema principal al que se enfrentarán los partidarios de recortar impuestos es explicar cómo hacerlo sin comprometer la viabilidad de los servicios públicos y manteniendo intactas prestaciones como las pensiones.
La asociación Inca-Mallorca Solidària, impulsada por Antònia Triguero, mantiene un centro educativo gratuito que ha pasado de 135 alumnos a 843 en poco más de un año. La caída de las donaciones amenaza su continuidad Fotogalería - El horror en Palestina a través de 25 dibujos de adolescentes anónimos en el campo de refugio de Dheisheh En un local de Inca, varias mujeres trabajan concentradas frente a sus máquinas de coser. Unas preparan un pedido de tarjeteros; otras confeccionan pequeños monederos y bolsas con telas de colores llegadas de Senegal, Marruecos o Venezuela. Hay conversaciones, encargos que se acumulan y proyectos que se entrecruzan. La escena tiene algo de taller, de tienda y de punto de encuentro. Pero también es una pequeña infraestructura de solidaridad que conecta Mallorca con lugares muy alejados, desde Senegal y Ucrania hasta Gaza, donde la asociación sostiene una escuela levantada entre los campamentos de desplazados para ofrecer educación y un espacio de protección a niños y niñas palestinos. Al frente de esta red está Antònia Triguero, presidenta de Inca-Mallorca Solidària , una asociación que lleva años impulsando iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria. De todas ellas, hay una que ahora concentra buena parte de sus esfuerzos y también sus preocupaciones: la escuela impulsada en la Franja de Gaza, que ha pasado de acoger a 135 niños y niñas cuando abrió sus puertas, en septiembre de 2025, a tener 843 alumnos. Mantenerla abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño, apunta Triguero-. Y las donaciones, que durante los primeros meses permitieron incluso enviar entre 10.000 y 12.000 euros al mes, han caído. “Todas las emergencias tienen un pico y después la gente se va olvidando un poco”, lamenta la responsable de la entidad. La asociación ha lanzado una llamada de auxilio para evitar que el proyecto se quede sin recursos. En octubre envió 6.000 euros a Gaza y terminó con un descubierto de 2.000. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto. La situación ya ha obligado a retirar uno de los servicios que ofrecían a los menores: la merienda diaria. Mantener la escuela abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño- y las donaciones han caído. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto “Le dijimos a Marcel: dinos, para no cerrar la escuela, cuáles son los gastos mínimos que tienes. Sin el alimento”, explica Triguero. Marcel es el responsable de la organización gazatí con la que trabaja la entidad mallorquina y quien coordina la actividad sobre el terreno. Fue él quien propuso transformar la ayuda alimentaria inicial en un proyecto educativo. El objetivo de la ONG es conseguir una base de colaboradores que permita financiarla de manera estable, sin tener que recurrir cada pocos meses a campañas de urgencia. “Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría”, afirma. elDiario.es acompaña a Triguero y a varias voluntarias en una tarde de trabajo en la sede de Inca, donde, entre máquinas de coser, telas y conversaciones, preparan los productos artesanales con cuya venta contribuyen a mantener viva una red de solidaridad que llega hasta Gaza, Senegal, Ucrania y tantos otros lugares. Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La carpa que se convirtió en escuela y refugio La historia había comenzado unos meses antes, en mayo de 2025, cuando la población de Gaza atravesaba una situación de extrema escasez de alimentos. La asociación encontró una vía para hacer llegar ayuda a través de contactos locales. “Empezamos a cocinar para 300 familias”, recuerda Triguero. La situación era tan desesperada que, según relata, algunas personas bebían agua con sal para intentar mitigar el hambre. La dificultad para introducir dinero y material en la Franja obligó a buscar alternativas sobre el terreno. Varias voluntarias confeccionan productos artesanales destinados a financiar los distintos proyectos de cooperación y ayuda humanitaria de la asociación Una de las voluntarias de Inca-Mallorca Solidària elabora a mano pequeñas sandías de ganchillo con los colores de la bandera palestina en el taller de costura de la asociación Cuando la llegada de alimentos comenzó a mejorar, Marcel le planteó otra posibilidad: aprovechar una carpa de su organización para poner en marcha una escuela. En septiembre de 2025 empezaron las clases con 135 menores. La respuesta desbordó las previsiones. Durante el curso llegaron a 600 y, en la actualidad, el centro cuenta con 843 alumnos. El Ministerio de Educación de