Foment y Pimec apuntan a un seguimiento bajo y denuncian las afectaciones en el transporte (se abre en una pestaña nueva)
La patronal de pymes denuncia que un seguimiento del 8,3% ha provocado un impacto en el 27,5% de las empresas
Todas las noticias de la prensa española, en un solo sitio
Lo más importante ahora
El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Lo último
21 noticias
Hace 1 h
Una médica vasca denuncia las guardias de 22 horas y su impacto en quirófano: «Me voy a quedar dormida y tengo a un paciente abierto en la mesa» (se abre en una pestaña nueva)
Licenciada en Medicina por la EHU, Lucía Goiri se sincera sobre su experiencia como residente que decidió abandonar su plaza. «He sentido miedo en cuanto a la seguridad del paciente», revela
Silenciar…
Descansar…
El PSOE denuncia en Fiscalía los pagos de la editora de OkDiario a la defensa de Koldo García (se abre en una pestaña nueva)
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
Silenciar…
Descansar…
Hace 10 h
O Cimborrio denuncia el impacto del Samaín en Ourense (se abre en una pestaña nueva)
La asociación vecinal O Cimborrio denuncia el impacto acústico de la noche de Samaín en Ourense y reclama al Concello una ubicación permanente para trasladar las grandes orquestas y sesiones DJ fuera del entorno de Progreso y la Alameda, donde hay tr
Silenciar…
Descansar…
Choque entre el Constitucional y el Supremo (se abre en una pestaña nueva)
El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.
Silenciar…
Descansar…
Hoy, hace 18 h
Las trece rosas rojas: el largo viaje de un recuerdo (se abre en una pestaña nueva)
No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición El pasado 30 de mayo de 2026, en la Córdoba de la República Argentina, fue encontrado el cuerpo desmembrado de la adolescente Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad. Se trataba de un nuevo caso de feminicidio, una de las cerca de 150 niñas y mujeres asesinadas hasta agosto, según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, que, precisamente, había denunciado el “escenario de desprotección” que había supuesto el vaciamiento de programas contra la violencia de género promovido por el gobierno del presidente Javier Milei . El asesinato de la joven Agostina impactó de manera especial en el país. En las principales ciudades se convocaron marchas, empezando por Córdoba. La del 3 de junio en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, fue multitudinaria. Una de las pancartas llamó mi atención por el nombre de la asociación que la portaba: “Trece Rosas”. Cuando me acerqué a preguntar por el mismo a las jóvenes que la sostenían, me respondieron sin dudar: “Obvio que sabemos quiénes fueron las Trece Rosas. Eran comunistas. Lucharon contra Franco”. En seguida me vino a la cabeza una de las primeras veces que oí hablar de ellas. Fue a la altura de 2001, un cuarto de siglo atrás, cuando escuché de los labios de Josefina Amalia Villa, antigua presa de la superpoblada cárcel de Ventas de la posguerra, el relato de la saca de tres de las Trece Rosas en la madrugada del 5 de agosto de 1939: Martina Barroso, Anita López Gallego y Victoria Muñoz. Jose Amalia había estado con ellas en la misma sala de menores de la cárcel, y de aquella noche, entre otros muchos recuerdos, había atesorado este recuerdo concreto: “Se vistieron ayudadas por las demás, nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó con voz serena, un poco baja: '¿Llevo las medias derechas?'. Le dijimos que sí, pero, ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. Qué horrible mezcla de gritos y de silencio” . Imaginar el largo viaje que había trazado en el tiempo aquel recuerdo, de Madrid a Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia, es algo que me produjo una sensación de vértigo. Cuando Josefina Amalia me concedió aquella entrevista, los recuerdos que sobre las Trece Rosas habían conservado sus antiguas compañeras de prisión, como ella, las testigos directos de la saca, todavía no se habían convertido en “memoria cultural”, pero estaban a punto de recorrer esa nueva etapa de su largo camino. Justo al año siguiente, Dulce Chacón publicó una novela -'La voz dormida'- sobre la primera generación de presas del franquismo que conocería múltiples ediciones, y cuya aparición coincidió con la publicación de 'Las trece rosas', de Jesús Ferrero. Y es que, comenzando el siglo, el interés de la “generación de los nietos” por conocer el pasado traumático de la dictadura, lo ocurrido con los vencidos y vencidas de la Guerra Civil, tuvo su expresión en la producción y circulación de productos culturales diversos sobre aquel episodio en concreto, desde documentales como 'Que mi nombre no se borre de la historia' (Vigil y Almela, 2006) hasta películas como 'Las Trece Rosas', de Martínez-Lázaro, de 2007, basada por cierto en otro libro -reportaje histórico bien documentado- publicado el año anterior por el periodista Carlos Fonseca. Todavía seguirían más libros y películas -como 'La voz dormida', de Zambrano, en 2011- y obras de teatro, con lo que andando el tiempo y traspasando fronteras, el propio tratamiento del episodio histórico se convirtió en una suerte de topos de los estudios culturales, en el marco del desarrollo de un feminismo de tercera o incluso cuarta ola. El último eslabón de esta larga cadena es precisamente una ópera, la primera sobre el tema histórico: 'Las Trece Rosas Rojas', como producción del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que se estrenará este 25 de noviembre. Dos memorias Lo sucedido hasta la fecha, con esa producción de “memoria cultural” acelerada a lo largo de estas dos últimas dos décadas, podría hacer creer que el episodio histórico de aquel asesinato estuvo destinado a popularizarse desde un principio, como una suerte de justicia poética. No fue así en absoluto. En realidad dio pie a dos tipos de memorias que, en las difíciles condiciones de la dictadura, siguieron caminos más bien distintos. Con algo de retraso, a partir de 1946, las publicaciones del exilio comunista elaboraron una memoria de carácter escrito fuertemente estereotipada, parca en detalles y politizada, según la fórmula del “mártir político” de lejanas resonancias religiosas. Publicaciones como 'Mujeres Antifascistas' (1946-1950), primero en Francia y luego en México, repitieron la fórmula de las rosas como mártires de la fe (política) a partir de las exiguas noticias de mujeres fugadas de la cárcel franquista como Mercedes Núñez o Adelaida Abarca, al objeto de denunciar la dictadura y provocar la movilización política. La segunda memoria, en cambio, fue esencialmente oral y se elaboró en el interior del país y desde el minuto uno: la tejida -como si se tratara de un tapiz de voces- por las propias compañeras de las Trece Rosas en la prisión madrileña de Ventas y sus familiares. Fue una memoria oral, colectiva y esencialmente subterránea, elaborada y conservada en el mismo centro del ecosistema represivo del franquismo, que, frente a la memoria del exilio, se caracterizó por la precisión y “visualidad” de sus recuerdos -como el de Josefina Amalia sobre Anita López Gallego- así como por su voluntad de credibilidad. Testigos supervivientes como Josefina Amalia Villa, Antonia García Alonso o Mari Carmen Cuesta se empeñaron en la consignación escrupulosa del dato concreto, del detalle vivido, y lo repitieron, se lo recontaron a sí mismas y a quienes quisieran escucharlas con el afán de ser creídas, de combatir la incredulidad de los demás; “creedme porque yo viví esto, yo estuve aquí, esto ocurrió realmente”. De alguna manera quisieron cumplir con aquel mandato moral de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, en la carta de despedida a su familia, milagrosamente conservada: “que mi nombre no se borre en la historia”. Eso y no otra cosa es el tan debatido término de “memoria