El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, viajará la próxima semana a Bruselas para intervenir en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, donde abordará la gestión de emergencias tras el accidente ferroviario de Urda. El jefe del Ejecutivo autonómico encabezará la delegación regional que participará en distintas reuniones y encuentros relacionados con las políticas europeas. Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante la inauguración del I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos, que se celebra en Toledo y reúne a representantes institucionales, expertos y responsables de estas oficinas de distintas comunidades autónomas. En la inauguración, Caballero ha estado acompañado por la directora general de Asuntos... Ver Más
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para subir las pensiones en 2027 "entre un 3% y un 4%" y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, donde ha explicado que, al igual que se ha hecho en los últimos años, este procedimiento "arranca la maquinaria" para llevar a cabo dicha revalorización. Saiz ha subrayado que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas. Para determinar la subida de las pensiones contributivas aún falta por conocer el dato de IPC de noviembre, que el INE avanzará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. En concreto, para calcular la revalorización, se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2025-noviembre de 2026). En todo caso, Saiz ha avanzado que este incremento estará "entre el 3% y el 4%" a la luz de cómo están evolucionando los precios. Este año la subida fue del 2,7% para las contributivas. "Tenemos que esperar a conocer el dato del IPC, pero lo que sí que puedo decir es que las pensiones subirán en una horquilla de entre el 3% y el 4%", ha avanzado Saiz. Durante su intervención, la titular de Seguridad Social ha presentado un informe sobre la situación actual y futura de las pensiones públicas y ha hecho balance de las reformas emprendidas desde 2018 bajo un triple objetivo: mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Un proceso, ha subrayado Saiz, que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con el respaldo del Congreso y a través del diálogo social, con cuatro acuerdos suscritos junto a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Las pensiones han subido más de un 28% desde 2018 Respecto al primer eje, Saiz ha destacado que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha aumentado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Además, la ministra ha señalado que el complemento aprobado en 2021 ha reducido la brecha de género en 2,4 puntos porcentuales desde 2018. La edad de jubilación sube a 65,4 años En cuanto al segundo eje, centrado en ampliar las modalidades de jubilación desde la voluntariedad -incluidos los incentivos a la demora, el refuerzo de la jubilación activa en 2024 y la reforma de la jubilación flexible en 2026-, la ministra ha resaltado que la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026. Sobre el tercer eje, referido a la sostenibilidad financiera, Saiz ha subrayado que los ingresos por cotizaciones crecerán un 7,6% en 2026, representando el 10,7% del PIB, apoyados en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de las bases máximas, la cuota de solidaridad y los avances en la separación de fuentes de financiación. La ministra ha vinculado esta evolución al dinamismo del mercado laboral -que en octubre superó los 22,6 millones de afiliados, 3,6 millones más que en el mismo mes de 2018 y 785.000 más que hace un año (+3,6%)- y a la contribución de la población extranjera. Gracias a ello, ha destacado que la relación cotizante-pensionista ha pasado de 2,28 cotizantes por cada pensionista en 2018 a 2,51 en 2026, "el mejor dato de los últimos 15 años". Saiz ha defendido que las transferencias que el sistema recibe del Estado se sitúan por debajo de las de otros países europeos, precisando que las cotizaciones sociales financian aproximadamente el 65% del gasto en pensiones de jubilación, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea. Asimismo, ha puesto en valor la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la denominada 'hucha de las pensiones'-, destacando que, gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cerrará 2026 en positivo y seguirá creciendo en los próximos años, frente al "estado deficitario" en el que se encontraba hace ocho años. La ministra ha subrayado además que el sistema ha superado las evaluaciones de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), situándose el gasto neto medio en pensiones para el periodo 2022-2050 por debajo del umbral del 13,3% del PIB que habría obligado a adoptar medidas adicionales. Junto a ello, Saiz ha explicado que la Seguridad Social ha desarrollado su propio modelo de análisis y proyección, denominado IntegraSS, cuyas estimaciones sitúan el gasto medio en pensiones en torno al 14% del PIB para el periodo 2022-2050, un esfuerzo que ha calificado de "asumible" y que se sitúa por debajo de países europeos de referencia como Francia o Italia.
