El Sevilla FC tiene problemas en su carril derecho. Alfon González se ha lesionado de gravedad y se perderá lo que resta de temporada. El jugador pasará por quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la sesión de entrenamiento del pasado miércoles. Una noticia nefasta tanto para el jugador, como para Luis García Plaza, el cual reclamaba un paso adelante tanto de él como de Rubén Vargas tras la lesión (también de larga duración) de Miguel Sierra . El canterano era fijo en el once del Sevilla FC y desde que se lesionó en la clavícula ante el Levante, el equipo no encuentra la misma fluidez arriba. Sus 'suplentes' dentro del vestuario eran tanto el... Ver Más
Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada La Guardia Civil ve indicios de tres delitos en las obras de un CAR de la Región de Murcia con un alto cargo del Gobierno del PP investigado El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez (PP), ha negado este jueves ante la jueza haber participado en la tramitación administrativa de los contratos investigados por presunta malversación en las obras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. El alto cargo ha declarado como investigado ante el Tribunal de Instancia de San Javier por unas actuaciones realizadas entre 2021 y 2022 cuyo importe superó los 88.000 euros. Según fuentes de la investigación, Sánchez ha asegurado que no intervino en la adjudicación ni en los pagos de los contratos menores correspondientes a los proyectos Aula del Mar y Trasteros. También ha negado conocer al supuesto intermediario de las obras y a los contratistas. El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada por Ros García Carpintería Metálica, una empresa subcontratada que reclama 32.792,49 euros por trabajos que asegura haber ejecutado sin cobrar. Sánchez ha explicado que, cuando tuvo conocimiento de la reclamación, pidió explicaciones al entonces director del CAR y exatleta olímpico, Francisco Javier Navarro, quien le aseguró que los pagos estaban correctamente realizados. El director general ha añadido que, tras una reunión con la empresa afectada en septiembre de 2023, solicitó el expediente al nuevo responsable del centro, Rafael Alcázar, para trasladarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Según su versión, estos no detectaron pagos pendientes a las empresas intervinientes. Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada. También ha declarado como testigo el actual director del CAR, Rafael Alcázar, quien ha confirmado ante la jueza que participó en la reunión mantenida con la empresa reclamante en septiembre de 2023, en la que se trasladó que existían sospechas de que una compañía había realizado trabajos sin cobrar. Según su declaración, los responsables del centro se comprometieron a investigar lo sucedido y señalaron que, si la empresa había ejecutado los trabajos, debía cobrar por ellos. Alcázar también ha explicado que el jefe de mantenimiento le comunicó que operarios de Ros habían trabajado en las instalaciones, concretamente en un trastero orientado al Mar Menor y en un gimnasio. Por su parte, el responsable de mantenimiento ha ratificado ante la jueza que firmó albaranes a nombre de Ros y que sus trabajadores alternaban tareas entre las dos obras investigadas. La Guardia Civil aprecia indicios de posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental en la contratación y justificación de las obras. Un atestado policial fechado en abril de 2025 recoge, entre otras irregularidades, que una memoria técnica del proyecto Aula del Mar fue fechada casi seis meses después de su adjudicación, así como discrepancias entre los presupuestos incorporados al expediente. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer cómo se adjudicaron, ejecutaron y pagaron las actuaciones financiadas con fondos públicos.
La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ampliará la instalación de contadores inteligentes de agua en la ciudad con una inversión prevista de casi 8 millones de euros. El consejo de administración de la empresa municipal ha aprobado este viernes el expediente de contratación de un acuerdo marco para adquirir estos dispositivos, que permiten realizar lecturas a distancia, mejorar el seguimiento de los consumos y detectar con mayor rapidez posibles incidencias.
