Entre las prioridades de la nueva mayoría demócrata está escudriñar los negocios familiares de la familia del presidente, controlar el gasto en las guerras, revisar los papeles ocultos de Jeffrey Epstein e incluso abrir un nuevo impeachment contra el mandatario EEUU empieza a enterrar el trumpismo con una rotunda victoria demócrata en el Congreso Los demócratas se han hecho con la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de EEUU, lo que supone un rechazo masivo a los republicanos y a la agenda política de Donald Trump. Con esta mayoría demócrata en ambas cámaras, los dos próximos años de presidencia de Trump serán muy diferentes de los dos anteriores. ¿Qué pueden hacer los demócratas en la Cámara de Representantes? La oleada de victorias en distritos republicanos de todo el país que ha llevado a los demócratas a superar cómodamente el umbral de 218 escaños que marca la mayoría. El líder demócrata en la cámara, Hakeem Jeffries, está a punto de convertirse en líder de la mayoría y los republicanos perderán la capacidad de aprobar leyes en la Cámara en solitario. La mayoría demócrata puede convocar comisiones de investigación al Gobierno, exigir documentos y testimonios y someter a los altos cargos a un escrutinio parlamentario constante. También podrían verse presionados por sus bases para abrir el proceso de un tercer impeachment : el proceso para destituir a Trump. Sin embargo, este mecanismo requiere el voto de dos tercios del Senado. ¿Qué pueden hacer los demócratas con la mayoría en el Senado? El Senado confirma a los miembros del gabinete, a los embajadores y a los jueces federales, incluidos los candidatos al Tribunal Supremo. Una mayoría demócrata puede bloquear o retrasar muchos de los nombramientos de Trump y obligar a la Casa Blanca a negociar leyes. ¿Qué investigarán los demócratas? Estas son algunas de las investigaciones más relevantes a las que podrían dar impulso los demócratas: Los negocios familiares : Robert García, el demócrata más activo en la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes, tiene como primera prioridad esclarecer la corrupción de la familia Trump, mientras que el diputado Jamie Raskin ha solicitado información sobre las operaciones comerciales del yerno de Trump, Jared Kushner , y de su hijo, Donald Trump Jr . Los correos del caso Epstein : Gracias al esfuerzo de los diputados Ro Khanna y Thomas Massie, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos el año pasado millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein . Pero el Departamento de Justicia incumplió desde el principio el plazo legal para divulgarlos. Posteriormente, solo hizo públicas unas 3,5 millones de páginas de los seis millones que tenía en su poder y se escudó en que el resto eran duplicados. Además, en los dos partidos ha habido preocupación porque muchos pasajes estaban muy censurados y porque otros, en cambio y supuestamente por error, mostraban los nombres de las víctimas. El Departamento de Justicia se enfrenta ahora a una demanda presentada por la periodista Katie Phang por muchas de estas cuestiones. Ya antes del vuelco electoral, el Congreso venía actuando en este tema con cierta coordinación entre partidos. En la comisión de supervisión, presidida por el republicano James Comer, los miembros de ambos bandos han actuado habitualmente (aunque no siempre) de forma concertada para citar a testigos y declararlos en desacato cuando no cooperaban. Cabe esperar que esto siga así con la nueva mayoría demócrata. El Pentágono y la guerra : Jason Crow, un congresista de Colorado que forma parte de las comisiones de Fuerzas Armadas e Inteligencia y copreside el grupo parlamentario de la Cámara de Representantes contra la corrupción, afirma que empezará por el Pentágono, a partir de las informaciones sobre desvío de fondos de defensa desviados a empresas vinculadas a la familia Trump. Impeachment : Jeffries afirma que, en esta ocasión, los demócratas no han descartado nada en lo que respecta al impeachment , mientras que el actual líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, anuncia que se tratará de impulsar “desde el primer día”. ¿Qué hicieron los demócratas la última vez? En 2018, a mitad del primer mandato de Trump, los demócratas lograron la mayoría en la Cámara de Representantes de forma arrolladora. Las comisiones de la Cámara pusieron rápidamente en marcha decenas de investigaciones sobre sus negocios, su gestión de las investigaciones sobre Rusia y posibles conflictos de intereses. Poco más de un año después de las elecciones de medio mandato de 2018, tras meses de llamamientos de la izquierda a favor de la destitución del mandatario, la Cámara votó, en su mayoría siguiendo las líneas del partido, a favor del cese de Trump. Los demócratas habían acusado a Trump de urdir un plan para amañar las siguientes elecciones presidenciales presionando a Ucrania para que inventara noticias negativas sobre Joe Biden y, a continuación, obstaculizando la supervisión del Congreso. Posteriormente, Trump fue absuelto en el Senado , controlado por los republicanos, de las dos causas de destitución. En 2021, Trump fue sometido a un segundo proceso de destitución — y de nuevo absuelto — por incitar el asalto del 6 de enero al Capitolio.