histórica”, como relato de sucesos que nunca o con muchas dificultades -durante el franquismo y la Transición- llegaron a ser públicamente reconocidos, validados como “verdad histórica” al modo de las expuestos en los estudios académicos o los libros de texto. No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición. Quizá la imagen más gráfica de ello sea la que aportó a la altura de los años ochenta una de las compañeras de las Trece Rosas, Mari Carmen Cuesta, citando el filme 'Fahrenheit 451', de Truffaut. Mari Carmen se vio entonces a sí misma y a sus compañeras supervivientes como aquellos “hombres-libro” que, refugiados en los bosques, memorizaban fielmente las obras de la literatura universal que estaban siendo quemadas por el régimen opresor, con la esperanza de que algún día pudieran editarse de nuevo: “(…) Yo cuando vi esta película me causó un impacto tremendo porque pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película, guardábamos también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia, de esa historia que fue la época más larga, más negra y más brutal de nuestro país: la historia del fascismo” . Justamente por entonces, ese momento que tanto esperaba Mari Carmen ya estaba empezando a llegar gracias a la feliz coincidencia de dos factores. El primero fue la emergencia de una conciencia femenina entre las propias militantes antifranquistas -las supervivientes de la primera generación de presas políticas- sobre la importancia de su propia historia, todo ello en el contexto del feminismo de segunda ola de los años sesenta y setenta, que dio como resultado los primeros “textos memorialísticos” de Juana Doña (1978), Ángeles García-Madrid y Tomasa Cuevas (1982). El segundo factor no fue otro que el concurso de investigadoras de esta misma ola feminista -Giuliana di Febo, Fernanda Romeu, Shirley Mangini- que hicieron de “solicitadoras de testimonios” -al decir del sociólogo Michel Pollak-, con trabajos que en buena medida coincidieron con los de las militantes políticas de la generación siguiente -Carmen Alcalde, Lidia Falcón- tanto en libros como en revistas ( Vindicación Feminista , Poder y Libertad ). No podemos dejar de citar también aquí el importante reportaje del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón de 1986, en la revista Historia 16, que hizo de solicitador de testimonios, cartas y fotografías no solamente de compañeras de las Trece Rosas, sino también de familiares suyos. El otro largo viaje de la documentación oficial El camino, pues, fue difícil: nada estuvo garantizado, y la construcción del relato propiamente histórico, a partir no solo de las voces, sino de los documentos, tampoco lo tuvo fácil. Cuesta creerlo, pero solo en los años noventa se abrió el acceso a la documentación oficial de la represión franquista: los sumarios judiciales de los archivos militares y la documentación penitenciaria. A principios de esa década fueron abiertos al público los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, depositados por aquel entonces en el gobierno militar de la capital. En condiciones muy difíciles, los historiadores Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend pudieron, tras la consulta del sumario 30.426, publicar por primera vez la lista de los nombres y apellidos exactos de las Trece Rosas en 1993, como parte de una investigación patrocinada por la Fraternidad de Militares por la República sobre el número de personas ejecutadas en el Madrid de la posguerra (1939-1944), que vería la luz en 1997. Los autores averiguaron asimismo por la documentación consultada que las trece rosas habrían debido ser catorce. Antonia Torre Yela se libró aquella noche del fusilamiento porque equivocadamente fue consignada como “Antonio Torres Llera”: la posteriormente denominada “rosa número catorce” sería ejecutada el 19 de febrero de 1940 . Algo después, el examen de otra documentación también muy tardíamente abierta al público, los expedientes de cárcel depositados por entonces en el archivo del centro de inserción “Victoria Kent”, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, permitió precisar asimismo nombres, fechas y demás detalles . Solo entonces se supo, por ejemplo, la edad exacta que tenían en el momento de su detención. De las trece, las menores de 23 años -el umbral de la edad legal, que no penal, que se cifraba en los 16- fueron nueve: Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olalla, Virtudes González García, Anita López Gallego, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Por lo demás, solo en 2018 pudo aquilatarse con mayor precisión el número exacto del total de personas ejecutadas en la capital durante el periodo 1939-1944, gracias al estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid que permitió el acceso a los libros de enterramiento y órdenes de inhumación de la Necrópolis del Este. Habían pasado casi ochenta años de los asesinatos masivos cometidos durante el periodo 1939-1944 en las cercanías del cementerio del Este, y ni siquiera entonces -en 2019- el nuevo ayuntamiento del Partido Popular de la capital permitió la colocación de los 2.936 nombres en el monumento previsto. Como dato curioso, aproximadamente en 2004 todos aquellos expedientes penitenciarios -los de las cárceles de Madrid- fueron catalogados y pasaron a depender directamente de un archivo de carácter “no público” -el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)-, donde merced a una instrucción especial de 12 de julio de 2006, tanto su consulta como su reproducción se vieron a partir de entonces seriamente limitados, con nombres anonimizados, como tuvimos ocasión de explicar hace algún tiempo en otro lugar . Como resultado, la propia investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se vio y continúa viéndose gravemente frenada. Este mismo diario publicó en abril de este año un artículo de denuncia de la situación del AGMI firmado por el catedrático emérito Ángel Viñas y suscrito por prestigiosos profesionales nacionales e internacionales como Paul Preston y Carme Molinero. Poco después se hizo pública una carta abierta al ministro Fernando Grande-Marlaska firmada por la Asociación de Historia Contemporánea y 501 investigadores y docentes, reclamando la retirada de dicha instrucción especial y la transferencia de la documentación histórica del AGMI a los archivos pertinentes en condiciones de consulta equiparables al resto de los archivos estatales. Hasta la fecha, y contraviniendo disposiciones nacionales como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, relativa al “derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados” sobre la Guerra Civil y la represión franquista, el ministro Grande-Marlaska ha venido negando públicamente, contra viento y marea, que existan este tipo de restricciones. Visto lo visto, ¿ha servido tanta denuncia para algo? Parece ser que sí. Casualmente, y sin ninguna alharaca, el AGMI lleva ya unos meses ejecutando la transferencia de numerosas cajas de documentación al Archivo General de la Administración: entre otras, cerca de un millar de cajas procedentes del antiguo centro de inserción de Victoria Kent, las mismas que contenían los expedientes de todas las prisiones madrileñas, incluidos los de las Trece Rosas, y que hace más de un cuarto de siglo pudieron ser consultadas -por quien esto escribe- sin tachaduras ni censuras. Largo y complicado viaje también este, el de la documentación oficial… casi tanto como el de aquel lejano recuerdo que, nacido en la cárcel madrileña de Ventas del año 1939, continúa resonando hoy día. A través de fronteras y de océanos, en puentes invisibles que vinculan a Madrid con Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia. En libros, ensayos, novelas, documentales, dramaturgias, largometrajes.. y esta vez, en este año de 2026, también con música de ópera.
