El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Trabajadoras de la residencia de mayores San José de Ordizia en huelga convocada por ELA se manifestarán el miércoles de la semana que viene para denunciar "recortes de personal".
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Se trata de dos periodistas de Vozpópuli e infoLibre escogidos por el 'youtuber' para comprobar datos tanto del presentador como de los entrevistados 🎙 PODCAST | Una campaña revuelta: de Broncano a Jordi Wild El youtuber Jordi Wild ha publicado este viernes sus entrevistas a los candidatos presidenciales Pedro Sánchez , Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau . Para su particular formato de largas entrevistas que, en el caso de la líder de Frente Amplio, ha durado más de dos horas, el comunicador ha decidido introducir a la figura de los “verificadores”, como lo ha llamado. “Están para verificar datos tanto míos, yo puedo equivocarme, como también del candidato si me la intenta colar”, ha explicado Wild. Se trata de dos periodistas en activo que dedican su actividad, principalmente, a cubrir la actualidad política y trabajan en medios distintos: Vozpópuli e infoLibre. Son Javier Collado Sánchez e Iván Muñoz. Periodista, politólogo y especialista en política estadounidense Javier Collado Sánchez es periodista, politólogo y doctor en Historia Política de EEUU, según figura en su perfil de autor del digital Vozpópuli, medio donde trabaja actualmente como responsable de fin de semana cubriendo la actualidad política y parlamentaria y gestionando la coordinación del equipo. También dedica algunos de sus textos a asuntos de geopolítica. Anteriormente pasó por El Español, El Economista y la sección local madrileña de la agencia de noticias Europa Press. También ha sido co-director de la revista 'Miradas de Internacional' Además, es profesor colaborador de periodismo en la Universitat Oberta de Catalunya y profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En su perfil docente en esta última universidad, asegura que sus experiencias le ha “permitido cubrir desde campañas electorales a Juegos Olímpicos”, aunque, aclara, “en los últimos años [ha] derivado hacia la información económica, así como la política nacional e internacional” Según su descripción como docente en la URJC, Collado es licenciado en Periodismo, máster en Análisis Político y Medios de Comunicación y doctor con calificación de sobresaliente Cum Laude. Actualmente, imparte la asignatura de “Relaciones Internacionales, sociedad y globalización”. También ha impartido clases sobre política exterior de España y “Procesos de democratización, transiciones y comunidad internacional”. Redactor de última hora Iván Muñoz es la otra parte de la pareja de “verificadores”. Es periodista y actualmente trabaja en el digital infoLibre. Así se presenta en su perfil de Linkedin: “Siempre he buscado concienciar o explicar una problemática, muestra de ellos son los reportajes sobre el caso de Pablo Ibar o Nelson Serrano, pero también el de las grandes manifestaciones de Toronto o las históricas elecciones de Chile donde venció Boric”. Su labor en infoLibre se centra en la información rápida, de última hora, aunque desarrolla también laborales relacionadas con la edición, redes sociales e investigación. Se formó en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la URJC. Sus primeros pasos en el sector de la comunicación fueron en el ámbito radiofónico y televisivo, tal y como figura en su perfil de la red social. Durante su formación trabajó en proyectos de radio universitaria y posteriormente en Antena 3, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Como Collado, Muñoz también fue redactor en El Español. También ha desarrollado su carrera en diferentes medios digitales, entre ellos República y