La Diputación de Cádiz ha presentado este viernes sus presupuestos para 2027, que serán aprobados el próximo miércoles 18 de noviembre en pleno ordinario. Las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados , lo que supone un incremento del 9,5% respecto a la partida de 2026. En comparación con las últimas cuentas aprobadas por el anterior ejecutivo del PSOE, la cuantía total ha experimentado un crecimiento del 38,7%, aumentando en 125 millones de euros, cuando ascendió a 323,8 millones de euros.La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco ha precisado los principales hitos del presupuesto de 2027, así como su desglose por áreas de gobierno. Junto a la presidenta han intervenido los vicepresidentes segundo y quinto, Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, que han valorado el alcance de las nuevas cuentas al tiempo que han confirmado la estabilidad del gobierno provincial y la sintonía de las dos formaciones políticas que sustentan el ejecutivo (PP y La Línea 100x100). En la presentación de las cuentas de 2027 también han comparecido el vicepresidente primero y responsable del Área de Hacienda, Juancho Ortiz, y los diputados y diputadas Paula Conesa, José Manuel Cossi y Ana Moreno.“Estamos, por tanto, ante el presupuesto más expansivo de la historia de la Diputación de Cádiz. El presupuesto es una herramienta para fortalecer los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos, invertir en infraestructuras y ayudar a hacer realidad proyectos estratégicos para la provincia”, ha defendido la presidenta de Diputación.Dos capítulos del presupuesto miden su capacidad inversora: el 6, de inversiones reales, y el 7 de transferencias de capital; ambos, agrupados, alcanza la cifra de 103.711.184 euros para el próximo año, casi un 6 por ciento por encima del presupuesto de 2026 y 41 millones de euros adicionales si se compara con las cifras de 2023. “Hablamos de inversiones para atender obras, actuaciones municipales y proyectos estratégicos que se traducen en más empleo, más dinamismo económico y más oportunidades en el territorio”, ha referido la presidenta de Diputación.Casi 20 millones para las carreterasAlmudena Martínez ha destacado la sensible subida que experimentan las partidas dedicadas a la renovación y mantenimiento de la red de carreteras de Diputación. Las vías provinciales recibirán 18,3 millones de euros que suponen un incremento del 850 por ciento sobre el ejercicio de 2023. “Garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red de carreteras es nuestra prioridad”, ha insistido la presidenta, quien ha recordado que este impulso a la conservación de las infraestructuras es una de las principales premisas emanadas del reciente informe encomendado al Colegio de Economistas. Los créditos iniciales del presupuesto de 2026 contemplaban 10,6 millones de euros para las carreteras provinciales. Los daños ocasionados por el tren de borrascas de febrero motivaron una movilización de recursos inédita por parte de la Diputación; un esfuerzo que al final se tradujo en 26,5 millones de euros, la mayoría incorporados como obras de emergencia. Este contexto justifica el alza inversora para 2027 y la inclusión de actuaciones largamente esperadas como el acondicionamiento de la carretera de Lora , de acceso a Alcalá del Valle, o la mejora de la vía que enlaza el barrio de San José Obrero, en Jerez, con Guadalcacín.Política de viviendaLa Empresa Provincial de Vivienda y Suelo dispondrá de 6.092.981 euros que, en términos relativos, marca un alza del 40 por ciento sobre 2026. Almudena Martínez ha explicado que al iniciar el actual mandato encontraron una sociedad pública que requería su estabilidad económica y operativa. “Una vez reflotada –y tras valorar la implicación al respecto del diputado José Manuel Cossi- comenzamos el impulso a la promoción de vivienda pública o asequible en los municipios, en cooperación con los ayuntamientos”. Más allá de esta circunstancia interna, “la escasez de suelo finalista, la saturación de la red eléctrica o la incapacidad financiera de los consistorios para construir vivienda” son factores que dificultan cada proceso.Servicios socialesMás de 80 millones de euros, exactamente 83.107.731, son los créditos iniciales que se consignarán en el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Esta previsión supone un incremento del 23,5 por ciento sobre el presupuesto de 2026 y del 45,4 por ciento sobre el de 2023. “Era incuestionable que por cuarto año consecutivo íbamos a presentar un presupuesto que amplía el escudo social del anterior y fortalece las políticas que protegen a las personas y colectivos más vulnerables”, ha significado Almudena Martínez. El desglose de este “hito social” ofrece las siguientes referencias significativas: la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio se eleva hasta los 54,2 millones de euros (casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023). Casi tres millones de euros se dedican al mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea. Otro programa estable, el de Mayores Activos, recibirá 980.200 euros que, en términos relativos, supone un alza del 10 por ciento en relación a 2026.Presupuesto de cara áreaTras presentar los grandes pilares del