Silenciar…
Descansar…
Del "turismo relacional" a los chatbots complacientes: Andrea Proenza analiza cómo la era digital transforma tu intimidad (se abre en una pestaña nueva)
En 'Este deseo no es el mío', publicado recientemente por Anagrama Argumentos, la periodista explora cómo nuestras relaciones han pasado a estar mediadas por "las acciones que deciden las personas que están detrás de las grandes compañías” “Confundimos cuidarnos con ser buena persona”: el sociólogo que explica qué falla en nuestra idea de bienestar La tecnología ha cambiado la manera en la que las personas se relacionan y establecen vínculos emocionales, es innegable. Desde las redes sociales hasta los chatbots de Inteligencia Artificial generativa han modelado la comunicación y los afectos de sus usuarios. La periodista Andrea Proenza (Pamplona, 1996) ha analizado esta realidad en su libro Este deseo no es el mío (Anagrama, 2026), un tratado que lleva como subtítulo Cómo la era digital ha transformado nuestra intimidad y está cargado de conceptos, reflexiones y muchas referencias bibliográficas. El germen de este nuevo trabajo fue su primer ensayo Cartografías del deseo amoroso (Ediciones en el mar), que llegó a las librerías a principios de 2025. En él ya había abordado, aunque de forma superficial, la intersección entre los afectos y el espacio digital y se había quedado con el gusanillo de ahondar en el tema. Esa inquietud coincidió también con el aumento de las noticias sobre IA generativa que inundan los medios de comunicación casi a diario y la naturalización de su uso para cualquier cuestión cotidiana : tanto para redactar un correo electrónico como para hacer consultas sobre angustias existenciales. Pero ¿cómo influye esto en el deseo del que habla en el título del libro? ¿Ha sido alguna vez propiedad pura de quien lo experimenta? “Todavía seguimos anclados, aunque cada vez menos, en los binomios que separan lo racional de lo emocional”, dice la autora a elDiario.es. Socialmente, se considera que lo primero se puede controlar, pero lo segundo no tanto porque “viene de dentro” de la persona y no hay agentes externos que puedan mediar en ello, según opina. Sin embargo, se trata de una cuestión cultural aunque pueda haber un porcentaje biológico: “Siempre ha habido agentes externos, ya sean la religión o el contexto geográfico, que han condicionado nuestra forma de desear y de relacionarnos con el mundo”. A estos, ahora hay que sumarles los estímulos que se reciben desde las redes sociales, dictaminados por el algoritmo, ese mecanismo controlado por las grandes corporaciones tecnológicas propiedad de los tecnoligarcas. Los nuevos dueños del mundo son hombres blancos cisheterosexuales –como casi siempre– que, desde lugares como Silicon Valley, controlan los vínculos que establecen los usuarios en sus entornos digitales. Esto ha dado lugar a lo que la investigadora Anne Helmond ha llamado “plataformización de la sociedad”, una teoría que Proenza ha recogido en su ensayo. Habitamos unas infraestructuras digitales que pertenecen a todos estos tecnooligarcas que lo que menos les interesa precisamente es conectarnos “En sus orígenes se hablaba de internet como un medio de conectar a las personas, pero esos espacios online que habitábamos se privatizaron y ahora estamos en plataformas como Amazon, Tinder o las redes sociales comerciales”, indica la escritora, “todos los intercambios simbólicos, económicos y afectivos han pasado a estar mediados por las acciones que deciden las personas que están detrás de estas grandes compañías”. Esas lógicas, que son las del turbocapitalismo, se pueden detectar también en la forma que la sociedad tiene de viajar desde hace algunas décadas. Ella ha desarrollado el concepto de “turismo relacional” para hacer la comparativa: al igual que los viajeros acumulan destinos, los usuarios de aplicaciones de citas suman conquistas sin que la calidad de la experiencia importe demasiado. El turista llega a una ciudad o un pueblo, se queda un tiempo determinado y se marcha sin importarle las problemáticas que puede causar a los vecinos que habitan esos lugares. “Es similar a lo que pasa con las relaciones: de repente una persona desaparece sin dar explicaciones y ya está, se ha ido y da igual lo que haya dejado atrás”, declara. El heterofatalismo y sus consecuencias En 2019, Asa Seresin acuñó el término “heteropesimismo” en una columna publicada en The New Inquiry, en la que hablaba de la dificultad que encuentran las mujeres heterosexuales para encontrar una pareja que se ajuste a sus estándares. Este término se ha expandido hasta convertirse en “heterofatalismo”, que denota que la situación no ha mejorado precisamente en los últimos siete años. Sin ir más lejos, en verano de 2025 se viralizó el debate sobre si “da vergüenza tener novio” en las redes sociales tras la publicación de un artículo sobre el tema firmado por Chanté Joseph en Vogue UK. Era broma, pero no tanto. Proenza da una vuelta más a ese sentimiento, asociado popularmente al género femenino, y analiza cómo ese descontento afecta también a ellos. Por supuesto, los sentimientos no son los mismos, ni mucho menos. Mientras que para las mujeres no se sienten cómodas en sus relaciones porque ya no aceptan ciertos comportamientos masculinos que hasta hace poco eran aceptables, algunos hombres sienten que son unos damnificados por el feminismo. Un pensamiento reforzado por fuerzas reaccionarias que, sobre todo en redes sociales, les incitan a la ira. “De acuerdo con ellos, los hombres están por debajo de las mujeres. Todos estos imaginarios están proliferando en redes sociales y son muy peligrosos”, señala la autora del ensayo. En ese discurso caben ideas como que para mantener relaciones, los hombres tendrán que firmar un contrato de consentimiento o quizás al día siguiente les denuncien por agresión sexual. “Que estos discursos estén en una televisión pública en prime time es un síntoma de heterofatalismo”, manifiesta Proenza, “hay muchos jóvenes que lo aplauden y que realmente se lo creen. No son conscientes, para empezar, del laberinto burocrático que supone llevar a cabo una denuncia que muchas veces acaba en nada, de toda la violencia que reciben las mujeres dentro del sistema legal”. Hay que volver a aspirar a que internet sea ese medio que nos conecte y nos permita hacer cosas que tengan un impacto en el entorno físico Esa rabia se encuentra fácilmente en los comentarios que muchas comunicadoras, políticas, creadoras de contenido y demás personas con discursos feministas o disidentes reciben en sus perfiles de redes