El Sevilla FC tiene problemas en su carril derecho. Alfon González se ha lesionado de gravedad y se perderá lo que resta de temporada. El jugador pasará por quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la sesión de entrenamiento del pasado miércoles. Una noticia nefasta tanto para el jugador, como para Luis García Plaza, el cual reclamaba un paso adelante tanto de él como de Rubén Vargas tras la lesión (también de larga duración) de Miguel Sierra . El canterano era fijo en el once del Sevilla FC y desde que se lesionó en la clavícula ante el Levante, el equipo no encuentra la misma fluidez arriba. Sus 'suplentes' dentro del vestuario eran tanto el... Ver Más
Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada La Guardia Civil ve indicios de tres delitos en las obras de un CAR de la Región de Murcia con un alto cargo del Gobierno del PP investigado El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez (PP), ha negado este jueves ante la jueza haber participado en la tramitación administrativa de los contratos investigados por presunta malversación en las obras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. El alto cargo ha declarado como investigado ante el Tribunal de Instancia de San Javier por unas actuaciones realizadas entre 2021 y 2022 cuyo importe superó los 88.000 euros. Según fuentes de la investigación, Sánchez ha asegurado que no intervino en la adjudicación ni en los pagos de los contratos menores correspondientes a los proyectos Aula del Mar y Trasteros. También ha negado conocer al supuesto intermediario de las obras y a los contratistas. El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada por Ros García Carpintería Metálica, una empresa subcontratada que reclama 32.792,49 euros por trabajos que asegura haber ejecutado sin cobrar. Sánchez ha explicado que, cuando tuvo conocimiento de la reclamación, pidió explicaciones al entonces director del CAR y exatleta olímpico, Francisco Javier Navarro, quien le aseguró que los pagos estaban correctamente realizados. El director general ha añadido que, tras una reunión con la empresa afectada en septiembre de 2023, solicitó el expediente al nuevo responsable del centro, Rafael Alcázar, para trasladarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Según su versión, estos no detectaron pagos pendientes a las empresas intervinientes. Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada. También ha declarado como testigo el actual director del CAR, Rafael Alcázar, quien ha confirmado ante la jueza que participó en la reunión mantenida con la empresa reclamante en septiembre de 2023, en la que se trasladó que existían sospechas de que una compañía había realizado trabajos sin cobrar. Según su declaración, los responsables del centro se comprometieron a investigar lo sucedido y señalaron que, si la empresa había ejecutado los trabajos, debía cobrar por ellos. Alcázar también ha explicado que el jefe de mantenimiento le comunicó que operarios de Ros habían trabajado en las instalaciones, concretamente en un trastero orientado al Mar Menor y en un gimnasio. Por su parte, el responsable de mantenimiento ha ratificado ante la jueza que firmó albaranes a nombre de Ros y que sus trabajadores alternaban tareas entre las dos obras investigadas. La Guardia Civil aprecia indicios de posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental en la contratación y justificación de las obras. Un atestado policial fechado en abril de 2025 recoge, entre otras irregularidades, que una memoria técnica del proyecto Aula del Mar fue fechada casi seis meses después de su adjudicación, así como discrepancias entre los presupuestos incorporados al expediente. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer cómo se adjudicaron, ejecutaron y pagaron las actuaciones financiadas con fondos públicos.
El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.
Tener la casa asegurada es, para la inmensa mayoría de las familias, el único salvoconducto para dormir tranquilos por las noches. De hecho, los datos sectoriales más recientes revelan que casi el 80% de las viviendas en nuestro país cuentan con una póliza activa. Sin embargo, detrás de esa aparente seguridad financiera se esconde una realidad mucho más amarga, y es que una cantidad alarmante de propietarios ha firmado su contrato cometiendo un error de cálculo idéntico. Un fallo silencioso que no aparece hasta que ocurre un siniestro grave y se abre el expediente, momento en el que muchos descubren que están pagando de más cada mes por una protección fantasma o que la indemnización que van a recibir apenas... Ver Más
No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición El pasado 30 de mayo de 2026, en la Córdoba de la República Argentina, fue encontrado el cuerpo desmembrado de la adolescente Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad. Se trataba de un nuevo caso de feminicidio, una de las cerca de 150 niñas y mujeres asesinadas hasta agosto, según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, que, precisamente, había denunciado el “escenario de desprotección” que había supuesto el vaciamiento de programas contra la violencia de género promovido por el gobierno del presidente Javier Milei . El asesinato de la joven Agostina impactó de manera especial en el país. En las principales ciudades se convocaron marchas, empezando por Córdoba. La del 3 de junio en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, fue multitudinaria. Una de las pancartas llamó mi atención por el nombre de la asociación