La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».
Los agentes reconocen que no pueden determinar la antigüedad de la pisada atribuida al fundador de Mango con la que la Fiscalía incrimina a su hijo porque llovió y el sendero no se acordonó La élite empresarial catalana empieza a desfilar ante la jueza como testigo de las turbulencias familiares de los Andic Dos agentes de la unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que investigaron la muerte de Isak Andic han admitido ante la jueza que no pueden concluir que el fallecimiento del fundador de Mango al caer por un barranco fuera un homicidio. Los agentes han declarado este viernes como testigos ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, en relación con la muerte de su padre durante una excursión que ambos hicieron a solas por un sendero de Montserrat en diciembre de 2024. El informe de la unidad de Montaña de la policía catalana, en el que tras varias simulaciones zanjaba que no se podían “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”, es uno de los puntales de la defensa de Jonathan Andic. Frente a las conclusiones exculpatorias tras la investigación sobre el terreno, otra unidad de investigación de los Mossos ha construido una tesis incriminatoria contra Jonathan Andic en base a un móvil económico del presunto homicidio que, por ahora, sí han avalado la jueza y la fiscal. La defensa de Andic, de hecho, acusó a la instructora de “ignorar” la “relevante” conclusión de los especialistas en Montaña de la policía catalana. Este viernes, los agentes se han ratificado en el informe que realizaron sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de “otras personas” en la caída ni cómo se produjo, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente. En concreto, según han detallado los agentes, ninguno de los diez simulacros de caída con los que trataron de averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic arrojó resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo, como sostiene la defensa, o un empujón de su hijo Jonathan, como sospecha la Fiscalía. Los agentes han depuesto ante la jueza sobre otro de los indicios que, a día de hoy, sustenta la imputación de Andic, pero resultan más complicados de explicar a un jurado, tribunal ante el que se juzgará el caso si llega a juicio: la huella hallada en el lugar de la caída del fundador de Mango. La jueza cree que la huella no fue fortuita, sino provocada artificialmente por Jonathan Andic para simular que era una pisada dejada por su padre antes de despeñarse. Los agentes han restado valor a este indicio al reconocer que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido en la zona, por lo que no pueden determinar la antigüedad de la huella. Además, el terreno estaba contaminado, pues no había sido acordonado desde el día de la caída. La ronda de testificales del caso Andic, que empezó este jueves, se alargará hasta diciembre. El lunes será el turno del notario de Isak Andic y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros, que abordarán la relación y las discrepancias económicas entre padre e hijo.
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Los agentes reconocen que no pueden determinar la antigüedad de la pisada atribuida al fundador de Mango con la que la Fiscalía incrimina a su hijo porque llovió y el sendero no se acordonó La élite empresarial catalana empieza a desfilar ante la jueza como testigo de las turbulencias familiares de los Andic Dos agentes de la unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que investigaron la muerte de Isak Andic han admitido ante la jueza que no pueden concluir que el fallecimiento del fundador de Mango al caer por un barranco fuera un homicidio. Los agentes han declarado este viernes como testigos ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, en relación con la muerte de su padre durante una excursión que ambos hicieron a solas por un sendero de Montserrat en diciembre de 2024. El informe de la unidad de Montaña de la policía catalana, en el que tras varias simulaciones zanjaba que no se podían “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”, es uno de los puntales de la defensa de Jonathan Andic. Frente a las conclusiones exculpatorias tras la investigación sobre el terreno, otra unidad de investigación de los Mossos ha construido una tesis incriminatoria contra Jonathan Andic en base a un móvil económico del presunto homicidio que, por ahora, sí han avalado la jueza y la fiscal. La defensa de Andic, de hecho, acusó a la instructora de “ignorar” la “relevante” conclusión de los especialistas en Montaña de la policía catalana. Este viernes, los agentes se han ratificado en el informe que realizaron sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de “otras personas” en la caída ni cómo se produjo, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente. En concreto, según han detallado los agentes, ninguno de los diez simulacros de caída con los que trataron de averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic arrojó resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo, como sostiene la defensa, o un empujón de su hijo Jonathan, como sospecha la Fiscalía. Los agentes han depuesto ante la jueza sobre otro de los indicios que, a día de hoy, sustenta la imputación de Andic, pero resultan más complicados de explicar a un jurado, tribunal ante el que se juzgará el caso si llega a juicio: la huella hallada en el lugar de la caída del fundador de Mango. La jueza cree que la huella no fue fortuita, sino provocada artificialmente por Jonathan Andic para simular que era una pisada dejada por su padre antes de despeñarse. Los agentes han restado valor a este indicio al reconocer que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido en la zona, por lo que no pueden determinar la antigüedad de la huella. Además, el terreno estaba contaminado, pues no había sido acordonado desde el día de la caída. La ronda de testificales del caso Andic, que empezó este jueves, se alargará hasta diciembre. El lunes será el turno del notario de Isak Andic y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros, que abordarán la relación y las discrepancias económicas entre padre e hijo.
