La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
Tomás Fernández reclama el refuerzo de las plantillas, la equiparación salarial en todo el territorio nacional y el reconocimiento como profesión de riesgo El Ayuntamiento de Huelva aprueba sus presupuestos para 2027 por 217,18 millones con la absten
El candidato Jacobo Robatto defiende liberar suelo, impulsar la vivienda protegida, eliminar los impuestos a la compra de la primera vivienda y combatir la okupación Vox abre la campaña del 29-N en Granada llamando a una "movilización masiva" para "e
Los socialistas reclaman más controles en la contratación y un plan de patrocinios deportivos, mientras los populares defienden los plazos de las subvenciones
ALICANTE.- La campaña electoral del 29N, que debe elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un Senado, ya ha arrancado. En Alicante, lo ha hecho con la tradicional pegada de carteles y diferentes actos. Los principales líderes de las grandes cuatro partidos, PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís-Front Valencià, han coincidido en que la cita electoral será crucial no solo para España, sino para el devenir de la provincia y de la Comunitat Valenciana. Algunos, como el PSPV-PSOE, que se trata de una primera vuelta, que tendrá en las elecciones locales y autonómicas otra oportunidad para consolidar cambios. El diagnóstico va por bloques: PP y Vox auguran un bueno resultado para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa; PSPV y Compromís-Front Valencià consideran que la llegada de las fuerzas conservadoras y la extrema derecha al Gobierno central supone una "involución en derechos y libertades". Por el momento, el PP parte con ventaja y podría gobernar con la suma de Vox, pero los socialistas buscan, de nuevo, la remontada, y mantener el gobierno con el respaldo de fuerzas como Compromís-Front Valencià. El PPCV ve el 29N como una oportunidad para echar a Sánchez El Partido Popular ha elegido su sede de Benito Pérez Galdós, en la capital, para presentar su lema de campaña. Allí, tanto Toni Pérez, presidente del PP, como Juan Francisco Pérez Llorca , presidente de la Generalitat, han augurado un cambio la noche del 29N. Ambos dirigentes han coincidido en reclamar la movilización de los alicantinos en las urnas y en señalar la necesidad de poner fin a lo que han calificado como ocho años de «centralismo» y «ninguneo» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pérez ha defendido que la provincia tiene «más motivos que ninguno para acudir a las urnas y decir que ya está bien», mientras que Pérez Llorca ha asegurado que existe una mayoría que quiere que el presidente del Gobierno «se vaya ya» y que se acabe con el «sanchismo». Los candidatos del PP, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala y el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Foto RAFA MOLINA El presidente provincial del PP ha presentado la cita electoral como una oportunidad para lograr «un cambio necesario» tanto para España como para Alicante. En este sentido, ha asegurado que el partido afronta la campaña «preparadísimo» y con un proyecto ilusionante para el país y para que este esté «a la altura de lo que esta provincia pone a su servicio». Por su parte, Pérez Llorca ha incidido en que la ciudadanía no reclama únicamente un cambio en el Gobierno central, sino también que sus municipios y provincias reciban los recursos y actuaciones que consideran necesarios. En el caso de Alicante, ha denunciado la falta de inversiones, financiación y obras para mejorar la seguridad hídrica, así como la ausencia de compromisos para reforzar la seguridad en las calles de los municipios. Ambos dirigentes han reivindicado, además, la candidatura del PP como alternativa de Gobierno. Toni Pérez ha defendido la capacidad del partido para repetir un resultado ganador como el de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando los populares fueron la fuerza más votada, aunque no consiguieron gobernar. Pérez Llorca, por su parte, ha destacado las candidaturas al Congreso y al Senado por Alicante, encabezadas por Macarena Montesinos y Eva Ortiz , respectivamente, y ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como un candidato centrado en la gestión. El presidente del PPCV ha dirigido también un mensaje a los votantes que no comparten las siglas populares, pero que, según ha señalado, están preocupados por la situación del país. Ha defendido que el PP gestiona las administraciones pensando en mejorar la vida de los ciudadanos, independientemente de su ideología, y ha invitado a quienes desean que España «vuelva a recuperar esa libertad» a sumarse al proyecto de Feijóo. El PSPV advierte que hay que elegir entre involucionar o seguir conquistando derechos y libertades Los candidatos del PSPV-PSOE. Foto RAFA MOLINA El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles, celebrada en la plaza Manila de Alicante, en la que han participado el secretario general provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la vicesecretaria provincial y candidata a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós ; y el candidato al Congreso de los Diputados y alcalde de Alcoy, Toni Francés. El acto ha contado también con la presencia de