La inversión de AWS en Aragón ha abierto oportunidades para empresas locales de sectores tan distintos como las telecomunicaciones, el hormigón prefabricado o la obra civil. Una colaboración que impulsa el empleo, la innovación y la especialización de un tejido empresarial rural que puede encontrar en la economía digital una vía de expansión
¿El principio de una crisis publicitaria en TikTok? Los problemas de imagen de la plataforma de videos, derivado de la denuncia sobre los contenidos de abusos infantiles que alberga , puede haber empezado a correr como la pólvora. Por ahora, dos gigantes españoles, Banco Santander y Moeve, han retirado sus acciones comerciales, según ha podido confirmar este periódico. TikTok se enfrenta a una crisis que amenaza con trascender el ámbito digital y convertirse en un problema empresarial, judicial e institucional. Una de las principales entidades financieras de España, así como la segunda principal petrolera y destacada compañía energética han decidido suspender sus campañas publicitarias en la red social. Esta situación se produce después de conocerse que anuncios de grandes compañías... Ver Más
La multinacional sigue descartando el ciberataque tras el histórico apagón, que vuelve a mostrar la gran dependencia de la sociedad digital de un puñado de gigantes tecnológicos Caída global de Microsoft: qué ha pasado y cuándo podrían volver a funcionar Outlook y Teams Los servicios en la nube de Microsoft 365, entre ellos el correo Outlook y la plataforma de trabajo Teams, han comenzado a recuperarse este viernes en Europa después de casi 20 horas de interrupción global. En su última actualización sobre el apagón, publicada a las 13.00 hora peninsular española, la compañía ha confirmado “avances alentadores en la recuperación en Europa, con una mejora de la disponibilidad del servicio y del rendimiento en la entrega de correos electrónicos en una parte creciente de la infraestructura de Microsoft 365 afectada”. La multinacional señala que el servicio en Japón “se mantiene comparativamente más estable”, tras haber completado una hora antes las maniobras de restablecimiento en varias zonas de la región de Asia-Pacífico, mientras que Norteamérica “también está mejorando”. Con todo, Microsoft advierte de que “algunos usuarios todavía pueden experimentar problemas intermitentes mientras continúan las acciones de recuperación”. Los ingenieros de la compañía se centran ahora en resolver los focos de interrupción restantes y en “reducir las colas y los retrasos acumulados de correo electrónico”, una tarea que consideran prioritaria tras casi un día de bloqueo. No obstante, la ampliación del plazo de espera de 48 horas para recibir todos los correos continúa activa. Lo que sí ha descartado Microsoft a través de uno de sus vicepresidentes ejecutivos es que el origen de los problemas esté en un ciberataque. “Puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa”, ha afirmado Charles Lamanna esta madrugada, una versión que Microsoft ha repetido en cada una de sus actualizaciones horarias desde entonces. Afectación menor en la administración pública española En España, fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han asegurado a EFE que en la Administración General del Estado “el impacto está siendo menor” porque la mayoría de los correos electrónicos de los empleados públicos están alojados en centros de datos propios. Las incidencias en el sector público estatal se han concentrado en los organismos que tienen el correo en la nube de Microsoft y en los trabajadores que utilizan aplicaciones como Teams o el asistente Copilot. Tampoco se ha visto alterada la actividad asistencial en los hospitales de comunidades como Madrid, Catalunya o Galicia, ni la circulación de los trenes de Renfe o el tráfico de los aeropuertos de Aena, aunque el gestor aeroportuario sí ha perdido el correo electrónico en sus servicios centrales y ha tenido que sustituirlo por WhatsApp y llamadas telefónicas. Donde más se ha dejado sentir el apagón es en el sector privado y en las universidades que dependen de la nube de Microsoft para el correo, las reuniones docentes y la edición de documentos. Una histórica caída de 20 horas La caída comenzó el jueves alrededor de las 17.26 hora peninsular española en EEUU y se extendió a lo largo de la noche a Europa, Asia y Oceanía, bloqueando el acceso a herramientas como Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive y Copilot. El problema se encuentra en Exchange Online, el motor que gestiona los buzones de correo de Outlook. Los fallos en este sistema comenzaron a arrastrar a cualquier función de Microsoft 365, la plataforma de ofimática de Microsoft, que necesite cruzar datos con el correo electrónico, el calendario o la agenda de contactos. Una cascada que terminó tumbando el centro de administración; algunas herramientas de ciberseguridad y gestión de datos, como Defender para Office 365; las versiones para particulares de Outlook, OneDrive, OneNote y To Do; e incluso servicios de compañías externas, como OpenAI y Anthropic. El origen de esa caída ha ido cambiando en las diferentes explicaciones que