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
La Consejería de Cultura ha remitido a los solicitantes el documento que deben firmar si quieren acceder a las ayudas La compañía de 'Federico' denuncia a la Consejería de Cultura de Castilla y León por la cancelación de la obra por “motivos ideológicos” La cruzada ideológica de Vox con las iniciativas culturales en Castilla y León ha dado una vuelta de tuerca. En la convocatoria de ayudas para cortometrajes de 2026 que convoca la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, se ha incluido una cláusula relativa al “adoctrinamiento ideológico” que se complementa ahora con un requerimiento 'antiideológico' que reciben los solicitantes de la subvención. En concreto, se les obliga a firmar una declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que se comprometen a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El plazo para firmarla es de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción. La Orden de 7 de octubre de 2026 de la Consejería de Cultura , Turismo y Deporte contempla en su apartado 10 que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Este punto no queda en una mera declaración de intenciones, porque obligan a los solicitantes a firmar un compromiso, un detalle que no aparece en la orden. El compromiso dice literalmente que “en caso de resultar beneficiario de la subvención, de desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, sin llevar a cabo ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Requerimiento que se hace a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. Lo llamativo es que la Consejería no establece criterios para determinar qué es ideologizar y qué no o qué es neutral o no lo es en un cortometraje. Tampoco se precisa quiénes van a ejercer de 'censores' a la hora de decidir qué cortometrajes pasan el corte. La remisión de ese requerimiento ya ha provocado cierto temor en el sector, por entender que con dinero público se puede condicionar la libertad creativa y de expresión. La orden sobre los cortometrajes es igual que la que afecta a los largometrajes . La sombra de Vox es alargada, y hace unas semanas retiró de la programación una obra sobre Lorca de la compañía Proyecto 43-2. Ante la sospecha de motivos ideológicos, los integrantes de la compañía presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid , que no se ha pronunciado por el momento. Díaz Pico, que considera que la cultura en Castilla y León es “sectaria”, ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.
