La medida es consecuencia de un "importante agravamiento, tanto desde el punto de vista económico como operativo y laboral" Leer
El partido de Abascal asegura que llevó público, pero “ni mucho menos a todos” mientras que el presidente del Gobierno advierte que “amenazar sonriendo no es hacer humor”
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
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El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
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Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La medida es consecuencia de un "importante agravamiento, tanto desde el punto de vista económico como operativo y laboral" Leer
ALICANTE.- La campaña electoral del 29N, que debe elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un Senado, ya ha arrancado. En Alicante, lo ha hecho con la tradicional pegada de carteles y diferentes actos. Los principales líderes de las grandes cuatro partidos, PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís-Front Valencià, han coincidido en que la cita electoral será crucial no solo para España, sino para el devenir de la provincia y de la Comunitat Valenciana. Algunos, como el PSPV-PSOE, que se trata de una primera vuelta, que tendrá en las elecciones locales y autonómicas otra oportunidad para consolidar cambios. El diagnóstico va por bloques: PP y Vox auguran un bueno resultado para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa; PSPV y Compromís-Front Valencià consideran que la llegada de las fuerzas conservadoras y la extrema derecha al Gobierno central supone una "involución en derechos y libertades". Por el momento, el PP parte con ventaja y podría gobernar con la suma de Vox, pero los socialistas buscan, de nuevo, la remontada, y mantener el gobierno con el respaldo de fuerzas como Compromís-Front Valencià. El PPCV ve el 29N como una oportunidad para echar a Sánchez El Partido Popular ha elegido su sede de Benito Pérez Galdós, en la capital, para presentar su lema de campaña. Allí, tanto Toni Pérez, presidente del PP, como Juan Francisco Pérez Llorca , presidente de la Generalitat, han augurado un cambio la noche del 29N. Ambos dirigentes han coincidido en reclamar la movilización de los alicantinos en las urnas y en señalar la necesidad de poner fin a lo que han calificado como ocho años de «centralismo» y «ninguneo» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pérez ha defendido que la provincia tiene «más motivos que ninguno para acudir a las urnas y decir que ya está bien», mientras que Pérez Llorca ha asegurado que existe una mayoría que quiere que el presidente del Gobierno «se vaya ya» y que se acabe con el «sanchismo». Los candidatos del PP, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala y el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Foto RAFA MOLINA El presidente provincial del PP ha presentado la cita electoral como una oportunidad para lograr «un cambio necesario» tanto para España como para Alicante. En este sentido, ha asegurado que el partido afronta la campaña «preparadísimo» y con un proyecto ilusionante para el país y para que este esté «a la altura de lo que esta provincia pone a su servicio». Por su parte, Pérez Llorca ha incidido en que la ciudadanía no reclama únicamente un cambio en el Gobierno central, sino también que sus municipios y provincias reciban los recursos y actuaciones que consideran necesarios. En el caso de Alicante, ha denunciado la falta de inversiones, financiación y obras para mejorar la seguridad hídrica, así como la ausencia de compromisos para reforzar la seguridad en las calles de los municipios. Ambos dirigentes han reivindicado, además, la candidatura del PP como alternativa de Gobierno. Toni Pérez ha defendido la capacidad del partido para repetir un resultado ganador como el de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando los populares fueron la fuerza más votada, aunque no consiguieron gobernar. Pérez Llorca, por su parte, ha destacado las candidaturas al Congreso y al Senado por Alicante, encabezadas por Macarena Montesinos y Eva Ortiz , respectivamente, y ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como un candidato centrado en la gestión. El presidente del PPCV ha dirigido también un mensaje a los votantes que no comparten las siglas populares, pero que, según ha señalado, están preocupados por la situación del país. Ha defendido que el PP gestiona las administraciones pensando en mejorar la vida de los ciudadanos, independientemente de su ideología, y ha invitado a quienes desean que España «vuelva a recuperar esa libertad» a sumarse al proyecto de Feijóo. El PSPV advierte que hay que elegir entre involucionar o seguir conquistando derechos y libertades Los candidatos del PSPV-PSOE. Foto RAFA MOLINA El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles, celebrada en la plaza Manila de Alicante, en la que han participado el secretario general provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la vicesecretaria provincial y candidata a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós ; y el candidato al Congreso de