que la portaba: “Trece Rosas”. Cuando me acerqué a preguntar por el mismo a las jóvenes que la sostenían, me respondieron sin dudar: “Obvio que sabemos quiénes fueron las Trece Rosas. Eran comunistas. Lucharon contra Franco”. En seguida me vino a la cabeza una de las primeras veces que oí hablar de ellas. Fue a la altura de 2001, un cuarto de siglo atrás, cuando escuché de los labios de Josefina Amalia Villa, antigua presa de la superpoblada cárcel de Ventas de la posguerra, el relato de la saca de tres de las Trece Rosas en la madrugada del 5 de agosto de 1939: Martina Barroso, Anita López Gallego y Victoria Muñoz. Jose Amalia había estado con ellas en la misma sala de menores de la cárcel, y de aquella noche, entre otros muchos recuerdos, había atesorado este recuerdo concreto: “Se vistieron ayudadas por las demás, nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó con voz serena, un poco baja: '¿Llevo las medias derechas?'. Le dijimos que sí, pero, ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. Qué horrible mezcla de gritos y de silencio” . Imaginar el largo viaje que había trazado en el tiempo aquel recuerdo, de Madrid a Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia, es algo que me produjo una sensación de vértigo. Cuando Josefina Amalia me concedió aquella entrevista, los recuerdos que sobre las Trece Rosas habían conservado sus antiguas compañeras de prisión, como ella, las testigos directos de la saca, todavía no se habían convertido en “memoria cultural”, pero estaban a punto de recorrer esa nueva etapa de su largo camino. Justo al año siguiente, Dulce Chacón publicó una novela -'La voz dormida'- sobre la primera generación de presas del franquismo que conocería múltiples ediciones, y cuya aparición coincidió con la publicación de 'Las trece rosas', de Jesús Ferrero. Y es que, comenzando el siglo, el interés de la “generación de los nietos” por conocer el pasado traumático de la dictadura, lo ocurrido con los vencidos y vencidas de la Guerra Civil, tuvo su expresión en la producción y circulación de productos culturales diversos sobre aquel episodio en concreto, desde documentales como 'Que mi nombre no se borre de la historia' (Vigil y Almela, 2006) hasta películas como 'Las Trece Rosas', de Martínez-Lázaro, de 2007, basada por cierto en otro libro -reportaje histórico bien documentado- publicado el año anterior por el periodista Carlos Fonseca. Todavía seguirían más libros y películas -como 'La voz dormida', de Zambrano, en 2011- y obras de teatro, con lo que andando el tiempo y traspasando fronteras, el propio tratamiento del episodio histórico se convirtió en una suerte de topos de los estudios culturales, en el marco del desarrollo de un feminismo de tercera o incluso cuarta ola. El último eslabón de esta larga cadena es precisamente una ópera, la primera sobre el tema histórico: 'Las Trece Rosas Rojas', como producción del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que se estrenará este 25 de noviembre. Dos memorias Lo sucedido hasta la fecha, con esa producción de “memoria cultural” acelerada a lo largo de estas dos últimas dos décadas, podría hacer creer que el episodio histórico de aquel asesinato estuvo destinado a popularizarse desde un principio, como una suerte de justicia poética. No fue así en absoluto. En realidad dio pie a dos tipos de memorias que, en las difíciles condiciones de la dictadura, siguieron caminos más bien distintos. Con algo de retraso, a partir de 1946, las publicaciones del exilio comunista elaboraron una memoria de carácter escrito fuertemente estereotipada, parca en detalles y politizada, según la fórmula del “mártir político” de lejanas resonancias religiosas. Publicaciones como 'Mujeres Antifascistas' (1946-1950), primero en Francia y luego en México, repitieron la fórmula de las rosas como mártires de la fe (política) a partir de las exiguas noticias de mujeres fugadas de la cárcel franquista como Mercedes Núñez o Adelaida Abarca, al objeto de denunciar la dictadura y provocar la movilización política. La segunda memoria, en cambio, fue esencialmente oral y se elaboró en el interior del país y desde el minuto uno: la tejida -como si se tratara de un tapiz de voces- por las propias compañeras de las Trece Rosas en la prisión madrileña de Ventas y sus familiares. Fue una memoria oral, colectiva y esencialmente subterránea, elaborada y conservada en el mismo centro del ecosistema represivo del franquismo, que, frente a la memoria del exilio, se caracterizó por la precisión y “visualidad” de sus recuerdos -como el de Josefina Amalia sobre Anita López Gallego- así como por su voluntad de credibilidad. Testigos supervivientes como Josefina Amalia Villa, Antonia García Alonso o Mari Carmen Cuesta se empeñaron en la consignación escrupulosa del dato concreto, del detalle vivido, y lo repitieron, se lo recontaron a sí mismas y a quienes quisieran escucharlas con el afán de ser creídas, de combatir la incredulidad de los demás; “creedme porque yo viví esto, yo estuve aquí, esto ocurrió realmente”. De alguna manera quisieron cumplir con aquel mandato moral de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, en la carta de despedida a su familia, milagrosamente conservada: “que mi nombre no se borre en la historia”. Eso y no otra cosa es el tan debatido término de “memoria histórica”, como relato de sucesos que nunca o con muchas dificultades -durante el franquismo y la Transición- llegaron a ser públicamente reconocidos, validados como “verdad histórica” al modo de las