Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
Según el Ministerio de Consumo, un total de 7.227 alojamientos carece de identificación reglamentaria y 1.125 utilizan un número ya extinto correspondiente al alquiler habitacional
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalida con el apoyo del PNV el decreto de vivienda que recoge la prórroga de dos años en los alquileres, la prohibición de compra a las empresas por debajo del valor de tasación, la suspensión de desahucios, el paquete fiscal o los préstamos a tipo cero para la compra de la primera vivienda.
Los socialistas presentan "60 medidas para la provincia", centrados en la vivienda, donde prometen que en el primer año de legislatura crearán una "cartera provincial" de suelos para convertirlos en casas "para alquiler o compra a precio asequible" E
MURCIA. La prórroga de los alquileres convalidada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados en un Real Decreto-ley con medidas de vivienda permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia , según los cálculos de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Así, un total de 46.819 contratos de alquiler podrán beneficiarse en la Comunidad de la prórroga extraordinaria de dos años impulsada por el Gobierno de España para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar en alquiler hay 2,59 personas por hogar en alquiler a precio de mercado. Con este número de contratos prorrogables, son 117.500 personas las que podrían beneficiarse de esta medida en la Región de Murcia y casi cinco millones de personas en toda España que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones. Los contratos y el ahorro se calculan con una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, que sube como los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no hay salto, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. Las personas, unos 4,9 millones, se estiman con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Esta prórroga de los contratos de alquiler, además de ofrecer estabilidad y certidumbre, va a suponer un importante ahorro para las familias que viven de alquiler. En el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano por hogar asciende a 4.341 euros en toda España.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
Arranca una campaña que, aunque nació tras una derrota sobre la vivienda, en las tertulias se ha querido ligar también a la lección americana sobre la victoria demócrata. A la izquierda solo le va bien cuando habla del coste de la vida y guarda en un cajón todo aquello que la derecha lleva años llamando woke . La moraleja para las izquierdas españolas parece escribirse sola y, sin embargo, los números no dan. ¿Qué votos tiene que movilizar el progresismo para que haya una posibilidad de ganarle a la derecha en las próximas elecciones generales? Dos semanas antes de las midterms en Estados Unidos, en un antiguo cine de Portland, una estudiante trans se levantó en un mitin de Alexandria Ocasio-Cortez para preguntarle si las personas como ella se habían convertido para el Partido Demócrata en un tema perdedor, en algo que no merecía ya la pena defender. AOC le respondió con la honestidad que le caracteriza, reconociendo que los políticos se asustan con facilidad . Tenía razón y aun así se quedó corta, porque el problema que planteaba la pregunta excede el coraje de quien la responde y el dolor, legítimo, de quien la pregunta. Esa estudiante, aunque quizás no sabía expresarlo con los argumentos que un estratega usaría, señalaba cómo en los últimos tiempos se ha dibujado un carril para la vida material y otro para las identidades, y cómo, en tiempos difíciles, se cierra el segundo para que circule mejor el primero. En este artículo me gustaría defender no solo que esa separación es falsa, sino que agitarla es lo que nos separa de movilizar el voto progresista que falta para evitar que Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Los demócratas llaman a su programa una agenda de la mesa de la cocina y puede que esta metáfora nos resulte más útil de lo que pueda parecer. No sé en América, pero la mesa de la cocina en España es un asunto sobre todo de mujeres , es el lugar de confidencias, de liar croquetas y tomar cafés, donde se hacen las cuentas con el dinero que queda para el final de mes después de pagar el alquiler, donde se decide si se paga el dentista o el comedor escolar, donde alguien, casi siempre una mujer, sostiene, sin cobrar un euro por ello, la reproducción de la vida de los demás, es decir, la que hace la compra, la sopa, la colada y cambia el pañal de la abuela. ¿Cómo se puede defender que el coste de la vida sea una cuestión políticamente ajena a la agenda política de las mujeres? Cuando Silvia Federici escribía en los setenta contra el trabajo doméstico gratuito estaba hablando ya del coste de la vida antes de que existiera el eslogan. Y más importante aún, y quizás mucho menos obvio, cuando Judith Butler respondía a Nancy Fraser que la regulación de la sexualidad no era una cuestión meramente cultural, lo que hacía era recordar algo que ya sabía Engels: la familia es una unidad económica, y quien decide qué cuerpos forman familia decide también cómo se reparte la riqueza. Y lo que se