El pívot zaragozano firmó 11 puntos en la derrota de Oklahoma, pero ya es el quinto español que alcanza antes los 100 puntos: en solo 12 partidos
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
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El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. 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Un jugador del CD Fleta, YH, ha sido sancionado por el Subcomité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial de la Real Federación Aragonesa de Fútbol a una sanción de dos años de suspensión de la licencia federativa por agredir a un rival del Atlético Hiberus en el partido de Tercera Regional disputado el pasado 2 de noviembre. El jugador sancionado propinó una patada en la cabeza al agredido que le provocó la pérdida de conocimiento.
Las comunicaciones se están llevando a cabo por sistemas alternativos a la espera de que se restablezca Outlook.
Cambios en la cúpula del transporte ferroviario español. El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado el nombramiento de Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente de Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva presidenta de Renfe. Sustituirán a Luis Pedro Marco de la Peña y a Álvaro Fernández Heredia, respectivamente. Suponen los primeros cambios de calado en la estructura de las dos empresas públicas después del accidente ferroviario de Urda, que ha provocado 69 muertos, y la dimisión de Óscar Puente como ministro.
Esta situación dejará una semana marcada por las precipitaciones en numerosas regiones de España, con acumulados de lluvia especialmente importantes en Galicia.
Los principales partidos han iniciado la carrera hacia las elecciones generales con actos en Zaragoza, Huesca y Teruel, donde se disputarán los 13 escaños aragoneses del Congreso
Opinador habitual en diferentes espacios sobre economía, empleo y emprendimiento, aporta su visión sobre una de las patas más importantes de la población española.
Afrontan dos semanas clave para convencer a los indecisos y movilizar a su electorado. Vivienda, economía, servicios públicos e inmigración, ejes centrales de los programas.
En los últimos 4 años el PIB real de España ha crecido lo mismo que en los 17 años anteriores, en torno a un 15% acumulado. La publicación por parte del INE de la Contabilidad Regional nos permite una primera valoración de cómo se están comportando las diferentes CCAA y ciudades autónomas en este periodo expansivo, tanto en términos reales como en términos per cápita. Y hay algunas sorpresas El pasado 30 de septiembre el INE publicó la Contabilidad Regional de España para el periodo 2000-2025. Aunque no disponemos de la información para 2026, los datos nos permiten tener una primera valoración de cómo se están comportando relativamente las comunidades autónomas (CCAA) en la actual fase de expansión. Lo primero que hay que hacer es acotar el periodo de “boom económico” pues, tal y como recoge el siguiente gráfico, la evolución del PIB real en niveles, está muy condicionado por el efecto salida del impacto de la pandemia en 2020. Ignorando el efecto de rebote de 2021, año en el que el PIB real creció casi un 7%, y tomando como punto de partida el año 2022, podemos comprobar que el crecimiento del PIB real de los últimos 4 años, hasta 2025, ha sido equivalente al de los 17 años anteriores (en torno a un 15% real acumulado). Y, si suponemos que el de este año 2026 va a ser 2,6%, como parece indicar el consenso, nos tendríamos que ir a un período de 18 años. Por tanto, definiré el “actual periodo expansivo” para las comparaciones regionales como el que abarca 2022-2025, ambos inclusive, y lo compararé con el periodo 2005-2021, en los que tuvo lugar tanto la Gran Recesión financiera de 2008 y el consiguiente pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, seguido por la crisis de deuda de la zona euro, además de la pandemia de 2020, que frustró cuatro años de recuperación económica, aunque fuera de forma transitoria. En la Tabla 1 presento el crecimiento acumulado del PIB real