presupuesto, Almudena Martínez precisó los datos desglosados por Áreas de gobierno.El Área de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar “el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias”. Entre otros proyectos se dará cobertura a la segunda fase de las obras para la ampliación y construcción del nuevo Centro de Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’ en Sanlúcar; a obras de mejora en acuartelamientos de la Guardia Civil; a la restauración de iglesias y capillas en mal estado; al Plan de Empleo de Cruz Roja o al programa Erasmus con la UCA. También se incrementa un 23% la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones “para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial”. A Epicsa “transferimos 7,2 millones para los retos tecnológicos de la administración electrónica, la implantación de la Inteligencia Artificial en Diputación y el Plan Aida para los ayuntamientos”, indicó Almudena Martínez.El Área de Hacienda , que coordina Juancho Ortiz y “clave en la elaboración del presupuesto”, se dota con 8 millones de euros “para hacer frente a la amortización de los préstamos contraídos ante las emergencias por las lluvias, garantizando la solidez inversora de la institución”.El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (más de 11 millones en relación a 2026). El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha destacado la pervivencia de todos los programas en vigor a la vez que ha confirmado que se potenciarán las ayudas mediante convocatorias por concurrencia competitiva. El PAMIED, Plan dedicado a la mejora de instalaciones y espacios deportivos, experimentará un sensible incremento hasta alcanzar la cifra de 1,9 millones de euros. En el ámbito de la Memoria Democrática se insistirá en los programas educativos diseñados para los centros educativos, además de mantener la asistencia técnica y económica para entidades locales y asociaciones. Los programas de Educación Ambiental, el Proindes, las campañas para el control del mosquito transmisor del virus del Nilo, o la asistencia a los ayuntamientos para la retirada del alga invasora fueron otras líneas destacadas por Vidal antes de anunciar una novedad de calado: la consignación de 1,9 millones de euros para emprender las obras que harán del Centro Experimental Agrícola y Ganadera, sito en Jerez, un espacio de referencia en Andalucía para el sector primario.El Área de Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026). Con este aumento, según refirió Almudena Martínez, “se dará cobertura a la contratación o nombramiento de personal para la nueva residencia de La Línea; a los gastos de la estructura general del personal general de Diputación; y a la incorporación de nuevo personal por la Oferta de Empleo Público de 2027”.El presupuesto del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se cifra en 40,7 millones de euros, dedicados a fomentar nuevas actividades económicas y fortalecer sectores productivos. El principal instrumento de dicha área, el plan Dipuinnova Plus, alcanzará una partida de 10,7 millones de euros tras experimentar una subida del 19 por ciento. Además, se reeditará el Plan de Cooperación Local (Plan de Empleo) con 5,7 millones de euros; a Proyectos Singulares se dedicarán 5,7 millones; 476.327 euros para el Plan AIRER y más de 480.000 euros para la Escuela de Hostelería y Turismo ‘Fernando Quiñones’.En relación al Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación , fue el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, quien detalló las cifras más significativas. El Área, en conjunto, tendrá una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros. En el ámbito de Desarrollo Local, el Plan Más Inversión contendrá 9,5 millones de euros y se destinará a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Recaudación dispondrá de 21 millones de euros, “confirmando que se trata de un servicio eficaz y eficiente que tiene la plena confianza de los ayuntamientos”. En la parcela de Asistencia a Municipios –con 2,8 millones- destacó las acciones formativas que mejoran las competencias de los empleados públicos del conjunto de la provincia. El Área de Cooperación , que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.La exposición de la presidenta concluyó con los datos referidos al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La cifra récord asignada –de 83,1 millones de euros- comprende una reserva de 78 millones para Bienestar Social, casi 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo.Organismos autónomosEn cuanto a los organismos autónomos, el Patronato Provincial de Turismo afrontará 2027 con un presupuesto de 5,3 millones de euros ; la Fundación Provincial de Cultura dispondrá de 1,7 millones y el IEDT 10,2. A la red de hoteles y casas rurales, Tugasa, se destinan casi 10 millones de euros (registrando un alza del 7,4 por ciento en relación a 2026), por lo que se incide en la estrategia de ampliar los índices de pernoctaciones y estancias, además de perseverar en la modernización de los establecimientos. EPICSA gestionará un presupuesto de 13,6 millones de euros; la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo 6 millones y la Agencia Provincial de la Energía algo más de un millón de euros.
