Las compañías esperan que la red social ofrezca garantías de que podrá controlar el material pedófilo que se difunde en la plataforma
El autor de obras como 'El señor presidente' murió en España y posteriormente fue trasladado a París. Su país natal le homenajea ahora con cuatro días de fastos Leer
Francia, el mismo país admirable que fue paladín de la libertad, la igualdad y la fraternidad es hoy una nación en crisis que retira de los premios literarios más prestigiosos una novela como 'C'était ça ou mourir', manifiestamente tocada por la IA, cuyo autor, Thélyson Orélien, fue borrado de la lista del Goncourt y acabó reconociendo su falta de autenticidad. En el mismo país, casi diría en la misma orilla izquierda del Sena, se ha conocido la imputación de Michel Houellebecq por unas declaraciones polémicas, tras la denuncia de islamofobia de parte de la Unión de Mezquitas de Francia. Como dijo Rodrigo Blanco Calderón en estas páginas, Houellebecq es una especie en extinción, la del escritor que dice lo que piensa. Evidentemente, el tema es delicado para un autor que ya ha confesado en otras ocasiones excesos verbales y generalizaciones críticas con los musulmanes, que pueden ser de mal gusto, pero que estamos convirtiendo en delito. Mal está que la IA diseñe una novela de premio con guiños a las minorías, y peor el empeño falsario que percibimos detrás. Pero ahora el pensamiento crítico más puramente humano, y por ello tal vez equivocado, genera repulsa por su irritante autenticidad. Pocos recuerdan ya que Antoine Gallimard contó en un artículo que le pidió a la IA de Meta que escribiese una escena al estilo del autor de 'Sumisión', y la respuesta de la máquina fue antológica: le dijo que no lo haría porque podría ser considerada «ofensiva y discriminatoria». Así que podríamos pensar que no hay nada más filtrado por la IA, porque coincide milimétricamente, que esta imputación del escritor. En España algunos militantes están indignados porque la televisión pública acogió una entrevista en la que el candidato del tercer partido del país ha podido explicarse sin expurgo. ¡A quién se le ocurre! No queremos la información completa, ya sólo toleramos una dieta blanda de similares. Nuestra libertad está escuchimizada, nuestra responsabilidad cívica es tuerta y nuestra madurez es del tamaño del bombo de La Revuelta, «mon semblable, mon frère».
El futbolista del Athletic expresa su deseo de que la selección vasca pueda disputar competiciones internacionales pese a haber jugado cuatro partidos con España
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
Sánchez pone en valor el apoyo internacional que ejercen España y México en defensa de la democracia y el multilateralismo.
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La organización internacional reúne a profesionales de diferentes especialidades vinculados a este campo de la salud. Investigación, divulgación y mejora del acceso a estas terapias serán algunos de los principales retos de la nueva etapa que afronta la sociedad científica en España. El Dr. José Manuel Trinidad ha sido nombrado nuevo presidente de INS España , sede española de la International Neuromodulation Society, organización que reúne a profesionales de distintos países y de distintas especialidades vinculados al desarrollo y aplicación de la neuromodulación. El nombramiento supone un reconocimiento a la trayectoria profesional del Dr. Trinidad y a su vinculación con el desarrollo y aplicación de estas técnicas avanzadas. “Es una satisfacción no solo mía, sino de todo el equipo que forma la junta para los próximos años, con profesionales de distintas especialidades de toda España. Llegamos con muchas ganas de trabajar y potenciar la neuromodulación en nuestro país”, señala el profesional. La neuromodulación engloba diferentes técnicas dirigidas a modificar la actividad del sistema nervioso mediante distintos tipos de estimulación, desde la estimulación medular o de nervios periféricos hasta la estimulación cerebral profunda y las técnicas no invasivas sobre la corteza cerebral. Su desarrollo ha abierto nuevas posibilidades terapéuticas en áreas como el dolor crónico y determinados trastornos neurológicos y psiquiátricos, en un contexto de constante evolución científica y tecnológica. Una sociedad científica internacional y multidisciplinar La International Neuromodulation Society (INS) es una sociedad internacional fundada en 1989 que reúne a profesionales de distintas