ha ofrecido Microsoft. En un primer momento, la multinacional la atribuyó a una “carga elevada” en su infraestructura en varias regiones. Pero poco después lo descartó. “Hemos determinado que el aumento de la carga no se debe a un incremento del tráfico, sino a que varios servidores no están disponibles de forma inesperada, lo que está sobrecargando la infraestructura restante”, informó ya entrada la noche. Hemos supervisado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad de servicio y confirmado que no están dando los resultados esperados Microsoft — tras fallar los primeros parches para levantar sus sistemas La razón por la que Microsoft no ha podido levantar sus servicios durante la noche es el propio tamaño de la cascada de fallos. La magnitud de la caída ha provocado un aluvión aún mayor de solicitudes de reconexión que sus servidores han sido incapaces de asumir. Según las actualizaciones de estado publicadas por Microsoft, esa incapacidad se ha debido a un fallo en el sistema encargado de procesar el estado de los servidores, lo que ha provocado que estos dejaran de superar las comprobaciones automáticas y quedaran fuera de servicio. Al desconectarse esa parte de la red, todo el volumen habitual de peticiones se desvió de golpe hacia los servidores restantes, saturándolos y provocando que fueran cayendo uno tras otro. “Hemos supervisado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad de servicio y confirmado que no están dando los resultados esperados”, reconocía Microsoft al cabo de las horas. “Los servidores que volvimos a poner en servicio pueden dejar de responder de nuevo una vez que reciban tráfico”. Para romper ese bloqueo, Microsoft decidió bloquear temporalmente parte del tráfico, en un intento de permitir que los servidores volvieran a sus configuraciones previas. Sus equipos de rescate pudieron por fin publicar que estas medidas estaban empezando a tener un “éxito marginal” sobre las 8.00, hora peninsular. “Estamos viendo los primeros avances”, confirmaron en una publicación posterior, a las 8.36. A las 10.14 horas, la compañía comunicó “los primeros indicios de estabilización” y un “aumento de capacidad” de los servidores para asumir tráfico, paso previo a la reapertura progresiva en Asia-Pacífico y Europa. La gran dependencia El enorme impacto de la caída de Microsoft ha disparado las denuncias sobre la gran dependencia que la sociedad digital sufre de un puñado de gigantes tecnológicos. “Los acontecimientos de hoy sirven como recordatorio oportuno de los costes económicos y humanos reales que generan la dependencia de un proveedor y la falta de alternativas para los clientes”, ha manifestado Nicky Stewart, portavoz de la Open Cloud Coalition, una alianza de empresas del sector de la nube, entre ellas Google Cloud y proveedores más pequeños, que presiona a las autoridades europeas para reducir la dependencia de Microsoft y Amazon. “El impacto es considerable: se destruye valor económico, se limita la capacidad de elección y se debilitan nuestra competitividad y resiliencia. Depender en exceso de un único proveedor deja a las empresas y los servicios públicos expuestos a interrupciones y genera riesgos económicos más amplios”, ha continuado. Sin embargo, en los últimos años, las empresas, lejos de reducir su dependencia de estos grandes proveedores, la han aumentado. “Cuenta con muchas ventajas económicas, operativas y demás, pero nos genera una falsa sensación de seguridad, y esto es aplicable tanto al servicio que hemos experimentado hoy”, afirma en un comunicado enviado a elDiario.es José de la Cruz, director técnico en Iberia de la firma de ciberseguridad TrendAI. La realidad es que nosotros somos los responsables de nuestro negocio. Y por ese motivo tenemos que ayudar a que no haya una dependencia de estas plataformas, por muy buenas que sean José de la Cruz — director técnico TrendAI Iberia “La realidad es que nosotros somos los responsables de nuestro negocio, somos los responsables de nuestros datos, somos responsables de la reputación de nuestras compañías. Y por ese motivo tenemos que ayudar a que no haya una dependencia de estas plataformas, por muy buenas que sean”, insiste el experto. Desde la academia también se ha animado a las empresas e instituciones afectadas a utilizar el caso como una llamada de atención. “Las organizaciones deberían ser capaces de responder a algunas preguntas básicas: ¿cuáles de nuestros procesos críticos dependen de un único proveedor?, ¿cuánto tiempo podríamos operar si ese proveedor no estuviera disponible?, ¿cuál es nuestra alternativa para comunicarnos con el personal, los clientes y los reguladores?”, ha apuntado Steven Watt, profesor de Ciberseguridad en la Universidad de St Andrews, en declaraciones a The Guardian . “Un plan de continuidad que depende de la misma plataforma que acaba de fallar no es un plan”, ha añadido. Microsoft asegura que publicará un informe completo con el origen del problema cuando la situación se resuelva, mientras sus acciones apenas se han resentido de la caída global, cayendo poco más de un 1% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.