Computer Hoy. Ha ejercido como consultor de comunicación y ha colaborado en pequeños programas deportivos, por ejemplo, como comentarista de balonmano. Además, ha sido profesor de Historia y Geografía. Sus intervenciones A pesar de la extensión de las entrevistas, los “verificadores” han intervenido tan solo una vez durante la charla con Colau y otra para la de Feijóo. En el caso de la barcelonesa, ha sido ella misma quien les ha pedido que comprobaran un dato que daba el entrevistador, que aseguraba que “nueve de cada diez” hurtos en Barcelona en el año 2024 se efectuaban por parte de personas extranjeras. Los “verificadores” han podido comprobar esta información citando una noticias del diario 'El Mundo'. Según los datos del Ministerio del Interior que cita este medio, en 2024 la policía efectuó 5.442 arrestos, 4.942 extranjeros (un 90,8%) y 500 españoles (9,2%), por “sustracción de bienes sin el consentimiento de su dueño, sin violencia o intimidación”. En la misma noticia, también se menciona un “descenso generalizado de la actividad delictiva, con una disminución del 6,6% de denuncias” a fecha de junio en comparación con el año anterior (2023). En el caso del líder del PP, Collado y Muñoz han saltado para comprobar un dato falso sobre la incidencia de bajas médicas entre los trabajadores autónomos. “Está en torno al 1%, aproximadamente. Es muy bajo”, ha aclarado Jordi Wild tras la verificación de sus colaboradores. “Le agradezco esa rectificación. Mis datos estaban entre el 3 y medio, 4%. Es el 1%”, ha corregido Feijóo. Sin embargo, según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en el primer trimestre de 2026, había 3.391.709 autónomos protegidos y los procesos de incapacidad temporal iniciados fueron 110.094. Es decir, representaban un 3,2% del total. Con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han intervenido algo más. En una ocasión, le han corregido para aclarar datos sobre las nacionalidades de los migrantes que llegan a España. Han asegurado que, en relación a los “datos de los flujos de inmigración”, la nacionalidad de la que más migrantes llegan es “Colombia, Marruecos y Venezuela”, en ese orden. No citan su fuente. No obstante, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ese orden no es correcto. En el segundo trimestre de 2026, llegaron a España más colombianos y venezolanos que marroquís, dejando a Marruecos en el tercer puesto. En otro momento de la entrevista con Sánchez, los verificadores han aportado “declaraciones del presidente en redes sociales” en las que “alababa” a Koldo García. Se trata de una publicación de Facebook que fecha del año 2014 en la que se refiere al exasesor como “el último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios”. Sánchez se ha escudado en que por aquellos años no se conocían acusaciones contra él.
El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.
El bogotano dedica una sala al disputado Tesoro Quimbaya, en poder del Museo de América en Madrid, y pide su restitución: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores" La censura ultra en Colombia decide qué es arte y qué no: de la violencia política a los encuentros en un cine gay “No se puede mirar el arte desde un lado apolítico”, afirma el artista colombiano Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) conversando con elDiario.es durante la inauguración de su exposición en Madrid. Por eso La noche , la muestra que el Museo Reina Sofía acaba de inaugurar, mantiene un compromiso político y ético firme con el arte que vive en los márgenes: desde la reivindicación de la homosexualidad hasta la crítica al extractivismo, la guerra del narco, la codicia colonial o el impacto del cambio climático. La exposición reúne en seis salas medio siglo de carrera y la profunda relación del artista con su