Un estudio de Oxford Economics presentado en EICMA cuantifica por primera vez el peso económico del sector en la UE y el Reino Unido, mientras la industria alerta de un déficit comercial que casi se ha duplicado en 2025
Un estudio de Oxford Economics presentado en EICMA cuantifica por primera vez el peso económico del sector en la UE y el Reino Unido, mientras la industria alerta de un déficit comercial que casi se ha duplicado en 2025
El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.
Los impuestos son la punta de lanza con la que el PP ha cuestionado las políticas económicas del actual Gobierno. Calificativos como “infierno fiscal”, “voracidad recaudatoria” o “asfixia fiscal” han aparecido habitualmente en los discursos de los líderes de la formación popular para criticar la carga impositiva que se aplica en España. La derecha tiende a preferir una menor carga fiscal y un ejemplo claro es la política que ha mantenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con bonificaciones en los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, algo que también han promovido comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones de hasta el 99% para familiares directos. Una política que ha sido tachada en muchas ocasiones como un ejemplo de competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Como baza electoral, los impuestos son el caballo de batalla del PP, pero una fiscalidad baja tiene un coste recaudatorio y para los servicios públicos que puede contrarrestar su atractivo de cara a las urnas, pese al ejemplo madrileño. Un estudio de las universidades de Viena y Zúrich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae unos 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o un incremento de la deuda . Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que Madrid es uno de los territorios que menos invierte en sanidad por ciudadano (1.779 euros) o que menos paga a sus docentes con respecto al coste de la vida en esta comunidad autónoma. Pese a ello, Madrid sigue cultivando una política de bajadas de impuestos que la presidenta de la Comunidad suele presentar en oposición a las decisiones del Gobierno central. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank World Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones de euros lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar de no estar en vigor el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022. Las medidas de las distintas comunidades no permiten anticipar lo que está en juego a nivel nacional, ya que muchas competencias están cedidas, pero dan una pista de la posición del PP en materia fiscal. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que no todas las autonomías gobernadas por el PP mantienen posiciones como la de Madrid porque ello conlleva renunciar a una parte sustancial de sus ingresos, pero señala la s contradicciones en las que incurren aquellas que defienden una baja fiscalidad y protestan por infrafinanciación . “El modelo de corresponsabilidad buscaba que las comunidades soportasen el peso de sus decisiones para que, cuando deciden tener una carga fiscal baja, esa merma en la recaudación no sea compensada por el Estado”, señala. Si observamos las propuestas a nivel nacional que el Partido Popular ha lanzado en su plan económico, la formación contempla también bajadas impositivas en gravámenes como el IRPF o el IVA, así como en la cotización de los autónomos . En el documento figuran medidas como duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF (es decir, lo que Hacienda considera que el contribuyente necesita para cubrir las necesidades básicas de sus hijos y que no tributa) y actualizar la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación. Sobre el mínimo exento, el experto señala que tendría un impacto económico significativo, ya que se doblaría la cantidad actual (5.550 euros), aunque hasta el momento los populares no han hecho pública ninguna memoria que cuantifique el coste que tendría para las arcas públicas. En cuanto a adecuar el IRPF a la inflación, el PP lo ha propuesto para evitar lo que en la jerga económica se denomina progresividad en frío. Este fenómeno es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Así, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación en detrimento del trabajador . Sobre esto, Mollinedo explica que es una medida que no se ha tomado nunca porque “tiene un coste recaudatorio muy alto”, señala. “Ningún gobierno lo ha actualizado con la inflación porque hacerlo tiene unos costes brutales. El coste supondría tener que aumentar impuestos por otra vía porque si no sería difícil pagar los servicios públicos sin incurrir en un déficit desbocado”, concluye. Otra de las propuestas del PP que van en la misma línea de rebaja impositiva son aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos –pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas– y reducir del 21% al 10% el IVA a la energía. También plantea la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros. El debate sobre la fiscalidad ha ganado terreno en la precampaña; sin embargo, el dilema principal al que se enfrentarán los partidarios de recortar impuestos es explicar cómo hacerlo sin comprometer la viabilidad de los servicios públicos y manteniendo intactas prestaciones como las pensiones.