disciplinas relacionadas con la neuromodulación, entre ellos neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, anestesistas y especialistas en tratamiento del dolor. Nuestro país, según el nuevo presidente de INS España, cuenta actualmente con un importante desarrollo en este campo. “Tenemos centros punteros a nivel internacional en estimulación medular, y la estimulación cerebral profunda se ha desarrollado muchísimo en los últimos años”, afirma. Sin embargo, todavía existen áreas con margen de desarrollo, como la estimulación cerebral no invasiva aplicada a determinados trastornos psiquiátricos. A ello se suma el reto de mejorar la accesibilidad a estas terapias, que puede variar según el territorio. “Esto último es imprescindible, para que todos los pacientes puedan recibir estos tratamientos avanzados”, explica el Dr. Trinidad. Investigación y divulgación entre los principales retos Entre las prioridades de la nueva etapa de INS España se encuentran impulsar la investigación. En el ámbito científico, uno de los objetivos será crear un registro nacional de implantes que permita analizar resultados y potenciar la producción científica. “Necesitamos crear un registro de todo lo que se implanta en España, para poder sacar conclusiones sobre cómo funcionan estos dispositivos y publicarlas para situarnos al nivel de los países más avanzados”, explica el profesional. A ello se suma el reto de acercar estas terapias a la población. “Hay muchísimos pacientes que no conocen estas terapias en España”, señala el especialista. Por ello, uno de los objetivos será intensificar la divulgación sobre sus aplicaciones en ámbitos como el dolor crónico, la neurología y la psiquiatría. Asimismo, la sociedad continuará también reforzando su colaboración con otros países europeos e Iberoamérica, especialmente en el ámbito de la formación. Una trayectoria vinculada al tratamiento del dolor y la neuromodulación El nombramiento al frente de INS España se suma a una trayectoria profesional estrechamente relacionada con el tratamiento intervencionista del dolor y la neuromodulación. El Dr. José Manuel Trinidad desarrolla parte de su actividad profesional en el ámbito sanitario público de Cádiz y dirige el Instituto Contra el Dolor Dr. Trinidad con presencia en Clínica HLA Serman (Jerez), HLA Centro Médico La Salud (Cádiz) y Clínica HLA Santa Isabel (Sevilla). A esta labor se suma su papel como CEO de StimBrain , proyecto especializado en neuromodulación cerebral no invasiva. Esta experiencia clínica y su vinculación con diferentes modalidades de neuromodulación acompañarán ahora una nueva responsabilidad al frente de INS España, desde la que el Dr. Trinidad y el resto de la junta afrontan los próximos años.
El 12 de octubre de 2023, Oihan Sancet se estrenaba con la selección española marcando un gol en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 frente a Escocia. Tras vestir esa camiseta en tres ocasiones más, el centrocampista del Athletic Club declaró ayer en la sala de prensa de la Federación Vasca de Fútbol, tras ser convocado por primera vez con la selección del País Vasco: «Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país». Euskadi, dirigida por Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, se mide este sábado a Venezuela (20:00 horas, San Mamés) en un amistoso con motivo del 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco. Sancet, nacido en Pamplona hace 26 años, calificó de «orgullo» la llamada de la 'Euskal Selekzioa' .«Es lo que sueñas desde pequeño: jugar con la selección que amas», afirmó, recurriendo a una expresión muy similar a la que pronunció al ser convocado por Luis de la Fuente por primera vez en 2023: «Estoy muy contento de poder estar aquí. Es un sueño, la verdad», declaró entonces como internacional con La Roja. Y apuntó a un claro objetivo con la selección vasca: «Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes; creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos poco a poco». Admitió que «es difícil», pero confió en que «poniendo cada uno su granito de arena» pueda llegar algún día. La Federación plantea la cita como algo más que un partido. Arrasate aseguró tras la primera sesión de preparación, el jueves en Lezama, que el duelo no será solo una fiesta del fútbol, sino también «de la sociedad» y una oportunidad para reivindicar la oficialidad. «Hemos activado una vía que para nosotros es importante. Demuestra que la Federación