los Diputados y alcalde de Alcoy, Toni Francés. El acto ha contado también con la presencia de otros cargos orgánicos e institucionales del partido, así como de los candidatos y candidatas socialistas al Congreso de los Diputados: Toni Francés, Pilar Gay, Fulgencio Cerdán, Araceli Poblador y Antonio Rodes, además del candidato al Senado, Quico Fenollar , entre otros representantes socialistas. El candidato al Congreso, Toni Francés, ha afirmado que «el Partido Socialista es la única vía para seguir conquistando derechos», y ha defendido la importancia de continuar impulsando políticas que mejoren la vida de la ciudadanía y protejan los avances sociales alcanzados. En este sentido, ha subrayado que estas elecciones son una oportunidad para seguir construyendo una España más justa, con más derechos y mejores servicios públicos. Por su parte, Rubén Alfaro ha asegurado que «el Partido Socialista va a ganar las elecciones porque el PP y Vox solo representan una cosa: la involución y el recorte de derechos». El secretario general provincial ha apelado a la movilización de la ciudadanía para evitar retrocesos y garantizar que España siga avanzando, frente a quienes, plantean un modelo basado en la amenaza y los recortes. En la misma línea, Trini Amorós ha destacado que «en estas elecciones nos jugamos algo importante, nos jugamos la esperanza», poniendo el acento en la necesidad de afrontar la campaña desde la ilusión, la participación y la defensa de un proyecto de futuro para el conjunto de la ciudadanía. Los candidatos de Vox, en la Plaza del Mercado de Alicante. Foto RAFA MOLINA Vox aspira a resultados históricos en Alicante David García, cabeza de lista de Vox al Congreso por Alicante, ha expresado su «máxima responsabilidad» e «ilusión» ante el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de «momento histórico para España». El candidato ha centrado su discurso en la necesidad de un cambio político y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar una situación que, en sus palabras, exige una transformación urgente. García ha llamado a la movilización electoral y ha advertido de que «no está nada hecho», pese a las expectativas que puedan reflejar las encuestas. En este sentido, ha defendido que lo determinante será la participación ciudadana en las urnas y ha pedido a los electores que valoren si su situación ha mejorado respecto a hace siete años, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El candidato ha resumido el mensaje electoral de Vox en el «sentido común» y ha señalado que la formación plantea trece medidas articuladas en torno a cuatro ejes: prioridad nacional, remigración, desregulación y cambios en las políticas públicas. Según ha defendido, estas propuestas pretenden trasladar a los ciudadanos la necesidad de un cambio político en España. En el ámbito provincial, García ha mostrado su confianza en obtener «unos magníficos resultados» e incluso «unos resultados históricos» en Alicante. El candidato ha destacado el trabajo del equipo de Vox en la provincia y ha asegurado que la formación ha experimentado una implantación que considera extraordinaria. En la actualidad, Vox tiene diputados en el Congreso. Compromís-Front Valencià afirma ser el "voto útil" de los intereses de la Comunitat Los candidatos de la coalición Compromís-Front Valencià. La coalición Compromís-Front Valencià ha afirmado que representa el "voto útil" de la unida de la izquierda que defiende los intereses de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, frente "una derecha y una ultraderecha envalentonadas" que quieren acabar con las pensiones públicas y privatizar aún más la sanidad. Así se ha expuesto en las intervenciones de los candidatos de esta coalición, integrada por Compromís, Podem, Esquerra Unida País Valencià y Esquerra Republicana País Valencià, en un acto en el que ha dado inicio oficial a los quince días de campaña electoral, celebrado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq), tras lo cual se ha llevado a cambio la pegada simbólica de carteles. En el acto, la coalición ha demandado la dimisión del ministro del Interior por la actuación policial durante la jornada de huelga general de ayer. La número 1 de Compromís-Front Valencià por Alicante, la dirigente de Podem María Teresa Pérez, ha afirmado que el 29-N "nos jugamos muchos" porque hay "una derecha y una ultraderecha envalentonadas". Ha subrayado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sabe perfectamente lo que tiene hacer: acabar con las pensiones públicas, privatizar más sanidad (...), destruir el territorio para especular". Pérez ha reprochado que existan aún los desahucios cuando la presidenta de la comunidad de Madrid "se compra" un "pedazo de ático" y ha censurado que el partido socialista no ha sido capaz de defender los intereses de "los que más lo necesitan". Ha reiterado que Compromís-Front Valencià representa "la única papeleta para defender" a los ciudadanos de la Comunitat", ha remarcado que "la política sirve, es útil para mejorar la vida" de las personas, y ha abogado por redistribuir el dinero entre las familias trabajadoras. COMUNITAT VALENCIANA Compromís-Front Valencià arranca en Alicante una campaña para conquistar derechos y defender el futuro de la ciudadanía Miquel González
