El decreto de vivienda que incluía la prórrogas automáticas de los alquileres por cinco años y abría la puerta a los contratos indefindos cayó este jueves en al votación de la Diputación Permanente. El resultado beneficia a los propietarios, que evitarán pagar más de 15.000 euros a los inquilinos por recuperar su vivienda fuera de las causas justificadas que estableció el texto si no querían una extensión de un lustro en el acuerdo entre las partes. El decreto fracasó por la mínima -34 votos frente a 35- por el 'no' del PNV a esos alquileres indefinidos. A diferencia con el decreto que sí salióadelante, el inquilino no tenía que pedir las prórrogas contempladas en este texto sino que se aplicaban... Ver Más
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
MURCIA. La prórroga de los alquileres convalidada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados en un Real Decreto-ley con medidas de vivienda permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia , según los cálculos de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Así, un total de 46.819 contratos de alquiler podrán beneficiarse en la Comunidad de la prórroga extraordinaria de dos años impulsada por el Gobierno de España para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar en alquiler hay 2,59 personas por hogar en alquiler a precio de mercado. Con este número de contratos prorrogables, son 117.500 personas las que podrían beneficiarse de esta medida en la Región de Murcia y casi cinco millones de personas en toda España que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones. Los contratos y el ahorro se calculan con una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, que sube como los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no hay salto, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. Las personas, unos 4,9 millones, se estiman con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Esta prórroga de los contratos de alquiler, además de ofrecer estabilidad y certidumbre, va a suponer un importante ahorro para las familias que viven de alquiler. En el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano por hogar asciende a 4.341 euros en toda España.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Casa 47 abrió el pasado sábado la convocatoria para optar a 104 viviendas de alquiler asequible en Galicia. Nueve de estas se encuentran en el municipio de Teo y su alquiler mensual oscila entre 486 y 644 euros, mientras que la superficie de los inmuebles va de 68 a 115 metros cuadrados.
Todas las mañanas, antes de preparar el desayuno, una vecina de Cala de Bou tiene que realizar una tarea que se ha convertido en parte de su rutina: matar las cucarachas que encuentra sobre la encimera y limpiar la superficie para poder cocinar. «¿Tú sabes lo que es levantarte por la mañana y entrar en tu cocina con asco?», pregunta con una mezcla de indignación y resignación. Asegura que lleva años soportando una situación que habría hecho abandonar la vivienda a cualquiera que tuviera otra alternativa. Pero ella no la tiene. Cobra 1.300 euros al mes, paga 800 de alquiler y sabe que encontrar otro piso en Ibiza con ese presupuesto es prácticamente imposible.
Según pisos.com, el precio medio del alquiler en España fue de 14,91 euros por metro cuadrado en octubre de 2026, subiendo un 0,13% frente al pasado mes de septiembre Según el informe mensual de precios [Leer más...] The post El precio medio del alquiler sube un 6,96% frente al año pasado first appeared on Diario Digital de Teruel .
Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
La asociación Inca-Mallorca Solidària, impulsada por Antònia Triguero, mantiene un centro educativo gratuito que ha pasado de 135 alumnos a 843 en poco más de un año. La caída de las donaciones amenaza su continuidad Fotogalería - El horror en Palestina a través de 25 dibujos de adolescentes anónimos en el campo de refugio de Dheisheh En un local de Inca, varias mujeres trabajan concentradas frente a sus máquinas de coser. Unas preparan un pedido de tarjeteros; otras confeccionan pequeños monederos y bolsas con telas de colores llegadas de Senegal, Marruecos o Venezuela. Hay conversaciones, encargos que se acumulan y proyectos que se entrecruzan. La escena tiene algo de taller, de tienda y de punto de encuentro. Pero también es una pequeña infraestructura de solidaridad que conecta Mallorca con lugares muy alejados, desde Senegal y Ucrania hasta Gaza, donde la asociación sostiene una escuela levantada entre los campamentos de desplazados para ofrecer educación y un espacio de protección a niños y niñas palestinos. Al frente de esta red está Antònia Triguero, presidenta de Inca-Mallorca Solidària , una asociación que lleva años impulsando iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria. De todas ellas, hay una que ahora concentra buena parte de sus esfuerzos y también sus preocupaciones: la escuela impulsada en la Franja de Gaza, que ha pasado de acoger a 135 niños y niñas cuando abrió sus puertas, en septiembre de 2025, a tener 843 alumnos. Mantenerla abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño, apunta Triguero-. Y las donaciones, que durante los primeros meses permitieron incluso enviar entre 10.000 y 12.000 euros al mes, han caído. “Todas las emergencias tienen un pico y después la gente se va olvidando un poco”, lamenta la responsable de la entidad. La asociación ha lanzado una llamada de auxilio para evitar que el proyecto se quede sin recursos. En octubre envió 6.000 euros a Gaza y terminó con un descubierto de 2.000. