El Ejecutivo da este paso para actualizar las prestaciones con el IPC en el primer día de campaña electoral. El día 27 se conocerá la cuantía, que apunta al 3,6%
Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo y ministra para la Seguridad Social, anticipa que estas retribuciones "subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%". Leer
Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional. En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman... Ver Más
La mujer del presidente del Gobierno toma la palabra por vez primera en un mitin del PSOE, en una carrera electoral que arranca en Sevilla con el lema de “La fuerza de las mujeres” y recupera los bailes y besos tras el duelo por el siniestro de Urda
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El presidente del Gobierno maniobra para usar la Diputación Permanente toda la campaña y seguir aprobando decretos electoralistas. El papel de juez y parte del Ejecutivo quedó a la vista con su crítica a las cargas policiales que ordenó Marlaska durante la huelga general. Más información: La última estafa del CIS: publica un sondeo al inicio de campaña con una muestra sesgada en 17 puntos a favor del PSOE
Sólo en los sectores más sindicalizados hubo paro total, en el resto el seguimiento fue bastante escaso. La violencia en varias protestas demuestra que el Gobierno fue muy temerario al alentar esta huelga.
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El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. 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VALÈNCIA. Todavía con cierta resaca tras la pegada de carteles electorales durante la medianoche, este viernes se ha celebrado el primer debate electoral de los candidatos al Congreso por Valencia de los cuatro principales partidos. El evento, organizado por la Cadena Ser y El País ha congregado a María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSOE), Àgueda Micó (Compromís-FV), e Ignacio Gil Lázaro (Vox). Desde el auditorio Alfonso Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y ante 200 espectadores, Micó y Gil Lázaro, situados en cada uno de los extremos del escenario, han sido los principales protagonistas del primer asalto entre candidatos, mientras las candidatas de los dos partidos con mayor representación han preferido mantenerse a la expectativa, guardando tiempo para los minutos finales de cada bloque y girando la cabeza a uno y otro lado para escuchar el choque de argumentos entre los líderes de Compromís y Vox. No obstante, mientras Gil Lázaro ha evitado el diálogo con Catalá y se ha centrado en repartir reproches entre PSOE y Compromís, Àgueda Micó ha hecho valer hasta en tres ocasiones su perfil de candidata "al 100%" frente a Bernabé y Catalá, que también serán aspirantes a la alcaldía de València en los comicios del próximo mayo. De esta manera, Catalá ha tenido a Gil Lázaro como un escudero útil, mientras una Bernabé más nerviosa que el resto de participantes se ha quedado en solitario en muchas ocasiones frente a los reproches del bloque de la derecha y las peticiones de mayor "valentía" desde la coalición valencianista. Tras un primer turno de intervención marcado por referencias a los problemas en infraestructuras ferroviarias, la "máquina del fango", las promesas de "un cambio a mejor" y el cruce de culpas sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, el debate ha pasado a adoptar un carácter más valenciano. Catalá ha preferido esperar y reservar tiempo en la primera fase, comenzando al principio con un tono más vacilante y flojo que ha evolucionado a lo largo del debate hasta convertirse en más firme y solvente. Por su parte, la representante de Compromís ha empezado a ganar fuerza prácticamente desde su segunda intervención. El candidato de Vox ha tratado de frenar a Micó, refiriéndose a la coalición valencianista como "los