Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
El crecimiento de la población se está ralentizando, pero todavía aumenta a ritmos de más de 435.000 personas al año. La pérdida de población residente también se está frenando
El presidente de Vox ha protagonizado un turbulento mitin en Toledo donde ha vuelto a insultar a Pedro Sánchez, del que incluso ha dicho que es “la muerte” Abascal o la valentía de salir corriendo muerto de miedo La céntrica plaza de Zocodover de Toledo ha sido este viernes el escenario elegido por Santiago Abascal para protagonizar uno de sus primeros actos de la campaña electoral. Y lo ha hecho enviando ya un primer recado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: sobre su propuesta de eliminar ministerios como el de Igualdad o el de Vivienda si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre, le ha avisado: “Es un error estratégico empezar a vestirse con los ropajes de presidente”. Rodeado de militantes y simpatizantes, y con puestos de venta de pulseras y llaveros con simbología franquista como la bandera de España preconstitucional o el lema ‘Una grande y libre’, el presidente de Vox ha comenzado su intervención ante los medios haciendo mención a encuestas electorales “apabullantes” y subrayando que solo el crecimiento de su partido es “lo que está asegurando la alternativa”. El acto electoral de Santiago Abascal exhibió simbología franquista, a la venta en la plaza de Zocodover, durante la intervención del líder de Vox y candidato a la Presidencia el 29N Una bandera que la ultraderecha suele utilizar en sus actos El líder de Vox ha pasado de puntillas por cuestiones como supuestos pagos del PP para la defensa de Koldo García, recalcando que no tiene conocimiento del tema, pero sí ha querido valorar esas propuestas de Feijóo, y lo ha hecho dándole un consejo: “A ser posible, que deje de pensar en cuáles serán los ministerios, que deje de pensar en a quién van a ser asignados. Que no cometamos el error del año 2023 de empezar a vender la piel del oso antes de cazarlo”. “Las elecciones no se han celebrado, puede ocurrir cualquier cosa y yo creo que tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a la derrota del capo de la mafia y no a otra cosa. Creo que es un error empezar a hablar del reparto de ministerios en estos momentos”, le ha dicho al presidente del PP. Antes de eso, Abascal ha denunciado “intimidación, violencia y manipulación” contra Vox, sin especificar en concreto a qué se refería, y ha augurado que seguirá siendo así el resto de la campaña. De hecho, ha hecho referencia a un supuesto “intento de intimidación de los de siempre” antes de iniciar su intervención para “impedirla”, un “delito electoral”, ha dicho tras agradecer a la Policía su labor. En esos momentos, un grupo de personas con símbolos antifascistas ha tratado de irrumpir en el acto desde el otro lado de la calle y en el intento se ha llevado por delante el móvil de un periodista que grababa la escena. Se han producido entonces cargas por parte de los antidisturbios presentes en el lugar. Antidisturbios en el acto electoral de Santiago Abascal en Toledo, el 13 de noviembre de 2026 Abascal ha enmarcado estos hechos en la “violencia por los que están nerviosos ante la posibilidad que les desalojen del poder”, y ha hablado igualmente de “trampas” como la de la denominada ‘ley de nietos’. Entre su primera intervención y posteriormente, entre pregunta y pregunta de los periodistas, ha vuelto a insultar al presidente del Gobierno: en primer lugar ha dicho que es “la ruina, la traición, la mentira” e incluso “por culpa de la corrupción, la muerte para muchos españoles”. Entre proclamas sobre la prioridad nacional y lo que ahora en Vox han convenido en llamar “remigración”, con datos falsos sobre las ayudas sociales, al referirse a la crisis de Ceuta, ha vuelto a arremeter contra Sánchez: “Presume de ser el defensor de lo público y se ha convertido en el enemigo público número uno de lo público”. Entre el público, numerosos jóvenes acudían al acto electoral, incluso algunos menores con uniformes de colegial escucharon sus proclamas. Entre los asistentes al acto electoral de Vox en la toledana plaza de Zocodover a las 12.30 horas, muchos jóvenes, algunos de ellos menores con uniformes de un conocido colegio con sede en el Casco Histórico de Toledo Y en