expuestos en los estudios académicos o los libros de texto. No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición. Quizá la imagen más gráfica de ello sea la que aportó a la altura de los años ochenta una de las compañeras de las Trece Rosas, Mari Carmen Cuesta, citando el filme 'Fahrenheit 451', de Truffaut. Mari Carmen se vio entonces a sí misma y a sus compañeras supervivientes como aquellos “hombres-libro” que, refugiados en los bosques, memorizaban fielmente las obras de la literatura universal que estaban siendo quemadas por el régimen opresor, con la esperanza de que algún día pudieran editarse de nuevo: “(…) Yo cuando vi esta película me causó un impacto tremendo porque pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película, guardábamos también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia, de esa historia que fue la época más larga, más negra y más brutal de nuestro país: la historia del fascismo” . Justamente por entonces, ese momento que tanto esperaba Mari Carmen ya estaba empezando a llegar gracias a la feliz coincidencia de dos factores. El primero fue la emergencia de una conciencia femenina entre las propias militantes antifranquistas -las supervivientes de la primera generación de presas políticas- sobre la importancia de su propia historia, todo ello en el contexto del feminismo de segunda ola de los años sesenta y setenta, que dio como resultado los primeros “textos memorialísticos” de Juana Doña (1978), Ángeles García-Madrid y Tomasa Cuevas (1982). El segundo factor no fue otro que el concurso de investigadoras de esta misma ola feminista -Giuliana di Febo, Fernanda Romeu, Shirley Mangini- que hicieron de “solicitadoras de testimonios” -al decir del sociólogo Michel Pollak-, con trabajos que en buena medida coincidieron con los de las militantes políticas de la generación siguiente -Carmen Alcalde, Lidia Falcón- tanto en libros como en revistas ( Vindicación Feminista , Poder y Libertad ). No podemos dejar de citar también aquí el importante reportaje del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón de 1986, en la revista Historia 16, que hizo de solicitador de testimonios, cartas y fotografías no solamente de compañeras de las Trece Rosas, sino también de familiares suyos. El otro largo viaje de la documentación oficial El camino, pues, fue difícil: nada estuvo garantizado, y la construcción del relato propiamente histórico, a partir no solo de las voces, sino de los documentos, tampoco lo tuvo fácil. Cuesta creerlo, pero solo en los años noventa se abrió el acceso a la documentación oficial de la represión franquista: los sumarios judiciales de los archivos militares y la documentación penitenciaria. A principios de esa década fueron abiertos al público los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, depositados por aquel entonces en el gobierno militar de la capital. En condiciones muy difíciles, los historiadores Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend pudieron, tras la consulta del sumario 30.426, publicar por primera vez la lista de los nombres y apellidos exactos de las Trece Rosas en 1993, como parte de una investigación patrocinada por la Fraternidad de Militares por la República sobre el número de personas ejecutadas en el Madrid de la posguerra (1939-1944), que vería la luz en 1997. Los autores averiguaron asimismo por la documentación consultada que las trece rosas habrían debido ser catorce. Antonia Torre Yela se libró aquella noche del fusilamiento porque equivocadamente fue consignada como “Antonio Torres Llera”: la posteriormente denominada “rosa número catorce” sería ejecutada el 19 de febrero de 1940 . Algo después, el examen de otra documentación también muy tardíamente abierta al público, los expedientes de cárcel depositados por entonces en el archivo del centro de inserción “Victoria Kent”, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, permitió precisar asimismo nombres, fechas y demás detalles . Solo entonces se supo, por ejemplo, la edad exacta que tenían en el momento de su detención. De las trece, las menores de 23 años -el umbral de la edad legal, que no penal, que se cifraba en los 16- fueron nueve: Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olalla, Virtudes González García, Anita López Gallego, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Por lo demás, solo en 2018 pudo aquilatarse con mayor precisión el número exacto del total de personas ejecutadas en la capital durante el periodo 1939-1944, gracias al estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid que permitió el acceso a los libros de enterramiento y órdenes de inhumación de la Necrópolis del Este. Habían pasado casi ochenta años de los asesinatos masivos cometidos durante el periodo 1939-1944 en las cercanías del cementerio del Este, y ni siquiera entonces -en 2019- el nuevo ayuntamiento del Partido Popular de la capital permitió la colocación de los 2.936 nombres en el monumento previsto. Como dato curioso, aproximadamente en 2004 todos aquellos expedientes penitenciarios -los de las cárceles de Madrid- fueron catalogados y pasaron a depender directamente de un archivo de carácter “no público” -el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)-, donde merced a una instrucción especial de 12 de julio de 2006, tanto su consulta como su reproducción se vieron a partir de entonces seriamente limitados, con nombres anonimizados, como tuvimos ocasión de explicar hace algún tiempo en otro lugar . Como resultado, la propia investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se vio y continúa viéndose gravemente frenada. Este mismo diario publicó en abril de este año un artículo de denuncia de la situación del AGMI firmado por el catedrático emérito Ángel Viñas y suscrito por prestigiosos profesionales nacionales e internacionales como Paul Preston y Carme Molinero. Poco después se hizo pública una carta abierta al ministro Fernando Grande-Marlaska firmada por la Asociación de Historia Contemporánea y 501 investigadores y docentes, reclamando la retirada de dicha instrucción especial y la transferencia de la documentación histórica del AGMI a los archivos pertinentes en condiciones de consulta equiparables al resto de los archivos estatales. Hasta la fecha, y contraviniendo disposiciones nacionales como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, relativa al “derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados” sobre la Guerra Civil y la represión franquista, el ministro Grande-Marlaska ha venido negando públicamente, contra viento y marea, que existan este tipo de restricciones. Visto lo visto, ¿ha servido tanta denuncia para algo? Parece ser que sí. Casualmente, y sin ninguna alharaca, el AGMI lleva ya unos meses ejecutando la transferencia de numerosas cajas de documentación al Archivo General de la Administración: entre otras, cerca de un millar de cajas procedentes del antiguo centro de inserción de Victoria Kent, las mismas que contenían los expedientes de todas las prisiones madrileñas, incluidos los de las Trece Rosas, y que hace más de un cuarto de siglo pudieron ser consultadas -por quien esto escribe- sin tachaduras ni censuras. Largo y complicado viaje también este, el de la documentación oficial… casi tanto como el de aquel lejano recuerdo que, nacido en la cárcel madrileña de Ventas del año 1939, continúa resonando hoy día. A través de fronteras y de océanos, en puentes invisibles que vinculan a Madrid con Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia. En libros, ensayos, novelas, documentales, dramaturgias, largometrajes.. y esta vez, en este año de 2026, también con música de ópera.
El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.
El "vuelco total de la ciudad" y "la afluencia récord en el río Duero" han dado el empujón definitivo al Festival de las Ánimas de Soria hacia el mapa turístico nacional . Con un balance que "abruma" por sus cifras de asistencia y una proyección que atrae a visitantes de toda España y del extranjero, la festividad, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional desde el 15 de marzo de 2023, iniciará este 1 de enero de 2027 el proceso formal para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional . "El balance de esta edición refleja un crecimiento generalizado de entre un 20% y un 50% en sus convocatorias centrales", ha apuntado el director del festival, Ernesto López. El tradicional Desfile de las Ánimas del 31 de octubre congregó a cerca de 10.000 personas a lo largo de su recorrido urbano y contó con la participación directa de más de 650 personas caracterizadas , superando las 450 del año anterior. En este sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo , ha querido destacar el valor humano del evento afirmando que " ha sido un éxito que va mucho más allá de los números. Desde el Ayuntamiento estamos superagradecidas a la asociación del festival porque son imprescindibles; la participación ciudadana que se consigue en este festival es referente a nivel nacional ". Gonzalo ha subrayado además que " han venido parejas desde Valencia o Jaén a participar , gente que ha llegado ese mismo día, nos ha pedido trajes y ha participado. Que la gente no solo quiera venir a verlo, sino a participar de ello, lo hace todavía más grande". Por su parte, la Noche de las Ánimas del 1 de noviembre reunió a casi 2.400 espectadores en el auditorio efímero junto al río Duero para escuchar la lectura de la leyenda de Bécquer a cargo de la actriz María Luisa Soler a sus casi 88 años. En el apartado audiovisual, la retransmisión en directo sumó más de 25.000 espectadores, acumulando 350.000 impresiones digitales y 25.000 visitas a la web procedentes de 14 países. Ante esta acogida, el director del festival, Ernesto López , ha recalcado que "cada año hay menos personas en Soria que puedan decir que no han disfrutado o visto algo del festival". En palabras del propio director, " son cifras que abruman, pero que nos enseñan que el camino es el correcto y que tenemos que seguir por esta senda ". Tramitación del expediente nacional Nacido en 1986 como una modesta lectura literaria ligada a la Escuela de Adultos de Soria, el festival rebasa ya ampliamente los requisitos fijados para la catalogación estatal. Frente al mínimo de 20 impactos mediáticos de ámbito nacional o internacional exigidos por la normativa, la cita ha alcanzado más de 100 impactos solo en esta edición , captando el interés de programadores culturales de Lisboa, Bilbao y San Sebastián. Al respecto, Ernesto López ha señalado que "esta internacionalización era de obligado cumplimiento para nuestros próximos objetivos, no solo el asentamiento del festival, sino la declaración de interés turístico nacional, que la tenemos ya oteando por el horizonte". De cara a los próximos pasos institucionales, López ha confirmado que " a partir del 1 de enero de 2027 nos ponemos a trabajar ya en todos los trámites administrativos, que requieren un volumen muy importante y complejo, y el 15 de marzo de 2028 tendremos que presentar toda la documentación ".