Las baterías de los teléfonos móviles parecen no haber evolucionado mucho desde hace décadas, pero lo cierto es que sí lo han hecho, tanto de forma interna como en los sistemas que nos permiten recargarlas una vez se agotan. Como parte de estos últimos avances hemos visto llegar los sistemas de carga rápida , que a día de hoy siguen siendo objeto de dudas por parte de muchos usuarios . Muchos nos hemos acostumbrado al término, pero no termina de estar claro en qué consiste, ya que hay velocidades muy diversas. Quizá lo mejor que podemos hacer es definir qué es exactamente la carga rápida. Podemos empezar por ahí. ¿Qué es la carga rápida? A la hora de medir la carga que es capaz de recibir un teléfono móvil, o la que es capaz de entregar un cargador, se emplean los vatios. Los vatios son una unidad internacional de potencia con la que se mide el consumo o entrega de energía de un equipo y para obtener dicho valor sólo hemos de multiplicar voltios por amperios. Así de simple. Esta multiplicación es importante pues los propios cargadores nos dirán qué sistema de entrega de potencia es el que emplean usando estos dos mismos valores. Nos dirán por un lado los voltios y por otro los amperios. Así que si un cargador indica que entrega 9 voltios y 2 amperios, entrega 18W . Hasta ahí todo está bastante claro. Teniendo este cálculo presente, podemos decir que la carga rápida sería toda aquella velocidad de carga que supere el estándar del mercado, ¿no? Lo difícil es definir cuál es este, ya que va cambiando con los años. En 2026 es habitual encontrar dispositivos con carga de 45W, como el Samsung Galaxy A57 , o más, sobre todo en la gama alta. Por ejemplo, el Xiaomi 17 alcanza los 100W y el Realme GT 8 Pro, los 120W . ¿Cómo trabajan los sistemas de carga rápida? Es habitual pensar que si nuestro móvil soporta una carga rápida de 50W (por ejemplo), estará recibiendo 50W de potencia energética desde que lo enchufemos al cargador hasta que finalmente lo desconectemos. Pero esto no es así de forma efectiva pues la carga rápida conlleva ciertos riesgos de conservación para las baterías, y los fabricantes emplean diversos algoritmos para minimizar estos riesgos. Cada fabricante decide cómo "entra" la electricidad en las baterías de sus teléfonos Así, cuando conectamos un móvil compatible con carga rápida a un cargador que también la ofrece, ambos se sincronizan a través de distintos protocolos, y entonces el móvil decide qué cantidad de energía recibir en cada momento . Lo habitual es que, si la batería está baja, al principio acepte mucha energía y que luego esa entrega se vaya reduciendo. Cuanto más cargado esté el móvil, más lento cargará lo que le quede. Hasta que finalmente llegue al 100%. Los fabricantes se aseguran de que el móvil reciba la mayor cantidad de energía posible en los primeros minutos junto al enchufe (habitualmente lo indican en sus presentaciones, como móviles que cargan al 50% en 30 minutos, etc.) para que recuperemos toda la autonomía posible en caso de tener que irnos apresuradamente. Pero dado que la carga rápida calienta la batería más de la cuenta, el resto de la carga se completará a menor velocidad y recibirá menos energía, pero también menos calor. Como hemos dicho, en busca de una mayor preservación de la vida útil de la batería. ¿Se deteriora la batería de mi móvil si uso carga rápida? Siguiendo el razonamiento de lo que hemos indicado hasta ahora, lo sencillo es afirmar que sí. Si empleas carga rápida, la batería se degrada antes que si empleas una carga normal. Y la razón es la que hemos explicado antes, el calor. Al recibir energía, la batería del móvil se calienta y el calor aumenta con la cantidad de energía que entra. Si entra mucha energía, el calor recibido es alto y la batería se degrada más rápidamente. Las baterías se degradan de por si, pero la degradación es mayor si añadimos más calor a la ecuación Este calor es el responsable de que las baterías se deterioren antes de tiempo y de que duren menos