sociales. Desde la expresión “alerta flequillo” hasta amenazas de muerte por mensaje directo, la gama de agresiones virtuales es amplia y terrorífica. Hay ejemplos de algunas mujeres que decidieron alejarse de estas plataformas como Ada Colau que, en 2021, se fue de Twitter durante un tiempo para cuidar de su salud mental. A este respecto, desarrolla en su trabajo el concepto de “violencia tecnocorporal”, que es la que se desarrolla en el entorno virtual, pero tiene consecuencias en el espacio físico. Puede ir desde el miedo a caminar por la calle hasta un ataque de ansiedad o depresión. “Si utilizas las redes sociales o internet como un medio de trabajo y estás tan expuesta a ese odio, te ves en la tesitura de decidir si sigues ahí sabiendo que tienes que soportar esto o te vas y a cambio pierdes parte de tu fuente de ingresos”. Aunque los hombres no están libres de sufrir estas agresiones, por supuesto, las mujeres, las personas racializadas, el colectivo LGTBI+ y otras identidades disidentes son las que concentran el foco de la inquina. Un nuevo uso de las conexiones Además de análisis, la escritora también ofrece propuestas en su ensayo. Una de ellas es la de imaginar un futuro en el que los vínculos– mediados o no por la tecnología– puedan sostenerse sin agotar a quien los establece. Un objetivo que, en una sociedad consumida por el cansancio, parece complicado de conseguir. “Es un camino largo porque, para empezar, hay que entender que habitamos unas infraestructuras digitales que pertenecen a todos estos tecnooligarcas que lo que menos les interesa precisamente es conectarnos”, declara, “pero las redes sociales y el espacio digital pueden estar al servicio de las personas para hacer algo por el bien común y por la comunidad”. La IA generativa no es algo tan increíble ni tan novedoso. Tiene sus problemáticas y hay muchos peligros que hay que tratar, pero creo que no hay que seguir alimentando este discurso de que va a acabar con todos nosotros Señala como ejemplo claro lo sucedido con las acampadas por el derecho a la vivienda que se crearon a finales del pasado mes de septiembre. Las redes sociales y de mensajería se convirtieron en vías de comunicación inmediata entre los acampados y el exterior, que atendía a sus necesidades en tiempo récord, además de mostrarles su apoyo en sus perfiles. “Hay mucha gente poniendo el cuerpo y creo que hay que volver a aspirar a que internet sea ese medio que nos conecte y nos permita hacer cosas que tengan un impacto en el entorno físico”, señala. En un análisis sobre cualquier aspecto del entorno digital a día de hoy sería extraño que la Inteligencia Artificial generativa no tuviese espacio. Su objetivo es “desmitificarla”, ya que considera que no es algo “tan novedoso” y que “son las propias empresas tecnológicas las que están alimentando el hype” . Para apuntalar su argumento, señala que en los años 60 el ingeniero del MIT Joseph Weizenbaum ya programó un trasunto de chatbot con el que se podía mantener una conversación. En aquel momento fue un invento revolucionario, aunque no trascendió mucho más allá del círculo científico como ha sucedido ahora. “La IA generativa no es algo tan increíble ni tan novedoso. Tiene sus problemáticas y hay muchos peligros que hay que tratar, pero creo que no hay que seguir alimentando este discurso de que va a acabar con todos nosotros ”, indica la periodista, “porque lo único que hacemos es alimentarla como un abstracto y hay personas detrás que están tomando decisiones sobre qué hace o deja de hacer”. De lo que no tiene duda es de que ha tenido un impacto en la sociedad decisivo y ha modelado la manera de actuar de las personas. Tanto desde un punto profesional como emocional: la línea que separa los dos ámbitos es muy fina porque es igual de tentador pedirle a ChatGPT que haga un Excel como pedirle consejo acerca de un problema familiar. La respuesta siempre va a ser afirmativa y adaptada a lo que quiere oír o leer el usuario. “Estos chatbots que están performando humanidad y una preocupación por ti, en gran parte de los casos, te van a dar la razón. Alimentan tu propia narrativa y tu propio discurso y eso es muy peligroso”, advierte Proenza y concluye: “Están terminando con esa capacidad que tenemos para confrontar con las otras personas, de fricción, de negociación. Todo es muy terso, eliminan esa porosidad que se encuentra en las relaciones y que es necesaria para construir una democracia en última instancia”.
Silenciar…
Descansar…
Hoy, hace 19 h
Miguel Ángel Rojas, uno de los artistas censurados en Colombia, expone en el Reina Sofía sus obras de alto voltaje político (se abre en una pestaña nueva)
El bogotano dedica una sala al disputado Tesoro Quimbaya, en poder del Museo de América en Madrid, y pide su restitución: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores" La censura ultra en Colombia decide qué es arte y qué no: de la violencia política a los encuentros en un cine gay “No se puede mirar el arte desde un lado apolítico”, afirma el artista colombiano Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) conversando con elDiario.es durante la inauguración de su exposición en Madrid. Por eso La noche , la muestra que el Museo Reina Sofía acaba de inaugurar, mantiene un compromiso político y ético firme con el arte que vive en los márgenes: desde la reivindicación de la homosexualidad hasta la crítica al extractivismo, la guerra del narco, la codicia colonial o el impacto del cambio climático. La exposición reúne en seis salas medio siglo de carrera y la profunda relación del artista con su país. Llega apenas unas semanas después de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar del Museo Nacional de Colombia Fanny (1978), un aguafuerte de Rojas, junto a decenas de piezas sobre luchas feministas, LGBTIQ+ y memoria de la violencia. Una decisión incomprensible para el artista, aunque, explica, “ha conseguido unir tanto a artistas de izquierdas como de derechas contra la censura”, y ha logrado destacar el humanismo con el que Rojas se define. Lo mismo piensa el director del museo, Manuel Segade: “Hacemos este tipo de exposiciones para que estas acciones no ocurran”, comentó a la prensa. Por su parte María Wills Londoño, recuerda que el arte de Rojas siempre ha tenido muy buena acogida en su país, y que la retirada de la obra del artista es una acción residual en su larga carrera. La obra de Rojas está profundamente ligada a la tierra, y eso se nota en los materiales, en los que a menudo incluye hojas de coca en distintos formatos. “A lo mejor está mal que lo diga aquí, pero yo soy una