Gaza ha respaldado el proyecto y, según explica Triguero, ha autorizado que los estudios puedan llegar hasta décimo curso, equivalente a la etapa previa al bachillerato. La escuela no es, sin embargo, únicamente un lugar donde impartir clases. En un entorno rodeado de tiendas de campaña, se ha convertido en un espacio de encuentro y protección para los menores y sus familias. “La escuela es su momento de ser niños”, resume Triguero. Por las mañanas acuden a clase y por las tardes participan en actividades extraescolares en las que aprenden bailes tradicionales, tocan instrumentos o practican voleibol. La escuela es su momento de ser niños Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La asociación ha intentado que el recinto tenga otros usos que respondan a las necesidades de la comunidad desplazada. Uno de ellos es un horno móvil de hierro fundido, financiado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España. Su carácter transportable permite trasladarlo si las circunstancias obligan a abandonar la ubicación actual. En los alrededores, donde escasea la leña y cocinar resulta costoso, las mujeres pueden utilizarlo para preparar pan y dulces. También se organizan talleres de salud y prevención del cáncer dirigidos a ellas. Alumnos de la escuela realizan ejercicios en la carpa El espacio ha llegado incluso a funcionar como refugio. Triguero recuerda que, durante las fuertes lluvias y rachas de viento del invierno pasado, muchas tiendas de campaña de los alrededores quedaron destruidas y varias familias buscaron cobijo en la escuela. “No es solo una escuela”, insiste. De ahí su preocupación ante la posibilidad de tener que cerrar un lugar que ha ido adquiriendo funciones que van mucho más allá de la enseñanza. Siete euros y medio al mes por alumno Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar. No incluye la alimentación que recibían anteriormente los menores. “Para nosotros, que somos una asociación pequeñita, que no tenemos económicamente y dependemos de la gente porque no tenemos ayuda de nadie, es importante”, explica Triguero. La entidad cuenta actualmente con unos 200 socios y considera que alcanzar los 500 ó600, con aportaciones de unos diez euros mensuales, permitiría dar mayor estabilidad al proyecto. “Estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, pondría los 7,50 euros al mes”, sostiene. Quienes deseen contribuir a mantener las aulas en pie pueden hacerlo mediante Bizum, a través del apartado 'Hacer donativo' de la aplicación bancaria, introduciendo el código 12706. Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar Varios niños participan en una actividad educativa y lúdica en la escuela impulsada por Inca-Mallorca Solidària en Gaza Entre las aportaciones que han permitido sostener la iniciativa figura la de la periodista Almudena Ariza, que donó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria. Ese dinero sirvió para financiar durante bastante tiempo las meriendas de los niños y adquirir pupitres y sillas. También han llegado contribuciones de empresas, particulares y entidades que han organizado conciertos, celebraciones y otras actividades para recaudar fondos. La asociación recuerda especialmente cómo pequeñas iniciativas, incluso una boda o una fiesta, terminaron convirtiéndose en recursos para los alumnos. La periodista Almudena Arizadonó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria La caída de las aportaciones durante el verano, especialmente desde julio y agosto, dejó al proyecto en una situación delicada. La difusión de la campaña en los medios permitió recuperar parte de las donaciones y garantizar los gastos de los últimos meses del año, pero la presidenta sabe que no basta con responder a una emergencia puntual: la escuela necesita ingresos regulares. Una red de mujeres que cose solidaridad La actividad que se desarrolla en la sede de Inca ayuda a entender cómo funciona esta organización. El taller de costura, nacido hace ocho o nueve años para dar respuesta a las necesidades de socialización de mujeres, reúne a una veintena de participantes. Mari Carmen, Cati, Mari Ángeles, María y otras tantas mujeres confeccionan productos con telas que Triguero trae de sus viajes y que después se venden para financiar diferentes iniciativas. La actividad, además, fomenta la convivencia y crea vínculos entre las participantes. No todo lo recaudado se destina a Gaza: cada colección tiene su propio destino. Los artículos elaborados con telas de Senegal, por ejemplo, contribuyen a financiar los proyectos que la asociación desarrolla en ese país. Mari Carmen y Cati, junto al resto de voluntarias, comparten risas, conversaciones y labores de costura y ganchillo. La iniciativa, además de fomentar la convivencia y crear