Bulgaria era el único país miembro de la UE que no había firmado la «Declaración sobre los Principios Centrales de la Seguridad Europea», la base sobre la que la UE desea participar en las negociaciones de paz para Ucrania y respaldada ya por 39 países. Su ausencia era especialmente significativa porque comparte con Ucrania una posición estratégica en el mar Negro y dinamitaba el esfuerzo de Francia y Alemania por construir una posición europea común, para evitar que Estados Unidos y Rusia decidan el futuro de la seguridad continental sin los europeos. En el último minuto y después de haber opuesto resistencia en la cumbre de Dublín, el Gobierno de Sofía ha rectificado esta mañana y anuncia que firmará la... Ver Más
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
« Teníamos ya el aviso por parte de la Policía Nacional de que podrían darse este tipo de actuaciones. Los agentes ya habían informado a la Policía Local y le habían pedido que estuvieran atentos a todos esos objetos que puedan aparecer en un rincón cualquiera de la ciudad abandonados». Éstas fueron las palabras del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la mañana de este jueves minutos después de que el Cuerpo Nacional de Policía acordonara todo el perímetro de la Avenida de la Constitución que abarca desde la calle Alemanas hasta el Archivo de Indias, ampliado después hasta la Plaza Nueva. Se cortaba el paso de peatones, bicicletas o cualquier otro vehículo, incluido el Metrocentro. Se había activado el protocolo ante la sospecha de un posible artefacto, poniendo en marcha a grupos especializados como los Tedax. El objeto que levantó las sospechas fue una mochila en la parada del tranvía de Archivo de Indias. Horas más tarde, otra mochila, en esta ocasión junto a la sede de Podemos , en la calle León XIII, en el barrio de la Macarena, obligaba al desalojo de las instalaciones de la formación morada y a acordonar las calles más cercanas. Pero éstas no son las dos únicas situaciones que ha tenido que gestionar la Policía Nacional en Sevilla en las últimas cuarenta y ocho horas. Al menos, ha sido media docena de avisos. Uno de ellos, por ejemplo, llevó a movilizar a los miembros de los Tedax ante la presencia sospechosa de lo que parecía una maleta en la esquina de Juan Díaz de Solís y López de Gómara, en el barrio de Triana , a escasos metros de las dependencias policiales. Hasta ahora todo se han tratado, afortunadamente, de falsas alarmas, aunque como fuentes policiales reconocen y el propio alcalde lo verbalizó ayer, la psicosis ha llegado a Sevilla, como a otros rincones de la comunidad autónoma, que no se ha mantenido ajena del contexto de amenaza que vive Europa. De momento, ninguna autoridad policial o gubernativa de forma pública ha dado una explicación a esta oleada de falsas alarmas por objetos o paquetes sospechosos, aunque eso no quita que exista cierta preocupación, especialmente por tratarse de fechas de electorales y prenavideñas. La pregunta es qué está detrás de estas situaciones de riesgo para la población: la coyuntura actual europea , la situación electoral nacional,...Ante la situación que se vivió ayer en Sevilla, con el hallazgo, inicial, de una mochila abandonada en la parada del Metrocentro, el primer edil mantuvo contacto permanente con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para estar al tanto del operativo. Además, celebró una reunión de urgencia con el delegado de Seguridad de su gobierno, en la que le transmitió los datos que manejaba la Policía Local. Después, a los medios, reconoció que «teníamos ya el aviso por parte de la Policía Nacional de que podrían darse este tipo de actuaciones». Si bien, pese a los nervios e incertidumbre por el desconocimiento de lo que estaba pasando en el Centro de la ciudad, el alcalde quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» a los sevillanos, considerando que se trata de un hecho aislado que no tiene por qué volver a repetirse. Eso sí, no escondió que la situación es la misma que se había producido estos días en otras ciudades de España y que, por el momento, se desconoce a qué se debe. Por último, advirtió que este año el dispositivo del Plan de Navidad «se va a mirar con lupa», aunque no será hasta la semana que viene cuando se presente oficialmente el despliegue de seguridad preparado para las próximas fiestas.