persona materialista”, bromea el artista. En El nuevo Dorado (2012), el trazo pixelado del Amazonas, hecho en oro, atraviesa un paisaje verde de mambe (hoja de coca en polvo), arcilla y pigmentos minerales: una denuncia del saqueo de los recursos naturales. Y, sin embargo, Rojas no quiere que se le encierre en un solo contexto. “Pienso que mis obras se ensanchan, adquieren nuevos significados”, dice. Autoconocimiento, oro, sed y restitución El recorrido empieza con Autorretrato con luz de luna (1968), una fotografía hecha con una Kodak 1A en la que el artista aparece de perfil, apenas rozado por un haz de luz. Para él es una obra fundacional: parte de la experiencia personal para hablar de un país atravesado por el duelo, donde la noche parece no acabar. Muy cerca, La Cosecha (2012) alinea 147 pequeñas cabezas precolombinas de la cultura Tumaco, hechas con maíz, cal y cemento: otro autorretrato simbólico con el que asume su vínculo con los pueblos indígenas. Y en la antesala aguarda la pieza que da título a la muestra, La noche (1980): Rojas aplicó cocaína sobre una fotografía y la selló con resina para declarar el fin de su adicción. Miguel Ángel Rojas: 'Autorretrato con luz de luna' (1964) La primera sala, El nuevo Dorado, se sumerge en las violencias del extractivismo heredado de la colonia. Aquí se estrena Carbón carbón (2026), dieciséis módulos de frottage con carbón que dibujan un territorio erosionado por los incendios y la destrucción del Amazonas, pero del que brotan, en oro, especies vivas que garantizarán su supervivencia, como son las celdas de panal de la abeja meliponina, que es la encargada de polinizar todo el Amazonas, y que Rojas menciona como el reverso optimista, la búsqueda de soluciones al desastre climático. Miguel Ángel Rojas: ''Restitución' (2009) La segunda, Sed , gira en torno al Tesoro Quimbaya , hallado en Colombia en 1890 y regalado en 1892 por el presidente Carlos Holguín Mallarino a la monarquía española. Rojas lo resume con ironía: “Está en buenas manos, pero podría estar en mejores manos en Colombia”. Para la ocasión ha producido un vídeo inédito en el que las sombras del tesoro, sobre un fondo dorado, se van desvaneciendo. Alrededor, Restitución (2009) reflexiona sobre la devolución de piezas y la importancia de reconocer a las comunidades de origen, mientras que en Las Tablas de la Ley (2018) el cobre y el oro chapado forman “In gold we trust” y una frase atribuida al boxeador Pambelé: “It is better to be rich than poor”. Mestizaje, coca y minas: el cuerpo como territorio “Yo soy el Tumaco viviente” es una de las salas más importantes, según la comisaria Wills Londoño. Rojas recuerda y se interroga por su origen mestizo y por el vínculo con la tierra heredado de su madre campesina, así, trabaja el barro, trenza fibras vegetales, procesa hojas de coca en su taller. En Buritaca (1992) la planta aparece junto al poporo, objeto ceremonial de la Sierra Nevada de Santa Marta, no como mercancía sino como un vehículo ancestral de pensamiento. En Broadway (1996/2012), las hojas de coca que sostienen las hormigas simulan el tránsito del narcotráfico. Después llega Quiebramales , la sala más dura, donde cuelga una de sus obras más míticas: David (2004), diez fotografías a gran escala hechas con José Antonio Ramos, un soldado mutilado por una mina antipersona. Se ha convertido en emblema del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. A su lado, la palabra Quiebramales , escrita con lapiceros de colores, se opone a “quiebrapatas”, como se conoce popularmente a esas minas. Miguel Ángel Rojas: 'David' (2004) “Es una obra que habla de la guerra, de las víctimas de la guerra, de las poblaciones que sufren las decisiones que se toman desde los altos gobiernos, e incluyen también a los soldados, la milicia”, cuenta Rojas. “A esos muchachos los reclutan jóvenes, les ponen un fusil, les dan un entrenamiento y los mandan a la guerra sin que sepan para quién están luchando ni por qué. Es lo más injusto de la guerra en general”. Es, añade, una imagen antibélica con un fundamento, como es el de las diferencias culturales. “La mente humana, más que el color de la piel, hace que las personas se distancien, se enfrenten y se creen enemigos”. Esas diferencias, insiste, tienen que ver con la educación. Ramos, que según el artista desciende de aquellos antioqueños que llegaron huyendo de la Inquisición, no tuvo acceso a ella y acabó de soldado raso, expuesto a los peligros de la guerra hasta que un quiebrapatas lo mutiló. “Yo uso ese cuerpo para hablar de situaciones específicas en Colombia, de esas diferencias radicadas en los niveles culturales”. De ahí que la polémica le toque de lleno. “El David es una pieza que está en la colección del museo desde hace varios años y no fue movida de su sitio, mientras otra que no es para nada explícita, pero se refería a encuentros gays en sitios en decadencia, en los que los asistentes éramos clase media o media baja, fue retirada”, explica. La oscuridad como refugio El final del recorrido es un descenso a la noche. En Cuarto oscuro , Rojas convierte la fotografía en pintura a golpe de químicos y pinceles, con pigmentos de plomo y hasta fluidos corporales, en los años del sida y del miedo, destacan sus obras Felicidad perdida (1987), Virosis (1986) y Cupido equivocado (1988). Y en Las tardes tensas regresa a los cines del centro de Bogotá, como Faenza, Imperio, Mogador, donde, entre 1975 y 1979, fotografiaba a escondidas con una Pentax en plena oscuridad, calculando la distancia contando filas de butacas y enfocando con una linterna, unas fotos que están marcadas por la rapidez, por la fugacidad, y por la experiencia. Miguel Ángel Rojas: 'Virosis' (1986) “Bajé a los sótanos más oscuros de mi experiencia”, escribe “con el firme propósito de mirar desde afuera y con distancia, a aquellas situaciones que viví, para encontrar en ellas renovación”. De ahí nacieron imágenes que son apenas insinuaciones, fantasmas de cuerpos una forma de resistir sin dejarse leer del todo. La muestra se cierra con Grano (1981) una instalación que constituye una vuelta a casa. Tan solo un suelo de baldosas hecho con tierras de colores, réplica de la intervención que Rojas hizo en 1980 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, e inspirada en el patio de la casa de sus abuelos en Girardot. En el original, una gallina paseaba sobre el dibujo y lo iba deshaciendo. Con los años, escribe el artista, se ha convertido en símbolo de los desplazamientos forzados por la guerra o el hambre. Después de atravesar la noche el visitante sale pisando tierra.