La promoción de Stephen Miller tras la derrota trumpista en las legislativas muestra la intención de Trump de confrontar con el Congreso en lo que puede desencadenar un grave conflicto institucional “Patriotas al mando”: Stephen Miller, el ideólogo ultra que se ha convertido en el hombre fuerte de Trump En junio de 2025 se produjo en Los Angeles el enfrentamiento entre manifestantes en defensa de los inmigrantes contra 4000 efectivos militares y 700 infantes de Marina enviados por el presidente Donald Trump en contra de la opinión del gobernador de California. Según la Ley Posse Comitatus, el ejército de EEUU no puede participar en tareas de mantenimiento del orden público civil, salvo que el Congreso lo haya autorizado. En octubre del mismo año, Trump confirmó que esas intervenciones en diversas ciudades eran “prácticas” para futuras acciones de guerra dentro de Estados Unidos sin aclarar quiénes serían los insurgentes. Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de seguridad nacional, fue la persona que ordenó esas acciones. Ahora, tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, Trump ascendió a Miller a jefe de Gabinete, la posición más poderosa en la Casa Blanca después del presidente. Steve Bannon, ideólogo del movimiento MAGA ( Make America Great Again ), ha descrito a Miller como el “primer ministro” de Trump. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas. La revista The Nation tituló el 9 de noviembre: “Stephen Miller es ahora el verdadero presidente”. Para Miller, el Partido Demócrata es una "organización extremista de izquierdas" y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la "somalización de Estados Unidos" El gran supervisor Miller hizo sus primeras apariciones en 2017, cuando era uno de los redactores de los discursos de Trump. En los nueve años siguientes extendió su influencia sobre el presidente hasta el punto de que la exportavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Miller “supervisa todas las políticas en las que interviene la Administración”. Para Maggie Haberman y Jonathan Swan, autores del libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump , la presencia e influencia de Miller en la Administración es casi omnipresente. Funcionario irascible e hiperactivo, con hasta ahora una plantilla de 20 personas a su servicio, Miller considera que los jueces federales que se resisten a las órdenes ejecutivas de Trump incurren en “insurrección jurídica”. Desde que se inició la segunda presidencia ha preparado para el presidente 292 órdenes ejecutivas, cifra sin precedentes en otras administraciones y que auguran cómo piensan dejar de lado al Congreso en los próximos dos años de mandato. Para Miller, el Partido Demócrata es una “organización extremista de izquierdas” y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la “ somalización de Estados Unidos”. Respecto al orden internacional, el nuevo jefe de Gabinete opina que está acabado: el mundo se mueve “por la fuerza, que se rige por el poder”. En el terreno educativo, aunque no era parte de sus competencias, ha influido para cortar los fondos para el Departamento de Educación y redirigirlos hacia gobiernos estatales que estén alineados con el MAGA. Ha eliminado fondos federales para estudios sobre teoría crítica, racismo, diversidad, igualdad e inclusión por considerarlos “antiamericanos”. En relación con la migración propuso eliminar la financiación para hijos de inmigrantes indocumentados, yendo en contra de una decisión del Tribunal Supremo de 1982. Stephen Miller, llega a un mitin de Donald Trump, en el aeropuerto de Lancaster el 3 de noviembre de 2024 en Lititz, Pensilvania. Contra la migración y el derecho internacional A sus 41 años, este ultraderechista ha sido arquitecto de una política radical contra la inmigración militarizando la frontera con México, impulsando el veto de entrada a ciudadanos musulmanes y ordenando las escandalosas separaciones de padres inmigrantes de sus hijos, así como las deportaciones ilegales (actualmente alrededor de 3000 al día, 643.000 desde enero de 2025). De esas deportaciones, 25.000 han sido a terceros países sin ninguna asistencia legal. No dudó, por otra parte, en calificar de “terroristas” a dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Minneapolis mientras se manifestaban contra las detenciones y deportaciones por parte del grupo paramilitar ICE (Immigration and Customs Enforcement). Según el New York Times, Miller ha estado , así mismo, implicado en la persecución judicial de opositores políticos de Trump y en la represión a las manifestaciones estudiantiles contra el apoyo de la Administración Trump a Israel durante el genocidio en Gaza. En política exterior impulsó con Pete Hegseth, secretario de Defensa, y amigo de ideología ultranacionalista, los mortales bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y costas del Océano Pacífico en los días previos al secuestro de Maduro y a los que acusaba de narcotraficantes. Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia Estas últimas acciones violan el Derecho Internacional y la ley en Estados Unidos. La Casa Blanca carece de la autorización prevista para llevar a cabo estos ataques militares debido a que el tráfico de drogas no constituye legalmente un conflicto armado ni un ataque militar directo contra Estados Unidos. Así mismo, esos ataques han provocado ejecuciones extrajudiciales y asesinatos sin debido proceso ni son respuestas a una amenaza inminente. A todo esto se suma que el tráfico de drogas compete a las fuerzas del orden civiles y no a la intervención militar. Matar intencionadamente a sospechosos sin el debido proceso o sin que exista una amenaza inminente viola las normas penales nacionales y constitucionales. Control e injerencia en América Latina Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (NSS de sus siglas en inglés) presta especial atención a que EEUU controle territorios, recursos naturales estratégicos, pasos navales y combata el crimen organizado y las migraciones con gobiernos afines especialmente en el “Hemisferio Occidental”. Este es, desde el Polo Norte y Groenlandia hasta Patagonia, su particular zona de influencia, según ha confirmado el propio Miller . En este contexto, para América Latina se ha establecido el Escudo de las Américas con varios ejércitos bajo liderazgo del Pentágono. EEUU envía efectivos (actualmente a Ecuador, Colombia y Venezuela) y lleva a cabo intervenciones de fuerzas especiales estadounidenses, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado, en el que Miller estuvo implicado. No es descartable que Miller planifique una intervención para cambiar el régimen en Cuba. Una coherente trayectoria Hijo de una familia judía pudiente de California, desde su adolescencia y luego en su época de estudiante en la Universidad de Duke, fue un provocador con ideas de ultraderecha desde la columna que escribía para el periódico de ese centro académico. También entonces se vinculó con David Horowitz, un exizquierdista de los años 60 que evolucionó hacia la ultraderecha. Más tarde fue ayudante en el Congreso de la representante del Tea Party (movimiento de base de ultraderecha que se formó durante la Administración Obama, precursor del MAGA) Michele Bachmann y de Jeff Sessions, senador racista por Alabama. Reclutado por Trump para su primera campaña electoral y gobierno (2017-2021), Miller fue el redactor del discurso catastrofista del nuevo presidente al asumir su cargo sobre la “carnicería” que aparentemente sufría Estados Unidos por haber abierto la puerta a la migración durante décadas y la necesidad de “hacer América grande otra vez”. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas La periodista Jean Guerrero, autora del libro Hatemonger . Stephen Miller, Donald Trump, and the White Nationalist Agenda , explicó en 2020 en Democracy Now! el nefasto papel de dueños de grandes fortunas que financian campañas, individuos y centros de estudios racistas. Se trata de “eugenistas que creen en la superioridad genética de los blancos, que defienden el control demográfico de las personas no blancas” y que promocionan las políticas que sigue Miller sobre la migración. Este último no cree en la diferencia entre inmigración legal e ilegal y no es cierto que centre su persecución en supuestos delincuentes y los cárteles de la droga, sostiene Guerrero. “Miller se ha centrado principalmente en las familias —de África, de América Latina— y, en su mayoría, en personas que no han infringido ninguna ley: solicitantes de asilo, refugiados, y restringir el acceso a la tarjeta de residencia. (…) Para él, se trata de rediseñar los flujos étnicos hacia este país para mantener fuera a las familias de piel morena y negra”, a quienes considera “algún tipo de amenaza existencial para Estados Unidos”, sostiene la periodista. Lo que puede venir Poco después del gran fracaso republicano del 4 de noviembre, Trump dio a entender vagamente que podría trabajar junto con los demócratas en cuestión migratoria. Sin embargo, el nombramiento de Miller indica que, por el contrario, seguirá adelante con su política cruel y violatoria de los derechos humanos. Todavía más, al ascender a Miller, Trump ha decidido poner a prueba hasta qué límites puede extender el poder del presidente por encima de los correspondientes al ejecutivo y al judicial tanto en dimensiones domésticas, por ejemplo, la migración, enjuiciar a opositores o demandar a medios periodísticos críticos, como internacionalmente, quizá atacando Irán o incrementando la injerencia militar y política en América Latina y Groenlandia. De hecho, una corriente académica propone que en Estados Unidos el Ejecutivo tenga mucho más poder que el Congreso y el sistema judicial. Estas y otras medidas crearían un enfrentamiento a partir de enero con los nuevos congresistas y senadores demócratas cuando ocupen sus escaños que podría llevar a una crisis constitucional y desestabilización del sistema democrático. Precisamente lo que Miller, Bannon y los tecnobarones de Silicon Valley que les financian, como Elon Musk, quieren que logre la Administración Trump.