otros cargos orgánicos e institucionales del partido, así como de los candidatos y candidatas socialistas al Congreso de los Diputados: Toni Francés, Pilar Gay, Fulgencio Cerdán, Araceli Poblador y Antonio Rodes, además del candidato al Senado, Quico Fenollar , entre otros representantes socialistas. El candidato al Congreso, Toni Francés, ha afirmado que «el Partido Socialista es la única vía para seguir conquistando derechos», y ha defendido la importancia de continuar impulsando políticas que mejoren la vida de la ciudadanía y protejan los avances sociales alcanzados. En este sentido, ha subrayado que estas elecciones son una oportunidad para seguir construyendo una España más justa, con más derechos y mejores servicios públicos. Por su parte, Rubén Alfaro ha asegurado que «el Partido Socialista va a ganar las elecciones porque el PP y Vox solo representan una cosa: la involución y el recorte de derechos». El secretario general provincial ha apelado a la movilización de la ciudadanía para evitar retrocesos y garantizar que España siga avanzando, frente a quienes, plantean un modelo basado en la amenaza y los recortes. En la misma línea, Trini Amorós ha destacado que «en estas elecciones nos jugamos algo importante, nos jugamos la esperanza», poniendo el acento en la necesidad de afrontar la campaña desde la ilusión, la participación y la defensa de un proyecto de futuro para el conjunto de la ciudadanía. Los candidatos de Vox, en la Plaza del Mercado de Alicante. Foto RAFA MOLINA Vox aspira a resultados históricos en Alicante David García, cabeza de lista de Vox al Congreso por Alicante, ha expresado su «máxima responsabilidad» e «ilusión» ante el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de «momento histórico para España». El candidato ha centrado su discurso en la necesidad de un cambio político y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar una situación que, en sus palabras, exige una transformación urgente. García ha llamado a la movilización electoral y ha advertido de que «no está nada hecho», pese a las expectativas que puedan reflejar las encuestas. En este sentido, ha defendido que lo determinante será la participación ciudadana en las urnas y ha pedido a los electores que valoren si su situación ha mejorado respecto a hace siete años, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El candidato ha resumido el mensaje electoral de Vox en el «sentido común» y ha señalado que la formación plantea trece medidas articuladas en torno a cuatro ejes: prioridad nacional, remigración, desregulación y cambios en las políticas públicas. Según ha defendido, estas propuestas pretenden trasladar a los ciudadanos la necesidad de un cambio político en España. En el ámbito provincial, García ha mostrado su confianza en obtener «unos magníficos resultados» e incluso «unos resultados históricos» en Alicante. El candidato ha destacado el trabajo del equipo de Vox en la provincia y ha asegurado que la formación ha experimentado una implantación que considera extraordinaria. En la actualidad, Vox tiene diputados en el Congreso. Compromís-Front Valencià afirma ser el "voto útil" de los intereses de la Comunitat Los candidatos de la coalición Compromís-Front Valencià. La coalición Compromís-Front Valencià ha afirmado que representa el "voto útil" de la unida de la izquierda que defiende los intereses de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, frente "una derecha y una ultraderecha envalentonadas" que quieren acabar con las pensiones públicas y privatizar aún más la sanidad. Así se ha expuesto en las intervenciones de los candidatos de esta coalición, integrada por Compromís, Podem, Esquerra Unida País Valencià y Esquerra Republicana País Valencià, en un acto en el que ha dado inicio oficial a los quince días de campaña electoral, celebrado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq), tras lo cual se ha llevado a cambio la pegada simbólica de carteles. En el acto, la coalición ha demandado la dimisión del ministro del Interior por la actuación policial durante la jornada de huelga general de ayer. La número 1 de Compromís-Front Valencià por Alicante, la dirigente de Podem María Teresa Pérez, ha afirmado que el 29-N "nos jugamos muchos" porque hay "una derecha y una ultraderecha envalentonadas". Ha subrayado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sabe perfectamente lo que tiene hacer: acabar con las pensiones públicas, privatizar más sanidad (...), destruir el territorio para especular". Pérez ha reprochado que existan aún los desahucios cuando la presidenta de la comunidad de Madrid "se compra" un "pedazo de ático" y ha censurado que el partido socialista no ha sido capaz de defender los intereses de "los que más lo necesitan". Ha reiterado que Compromís-Front Valencià representa "la única papeleta para defender" a los ciudadanos de la Comunitat", ha remarcado que "la política sirve, es útil para mejorar la vida" de las personas, y ha abogado por redistribuir el dinero entre las familias trabajadoras. COMUNITAT VALENCIANA Compromís-Front Valencià arranca en Alicante una campaña para conquistar derechos y defender el futuro de la ciudadanía Miquel González
La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.
Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha denunciado la actuación y actitud que califica como "intolerable" por parte de la Consejería de Sanidad , toda vez que el departamento autonómico ha alcanzado un acuerdo bilateral con el sindicato médico CESM sobre las condiciones laborales y retributivas de los facultativos de Sacyl , dejando al margen de este proceso a la Mesa Sectorial de Sanidad . Desde la organización consideran inaceptable que la Junta establezca cauces de negociación privilegiados con una única entidad sindical, más aún cuando se abordan cuestiones de calado relacionadas con la jornada laboral , las retribuciones, la carrera profesional o la cobertura de plazas de difícil provisión . A este respecto, el sindicato independiente advierte del riesgo de propiciar este tipo de iniciativas particulares, como es la creación de una Mesa Técnica sobre la Profesión Médica con un único interlocutor. Con todo, la central sindical ha querido dejar claro que defiende las mejoras laborales de los médicos, si bien rechaza que estas se articulen mediante pactos aislados que puedan vulnerar los cauces de negociación colectiva y provocar agravios comparativos con el resto de los profesionales. Según han advertido desde CSIF, "la sanidad pública no puede convertirse en un sistema de negociaciones a la carta, en el que la Junta decide con quién negocia y a qué colectivos reconoce mejoras laborales, mientras mantiene pendientes las reivindicaciones del resto de los trabajadores". Asimismo, la entidad cuestiona la puesta en marcha de la citada Mesa Técnica si esta acaba convirtiéndose en un órgano paralelo que sustituya las competencias legítimas de la Mesa Sectorial. Habida cuenta de los procedimientos legalmente establecidos, recuerdan que cualquier medida que afecte a las condiciones de trabajo debe tratarse con todas las organizaciones sindicales legitimadas , siendo que en el caso de las mesas técnicas la normativa también tasa su composición con la presencia de quienes ostentan la representatividad. De este modo, recalcan que también representan y defienden los intereses del colectivo médico y facultativo, por lo que CESM no puede atribuirse dicha representación y negociación en exclusiva. A través de su comunicado, la organización insiste en que el sistema sanitario público agrupa el esfuerzo conjunto de médicos, enfermeras, técnicos sanitarios y no sanitarios, TCAEs , celadores, personal de administración, personal de gestión y servicios y el resto de categorías profesionales, cuyas demandas laborales y salariales también deben ser atendidas por la administración. Así las cosas, el sindicato exige finalmente a la Consejería de Sanidad que facilite el contenido íntegro del acuerdo , aclare cuál es su alcance real y someta a la Mesa Sectorial todas aquellas medidas que legalmente deban negociarse en el seno de este órgano colegiado.
El presidente de CEOE ha condenado "violencia" de piquetes y otros grupos en manifestaciones, pero no de la policía, a la que ha agradecido sin fisuras su actuación: "Parece que no pueden defenderse" Policía Nacional acortó la manifestación del 11N en Madrid y creó una 'ratonera' que precipitó las cargas: “¡Usad la goma!” El líder de la gran patronal española, CEOE, Antonio Garamendi, ha mandado un “agradecimiento muy especial” a la Policía por su trabajo en la huelga general del 11N cuando ha sido preguntado por las duras cargas policiales registradas en ciudades como Madrid . “Parece que son los malos de la película, y son los que gracias a ellos nos defienden y nos dan la tranquilidad”, ha respondido el empresario vasco. Unos minutos antes, Antonio Garamendi había denunciado la “violencia” de piquetes, “que no fueron informativos”, ha dicho, y de ciertos grupos en las manifestaciones en el contexto de la huelga. En general, la jornada se vivió sin incidentes violentos por parte de los millones de personas que salieron a protestar por la crisis de la vivienda y los bajos salarios en España. “No es la mejor imagen de España”, denunció el dirigente de CEOE, que criticó el impacto de estas incidencias “para el turismo y las inversiones”. “Parece que están para que les den palos” Sin embargo, al ser preguntado por las cargas policiales que han llevado a algunas voces a pedir la dimisión del ministro del Interior, Antonio Garamendi ha agradecido de forma “muy especial” el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y en especial de la Policía, sin fisuras, y también les ha mostrado su “solidaridad” en nombre de las empresas españolas. “Cuando ves las cosas que hemos visto, y ves a la Ppolicía, con muchos servicios dentro de la Policía, la gente parece que no puede defenderse y están para que les den palos a ellos”, ha criticado el líder empresarial. En cambio, los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han anunciado denuncias judiciales y han condenado la actuación policial por “absolutamente desproporcionada” en varias de sus intervenciones, como en los piquetes de Mercamadrid al inicio del paro general y al final de la manifestación en Madrid, entre otros momentos, con el uso de gases lacrimógenos y cargas policiales a la multitud .