país. Llega apenas unas semanas después de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar del Museo Nacional de Colombia Fanny (1978), un aguafuerte de Rojas, junto a decenas de piezas sobre luchas feministas, LGBTIQ+ y memoria de la violencia. Una decisión incomprensible para el artista, aunque, explica, “ha conseguido unir tanto a artistas de izquierdas como de derechas contra la censura”, y ha logrado destacar el humanismo con el que Rojas se define. Lo mismo piensa el director del museo, Manuel Segade: “Hacemos este tipo de exposiciones para que estas acciones no ocurran”, comentó a la prensa. Por su parte María Wills Londoño, recuerda que el arte de Rojas siempre ha tenido muy buena acogida en su país, y que la retirada de la obra del artista es una acción residual en su larga carrera. La obra de Rojas está profundamente ligada a la tierra, y eso se nota en los materiales, en los que a menudo incluye hojas de coca en distintos formatos. “A lo mejor está mal que lo diga aquí, pero yo soy una persona materialista”, bromea el artista. En El nuevo Dorado (2012), el trazo pixelado del Amazonas, hecho en oro, atraviesa un paisaje verde de mambe (hoja de coca en polvo), arcilla y pigmentos minerales: una denuncia del saqueo de los recursos naturales. Y, sin embargo, Rojas no quiere que se le encierre en un solo contexto. “Pienso que mis obras se ensanchan, adquieren nuevos significados”, dice. Autoconocimiento, oro, sed y restitución El recorrido empieza con Autorretrato con luz de luna (1968), una fotografía hecha con una Kodak 1A en la que el artista aparece de perfil, apenas rozado por un haz de luz. Para él es una obra fundacional: parte de la experiencia personal para hablar de un país atravesado por el duelo, donde la noche parece no acabar. Muy cerca, La Cosecha (2012) alinea 147 pequeñas cabezas precolombinas de la cultura Tumaco, hechas con maíz, cal y cemento: otro autorretrato simbólico con el que asume su vínculo con los pueblos indígenas. Y en la antesala aguarda la pieza que da título a la muestra, La noche (1980): Rojas aplicó cocaína sobre una fotografía y la selló con resina para declarar el fin de su adicción. Miguel Ángel Rojas: 'Autorretrato con luz de luna' (1964) La primera sala, El nuevo Dorado, se sumerge en las violencias del extractivismo heredado de la colonia. Aquí se estrena Carbón carbón (2026), dieciséis módulos de frottage con carbón que dibujan un territorio erosionado por los incendios y la destrucción del Amazonas, pero del que brotan, en oro, especies vivas que garantizarán su supervivencia, como son las celdas de panal de la abeja meliponina, que es la encargada de polinizar todo el Amazonas, y que Rojas menciona como el reverso optimista, la búsqueda de soluciones al desastre climático. Miguel Ángel Rojas: ''Restitución' (2009) La segunda, Sed , gira en torno al Tesoro Quimbaya , hallado en Colombia en 1890 y regalado en 1892 por el presidente Carlos Holguín Mallarino a la monarquía española. Rojas lo resume con ironía: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores manos en Colombia”. Para la ocasión ha producido un vídeo inédito en el que las sombras del tesoro, sobre un fondo dorado, se van desvaneciendo. Alrededor, Restitución (2009) reflexiona sobre la devolución de piezas y la importancia de reconocer a las comunidades de origen, mientras que en Las Tablas de la Ley (2018) el cobre y el oro chapado forman “In gold we trust” y una frase atribuida al boxeador Pambelé: “It is better to be rich than poor”. Mestizaje, coca y minas: el cuerpo como territorio “Yo soy el Tumaco viviente” es una de las salas más importantes, según la comisaria Wills Londoño. Rojas recuerda y se interroga por su origen mestizo y por el vínculo con la tierra heredado de su madre campesina, así, trabaja el barro, trenza