El candidato republicano pone a Junts en el centro de su diana y les responsabiliza de "no posicionarse" ante el avance de la derecha: "Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas" Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio Gabriel Rufián ha decidido arrancar la campaña electoral desde Tarragona, donde ha subido al escenario a ritmo de rumba. La elección musical no ha sido casualidad y ha cobrado sentido cuando el candidato republicano ha citado a Los Chunguitos. La elección musical no ha sido baladí y ha tomado sentido en el momento en que ha recordado que los hermanos Salazar actuaron en un mitin electoral de Jordi Pujol en 1999. “Ese día, desde Nou Barris, Pujol dijo en castellano que Catalunya era diversa y que así tenía que ser. Y no pasó nada porque hablara de la migración en castellano. Yo quiero que vuelva esa derecha, la del seny y la que no presume de estar en el medio”, ha insistido Rufián, que ha dedidado buena parte de sus discursos a atacar a Junts. Durante este primer mitin de la campaña electoral, los republicanos han sacado a relucir diversas veces las declaraciones de Míriam Nogueras, que presume de estar “en el medio”, mientras el resto de partidos “han sido arrastrados por los extremos”. Ante estas afirmaciones, Rufián ha espetado a los juntaires que “estar en medio es ser colaboracionista de Abascal. La vida es tomar partido”. En este momento, Rufián ha adoptado su tono irónico para cantar la alineación de un posible gobierno conformado por el PP y Vox. “Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias. Para el resto de carteras ha situado a Herman Tersch de ministro de Consumo, a Isabel Díaz Ayuso en la de vivienda; en Defensa, a Ana Vázquez, ”la del spray “. ”Sabemos lo que harán, irán a por las pensiones, a por la educación y en contra nuestra“, ha expresado Rufián, que en seguida ha vuelto a cargar tintas contra Junts con una frase que ya había pronunciado antes: ”Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas“. En esta línea, y siguiendo la estela de otras intervenciones durante la precampaña, ha sacado la bandera catalanista -que no independentista- para justificar por qué comparece a unas elecciones españolas de la mano de un partido no secesionista como es Podemos. ERC envió militantes a todos los frentes a combatir al fascismo. ¿Por qué no ahora?“, se ha preguntado el republicano, después de recordar cuando Companys animó a los madrileños ante el avance de las tropas nacionales. También ha echado mano del president Macià para reivindicar esa Catalunya diversa e insistir en que “no hay una sola manera de ser catalán”. Po eso, dice, ERC apela a quienes tengan sus prioridades en los ideales de “justicia, democracia y libertad”. “Si esos son vuestros principios, sois bienvenidos. Y ojalá algún día vengan también los Comuns”. De hecho, tan a un lado ha dejado el discurso independentista, que ha vuelto a resucitar la idea del “mientras tanto”. Así, en lo que Catalunya consigue la independencia, asegura que su papel será “obligar al PSOE a que ponga más pasta” porque “por mucho que le pongas a un tren una estación de Rodalies y un maquinista indepe , no llegará antes. Hay que poner pasta donde toca porque queremos competir con China mientras se olvidan de la clase trabajadora”. La cuestión de clase ha estado muy presente en el discurso de Rufián, que no puede obviar que no sólo compite con el electorado independentista que interpela Junts, sino que seguramente su principal rival está en los Comuns. Por eso han hecho suya la bandera de la lucha contra la especulación inmobiliaria y la idea de subir los impuestos a las grandes fortunas. “Vamos a freir a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda. Y os puedo asegurar que el concepto es nuestro”, ha apuntado Rufián, en referencia a unas declaraciones de Ada Colau, que se dirigió en estos términos a Cayetana Álvarez de Toledo. Si bien ha evitado enfrentarse abiertamente al Frente Amplio, Rufián sí ha insistido en la idea de que los ministros de Sumar no han sabido “presionar” al PSOE como lo hicieron los de Podemos, aunque ha querido reconocer que ninguno de ellos, “ni siquiera ERC, ha sido capaz de convencer al PSOE para que frenara la especulación y mejorara las condiciones de vida”. Rufián ha optado en este inicio de campaña por un tono beligerante que ha ido acorde con el lema escogido: Defensa't (Defiéndete); una propuesta que busca eludir al conflicto, a las consecuencias de un ascenso de la derecha y la ultraderecha. Ha apelado al voto con una metáfora muy ilustrativa: “Vienen momentos complicados. Y os lo plantearé con una pregunta: ¿Dejaríais las llaves de vuestras casas a Jordi Hereu para que las defendiera?”, ha cuestionado, en referencia al candidato por Barcelona del PSOE. “¿Y a mí?”