en los dos subperiodos considerados. Para el total de España, tal y como se han escogido los periodos, el crecimiento ha ido equivalente: un 15,1% acumulado en los últimos 4 años y un 14,9% en los 17 años anteriores. En el primer subperíodo, en el que engloba las dos crisis mencionadas, hay mucha disparidad en el crecimiento. De las 19 regiones (17 CCAA y las dos ciudades autónomas) solamente cinco crecieron por encima del 14,9% medio nacional: Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra, siendo Madrid la que tuvo mejor desempeño. País Vasco y Cataluña se movieron más o menos como la media nacional, pese a las turbulencias asociadas al “ procés ”. En cuanto a las CCAA que peor lo hicieron, destacan Asturias, Castilla y León, Cantabria, Canarias y la Rioja. Pero especialmente negativo fue el resultado de Ceuta y Melilla, con un crecimiento acumulado negativo del -6,2 y -5,4%, respectivamente en esos 17 años. En estos resultados no sólo influye el impacto de la crisis financiera y de la pandemia sobre el turismo, del que dependen muchas economías regionales, sino también de la evolución de la población, lo que se considera como la “España vaciada”. Más adelante corregiremos este efecto tomando en cuenta la renta per cápita. En el actual boom económico, segunda columna de la tabla, también hay una gran disparidad. Las regiones que más han crecido han sido Baleares y Canarias, posiblemente por el impacto de la favorable evolución del turismo. Y, por encima de la media, apenas crecieron, además de las islas, Madrid y Cataluña. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Castilla y León y las ciudades autónomas están creciendo por debajo del promedio nacional. Pero lo más interesante de la Tabla 1 es comprobar a qué regiones les está yendo mejor (en azul) o peor (en amarillo) en este boom económico en relación a cómo les fue en los 17 años anteriores. Baleares y Canarias son las que más han mejorado. Curiosamente, también lo han hecho Ceuta y Melilla, así como Asturias, Castilla y León y, en menor medida, Andalucía y La Rioja. Por el contrario, las que más han empeorado en el actual boom están siendo Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha. Como mencionaba anteriormente, es posible que parte de estos crecimientos, sobre todo los que se refieren al primer período de 17 años, puede estar influido por una evolución desfavorable de la población. Por ejemplo, tanto las ciudades autónomas como Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León han tenido un crecimiento prácticamente nulo en los últimos años, lo que les ha podido condicionar el crecimiento de su PIB real. Por ello, en la Tabla 2 recojo la evolución relativa de la renta per cápita (PIB dividido por población) en los dos subperiodos considerados, tomando la media nacional como valor igual a 100. Es importante señalar que el INE publica estos valores en términos nominales, por lo que pueden verse distorsionados por la diferente evolución de la inflación. Yendo directamente a la tercera columna, las regiones que han ganado renta per cápita relativa en este boom están siendo Extremadura, Galicia, Aragón, Asturias y Baleares. En algunos de estos casos, se trata de “convergencia” a la media nacional, como es el caso de Extremadura, Galicia y Asturias, mientras que en el caso de Baleares y Aragón divergen en la medida en que avanzan en una renta per cápita que ya estaba por encima del promedio nacional. Andalucía no ha convergido a la media nacional y Murcia y Castilla-La Mancha han divergido. Las regiones que han sufrido un mayor retroceso relativo en la renta per cápita han sido Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, La Rioja y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Estas últimas han recuperado crecimiento en este boom económico, pero lo han hecho a un ritmo inferior al promedio nacional. En resumen, el actual boom económico está teniendo un impacto desigual sobre las regiones españolas. Tanto la evolución del turismo como de la población han podido tener un impacto diferencial relevante.