fibras vegetales, procesa hojas de coca en su taller. En Buritaca (1992) la planta aparece junto al poporo, objeto ceremonial de la Sierra Nevada de Santa Marta, no como mercancía sino como un vehículo ancestral de pensamiento. En Broadway (1996/2012), las hojas de coca que sostienen las hormigas simulan el tránsito del narcotráfico. Después llega Quiebramales , la sala más dura, donde cuelga una de sus obras más míticas: David (2004), diez fotografías a gran escala hechas con José Antonio Ramos, un soldado mutilado por una mina antipersona. Se ha convertido en emblema del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. A su lado, la palabra Quiebramales , escrita con lapiceros de colores, se opone a “quiebrapatas”, como se conoce popularmente a esas minas. Miguel Ángel Rojas: 'David' (2004) “Es una obra que habla de la guerra, de las víctimas de la guerra, de las poblaciones que sufren las decisiones que se toman desde los altos gobiernos, e incluyen también a los soldados, la milicia”, cuenta Rojas. “A esos muchachos los reclutan jóvenes, les ponen un fusil, les dan un entrenamiento y los mandan a la guerra sin que sepan para quién están luchando ni por qué. Es lo más injusto de la guerra en general”. Es, añade, una imagen antibélica con un fundamento, como es el de las diferencias culturales. “La mente humana, más que el color de la piel, hace que las personas se distancien, se enfrenten y se creen enemigos”. Esas diferencias, insiste, tienen que ver con la educación. Ramos, que según el artista desciende de aquellos antioqueños que llegaron huyendo de la Inquisición, no tuvo acceso a ella y acabó de soldado raso, expuesto a los peligros de la guerra hasta que un quiebrapatas lo mutiló. “Yo uso ese cuerpo para hablar de situaciones específicas en Colombia, de esas diferencias radicadas en los niveles culturales”. De ahí que la polémica le toque de lleno. “El David es una pieza que está en la colección del museo desde hace varios años y no fue movida de su sitio, mientras otra que no es para nada explícita, pero se refería a encuentros gays en sitios en decadencia, en los que los asistentes éramos clase media o media baja, fue retirada”, explica. La oscuridad como refugio El final del recorrido es un descenso a la noche. En Cuarto oscuro , Rojas convierte la fotografía en pintura a golpe de químicos y pinceles, con pigmentos de plomo y hasta fluidos corporales, en los años del sida y del miedo, destacan sus obras Felicidad perdida (1987), Virosis (1986) y Cupido equivocado (1988). Y en Las tardes tensas regresa a los cines del centro de Bogotá, como Faenza, Imperio, Mogador, donde, entre 1975 y 1979, fotografiaba a escondidas con una Pentax en plena oscuridad, calculando la distancia contando filas de butacas y enfocando con una linterna, unas fotos que están marcadas por la rapidez, por la fugacidad, y por la experiencia. Miguel Ángel Rojas: 'Virosis' (1986) “Bajé a los sótanos más oscuros de mi experiencia”, escribe “con el firme propósito de mirar desde afuera y con distancia, a aquellas situaciones que viví, para encontrar en ellas renovación”. De ahí nacieron imágenes que son apenas insinuaciones, fantasmas de cuerpos una forma de resistir sin dejarse leer del todo. La muestra se cierra con Grano (1981) una instalación que constituye una vuelta a casa. Tan solo un suelo de baldosas hecho con tierras de colores, réplica de la intervención que Rojas hizo en 1980 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, e inspirada en el patio de la casa de sus abuelos en Girardot. En el original, una gallina paseaba sobre el dibujo y lo iba deshaciendo. Con los años, escribe el artista, se ha convertido en símbolo de los desplazamientos forzados por la guerra o el hambre. Después de atravesar la noche el visitante sale pisando tierra.