«Ha sido todo muy rápido»Minutos antes de las once de la mañana de ayer, los especialistas en explosivos de la Policía Nacional lograban detonar la mochila sospechosa de forma controlada, quedando la huella en la parada del Metrocentro. Era la decisión que se adoptaba por los responsables del operativo, quienes habían establecido un cordón de seguridad desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez. El dispositivo contaban con agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como helicópteros y policías a caballo, que estaban desviando a los viandantes por calles aledañas como Fernández y González.Se desalojaron todos los edificios, comercios y hoteles. Especialmente significativo fue el de la sede del Banco de España , pues algunos de sus empleados comentaban que «nos ha sido imposible hasta coger los bolsos. Ha sido todo muy rápido», según contaban a ABC. Un testigo señalaba a ABC que se encontraban tomando café en la Avenida y ha visto cómo pasaban muchos policías muy rápido hacia el Archivo. «Nos hemos acercado a ver qué pasaba y nos han dicho que nos alejáramos, que había que desalojar la zona. Parecía que había un aviso de bomba como los que ha habido estos días en otras ciudades».
El primer ministro neerlandés , Rob Jetten, celebra este viernes una reunión de urgencia con sus principales socios en un último intento por salvar a su Gobierno de coalición minoritaria del colapso, tan solo nueve meses después de asumir el poder. Una disputa política sobre materia fiscal ha reavivado el fantasma de elecciones anticipadas en la quinta economía de la Unión Europea y ha debilitado al centrista Jetten, el primer ministro más joven de la historia del país. Tras ganar unas elecciones por un margen muy estrecho, el partido D66 de Jetten ha mantenido una inestable coalición tripartita con el centroderechista CDA y el derechista VVD. Tras meses de complejos debates sobre política fiscal, el D66 y el CDA alcanzaron... Ver Más
La recuperación financiera de la operadora española coincide con un momento en el que las telecomunicaciones se han convertido en un asunto de seguridad nacional y autonomía estratégica. Sus resultados refuerzan los argumentos que llevaron al Estado a invertir en la compañía, mientras Europa busca empresas capaces de sostener su independencia tecnológica. Telefónica vuelve a los beneficios y gana 464 millones hasta septiembre Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil. Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura. La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea. Una empresa privada con importancia estratégica España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos . Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos. Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras . Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados. La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales. El dilema europeo: competencia o escala El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales ( Digital Networks Act ), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria. Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos. La influencia española en Bruselas Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras. Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa. La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades. Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.
En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
Andrea Rizzi (Roma, 1975) es licenciado en derecho por la universidad de La Sapienza, de su ciudad natal. Compagina labores de docente y de escritura con su corresponsalía de asuntos globales para el diario El País , donde es miembro de su comité editorial. Su último libro, el ensayo La era de la revancha , de 2025, es una apuesta por la fortaleza de la democracia en un tiempo en el que se ve amenazada, tanto externa como internamente. “La sociedad francesa adolece de un claro problema de integración social desde hace tiempo. Un problema que afecta especialmente a los inmigrantes. Este elemento aflora en estas protestas que han empezado como estudiantiles. Se exigen mejoras en el sistema educativo, que es un motor de integración. La protesta se ha ampliado y se han sumado a ella otras reivindicaciones. Y, al final, es una protesta en contra de un sistema que no integra adecuadamente. Una buena parte de los protagonistas de las manifestaciones de estos últimos días son también jóvenes chavales de realidades periféricas de