📲 ¡Pincha aquí y sigue el canal de WhatsApp de Maldita.es para que no te la cuelen! ¿De qué hablamos en este tema? ¿Qué cambios se han introducido? ¿Quién había aprobado que se pudiera votar utilizando el DNI digital? ¿Quién compone la Junta Electoral Central? ¿Se trata de una reforma introducida por el Gobierno? ¿Se puede utilizar la app MiDGT para acreditar la identidad en una votación? ¿El voto con DNI digital se ha usado ya en algunas elecciones? La falta del QR: la gran crítica a este cambio. ¿Cómo funciona y qué implicaciones tiene en el voto? ¿Posibilita esto un fraude electoral? ¿Se pueden generar identidades falsas de personas para votar? ¿Qué habría que hacer y saber para votar suplantando a otra persona? ¿A qué penas se exponen quienes votan con una identidad falsa? ¿Qué cambios se han introducido? Desde el 5 de noviembre de 2026 , tras la autorización de la Junta Electoral Central (JEC), se puede votar con un DNI físico y digital . Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se pudo votar así en las elecciones autonómicas de Extremadura (diciembre de 2025), Aragón (8 de febrero de 2026) y Castilla y León (15 de marzo de 2026). La JEC suspendió el 26 de marzo esta posibilidad hasta que se garantizase un método seguro de identificación electrónica del votante. El 27 de octubre de 2026, en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre , el Consejo de Ministros acordó preparar las mesas electorales para que los votantes puedan identificarse con la aplicación MiDNI al dotarlas de un dispositivo de lectura de código QR . La orden , publicada el 29 de octubre de 2026 en el BOE, encarga a Correos que entregue y recoja “los dispositivos necesarios para que la Mesa pueda garantizar el uso de la aplicación MiDNI por parte del electorado en el momento de la identificación de cada votante” . El 18 de septiembre de 2025 , la Junta Electoral Central (JEC) señaló que el DNI digital era “un medio de acreditación de la identidad del votante válido por ser un documento oficial que incluye la fotografía del votante”. Pero el 26 de marzo , tras un escrito del Partido Popular y la Junta de Andalucía, la JEC suspendió los acuerdos relativos a este asunto de 2023 , 2025 y 2026 hasta que “se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura”. ¿Quién había aprobado que se pudiera votar utilizando el DNI digital? La Junta Electoral Central aprobó el uso del DNI digital el 5 de noviembre de 2026 para identificarse al votar . Según explican en el acta 334/2026 , lo han aprobado tras revisar el acuerdo de marzo de 2026, en el que se suspendía el uso de MiDNI y MiDGT como medio de identificación ante la Mesa electoral. Hasta entonces ha estado suspendido hasta que se garantizase “un dispositivo en cada Mesa Electoral con acceso a la aplicación MiDNI”. La formación Iustitia Europa interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando “la adopción urgente de medidas cautelarísimas, inaudita parte ( sin escuchar a la parte afectada ), ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ”. Según la Agencia EFE , el 10 de noviembre de 2026 el Supremo rechazó suspender de manera urgente esta decisión de la Junta Electoral Central. El gabinete de prensa del Tribunal Supremo aseguró a Maldita.es a través de una conversación telefónica que se ha dado de plazo hasta el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas a la Junta Electoral Central para personarse y presentar alegaciones. El Ministerio del Interior admitió en un informe que votar sin QR no da “plena seguridad". Interior envió a la JEC un informe de la Policía Nacional que “acredita la plena seguridad de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad mediante la lectura de un código QR” . Se trata de un cambio de criterio respecto a su posición anterior, cuando destacó en un informe que la solicitud de un código QR implicaba "un mayor requisito de control para la versión digital del DNI, que la que existe en relación con el documento físico, sin que exista una justificación para ello". ¿Quién compone la Junta Electoral Central? La ley electoral (LOREG) establece en su artículo 9 que este organismo, que se conforma al inicio de cada legislatura, lo componen ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo que se eligen en un sorteo realizado por el Consejo General del Poder Judicial y cinco vocales , catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología en activo, designados a propuesta de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El presidente y vicepresidente de la JEC se eligen entre los magistrados en la sesión constitutiva del órgano. También estarán sentados