vínculos entre las participantes, permite elaborar productos artesanales para financiar proyectos solidarios Mari Ángeles, concentrada en una labor de costura en el taller María, delante de una de las máquinas de coser, explica que participar en el taller le aporta, sobre todo, bienestar y satisfacción personal. Acude una vez por semana, por las mañanas, para abrir la tienda y atender a las personas que se acercan. Además de colaborar en la elaboración y venta de productos, aprovecha para explicar a los visitantes los proyectos solidarios que desarrolla la asociación y dar a conocer el trabajo que realizan. También destaca el ambiente de compañerismo que se ha creado entre las mujeres, con quienes comparte conversaciones, momentos de descanso y pequeñas rutinas que hacen del taller un espacio de encuentro. Allí ha encontrado vínculos y una energía positiva que le ayudan a desconectar de las preocupaciones cotidianas. María, al frente de una de las máquinas de coser “Esto es como una gran familia”, explica la presidenta mientras muestra las prendas y los accesorios. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino, que comercializan a 14 euros. Una manera de convertir un objeto cotidiano en una aportación para la escuela. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino La actividad se sostiene también gracias a las donaciones de material y equipamiento. Algunas máquinas de coser fueron cedidas por la Fundación La Caixa y otras proceden de particulares o empresas que han cerrado. La asociación recoge asimismo material de hoteles y hospitales que retiran equipamientos todavía aprovechables y les busca una segunda vida en otros proyectos. La red de cooperación va mucho más allá de Gaza. En Senegal, la entidad trabaja en la creación de maternidades, escuelas y cooperativas de mujeres, y ha iniciado un proyecto agrícola con la colaboración de ingenieros agrónomos y agricultores mallorquines. Entre los estantes también hay material informativo sobre los distintos proyectos de la asociación, como la pulsera solidaria que se vende para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los llamados 'niños de la lata' de Senegal. En Ucrania, la ONG prepara el envío de un tráiler y dos ambulancias, mientras que a Senegal prevé trasladar un contenedor y otra ambulancia. En Mallorca mantiene ayudas a familias vulnerables y colabora con otras entidades y con menores afectados por enfermedades raras. Una pulsera solidaria para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los 'niños de la lata' de Senegal Una mesa llena de telas, retales y utensilios de costura sirve de punto de encuentro para las voluntarias de la asociación En el taller, esa solidaridad también tiene nombres propios. Triguero cuenta la historia de Álvaro, un apicultor de León al que conocieron durante una campaña de ayuda a los pueblos afectados por los incendios del pasado verano. Después de comprar miel a varios productores que habían perdido parte de sus colmenas, el apicultor decidió reservar parte de su producción para la escuela de Gaza. La asociación ha vendido cientos de kilos y prepara nuevas partidas. El padre de Álvaro, un hombre de casi 90 años, también quiso contribuir: “Hemos recibido una herencia y quiero darle esa herencia: 500 euros para la escuela”, le comunicó. A estas aportaciones se suman un concierto de violín que se está organizando y una carrera solidaria prevista para diciembre por parte del colegio San Francisco, cuyos fondos se destinarán a los niños de Gaza. Son iniciativas pequeñas y grandes que, juntas, han permitido mantener en funcionamiento el centro. Tarros de miel procedente de León que Inca-Mallorca Solidària vende en su sede a beneficio de la escuela para niños y niñas de Gaza Que la escuela no dependa de una emergencia Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades. La presidenta insiste en la importancia que tiene la educación para las familias palestinas y en la necesidad de que los niños puedan conservar una rutina en medio de unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades Desde Inca, entre máquinas de coser, telas de colores, pedidos de miel y cajas de material recogido, la entidad intenta sostener un proyecto que ya forma parte de la vida de 843 menores. La distancia entre el taller mallorquín y las carpas de Gaza es enorme, pero el vínculo se mantiene con cada aportación, cada producto vendido y cada persona que decide colaborar. La continuidad de la escuela depende ahora de que esa red crezca. Porque, como recuerda Triguero, los 7,50 euros mensuales por niño pueden parecer una cantidad pequeña, pero para una asociación que depende casi exclusivamente de la solidaridad ciudadana marcan la diferencia entre mantener abiertas las aulas o apagar las luces de un espacio que, para cientos de niños, es también una oportunidad de seguir siendo niños.