El INE confirma que el IPC nacional se mantiene en el 4,9%, igual que en septiembre, y las hortalizas frescas, el transporte personal y la calefacción lideran los aumentos anuales en la comunidad La creación de empresas crece un 6,2% en Andalucía has
Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
Una veintena de empresas y organizaciones se han unido para lanzar un manifiesto por la competitividad de la economía española. Una iniciativa que nace con el propósito de contribuir a «una reflexión compartida sobre las capacidades que el país puede seguir fortaleciendo para aprovechar las oportunidades de la próxima década». Las compañías firmantes, entre las que están empresas como Mapfre, KPMG, Accenture, Alsa, Ence, Merlin, Pérez-Llorca y Gestamp, entre otras, destacan que «España cuenta con importantes fortalezas y oportunidades, y aprovecharlas plenamente requerirá sumar capacidades y anticiparse a los cambios que marcarán los próximos años». Hacen referencia expresa a la innovación tecnológica, a la inteligencia artificial, a los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico como elementos... Ver Más
La recuperación financiera de la operadora española coincide con un momento en el que las telecomunicaciones se han convertido en un asunto de seguridad nacional y autonomía estratégica. Sus resultados refuerzan los argumentos que llevaron al Estado a invertir en la compañía, mientras Europa busca empresas capaces de sostener su independencia tecnológica. Telefónica vuelve a los beneficios y gana 464 millones hasta septiembre Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil. Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura. La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea. Una empresa privada con importancia estratégica España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos . Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos. Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras . Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados. La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales. El dilema europeo: competencia o escala El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales ( Digital Networks Act ), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria. Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos. La influencia española en Bruselas Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras. Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa. La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades. Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.
DXC Technology , socio líder en tecnología e innovación para empresas, ha sido reconocido como el proveedor de servicios de TI mejor valorado de España por octavo año consecutivo en el IT Sourcing Study 2026 , elaborado por Whitelane Research y Eraneos. Este reconocimiento amplía una trayectoria de liderazgo sin precedentes y refleja la confianza que las principales organizaciones españolas depositan en DXC para modernizar, proteger y transformar sus operaciones más críticas. Desde los servicios financieros y los seguros hasta la energía, la industria y el sector público, DXC continúa desempeñando un papel central en algunos de los programas de transformación digital más grandes y complejos del país. Ocho años de confianza de los clientes El estudio de 2026 vuelve a situar a DXC a la cabeza del mercado en satisfacción general de los clientes, reforzando su posición como socio estratégico para las organizaciones que afrontan entornos tecnológicos cada vez más complejos. La compañía también obtiene resultados de liderazgo en áreas de servicio clave, entre ellas Cloud & Infrastructure, Workplace, Applications y servicios para el sector público. “Mantener esta posición de liderazgo durante ocho años consecutivos es un reflejo muy significativo de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros cada día. Es un privilegio apoyar a algunas de las organizaciones más importantes de España mientras afrontan complejos procesos de transformación. Nuestra misión sigue siendo la misma: ayudar a nuestros clientes a modernizar, simplificar y proteger sus operaciones, al tiempo que aprovechamos todo el potencial de la IA y las tecnologías emergentes para generar resultados de negocio significativos” declara Alfonso García, presidente de DXC Technology España y Portugal Los resultados reflejan un cambio más amplio en las prioridades de los clientes. Las organizaciones buscan cada vez más socios capaces de combinar conocimiento sectorial, capacidades de inteligencia artificial y experiencia en proyectos a gran escala para generar resultados de negocio medibles. Según el estudio, el acceso a conocimiento especializado y experiencia en inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los principales motivos por los que las empresas deciden externalizar funciones tecnológicas críticas. Impulsando las transformaciones que más importan Con más de 9.000 profesionales en España, DXC ayuda a las organizaciones a modernizar sistemas críticos, acelerar la innovación y convertir las tecnologías emergentes en valor tangible para el negocio. La compañía se ha consolidado como un socio de confianza para algunas de las organizaciones más exigentes de España, a las que apoya en grandes migraciones a la nube, iniciativas de modernización de aplicaciones, operaciones de infraestructuras críticas y adopción responsable de la inteligencia artificial. A medida que las empresas pasan de la experimentación a la ejecución en inteligencia artificial, la combinación de conocimiento profundo de los distintos sectores, capacidades de entrega demostradas e innovación impulsada por IA de DXC continúa diferenciando a la compañía en un mercado cada vez más competitivo. “Las organizaciones actuales buscan mucho más que proveedores de tecnología. Necesitan socios capaces de combinar innovación, conocimiento sectorial y capacidad de ejecución a gran escala. El liderazgo continuado de DXC en España refleja su capacidad para ganarse la confianza de sus clientes, llevar a cabo transformaciones complejas y generar valor medible año tras año” afirma Alex van den Bergh, Head of Research Europe en Whitelane Research Una posición de liderazgo basada en resultados En un mercado cada vez más marcado por la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las prioridades de modernización, DXC continúa diferenciándose por su claro enfoque en los resultados de sus clientes. Su liderazgo sostenido en satisfacción del cliente demuestra su capacidad no solo para prestar servicios tecnológicos, sino también para ayudar a las organizaciones a lograr transformaciones significativas a gran escala. A medida que las empresas españolas aceleran sus inversiones en IA, nube y transformación digital, DXC mantiene su compromiso de ayudar a sus clientes a afrontar sus retos más estratégicos, convirtiendo la innovación en una ventaja competitiva duradera y proporcionando las operaciones resilientes e inteligentes que necesitan para prosperar en el futuro.
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
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