El consejero de Sanidad y Bienestar Social , Alejandro Vázquez Ramos , ha presentado este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 relativo a su departamento. Las cuentas ascienden a 6.882 millones de euros , lo que representa un 64,4 % del gasto social de la Junta, toda vez que el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo más integrado y preventivo que resuelva de manera conjunta las necesidades sanitarias y sociales que confluyan en una misma persona. Según ha explicado el titular del ramo, la unión de estas dos áreas en una misma consejería ofrece una oportunidad notable para afrontar retos como el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia, la discapacidad o la soledad no deseada. De este modo, durante la presente legislatura se reforzará la atención sociosanitaria y la coordinación entre los profesionales del Servicio Público de Salud y del Sistema Público de Servicios Sociales para reducir barreras entre ambos ámbitos. En el desglose de las grandes cifras, a la sanidad pública , que engloba la Consejería y la Gerencia Regional de Salud, se destinarán 5.604 millones , un 14,9 % más que en 2024 y con una inversión superior al 7 % del PIB autonómico, hasta alcanzar los 2.379 euros por habitante protegido. Por su parte, los servicios sociales asumidos esta legislatura contarán con 1.277 millones , destacando la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contabiliza 129.768 personas con grado reconocido, de las cuales el 99,9 % tiene prestación asignada. El consejero ha resaltado que estos resultados se apoyan en el Sistema Único de Servicios Sociales y en la colaboración entre la Junta, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector. Así las cosas, el Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2024-2027 consolidará el próximo año una financiación de 218,7 millones , un 24,5 % más que en 2024, sin contabilizar la adenda anual con las entidades locales. Por lo que respecta a la provincia de Soria , el presupuesto de 2027 contempla actuaciones de calado tanto en el ámbito sanitario como en el asistencial. Una vez finalizada la obra de modernización y ampliación del Hospital Santa Bárbara , que incluyó la dotación de la Unidad Satélite de Radioterapia tras una inversión que superó los 100 millones, el próximo ejercicio comenzará la primera fase de la reforma del Hospital Virgen del Mirón , mientras que en el área de servicios sociales continuarán las mejoras en la residencia Los Royales de la capital para su adaptación al modelo de unidades de convivencia, con una inversión superior al millón de euros, además de ejecutarse allí las primeras obras de eficiencia energética junto con la residencia de Miranda de Ebro. Asimismo, las cuentas autonómicas recogen el avance de las infraestructuras de Atención Primaria en Soria , donde culminará la construcción del nuevo centro de salud de El Burgo de Osma ?incluyendo su plan de montaje de mobiliario, equipamiento y el avance de su nueva unidad de Emergencias Sanitarias?, progresará la ejecución del nuevo centro de salud Soria Norte y se iniciarán las obras del nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe . A todo ello se sumará la redacción del proyecto de ampliación y reforma del centro de salud de Almazán , además de la inclusión de dos plazas de otorrinolaringología en Soria dentro de la primera declaración de puestos de difícil cobertura presentada a las organizaciones sindicales. Plantillas, formación y puestos de difícil cobertura La consejería integra a más de 50.000 profesionales , lo que se traduce en un capítulo de gastos de personal dotado con 2.975 millones , un 11 % más que en 2024, de los cuales 92,3 millones corresponden a la Secretaría General y a las direcciones generales de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y de Salud Pública. En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud , la partida alcanza los 2.663 millones , con un incremento del 12,2 %, lo que permitirá implantar el expediente único electrónico del profesional, denominado EXPEDIENT-E , una herramienta llamada a centralizar la información laboral, formativa y administrativa de cada trabajador de Sacyl para agilizar bolsas de empleo, procesos selectivos, traslados, carrera profesional, movilidad o sustituciones. De igual modo, se adaptarán las plantillas orgánicas ampliando las especialidades de enfermería, habida cuenta de que tras ofertar más de 9.200 plazas en la pasada legislatura ?2.000 de ellas para médicos?, en el primer trimestre de 2027 culminará la OPE de 2025 con 759 plazas , repartidas en 250 de Medicina Familiar y Comunitaria, 78 de licenciados especialistas hospitalarios y 329 de enfermería, incluidas 59 de enfermera especialista. También se negociará un nuevo modelo de bolsa de empleo vinculado al expediente electrónico y continuará el concurso de traslados abierto y permanente, que ya ha incorporado a 686 profesionales de otras comunidades y al que se suma la adjudicación de plazas de otras 88 categorías, incorporando tres nuevas: Licenciado Especialista en Laboratorio Clínico, Técnico Superior en Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia. En