La reunión que el Partido Popular aseguró que nunca había existido entre su abogado, Alberto Durán, y el exasesor de José Luis Ábalos , Koldo García, sí se produjo. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra , se vio obligada a reconocerlo ante los medios este lunes, cuatro días después de que la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, negara expresamente que se hubiera celebrado ningún encuentro. La rectificación, sin embargo, no ha venido acompañada de explicaciones. Génova mantiene, eso sí, que es falso que su abogado ofreciera al exasesor un millón de euros, el pago de su defensa y ventajas judiciales a cambio de declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Una revelación que se produce después de que se conociera que la empresa editora de OkDiario , Dos Mil Palabras SL, fue la que pagó la defensa de Koldo García. Fueron, en total, 242.000 euros. Los hechos constan en los documentos que la abogada Leticia de la Hoz —que este martes ha renunciado a la defensa de García— aportó al caso Leire . IDBO Consultants, la consultora para la que trabaja, facturó a la editora 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 en concepto de asesoramiento jurídico y procedimientos. El 23 de enero de 2026 llegó una segunda transferencia, esta vez de 60.500 euros. Ese mismo día, el digital publicó el vídeo en el que el exasesor preparaba la maleta con la que ingresó en Soto del Real y empezó a difundir la entrevista que le hizo Eduardo Inda, fundador y director de OkDiario. En ella, García lanzó acusaciones contra el entorno del presidente del Gobierno, entre ellas, sobre la financiación de las primarias de Pedro Sánchez y sobre un supuesto hallazgo de armas en la sede socialista de Ferraz. Muchas de ellas se han demostrado después falsas, engañosas o no acreditadas en las investigaciones judiciales . El Supremo lo condenó en junio de 2026 a 19 años y ocho meses de prisión. Inda sostiene, por el contrario, que el dinero responde a un acuerdo para explotar la historia de Koldo en diferentes formatos. De la Hoz presentó hace solo unos días los papeles que acreditan que no fue la formación socialista, sino Dos Mil Palabras SL, quien se hizo cargo de la defensa de García. En los meses previos, la abogada había intentado que el instructor, Santiago Pedraz, le pidiera formalmente las facturas sobre ese encargo para poder desvincularlo del PSOE . Una tesis que había abonado el PP de Feijóo en numerosas ocasiones durante el juicio. Ahora, no obstante, desde el PP señalan que se trata de una “transacción privada” entre la empresa de Inda y el exasesor de Ábalos. Este martes, García ha pedido a Inda que enseñe no solo extractos, sino también el contrato “íntegro” que esa cabecera sostiene que él mismo habría firmado con el digital a cambio de colaborar en podcasts, docuseries y otros contenidos. Y también ha interpelado directamente a Durán: “Escucho por ahí que ponen en duda si hubo reunión o no (...), propongo lo siguiente: le pueden preguntar al abogado del PP si las palabras fueron 'del tema económico, de cómo pagarte se encarga Inda, ya encontrará la fórmula para poderte pagar '”, afirma en el audio adelantado por Mañaneros 360 . El pasado 5 de noviembre, la Cadena SER publicó un audio en el que Koldo García aseguraba que Alberto Durán le había planteado un acuerdo para perjudicar al Gobierno. Según su versión, los dos mantuvieron dos reuniones en mayo de 2025 en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP. El primero de los encuentros habría servido para explorar un posible entendimiento y en el segundo se habrían abordado sus condiciones . El propio Koldo describió así el supuesto ofrecimiento: "En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno : del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aún mintiendo ". Tanto el PP como Durán sostienen que es "absolutamente falso" lo que ahora cuenta el exasesor de Ábalos. La portavoz parlamentaria fue tajante el pasado viernes: "Está mintiendo, le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión ". También atribuyó la publicación de la información a una maniobra política relacionada con el registro que practicaba ese mismo día la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un inmueble de Ábalos . Para la portavoz, la coincidencia no era casual. Sin embargo, García asegura tener pruebas. "Yo daré el remate final", lanzó desde la cárcel en plena precampaña electoral. García lleva tiempo trasladando a su entorno que tiene en su poder una grabación que demostraría que Génova puso el dinero sobre la mesa y que se habría realizado antes de que De la Hoz asumiera su