pagafantas de Sánchez" y ha vaticinado que, "probablemente van a serlo" en un futuro. Un dardo ante el que Micó ha sabido retrucar: "Una persona que ha estado más de 40 años en el Congreso sin trabajar por los intereses de los valencianos no puede ser ejemplo de nada", ha espetado a Gil Lázaro. La candidata ha cogido fuerza para entrar en la crítica hacia el bipartidismo, lanzando una cuestión tanto a Bernabé como a Catalá: "¿Por qué no votaron a favor de prohibir que los fondos buitre puedan comprar vivienda?". Una cuestión a la que la candidata socialista ha replicado con una defensa a ultranza de las medidas que ha venido lanzando el Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Gil Lázaro ha optado por no ser un mero espectador, por lo que, ante el 'pasapalabra' de Catalá, ha respondido él con la intención de vincular a Compromís con Pedro Sánchez : "Hablan de las dificultades de los españoles para vivir, pero han estado integrados en Sumar y ha sido parte del Gobierno de España. Es corresponsable". El candidato voxista ha evitado la interpelación directa a su homóloga del PP y así concentrar sus intervenciones en la crítica hacia el bloque de la izquierda. En este sentido, a Bernabé le ha afeado que hable de infraestructuras "mientras el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer las obras hidráulicas imprescindibles". Foto: RADIO VALENCIA Desempolvar el argumento de la Dana ha dado más munición a Micó, que ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha tenido "la catástrofe natural y política más grande que haya podido tener toda la ciudadanía europea". "Mientras Carlos Mazón estaba haciéndose gintonics en el Ventorro, nuestra gente estaba muriéndose", ha asegurado la candidata de Compromís, que ha apuntado directamente hacia Catalá: "Tiene mucho que decir, comparte grupo parlamentario con Mazón y ha votado en contra de que se le retiren los privilegios". La también alcaldesa de València ha regateado la cuestión sobre el expresident de la Generalitat y ha defendido que el programa del PP cuenta con un Plan Valencia "con 12.000 millones de euros", mientras Compromís "lleva dos años respaldando un Gobierno que no ha hecho las inversiones necesarias". "Tampoco las inversiones ferroviarias", ha proseguido Catalá, que en varias intervenciones se ha referido a la "falta de inversiones" en las líneas de Cercanías de Valencia. Finalizada esta primera ronda de confrontación, se ha pasado a un segundo bloque que, sobre el papel, debía ir en torno a propuestas programáticas y posibles pactos de gobierno, aunque los candidatos han optado más por lo primero que por lo segundo, abordando temas como la reforma del sistema de financiación o la propia catástrofe de la Dana. Gil Lázaro ha esbozado los puntos principales de su propuesta, incluida la financiación autonómica, que nunca ha sido argumento de campaña de Vox, y ha vuelto a arremeter contra los dos partidos progresistas. "Sigo pasmado cuando escucho a la señora Micó hablar del llamado Gobierno progresista y sus logros. Ha sido un gobierno regresivo para las clases medias y trabajadoras", ha apuntado. También ha repartido hacia Bernabé, criticando la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica durante el actual Ejecutivo y a la que ha acusado de permitir la "ocupación" de la plaza del Ayuntamiento de València por la reciente acampañada por la vivienda. Micó ha iniciado la intervención de este bloque prometiendo un apoyo a un gobierno progresista, pero "valiente". "Tenemos obligar al PSOE a que sea valiente" en materias como pensiones, el nuevo modelo de financiación autonómica o "terminar con la deuda histórica". "Me comprometo a representar a los valencianos y las valencianas al 100% en el Congreso", en una clara alusión a las figuras de Bernabé y Catalá. De hecho, ha interpelado a ambas candidatas: "¿Van a ser lo mismo que