materia formativa, se destinarán 156 millones al Programa de Formación de Residentes, donde tras el inicio en mayo de 2026 de los primeros residentes de Medicina de Urgencias y Emergencias , en mayo de 2027 aumentará el número de residentes y de hospitales acreditados hasta alcanzar los ocho centros docentes. La Junta ha solicitado al Ministerio de Sanidad seis nuevas unidades docentes, seis nuevas plazas y la ampliación de otras catorce unidades con quince plazas adicionales, lo que permitiría sumar 21 nuevas plazas a los 2.425 residentes actuales ?284 de Enfermería Especializada?, todo ello apoyado en la plataforma digital FESCYL , en el Programa de Fidelización que ya ha sumado a más de 1.100 profesionales y en la nueva Escuela de Directivos, que estrenará en 2027 el Programa Integral de Formación en Liderazgo y Gestión Sanitaria. Para desarrollar la Ley 3/2025, de 22 de diciembre , sobre provisión de puestos de difícil cobertura, junto a las dos plazas de otorrinolaringología de Soria se han declarado como tales las de esta misma especialidad en El Bierzo (tres), Palencia (cuatro) y Miranda de Ebro (una), así como las de anestesia y reanimación en Ávila (tres), El Bierzo (cuatro), Miranda de Ebro (dos), Aranda de Duero (una) y Segovia (dos), iniciándose de forma inmediata la negociación de la movilidad voluntaria extraordinaria y de los concursos de méritos. Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales dispondrá de 220 millones para personal, orientados a reforzar plantillas en residencias y centros de día y a elaborar en 2027 una estrategia específica de prevención de agresiones a los profesionales junto a colegios profesionales y agentes sociales, económicos y judiciales. Suministros, farmacia e inversiones en la Comunidad El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios suma 2.168,6 millones , correspondiendo 1.677,3 millones a la Consejería y a la Gerencia Regional de Salud, donde más de 991 millones ?el 59 % del capítulo? se dedican a productos farmacéuticos hospitalarios y material sanitario, ampliando en 2027 la compra centralizada con 20 acuerdos marco por más de 213 millones para dos años en más de 900 lotes y la adjudicación centralizada de medicamentos exclusivos por más de 428 millones, mientras que la Gerencia de Servicios Sociales contará con 491,2 millones , un 73,3 % más que en 2024. Asimismo, las transferencias corrientes alcanzan los 1.432 millones ?el 21 % del total?, incluyendo 866 millones para recetas farmacéuticas (un 14,7 % más), 680.000 euros para 19 asociaciones de pacientes, 3,4 millones para investigación e innovación y 506,8 millones para la Gerencia de Servicios Sociales (un 34,3 % más, con 130 millones adicionales), que financian los 218 millones del Acuerdo Marco, la dependencia y programas como la Universidad de la Experiencia y el Club de los 60. En el apartado de inversiones reales y transferencias de capital, el presupuesto supera los 304 millones , un 13 % más que en las cuentas anteriores. Dentro de los 45 millones asignados a la Atención Primaria para obras en diez centros de salud y trámites en otros veinte ?además de 1,5 millones en subvenciones a ayuntamientos para consultorios locales?, en Ávila finalizarán las obras de Madrigal de las Altas Torres y Arévalo, concluirá el nuevo centro de Sotillo de la Adrada y se reformará el Punto de Atención Continuada de Ávila Estación, mientras que en Burgos comenzará la reforma del pabellón 4 del Hospital Militar para ampliar Las Huelgas, se iniciarán las obras de Roa de Duero y se redactarán los proyectos de Valle de Mena, Villadiego y Melgar de Fernamental. En la provincia de León finalizará el nuevo centro de Sahagún, se licitará el proyecto de la unidad de fisioterapia de Pinilla-San Andrés del Rabanedo, comenzará la primera fase de reforma de José Aguado y se prepararán los proyectos de Villaquilambre y Ponferrada I cuando haya parcelas disponibles; en Palencia se ejecutarán las obras de Venta de Baños, la ampliación de Torquemada y la reforma integral de Baltanás; en Salamanca se harán las obras de San José-Zurguén; y en Segovia seguirán las de Cuéllar y se licitará el proyecto de El Espinar. Por su parte, en Valladolid concluirá la reforma de Medina de Rioseco, empezará la construcción de Arturo Eyries, se redactará el proyecto de La Pilarica y se tramitarán los de Delicias II y la ampliación de La Cistérniga con unidad de fisioterapia, en tanto que en Zamora comenzará la ampliación de Villalpando y se tramitará el proyecto del nuevo centro Virgen de la Concha a la espera de parcela, sumando en la Comunidad nuevos equipos de radiología en Sotillo de la Adrada, Vitigudino, Peñaranda de Bracamonte y Aliste, así como el montaje de mobiliario y nuevas unidades de Emergencias Sanitarias, dotadas con 550.000 euros globales, en Medina de Rioseco, Sotillo de la Adrada, Madrigal de las Altas Torres, Sahagún y El Burgo de Osma. Las inversiones en Atención Hospitalaria contarán con 165 millones ?92 para obras, incluidos casi 19 millones de conservación, y más de 73 para equipamiento como cirugía robótica, exoesqueletos pediátricos