¿Para qué sirve una huelga general? Conviene hacerse esta pregunta antes de juzgar a quienes la convocan. Una huelga es mucho más que dejar de trabajar durante una jornada. Es una herramienta democrática, un derecho constitucional y, sobre todo, una expresión de la fuerza colectiva de quienes saben que individualmente tienen menos capacidad para cambiar las cosas. Porque cuando las personas trabajadoras se organizan, lo que parecía imposible puede convertirse en un derecho. La historia de nuestro país no se entiende sin el movimiento obrero y sin los sindicatos de clase. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, la protección frente al despido o la seguridad en el trabajo no fueron regalos de ningún poder económico. Fueron conquistas sociales, fruto de décadas de organización, movilización y sacrificios. Desde la histórica huelga de La Canadiense de 1919 hasta las grandes huelgas generales de nuestra democracia, la clase trabajadora ha demostrado que el progreso social también se escribe desde las fábricas, los talleres, las oficinas y las calles. El presidente Pedro Sánchez lo tiene bien presente y así lo ha publicado. Los derechos que ahora consideramos normales fueron durante mucho tiempo inimaginables. Y ha lanzado una advertencia que deberíamos tener presente: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante". Una reflexión especialmente oportuna cuando algunos parecen olvidar cuánto debemos a quienes lucharon en el pasado no tan lejano. Porque los derechos no suelen caer del cielo. Se conquistan, se defienden y se amplían. Y ahí reside precisamente la importancia histórica de organizaciones como la Unión General de trabajadores y trabajadoras y las Comisiones Obreras, dos sindicatos de clase que han contribuido decisivamente a construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. El próximo 11 de noviembre, UGT y CCOO, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, han convocado una huelga general con una reivindicación tan sencilla como poderosa: salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna. No es una huelga contra nadie. Es una huelga a favor de millones de personas que trabajan, cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, no pueden desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad. Jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que descubren que tener una nómina ya no garantiza llegar a fin de mes. Los sindicatos denuncian una contradicción cada vez más evidente: mientras la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, demasiados salarios siguen sin permitir una vida digna. Reclaman desbloquear la negociación colectiva, mejorar las retribuciones, reducir la jornada laboral, combatir la precariedad y desarrollar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque de vivienda asequible. Y tienen razón al situar la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Porque ¿de qué sirve mejorar un salario si cada subida termina absorbida por el alquiler? ¿De qué sirve tener empleo si no permite construir un hogar? La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía cuando nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta movilización interpela a todas las administraciones públicas y también a quienes concentran buena parte de la riqueza que genera nuestro país. Porque defender mejores salarios, vivienda accesible y servicios públicos de calidad significa defender la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la fortaleza del Estado del bienestar. Por eso resulta tan reveladora la reacción de Alberto Núñez Feijóo , que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria. Lo verdaderamente extraño habría sido escucharle defenderla. No sorprenden las declaraciones de quien, en plena precampaña electoral, promete un Gobierno que pedirá sacrificios a la ciudadanía. ¿Sacrificios? ¿Otra vez? ¿Y a quién le tocará hacerlos? Porque conocemos demasiado bien ese modelo económico. El que considera que los grandes patrimonios necesitan incentivos mientras las familias trabajadoras deben apretarse el cinturón. El que convierte los recortes en responsabilidad y las reivindicaciones sociales en molestias. El que pide paciencia a quienes menos tienen y ofrece comprensión a quienes más acumulan. Nos suena demasiado. Nos suena a los años de austeridad, a las políticas de Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Se acuerdan? Aquellos años en los que los sacrificios parecían tener siempre los mismos destinatarios. Frente a ese modelo existe otro: el que entiende que la prosperidad económica debe traducirse en bienestar compartido. El que ha impulsado la reforma laboral, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Avances importantes que no eliminan los problemas pendientes ni hacen innecesaria la movilización sindical. Al contrario, demuestran que el diálogo social, la acción política y la organización colectiva pueden transformar la realidad. Una democracia madura no teme a sus sindicatos. Los escucha, respeta su independencia y reconoce que el conflicto social también puede ser un motor de progreso. UGT ha elegido para esta convocatoria un lema que resume perfectamente el problema: "Que la vivienda no se coma tu salario". Y CCOO recuerda que la riqueza generada debe llegar también a quienes la hacen posible. El 11 de noviembre no debería interpretarse como una batalla entre partidos, sino como una llamada colectiva a defender algo elemental: que trabajar permita vivir dignamente. Porque una sociedad verdaderamente próspera no es aquella en la que unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que nadie tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o construir su futuro. Las generaciones anteriores lucharon para conquistar el derecho a descansar. La nuestra no debería tener que luchar para conseguir el derecho a vivir bajo un techo.