yo o van a dejar su escaño?" para centrarse en la Alcaldía de València. Bernabé ha evitado entrar en este área y pasar a abordar la gestión tras la Dana de 2024, que, probablemente, supone su mejor baza para esta campaña electoral. Catalá, por su parte, ha optado por llevar el debate a escala nacional: "Ellos han elegido el referente de la corrupción permanentemente", ha pronunciado en alusión al Partidos Socialista. Pilar Bernabé y María José Catalá. Foto: EFE/BIEL ALIÑO "La gente que coge un AVE siente congoja", ha criticado Catalá, que ha asegurado que su "máxima prioridad" será la Alcaldía de València, aunque su objetivo es ser "útil" allá donde el partido le proponga. Y, para replicar a Compromís, ha sacado el pacto de apoyo al Gobierno de España, para criticar que ninguno de los tres principales puntos se han cumplido durante este mandato. "Lo que no va a hacer el PP es pactar la financiación autonómica con Junqueras", ha sentenciado. Micó ha entrado en la confrontación y ha reprochado a la candidata popular: "El PP lo que hace es votar con Puigdemont" en alusión a la prórroga de los contratos de alquiler, la moratoria de deshaucios, la jornada de 37,5 horas, o los gravámenes a las grandes empresas energéticas. Y, tras apuntar hacia el PP, ha ido a por Vox: "Desde el 1982 han pasado muchas cosas. Hay una cosa que no ha cambiado y es que Gil Lázaro ha estado desde ese momento cobrando un sueldo público del Congreso sin lograr nada para los valencianos". "Lleva más años que los leones que hay en la puerta", ha llegado a pronunciar. Un argumento "grueso y grosero" para Gil Lázaro, que se ha mostrado "absolutamente orgulloso" de haber dado su "vida al servicio público". "A usted le queda mucho recorrido parlamentario para poderme llegar a los tobillos", ha añadido. Bernabé ha cambiado de tercio y ha regresado a la Dana: "Hemos dado la cara, hemos atendido a las familias. Ante ese dolor y ese miedo la única respuesta ha sido atenderlas". Y Catalá, de nuevo, se ha ido a la escala nacional, para defender el "mando único en emergencias" y señalar que los populares prometen "una gestión clara" tras "tres años sin presupuestos" y "un sistema público que está en los huesos". Pero Bernabé, algo más cómoda al abordarse su tema estrella, ha replicado a la candidata popular que "está tan preocupada por reconstruir Valencia que, por eso, toda la reconstrucción se la está pagando el Gobierno de España". Los candidatos piden el voto En el minuto de oro, Gil Lázaro ha confrontado dos modelos: "El cambio o Sánchez y el caos". En este sentido, ha defendido un Gobierno "eficaz y decente" y ha asegurado que Vox "representa ese cambio profundo que hace falta". Pese a que ha asegurado que se gobernará "para todos, sin excluir a nadie" ha defendido la "prioridad" de "recuperar la seguridad y el bienestar para todos los españoles". María José Catalá e Ignacio Gil Lázaro. Foto: EFE/BIEL ALIÑO Micó ha insistido en la crítica hacia las otras dos candidatas: "Quiero representar a todos los valencianos a tiempo completo en el Congreso". Ha defendido que la coalición ofrece "un voto" que "hará que no gobierne la extrema derecha" y garantizará "políticas valientes" en "vivienda, servicios sociales, educación o bienestar. Bernabé no ha logrado centrar el tiro en este minuto final y, tras reclamar "más memoria y menos nostalgia", ha mezclado la petición de un mayor diálogo entre los partidos con defensas sobre la subida de pensiones o salarios o el miedo ante un posible gobierno de populares y voxistas . En el turno que cerraba el debate, Catalá ha recogido la apelación a la memoria de Bernabé para apelar "a la memoria inmediata" y recordar diversas medidas del Gobierno, subrayando de cada una que "no es avanzar, sino retroceder". Finalmente, ha pedido el voto "para la persona a la que dejarías a tus hijos", "a Alberto Núñez Feijóo".
