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El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León obliga a firmar un compromiso 'antiideológico' a los cineastas que piden una subvención para cortometrajes (se abre en una pestaña nueva)

La Consejería de Cultura ha remitido a los solicitantes el documento que deben firmar si quieren acceder a las ayudas La compañía de 'Federico' denuncia a la Consejería de Cultura de Castilla y León por la cancelación de la obra por “motivos ideológicos” La cruzada ideológica de Vox con las iniciativas culturales en Castilla y León ha dado una vuelta de tuerca. En la convocatoria de ayudas para cortometrajes de 2026 que convoca la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, se ha incluido una cláusula relativa al “adoctrinamiento ideológico” que se complementa ahora con un requerimiento 'antiideológico' que reciben los solicitantes de la subvención. En concreto, se les obliga a firmar una declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que se comprometen a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El plazo para firmarla es de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción. La Orden de 7 de octubre de 2026 de la Consejería de Cultura , Turismo y Deporte contempla en su apartado 10 que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Este punto no queda en una mera declaración de intenciones, porque obligan a los solicitantes a firmar un compromiso, un detalle que no aparece en la orden. El compromiso dice literalmente que “en caso de resultar beneficiario de la subvención, de desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, sin llevar a cabo ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Requerimiento que se hace a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. Lo llamativo es que la Consejería no establece criterios para determinar qué es ideologizar y qué no o qué es neutral o no lo es en un cortometraje. Tampoco se precisa quiénes van a ejercer de 'censores' a la hora de decidir qué cortometrajes pasan el corte. La remisión de ese requerimiento ya ha provocado cierto temor en el sector, por entender que con dinero público se puede condicionar la libertad creativa y de expresión. La orden sobre los cortometrajes es igual que la que afecta a los largometrajes . La sombra de Vox es alargada, y hace unas semanas retiró de la programación una obra sobre Lorca de la compañía Proyecto 43-2. Ante la sospecha de motivos ideológicos, los integrantes de la compañía presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid , que no se ha pronunciado por el momento. Díaz Pico, que considera que la cultura en Castilla y León es “sectaria”, ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.

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Choque entre el Constitucional y el Supremo (se abre en una pestaña nueva)

El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

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