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto. La situación ya ha obligado a retirar uno de los servicios que ofrecían a los menores: la merienda diaria. Mantener la escuela abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño- y las donaciones han caído. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto “Le dijimos a Marcel: dinos, para no cerrar la escuela, cuáles son los gastos mínimos que tienes. Sin el alimento”, explica Triguero. Marcel es el responsable de la organización gazatí con la que trabaja la entidad mallorquina y quien coordina la actividad sobre el terreno. Fue él quien propuso transformar la ayuda alimentaria inicial en un proyecto educativo. El objetivo de la ONG es conseguir una base de colaboradores que permita financiarla de manera estable, sin tener que recurrir cada pocos meses a campañas de urgencia. “Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría”, afirma. elDiario.es acompaña a Triguero y a varias voluntarias en una tarde de trabajo en la sede de Inca, donde, entre máquinas de coser, telas y conversaciones, preparan los productos artesanales con cuya venta contribuyen a mantener viva una red de solidaridad que llega hasta Gaza, Senegal, Ucrania y tantos otros lugares. Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La carpa que se convirtió en escuela y refugio La historia había comenzado unos meses antes, en mayo de 2025, cuando la población de Gaza atravesaba una situación de extrema escasez de alimentos. La asociación encontró una vía para hacer llegar ayuda a través de contactos locales. “Empezamos a cocinar para 300 familias”, recuerda Triguero. La situación era tan desesperada que, según relata, algunas personas bebían agua con sal para intentar mitigar el hambre. La dificultad para introducir dinero y material en la Franja obligó a buscar alternativas sobre el terreno. Varias voluntarias confeccionan productos artesanales destinados a financiar los distintos proyectos de cooperación y ayuda humanitaria de la asociación Una de las voluntarias de Inca-Mallorca Solidària elabora a mano pequeñas sandías de ganchillo con los colores de la bandera palestina en el taller de costura de la asociación Cuando la llegada de alimentos comenzó a mejorar, Marcel le planteó otra posibilidad: aprovechar una carpa de su organización para poner en marcha una escuela. En septiembre de 2025 empezaron las clases con 135 menores. La respuesta desbordó las previsiones. Durante el curso llegaron a 600 y, en la actualidad, el centro cuenta con 843 alumnos. El Ministerio de Educación de Gaza ha respaldado el proyecto y, según explica Triguero, ha autorizado que los estudios puedan llegar hasta décimo curso, equivalente a la etapa previa al bachillerato. La escuela no es, sin embargo, únicamente un lugar donde impartir clases. En un entorno rodeado de tiendas de campaña, se ha convertido en un espacio de encuentro y protección para los menores y sus familias. “La escuela es su momento de ser niños”, resume Triguero. Por las mañanas acuden a clase y por las tardes participan en actividades extraescolares en las que aprenden bailes tradicionales, tocan instrumentos o practican voleibol. La escuela es su momento de ser niños Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La asociación ha intentado que el recinto tenga otros usos que respondan a las necesidades de la comunidad desplazada. Uno de ellos es un horno móvil de hierro fundido, financiado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España. Su carácter transportable permite trasladarlo si las circunstancias obligan a abandonar la ubicación actual. En los alrededores, donde escasea la leña y cocinar resulta costoso, las mujeres pueden utilizarlo para preparar pan y dulces. También se organizan talleres de salud y prevención del cáncer dirigidos a ellas. Alumnos de la escuela realizan ejercicios en la carpa El espacio ha llegado incluso a funcionar como refugio. Triguero recuerda que, durante las fuertes lluvias y rachas de viento del invierno pasado, muchas tiendas de campaña de los alrededores quedaron destruidas y varias familias buscaron cobijo en la escuela. “No es solo una escuela”, insiste. De ahí su preocupación ante la posibilidad de tener que cerrar un lugar que ha ido adquiriendo funciones que van mucho más allá de la enseñanza. Siete euros y medio al mes por alumno Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar. No incluye la alimentación que recibían anteriormente los menores. “Para nosotros, que somos una asociación pequeñita, que no tenemos económicamente y dependemos de la gente porque no tenemos ayuda de nadie, es importante”, explica Triguero. La entidad cuenta actualmente con unos 200 socios y considera que alcanzar los 500 ó600, con aportaciones de unos diez euros mensuales, permitiría dar mayor estabilidad al proyecto. “Estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, pondría los 7,50 euros al mes”, sostiene. Quienes deseen contribuir a mantener las aulas en pie pueden hacerlo mediante Bizum, a través del apartado 'Hacer donativo' de la aplicación bancaria, introduciendo el código 12706. Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar Varios niños participan en una actividad educativa y lúdica en la escuela impulsada por Inca-Mallorca Solidària en Gaza Entre las aportaciones que han permitido sostener la iniciativa figura la de la periodista Almudena Ariza, que donó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria. Ese dinero sirvió para financiar durante bastante tiempo las meriendas de los niños y adquirir pupitres y sillas. También han llegado contribuciones de empresas, particulares y entidades que han organizado conciertos, celebraciones y otras actividades para recaudar fondos. La asociación recuerda especialmente cómo pequeñas iniciativas, incluso una boda o una fiesta, terminaron convirtiéndose en recursos para los alumnos. La periodista Almudena Arizadonó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria La caída de las aportaciones durante el verano, especialmente desde julio y agosto, dejó al proyecto en una situación delicada. La difusión de la campaña en los medios permitió recuperar parte de las donaciones y garantizar los gastos de los últimos meses del año, pero la presidenta sabe que no basta con responder a una emergencia puntual: la escuela necesita ingresos regulares. Una red de mujeres que cose solidaridad La actividad que se desarrolla en la sede de Inca ayuda a entender cómo funciona esta organización. El taller de costura, nacido hace ocho o nueve años para dar respuesta a las necesidades de socialización de mujeres, reúne a una veintena de participantes. Mari Carmen, Cati, Mari Ángeles, María y otras tantas mujeres confeccionan productos con telas que Triguero trae de sus viajes y que después se venden para financiar diferentes iniciativas. La actividad, además, fomenta la convivencia y crea vínculos entre las participantes. No todo lo recaudado se destina a Gaza: cada colección tiene su propio destino. Los artículos elaborados con telas de Senegal, por ejemplo, contribuyen a financiar los proyectos que la asociación desarrolla en ese país. Mari Carmen y Cati, junto al resto de voluntarias, comparten risas, conversaciones y labores de costura y ganchillo. La iniciativa, además de fomentar la convivencia y crear vínculos entre las participantes, permite elaborar productos artesanales para financiar proyectos solidarios Mari Ángeles, concentrada en una labor de costura en el taller María, delante de una de las máquinas de coser, explica que participar en el taller le aporta, sobre todo, bienestar y satisfacción personal. Acude una vez por semana, por las mañanas, para abrir la tienda y atender a las personas que se acercan. Además de colaborar en la elaboración y venta de productos, aprovecha para explicar a los visitantes los proyectos solidarios que desarrolla la asociación y dar a conocer el trabajo que realizan. También destaca el ambiente de compañerismo que se ha creado entre las mujeres, con quienes comparte conversaciones, momentos de descanso y pequeñas rutinas que hacen del taller un espacio de encuentro. Allí ha encontrado vínculos y una energía positiva que le ayudan a desconectar de las preocupaciones cotidianas. María, al frente de una de las máquinas de coser “Esto es como una gran familia”, explica la presidenta mientras muestra las prendas y los accesorios. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino, que comercializan a 14 euros. Una manera de convertir un objeto cotidiano en una aportación para la escuela. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino La actividad se sostiene también gracias a las donaciones de material y equipamiento. Algunas máquinas de coser fueron cedidas por la Fundación La Caixa y otras proceden de particulares o empresas que han cerrado. La asociación recoge asimismo material de hoteles y hospitales que retiran equipamientos todavía aprovechables y les busca una segunda vida en otros proyectos. La red de cooperación va mucho más allá de Gaza. En Senegal, la entidad trabaja en la creación de maternidades, escuelas y cooperativas de mujeres, y ha iniciado un proyecto agrícola con la colaboración de ingenieros agrónomos y agricultores mallorquines. Entre los estantes también hay material informativo sobre los distintos proyectos de la asociación, como la pulsera solidaria que se vende para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los llamados 'niños de la lata' de Senegal. En Ucrania, la ONG prepara el envío de un tráiler y dos ambulancias, mientras que a Senegal prevé trasladar un contenedor y otra ambulancia. En Mallorca mantiene ayudas a familias vulnerables y colabora con otras entidades y con menores afectados por enfermedades raras. Una pulsera solidaria para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los 'niños de la lata' de Senegal Una mesa llena de telas, retales y utensilios de costura sirve de punto de encuentro para las voluntarias de la asociación En el taller, esa solidaridad también tiene nombres propios. Triguero cuenta la historia de Álvaro, un apicultor de León al que conocieron durante una campaña de ayuda a los pueblos afectados por los incendios del pasado verano. Después de comprar miel a varios productores