Silenciar…
Descansar…
Ayer
La denuncia de Fundación Maldita.es lleva a la Fiscalía a abrir una investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok (se abre en una pestaña nueva)
{{x.sep}} {{x.txt}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.menu}} ES | EN ES | EN {{t.apoyarCorto}} {{t.apoyarLargo}} {{g.n}} [EN PENDIENTE] {{g.tema}} {{g.fechaTxt}} {{t.politicas}} [EN PENDIENTE] {{p.antes}} {{p.tramo}} {{p.despues}} {{t.editorial}} {{t.politicas}} [EN PENDIENTE] {{p.antes}} {{p.tramo}} {{p.despues}} {{x.txt}} {{t.avisoContenido}} {{t.impacto}} La denuncia de la Fundación Maldita.es lleva a la Fiscalía a abrir una investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok Fundación Maldita.es complaint prompts the Attorney General’s Office to open an investigation into child sexual abuse on TikTok 11 noviembre 2026 11 November 2026 La Fiscalía General del Estado ha anunciado una investigación por la difusión de abuso sexual infantil y corrupción de menores en TikTok a partir de la denuncia y las pruebas presentadas por la Fundación Maldita.es. La fiscal general, Teresa Peramato, ha firmado el miércoles 11 de noviembre un decreto por el que encarga el caso a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Horas antes, el equipo de Maldita.es se había reunido con la fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante la investigación “TikTok, el hogar del pederasta” . The Attorney General’s Office has announced an investigation into the spread of child sexual abuse and the corruption of minors on TikTok, based on the complaint and evidence submitted by Fundación Maldita.es. The Attorney General, Teresa Peramato, signed a decree on Wednesday 11 November assigning the case to the Coordinating Chief Prosecutor for Cybercrime, Elvira Tejada. Hours earlier, the Maldita.es team had met with the Prosecutor’s Office to ratify the complaint and hand over the evidence gathered during the investigation “TikTok, home to predators” . La propia Fiscalía lo explica en su comunicado : “La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es”. El material aportado por Maldita.es “será objeto de inmediato análisis y valoración”, añade. The Attorney General’s Office explains it in its statement : “The investigation originates from the complaint filed with the Cybercrime Unit of the Attorney General’s Office by Maldita.es.” The material provided by Maldita.es “will be immediately analysed and assessed”, it adds. “Es una buena noticia que se investigue porque es inadmisible lo que está pasando. Nosotros hemos declarado hoy ante Fiscalía y entregado 1 terabyte con toda la evidencia recogida durante esta investigación, incluida la inacción de TikTok ante nuestras denuncias: no se trata de poner un parche, sino de arreglar un problema sistémico. Si TikTok no es capaz de cumplir sus propias normas, al menos que tenga que cumplir la ley”, declaró Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es. “It is good news that this is being investigated, because what is happening is unacceptable. Today we gave evidence before the Prosecutor’s Office and handed over 1 terabyte with all the evidence gathered during this investigation, including TikTok’s inaction in response to our reports: this is not about applying a patch, but about fixing a systemic problem. If TikTok is unable to comply with its own rules, at least it should have to comply with the law,” said Clara Jiménez Cruz, CEO of Fundación Maldita.es. La fiscal Tejada investigará los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que se hayan podido cometer en TikTok. Prosecutor Tejada will investigate possible offences relating to the production and distribution of child sexual abuse content and the corruption of minors that may have been committed on TikTok. La denuncia de Maldita.es describe la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil en TikTok. También señala que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza y que en ella se emiten en directo imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. The Maldita.es complaint describes the publication, distribution and sale of child sexual abuse material on TikTok. It also states that the platform recommends content of the same nature and that images of minors are livestreamed on it in exchange for financial rewards. Es lo que documentó la investigación , publicada el lunes 9 de noviembre: durante 35 días, Maldita.es localizó 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material. De los 50 vídeos que denunció a través de los canales de TikTok, la plataforma solo retiró cinco. This is what the investigation , published on Monday 9 November, documented: over 35 days, Maldita.es found 1,183 videos of explicit child sexual abuse with 48 million views, and more than 26,000 profiles of potential predators who comment on and share that material. Of the 50 videos it reported through TikTok’s channels, the platform removed only five. La AEPD pide a Maldita.es los enlaces para ordenar su bloqueo The AEPD asks Maldita.es for the links in order to block them La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha reaccionado a la investigación después de que el Ministerio de Juventud e Infancia le reclamara la suspensión cautelar de la plataforma en España . En un comunicado , la AEPD “reconoce el valor del periodismo de investigación” para “sacar a la luz hechos de esta gravedad” y anuncia que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. La primera es solicitar a la Fundación Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su trabajo de investigación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos de menores. The Spanish Data Protection Agency (AEPD) has also reacted to the investigation, after the Ministry of Youth and Childhood called on it to suspend the platform in Spain as an interim measure . In a statement , the AEPD “recognises the value of investigative journalism” in “bringing to light events of this seriousness” and announces that it has taken action within its remit. The first step is to ask Fundación Maldita.es for the list of links where, according to its investigative work, minors’ data is being unlawfully processed. Con esa información, la AEPD requerirá a TikTok que explique qué ha hecho para retirar los contenidos denunciados. Después ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Además, trasladará toda la información a la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde TikTok tiene su sede europea, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, según su propia publicación. With that information, the AEPD will require TikTok to explain what it has done to remove the reported content. It will then order access to be blocked to the specific links and content that involve the unlawful processing of minors’ data. It will also pass on all the information to the data protection authority in Ireland, where TikTok has its European headquarters, to the European Data Protection Board and to the European Commission, given its powers under the Digital Services Act, according to its own statement. TikTok no cumple sus propias normas de protección a los menores. ¿Cuánto más vamos a esperar? Ayúdanos a exigirle responsabilidades. TikTok doesn’t follow its own child protection rules. How much longer are we going to wait? Help us hold it to account. {{t.cadaCuanto}} {{t.unaVez}} {{t.pagoPuntual}} {{t.cadaMes}} {{t.apoyoContinuo}} {{t.cadaAnio}} {{t.cobroAnual}} {{t.cuanto}} {{a.tag}} {{a.txt}} {{a.unidad}} {{t.otraCantidad}} {{t.otraCantidadEuros}} € {{don.error}} {{don.texto}} {{don.texto}} {{t.pagoSeguro}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.leer}} {{g.tit}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{imp.nuevaPestana}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{g.desc}} 1 {{imp.de}} {{g.nPag}} [EN PENDIENTE] {{t.avisoLargo}} {{imgText}}
Silenciar…
Descansar…
Fundación Maldita.es complaint prompts the Attorney General’s Office to open an investigation into child sexual abuse on TikTok (se abre en una pestaña nueva)