defensa. Un audio del que todo el mundo habla pero que, de existir, por el momento todavía no ha trascendido. Cuatro días después, Gamarra admitió que la reunión sí existió, pero no dio más detalles. Se limitó a asegurar que el partido ya había ofrecido todas las explicaciones pertinentes. Tampoco aclaró por qué Muñoz había negado de forma tan categórica el encuentro. El propio Feijóo aseguró este lunes que " en nombre del PP" no se había ofrecido dinero a nadie y desde su entorno añadieron que, si hubiera sido así, el exasesor de Ábalos lo hubiera aceptado y que, además, un condenado por corrupción no tenía credibilidad alguna. La primera transferencia se realizó el mismo día en que Okdiario publicó una extensa entrevista de Eduardo Inda a Koldo García, entonces a las puertas de su ingreso en prisión provisional. En ella, el antiguo asesor aseguraba haber escuchado a Sánchez hablar de una aportación de 100.000 euros de su suegro a las primarias socialistas de 201 7 y también denunciaba un presunto fraccionamiento de donaciones mediante ingresos efectuados por inmigrantes. No probó documentalmente nada. Las declaraciones encontraron una rápida respuesta en el PP. Ester Muñoz, Alicia García y Miguel Tellado difundieron mensajes en sus redes sociales cuestionando la financiación de las primarias y dando relevancia política al testimonio. “A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa”, escribió Muñoz en X a las 8.57 horas, dando por ciertas las acusaciones del exasesor de Ábalos. Después fue el turno de García, portavoz en el Senado, a las 9.11. En otro post, aseguró que el presidente del Gobierno “llegó al poder haciendo trampa y con donaciones de su suegro”, adjuntando para refrendarlo la entrevista de García con Inda. También Tellado concedió una entrevista a La Mirada Crítica , de Telecinco, utilizando las acusaciones de Koldo García como la prueba definitiva de que Sánchez “era el uno” de la trama. En aquel momento, el PP daba credibilidad a sus afirmaciones. Ahora, cuando es el exasesor quien señala al abogado del PP, Génova desprecia su testimonio y sostiene que forma parte de una operación política contra la oposición . La posición de Alberto Durán dentro del PP añade otro elemento a la cronología. El 19 de septiembre trascendió que el partido le había apartado de la dirección de sus procedimientos judiciales más relevantes y mediáticos. Según avanzó Artículo14 , seguía vinculado al equipo jurídico , aunque los grandes pleitos iban a pasar a estar dirigidos por el penalista Henry Feltenstein. La dirección del PP atribuyó la decisión a una reorganización y a la necesidad de reforzar un equipo que había tenido que afrontar simultáneamente numerosos procedimientos, aunque el citado diario hablaba de desavenencias con Gamarra. El 21 de septiembre, elDiario.es reveló que el cambio venía gestándose desde julio, aunque no se comunicó al resto de las acusaciones populares hasta más tarde . Precisamente el 14 de julio, De la Hoz compareció como investigada ante el juez Santiago Pedraz en el denominado caso Leire . Durante su interrogatorio, la letrada negó tajantemente que el PSOE hubiese pagado la defensa de Koldo García, ni directa ni indirectamente. Pero fue más allá. Ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción para conocer quién abonaba sus honorarios, advirtió de que conocer la identidad del pagador supondría una "sorpresa muy grande ". La abogada alegó entonces que el secreto profesional le impedía revelar ese dato sin la correspondiente autorización. Dos meses después, el 18 de septiembre, De la Hoz volvió a abordar esta cuestión en un escrito de alegaciones presentado ante Pedraz. En él cuestionaba la interpretación que la Fiscalía había realizado de su declaración y reiteraba su disposición a aportar las facturas que acreditaban quién había pagado su trabajo. Según argumentaba, necesitaba que se le dispensara del secreto profesional para poder facilitar esa documentación y defenderse de las sospechas que apuntaban a una supuesta financiación de sus servicios por parte del PSOE . Finalmente, Pedraz le dio el visto bueno. Aunque el PP se desvincula de los pagos de la editora de Okdiario, en febrero de 2024 ya se vio salpicado, de forma inesperada, por un informe de la Guardia Civil que atribuyó a Koldo García haber asegurado en diciembre tener concertada una cita con Miguel Tellado y con “Alberto” para intentar que les ayudaran a conseguir que el Govern balear, ya en manos del PP, dejase de reclamar a la empresa que supuestamente le pagaba comisiones el dinero recibido de esta comunidad a cambio de unas mascarillas defectuosas. Un "Alberto" que podría referirse, precisamente, al abogado del PP.
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