las ciudades. Este fracaso de la integración alimenta un resentimiento que en la historia reciente de Francia ha ido estallando de forma periódica, a veces con disturbios, episodios violentos y saqueos. España tiene una realidad diferente, a mi juicio, más positiva en este sentido. Sin duda en parte también porque una fracción consistente de la inmigración que ha recibido procede de América Latina; por lo tanto, de una realidad lingüística, cultural y religiosa muy próxima y más fácilmente integrable que otras. No obstante, hay que esperar. La historia de la inmigración francesa es más larga, así que España tendrá que ser juzgada en la misma medida dentro de un tiempo. Creo que el Gobierno francés en los últimos años no ha sido muy capaz de entablar un diálogo social constructivo. En España esto se ha hecho mejor y esa es una lección que Francia debería tener en cuenta para el futuro”. “Esta deriva de las protestas en Francia no es del todo sorprendente. Si tenemos en cuenta la trayectoria de la historia reciente del país, vemos muchos movimientos de protesta, a veces masivos, y en algunos casos episodios de disturbios, de violencia, de saqueos. Por lo tanto, el patrón no es del todo sorpresivo. Lo que sí creo que es sorpresivo es la magnitud y la intensidad de lo que ha ocurrido. Las propias fuerzas de seguridad de Francia se han visto sorprendidas y desbordadas por el tamaño, la envergadura, la extensión de la protesta y, desgraciadamente, de los actos vandálicos. Hay que separar la multitud que protesta de forma cívica, pacífica, de la minoría que ha recurrido a la violencia. Esta última es inaceptable, intolerable y debe ser estigmatizada con toda la fuerza”. “Hay varios grupos de personas que han tomado la calle en estas semanas en Francia. Naturalmente, han sido protestas masivas. Mucha gente diversa ha salido a la calle, pero creo que hay cuatro grupos fundamentales. El primero, desde luego, el de los estudiantes, sobre todo de institutos, que son quienes prendieron la mecha reivindicando mejores servicios educativos a lo largo y ancho del país. Después podemos distinguir un segundo grupo en clases urbanas que experimentan una grave dificultad para llevar adelante una vida digna debido a las constricciones relacionadas con el coste de la vida. No hablamos de una insatisfacción proyectada en el futuro, de falta de oportunidades, de descontento con respecto a las posibilidades de desarrollo, sino de un descontento muy de presente vinculado con el coste de la vida , sobre todo en zonas urbanas. Luego, un tercer grupo es el grupo chalecos amarillos , esa protesta que hace ocho años aproximadamente sacudió el país y que nació en la Francia rural y periférica. Entonces se manifestaron contra el impuesto sobre hidrocarburos, que afectaba a su capacidad de movimiento. Una parte de la sociedad no urbana mostrando un descontento con características propias. Y luego, inevitablemente hay una cuarta categoría, que es la de las personas violentas, un lote aparte que debe ser distinguido, aislado y estigmatizado. Ha habido demasiada violencia y hay un riesgo grande de que la acción de estos pocos proyecte una sombra sobre la manifestación de un malestar más que legítimo”. “La subida de la temperatura de la calle en distintos países europeos casi de forma contextual a mi juicio no es una casualidad, aunque en cada país hay razones específicas que espolean la protesta. En el caso francés, vinculadas especialmente a la cuestión educativa. En otros, como en España o en Portugal, al acceso a la vivienda. Cada historia tiene sus detonantes. No obstante, existe un común denominador que es la insatisfacción de consistentes capas de las sociedades europeas con un modelo, un sistema que les ha dejado en una posición marginal, de incertidumbre”. “Es el modelo que se ha desarrollado después de la caída del Muro de Berlín, en una fase en la que el capitalismo no ha tenido alternativa, no ha habido una fuerza de contención que limite sus excesos de forma suficiente o que impulse el desarrollo de proyectos de cohesión social. En las décadas previas se daban una socialdemocracia fuerte y fuerzas conservadoras que aceptaban ciertos compromisos porque tenían miedo al avance del comunismo. El comunismo había sido terrorífico allá donde había alcanzado el poder en el este de Europa, pero contribuyó en el oeste de Europa a un contrato social bastante virtuoso. Después de la caída del