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Interior gastó hace un mes 70.000 euros en el spray pimienta cuyo uso acaba de suspender Marlaska (se abre en una pestaña nueva)

La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.

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Hace 2 h

Así ha contratado Elche en 2026: 64,5 millones de euros en adjudicaciones y reducción a 10 contratos menores (se abre en una pestaña nueva)

Los contratos de obra son los más voluminosos, con 36 millones de euros, y los de servicios, los más frecuentes, con 84 contratos. El modelo más utilizado, el abierto simplificado

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Hoy, hace 17 h

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Interior gastó hace un mes 70.000 euros en el spray pimienta cuyo uso acaba de suspender Marlaska (se abre en una pestaña nueva)

La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.

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Hoy, hace 21 h

eldiario.esNacional

La Fiscalía implica a Corvillo, militante socialista cordobés, como "intermediario" entre Aldama y Ábalos para el pago de mordidas (se abre en una pestaña nueva)

El Ministerio Público encuadra el préstamo para el pago de un local y un aparcamiento a la pareja del exministro, Andrea de la Torre, en ese sistema de comisiones por amaños de adjudicaciones de obra pública Cristian Corvillo, el desconocido que se subió al escenario con Sánchez y acabó como mano derecha de Ábalos en Andalucía La Fiscalía Anticorrupción considera que Cristian Corvillo, persona vinculada al PSOE de Córdoba, pudo facilitar o intermediar en la entrega de dinero en efectivo que el comisionista Víctor de Aldama hacía llegar al exministro José Luis Ábalos. En el informe previo a las entradas y registros que se llevaron a cabo la semana pasada y que volvieron a afectar al domicilio de Ábalos, el Ministerio Público señala que en las conversaciones de la presunta trama investigada, “expresiones como 'fotocopias' y 'bolígrafos' tendrían un mismo significado: dinero en efectivo”. Tras el levantamiento del secreto de esta pieza separada, dedicada a analizar la figura de Corvillo, el fiscal explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que, tras el análisis progresivo de lo incautado en febrero de 2024 (cuando estalló el caso Koldo) se ha podido profundizar en ese papel de Corvillo para la canalización de fondos al entorno de Ábalos “en un contexto marcado por el cobro de cantidades adeudadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”. En concreto, detalla que éste investigado “habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona” y todo en un contexto en el que el exministro “había manifestado tener falta de liquidez y buscaba financiación para que su entonces pareja, Andrea de la Torre adquiriera un inmueble”. Detalla el informe del fiscal que el 19 de abril de 2024, la pareja de Ábalos adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros (un local de uso industrial ubicado en la calle Cerro del Murmullo, de Madrid, y una plaza de aparcamiento en ese mismo edificio). Explica la UCO que esa compra se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose el pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria. Frente a esta tesis, fuentes de la defensa de De la Torre señalan que sí hubo una hipoteca pero que fue cancelada gracias a un préstamo en el que intervino Corvillo. Para la Fiscalía y para la UCO, la realidad es otra. Indican que el 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una trasferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto 'préstamo' y que el origen del dinero estaba en una cuenta de Portugal titulada por la mercantil Esperança Colossal, sociedad administrada por un tercero que además titulaba otra sociedad española denominada Deplan-Works SL. “Del análisis de los mensajes intercambiados entre Corvillo y Aldama se colige que ambas sociedades se encontrarían bajo el control de Corvillo”, indica el fiscal del caso. El papel de Corvillo habría ganado peso como “mediador” entre la dupla Ábalos-Koldo y el comisionista Aldama en el momento en el que la relación entre ellos empezó a deteriorarse. “Corvillo habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos”, destaca. Y el fiscal añade que constan mensajes entre Aldama y Corvillo en los que hablan de las gestiones encargadas a Ábalos, que era utilizado por su capacidad de influencia dentro del Gobierno. Como ejemplo destaca una gestión del exministro ante la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, a cuenta de una solicitud de nacionalidad de un cardiólogo norteamericano. Y constan los mensajes de Ábalos intercambiados con Reyes Maroto. Por otro lado, el informe apunta que hay indicios de que Corvillo se habría hecho con una vivienda como “contraprestación en especie” por su participación en las actividades de la organización criminal investigada. La vivienda en cuestión se denominaba 'Casa de Celia Cruz' y fue adquirida gracias a transferencias desde sociedades portuguesas vinculadas a Aldama (como Atmosfera Audaz Unipessoal LDA) . El precio de la compraventa fue de 399.900 euros. La UCO ha podido documentar pagos por valor de 245.498 euros. La Fiscalía señala, además, que Corvillo utilizó a terceras personas para ocultar su participación en determinadas operaciones. De hecho, cree que pudo utilizar de pantalla a su propio hermano para actividades vinculadas a Aldama. Además, explica que este militante y empresario cordobés se habría valido de Koldo García “para influir en licitaciones convocadas por organismos dependientes de ese Ministerio de Transportes, en particular,por ADIF y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre”. En este sentido, destaca que tenía relación con empresas del sector como la UTE conformada por Construcciones Sevilla Nevada y Azvi. Esa UTE fue adjudicataria de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, del acceso a Mérida, del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara. También tuvo relación con la UTE de Aquaterra Servicios Infraestrcuturas y Servicios Técnicos Napal, que se adjudicó el contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP7 (Cartagena – Vera). A esto, suma que Corvillo también pudo influir en la adjudicación a la empresa Limpiezas Castilla de Salamanca SL (del Grupo Limcasa) del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro nº 1 de Madrid. Interlocución con Pedro Sánchez Si bien el informe del fiscal obvia alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los posibles vínculos con la trama del PSOE, los dos informes de la UCO a los que también ha accedido elDiario.es sí mencionan que se ha localizado una conversación entre Corvillo y Aldama en la que el primero refiere que mantiene una interlocución directa con el secretario general del partido. Siempre según mensajes del propio Corvillo, el 19 de abril de 2023 indicó a Aldama que al día siguiente el presidente iría a Córdoba y mantendría una reunión privada con él. “Me ha llamado Óscar López”, indicó. Al día siguiente, este militante explicaba a Aldama cómo se había desarrollado la reunión que se habría extendido por 35 minutos. La valoró como “muy positiva al señalar que había ido 'de lujo lujo'”. Y precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos por la trama investigada.

