El director general de Deportes de Murcia niega su implicación en la presunta malversación de las obras del CAR (se abre en una pestaña nueva)
Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada La Guardia Civil ve indicios de tres delitos en las obras de un CAR de la Región de Murcia con un alto cargo del Gobierno del PP investigado El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez (PP), ha negado este jueves ante la jueza haber participado en la tramitación administrativa de los contratos investigados por presunta malversación en las obras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. El alto cargo ha declarado como investigado ante el Tribunal de Instancia de San Javier por unas actuaciones realizadas entre 2021 y 2022 cuyo importe superó los 88.000 euros. Según fuentes de la investigación, Sánchez ha asegurado que no intervino en la adjudicación ni en los pagos de los contratos menores correspondientes a los proyectos Aula del Mar y Trasteros. También ha negado conocer al supuesto intermediario de las obras y a los contratistas. El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada por Ros García Carpintería Metálica, una empresa subcontratada que reclama 32.792,49 euros por trabajos que asegura haber ejecutado sin cobrar. Sánchez ha explicado que, cuando tuvo conocimiento de la reclamación, pidió explicaciones al entonces director del CAR y exatleta olímpico, Francisco Javier Navarro, quien le aseguró que los pagos estaban correctamente realizados. El director general ha añadido que, tras una reunión con la empresa afectada en septiembre de 2023, solicitó el expediente al nuevo responsable del centro, Rafael Alcázar, para trasladarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Según su versión, estos no detectaron pagos pendientes a las empresas intervinientes. Sánchez también ha afirmado que recomendó a la compañía acudir a la Justicia si consideraba que había resultado perjudicada. También ha declarado como testigo el actual director del CAR, Rafael Alcázar, quien ha confirmado ante la jueza que participó en la reunión mantenida con la empresa reclamante en septiembre de 2023, en la que se trasladó que existían sospechas de que una compañía había realizado trabajos sin cobrar. Según su declaración, los responsables del centro se comprometieron a investigar lo sucedido y señalaron que, si la empresa había ejecutado los trabajos, debía cobrar por ellos. Alcázar también ha explicado que el jefe de mantenimiento le comunicó que operarios de Ros habían trabajado en las instalaciones, concretamente en un trastero orientado al Mar Menor y en un gimnasio. Por su parte, el responsable de mantenimiento ha ratificado ante la jueza que firmó albaranes a nombre de Ros y que sus trabajadores alternaban tareas entre las dos obras investigadas. La Guardia Civil aprecia indicios de posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental en la contratación y justificación de las obras. Un atestado policial fechado en abril de 2025 recoge, entre otras irregularidades, que una memoria técnica del proyecto Aula del Mar fue fechada casi seis meses después de su adjudicación, así como discrepancias entre los presupuestos incorporados al expediente. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer cómo se adjudicaron, ejecutaron y pagaron las actuaciones financiadas con fondos públicos.