Arranca una campaña que, aunque nació tras una derrota sobre la vivienda, en las tertulias se ha querido ligar también a la lección americana sobre la victoria demócrata. A la izquierda solo le va bien cuando habla del coste de la vida y guarda en un cajón todo aquello que la derecha lleva años llamando woke . La moraleja para las izquierdas españolas parece escribirse sola y, sin embargo, los números no dan. ¿Qué votos tiene que movilizar el progresismo para que haya una posibilidad de ganarle a la derecha en las próximas elecciones generales? Dos semanas antes de las midterms en Estados Unidos, en un antiguo cine de Portland, una estudiante trans se levantó en un mitin de Alexandria Ocasio-Cortez para preguntarle si las personas como ella se habían convertido para el Partido Demócrata en un tema perdedor, en algo que no merecía ya la pena defender. AOC le respondió con la honestidad que le caracteriza, reconociendo que los políticos se asustan con facilidad . Tenía razón y aun así se quedó corta, porque el problema que planteaba la pregunta excede el coraje de quien la responde y el dolor, legítimo, de quien la pregunta. Esa estudiante, aunque quizás no sabía expresarlo con los argumentos que un estratega usaría, señalaba cómo en los últimos tiempos se ha dibujado un carril para la vida material y otro para las identidades, y cómo, en tiempos difíciles, se cierra el segundo para que circule mejor el primero. En este artículo me gustaría defender no solo que esa separación es falsa, sino que agitarla es lo que nos separa de movilizar el voto progresista que falta para evitar que Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Los demócratas llaman a su programa una agenda de la mesa de la cocina y puede que esta metáfora nos resulte más útil de lo que pueda parecer. No sé en América, pero la mesa de la cocina en España es un asunto sobre todo de mujeres , es el lugar de confidencias, de liar croquetas y tomar cafés, donde se hacen las cuentas con el dinero que queda para el final de mes después de pagar el alquiler, donde se decide si se paga el dentista o el comedor escolar, donde alguien, casi siempre una mujer, sostiene, sin cobrar un euro por ello, la reproducción de la vida de los demás, es decir, la que hace la compra, la sopa, la colada y cambia el pañal de la abuela. ¿Cómo se puede defender que el coste de la vida sea una cuestión políticamente ajena a la agenda política de las mujeres? Cuando Silvia Federici escribía en los setenta contra el trabajo doméstico gratuito estaba hablando ya del coste de la vida antes de que existiera el eslogan. Y más importante aún, y quizás mucho menos obvio, cuando Judith Butler respondía a Nancy Fraser que la regulación de la sexualidad no era una cuestión meramente cultural, lo que hacía era recordar algo que ya sabía Engels: la familia es una unidad económica, y quien decide qué cuerpos forman familia decide también cómo se reparte la riqueza. Y lo que se reparte peor se protege peor. Supongamos en cualquier caso que la vivienda es la razón principal por la que votamos el 29 de noviembre. El lunes, en La Revuelta , Broncano le preguntó a Abascal cómo construiría más casas , y el líder de Vox contestó que eliminando la sobrerregulación, por ejemplo la perspectiva de género que existe en la construcción. Al día siguiente medio país se puso a explicar qué es el urbanismo con perspectiva de género con ejemplos como calles mejor iluminadas, aceras anchas para carritos o recorridos seguros de vuelta a casa. Si bien todo eso tiene un inmenso valor, creo que lo que Abascal señalaba iba en una dirección mucho más importante. La perspectiva de género que de verdad le estorba es la que permite que una política de vivienda reconozca a las mujeres como el sujeto vulnerable que son en el mercado de la vivienda, es decir, aquella política que da prioridad en los baremos de vivienda pública y en las ayudas al alquiler a las madres que crían solas y a las víctimas de violencia machista. Más del 80% de los hogares monoparentales los encabeza una mujer, la mayoría vive de alquiler, y más de un tercio de los hogares sostenidos por mujeres cae bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda. Ese criterio no encarece un solo ladrillo, pero decide quién entra primero por la puerta de las casas que el Estado paga, reconociendo de manera indirecta que el coste de la vida, y por tanto de la vivienda, es mayor para las mujeres. En el mismo plató y como parte de ese mismo marco antigénero que una buena parte de la izquierda parece haber comprado , Abascal acusó al Gobierno de promover el enfrentamiento de sexos y dijo que, aunque hay hombres que agreden a las mujeres, muchos otros hombres las quieren, el conocido #NotAllMen. En mi opinión, hay que escuchar con atención este argumento, no porque haya que darle pábulo a los líderes de la extrema derecha, sino porque sus votantes, que son muchos y que son también nuestro pueblo, se reconocen en