relación con la intervención de Begoña Gómez en el mitin del presidente del Gobierno en Sevilla, ha considerado que a este último “no le importa nada” y quiere que los españoles traguemos con la corrupción, con la traición y con la mentira otros ocho años“. Después le ha llamado ”aprendiz de tirano“. A esto ha añadido otro dato falso al afirmar que ”todo el entorno“ del presidente Sánchez está ”en el banquillo o en prisión“. Abascal se ha sumado a las peticiones de dimisión de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, pero no por las cargas policiales durante las manifestaciones de la pasada huelga general, sino por “no haber garantizado el derecho al trabajo” y por haber “permitido que los piquetes mal llamados informativos acosaran a los comerciantes en algunos lugares, ejercieran la violencia y la intimidación para que la gente no pueda trabajar”. Por otra parte, también ha dedicado parte de su intervención a hablar de Ceuta. A este respecto, ha dicho que a Marruecos hay que exigirle que “no nos invada y que deje de reclamar nuestro territorio”. De hecho, ha dicho que le da igual el fútbol, en relación con quién acogerá la final del Mundial de 2030 que organiza España junto con este país y con Portugal. “Lo principal es que Ceuta está invadida con la tolerancia de Marruecos y, por lo tanto, no podemos celebrar nada con ese país mientras Ceuta está invadida”.
La entidad, que controla el 25% del mercado en España, ha pasado de crecer al 50% a hacerlo a tasas del 8%. Su consejero delegado prevé caídas en los próximos meses.
MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.
Las fusiones y adquisiciones se han convertido en una vía para que las empresas ganen dimensión, accedan a nuevos mercados y refuercen su competitividad . Aunque el entorno económico exige mayor prudencia a compradores e inversores, las operaciones corporativas siguen ofreciendo oportunidades de expansión. Así lo refleja la actividad de IMAP, organización internacional de la que Albia IMAP es socio exclusivo en España, que cerró 194 operaciones por más de 13.000 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026. Las operaciones corporativas como estrategia de crecimiento El crecimiento empresarial no depende exclusivamente de aumentar las ventas o desarrollar nuevos productos. La adquisición de otras compañías permite incorporar capacidades tecnológicas, ampliar la presencia geográfica y aprovechar sinergias operativas. Estas estrategias adquieren especial relevancia en el mid-market. Según el informe IMAP Deal Summary Q1-Q3 2026 , el mercado internacional mantiene su actividad, aunque los compradores muestran mayor selectividad y los procesos de negociación se prolongan. Las grandes transacciones continúan y las operaciones de tamaño medio avanzan con mayor cautela. El sector industrial concentró el mayor volumen de operaciones de IMAP, seguido de servicios empresariales, tecnología y consumo. Además, más de un tercio de las transacciones tuvieron carácter transfronterizo, reflejando el interés por expandirse fuera de los mercados nacionales. Albia IMAP y las oportunidades de crecimiento en España En España, el mercado presenta una evolución más moderada. Sin embargo, después del verano aumentaron las consultas relacionadas con posibles transacciones corporativas. Aitor Cayero, socio de Albia IMAP, identifica tres tendencias que impulsan las operaciones en el mercado español: la mejora operativa, las adquisiciones tecnológicas y las estrategias de consolidación empresarial. Estas últimas adquieren importancia en sectores fragmentados, donde integrar diferentes compañías puede facilitar economías de escala, ampliar capacidades y mejorar la posición competitiva. El capital privado también desempeña un papel relevante, tanto por los recursos disponibles para nuevas inversiones como por la necesidad de desinvertir en participaciones mantenidas durante periodos prolongados . En este escenario, Albia IMAP participa en el asesoramiento de operaciones corporativas, conectando las necesidades de empresarios y accionistas con oportunidades de inversión y crecimiento. Las perspectivas recogidas por IMAP sobre fusiones y adquisiciones apuntan a un cierre de 2026 activo y a nuevas oportunidades durante 2027, aunque su materialización dependerá de las valoraciones y las condiciones de cada operación.