ciclos de los que indican los fabricantes. Aunque no hay datos expuestos de forma clara por las marcas, imaginemos que una batería pensada para aguantar 800 ciclos de carga y descarga podría aguantar únicamente 700 si usamos la carga rápida a diario. Es justo indicar que las baterías rara vez “mueren”, simplemente pierden efectividad y pueden pasar (otro ejemplo) de almacenar 5.000 mAh a sólo 4.500 mAh. En este ejemplo, la batería habría perdido un 10% de su capacidad. ¿Los fabricantes están trabajando en solucionar este problema? Efectivamente. Algunos incluso explican en detalle cómo va evolucionando su carga rápida para extender al máximo posible la vida útil de las baterías. Xiaomi, por ejemplo, presumía de que sus baterías solo perdían un 20% de capacidad tras 800 ciclos. En el caso antes expuesto, una batería de 5.000 mAh podría almacenar aún 4.000 mAh tras 800 descargas y cargas. Si tenemos en cuenta que Xiaomi da estos datos para una carga rápida de 120W, que aporta bastante calor, no está nada mal. En Xataka Móvil Si algo echan en falta los Galaxy S26, ese es el silicio-carbono. No tardarán mucho en adoptarlo ¿Qué métodos están ayudando a mejorar la velocidad de carga? Ya hemos explicado que los vatios se calculan multiplicando voltios por amperios. Así, los fabricantes juegan con estas cifras para entregar más o menos energía a través de sus cargadores y elevar las velocidades de carga. Por ejemplo, es posible ofrecer 50W entregando 5 voltios a 10 amperios, o entregando 10 voltios a 5 amperios, o incluso entregando 20 voltios a 2,5 amperios. Las posibilidades son casi infinitas, aunque hay estándares. Power Delivery permite llegar mediante USB-C hasta los 48V, lo que abre la puerta a los 240W . Las baterías duales han duplicado las velocidades de carga Pero además de jugar con estas cifras, algunos fabricantes han llegado a la conclusión de que una batería se carga antes si es más pequeña, y que, por tanto, se pueden dividir internamente las baterías de los teléfonos móviles. Así es como se han creado las baterías duales . Por ejemplo, nuestro teléfono puede tener 5.000 mAh de batería, pero la pila está dividida internamente en dos partes de 2.500 mAh cada una. Y como hay dos partes, se pueden alimentar al mismo tiempo, duplicando la velocidad de carga. Así, un cargador de 120W puede repartir su potencia en dos cargas de 60W. En el interior del teléfono, dichas cargas se convierten y se redirigen, perdiéndose la menor cantidad de energía posible. ¿Y qué ocurre con estas dos cargas de 60W? Cada una de ellas se aplica a una de las dos partes de la batería. Así, el teléfono carga de forma efectiva a 60W, con menor calor y menor desgaste, pero está recibiendo realmente 120W en total. Estos sistemas irán avanzando para hacerse aún más eficientes. En Xataka Móvil Qué cargador USB-C para móvil comprar para adaptarse a la ley de la UE y acertar en tu elección Lo recomendable de forma habitual es que si no tenemos prisa, carguemos nuestro teléfono con un cargador normal, y que reservemos el cargador rápido para momentos especiales . Algunos usuarios optan, por ejemplo, por tener cargadores normales en la mesilla y cargar el teléfono de forma lenta por las noches, y luego tienen cargadores rápidos en otras partes de la casa para solventar problemas de autonomía puntuales. Que cada usuario decida qué es lo mejor para cada uno , pero los propios fabricantes no dejan de desarrollar sistemas para reducir la degradación de las pilas internas y la entrega de calor de los cargadores, así que esta degradación más alta acabará por ser un problema del pasado. ¿Cuándo? Confiemos en que pronto. Imagen | Iván Linares para Xataka En Xataka Móvil | Más allá de la carga rápida y la potencia: estas tres letras marcan la diferencia en un buen cargador - La noticia Tu móvil promete 120W de carga rápida, pero no los usa todo el tiempo. Así funciona realmente fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Iván Linares Samuel Fernández .