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
El barómetro mensual del CIS estaba recolectando datos justo en el momento de la convocatoria de elecciones anticipadas. Esto nos permite asomarnos a la reacción inmediata de los votantes (o, más bien, a la falta de reacción) ante la última apuesta política de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 5 de octubre elecciones generales para el 29 de noviembre . La decisión llegó después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda promovidos por su Gobierno . El motivo del adelanto electoral estaba claro. En España se sucedieron grandes protestas por la crisis de la vivienda, y estas subieron de tono tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años , de la casa en la que vivía de alquiler desde hacía unos 70 años. Sánchez supo convertir esa debilidad parlamentaria en una oportunidad al forzar una votación sobre sus reformas en plena ola de protestas. Al perderla, y sin miedo a medirse en las urnas pese a las encuestas de opinión , decidió convocar elecciones anticipadas. ¿Pero puede esta convocatoria un empujón electoral inmediato? La ciencia política nos dice que llamar a los votantes a las urnas puede cambiar algo más que el signo de las encuestas. La literatura sobre convocatorias anticipadas nos muestra que ser llamados a votar de forma sorpresiva puede aumentar la confianza en el Gobierno: a los votantes les gusta que se les dé la oportunidad de retirar la confianza a quien gobierna o de respaldar a la oposición. La literatura también nos dice que los adelantos electorales llevan a los votantes a decidirse más rápido: los datos de Alemania y Reino Unido muestran a una caída inmediata de quienes responden “No sé” a la pregunta sobre intención de voto, algo distinto a la cristalización más gradual de las preferencias de voto en las elecciones ordinarias. Un adelanto no sólo cambia las actitudes de los votantes: también les ayuda a decidirse. Una afortunada coincidencia nos permite estudiar si lo que la literatura nos muestra en otros contextos se traslada al caso español actual: el anuncio de Sánchez llegó el 5 de octubre y coincidió con el trabajo de campo del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que entrevistó a 5.024 personas entre los días 1 y 6 de octubre. Algunas respondieron antes del anuncio; otras, ese mismo día o al siguiente. Imaginemos que una empresa de encuestas llama a un grupo de personas el sábado y a otro el lunes. Si entre ambas llamadas se produce un anuncio importante, comparar las respuestas de ambos grupos nos permite estudiar el impacto político de dicho anuncio. Es lo que en ciencia política se conoce como evento inesperado durante la encuesta ( UESD , por sus siglas en inglés). Esta coincidencia entre el trabajo de campo del CIS y el anuncio del adelanto nos abre una pequeña ventana a la reacción inmediata del electorado. Sin subidón aparente tras el anuncio ¿Se incrementó la intención de participación electoral o la probabilidad de declarar al PSOE como opción preferida? La Figura 1 nos muestra que no. Figura 1 Figura 1. Intención de ir a votar e intención de voto al PSOE. Los intervalos de confianza a ambos lados de la convocatoria electoral son demasiado amplios para sacar conclusiones. La participación mide lo que la gente dice que haría, no si finalmente vota. El salto estimado en la intención de ir a votar es esencialmente nulo en términos estadísticos: −0,002 en una escala de 0 a 1, con un intervalo de confianza que va de −0,042 a +0,037. El apoyo al PSOE muestra una subida estimada de 2,2 puntos porcentuales, pero el intervalo va de −5,8 a +10,2. Estos intervalos de confianza son demasiado amplios para llegar a una conclusión fiable, y no podemos saber con certeza si el efecto “real” del anuncio es positivo, nulo o incluso negativo. Sin cambios en la valoración de los líderes Pero quizá los votantes se aproximasen a Sánchez de algún modo, aunque sin expresarlo de forma tan explícita como en la intención de voto. Cabe imaginar que existiese una elevada indecisión sobre voto, dado que la oferta electoral aún no se conocía . Sin embargo, también es posible que muchos ciudadanos percibiesen entonces a Sánchez como un líder dispuesto a asumir riesgos y receptivo a las protestas sociales, lo que podría haber mejorado su valoración. Del mismo modo, la valoración de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, podría haber aumentado entre quienes considerasen que llevaba tiempo reclamando un adelanto electoral y que, en sus propias palabras, había logrado por fin “pedirle cuentas” a Sánchez. En