esa incomodidad. Es legítimo pensar que el feminismo puede mejorar en cómo interpelar a los hombres para su causa; sin embargo, cuesta imaginar cómo esta cuestión puede traducirse en un silencio estratégico del feminismo en esta campaña, un silencio que puede ser leído también por nuestras votantes como el abandono del feminismo. Contra este falso dilema, resulta imprescindible rescatar lo que las feministas que lideraron en España las Huelgas del 8M defendían . El feminismo del 99%, el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser condensaron en su manifiesto de 2019, entiende la violencia como un efecto de la manera en que se organiza la reproducción de la vida, y por eso nunca necesitó a los hombres como enemigo. Al enemigo se le busca mirando hacia arriba. Lo que se decide en la mesa de la cocina, quién depende económicamente de quién, quién no puede pagar un alquiler en solitario, quién no tiene adonde ir, es lo que hace que en esa misma mesa tengas más posibilidades de sufrir violencia. Nada de esto obliga a elegir carril . Patriarcado y capitalismo se retroalimentan, y esa es quizá la tesis más sólida que el feminismo de clase ha puesto sobre la mesa, aquella en la que la división sexual del trabajo asigna a unos cuerpos el trabajo que no se paga, lo que no se paga se aprende a despreciar, y lo que vale menos se puede dañar con más impunidad. Por eso la violencia persiste donde el trabajo de las mujeres vale poco, y por eso una chica trans a la que echan de casa a los diecisiete puede recorrer en pocos años el camino que va del sofá de una amiga a la calle, y de la calle a una violencia que casi nadie denuncia porque casi nadie pregunta. El reconocimiento no necesita justificarse por lo que cuesta un alquiler. Quien quiera bajar el alquiler sin tocar el reconocimiento descubrirá, sin embargo, que el precio de algunas vidas se fija en otro sitio. El giro hacia el coste de la vida no debe traducirse como un repliegue a lo individual o un abandono de la cuestión de género. Leído desde los cuerpos de las mujeres, el coste de la vida significa justamente una vuelta a lo estructural. La lección estadounidense, además, se ha leído deprisa. Las mujeres votaron a los demócratas por diecinueve puntos, mientras los hombres se repartieron casi a partes iguales; las solteras lo hicieron por treinta y siete y las menores de treinta por cincuenta y siete. Es cierto que fueron los hombres quienes más se movieron respecto a 2024, y esa es la parte que el relato del coste de la vida antiwoke prefiere contar. Pero el desplazamiento masculino solo gana elecciones cuando se suma a una mayoría femenina que ya estaba ahí, y esa mayoría no llegó por el precio de la gasolina. Llevaba votando desde 2022 contra quienes le quitaron el derecho a decidir sobre su cuerpo. En España la brecha es todavía más nítida. Desde la irrupción de Vox, las mujeres se han situado más a la izquierda que nunca en la serie del CIS , y entre los menores de veinticinco años la mitad de las chicas se define feminista frente a uno de cada diez chicos. Un estudio reciente de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas muestra que el voto contra una amenaza, el que se emite por miedo a lo que viene, predomina entre mujeres y jóvenes y beneficia sobre todo a la izquierda. Pero hay un dato que la izquierda debería recordar, y es que ese voto no está garantizado. Las mujeres no son un granero cautivo, y nadie se moviliza para defender una causa que su propio partido esconde en campaña porque le da apuro. Movilizar votos es movilizar mujeres. Movilizar mujeres exige darles razones, y las razones están en la misma mesa de la cocina: la escuela pública infantil de cero a tres, los permisos de cuidados remunerados y más largos, el aborto en la sanidad pública que no obliga a pagar una clínica privada , la pensión que no deja a la mayoría de las jubiladas por debajo de mil euros, el alquiler social que no pregunta si hay un hombre en casa. La derecha lo entiende perfectamente, por eso convierte cada una de estas demandas en supuesta ideología de género que combatir, y por eso el anuncio más eficaz de Trump en 2024 ( Kamala is for they/them, President Trump is for you ) enfrentaba a una minoría trans con el votante corriente para presentar la identidad de unas pocas como una amenaza para el bolsillo de todos. La derecha nunca separó lo material de lo identitario, solo exige que lo haga la izquierda precisamente porque es ahí donde perdemos. Salgamos de su marco y salgamos a ganar, movilizando también a las mujeres , que ya llevaron en dos ocasiones a la Moncloa un gobierno progresista. La izquierda que entre en esta campaña con el feminismo en el bolsillo de atrás, por si acaso, por no espantar, estará haciendo exactamente lo que le pedía su adversario, entrar en campaña con una mano atada a la espalda. _______________________ Ángela Rodríguez 'Pam' es filósofa feminista y ex secretaria de Estado de Igualdad.