reparte peor se protege peor. Supongamos en cualquier caso que la vivienda es la razón principal por la que votamos el 29 de noviembre. El lunes, en La Revuelta , Broncano le preguntó a Abascal cómo construiría más casas , y el líder de Vox contestó que eliminando la sobrerregulación, por ejemplo la perspectiva de género que existe en la construcción. Al día siguiente medio país se puso a explicar qué es el urbanismo con perspectiva de género con ejemplos como calles mejor iluminadas, aceras anchas para carritos o recorridos seguros de vuelta a casa. Si bien todo eso tiene un inmenso valor, creo que lo que Abascal señalaba iba en una dirección mucho más importante. La perspectiva de género que de verdad le estorba es la que permite que una política de vivienda reconozca a las mujeres como el sujeto vulnerable que son en el mercado de la vivienda, es decir, aquella política que da prioridad en los baremos de vivienda pública y en las ayudas al alquiler a las madres que crían solas y a las víctimas de violencia machista. Más del 80% de los hogares monoparentales los encabeza una mujer, la mayoría vive de alquiler, y más de un tercio de los hogares sostenidos por mujeres cae bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda. Ese criterio no encarece un solo ladrillo, pero decide quién entra primero por la puerta de las casas que el Estado paga, reconociendo de manera indirecta que el coste de la vida, y por tanto de la vivienda, es mayor para las mujeres. En el mismo plató y como parte de ese mismo marco antigénero que una buena parte de la izquierda parece haber comprado , Abascal acusó al Gobierno de promover el enfrentamiento de sexos y dijo que, aunque hay hombres que agreden a las mujeres, muchos otros hombres las quieren, el conocido #NotAllMen. En mi opinión, hay que escuchar con atención este argumento, no porque haya que darle pábulo a los líderes de la extrema derecha, sino porque sus votantes, que son muchos y que son también nuestro pueblo, se reconocen en esa incomodidad. Es legítimo pensar que el feminismo puede mejorar en cómo interpelar a los hombres para su causa; sin embargo, cuesta imaginar cómo esta cuestión puede traducirse en un silencio estratégico del feminismo en esta campaña, un silencio que puede ser leído también por nuestras votantes como el abandono del feminismo. Contra este falso dilema, resulta imprescindible rescatar lo que las feministas que lideraron en España las Huelgas del 8M defendían . El feminismo del 99%, el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser condensaron en su manifiesto de 2019, entiende la violencia como un efecto de la manera en que se organiza la reproducción de la vida, y por eso nunca necesitó a los hombres como enemigo. Al enemigo se le busca mirando hacia arriba. Lo que se decide en la mesa de la cocina, quién depende económicamente de quién, quién no puede pagar un alquiler en solitario, quién no tiene adonde ir, es lo que hace que en esa misma mesa tengas más posibilidades de sufrir violencia. Nada de esto obliga a elegir carril . Patriarcado y capitalismo se retroalimentan, y esa es quizá la tesis más sólida que el feminismo de clase ha puesto sobre la mesa, aquella en la que la división sexual del trabajo asigna a unos cuerpos el trabajo que no se paga, lo que no se paga se aprende a despreciar, y lo que vale menos se puede dañar con más impunidad. Por eso la violencia persiste donde el trabajo de las mujeres vale poco, y por eso una chica trans a la que echan de casa a los diecisiete puede recorrer en pocos años el camino que va del sofá de una amiga a la calle, y de la calle a una violencia que casi nadie denuncia porque casi nadie pregunta. El reconocimiento no necesita justificarse por lo que cuesta un alquiler. Quien quiera bajar el alquiler sin tocar el reconocimiento descubrirá, sin embargo, que el precio de algunas vidas se fija en otro sitio. El giro hacia el coste de la vida no debe traducirse como un repliegue a lo individual o un abandono de la cuestión de género. Leído desde los cuerpos de las mujeres, el coste de la vida significa justamente una vuelta a lo estructural. La lección estadounidense, además, se ha leído deprisa. Las mujeres votaron a los demócratas por diecinueve puntos, mientras los hombres se repartieron casi a partes iguales; las solteras lo hicieron por treinta y siete y las menores de treinta por cincuenta y siete. Es cierto que fueron los hombres quienes más se movieron respecto a 2024, y esa es la parte que el relato del coste de la vida antiwoke prefiere contar. Pero el desplazamiento masculino solo gana elecciones cuando se suma a una mayoría femenina que ya estaba ahí, y esa mayoría no llegó por el precio de la gasolina. Llevaba votando desde 2022 contra quienes le quitaron el derecho a decidir sobre su cuerpo. En España la brecha es todavía más nítida. Desde la irrupción de Vox, las mujeres se han situado más a la izquierda que nunca en la serie del CIS , y entre los menores de veinticinco años la mitad de las chicas se define feminista frente a uno de cada diez chicos. Un estudio reciente de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas muestra que el voto contra una amenaza, el que se emite por miedo a lo que viene, predomina entre mujeres y jóvenes y