en la JEC el secretario general del Congreso de los Diputados y el director de la Oficina del Censo Electoral. Este último, con voz pero sin voto . En este enlace puedes consultar a los miembros de la Junta Electoral Central desde el 6 de febrero de 2025 en la XV legislatura. ¿Se trata de una reforma introducida por el Gobierno? La reforma la planteó el Gobierno de España en 2025, pero fue aprobada por la Junta Electoral Central . En abril de 2025, cuando se presentó el DNI digital, ya se recogía el “ ejercer su derecho al voto ” como uno de los posibles usos de la versión electrónica del DNI para acreditar la identidad del titular. ¿Se puede utilizar la app MiDGT para acreditar la identidad en una votación? Desde 2023 y hasta las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 . La Junta Electoral Central acordó el 16 de febrero de 2023 como “un medio de acreditación de la identidad válido” del votante la presentación del carnet de conducir a través de la aplicación MiDGT. Según explica este órgano, se trata de un “documento oficial que incluye la fotografía del votante”, como establece el artículo 85.1 de la LOREG. Pero el 26 de marzo suspendió su uso hasta que se pueda “garantizar” que el uso de estas apps sea “seguro”. ¿El voto con DNI digital se ha usado ya en algunas elecciones? Sí, con el DNI digital se pudo votar en las últimas autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León . Por ejemplo, la Junta Electoral de Aragón publicó una resolución el 24 de enero de 2026 en la que confirma la validez del votante “mediante el acceso por su titular” a la app MiDNI “delante de los miembros de la mesa”. Maldita.es preguntó en marzo de 2026 a las juntas electorales provinciales y autonómicas de Castilla y León, Aragón y Extremadura si tienen constancia de que se haya usado el DNI digital para identificarse en las mesas electorales, pero a fecha de publicación de este artículo no hemos obtenido respuesta de todas ellas. La Junta Electoral de Extremadura indicó a Maldita.es por email que “ no constan incidencias ” y la Junta Electoral Provincial de Cáceres aseguró por teléfono a Maldita.es que no han tenido notificaciones de incidencias por esta materia. La Junta Electoral de la provincia de Soria indicó a Maldita.es que tuvo constancia de al menos un uso del DNI digital en los comicios del 15 de marzo de 2026, pero no se registraron incidencias . Por su parte, en la provincia de Valladolid tampoco han tenido conocimiento de problemas con la app. En Zamora aseguran a Maldita.es no haber recibido llamadas con incidencias por el uso de MiDNI , y sí tienen constancia de que se utilizó tanto esta aplicación como la de la DGT para votar. El 17 de marzo, las juntas provinciales de Teruel y Huesca respondieron que “ La falta del QR: la gran crítica a este cambio. ¿Cómo funciona y qué implicaciones tiene en el voto? La app MiDNI genera códigos QR temporales, que duran unos segundos y están validados por la Policía Nacional , para acreditar la identidad de los votantes, del mismo modo que los genera para habilitar otros trámites administrativos. La Policía Nacional explica en la web del DNI electrónico que el QR “ha sido generado por Policía Nacional y te da la seguridad de que tus datos son auténticos en ese mismo momento” . Es decir, sin el QR no es posible garantizar que los datos que se muestran en la pantalla de la aplicación son reales y que no hayan sido manipulados. Este QR conecta con un registro centralizado con la Policía Nacional a través de un QR . Un DNI digital sin QR no permitiría saber si el DNI mostrado es efectivamente el real, igual que una fotocopia del DNI no permite probar que el DNI físico es como la fotocopia muestra. Cuando enseñas tu DNI físico, la propia existencia del DNI es ya una barrera a la falsificación. No todo el mundo puede falsificar un DNI, porque generar esa tarjeta de plástico ya necesita unos materiales y una maquinaria especializada. Por eso el QR, según la propia web del Ministerio del Interior , “garantiza que los datos son auténticos en ese mismo momento”. La persona que lo escanea ve los datos reales asociados a ese QR en una pantalla distinta a la de la persona que se quiere identificar. Esos datos, y ese QR, no se pueden falsear. La JEC aprobó su uso el 5 de noviembre de 2026 después de que el Ministerio del Interior confirmase que las mesas electorales de los comicios del 29 de noviembre dispondrán de un dispositivo con cámara y navegador que tiene incorporado el verificador QR de la web oficial de MiDNI . Según el acta 334/2026 , “permite comprobar con todas las garantías necesarias el código QR temporal generado