La entidad, que controla el 25% del mercado en España, ha pasado de crecer al 50% a hacerlo a tasas del 8%. Su consejero delegado prevé caídas en los próximos meses.
En los últimos 4 años el PIB real de España ha crecido lo mismo que en los 17 años anteriores, en torno a un 15% acumulado. La publicación por parte del INE de la Contabilidad Regional nos permite una primera valoración de cómo se están comportando las diferentes CCAA y ciudades autónomas en este periodo expansivo, tanto en términos reales como en términos per cápita. Y hay algunas sorpresas El pasado 30 de septiembre el INE publicó la Contabilidad Regional de España para el periodo 2000-2025. Aunque no disponemos de la información para 2026, los datos nos permiten tener una primera valoración de cómo se están comportando relativamente las comunidades autónomas (CCAA) en la actual fase de expansión. Lo primero que hay que hacer es acotar el periodo de “boom económico” pues, tal y como recoge el siguiente gráfico, la evolución del PIB real en niveles, está muy condicionado por el efecto salida del impacto de la pandemia en 2020. Ignorando el efecto de rebote de 2021, año en el que el PIB real creció casi un 7%, y tomando como punto de partida el año 2022, podemos comprobar que el crecimiento del PIB real de los últimos 4 años, hasta 2025, ha sido equivalente al de los 17 años anteriores (en torno a un 15% real acumulado). Y, si suponemos que el de este año 2026 va a ser 2,6%, como parece indicar el consenso, nos tendríamos que ir a un período de 18 años. Por tanto, definiré el “actual periodo expansivo” para las comparaciones regionales como el que abarca 2022-2025, ambos inclusive, y lo compararé con el periodo 2005-2021, en los que tuvo lugar tanto la Gran Recesión financiera de 2008 y el consiguiente pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, seguido por la crisis de deuda de la zona euro, además de la pandemia de 2020, que frustró cuatro años de recuperación económica, aunque fuera de forma transitoria. En la Tabla 1 presento el crecimiento acumulado del PIB real en los dos subperiodos considerados. Para el total de España, tal y como se han escogido los periodos, el crecimiento ha ido equivalente: un 15,1% acumulado en los últimos 4 años y un 14,9% en los 17 años anteriores. En el primer subperíodo, en el que engloba las dos crisis mencionadas, hay mucha disparidad en el crecimiento. De las 19 regiones (17 CCAA y las dos ciudades autónomas) solamente cinco crecieron por encima del 14,9% medio nacional: Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra, siendo Madrid la que tuvo mejor desempeño. País Vasco y Cataluña se movieron más o menos como la media nacional, pese a las turbulencias asociadas al “ procés ”. En cuanto a las CCAA que peor lo hicieron, destacan Asturias, Castilla y León, Cantabria, Canarias y la Rioja. Pero especialmente negativo fue el resultado de Ceuta y Melilla, con un crecimiento acumulado negativo del -6,2 y -5,4%, respectivamente en esos 17 años. En estos resultados no sólo influye el impacto de la crisis financiera y de la pandemia sobre el turismo, del que dependen muchas economías regionales, sino también de la evolución de la población, lo que se considera como la “España vaciada”. Más adelante corregiremos este efecto tomando en cuenta la renta per cápita. En el actual boom económico, segunda columna de la tabla, también hay una gran disparidad. Las regiones que más han crecido han sido Baleares y Canarias, posiblemente por el impacto de la favorable evolución del turismo. Y, por encima de la media, apenas crecieron, además de las islas, Madrid y Cataluña. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Castilla y León y las ciudades autónomas están creciendo por debajo del promedio nacional. Pero lo más interesante de la Tabla 1 es comprobar a qué regiones les está yendo mejor (en azul) o peor (en amarillo) en este boom económico en relación a cómo les fue en los 17 años anteriores. Baleares y Canarias son las que más han mejorado. Curiosamente, también lo han hecho Ceuta y Melilla, así como Asturias, Castilla y León y, en menor medida, Andalucía y La Rioja. Por el contrario, las que más han empeorado en el actual boom están siendo Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha. Como mencionaba anteriormente, es posible que parte de estos crecimientos, sobre todo los que se refieren al primer período de 17 años, puede estar influido por una evolución desfavorable de la población. Por ejemplo, tanto las ciudades autónomas como Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León han tenido un crecimiento prácticamente nulo en los últimos años, lo que les ha podido condicionar el crecimiento de su PIB real. Por ello, en la Tabla 2 recojo la evolución relativa de la renta per cápita (PIB dividido por población) en los dos subperiodos considerados, tomando la media nacional como valor igual a 100. Es importante señalar que el INE publica estos