Nuestro teléfono móvil es algo así como el cordón umbilical de nuestra vida cotidiana: mensajes privados , envíos de dinero , trámites con la administración ... lo cierto es que incluye muchísima información privada . Y eso, en un entorno militar, es una brecha de seguridad importante. Por este motivo, los protocolos en zonas de tensión exigen medidas como desactivar la ubicación, emplear conexiones cifradas y retirar la SIM de cualquier terminal personal. Eso es justo lo que no hizo Daniel Barton-Kennedy, cabo del primer batallón del Regimiento Duke of Lancaster del ejército británico. Al ignorar las instrucciones, desencadenó su propia caída: tal y como reveló la investigación de un diario estonio , su negativa a desarmar el dispositivo derivó en la invasión a su galería de fotos , una extorsión económica y una condena judicial que ha lastrado su carrera. El precio de desobedecer una orden a 150 km de Rusia Los hechos se remontan a inicios de año, en enero de 2026, cuando la unidad fue desplegada en Tapa (Estonia) para participar en un ejercicio militar denominado «Eastern Warrior» de la OTAN . La base está a unos 145 kilómetros de la frontera con Rusia, un lugar sensible expuesto a la interceptación de servicios de inteligencia extranjeros. Imagen: President Of Ukraine Por ello, los mandos impartieron órdenes estrictas sobre dispositivos electrónicos ( política PED ), con unas actuaciones para pasar desapercibido y aislar la información: En primer lugar, retirar la SIM antes del viaje. Suprimir cualquier rastreo de ubicación. Cualquier uso de la red, a través de redes VPN autorizadas. Pues bien, pese a recibir dichas instrucciones tanto en Reino Unido como en la base, Barton-Kennedy decidió mantener la tarjeta dentro de su móvil. Días después, comenzó a recibir mensajes a través de redes sociales en los que un desconocido le exigía dinero tras haber sustraído imágenes íntimas de la galería de su móvil. En un primer momento, el militar accedió a transferir 100 libras con la esperanza de parar las amenazas; pero al recibir una segunda exigencia, esta vez de 250 libras, comprendió que el chantaje no pararía y acudió a su oficial para dar parte. La tarjeta SIM sirve para algo más que hacer llamadas. Tiene almacenamiento y puedes guardar cosas en ella El caso concluyó en Catterick, donde el soldado admitió su culpabilidad por desobedecer la orden. Según consta en la sentencia del tribunal , la defensa alegó motivos personales para mantener la conexión : necesitaba contactar con su hija por su cumpleaños, además de seguir el embarazo de riesgo de su nueva pareja. Nada le permitió salvarse: a pesar de que reconoció su historial sin faltas y su autodenuncia, el tribunal le ha impuesto una condena de diez meses de detención y su degradación al rango de soldado de primera. El fallo subrayó que, al margen de si el atacante fue un ciberdelincuente o un agente de inteligencia, la tarjeta SIM supuso un riesgo inaceptable para la posición y la seguridad de toda la unidad militar. Un caso que le ha costado muy caro. Imagen destacada | Андрей Сизов en Unsplash En Xataka Móvil | Quien tiene 3 euros, tiene una tarifa móvil con llamadas e internet: estos son los operadores más baratos en España - La noticia A 150 km de Rusia, un soldado de la OTAN desobedeció una orden sobre su móvil: lo que vino después fue extorsión y un consejo de guerra fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .
Estamos acostumbrados a miarr hacia el regulador de las telecos cuando buscamos certezas sobre nuestras conexiones, ya sea para comprobar cuál es el operador más rápido , para conocer qué cobertura hay en cada pueblo o hacer uso de su test de velocidad . Sin embargo, la CNMC también monitoriza nuestras rutinas en internet. Sus últimos datos en el Panel de Hogares sobre IA arrojan una fotografía reveladora : en apenas doce meses, la IA generativa se ha instalado como una herramienta cotidiana. Eso sí, el informe desmonta el relato de que la usemos a ciegas: sí, la consultamos constantemente, pero desconfiamos de lo que nos devuelve. Salto a la rutina . Las cifras de la encuesta constatan que el 50,5% de los usuarios españoles utiliza apps de IA de manera asidua, consolidando un cambio respecto a 2025, cuando el porcentaje alcanzaba el 64,4%. Clasificados por franjas de edad , quedan así: El colectivo que más la usa en su jornada laboral es el de 25 a 34 años, donde siete de cada diez afirman usarlas. Los segundos, los jóvenes de entre 16 y 24 años. Después van los usuarios con edades comprendidas entre los 35 y 49 años. Y curioso: entre los mayores de 65 años, casi uno de cada cuatro encuestados ha incorporado los chatbots a sus consultas. Gemini, el asistente de Android. Imagen: Iván Linares para Xataka Móvil Qué IA se usa más . En nuestro país, el reparto de preferencias queda de la siguiente manera: un 41,3% usan el servicio de OpenAI (30,6% hace un año). Seguido del de Google: la combinación de Gemini y NotebookLM ha pasado del 5,1% en 2025 al 17,2% en 2026, multiplicando por tres su base gracias a los móviles Android. Muy por detrás quedan alternativas como Copilot de Microsoft con un 7,1%, Perplexity con un 2,3%, Claude con un 2,5%, Grok con un 1,7% y Mistral (0,2%), que retienen cuotas más testimoniales. Recelo . Eso es lo que podemos extraer del estudio: apenas un 2,7% de los usuarios afirma confiar "mucho" en la veracidad de lo que redacta el chatbot, frente a un 36,2% que confía "bastante". La mayoría adopta una posición prudente: un 42,7% admite que "ni confía ni desconfía" y un 18,1% manifiesta desconfianza. Esta cautela implica una fiscalización del contenido, ya que el 84,1% comprueba la exactitud de los datos en alguna ocasión, con un 30,1% que lo hace de forma sistemática y frecuente para evitar creerse las alucinaciones de los modelos. En Xataka Móvil El truco de Anas Andaloussi, experto en inteligencia artificial, para que la factura de la luz te salga más barata Una barrera . Si el escepticismo marca la interacción con las respuestas que nos dan los chatbots, la monetización es el cuello de botella . A pesar de que las compañías están publicitando mucho sus planes con mayor capacidad de cómputo y acceso a modelos frontera, solo el 8,6% pagan una suscripción, una cifra similar a la de la oleada anterior (8,2%). El 94,1% restante exprime solo los modelos gratuitos en la web o en las apps de los móviles . Parece que la sociedad española ha asumido la IA como una utilidad asistencial, pero no como un servicio por el que esté dispuesta a asumir una cuota cada mes. Y eso que todas ven que el futuro pasa por pagar por ellas . Imagen destacada | Alejandro Alcolea para Xataka Móvil En Xataka Móvil | ¿Has recibido una llamada comercial desde un número que no empieza por el prefijo 400? Ya puedes denunciarlo - La noticia La usamos a todas horas en el móvil, pero no nos fiamos un pelo: el dato oficial de la CNMC sobre cómo usamos la IA en España fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
El técnico caballa considera que su equipo fue superior durante buena parte del encuentro y lamenta que diez minutos de desconcierto echaran por tierra el trabajo realizado. Además, denuncia dos posibles penaltis que no fueron señalados
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