La reunión que el Partido Popular aseguró que nunca había existido entre su abogado, Alberto Durán, y el exasesor de José Luis Ábalos , Koldo García, sí se produjo. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra , se vio obligada a reconocerlo ante los medios este lunes, cuatro días después de que la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, negara expresamente que se hubiera celebrado ningún encuentro. La rectificación, sin embargo, no ha venido acompañada de explicaciones. Génova mantiene, eso sí, que es falso que su abogado ofreciera al exasesor un millón de euros, el pago de su defensa y ventajas judiciales a cambio de declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Una revelación que se produce después de que se conociera que la empresa editora de OkDiario , Dos Mil Palabras SL, fue la que pagó la defensa de Koldo García. Fueron, en total, 242.000 euros. Los hechos constan en los documentos que la abogada Leticia de la Hoz —que este martes ha renunciado a la defensa de García— aportó al caso Leire . IDBO Consultants, la consultora para la que trabaja, facturó a la editora 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 en concepto de asesoramiento jurídico y procedimientos. El 23 de enero de 2026 llegó una segunda transferencia, esta vez de 60.500 euros. Ese mismo día, el digital publicó el vídeo en el que el exasesor preparaba la maleta con la que ingresó en Soto del Real y empezó a difundir la entrevista que le hizo Eduardo Inda, fundador y director de OkDiario. En ella, García lanzó acusaciones contra el entorno del presidente del Gobierno, entre ellas, sobre la financiación de las primarias de Pedro Sánchez y sobre un supuesto hallazgo de armas en la sede socialista de Ferraz. Muchas de ellas se han demostrado después falsas, engañosas o no acreditadas en las investigaciones judiciales . El Supremo lo condenó en junio de 2026 a 19 años y ocho meses de prisión. Inda sostiene, por el contrario, que el dinero responde a un acuerdo para explotar la historia de Koldo en diferentes formatos. De la Hoz presentó hace solo unos días los papeles que acreditan que no fue la formación socialista, sino Dos Mil Palabras SL, quien se hizo cargo de la defensa de García. En los meses previos, la abogada había intentado que el instructor, Santiago Pedraz, le pidiera formalmente las facturas sobre ese encargo para poder desvincularlo del PSOE . Una tesis que había abonado el PP de Feijóo en numerosas ocasiones durante el juicio. Ahora, no obstante, desde el PP señalan que se trata de una “transacción privada” entre la empresa de Inda y el exasesor de Ábalos. Este martes, García ha pedido a Inda que enseñe no solo extractos, sino también el contrato “íntegro” que esa cabecera sostiene que él mismo habría firmado con el digital a cambio de colaborar en podcasts, docuseries y otros contenidos. Y también ha interpelado directamente a Durán: “Escucho por ahí que ponen en duda si hubo reunión o no (...), propongo lo siguiente: le pueden preguntar al abogado del PP si las palabras fueron 'del tema económico, de cómo pagarte se encarga Inda, ya encontrará la fórmula para poderte pagar '”, afirma en el audio adelantado por Mañaneros 360 . El pasado 5 de noviembre, la Cadena SER publicó un audio en el que Koldo García aseguraba que Alberto Durán le había planteado un acuerdo para perjudicar al Gobierno. Según su versión, los dos mantuvieron dos reuniones en mayo de 2025 en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP. El primero de los encuentros habría servido para explorar un posible entendimiento y en el segundo se habrían abordado sus condiciones . El propio Koldo describió así el supuesto ofrecimiento: "En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno : del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aún mintiendo ". Tanto el PP como Durán sostienen que es "absolutamente falso" lo que ahora cuenta el exasesor de Ábalos. La portavoz parlamentaria fue tajante el pasado viernes: "Está mintiendo, le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión ". También atribuyó la publicación de la información a una maniobra política relacionada con el registro que practicaba ese mismo día la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un inmueble de Ábalos . Para la portavoz, la coincidencia no era casual. Sin embargo, García asegura tener pruebas. "Yo daré el remate final", lanzó desde la cárcel en plena precampaña electoral. García lleva tiempo trasladando a su entorno que tiene en su poder una grabación que demostraría que Génova puso el dinero sobre la mesa y que se habría realizado antes de que De la Hoz asumiera su defensa. Un audio del que todo el mundo habla pero que, de