beneficia sobre todo a la izquierda. Pero hay un dato que la izquierda debería recordar, y es que ese voto no está garantizado. Las mujeres no son un granero cautivo, y nadie se moviliza para defender una causa que su propio partido esconde en campaña porque le da apuro. Movilizar votos es movilizar mujeres. Movilizar mujeres exige darles razones, y las razones están en la misma mesa de la cocina: la escuela pública infantil de cero a tres, los permisos de cuidados remunerados y más largos, el aborto en la sanidad pública que no obliga a pagar una clínica privada , la pensión que no deja a la mayoría de las jubiladas por debajo de mil euros, el alquiler social que no pregunta si hay un hombre en casa. La derecha lo entiende perfectamente, por eso convierte cada una de estas demandas en supuesta ideología de género que combatir, y por eso el anuncio más eficaz de Trump en 2024 ( Kamala is for they/them, President Trump is for you ) enfrentaba a una minoría trans con el votante corriente para presentar la identidad de unas pocas como una amenaza para el bolsillo de todos. La derecha nunca separó lo material de lo identitario, solo exige que lo haga la izquierda precisamente porque es ahí donde perdemos. Salgamos de su marco y salgamos a ganar, movilizando también a las mujeres , que ya llevaron en dos ocasiones a la Moncloa un gobierno progresista. La izquierda que entre en esta campaña con el feminismo en el bolsillo de atrás, por si acaso, por no espantar, estará haciendo exactamente lo que le pedía su adversario, entrar en campaña con una mano atada a la espalda. _______________________ Ángela Rodríguez 'Pam' es filósofa feminista y ex secretaria de Estado de Igualdad.
Según el Ministerio de Consumo, un total de 7.227 alojamientos carece de identificación reglamentaria y 1.125 utilizan un número ya extinto correspondiente al alquiler habitacional
La corporación toma conocimiento de la aprobación del programa por parte de la Junta de Gobierno Local El propietario de los cines de verano de Córdoba acude al TSJA para que anule el retracto
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
Un día después de la huelga general y a pocas horas de comenzar oficialmente la campaña electoral del 29N, el Gobierno lleva los decretos de vivienda a la Diputación Permanente. Este jueves se vota la convalidación de los dos paquetes de medidas aprobados por el Consejo de Ministros a inicios de octubre, que incluyen la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, hasta el 31 de diciembre de 2028. Está previsto que solo el primer decreto salga adelante, el segundo no cuenta con los votos necesarios. Se trata de una política que permitiría prorrogar 1.895.676 contratos. El INE señala que los hogares que viven de alquiler a precio de mercado tienen una media de 2,59 miembros. Por lo que, si todos esos contratos se prorrogaran, casi casi cinco millones de personas podrían beneficiarse de la medida . Además de ofrecer estabilidad y certidumbre, la prórroga supondría un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar para las familias inquilinas , una cifra que aliviaría la presión que el gasto en vivienda ejerce sobre sus economías. El número de contratos afectados y el ahorro estimado se han calculado mediante una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores que son personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según el año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, cuyo precio aumenta al ritmo de los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no se contempla ese incremento, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. El número de personas beneficiadas, unos 4,9 millones, se estima con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Por comunidades autónomas, los datos desglosados de las estimaciones son: - Madrid : ahorro mediano de 9.152 euros por hogar - Cataluña : al tratarse mayoritariamente de territorios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, no se ha realizado una estimación del impacto económico. - Comunitat Valenciana : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. - Andalucía : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga. - Islas Baleares : ahorro mediano de 10.090 euros por hogar. - Canarias : el ahorro mediano por hogar oscila entre 4.128 euros en Las Palmas y 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife. - Galicia : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.760 euros en A Coruña y 3.455 euros en Lugo. - Aragón : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.811 euros en Huesca y 4.110 euros en Zaragoza. - Región de Murcia : ahorro mediano de 2.945 euros por hogar. - Principado de Asturias : ahorro mediano de 3.997 euros por hogar. - Castilla-La Mancha : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.987 euros en Albacete y 6.220 euros en Guadalajara. - Castilla y León : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.551 euros en Palencia y 6.257 euros en Segovia. - Cantabria : ahorro mediano de 3.836 euros por hogar. - Extremadura : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.479 euros en Badajoz y 3.464 euros en Cáceres. - La Rioja : ahorro mediano de 3.218 euros por hogar.
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