Muro de Berlín, esta dinámica se rompe. El capitalismo empieza a ganar una confianza excesiva, a ser demasiado abusivo, ávido . Y se van acumulando el estallido de la crisis financiera de 2008, el desplazamiento de empleos manufactureros o un mercado inmobiliario enloquecido. Una situación que, si bien no es dramática –en el sentido de que no estamos hablando de paro generalizado o de una situación de pobreza extrema para capas amplísimas de la sociedad–, sí deja una capa muy consistente de personas que, sin estar en la pobreza, tienen dificultades para desplegar una vida digna, segura, para construir un proyecto, para tener confianza en el futuro. Y estas personas no lo están aceptando. Y lo que está pasando en todos estos países europeos ahora es la manifestación callejera de ese descontento, que se ha visto espoleado en los últimos meses por el salto del coste de la vida, vinculado a la llamarada inflacionista provocada por la guerra de Trump y Netanyahu en Irán. Un enésimo episodio que pone las cosas difíciles. Por lo tanto, cada país tiene su historia. El detonante puede ser distinto, pero el caldo de cultivo es común”. “ El nivel de presión de Estados Unidos sobre las democracias de los continentes americano y europeo es muy elevado y condiciona su devenir. En América podemos observar distintos mecanismos de interferencia en la vida política. Algunos asombrosos, como el secuestro de Nicolás Maduro, un dictador despreciable pero que fue capturado en una operación ilegal según el derecho internacional. Podemos recordar el rescate ofrecido a Milei y solo a él en víspera de elecciones en Argentina. Y otros tipos de interferencias con el uso de redes sociales o declaraciones políticas que no cumplen con los mínimos requisitos de neutralidad diplomática. En Europa la historia es parecida, aunque se despliega de distinta manera. El documento sobre estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos publicó a finales de 2025 define a la Unión Europea como un adversario y promete, entre comillas, cultivar la resistencia al proceso de integración europeo. Esto significa un intento de apoyar las fuerzas nacionalistas afines al trumpismo , que representan un obstáculo en el proyecto comunitario. También hay un cambio profundo con respecto a Ucrania. Trump ha cortado toda la ayuda que Biden proporcionaba al país. No solo eso, está favoreciendo los intereses de Putin y obstaculizando la defensa de Ucrania, por ejemplo, cortando el acceso a los sistemas satelitales de la empresa de Musk. Esto revierte en una presión política muy fuerte para la Europa que defiende a Ucrania”. “La idea de que haya una convergencia entre Estados Unidos, Rusia e Israel para poner en dificultades a Europa debe ser analizada con mucha cautela. Indudablemente estos tres países tienen un interés clarísimo en que la Unión Europea no avance en un camino de integración que le ofrezca nuevas fortalezas y capacidades. China tiene ese mismo interés. Por lo tanto, actúan de forma consciente hacia este interés. Ahora, considerar que haya una cooperación activa en estos movimientos creo que es un paso que no se puede dar sin tener elementos de comprobación fáctica muy sólidos. Lo que constato es una coincidencia estratégica en la voluntad de que Europa no se convierta en un actor más fuerte , unido y capaz de contrarrestar ciertas cosas. En el caso de Estados Unidos, el despliegue de tecnologías. En el caso de Rusia, una entidad europea capaz de hacer frente a los anhelos imperialistas de Putin. En el caso de Israel, poner presión a los designios de su Gobierno. Y en el caso de China, evitar que Europa pueda contrarrestar la invasión de productos industriales competitivos gracias a subsidios y maniobras turbias de apoyo. Todos coinciden en ese interés, pero ello no significa que haya una cooperación activa para conseguir ese objetivo”. “Creo que las intenciones de China a medio y largo plazo tienen mucho que ver con avanzar en la senda por la cual está estrangulando centros industriales alternativos y convertirse en un actor aún más indispensable e intocable de lo que ya es. Tenemos múltiples ejemplos de fortalezas que hacen que sea muy difícil contrarrestar las voluntades de China. Por ejemplo, su control sobre materias primas estratégicas. Lo vemos en su capacidad de imponerse como un actor fundamental en tecnologías clave en transición energética verde, los coches eléctricos, etcétera. Al