Vivimos tiempos sombríos que recuerdan demasiado a los pasados. Por la fuerza de los hechos y en contra de nuestros deseos o ilusiones, venimos dándonos cuenta de que nada de lo adquirido en el pasado reciente está garantizado para siempre . Una oleada reaccionaria barre el continente europeo de este a oeste. Los partidos de extrema derecha que niegan los valores y principios de la democracia crecen por todas partes. En algunos países han llegado a los gobiernos desde donde torpedean las instituciones europeas comunes y gobiernan autoritariamente hasta donde esas instituciones se lo permiten, a veces en connivencia con los seculares enemigos externos de la Unión Europea. Especialmente peligroso es el auge de la extrema derecha en Alemania , donde la comprensión , incluso la exaltación del pasado nazi, se exhibe públicamente con orgullo entre amplios sectores de la población. El negacionismo del Holocausto y otros horrores del pasado, la negación descarnada de los crímenes de dictaduras de larga duración, como la franquista, la defensa de políticas discriminatorias, xenófobas o racistas, todo ello es ya una realidad en muchos países europeos. Distopías reaccionarias propaladas por empresas tecnológicas poderosas, nacidas en Silicon Valley, señaladas por muchos como tecnofascistas, difunden doctrinas de este tenor y ejercen ya un control sobre las mentes que deja en pañales los más negros pronósticos de George Orwell. Probablemente, la Europa y el mundo de hoy decepcionarían en muchos aspectos al europeísta Semprún . Hace ya bastantes años, el escritor más conocido por sus relatos sobre los campos de exterminio nazis, Primo Levi vivió sus últimos años, sumergido en un hondo pesimismo. Veía cómo no solo se negaban los horrores del pasado que él había padecido, sino que en su entorno se extendía el desinterés público, la voluntad de no saber. Su temor más que fundado al retorno del pasado le obsesionaba y amargó sus últimos días. Se suicidó en 1987. El objetivo central de la ofensiva antidemocrática es la Unión Europea, a pesar de todos los problemas, reducto de instituciones democráticas y defensora de un orden internacional basado en el cumplimiento de los acuerdos adoptados en 1945, después de la victoria sobre el fascismo. Bien es cierto que estas instituciones –la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en primer lugar– para cumplir su misión en un mundo significativamente más complejo que el de entonces, necesitarían profundas reformas, una puesta al día radical, pero no la marginación y el desprecio a los que están siendo sometidas hoy por países como EEUU o Israel. La UE, como última instancia democrática consolidada, sufre al mismo tiempo los ataques directos, tanto de los EEUU, de su presidente Donald Trump, como los de la Rusia de Vladímir Putin, si bien hoy muchos prefieren enfrentarse al matonismo arrogante del primero e ignorar al más sutil y menos perceptible del segundo. Sin embargo, el presidente ruso no es sino un heredero fiel de la política de Lenin, quien, como recuerda Semprún en la segunda parte de Vivir es resistir , puso todo su empeño en hacer imposible, en 1920, la unidad democrática de Europa. Hoy, el neoleninista Putin, antiguo agente secreto soviético en Alemania, ha dado la orden de invadir un país soberano europeo como Ucrania, después de haberse anexionado por la fuerza una parte muy significativa de su territorio, la península de Crimea, con la complicidad silenciosa del mundo, y amenaza a países próximos a su frontera y se propone desestabilizar desde fuera y desde dentro las instituciones de la UE. Con su “declaración de guerra a Occidente”, con su política de recuperación de los valores genuinos rusos a salvo de la contaminación de Occidente –tierra de parásitos, pedófilos y fascistas, en su jerga– Putin ejerce sobre su país una tiranía sin resistencia, afianzado en sus inmensos recursos energéticos y su no menos inmenso arsenal nuclear, un territorio convertido desde hace años en “el IV Reich”, en palabras del escritor Emmanuel Carrère en Koljós . El peligro presente y futuro para Europa no puede ser más evidente . De nuevo Orwell se quedó corto. Se hace necesario que la UE renueve y fortalezca sus instituciones sobre la base de los principios