la Figura 2 analizamos si, tras el anuncio electoral, los votantes expresaron niveles distintos de confianza en alguno de los dos líderes. Figura 2 Figura 2. Confianza en Sánchez y en Feijóo. Una puntuación más alta indica mayor confianza. El cambio estimado en la confianza en Sánchez es positivo, de 0,051 en la escala de 0 a 1, pero su intervalo de confianza oscila entre −0,008 y +0,110. La estimación para Feijóo es de −0,014, con un intervalo de −0,064 a +0,036. Por tanto, ninguna de las dos ofrece un resultado claro. Como ocurre con la intención de voto, los datos nos indican que no se produjeron cambios evidentes en este sentido. Pero tampoco hay un castigo a la oposición Por último, analizamos si la convocatoria electoral afectó al apoyo a los partidos de la derecha: el Partido Popular (PP) de Feijóo y VOX. Figura 3 Figura 3. Intención de voto al PP y a Vox. El porcentaje de apoyo a cada partido se calcula sobre el total de encuestados que proporcionan una respuesta válida, incluidos los indecisos y excluidos quienes no responden. Ambas estimaciones apuntan a una caída del apoyo: 4,3 puntos porcentuales para el PP y 2,6 para Vox. Sin embargo, de nuevo los intervalos de confianza cruzan el cero (de −10,8 a +2,3 puntos para el PP y de −8,3 a +3,1 para Vox), lo que indica que no hay una señal estadística lo suficientemente fuerte para concluir que el anuncio perjudicara a ninguno de estos dos partidos. ¿Pero y si la movilización viene motivada por la ideología? Una convocatoria electoral puede movilizar o desmovilizar a un bloque ideológico sin producir ningún efecto en el contrario. La Figura 4 explora esta posibilidad en relación con la participación electoral. Las líneas muestran las predicciones de nuestro modelo cuando se permite que el efecto del anuncio varíe en función de la posición de cada persona en una escala ideológica de 1 (izquierda) a 10 (derecha). Los puntos superpuestos representan las estimaciones correspondientes a tres ‘bloques’: izquierda (1-4), centro (5-6) y derecha (7-10). Figura 4 Figura 4. Intención de participación predicha según ideología de los votantes. La línea de puntos roja sugiere un mayor impulso a la participación en la izquierda, que se va diluyendo hacia la derecha. El aumento estimado en la intención de participación entre el antes y el después del anuncio de Sánchez de convocar elecciones es de 0,031 en la izquierda, 0,022 en el centro y 0,014 en la derecha, en la misma escala de 0 a 1. Aunque en términos estadísticos estas diferencias no son lo bastante claras como para afirmar que el anuncio movilizó a un bloque ideológico más que a otro, sí ofrecen un indicio de que la izquierda podría haberse movilizado más con la convocatoria. Con todo esto, ¿qué podemos concluir sobre la reacción inmediata del electorado ante este órdago electoral de Sánchez? Los efectos casi inmediatos observados en otros países —un aumento de la confianza política y cristalización de las preferencias de voto tras la convocatoria de elecciones anticipadas— no encuentran un reflejo claro en los datos españoles. Lo que sí apunta, aunque de forma débil, es que el anuncio quizá haya podido movilizar a quienes se identifican como votantes de izquierda.
Tanto PP como PSOE recurrieron el acuerdo de la JEP: el primero para que no se consideren válidos los votos en papeletas con tachaduras y el segundo para que se pudiesen modificar y eliminar el nombre de Puente La Junta Electoral rechaza borrar a Óscar Puente de las papeletas del PSOE en Valladolid La Junta Electoral Central (JEC) ha estimado un recurso del Partido Popular que pedía la revocación de oficio del Acuerdo de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Valladolid de 5 de noviembre de 2026, que determinó que serían válidas las papeletas del PSOE aunque se tachase el nombre de Óscar Puente, que renunció a la candidatura al Congreso tras dimitir de su cargo de ministro. Así, las papeletas con tachaduras serán consideradas como “voto nulo”. La Junta Electoral Provincial de Valladolid, trasla renuncia de Óscar Puente a su candidatura, acordó tenerle por renunciado a la vez que desestimaba la solicitud del PSOE para modificar el modelo oficial de papeleta electoral, suprimiendo el nombre de Puente y renumerando correlativamente a los restantes candidatos. Además, la JEP consideró cubierta la vacante por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes, además de trasladar a los presidentes de las Mesas electorales el criterio establecido en el Acuerdo de la Junta Electoral Central 716/2011, de 16 de noviembre, relativo a la validez de las papeletas