por la aplicación, el cual deberá abrirse delante de la Mesa” . Esto supone un cambio de criterio respecto a lo que la JEC aseguró el 5 de marzo de 2026, argumentando que no es necesario generar el código QR , al indicar que “ es suficiente con acceder por su titular a la aplicación denominada "MiDNI" delante de los miembros de la mesa electoral y a la vista del documento de identidad con fotografía que se genera en el dispositivo”. En las resoluciones publicadas en 2026 por la Junta Electoral de Castilla y León y la Junta Electoral de Aragón se recogía lo mismo que establece la JEC: solo era necesario abrir la app MiDNI o MiDGT delante de los miembros de la mesa electoral y dejarlo a la vista “sin necesidad de generar un código QR”. ¿Posibilita esto un fraude electoral? La identificación sin validar el QR podría permitir que alguien, conociendo los datos de identidad y censales de otra persona (DNI, fecha de nacimiento, en qué mesa vota…) pudiera generar una versión manipulada con el objetivo de emitir este voto. El sistema puede ser más o menos sofisticado: desde generar sólo una captura de la aplicación a generar un clon de la aplicación que se pueda abrir como el original, mostrando la identidad manipulada. La escala aumentaría si un gran número de personas se organizara y tuvieran el acceso a los datos necesarios. Individualmente el riesgo se limita a las personas que conoces o a cuyos datos tengas acceso , pero en el caso de un conjunto de personas organizadas con acceso al censo e información potencialmente recogida de elecciones anteriores, como abstencionistas habituales, el riesgo y la escala aumentan. ¿Se pueden generar identidades falsas de personas para votar? No puedes votar con una identidad inventada, hay que estar en el censo . Para ejercer el derecho a voto hay que estar inscrito en el censo, como recoge el artículo 2.2 del Régimen Electoral General. Y, además, hay que estar empadronado para constar en el censo, un trámite que realizan los ayuntamientos (artículo 32.2). Por tanto, no puedes crear una identidad con inteligencia artificial e ir a votar: en la mesa tienen un listado con el nombre y DNI de las personas censadas que pueden ejercer el derecho a voto. ¿Qué habría que hacer y saber para votar suplantando a otra persona? Como ya te explicamos en Maldita.es para poder suplantar la identidad de un votante habría que tener acceso a la siguiente información: Conocer sus datos censales : saber que la persona a la que vamos a suplantar está inscrita en el censo, en qué mesa vota, nombre y apellidos y DNI. Estar seguro de que no ha votado anteriormente dado que los miembros de la mesa anotan cuando alguien que está en el censo ya ha votado. Que nadie lo impugne (interventores, apoderados, miembros de la mesa, etc). ¿A qué penas se exponen quienes votan con una identidad falsa? Votar con un DNI falsificado, ya sea con inteligencia artificial o con otro método, es un delito . Pero no solo al ir a votar, porque la falsedad documental también se castiga en otros contextos. La ley electoral (LOREG), en su artículo 142, indica que votar “dos o más veces en las mismas elecciones o votar sin capacidad para hacerlo supone una pena de prisión de seis meses a dos años, multa de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años”. Además, votar empleando un DNI falsificado implica un delito de falsedad documental . El artículo 392 del Código Penal castiga con penas de cárcel de seis meses a tres años, más multas de seis a doce meses, a los particulares que alteren o simulen un DNI. La suplantación de identidad , llamada "usurpación del estado civil" según el Código Penal, también supone penas de prisión de seis meses a tres años. ¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) *En una versión anterior de este artículo ponía que para poder suplantar la identidad de un votante había que conocer, entre otra información, su fecha y lugar de nacimiento y su grado de escolaridad. El 16/03/2026 hemos retirado la mención a estos datos. *Artículo actualizado el 17/03/2026 para incluir las respuestas de las juntas provinciales de Teruel y Huesca. *Artículo actualizado el 26/03/2026 para incluir la suspensión por parte de la JEC del uso del DNI digital. *Artículo actualizado el 27/03/2026 para añadir que el Ministerio del Interior afirma que ha enviado a la JEC un informe de la Policía Nacional que “acredita la plena seguridad de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad mediante la lectura de un código QR”. *Artículo actualizado el 11/11/2026 para incluir la autorización por parte de la JEC del uso del DNI digital en los próximos comicios.