Vasca no está conforme con lo que tenemos, que queremos más, y el pueblo igual», señaló, y añadió que para acercarse a esa meta «también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados». El técnico habló del «brillo en los ojos» de sus jugadores y destacó la entidad de un rival «habituado a jugar contra las grandes selecciones, como Argentina o Brasil». Sancet había sido subcampeón de Europa sub-21 con España en 2023. Sin embargo, desde el amistoso ante Brasil en el Bernabéu, en marzo de 2024, Luis de la Fuente no ha vuelto a contar con él; una ausencia atribuida, en parte, a lesiones musculares recurrentes. En el Athletic, con contrato hasta 2032, conquistó la Copa del Rey de 2024 y firmó 15 goles en la campaña 2024-25. El contexto no es menor. A finales de agosto, antes del Athletic-Sevilla de la segunda jornada de Liga, tres de sus compañeros —Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte—, campeones del mundo con España, ofrecieron el trofeo a San Mamés. Parte de la grada los aplaudió; otra los pitó y exhibió ikurriñas. De la Fuente, que jugó 18 años en el club bilbaíno, lamentó después: «Siento pena». Con este amistoso, la Federación Vasca vuelve a reclamar la oficialidad de la selección, un objetivo que, de momento, no cuenta con el reconocimiento de la FIFA ni de la UEFA. Hasta entonces, su calendario se limita a encuentros como el del sábado. La Federación Vasca de Fútbol (FVF), que preside Iker Goñi, reactivó esta semana el proceso para lograr la oficialidad internacional de sus selecciones. Para ello, invocó el artículo 48.2 de la Ley del Deporte, el mismo al que ya recurrió la pelota vasca. Ese precepto permite que una federación autonómica participe directamente en competiciones internacionales si lo autoriza la federación internacional de su deporte y si este tiene raíces históricas y sociales en el territorio. La FVF remitió sendos escritos al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en los que sostuvo que «el fútbol vasco reúne una trayectoria histórica y una implantación social que justifican esta solicitud». El movimiento enlazaba con el acuerdo de su Asamblea General del 12 de diciembre de 2018, que buscaba la integración directa en la FIFA y la UEFA. El camino es más estrecho que el de la pelota, donde Euskadi ya se midió a España en un Mundial, con la selección española como ganadora del medallero. La FVF pertenece a la RFEF, de modo que no puede avanzar sin su beneplácito. Por eso, su comunicado apostó por «una vía de diálogo y negociación» compatible con el ordenamiento jurídico y con la normativa internacional del fútbol. El precedente tampoco es alentador: en diciembre de 2020, la Federación Vasca presentó una solicitud formal ante la FIFA y la UEFA, con una delegación desplazada a Zúrich y a Nyon, pero no fue recibida. La RFEF la calificó entonces de «situación irrealizable». Los estatutos de ambos organismos añaden otro obstáculo. El de la UEFA (artículo 5) reserva la condición de miembro a las asociaciones nacionales de Estados independientes reconocidos por la mayoría de la ONU. El de la FIFA (artículo 11.1) admite una sola federación por país, con la excepción de las cuatro británicas o de los casos con autorización previa de la federación matriz. A favor de la FVF jugó el respaldo del PNV, que recordó haber logrado la inclusión del artículo 48.2 en la Ley del Deporte dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez.
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El mediapunta del Athletic reivindica la oficialidad, mientras la Federación Vasca retoma las gestiones para lograr reconocimiento internacional. Más información: La Federación Vasca de Fútbol reclama al CSD la oficialidad de la Euskal Selekzioa
En octubre de este año, España alcanzó los 49,9 millones de habitantes, la cifra más alta de su historia. Pero detrás de esta cifra el país ha cambiado demográficamente: aumenta la población nacida en el extranjero, se registran menos nacimientos, crece la esperanza de vida y hay más ciudadanos de tercera edad que nunca. "No hay nada que celebrar", advierten los expertos Leer
Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
La economía española es la cuarta receptora de mano de obra migrante de los miembros de la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido
Nacido en Argentina, fue secretario de Organización de Podemos hasta junio de 2019 y secretario general de Podemos Aragón entre 2015 y 2017.
