Alemania y Francia no ven necesario nombrar a nadie, Italia sí quiere y aceptaría a Costa, y Kallas se propone a ella misma. De España no hay noticia, porque ni está en Dublín ni se le espera Leer
El candidato español gana posibilidades para conseguir ser el presidente del Banco Central Europeo, tras un acuerdo entre Berlín y París, frente al neerlandés Klaas Knot Hernández de Cos se enfrentará al neerlandés Knot por la presidencia del BCE La balanza se va inclinando para que Pablo Hernández de Cos sea el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE). Francia apoyaría al candidato español frente al neerlandés Klaas Knot en el proceso de suceción de Christine Lagarde, que abandona la presidencia de la institución monetaria el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, según ha adelantado el diario francés Le Monde. En esta pugna por liderar la política monetaria de la zona euro no solo se pelea por la presidencia del BCE. Además, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria. Francia había mostrado su interés por el puesto de economista jefe, la segunda posición con más poder dentro del BCE, pero en las negociaciones entre las capitales europeas habría cedido ese puesto a Alemania para conseguir llegar a un acuerdo que no encumbre a un halcón, defensor de las políticas monetarias más duras, como Knot. Los nombramientos para el banco se abordarán de manera informal entre los líderes europeos este viernes en Dublín. Francia se enfrenta a unas elecciones fundamentales el próximo año, por lo que un presidente del BCE que abogue por más subidas de tipos de interés para ahogar a la economía y así bajar la inflación podría inclinar aún más la balanza por la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. París se conformaría con ocupar un puesto en el comité ejecutivo con responsabilidad en operaciones de mercado. Knot es reconocido por defender las políticas monetarias más duras. Coincidió con la presidencia del BCE de Mario Draghi, al que criticó por las medidas de estímulo económico que adoptó para sacar a Europa de la grave crisis económica que sufrió, aunque posteriormente adoptó un papel más pragmático ante la envergadura de la crisis, podría tener el respaldo de algunos países del norte de Europa que esperan una política monetaria más dura. Markus Brunnermeier como economista jefe Según Handelsblatt, el principal periódico económico de Alemania, la cancillería alemana habría ya elegido a Markus Brunnermeier como su apuesta para ocupar el puesto de economista jefe del BCE. Brunnermeier es profesor de la Universidad de Princeton y es considerado en los círculos financieros como un candidato altamente cualificado. El vicepresidente y ministro de Economía y de Transportes, Carlos Cuerpo, ya se mostró “optimista” ante las posibilidades de que Pablo Hernández de Cos sea designado como presidente del Banco Central Europeo. Cuerpo recalcó que “hace tiempo que se ha empezado a negociar la sucesión de la presidenta Christine Lagarde. Somos conscientes de todo lo que conlleva este tipo de procesos y hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente y fuerte como para tener posibilidades realistas. Somos optimistas, España por primera vez puede tener a alguien al frente del Banco Central Europeo”. Los 21 países de la zona euro tienen que elegir por votación al presidente de la institución monetaria por un periodo de ocho años sin posibilidad de renovación. La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre los 21 países, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro.