democráticos que le son constitutivos y se esfuerce por impulsar instituciones como la ONU según esos mismos principios, con reformas de sus estatutos, adecuados a los tiempos presentes, con órganos de poder abiertos a todos los continentes, sin los vetos y trabas actuales que con harta frecuencia reducen a la organización a la irrelevancia. ¿Tiene algo que decir sobre todo ello el libro Vivir es resistir , de Jorge Semprún, publicado en 2014 en español, y que ahora reedita Tusquets? Creo sin duda que sí: es una doble invitación a reflexionar sobre la libertad y la democracia y a resistir a las amenazas a las mismas con la guía de los autores estudiados por Semprún: Edmund Husserl, Marc Bloch y George Orwell. Sobre ellos dictó el autor en año 2002, en París, tres conferencias editadas póstumamente con el título Le métier d’homme. Husserl, Bloch, Orwell. Morales de résistance y ahora incluidas en Vivir es resistir . Los tres estuvieron con mucha frecuencia en la retina de Semprún: un filósofo alemán, un historiador francés y un escritor inglés, a su manera tres resistentes frente a los peligros y amenazas de su tiempo, el antisemitismo, el nazismo, el totalitarismo. El oficio de hombre . El punto de partida de la reflexión sempruniana es la crisis de los años 30 del siglo pasado a la que se enfrentaron los tres personajes objeto de estudio. El valor de los tres reside en haber resistido a la barbarie totalitaria en diferentes momentos históricos de aquella difícil cuarta década. El totalitarismo se desarrolló bajo dos formas aparentemente contradictorias, el nazismo alemán y el comunismo soviético en su apogeo estalinista. La intelectualidad europea del momento reconoció pronto el peligro del primero, pero, con la mejor voluntad en ocasiones y víctima de las promesas de un futuro de igualdad y prosperidad, una gran mayoría se negó a ver el peligro del segundo y combatió a quienes osaron denunciarlo. El ominoso pacto germano-soviético de 1939 despertaría algunas conciencias y modificaría en consecuencia algunas conductas. Edmund Husserl, el filósofo alemán de origen judío –una condición que se volvió peligrosa en estos críticos años 30–, creador de la corriente filosófica de la fenomenología, representa, según escribe Semprún, la defensa “de una racionalidad crítica, el espíritu crítico de la razón que a su juicio constituye el fundamento de la figura espiritual de Europa, el fundamento de la realidad europea” . En esos años 30, jubilado de sus tareas universitarias ordinarias, Husserl continuó como profesor emérito hasta que, en 1933, el año de la llegada al poder de Hitler, le fue prohibida toda actividad docente en virtud de la aplicación de las leyes raciales nazis. Su obra fue postergada con el apoyo, incluso, de quienes habían sido discípulos destacados como Martin Heidegger. A partir de entonces, en la última década de su vida, desarrolla su reflexión sobre lo que llama “la crisis espiritual de Europa” fuera de Alemania. En el año 1935 pronuncia una conferencia en Viena (que repetirá en Praga dos años después), “La filosofía en la crisis de la humanidad europea” (publicada en el volumen póstumo Invitación a la fenomenología , edición española, Barcelona, 1992). Afirma el filósofo que, para superar la crisis, para vencer “el hastío”, el mayor peligro al que se enfrenta esa Europa concebida como “figura espiritual”, en definitiva, para el renacer de Europa, es necesario recuperar “el espíritu de la filosofía mediante el heroísmo de la razón”. Asimismo proclama la necesidad de “una supranacionalidad europea”, el único modo, a su juicio, de hacer frente a la barbarie totalitaria que se está apoderando de todo el continente europeo. Semprún tuvo conocimiento de las conferencias de Husserl durante su internamiento en Buchenwald a través de un prisionero austríaco. Desde entonces, el pensamiento del filósofo ha sido uno de los fundamentos más firmes de su europeísmo militante , tardíamente adoptado, una vez que dejó atrás la militancia comunista, esencialmente antieuropea. El “heroísmo de la razón”, necesario para salir de la crisis europea, lo encarnaría, unos pocos años después, a juicio de Semprún, Marc Bloch . El historiador medievalista, francés y judío, como se reconocía a sí mismo, que