existir, por el momento todavía no ha trascendido. Cuatro días después, Gamarra admitió que la reunión sí existió, pero no dio más detalles. Se limitó a asegurar que el partido ya había ofrecido todas las explicaciones pertinentes. Tampoco aclaró por qué Muñoz había negado de forma tan categórica el encuentro. El propio Feijóo aseguró este lunes que " en nombre del PP" no se había ofrecido dinero a nadie y desde su entorno añadieron que, si hubiera sido así, el exasesor de Ábalos lo hubiera aceptado y que, además, un condenado por corrupción no tenía credibilidad alguna. La primera transferencia se realizó el mismo día en que Okdiario publicó una extensa entrevista de Eduardo Inda a Koldo García, entonces a las puertas de su ingreso en prisión provisional. En ella, el antiguo asesor aseguraba haber escuchado a Sánchez hablar de una aportación de 100.000 euros de su suegro a las primarias socialistas de 201 7 y también denunciaba un presunto fraccionamiento de donaciones mediante ingresos efectuados por inmigrantes. No probó documentalmente nada. Las declaraciones encontraron una rápida respuesta en el PP. Ester Muñoz, Alicia García y Miguel Tellado difundieron mensajes en sus redes sociales cuestionando la financiación de las primarias y dando relevancia política al testimonio. “A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa”, escribió Muñoz en X a las 8.57 horas, dando por ciertas las acusaciones del exasesor de Ábalos. Después fue el turno de García, portavoz en el Senado, a las 9.11. En otro post, aseguró que el presidente del Gobierno “llegó al poder haciendo trampa y con donaciones de su suegro”, adjuntando para refrendarlo la entrevista de García con Inda. También Tellado concedió una entrevista a La Mirada Crítica , de Telecinco, utilizando las acusaciones de Koldo García como la prueba definitiva de que Sánchez “era el uno” de la trama. En aquel momento, el PP daba credibilidad a sus afirmaciones. Ahora, cuando es el exasesor quien señala al abogado del PP, Génova desprecia su testimonio y sostiene que forma parte de una operación política contra la oposición . La posición de Alberto Durán dentro del PP añade otro elemento a la cronología. El 19 de septiembre trascendió que el partido le había apartado de la dirección de sus procedimientos judiciales más relevantes y mediáticos. Según avanzó Artículo14 , seguía vinculado al equipo jurídico , aunque los grandes pleitos iban a pasar a estar dirigidos por el penalista Henry Feltenstein. La dirección del PP atribuyó la decisión a una reorganización y a la necesidad de reforzar un equipo que había tenido que afrontar simultáneamente numerosos procedimientos, aunque el citado diario hablaba de desavenencias con Gamarra. El 21 de septiembre, elDiario.es reveló que el cambio venía gestándose desde julio, aunque no se comunicó al resto de las acusaciones populares hasta más tarde . Precisamente el 14 de julio, De la Hoz compareció como investigada ante el juez Santiago Pedraz en el denominado caso Leire . Durante su interrogatorio, la letrada negó tajantemente que el PSOE hubiese pagado la defensa de Koldo García, ni directa ni indirectamente. Pero fue más allá. Ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción para conocer quién abonaba sus honorarios, advirtió de que conocer la identidad del pagador supondría una "sorpresa muy grande ". La abogada alegó entonces que el secreto profesional le impedía revelar ese dato sin la correspondiente autorización. Dos meses después, el 18 de septiembre, De la Hoz volvió a abordar esta cuestión en un escrito de alegaciones presentado ante Pedraz. En él cuestionaba la interpretación que la Fiscalía había realizado de su declaración y reiteraba su disposición a aportar las facturas que acreditaban quién había pagado su trabajo. Según argumentaba, necesitaba que se le dispensara del secreto profesional para poder facilitar esa documentación y defenderse de las sospechas que apuntaban a una supuesta financiación de sus servicios por parte del PSOE . Finalmente, Pedraz le dio el visto bueno. Aunque el PP se desvincula de los pagos de la editora de Okdiario, en febrero de 2024 ya se vio salpicado, de forma inesperada, por un informe de la Guardia Civil que atribuyó a Koldo García haber asegurado en diciembre tener concertada una cita con Miguel Tellado y con “Alberto” para intentar que les ayudaran a conseguir que el Govern balear, ya en manos del PP, dejase de reclamar a la empresa que supuestamente le pagaba comisiones el dinero recibido de esta comunidad a cambio de unas mascarillas defectuosas. Un "Alberto" que podría referirse, precisamente, al abogado del PP.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».