Castilla y León es la comunidad autónoma donde menos se utiliza Internet a diario. Aquí, el 89,8% de la población de entre 16 y 74 años se conecta al menos cinco días a la semana, frente al 93,4% de la media nacional . La diferencia, de 3,6 puntos porcentuales, sitúa a la Comunidad a la cola de España en un indicador que refleja hasta qué punto el acceso a la red forma parte de la vida cotidiana. La distancia con el conjunto del país también se aprecia al ampliar el periodo de referencia analizado por el Instituto Nacional de Estadística en su 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2026'. El 95,6% de los castellano y leoneses utilizó Internet en los tres meses anteriores a la encuesta, dos puntos menos que la media española, situada en el 97,6%. Solo Galicia presenta un porcentaje inferior, con el 94,5%. En el extremo contrario, el dato más llamativo es que un 4,4% de la población de Castilla y León no se conectó durante ese periodo, casi el doble que el 2,4% registrado en España. Las diferencias entre los usuarios de la Comunidad y los del resto de España aparecen también en las competencias digitales. El 68,2% de la población castellano y leonesa cuenta con habilidades básicas o avanzadas, frente al 70,9% nacional. Por el contrario, el 27,4% tiene un nivel bajo, ocho décimas más que en el conjunto del país. Madrid encabeza la clasificación en este apartado, con un 78,3% de personas que disponen de competencias digitales básicas o avanzadas. Nos conectamos menos, pero compramos igual El comportamiento de Castilla y León contrasta, sin embargo, con el de otros indicadores, como en las compras por Internet. Aquí, la Comunidad se mantiene prácticamente en línea con el conjunto del país: el 65% de la población realizó alguna adquisición a través de la red en los tres meses anteriores, frente al 65,7% de la media española. En España, el acceso a Internet está ya muy extendido, pero la edad sigue marcando diferencias importantes. Mientras que el 100% de las personas de entre 16 y 24 años utilizó la red en los últimos tres meses, entre quienes tienen de 65 a 74 años el porcentaje baja al 89,7%. La distancia es todavía mayor en la conexión diaria: alcanza al 98,5% de los más jóvenes y al 79,5% del grupo de mayor edad. También se aprecia en las compras digitales, que realizan el 98,5% de los primeros frente al 35,4% de los segundos. La brecha generacional aparece igualmente en las habilidades digitales . En el conjunto del país, el 46,3% de las personas de entre 65 y 74 años tiene un nivel bajo de competencias digitales y un 10,3% no utilizó Internet en los últimos tres meses. Son datos que ayudan a dimensionar uno de los principales obstáculos para la extensión de los servicios y las actividades digitales entre la población de más edad. La encuesta también constata la creciente presencia de nuevas herramientas tecnológicas. El 54,8% de los españoles de entre 16 y 74 años ha utilizado inteligencia artificial generativa , principalmente para fines privados (48,7%), aunque también por motivos profesionales (27,6%) o relacionados con la educación formal (22,7%). Su implantación está muy vinculada al nivel de estudios: alcanza al 74,2% entre quienes tienen licenciatura, máster o equivalente, pero se queda en el 11,6% entre las personas analfabetas o que no completaron la educación primaria.
En cualquier pueblo de Soria hay alguien que recuerda las partidas de mus o de tute en el bar, con unas pesetas encima de la mesa y la vista gorda de todo el mundo. También es habitual que la palabra casino despierte en muchos sorianos otra imagen: la del círculo social donde se leía la prensa, se jugaba a las cartas y se celebraban los bailes de fiestas. Ese doble significado no es casual. Resume siglos en los que el juego estuvo, a la vez, en la vida cotidiana y fuera de la ley. Carlos III: prohibir los naipes y crear la lotería El siglo XVIII deja la mejor muestra de esa contradicción. Carlos III, preocupado por las fortunas que se perdían en las mesas y por los altercados que provocaban, endureció la persecución de los llamados juegos de envite, suerte y azar mediante una real pragmática de 1771. Los castigos alcanzaban tanto a quienes jugaban como a quienes ponían la casa. Solo unos años antes, en 1763, el mismo monarca había autorizado una lotería al estilo de las que funcionaban en Italia. La lógica era sencilla: si el deseo de probar suerte no podía erradicarse, mejor que lo canalizara la Corona y que los beneficios acabaran en las arcas públicas o en obras benéficas. La Lotería Moderna, antecesora directa de la actual Lotería Nacional, nació en 1812 en el Cádiz de las Cortes, en plena guerra contra los franceses. Dos siglos después, el sorteo de Navidad sigue siendo una de las pocas tradiciones capaces de poner de acuerdo a todo el país. Siglo XX: medio siglo de prohibición? con excepciones A comienzos del siglo XX convivían en España algunos grandes salones de juego, sobre todo en ciudades balneario y de veraneo como San Sebastián. Esa etapa se cerró en los años veinte, cuando la dictadura de Primo de Rivera prohibió los juegos de azar con carácter general. La medida se mantuvo, con escasos matices, durante la República y el franquismo. La prohibición, sin embargo, nunca fue absoluta. El Estado reservó para sí o para