o radiología digital?, lo que permitirá en Ávila estrenar el Hospital de Día Onco-Hematológico, finalizar el Servicio de Farmacia con salas blancas para iniciar la ampliación de Urgencias y sumar dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Provincial; en Burgos , completar el nuevo Hospital de Aranda de Duero (más de 130 millones de inversión global), mejorar hospitalización y laboratorio e incorporar una resonancia magnética en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, y ejecutar el tercer búnker de Oncología Radioterápica y una sala de Hemodinámica en el Hospital Universitario de Burgos; y en León , continuar la unidad de Reanimación con una inversión superior a los 7 millones para ampliar la UCI e iniciar la Unidad Satélite de Radioterapia en El Bierzo. Del mismo modo, en Palencia seguirá la tramitación del contrato de proyecto y obra del bloque técnico y hospitalización del Nuevo Hospital Río Carrión por 250 millones; en Salamanca abrirá el edificio de consultas externas; en Segovia comenzará la infraestructura de 20.000 metros cuadrados y más de 45 millones para consultas externas, hospitales de día y unidad satélite de radioterapia; en Valladolid se tramitará la reanudación de las consultas externas del Clínico, la ampliación del Río Hortega y las obras para una resonancia magnética en Medina del Campo; y en Zamora se harán las obras para instalar otra resonancia magnética en el Virgen de la Concha. En cuanto a los 34,5 millones de inversión de la Gerencia de Servicios Sociales ?un 33 % más que en 2024 descontados los Fondos Europeos MRR, con 26,5 millones para infraestructuras, climatización y equipamiento?, además de la actuación soriana, se destinarán 11,5 millones en Ávila para la nueva residencia con 100 plazas más; 4,8 millones en Burgos para unidades de convivencia, equipamiento en Aranda de Duero y la nueva sede de la Gerencia Territorial y Unidad de Valoración; un millón en León para las residencias de la capital y Ponferrada y la nueva Unidad de Valoración; medio millón en Palencia para unidades de convivencia; más de un millón en Salamanca (más de la mitad en 2027) para los centros de discapacidad intelectual de la capital y Béjar; cerca de 100.000 euros en Segovia para la residencia de mayores y la de San Lorenzo; un millón en Valladolid para reconvertir plazas en las residencias de la capital y Parquesol; y 900.000 euros en Zamora para poner en marcha la nueva residencia de 180 plazas (152 más), adaptar la de Benavente y renovar el centro Virgen del Yermo. Salud pública, vacunas y planificación estratégica El programa de Salud Pública crecerá un 29,4 % respecto a 2024 hasta los 143,2 millones , impulsado por los más de 65 millones destinados a vacunación. En 2027, la inmunización frente al VRS ?recomendada ahora a mayores de 18 años en centros de mayores o de discapacidad y pacientes de muy alto riesgo? se extenderá a personas con enfermedades cardiorrespiratorias graves; la del Herpes Zóster sumará la cohorte de quienes cumplan 71 años a las de 65 y 80 años; seguirá la captación de varones hasta 18 y 25 años para el Virus del Papiloma Humano (VPH); se mantendrá la vacunación intranasal de otoño frente a la gripe estacional en niños ampliada de los ocho hasta los 11 años inclusive; la Junta asumirá íntegramente por más de 10 millones la compra de vacunas frente a la COVID-19 tras finalizar los contratos del Ministerio de Sanidad; y se incorporará la vacuna frente al virus chikungunya para viajeros internacionales. En materia de detección precoz, desde el 1 de enero de 2027 la Comunidad cribará hasta 29 enfermedades congénitas en el programa neonatal, superando la cartera común del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que reforzará los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colorrectal, avanzará en la implantación del cribado de cáncer de pulmón e incrementará un 27 % el apoyo al diagnóstico genético del cáncer hereditario hasta los 460.000 euros , creando además una nueva red autonómica integral de atención al cáncer. Finalmente, el programa de Planificación y Desarrollo contará con cerca de 1,2 millones para desplegar herramientas como el Plan Integral de Enfermedades Raras 2023-2027, el V Plan de Salud 2032, el Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión 2024-2030 y el Plan de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027 junto a la Estrategia en Terapias Avanzadas 2025-2030. A ello se unirá la aprobación del Plan de Cuidados Paliativos , la futura Estrategia de Atención al Paciente Oncológico, el futuro Modelo de Atención Sociosanitaria y la Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, coordinada con educación y deporte, además del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, el Plan Persona, la Estrategia Cardio-Metabólica-Renal, la Estrategia de Salud Digital, el II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027 y la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027, mientras que el programa de Asistencia Sanitaria incluirá en primer lugar el subprograma de Atención Primaria.
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