{{x.sep}} {{x.txt}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.menu}} ES | EN ES | EN {{t.apoyarCorto}} {{t.apoyarLargo}} {{g.n}} [EN PENDIENTE] {{g.tema}} {{g.fechaTxt}} {{t.politicas}} [EN PENDIENTE] {{p.antes}} {{p.tramo}} {{p.despues}} {{t.editorial}} {{t.politicas}} [EN PENDIENTE] {{p.antes}} {{p.tramo}} {{p.despues}} {{x.txt}} {{t.avisoContenido}} {{t.impacto}} La denuncia de la Fundación Maldita.es lleva a la Fiscalía a abrir una investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok Fundación Maldita.es complaint prompts the Attorney General’s Office to open an investigation into child sexual abuse on TikTok 11 noviembre 2026 11 November 2026 La Fiscalía General del Estado ha anunciado una investigación por la difusión de abuso sexual infantil y corrupción de menores en TikTok a partir de la denuncia y las pruebas presentadas por la Fundación Maldita.es. La fiscal general, Teresa Peramato, ha firmado el miércoles 11 de noviembre un decreto por el que encarga el caso a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Horas antes, el equipo de Maldita.es se había reunido con la fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante la investigación “TikTok, el hogar del pederasta” . The Attorney General’s Office has announced an investigation into the spread of child sexual abuse and the corruption of minors on TikTok, based on the complaint and evidence submitted by Fundación Maldita.es. The Attorney General, Teresa Peramato, signed a decree on Wednesday 11 November assigning the case to the Coordinating Chief Prosecutor for Cybercrime, Elvira Tejada. Hours earlier, the Maldita.es team had met with the Prosecutor’s Office to ratify the complaint and hand over the evidence gathered during the investigation “TikTok, home to predators” . La propia Fiscalía lo explica en su comunicado : “La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es”. El material aportado por Maldita.es “será objeto de inmediato análisis y valoración”, añade. The Attorney General’s Office explains it in its statement : “The investigation originates from the complaint filed with the Cybercrime Unit of the Attorney General’s Office by Maldita.es.” The material provided by Maldita.es “will be immediately analysed and assessed”, it adds. “Es una buena noticia que se investigue porque es inadmisible lo que está pasando. Nosotros hemos declarado hoy ante Fiscalía y entregado 1 terabyte con toda la evidencia recogida durante esta investigación, incluida la inacción de TikTok ante nuestras denuncias: no se trata de poner un parche, sino de arreglar un problema sistémico. Si TikTok no es capaz de cumplir sus propias normas, al menos que tenga que cumplir la ley”, declaró Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es. “It is good news that this is being investigated, because what is happening is unacceptable. Today we gave evidence before the Prosecutor’s Office and handed over 1 terabyte with all the evidence gathered during this investigation, including TikTok’s inaction in response to our reports: this is not about applying a patch, but about fixing a systemic problem. If TikTok is unable to comply with its own rules, at least it should have to comply with the law,” said Clara Jiménez Cruz, CEO of Fundación Maldita.es. La fiscal Tejada investigará los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que se hayan podido cometer en TikTok. Prosecutor Tejada will investigate possible offences relating to the production and distribution of child sexual abuse content and the corruption of minors that may have been committed on TikTok. La denuncia de Maldita.es describe la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil en TikTok. También señala que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza y que en ella se emiten en directo imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. The Maldita.es complaint describes the publication, distribution and sale of child sexual abuse material on TikTok. It also states that the platform recommends content of the same nature and that images of minors are livestreamed on it in exchange for financial rewards. Es lo que documentó la investigación , publicada el lunes 9 de noviembre: durante 35 días, Maldita.es localizó 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material. De los 50 vídeos que denunció a través de los canales de TikTok, la plataforma solo retiró cinco. This is what the investigation , published on Monday 9 November, documented: over 35 days, Maldita.es found 1,183 videos of explicit child sexual abuse with 48 million views, and more than 26,000 profiles of potential predators who comment on and share that material. Of the 50 videos it reported through TikTok’s channels, the platform removed only five. La AEPD pide a Maldita.es los enlaces para ordenar su bloqueo The AEPD asks Maldita.es for the links in order to block them La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha reaccionado a la investigación después de que el Ministerio de Juventud e Infancia le reclamara la suspensión cautelar de la plataforma en España . En un comunicado , la AEPD “reconoce el valor del periodismo de investigación” para “sacar a la luz hechos de esta gravedad” y anuncia que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. La primera es solicitar a la Fundación Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su trabajo de investigación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos de menores. The Spanish Data Protection Agency (AEPD) has also reacted to the investigation, after the Ministry of Youth and Childhood called on it to suspend the platform in Spain as an interim measure . In a statement , the AEPD “recognises the value of investigative journalism” in “bringing to light events of this seriousness” and announces that it has taken action within its remit. The first step is to ask Fundación Maldita.es for the list of links where, according to its investigative work, minors’ data is being unlawfully processed. Con esa información, la AEPD requerirá a TikTok que explique qué ha hecho para retirar los contenidos denunciados. Después ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Además, trasladará toda la información a la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde TikTok tiene su sede europea, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, según su propia publicación. With that information, the AEPD will require TikTok to explain what it has done to remove the reported content. It will then order access to be blocked to the specific links and content that involve the unlawful processing of minors’ data. It will also pass on all the information to the data protection authority in Ireland, where TikTok has its European headquarters, to the European Data Protection Board and to the European Commission, given its powers under the Digital Services Act, according to its own statement. TikTok no cumple sus propias normas de protección a los menores. ¿Cuánto más vamos a esperar? Ayúdanos a exigirle responsabilidades. TikTok doesn’t follow its own child protection rules. How much longer are we going to wait? Help us hold it to account. {{t.cadaCuanto}} {{t.unaVez}} {{t.pagoPuntual}} {{t.cadaMes}} {{t.apoyoContinuo}} {{t.cadaAnio}} {{t.cobroAnual}} {{t.cuanto}} {{a.tag}} {{a.txt}} {{a.unidad}} {{t.otraCantidad}} {{t.otraCantidadEuros}} € {{don.error}} {{don.texto}} {{don.texto}} {{t.pagoSeguro}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.leer}} {{g.tit}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{imp.nuevaPestana}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{g.desc}} 1 {{imp.de}} {{g.nPag}} [EN PENDIENTE] {{t.avisoLargo}} {{imgText}}
Silenciar…
Descansar…
Hace 2 días
Foment y Pimec apuntan a un seguimiento bajo y denuncian las afectaciones en el transporte (se abre en una pestaña nueva)
La patronal de pymes denuncia que un seguimiento del 8,3% ha provocado un impacto en el 27,5% de las empresas
Silenciar…
Descansar…
Hace 4 días
Lee Chang-Dong: “El cine suele consumir a las personas como simple material, incluso las explota” (se abre en una pestaña nueva)