. La ovación del público, encandilado por el tono épico de la última parte del discurso de Rufián, ha bastado como respuesta. Catalanismo y bandera de clase ERC, que antaño centraba sus discursos en la cuestión nacional ha rebajado mucho el tono. Prueba de ello ha sido un Junqueras algo incómodo cuando, al acabar su intervención, los asistentes han empezado a corear “independència”. El presidente de la formación ha seguido a sus acólitos de manera tímida, igual que lo ha hecho Rufián desde el público. En cambio, la secretaria general, Elisenda Alamany, no ha movido los labios. Ella ha hecho gala de un discurso muy enfocado en las condiciones materiales y ha hablado de “generaciones que no conocen otra cosa que las crisis”. Ha puesto el foco en la vivienda y en los “beneficios de las grandes empresas”. Con la vista puesta en disputar votantes al Frente Amplio, ha disparado contra las élites y ha afeado que las decisiones las tomen “los que pisan moqueta, los que tienen apellidos compuestos y no han trabajado en su puñetera vida. Tenemos que defendernos de esa gentuza”, ha dicho Alamany que, de hecho, empezó su carrera en las listas de los Comuns. Junqueras, por su parte, ha puesto el apunte global, mirando a las recientes victorias de la izquierda en Estados Unidos, Israel, Brasil, Polonia o Serbia. “Es que se parece a nosotros está ganando a la amenaza internacional reaccionaria”, ha afirmado, sumándose al carro de las formaciones de izquierdas que se quieren reflejar en figuras como las de Lula o Abdul El-Sayed. “El PSOE arrastra los pies y los Comuns no sirven porque son de una dejadez infinita. Nuestra apuesta no es de sopa de letras ni de repartición de sillas. Nuestra mayoría amplia es con la gente y es a ellos a quienes pedimos colaboración”, ha dicho Junqueras, intentando espantar al fantasma del fracaso en la negociación de una candidatura unitaria que tanto ha perjudicado a las formaciones de izquierdas en las encuestas.
77 de los centros han sido desalojados. Los mensajes amenazadores vuelven a estar firmados por Mikhail Andropov Leer
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Rutte puso en duda el compromiso de Portugal y España ante la amenaza de Rusia en unas declaraciones que han sido tachadas por el primer ministro luso como "manifiestamente desafortunadas y frívolas" Rutte es incapaz de aclarar si EEUU defendería a Europa en caso de un ataque convencional de Rusia El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a abrir una crisis con un país de la Alianza Atlántica, en este caso se trata de Portugal, aunque en sus ataques también se refirió a España. En una entrevista en una televisión neerlandesa, Rutte achacó a ambos países que no se preocuparan por la amenaza de Rusia, lo que fue contestado por Lisboa con que “debería saber que no puede pasar por alto a los países y gobiernos que apoyan firmemente a Ucrania”. Este jueves se ha encendido aún más la polémica, tras otra declaración de Rutte en la que acusaba a “las poblaciones, no los políticos, sino la gente de a pie”, lo que ha provocado que el primer ministro portugués, Luis Montenegro, le respondiera que sus declaraciones son “desafortunadas, frívolas y que demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad política y social de Portugal”. Ambos mandatarios se encuentran en la Cumbre Política Europea, que tiene lugar en Dublín. En el programa de televisión, el secretario general de la OTAN dijo esta semana: “Se lo digo de vez en cuando a nuestros aliados en España o Portugal, que dicen: 'Bueno, al fin y al cabo, está un poco más lejos. Y lo que está ocurriendo en Rusia afecta sobre todo a Polonia'. Los misiles rusos más modernos tardan sólo cinco minutos más en llegar a Lisboa que en llegar a Varsovia. Por tanto, esto nos afecta a todos y no podemos ser ingenuos al respecto. Tenemos que protegernos frente