valores en términos nominales, por lo que pueden verse distorsionados por la diferente evolución de la inflación. Yendo directamente a la tercera columna, las regiones que han ganado renta per cápita relativa en este boom están siendo Extremadura, Galicia, Aragón, Asturias y Baleares. En algunos de estos casos, se trata de “convergencia” a la media nacional, como es el caso de Extremadura, Galicia y Asturias, mientras que en el caso de Baleares y Aragón divergen en la medida en que avanzan en una renta per cápita que ya estaba por encima del promedio nacional. Andalucía no ha convergido a la media nacional y Murcia y Castilla-La Mancha han divergido. Las regiones que han sufrido un mayor retroceso relativo en la renta per cápita han sido Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, La Rioja y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Estas últimas han recuperado crecimiento en este boom económico, pero lo han hecho a un ritmo inferior al promedio nacional. En resumen, el actual boom económico está teniendo un impacto desigual sobre las regiones españolas. Tanto la evolución del turismo como de la población han podido tener un impacto diferencial relevante.
Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
IHG Hotels & Resorts, una de las grandes cadenas hoteleras del mundo, pone el foco en España, donde suma ya 87 hoteles entre operativos y firmados y aspira a llegar a los 100 en un plazo de uno o dos años, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.
La recuperación financiera de la operadora española coincide con un momento en el que las telecomunicaciones se han convertido en un asunto de seguridad nacional y autonomía estratégica. Sus resultados refuerzan los argumentos que llevaron al Estado a invertir en la compañía, mientras Europa busca empresas capaces de sostener su independencia tecnológica. Telefónica vuelve a los beneficios y gana 464 millones hasta septiembre Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil. Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura. La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea. Una empresa privada con importancia estratégica España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos . Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos. Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras . Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados. La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales. El dilema europeo: competencia o escala El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales ( Digital Networks Act ), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria. Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos. La influencia española en Bruselas Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras. Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa. La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades. Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.
VALÈNCIA (EP/VP). La población de la Comunitat Valenciana ha crecido en el tercer trimestre del año un 0,48% más en comparación con el segundo, lo que le hace liderar este incremento en toda España, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la autonomía ha alcanzado los 5.602.201 residentes a 1 de octubre , lo que supone un crecimiento interanual de más de 97.000 personas y de casi 27.000 en el trimestre. El incremento de población de la Comunitat está por encima del experimentado a nivel nacional, que ha sido del 0,26%. A la Comunitat le ha seguido la Comunidad de Madrid (+0,46%), La Rioja (+0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), además de en la ciudad autónoma de Melilla (+0,36%). Un alza igual que el de Cantabria han tenido en Aragón y Asturias, también del 0,3%. En términos generales, la población de España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026 y se situó en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, alcanzando también el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado en España fue del 0,88%, al sumar 435.551 personas. El crecimiento poblacional de España se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8% del crecimiento total. Esta población nacida en el extranjero, de 10.433.091 personas, fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237, minetras que la población de nacionalidad española creció en 43.340. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, con 33.200 llegadas a España, la española (23.600) y la venezolana (19.000). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500). Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas.
Feijóo presenta un documento con 249 promesas para la “reconstrucción nacional” si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29-N, con especial peso para la fiscalidad, las infraestructuras, la vivienda y el crecimiento empresarial.
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
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