que habían perdido parte de sus colmenas, el apicultor decidió reservar parte de su producción para la escuela de Gaza. La asociación ha vendido cientos de kilos y prepara nuevas partidas. El padre de Álvaro, un hombre de casi 90 años, también quiso contribuir: “Hemos recibido una herencia y quiero darle esa herencia: 500 euros para la escuela”, le comunicó. A estas aportaciones se suman un concierto de violín que se está organizando y una carrera solidaria prevista para diciembre por parte del colegio San Francisco, cuyos fondos se destinarán a los niños de Gaza. Son iniciativas pequeñas y grandes que, juntas, han permitido mantener en funcionamiento el centro. Tarros de miel procedente de León que Inca-Mallorca Solidària vende en su sede a beneficio de la escuela para niños y niñas de Gaza Que la escuela no dependa de una emergencia Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades. La presidenta insiste en la importancia que tiene la educación para las familias palestinas y en la necesidad de que los niños puedan conservar una rutina en medio de unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades Desde Inca, entre máquinas de coser, telas de colores, pedidos de miel y cajas de material recogido, la entidad intenta sostener un proyecto que ya forma parte de la vida de 843 menores. La distancia entre el taller mallorquín y las carpas de Gaza es enorme, pero el vínculo se mantiene con cada aportación, cada producto vendido y cada persona que decide colaborar. La continuidad de la escuela depende ahora de que esa red crezca. Porque, como recuerda Triguero, los 7,50 euros mensuales por niño pueden parecer una cantidad pequeña, pero para una asociación que depende casi exclusivamente de la solidaridad ciudadana marcan la diferencia entre mantener abiertas las aulas o apagar las luces de un espacio que, para cientos de niños, es también una oportunidad de seguir siendo niños.
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
Un día después de la huelga general y a pocas horas de comenzar oficialmente la campaña electoral del 29N, el Gobierno lleva los decretos de vivienda a la Diputación Permanente. Este jueves se vota la convalidación de los dos paquetes de medidas aprobados por el Consejo de Ministros a inicios de octubre, que incluyen la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, hasta el 31 de diciembre de 2028. Está previsto que solo el primer decreto salga adelante, el segundo no cuenta con los votos necesarios. Se trata de una política que permitiría prorrogar 1.895.676 contratos. El INE señala que los hogares que viven de alquiler a precio de mercado tienen una media de 2,59 miembros. Por lo que, si todos esos contratos se prorrogaran, casi casi cinco millones de personas podrían beneficiarse de la medida . Además de ofrecer estabilidad y certidumbre, la prórroga supondría un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar para las familias inquilinas , una cifra que aliviaría la presión que el gasto en vivienda ejerce sobre sus economías. El número de contratos afectados y el ahorro estimado se han calculado mediante una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores que son personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según el año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, cuyo precio aumenta al ritmo de los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no se contempla ese incremento, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. El número de personas beneficiadas, unos 4,9 millones, se estima con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Por comunidades autónomas, los datos desglosados de las estimaciones son: - Madrid : ahorro mediano de 9.152 euros por hogar - Cataluña : al tratarse mayoritariamente de territorios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, no se ha realizado una estimación del impacto económico. - Comunitat Valenciana : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. - Andalucía : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga. - Islas Baleares : ahorro mediano de 10.090 euros por hogar. - Canarias : el ahorro mediano por hogar oscila entre 4.128 euros en Las Palmas y 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife. - Galicia : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.760 euros en A Coruña y 3.455 euros en Lugo. - Aragón : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.811 euros en Huesca y 4.110 euros en Zaragoza. - Región de Murcia : ahorro mediano de 2.945 euros por hogar. - Principado de Asturias : ahorro mediano de 3.997 euros por hogar. - Castilla-La Mancha : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.987 euros en Albacete y 6.220 euros en Guadalajara. - Castilla y León : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.551 euros en Palencia y 6.257 euros en Segovia. - Cantabria : ahorro mediano de 3.836 euros por hogar. - Extremadura : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.479 euros en Badajoz y 3.464 euros en Cáceres. - La Rioja : ahorro mediano de 3.218 euros por hogar.
El Ayuntamiento impulsa estos tres inmuebles de promoción pública con el objetivo de dar una solución de alquiler habitacional a la demanda existente en la localidad
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