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El Partido Popular se compromete a defender una Política Agraria Común (PAC) que garantice las ayudas que necesita el sector, impulsar un pacto nacional del agua con una inversión de 40.000 millones de euros, reducir la burocracia y los impuestos que soportan agricultores y ganaderos y favorecer el relevo generacional en el campo. Son los cuatro compromisos que la candidata del PP de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Carmen Fúnez , ha trasladado a Asaja en una reunión celebrada este viernes, en el primer día de la campaña electoral, y que ha presentado como parte del proyecto de Alberto Núñez Feijóo para llegar al Gobierno de España. Fúnez ha justificado que la candidatura popular haya elegido a Asaja como primera organización sectorial con la que reunirse por el peso de la a gricultura en la provincia , donde representa el 20% del producto interior bruto y sostiene más de 30.000 explotaciones agrarias y el empleo de más de 15.000 personas. “Era obligatorio. Es responsable que el primer sector con el que nos reuniésemos fuese con Asaja y con los agricultores y ganaderos de esta provincia porque para nosotros es nuestra prioridad”, ha afirmado. La candidata popular ha descrito una situación preocupante para el sector primario : “El campo está mal. El campo está preocupado. El campo está ahogado a impuestos”. A ello ha sumado el encarecimiento de los costes de producción, con subidas durante el último año del 39% en los carburantes y del 21,5% en los fertilizantes, mientras que los precios de los productos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos y las inversiones que afrontan las explotaciones. También ha puesto el foco en los autónomos del sector agrario, a los que ha definido como “los grandes contribuyentes del sanchismo”, al considerar que no reciben servicios públicos acordes con los impuestos que pagan. Frente a esta situación, ha defendido un sector primario más fuerte, con menos obstáculos y mayor competitividad, como condición para garantizar el futuro económico de Ciudad Real. PAC El primero de los cuatro compromisos anunciados por Fúnez es la defensa de la PAC en las negociaciones europeas del próximo marco presupuestario, correspondiente al periodo 2027-2035. La candidata ha reclamado que España acuda a Bruselas con una posición firme y argumentos suficientes para garantizar unas ayudas de las que, según ha señalado, procede entre el 17% y el 20% de la renta de los agricultores. Para ello, ha asegurado que el PP contará con un ministro o ministra de Agricultura con experiencia y conocimiento del sector, siguiendo el ejemplo de anteriores responsables populares como Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina. Agua El segundo compromiso es un pacto nacional del agua que evite que este recurso siga siendo “un elemento de confrontación política y territorial”. Fúnez ha avanzado una inversión de 40.000 millones de euros para modernizar los regadíos, mejorar las infraestructuras y llevar agua a las zonas que la necesitan. La propuesta, ha explicado, se ha calculado con aportaciones de comunidades de regantes, agricultores, ganaderos e ingenieros vinculados a la obra pública. Sobre este asunto, ha precisado que un futuro Gobierno del PP realizaría primero una auditoría hídrica para conocer la situación de los recursos y de las instalaciones de regadío. Ha recordado que Feijóo ha anunciado auditorías en todos los ministerios durante los primeros cien días de Gobierno y ha defendido que, antes de concretar las actuaciones, es necesario conocer el estado de partida. Después, ha planteado un acuerdo en el que participen todas las comunidades autónomas y que esté coordinado por el Ejecutivo central, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. Burocracia La reducción de la burocracia y de la presión fiscal constituye el tercer compromiso. Fúnez ha criticado que los agricultores y ganaderos tengan que dedicar demasiado tiempo a realizar trámites administrativos y presentar reiteradamente la misma documentación en las oficinas comarcales agrarias. “No se puede pasar más tiempo en la oficina comarcal agraria que en tu explotación agraria”, ha señalado. En paralelo, ha defendido una bajada de impuestos para que quienes generan empleo y oportunidades dispongan de más recursos para mejorar sus explotaciones y crear puestos de trabajo. Dentro de este tercer eje, también ha reclamado más seguridad en el medio rural, con un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los robos en sistemas de riego, naves, almacenes y otras instalaciones agrícolas y ganaderas. Relevo generacional El cuarto compromiso pasa por impulsar el relevo generacional. Fúnez ha considerado imprescindible conseguir que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse a la actividad agraria y asumir el liderazgo de las explotaciones, como vía para mantener vivo el medio rural. “Sin agricultura tampoco seguirán vivos nuestros pueblos”, ha advertido. Asaja reclama soluciones Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Emilio Cepeda , ha agradecido la presencia de la candidatura popular en las instalaciones de la organización y ha expresado su deseo de que este encuentro sea “el inicio de soluciones reales” para los problemas de la agricultura y la ganadería. Cepeda ha señalado la PAC y la burocracia como algunas de las cuestiones que preocupan al sector, aunque ha situado el agua como la principal