El director coreano regresa gracias a Netflix con 'Un amor posible', una magistral exploración sobre la vampirización del cine y cómo retrata este a la clase obrera Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, David Uclés y más de 800 firmas apoyan la huelga del 11N: “La cultura también para” El cine siempre ha vivido en la contradicción. Desde aquella imagen fundacional de los trabajadores saliendo de la fábrica, la fricción entre quienes cuentan las historias y quienes las habitan está presente. En aquellos pocos segundos de imagen, eran sus jefes, los hermanos Lumière, los que decidieron usar a sus obreros como la materia prima de una de sus primeras creaciones. Aquella jerarquía ha persistido hasta la actualidad e incluso se ha acentuado con el alto precio de las escuelas de cine a las que pertenecen un gran porcentaje de los directores. Cuando suele manifestarse de forma más evidente es en el cine social. ¿Puede un director de una clase alta retratar de forma honesta y sin paternalismos a la clase obrera? ¿Hay un regodeo en el miserabilismo y la desgracia de quienes no conocen de primera mano esa realidad? Las dudas siempre están ahí. Eso no quiere decir que un director no pueda contar historias que no correspondan a su estatus, pero sí que debe pensar bien en cómo lo hace, en la ética de las imágenes. Eso que tan bien resume la frase atribuida a Godard sobre la puesta en escena: “Un travelling es una cuestión moral”. Uno de los cineastas que mejor ha entendido todo eso es el coreano Lee Chang-Dong (que además de director escribe poesía y fue ministro de Cultura de Corea del Sur ). La clase ha atravesado todos sus trabajos. Cómo enfrentaban los ricos el crimen que habían cometido sus hijos en la magistral Poetry no tenía nada que ver con cómo lo hacía aquella abuela que perdía la memoria. La clase anidaba en el triángulo amoroso de Burning, su soberbia adaptación de Murakami. Lo que antes estaba en su núcleo, palpitando, ahora se ha convertido en el centro de la historia en su nueva película, Un amor posible, León de Plata en el Festival de Venecia y una de las mejores películas del año. En ella, el cineasta cuenta la historia de una documentalista que está haciendo una película sobre una huelga de trabajadores que acabó en una violenta carga policial. Con sus mejores intenciones, la cineasta entablará una relación con la mujer de una de las víctimas. La película se plantea, desde su título, si esa relación de amor fraternal o amistoso es posible cuando hay una separación de clase enorme, y cuando una autora lo que quiere es sacar el mejor material posible. ¿Hay honestidad cuando todo se construye en torno a una explotación comercial, aunque sea en forma de cine de denuncia social? La directora vampira irá chupando poco a poco la sangre de esos trabajadores que dejaron su cuerpo en la calle mientras su marido se dedicaba a comprar empresas. Es una película inteligente, sutil, llena de capas y con una puesta en escena que nunca cae en lo que denuncia. Para realizarla han pasado ocho años. Desde 2018, cuando estrenó Burning, no había rodado ningún largometraje, unos tiempos a los que son habituales para él, pero que también dejan claro el cuidado con el que elabora cada obra. En el caso de Un amor posible la idea nació antes de su anterior filme, cuando una gran empresa coreana realizó una ola de despidos masivos que provocó una huelga que fue reprimida por el Estado. “Fue un impacto enorme para la sociedad coreana; yo mismo quedé profundamente conmocionado”, recuerda. Se puso a escribir el guion, pero no le convencía del todo. “No lograba encontrar la convicción necesaria para responder a ciertas preguntas: ¿qué significa abordar esto en un largometraje de ficción en lugar de hacerlo en formato documental? ¿Y hasta qué punto puedo ser honesto al narrar esta historia? Al no poder responder a estas cuestiones con plena convicción, decidí detener el proceso y dejar el proyecto en suspenso”, cuenta el director a elDiario.es. A veces actuamos como vampiros que codician esas experiencias. Por eso, la ética detrás de la cámara es algo que todos debemos tener presente Lee Chang-Dong — cineasta En 2024 fue cuando tuvo la idea de “incorporar la mirada y la perspectiva de un documentalista a la trama”. “Fue entonces cuando sentí que esta también podía ser una historia que yo mismo debía contar, aportando mi propia actitud, mi mirada y mi ética como la persona que sostiene la cámara. Al adoptar esa estructura narrativa, el proyecto cobró vida de nuevo, porque sentí que, efectivamente, era una historia que me correspondía contar a mí”, justifica. Para el cineasta, ese dilema no es solo el de su personaje, “sino el de cualquiera que sostenga una cámara”. “Esa es, en esencia, nuestra naturaleza cuando nos enfrentamos al dolor y al drama ajenos: a veces actuamos como vampiros que codician esas experiencias. Por eso, la ética detrás de la cámara es algo que todos debemos tener presente y sobre lo que debemos reflexionar. En la película, Ye-ji quiere capturar las vidas de trabajadores despedidos, y esa es, precisamente, la naturaleza de su mirada a través de la cámara. Aunque ella intenta querer de forma sincera a sus protagonistas, al mismo tiempo utiliza su dolor; llega incluso a dramatizarlo, provocando que ese sufrimiento se despliegue ante el objetivo”, cuenta sobre su filme. Por ello cree que ese es el desafío que tienen por delante, no solo los documentalistas, sino “los cineastas en general”. “Cuando se abordan temas como la guerra, las víctimas de la violencia o las minorías, el cine de ficción a menudo consume estas realidades como simple material, llegando incluso a la explotación. Como se trata de ficción, solemos escudarnos en la idea de que es producto de nuestra imaginación, lo que a veces debilita la conciencia ética. En cambio, los documentalistas, al trabajar de manera tan estrecha con personas en sus vidas reales, se enfrentan a cuestiones éticas de una forma mucho más directa”, subraya. Un fotograma de 'Un amor posible' Él procura pensar en la repercusión de la forma de rodar, pero cree que muchas veces “el cine no se detiene en este tipo de cuestiones y simplemente se centra en lo que resulta más dramático, provocador o entretenido”. “Esa es una manera de hacer cine. Sin embargo, creo que, para cineastas como yo, siempre llegan momentos en los que hay que tomar una decisión al respecto. Aunque algunas de estas elecciones puedan parecer decisiones puramente técnicas, considero que, en realidad, tienen mucho que ver con la ‘actitud’ de la cámara. Y es algo en lo que siempre pienso durante todo el proceso de rodaje e incluso a lo largo de la etapa de montaje”, añade. Si le tocara responder a la pregunta que plantea su película, si ese amor es posible, Lee Chang-Dong no se definiría como “optimista”. “No lo soy con respecto a la división de clases, porque la brecha entre clases solo aumenta con el tiempo. En el pasado, las clases parecían estar adyacentes entre sí, como si fueran pisos diferentes. Ahora no es así, la distancia es tan inmensa… Y no se trata solo de trabajadores que han sido despedidos. Muchas personas hoy en día se sienten muy inseguras acerca de su trabajo y sus empleos. Sienten que ya no se reconoce el valor de su trabajo y hay una sensación de crisis. Eso ha llevado a una gran ira que está consumiendo la vida de muchas personas. En esta época en la que vivimos ¿cómo hacemos para reclamar esa idea del sentido de uno mismo y de nuestra propia identidad?, ¿cómo seguimos luchando para proteger y conservar nuestra dignidad humana? Estas son preguntas en las que quería pensar con el público, por eso hice esta película”, confiesa. No soy optimista respecto a la división de clases, porque la brecha entre clases solo aumenta con el tiempo Lee Chang-Dong — cineasta Una de las peculiaridades de Un amor posible es que ha sido producida por Netflix, que ahora la estrena dentro de la plataforma. Un giro sorprendente para un filme del director coreano, famoso por sus tempos pausados que son lo contrario a lo que manda el logaritmo. La compañía salvó el filme en el último minuto. El propio Chang-Dong lo cuenta sin problema. Explica que Netflix ya se había interesado en el filme cuando leyeron el guion, pero que él decidió que no entraran para asegurar el estreno en cines. Cuando hasta el último minuto no lograron la financiación, tomó la decisión de decirles que sí. Ahora solo tiene palabras de agradecimiento, porque de alguna forma se ha producido gracias a ellos: “Netflix fue muy paciente con nosotros y esperó durante todo el proceso hasta que tomamos la decisión. Desde el primer momento sabía que no habría ningún tipo de interferencia ni obstáculo con respecto a mi proceso creativo. No me dieron ni siquiera una sola nota, de hecho. Así que sentí que mi libertad creativa era plenamente respetada”.
Silenciar…
Descansar…
Hace 7 días
España lidera la primera movilización europea contra los centros de datos: “Las promesas de la IA son falsas” (se abre en una pestaña nueva)
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
Silenciar…
Descansar…
No se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital, OKDiario. El resto de medios se actualiza con normalidad.