La Fiscalía de París pone en el foco en Shahid Kaveh, la unidad digital de la Guardia Revolucionaria. La jefa de la diplomacia europea anuncia que el próximo lunes la UE podría adoptar una respuesta "contundente" contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques Supermercados en Europa y bases militares en EEUU: ¿qué está pasando con los hackeos a frigoríficos? La justicia francesa ha anunciado este lunes la apertura de una investigación contra una unidad tecnológica de la Guardia Revolucionaria de Irán, ya que sospecha que un grupo tecnológico vinculado a esta fuerza paramilitar está detrás de los ciberataques que han provocado el caos en supermercados de varios países europeos en las últimas semanas . En concreto, la Fiscalía de París investiga si los hackeos contra las cámaras frigoríficas del pasado 11 de octubre son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad digital de las fuerzas revolucionarias de Teherán. En el punto de mira de la investigación están los dirigentes de ese grupo, pero también “cualquier otra persona que pueda ser identificada”, señaló la Fiscalía en un comunicado. En el marco de la misma se han emitido varias órdenes de arresto internacionales, según informa EFE. Tras conocerse esta iniciativa de la fiscalía francesa, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció que el próximo lunes la UE podría adoptar una respuesta “contundente” contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques. “Hemos conocido ahora que estos incidentes se han atribuido a Irán (en Francia). Hasta ahora no conocíamos esa atribución”, declaró Kallas a la prensa en París, donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebra este lunes y mañana. “Los ciberataques que se están produciendo en Europa, si también se atribuyen a determinados responsables, deben recibir una respuesta contundente”, afirmó Kallas. La alta responsable de Exteriores advirtió de que los ataques informáticos forman parte de un conjunto más amplio de tácticas utilizadas por los adversarios de Europa y defendió una mayor cooperación para responder a estas amenazas. La UE designó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrortista a principios de este año, debido a las represión de las protestas políticas que se produjeron en el país, aunque ya había sancionado a varios miembros de su dirección . De acuerdo con la prensa francesa, la investigación se abre por los “ataques fraudulentos a un sistema de tratamiento automatizado de datos, cometidos por una banda organizada, y los daños causados mediante un medio peligroso para las personas, también por una banda organizadas”. En ambos casos, recoge Liberation, los hechos se ven agravados por haberse cometido para servir a los intereses de una potencia extranjera. “Modus operandi característico de esta unidad” La Fiscalía de París apunta a este grupo especializado de Teherán ya que las pesquisas de las autoridades francesas han “revelado un modus operandi característico de esta unidad”, como el empleo del idioma farsi o el uso de direcciones IP que remiten a terminales localizados en Irán. La Fiscalía recordó que unos 700 supermercados del país se vieron afectados por aquel ataque informático, en el que los piratas lograron burlar la seguridad de los sistemas que controlan a distancia la temperatura de las cámaras de los establecimientos y lanzar un programa de descongelado que elevó de forma drástica la temperatura y desconectaron los mecanismos de alerta. El daño fue descubierto por la mañana por los operarios de los supermercados. Aquella acción causó “pérdidas importantes y una veintena de incendios”, según la Fiscalía. Los cibercriminales aprovecharon una brecha de seguridad en dos de las empresas que las grandes superficies subcontratan para el mantenimiento y control de sus cámaras frigoríficas, lo que les permitió lanzar el programa de descongelación, que eleva la temperatura a 50 grados. El Gobierno francés expresó desde el primer momento su “gran preocupación” por este ataque y ordenó la apertura de varias investigaciones para encontrar a los responsables y evitar que pueda repetirse en el futuro.
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
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