en las que se haya tachado el nombre de un candidato que haya renunciado. Contra este acuerdo presentaron recurso tanto el PSOE como el PP. En el caso del PSOE se alegó que la renuncia de Puente se produjo “de manera pública y notoria el 3 de noviembre de 2026, aunque se formalizase al día siguiente ante la Junta Electoral Provincial”, y que tanto la renuncia como la solicitud de modificación de las papeletas se produjeron dentro del plazo previsto en el artículo 70.4 de la LOREG. Además, cuestionaron la aplicación de determinados precedentes de la Junta Electoral Central sobre la inmodificabilidad de las papeletas, por referirse a supuestos distintos o haber sido adoptados en un contexto tecnológico diferente. En resumen, aludiendo la necesidad de evitar confusiones en el elecorado pretendía que se revocase la decisión y se acordase la confección de una nueva papeleta electoral, suprimiendo el nombre Puente y renumerando correlativamente a los restantes candidatos. En el caso del Partido Popular, se opuso a las alegaciones del PSOE por considerar que la renuncia producida después de la proclamación de las candidaturas tiene los efectos previstos en el artículo 48.2 de la LOREG, sin que proceda alterar las papeletas correspondientes a la candidatura proclamada. Pero además, impugnó el criterio establecido por la Junta Electoral Provincial relativo a la validez de las papeletas en las que se haya tachado el nombre del candidato renunciante, por entender que resulta contrario al artículo 96.2 de la LOREG y a la Instrucción 12/2007 de la Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2012, de 15 de marzo. Por su parte, el PSOE se opuso a la notificación a las restantes candidaturas, PP y Vox la solicitaron, y por ello el PSOE alegó su nulidad de pleno derecho por incompetencia del órgano que la adoptó y cuestionando tanto el reconocimiento de la condición de interesado a las restantes candidaturas como la apertura de un plazo que, a su juicio, permitió indebidamente la interposición del recurso del Partido Popular. En su resolución La Junta Electoral Central establece que el acuerdo impugnado no afecta exclusivamente a la candidatura del PSOE, sino que establece un criterio sobre la validez de determinadas papeletas electorales que incide en el desarrollo del proceso electoral y en los intereses legítimos de las restantes candidaturas proclamadas. En consecuencia, reconoce la legitimación del Partido Popular para impugnarlo. Por otra parte, la decisión de notificar el acuerdo a todas las candidaturas proclamadas fue ratificada por unanimidad por el Pleno de dicha Junt desde su notificación, sin que se aprecie indefensión material para el PSOE, que ha podido formular las alegaciones que ha estimado oportunas. “En todo caso, el artículo 19.1.e) de la LOREG atribuye a la Junta Electoral Central la facultad de revocar de oficio, en cualquier tiempo, las decisiones de las Juntas Electorales Provinciales cuando se opongan a la interpretación de la normativa electoral realizada por esta Junta”. Respecto a la modificación de las papeletas, la JEC se agarra a los plazos y dice que una vez proclamadas las candidaturas las papeletas no se pueden modificar, sino que se cubren las bajas con los candidatos sucesivos. Además, subraya que la renuncia de Puente se formalizó ante la Junta Electoral Provincial de Valladolid el 4 de noviembre de 2026, una vez proclamadas las candidaturas. Así, estima el recurso interpuesto por el Partido Popular y revoca parcialmente el apartado C del Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Valladolid de 5 de noviembre de 2026, en lo relativo al criterio sobre la validez de las papeletas en las que se haya tachado el nombre del candidato renunciante. “Los votos emitidos en dichas papeletas -con tachadura- deberán considerarse nulos, de conformidad con el artículo 96.2 de la LOREG y la Instrucción 12/2007, de 25 de octubre, de la Junta Electoral Central, en la redacción dada por la Instrucción 1/2012, de 15 de marzo”. El acuerdo, que es firme en vía administrativa, se comunicará “inmediatamente” a la Junta Electoral Provincial de Valladolid para su traslado a las Juntas Electorales de Zona de la provincia y, a través de estas, a los presidentes de las Mesas electorales, así como a la Subdelegación del Gobierno y a los representantes de las candidaturas proclamadas, a fin de garantizar su conocimiento y aplicación uniforme durante la jornada electoral. Cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Tellado avisa que el paro “en nada beneficia” a la “crisis de representatividad” de los sindicatos