había acabado su participación en la Primera Guerra Mundial con el grado de capitán y numerosas condecoraciones, entre ellas la Legión de Honor, llegada la guerra contra Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se presentó voluntario en el ejército francés para defender a la patria atacada. Un año después, derrotada e invadida Francia por los ejércitos alemanes, el desmovilizado Bloch vuelve a su Lyon natal donde, a los pocos meses, realizaría su ajuste de cuentas particular con los responsables políticos y militares de su país en un libro memorable, La extraña derrota , escrito en dos meses pero publicado años después, en la posguerra [el pasado 23 de junio Bloch fue recibido en el Panteón de Hombres Ilustres de Francia en reconocimiento a “su obra, su enseñanza, su coraje físico, a su inmensa lucidez”]. Por su pluma, extremadamente crítica, pasan el bochornoso papel del ejército francés, sus incompetentes mandos y la igualmente condenable incapacidad de los dirigentes políticos y de muchas organizaciones de la sociedad civil, todos más preocupados por ponerse a salvo que por defender con acierto profesional a la patria en peligro. Consecuente con sus críticas, Bloch pasó a la clandestinidad y se unió a la resistencia contra las fuerzas nazis invasoras. Capturado y salvajemente torturado, fue fusilado el 16 de junio de 1944. En su apresurado libro, en la tercera parte en especial, “Examen de conciencia de un francés”, dejó plasmadas algunas de sus convicciones, entre ellas la necesidad, la obligación, de seguir la lucha sin desmayo contra los enemigos, en nombre de los valores de la civilización, y a costa de cuantos sacrificios fueran necesarios. Ahí radica su convicción en la victoria final sobre la barbarie: “¿Surgirá en algún lugar, un movimiento autónomo que se irá extendiendo por doquier como una mancha de aceite? ¿O nos levantaremos al unísono en un arrebato total? Un viejo historiador como yo no deja de mascullar mentalmente estas imágenes. Su pobre conciencia no le permite decantarse por una de estas posibilidades. Lo digo con total franqueza: espero, en cualquier caso, que aún tengamos sangre por derramar, aunque deba tratarse de la de los seres queridos (no hablo de la mía, a la que no atribuyo tanto valor). Pues no hay salvación sin sacrificio, ni libertad nacional plena, si no se ha trabajado por conquistarla”. Una conclusión trascendental, no lejana de la afirmación repetida por Semprún: no es la vida, sino la libertad, el valor supremo de una vida propiamente humana . El tercer modelo de un “heroísmo de la razón” que ofrece Semprún es el del escritor británico George Orwell (pseudónimo de Eric Arthur Blair). Para ello repasa su evolución política desde los grupúsculos de la extrema izquierda británica, un laborismo de acentuado contenido social que será su base para dirigirse a España y participar en la Guerra Civil dentro de las milicias del POUM en los frentes de Aragón. Quedó escarmentado para siempre a la vista de la liquidación de las fuerzas de la izquierda revolucionaria española –CNT y POUM principalmente– a manos de los partidos comunistas, PCE y PSUC, guiados por la Unión Soviética y su red de servicios policiales. Desde entonces, su rechazo al comunismo de matriz estalinista no haría sino aumentar . De vuelta a Inglaterra, sigue colaborando con grupos izquierdistas, atraído por sus propuestas de una democracia social en favor de la clase obrera. Cuando se conoce el pacto germano-soviético, piedra de toque para las fuerzas comunistas europeas, y pese a la consiguiente invasión de Polonia por ambos firmantes del pacto que da curso de hecho a la Segunda Guerra Mundial, los partidos de la izquierda de inspiración comunista quedan paralizados. Orwell, con una clarividencia premonitoria, rompe con sus anteriores compromisos políticos y considera que ha llegado el momento de apoyar la guerra contra el nazismo que se abate sobre Europa. En contra de los partidos comunistas, defensores de la URSS que ordenó declarar la guerra contra Alemania como “guerra imperialista”, Orwell, con su “patriotismo democrático”, según lo denomina Semprún, defiende la obligación de resistir y luchar contra el fascismo antes que claudicar . En El león y el unicornio , escrito en 