entidades concretas las modalidades que consideraba aceptables. En 1938 nació la ONCE, con su cupón como fuente de financiación para las personas ciegas. En 1946 llegaron las quinielas de fútbol, que durante décadas fueron el boleto de los domingos en miles de hogares. Junto a ellas seguía la Lotería Nacional. El resultado fue un modelo peculiar: el juego privado quedaba fuera de la ley, mientras el público se presentaba como una forma de recaudación o de solidaridad. Y, al margen de lo permitido, las timbas clandestinas nunca dejaron de existir. Soria y sus casinos sin ruleta En una ciudad como Soria, durante esos años de prohibición, la palabra casino no remitía a fichas ni a crupieres. Designaba el círculo de recreo de la burguesía y las clases medias: un lugar para leer la prensa, conversar, organizar bailes y, sí, jugar a las cartas entre socios. El Círculo Amistad Numancia, al que los sorianos siguen llamando el Casino, es el ejemplo más conocido de esa tradición en la capital. Antonio Machado, que vivió y dio clase en Soria entre 1907 y 1912, retrató a ese personaje de tertulia en su poema «Del pasado efímero», que arranca con "Este hombre del casino provinciano". La imagen sirve para entender la época: el juego formaba parte de la sociabilidad de provincias, aunque la ley lo mirara con recelo. La otra cara del azar en la provincia ha sido siempre la lotería. Las colas en las administraciones del centro de la capital antes del sorteo de Navidad, o las participaciones que reparten peñas, cofradías y asociaciones de los pueblos, siguen siendo una costumbre tan soriana como cualquier otra. 1977: el juego sale a la luz El gran giro llegó con la Transición. El Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, despenalizó los juegos de azar y los sometió a un régimen de autorización administrativa. El razonamiento era pragmático: era preferible un sector controlado, que pagara impuestos y respetara normas, que un mercado clandestino sin ninguna garantía para el jugador. En los años siguientes abrieron los primeros casinos autorizados, se extendieron las salas de bingo y aparecieron las máquinas recreativas con premio en bares y cafeterías. Para muchos españoles fue la primera vez que veían una ruleta fuera de una película. Diecisiete mapas del juego Con el Estado de las autonomías, la competencia sobre el juego presencial pasó en gran medida a las comunidades. Cada una fue aprobando su propia ley, sus catálogos de juegos y sus requisitos para abrir un salón, un bingo o una sala de apuestas. Las loterías de ámbito estatal y la ONCE quedaron fuera de ese reparto. En Castilla y León la norma de referencia es la Ley 4/1998, reguladora del juego y de las apuestas, desarrollada después por distintos reglamentos. La Junta autoriza los locales, fija condiciones de funcionamiento y gestiona el registro de personas que han solicitado que se les prohíba la entrada a establecimientos de juego. Por eso las reglas que se aplican en un salón de Soria no son necesariamente las mismas que en uno de Zaragoza o de Logroño. 2011: internet obliga a escribir una ley nueva La llegada de internet volvió a dejar la normativa por detrás de la realidad. A principios de este siglo, cualquier usuario podía apostar en webs con sede en otros países sin ningún control español. La respuesta fue la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que estableció por primera vez un marco estatal para el juego online. Desde entonces, los operadores que quieran ofrecer sus servicios a residentes en España necesitan una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente hoy del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Deben verificar la identidad y la edad de cada jugador, tributar en España y ofrecer herramientas para fijar límites de depósito o autoexcluirse. Ese es el cambio de fondo frente a épocas anteriores: hoy quien juega a la ruleta o al blackjack desde el sofá puede hacerlo en un casino con licencia española, como Sol Casino, sujeto a las mismas reglas de supervisión que cualquier otro operador autorizado. Antes de registrarse en cualquier casino online, conviene comprobar que figura en el listado de operadores habilitados que publica la propia DGOJ. Hoy: de la prohibición a la protección La última etapa se ha centrado menos en si se puede jugar y más en cómo se protege a quien juega. El Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, limitó la publicidad de los operadores online, sus bonos de bienvenida y su presencia en el patrocinio deportivo. Parte de ese texto fue revisada después por los tribunales, pero la orientación general se mantiene: el juego es una actividad legal que exige reglas claras y especial cuidado con los menores y las personas vulnerables. Visto con perspectiva, el camino ha sido largo. España ha pasado de castigar a quien ponía la casa a exigirle una licencia, de perseguir las timbas a supervisar plataformas digitales y de confiar en la prohibición a apostar por la información. Las cartas siguen sobre la mesa de cualquier bar de la provincia de Soria; lo que ha cambiado es la forma en que el Estado decide mirarlas. El juego está reservado a mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Si necesitas ayuda, puedes consultar ordenacionjuego.es, el portal de juego seguro de la DGOJ.