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Ayer

La abogada de Koldo García responde al juez Pedraz que Okdiario pagó la totalidad de su minuta (se abre en una pestaña nueva)

Leticia de la Hoz indica que el propio Koldo García se pone a disposición del juez del caso Leire para prestar declaración y "aclarar" que fue la editora del medio de Inda quien pagó la defensa Lo que pasa cuando publicas una noticia sobre Eduardo Inda El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz preguntó este miércoles por medio de una providencia a la abogada Leticia de la Hoz, que hasta hace unos días llevaba la defensa legal de Koldo García, si las dos facturas que presentó por un total de 242.000 euros eran las únicas que había emitido en concepto de pago por el asesoramiento jurídico al exasesor ministerial. Ahora, De la Hoz responde que esas dos facturas emitidas por el despacho de De la Hoz a la editora de Okdiario (Dos mil palabras SL) -una de 27 de noviembre de 2025 y otra de 23 de enero de 2026- “constituyen la totalidad de lo percibido por ese concepto durante el periodo íntegro en que ha ejercido dicha defensa”. Y recalca que “no existe factura, minuta, provisión de fondos ni cobro distinto de los ya aportados, de suerte que la documentación unida a las actuaciones recoge cuanto ha facturado y cobrado por esa defensa”. Dice más, y es que asevera que “el único pagador de esa defensa ha sido la sociedad Dos mil Palabras S.L., que abonó los emolumentos y honorarios devengados por la asistencia letrada de Koldo García en los procedimientos seguidos contra él”. Cabe recordar que García ha sido condenado por el Supremo a casi veinte años de cárcel y que también consta como investigado en procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, como en el que se indaga sobre mordidas a cambio de amaños en adjudicaciones de obra pública. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que ninguna otra persona, física o jurídica, ha satisfecho cantidad alguna por gastos de esa defensa, “ni directamente ni por persona interpuesta”. Además, explica que el propio Koldo García, que cumple su pena en la prisión de Soto del Real puede declarar en este procedimiento y “aclarar cualquier duda o confusión que subsista sobre quién retribuyó su defensa y en qué importes”. “Es el destinatario de los servicios a que se refieren las facturas, conoce directamente su relación con la sociedad pagadora y no cabe esperar reparo alguno por su parte a prestar declaración”, asevera. Frente a esos contratos, el periódico de Inda publicó extractos de un contrato que, dicen, habrían firmado con el exasesor de José Luis Ábalos a cambio de que participara en docuseries, podcasts, etc. Y que ese pago de 242.000 euros había que encajarlo en ese acuerdo. Sin embargo, Koldo García, en diferentes audios grabados desde prisión ha retado a esa web a publicar el contrato íntegro y ha sostenido que en una reunión que mantuvo con el abogado del PP Alberto Durán se le ofreció una cantidad de dinero cercana al millón de euros a cambio de que declarara falsedades en contra del Gobierno del Pedro Sánchez. Este extremo ha sido negado tanto por el PP como por el propio letrado, que subrayan que nunca se dio ese ofrecimiento.