La narrativa aseguraba que la IA transformaría la experiencia con nuestro teléfono. Y lo está haciendo en cierta medida, no obstante, la presión en las fábricas impone una realidad distinta : la crisis en el precio de las memorias amenazaba con disparar los precios y las exigencias de los centros de datos han terminado asfixiando incluso planes de lanzamientos. El freno al móvil más ambicioso de Oppo sigue sonando con fuerza. Pese a que la llegada del Oppo Find X10 Pro Max —junto al modelo base— fijó un listón en fotografía de primer nivel , la marca habría optado por suspender el lanzamiento del Find X10 Ultra : porque asumir configuraciones de hasta 16 GB de RAM suponía elevar el precio a cantidades inviables. Buque insignia, congelado . La información parte de una filtración en Weibo que señala la paralización del modelo premium de la firma china. El terminal apuntaba a un sensor de 200 MP con tecnología LOFIC y dos telefotos periscópicos. Sostener este despliegue exigía también un chip a la altura y mucha RAM. Una combinación insostenible con los costes de producción actuales. Barrera de precio . ¿A cuánto apuntaba el Find X10 Ultra? Pues bien, viendo que el 'Pro Max' ya se sitúa en los 1.800 euros, lanzar un escalón superior sin recortes obligaba a superar esta cifra. En esa franja de precio, el margen de ventas no compensaría el coste de fabricación. ¿Costaría 2.000 euros? ¿Algo más? Lo cierto es que sería un terreno inhóspito donde conseguir volumen de ventas no es nada sencillo. Y sí, esta supuesta decisión tiene una explicación que seguramente conozcas. El motivo . La raíz del problema de la crisis de RAM se entiende rápidamente: la fiebre por los chips de IA ha obligado a los principales fabricantes a desviar su capacidad hacia la memoria HBM. El resultado, las memorias destinadas a dispositivos personales, como la LPDDR5X para smartphones, ha duplicado su precio en cuestión de meses. Y esto ha forzado a los fabricantes a repensar sus movimientos. En Xataka Móvil La crisis de las memorias ha terminado de apuntalar lo que ya era un hecho: Xiaomi no es la marca barata que conocíamos Renuncias . La presumible cancelación del móvil de Oppo no es algo inédito, sino un síntoma más de la industria. La decisión recuerda a la maniobra de Nothing al renunciar a su móvil estrella este año. Pocas semanas después, para su submarca, CMF, tampoco hubieron buenas noticias : paralizó sus lanzamientos económicos ante la evidencia de que la memoria representaba más de la mitad del coste de los componentes. Y repliegue . El peaje que la IA está cobrando al hardware que tenemos en el bolsillo ha llegado incluso a forzar despedidas. La retirada de Asus evidenció que competir en un mercado con márgenes mínimos no compensa para firmas con menos ventas. Paradójicamente, la tecnología que está abriendo posibilidades nunca antes vistas ha comenzado por encarecer un componente crucial para nuestros dispositivos. Ahora, hay un frenazo en seco, y no solo en los móviles baratos, sino en los más avanzados. Veremos cómo repercute esto en la marca: su rival más directo, dentro del consorcio BBK, sí planea lanzar el Vivo X500 Ultra. Imagen destacada | Amparo Babiloni para Xataka En Xataka Móvil | Nothing se postula como el gran fabricante móvil europeo. Es el único que lo tiene (casi) todo - La noticia La IA vino para hacer mejor nuestro móvil. De momento ha matado al modelo más avanzado de Oppo fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .
Entre las prioridades de la nueva mayoría demócrata está escudriñar los negocios familiares de la familia del presidente, controlar el gasto en las guerras, revisar los papeles ocultos de Jeffrey Epstein e incluso abrir un nuevo impeachment contra el mandatario EEUU empieza a enterrar el trumpismo con una rotunda victoria demócrata en el Congreso Los demócratas se han hecho con la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de EEUU, lo que supone un rechazo masivo a los republicanos y a la agenda política de Donald Trump. Con esta mayoría demócrata en ambas cámaras, los dos próximos años de presidencia de Trump serán muy diferentes de los dos anteriores. ¿Qué pueden hacer los demócratas en la Cámara de Representantes? La oleada de victorias en distritos republicanos de todo el país que ha llevado a los demócratas a superar cómodamente el umbral de 218 escaños que marca la mayoría. El líder demócrata en la cámara, Hakeem Jeffries, está a punto de convertirse en líder de la mayoría y los republicanos perderán la capacidad de aprobar leyes en la Cámara en solitario. La mayoría demócrata puede convocar comisiones de investigación al Gobierno, exigir documentos y testimonios y someter a los altos cargos a un escrutinio parlamentario constante. También podrían verse presionados por sus bases para abrir el proceso de un tercer impeachment : el proceso para destituir a Trump. Sin embargo, este mecanismo requiere el voto de dos tercios del Senado. ¿Qué pueden hacer los demócratas con la mayoría en el Senado? El Senado confirma a los miembros del gabinete, a los embajadores y a los jueces federales, incluidos los candidatos al Tribunal Supremo. Una mayoría demócrata puede bloquear o retrasar muchos de los nombramientos de Trump y obligar a la Casa Blanca a negociar leyes. ¿Qué investigarán los demócratas? Estas son algunas de las investigaciones más relevantes a las que podrían dar impulso los demócratas: Los negocios familiares : Robert García, el demócrata más activo en la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes, tiene como primera prioridad esclarecer la corrupción de la familia Trump, mientras que el diputado Jamie Raskin ha solicitado información sobre las operaciones comerciales del yerno de Trump, Jared Kushner , y de su hijo, Donald Trump Jr . Los correos del caso Epstein : Gracias al esfuerzo de los diputados Ro Khanna y Thomas Massie, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos el año pasado millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein . Pero el Departamento de Justicia incumplió desde el principio el plazo legal para divulgarlos. Posteriormente, solo hizo públicas unas 3,5 millones de páginas de los seis millones que tenía en su poder y se escudó en que el resto eran duplicados. Además, en los dos partidos ha habido preocupación porque muchos pasajes estaban muy censurados y porque otros, en cambio y supuestamente por error, mostraban los nombres de las víctimas. El Departamento de Justicia se enfrenta ahora a una demanda presentada por la periodista Katie Phang por muchas de estas cuestiones. Ya antes del vuelco electoral, el Congreso venía actuando en este tema con cierta coordinación entre partidos. En la comisión de supervisión, presidida por el republicano James Comer, los miembros de ambos bandos han actuado habitualmente (aunque no siempre) de forma concertada para citar a testigos y declararlos en desacato cuando no cooperaban. Cabe esperar que esto siga así con la nueva mayoría demócrata. El Pentágono y la guerra : Jason Crow, un congresista de Colorado que forma parte de las comisiones de Fuerzas Armadas e Inteligencia y copreside el grupo parlamentario de la Cámara de Representantes contra la corrupción, afirma que empezará por el Pentágono, a partir de las informaciones sobre desvío de fondos de defensa desviados a empresas vinculadas a la familia Trump. Impeachment : Jeffries afirma que, en esta ocasión, los demócratas no han descartado nada en lo que respecta al impeachment , mientras que el actual líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, anuncia que se tratará de impulsar “desde el primer día”. ¿Qué hicieron los demócratas la última vez? En 2018, a mitad del primer mandato de Trump, los demócratas lograron la mayoría en la Cámara de Representantes de forma arrolladora. Las comisiones de la Cámara pusieron rápidamente en marcha decenas de investigaciones sobre sus negocios, su gestión de las investigaciones sobre Rusia y posibles conflictos de intereses. Poco más de un año después de las elecciones de medio mandato de 2018, tras meses de llamamientos de la izquierda a favor de la destitución del mandatario, la Cámara votó, en su mayoría siguiendo las líneas del partido, a favor del cese de Trump. Los demócratas habían acusado a Trump de urdir un plan para amañar las siguientes elecciones presidenciales presionando a Ucrania para que inventara noticias negativas sobre Joe Biden y, a continuación, obstaculizando la supervisión del Congreso. Posteriormente, Trump fue absuelto en el Senado , controlado por los republicanos, de las dos causas de destitución. En 2021, Trump fue sometido a un segundo proceso de destitución — y de nuevo absuelto — por incitar el asalto del 6 de enero al Capitolio.
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