a ello”. Tras estas declaraciones el Gobierno luso respondió mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que señalaba que “Portugal, su Gobierno y su pueblo nunca han tenido ninguna duda sobre de qué lado de la historia se encuentran. Mark Rutte debería saber mejor que nadie que no debe pasar por alto a los países y gobiernos que apoyan firmemente a Ucrania y comprenden plenamente la amenaza que representa Rusia”. Cuando parecía que la polémica había pasado, Rutte ha vuelto a encender la mecha al decir que “no hace ninguna crítica hacia Portugal ni hacia España” porque están aumentando el gasto y la producción en Defensa, pero ha acusado de rebajar la amenaza de Rusia “a toda Europa, y no solo cuando se trata de Portugal y España, es que a veces las poblaciones, no los políticos, sino la gente de a pie, e insisto, esto ocurre en toda Europa, sienten que hay una diferencia respecto a los países del flanco oriental, como Estonia, Polonia y otros”. Y ha remachado sus palabras con un “no creo que tenga nada que explicar”. Esta última declaración ha irritado el primer ministro portugués que ha subrayado que son “manifiestamente desafortunadas, frívolas y que demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad política y social de Portugal”. Montenegro ha espetado: “No tiene nada que explicar. Creo que está completamente alejado de la realidad en este asunto y, por tanto, solo puedo lamentarlo profundamente”. “El Gobierno portugués, todas las autoridades portuguesas y los órganos de soberanía han estado en primera línea del apoyo político, económico y militar a Ucrania y, por consiguiente, han manifestado todo nuestro rechazo a la posibilidad de que la Federación Rusa conquiste territorio y agreda y vulnere los principios de autonomía de los Estados y de integridad territorial”, ha insistido Montenegro. El dirigente portugués ha recordado que “la media europea de apoyo a estos principios se sitúa en torno al 76%. En Portugal, el respaldo a Ucrania y el rechazo a la actitud de Rusia alcanza el 92%. Es, de hecho, una cifra superior a la de los propios Países Bajos, el país de origen del secretario general de la OTAN”. “El secretario general de la OTAN lo sabe perfectamente. Quizá esté mal informado o tenga una percepción equivocada del respaldo de la población portuguesa”, ha concluido Montenegro.
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
El hijo del último sha de Irán reclama a los gobiernos occidentales “mucha más acción” contra Teherán
“¿Cuánto nos queda de campaña? Estoy hasta las narices”. La pregunta de Nacho Abad , el conductor de ese programa de infoagitación llamado En boca de todos, que en las mañanas de Cuatro, la segunda cadena española propiedad de la familia Berlusconi, solivianta a los espectadores adictos a las emociones fuertes, aunque sean falsas, resume bastante bien lo largo que se le está haciendo todo esto a la brigada del apocalipsis. Todavía estamos en octubre y las elecciones son el 29N . ¿Qué puede salir mal? Pues la mayoría absolutista de PP y Vox, tantas veces proclamada, sondeo tras sondeo, con tanta vehemencia que, de hacerles caso, pareciera que ni siquiera hacía falta votar. El caso es que la recta final hacia las urnas se les está haciendo bola. La anunciada mayoría aplastante ha empezado a encoger, y con ella la paciencia de unos predicadores que contaban con llegar a la noche electoral sin sobresaltos. Manuel Roig lo plantea en El Confidencial con la prudencia de quien empieza a redactar la autopsia antes de que se certifique la defunción. Hasta la noche del 29N, escribe, no sabremos si poner el foco de la campaña en los sacrificios que vienen pasará a la historia como un ejercicio de responsabilidad de Núñez Feijóo o como “el primero de los errores que habrán llevado al Partido Popular y a Vox a dilapidar una mayoría absoluta amplísima en apenas dos meses”. No es todavía pánico, pero sí preocupación. Otros han optado por curarse en salud. David Jiménez da en El Mundo por cada vez más probables las impugnaciones , a raíz del “monumental lío” organizado en torno a la ley de nietos , la suspensión cautelar de sus efectos en el censo dictada por el Supremo y los plazos de la convocatoria. Su conclusión es que nuestra democracia se adentra, esta vez sí, en “territorio inexplorado”. Entre guiones le queda