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Hace 3 días

Sara López denuncia ''trampas en los contratos'' del Ayuntamiento (se abre en una pestaña nueva)

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria , Sara López, ha anunciado el voto en contra de su formación al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (REC) y a la modificación presupuestaria número 11/2026 que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno. Denuncia el uso reiterado de esta fórmula para abonar gastos sin licitación previa, recordando que en junio ya se aprobó otro expediente similar por valor de 185.687,24 euros . "Una vez más, el Ayuntamiento acumula 680.425,39 euros en obligaciones de pago irregulares porque el PSOE omite de forma sistemática el procedimiento legal de contratación", ha señalado la representante municipal. Asimismo, ha criticado los sobrecostes en adjudicaciones ya finalizadas: "No vamos a tapar sus trampas en los contratos , ni los 600.000 euros que nos han costado a los sorianos. Después del caso Fuentona , lo que los sorianos piden al Ayuntamiento es transparencia". Junto a este expediente, el grupo socialista prevé aprobar una modificación presupuestaria de 549.561,11 euros . Según ha explicado López, esta cuantía se detrae de inversiones reales previstas para la ciudad, tales como la urbanización del polígono industrial de Las Casas, la adecuación de la plaza de Las Balsas o la creación de infraestructuras turísticas. Advertencias del interventor municipal En Vox aseguran no cuestionar el derecho de las empresas a cobrar por los servicios prestados, pero rechazan que se traslade el problema a los funcionarios. Según ha expuesto la concejal, el propio informe del interventor reprueba esta gestión: "El interventor ha dicho basta y ha tenido que parar los pies de forma contundente al equipo de gobierno ". El documento técnico alerta de "obligaciones indebidamente adquiridas y de incumplimientos normativos que determinan la nulidad de pleno derecho de las actuaciones municipales". Además, recuerda por escrito que la contratación verbal está prohibida y que un procedimiento extraordinario no puede convertirse en ordinario ni subsana por sí mismo los defectos administrativos. "Los propios técnicos les están diciendo que este Ayuntamiento gestiona al margen de la ley ", ha destacado López. Desglose de contratos caducados y facturas sin expediente El expediente afecta a la práctica totalidad de los departamentos del consistorio a través de servicios con contratos vencidos o prestaciones sin cobertura legal. Los principales importes y actuaciones señalados por Sara López se dividen en las siguientes áreas: Parques y Jardines: Acumula 292.635,83 euros en sobrecostes del servicio prestado por la empresa Talher, cuyo contrato finalizó en octubre de 2018 y se mantiene desde hace ocho años mediante órdenes de continuidad. Centros educativos: Suma 145.921,55 euros por la limpieza de colegios municipales (con el contrato vencido desde noviembre de 2021) y otros 111.003,73 euros de costes energéticos (cuya adjudicación expiró en noviembre de 2025). Deportes y transporte: Incluye facturas sin contrato previo para transportes escolares , torneos de pelota y servicios vinculados a la organización de la Superliga de voleibol , actividades que para la edil son previsibles y deberían haberse licitado. Cultura y Festejos: Abarca citas como Verano en Danza, la actuación del Mago Invisible, gastos adicionales de las fiestas de San Juan y la exposición sobre Gaya Nuño. En estos casos, se celebraron los eventos sin finalizar la adjudicación o, en lo referente al catálogo de la citada muestra, sin iniciar siquiera el expediente de contratación. Para concluir, la concejal ha cuestionado la falta de planificación municipal tras tres años de advertencias por parte de su grupo. "¿De qué sirve pregonar presupuestos récord si luego esconden el coste de los servicios básicos para acabar recurriendo a trampas contables?", ha planteado la edil, rechazando que se normalice la continuidad de servicios caducados a costa de reducir el dinero destinado a nuevas inversiones.

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