necesidad. “Sin agua no hay futuro para la agricultura”, ha afirmado, antes de reclamar las infraestructuras necesarias para que agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad. El sector más importante de la provincia El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde , ha defendido también el peso estratégico de la agricultura y la ganadería en Ciudad Real, al considerar que constituyen la base de una industria agroalimentaria que es uno de los principales valores económicos del territorio. Ha recordado que el sector genera directamente el 20% del PIB provincial y tiene además un importante efecto sobre otras actividades económicas y comerciales de los municipios. Valverde ha reclamado estabilidad y un Gobierno que defienda los intereses de los agricultores en Europa para garantizar la continuidad de la PAC, además de acabar con la burocracia que, a su juicio, está asfixiando a las explotaciones. También ha advertido del impacto de los elevados precios de los fertilizantes y los combustibles, que en ocasiones hacen inviables las explotaciones agrarias. En materia hídrica, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber tenido en cuenta las necesidades de territorios como Ciudad Real y ha reclamado una auditoría para conocer los recursos disponibles y las posibilidades de obtenerlos. Entre las actuaciones que considera necesarias ha citado las inversiones para llevar agua desde las zonas donde existe disponibilidad hasta aquellas que la necesitan, la recarga de acuíferos, especialmente en el Alto Guadiana, y la reutilización de aguas residuales para el riego. Por último, ha defendido un gran pacto nacional del agua que permita movilizar nuevos recursos y negociar con Europa teniendo en cuenta las diferencias entre los modelos agrícolas del norte del continente y los del Mediterráneo. “Sin agua, este sector que da vida a la provincia va a desaparecer y, si desaparece este sector, la provincia va a tener también un mal futuro”, ha concluido .
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El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.
El candidato español gana posibilidades para conseguir ser el presidente del Banco Central Europeo, tras un acuerdo entre Berlín y París, frente al neerlandés Klaas Knot Hernández de Cos se enfrentará al neerlandés Knot por la presidencia del BCE La balanza se va inclinando para que Pablo Hernández de Cos sea el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE). Francia apoyaría al candidato español frente al neerlandés Klaas Knot en el proceso de suceción de Christine Lagarde, que abandona la presidencia de la institución monetaria el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, según ha adelantado el diario francés Le Monde. En esta pugna por liderar la política monetaria de la zona euro no solo se pelea por la presidencia del BCE. Además, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria. Francia había mostrado su interés por el puesto de economista jefe, la segunda posición con más poder dentro del BCE, pero en las negociaciones entre las capitales europeas habría cedido ese puesto a Alemania para conseguir llegar a un acuerdo que no encumbre a un halcón, defensor de las políticas monetarias más duras, como Knot. Los nombramientos para el banco se abordarán de manera informal entre los líderes europeos este viernes en Dublín. Francia se enfrenta a unas elecciones fundamentales el próximo año, por lo que un presidente del BCE que abogue por más subidas de tipos de interés para ahogar a la economía y así bajar la inflación podría inclinar aún más la balanza por la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. París se conformaría con ocupar un puesto en el comité ejecutivo con responsabilidad en operaciones de mercado. Knot es reconocido por defender las políticas monetarias más duras. Coincidió con la presidencia del BCE de Mario Draghi, al que criticó por las medidas de estímulo económico que adoptó para sacar a Europa de la grave crisis económica que sufrió, aunque posteriormente adoptó un papel más pragmático ante la envergadura de la crisis, podría tener el respaldo de algunos países del norte de Europa que esperan una política monetaria más dura. Markus Brunnermeier como economista jefe Según Handelsblatt, el principal periódico económico de Alemania, la cancillería alemana habría ya elegido a Markus Brunnermeier como su apuesta para ocupar el puesto de economista jefe del BCE. Brunnermeier es profesor de la Universidad de Princeton y es considerado en los círculos financieros como un candidato altamente cualificado. El vicepresidente y ministro de Economía y de Transportes, Carlos Cuerpo, ya se mostró “optimista” ante las posibilidades de que Pablo Hernández de Cos sea designado como presidente del Banco Central Europeo. Cuerpo recalcó que “hace tiempo que se ha empezado a negociar la sucesión de la presidenta Christine Lagarde. Somos conscientes de todo lo que conlleva este tipo de procesos y hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente y fuerte como para tener posibilidades realistas. Somos optimistas, España por primera vez puede tener a alguien al frente del Banco Central Europeo”. Los 21 países de la zona euro tienen que elegir por votación al presidente de la institución monetaria por un periodo de ocho años sin posibilidad de renovación. La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre los 21 países, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro.