En el mapa europeo de las telecomunicaciones, la radiodifusión digital llevaba años consolidada como un estándar. Mientras países como Noruega o Suiza fijaron calendarios tempranos y la Unión Europea aprobó directivas para hacer obligatorio el DAB+ en coches nuevos , España se ha conformado con emisiones experimentales . A pesar de que la radio digital se perfilaba como el relevo de la FM, la falta de incentivos y de un marco regulatorio mantuvo el despliegue congelado . Hasta ahora : el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 958/2026 publicado en el BOE , una norma que reforma el plan de 1999 para impulsar la tecnología DAB+. Ahora bien, aunque la transición no implica cambiar la infraestructura, sí exige actualizar la codificación de la señal. Así se plantea en nuestro país. El calendario de DAB+ en España El Real Decreto, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación, sitúa a RTVE en el centro del despliegue : asumirá la explotación de la red de frecuencia múltiple MF-I con un calendario de obligado cumplimiento: Deberá alcanzar al 50% de la población a los seis meses . Subir al 70% a los 18 meses (cubriendo la mitad de las capitales de provincia, autopistas y autovías). Completar el 80% del territorio a los 30 meses, con una señal en el 70% de los municipios con más de 25.000 habitantes. Para los operadores privados , el texto fija una cuota de partida más laxa: únicamente un 20% de cobertura en el inicio. Solo cuando la cuota de DAB+ supere el 10% del consumo de la radio en España, el Ministerio para la Transformación Digital podrá ordenar una ampliación de cobertura para estas cadenas. Por su parte, las emisoras autonómicas y locales podrán adoptar el estándar de forma voluntario hasta que cada CCAA decida fijar una fecha en su territorio. Sea como sea, no se establece un apagón de la FM a corto plazo, a diferencia de lo ocurrido en el apagado de la AM motivado por costes y consumo energético. Las principales telecos de cada provincia de España, en un mapa que dice mucho de quién tiene la mejor cobertura Qué hay de nuevo con DAB+ El salto a DAB+ es importante. Mientras que el DAB (a secas) permitía alojar un máximo de seis emisoras por multiplex, la mayor tasa de compresión permite integrar en la versión 'Plus' hasta doce canales de audio sin pérdida de calidad. Además, prescinde de los característicos ruidos de fondo o pérdida de señal en movimiento: es el equivalente a la TDT en televisión . Por otro lado, el protocolo habilita la transmisión de metadatos para mostrar en la pantalla del receptor: nombres de programas, portadas de discos o detalles informativos. Y una de las adiciones más destacadas es el Sistema de Alerta Automática de Seguridad (ASA) , regulado bajo estándares europeos. Es una herramienta que permitirá a las autoridades enviar avisos de protección civil y emergencias directamente a los dispositivos compatibles. Para nosotros, los usuarios, escuchar la radio a través de DAB+ no implica estar conectados a internet. Eso sí, puede que necesitemos renovar dispositivos : que un receptor sea compatible con DAB no implica per se que lo sea con DAB+. En el lado del smartphone, fueron muy pocos los modelos compatibles y actualmente es raro ver uno que sí la acepte. Y en el coche, depende : los matriculados a partir de 2020 cuentan de fábrica con sintonizador digital. Si el tuyo es anterior o prescinde del receptor de DAB+, la alternativa pasa por adquirir adaptadores externos o bien receptores auxiliares. Cabe mencionar que el despliegue no parte desde cero, ya que varias ciudades contaban con emisoras en pruebas impulsadas por RTVE y algunos multiplex en capitales como Madrid o Barcelona. Sea como fuere, con el nuevo marco legal, esas emisiones pasarán a convertirse en un ejemplo para todo el territorio nacional. Imagen destacada | Sung Jin Cho en Unsplash En Xataka Móvil | Cómo escuchar el fútbol en la radio desde el móvil de la forma más sencilla y sin instalar nada - La noticia España acaba de aprobar el salto definitivo a la radio DAB+. La mala noticia es para tu móvil y los coches antiguos fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