espacio para reprochar a Sánchez que no esperara a la primavera para convocar, lo que equivale a culparle de no haber prolongado una legislatura cuyo final la derecha llevaba meses reclamando. Carlos Herrera va más lejos, esta vez en las páginas de Abc , el diario del grupo Vocento. Siempre suspicaz, asegura que el Constitucional se ha negado a validar la ley de nietos para dejar abierto un “resorte oculto”, que no es otro que la posibilidad de impugnar las elecciones “una vez derrotado el sanchismo”. Herrera admite que esa impugnación probablemente no prosperaría, pero sostiene que serviría para embarrar la victoria de la derecha y movilizar “hasta la náusea a toda la chusma callejera que está ensayando el asalto”. Su consejo final, “vayámonos preparando para lo peor”, tiene la ventaja de dejar escrita la explicación antes de que se conozca el resultado. Federico Jiménez Losantos no necesita resortes ocultos, porque desde los micrófonos de esRadio lo ve todo con una claridad que ya quisieran para sí los institutos demoscópicos. La izquierda, explica, “no ha cambiado”, simplemente “se ha destapado”, y “90 años después ha vuelto al 36”. Apoyándose en un editorial de El Mundo , da por evidente que ETA se está reorganizando, porque “cómo no se va a estar reorganizando si han ganado”. El calendario de la catástrofe también está fijado, asegura. Si la izquierda pierde, dirá que le han robado las elecciones e irá “al golpe del 34”, que según Losantos llegará “en el verano del año que viene, después de las municipales”, con “una rebelión terrorista en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y lo que puedan en Galicia y en Valencia”. Cuando él mismo se pregunta por qué, la respuesta no admite réplica: “Porque es así”. La mano de obra para esa rebelión no será un problema, aclara, porque Sánchez “entra en las redacciones de los periódicos, de las radios y de las televisiones y tiene voluntarios a porrillo”, un retrato de la profesión que probablemente solo sorprenda a quien no le conozca. Lo llamativo, sin embargo, es que el blanco de su furia no son los terroristas de redacción, sino Feijóo y Abascal, a los que reprocha entretenerse con “el detallito” de las listas provincia a provincia, en vez de cerrar de una vez por todas listas conjuntas, mientras España se despeña. “Es para daros de bofetadas, pero hasta mataros”, les espeta a los “señoritos de Bambú y de Génova”, antes de recordarles que el poder autonómico no sirve de nada porque “no tenéis policía, no tenéis Guardia Civil, no tenéis Ejército”. Hay quien prefiere ir haciendo digerible lo que viene con argumentos de más largo alcance. Salvador Sostres sostiene en Abc que solo se reclaman herederos de la República quienes lo hacen “por ignorancia, por resentimiento social o por instinto asesino”, y a partir de ahí se adentra en una reivindicación del régimen que no se molesta en disimular. “El franquismo , o por lo menos una parte de lo que fue el franquismo, tuvo elementos muy interesantes para España”, escribe, y el primero de ellos habría sido “sofocar la brutalidad criminal y analfabeta de la República”. El matiz llega después, cuando aclara que nadie desea volver a una dictadura y que el franquismo tuvo “momentos oscuros e incompatibles con nuestro modo de vida libre”, una fórmula que despacha casi cuatro décadas de dictadura con la delicadeza de quien describe una mala racha. Ignacio Camacho conserva la calma en el mismo diario y sigue dando por segura la victoria, aunque con una rebaja apreciable que también es muy significativa. El pronóstico de 200 diputados entre PP y Vox que todos en la derecha proclamaban felices hasta hace solo unos días le parece ahora “bastante sobredimensionado”, porque la “contrastada habilidad sanchista para agitar las campañas” hace verosímil que las diferencias se aprieten. Una remontada del Gobierno, añade, solo sería posible si las formaciones de la oposición decidieran “arrojarse juntas por un barranco”, quizá a modo de advertencia a la vista de los muchos errores que Feijóo lleva cometidos desde que Sánchez disolvió las Cortes. Camacho espera ahora apenas 180 escaños, cuatro más de los 176 que marcan la mayoría absoluta . No parece una renta muy grande cuando quedan, todavía, 36 días hasta que votemos. Y muchas oportunidades para seguir cometiendo errores.