1941, mientras Alemania ocupa los cielos y lanza sus bombas incendiarias sobre Londres, Orwell critica tanto a las élites conservadoras británicas, medrosas a semejanza de las francesas denostadas por Bloch, como a los intelectuales izquierdistas incapaces de ver el peligro que tienen enfrente. Para conjurarlo, propone aliarse con todo tipo de países contrarios a las fuerzas totalitarias, desde los Estados Unidos de América hasta algunas colonias del Imperio británico que podrían unirse también a la lucha contra el fascismo presente tanto en Europa como en Asia y, a la par, ganarse el derecho a una posterior independencia. Sin ningún entusiasmo por la URSS, aliada de las democracias desde 1941, las grandes críticas al comunismo soviético saldrán de su pluma en sus bien conocidas obras en la posguerra. Tanto si hablan antes del desastre bélico (pero conscientes de su inminencia, como Husserl) o dentro del mismo, como Bloch y Orwell, los tres personajes participan de un espíritu similar, la “resistencia a la barbarie totalitaria” , como lo llama Semprún. Los tres comparten la misma pasión, la “razón democrática”. Y la convicción de que Europa no perecerá si no pierde la fe en sí misma y la voluntad de enfrentarse unida al peligro. La crisis de nuestro tiempo. Concluye Semprún su estudio con la constatación cierta de que la Europa de después de la crisis de los años 30 y 40 superó a costa de grandes sacrificios, progresivamente, sus efectos devastadores. Concretamente, la idea husserliana de una “supranacionalidad europea”, o las ideas de una Europa federal y de la recuperación de una Alemania federal y democrática anticipadas por Jacques Maritain –el pensador católico al que recurre Semprún en sus conferencias por sus escritos durante la guerra– se fueron haciendo realidad efectiva a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Por eso, concluye Semprún, “… mientras que la esperanza de mantener la democracia era bastante tenue en aquellos años, hoy en día la realidad es otra… vemos cómo, con dificultades, con esfuerzos, en ocasiones con pequeños retrocesos, asciende hacia su apogeo la idea de una Europa unida…”. Palabras pronunciadas por Semprún, recordémoslo, en 2002. Hoy como ayer, pese a los progresos de todo orden alcanzados por nuestras sociedades, seguimos habitando en un mundo radicalmente injusto . Las desigualdades económicas y sociales se agrandan año a año, se extienden las guerras de agresión al margen de la legalidad nacional e internacional, se suceden y prolongan sin vías de solución las guerras internas, se cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, genocidios inclusive, sin que ninguna autoridad sea capaz de ponerles freno, las llamadas limpiezas étnicas de poblaciones indefensas se propagan ante nuestros ojos atónitos e impotentes y, por si esto no fuera suficiente, una catástrofe climática de proporciones desconocidas está afectando a nuestras vidas, pese a lo cual los gobiernos y las instituciones internacionales son incapaces de llegar a acuerdos que la atajen eficazmente. ¿Cómo no dejarse arrastrar por el pesimismo ante semejante panorama? “Esta sociedad es intolerable para una buena parte, por no decir la mayoría de los ciudadanos del mundo”, dice Semprún. Nuestra obligación debería ser “ intentar hacer soportable una sociedad que es insoportable para una parte de nuestros conciudadanos ”. Una tarea sin fin se extiende ante nosotros. Por descontado, no es fácil encontrar soluciones. Empero, se echa de menos la voluntad común para abordarlas con decisión. Contra la parálisis inoperante, Semprún ha propuesto adoptar una fórmula dialéctica tomada del escritor norteamericano Francis Scott Fitzgerald en su obra La grieta : “Habría que comprender que las cosas no tienen remedio y sin embargo estar decidido a cambiarlas. Esta es para mí la definición absoluta de mi punto de vista actual”. Su personal “ moral de resistencia ”, podríamos concluir. *Felipe Nieto es autor de ‘La aventura comunista de Jorge Semprún: Exilio, clandestinidad y ruptura’ (Tusquets, 2014).
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
Silenciar…Descansar…
ℹNo se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital, OKDiario. El resto de medios se actualiza con normalidad.