mismo tiempo, China está intentando aprovecharse de los errores trágicos de Estados Unidos que, entre otras cosas, se ha empantanado en una guerra absurda, además de ilegítima en Irán. Desea un Estados Unidos cada vez más debilitado por sus errores, incluidas las fricciones con sus aliados, lo que siempre ha sido un elemento fundamental de proyección de la hegemonía de Estados Unidos. China quiere fortalecer su posición económica manufacturera para en algún momento intentar dar el paso de la reunificación de Taiwán –que ha establecido de forma explícita como un objetivo irrenunciable– y para seguir reforzando su proyección global sobre la base del poderío económico, tecnológico y comercial”. “Los efectos de la guerra de Irán sobre los países árabes han sido notables y de aspecto múltiple. En primer lugar, hay que destacar el malestar con una ofensiva bélica que ha generado un oleaje extraordinario , cuestionando esa estabilidad que es fundamental para Arabia Saudí y los países del Golfo. Su agenda es avanzar en la transición de unas economías monocultivo y basadas en los hidrocarburos a unas economías de servicios basadas en muchas cosas, atraer eventos deportivos, conferencias, turismo, transportes... Necesitan estabilidad y esta guerra dificulta ese camino de transición. Ha golpeado su capacidad de exportar. En el plano geopolítico está esta aventura bélica de Estados Unidos e Irán, e Israel les motiva aún más a desarrollar una política multivectorial. Arabia Saudí, país fundamental en la zona, tiene un alineamiento muy estrecho con Estados Unidos desde hace décadas. Entre otras cosas, compra muchísimo armamento a Estados Unidos e implícitamente ha contado con el apoyo defensivo de Washington. Creo que esta realidad está precipitando algunas consideraciones sobre la fiabilidad de Estados Unidos y una voluntad, por lo tanto, de avanzar hacia un multialineamiento. Hemos visto a Arabia Saudí cooperar estrechamente con Rusia y China”. “En este contexto internacional la Unión Europea se halla en un momento de seria dificultad. Sobre todo, porque sufre claras dependencias que complican su camino para defender su modelo y sus valores. Durante muchas décadas este continente ha contado con Estados Unidos como paraguas defensivo y, por lo tanto, los países europeos no han construido una capacidad defensiva disuasoria propia a la altura de las necesidades que impone una Rusia revisionista e imperialista. Además tenemos una dependencia tecnológica más allá del ámbito de defensa, tanto de Estados Unidos como de China. Y en el caso de China una dependencia con las materias primas estratégicas para el siglo XXI. Estas dependencias nos sitúan en un lugar bastante complicado. Mientras, tanto Estados Unidos como China y Rusia, por distintos caminos, no desean que avancemos en la senda de la integración. Dicho eso, evidentemente Europa está intentando poner remedio a estas debilidades y está haciendo cosas notables. Por ejemplo, la manera en la que hemos cerrado filas para sostener la defensa de una Ucrania atacada ilegalmente por Rusia cuando Estados Unidos dio la espantada. Se hizo bien la respuesta a la pandemia con la emisión de deuda común, una reacción solidaria, cuidadosa con la cohesión social y expansiva”. “Pero todo esto no es suficiente. Hay que hacer mucho más. A mi juicio, es fundamental que consigamos completar el Mercado común. La eliminación de barreras que siguen presentes, por ejemplo, en el sector de la energía o de las finanzas, nos va a permitir avanzar en construir fortalezas. La culminación del mercado común en materia de capitales es fundamental para que podamos disponer de las inversiones necesarias para espolear nuestra competitividad, nuestra capacidad económica. Y, por ese camino, llegar a ser actores independientes en este mundo de depredadores desatados . Necesitamos dotarnos de capacidades, de herramientas para poder responder a amenazas o chantajes. Y tenemos posibilidades para conseguirlo si actuamos de forma unida y decidida. De momento, sin embargo, a mi juicio, vamos muy lentos y las negociaciones para el próximo presupuesto de la Unión Europea son decepcionantes. Lo que está sobre la mesa es insuficiente para la dimensión de las amenazas que tenemos enfrente. Hace falta un mayor salto de ambición para afrontar juntos, con inversiones y con decisión, todos esos riesgos”. “Si las elecciones del 29 de noviembre en España arrojan como resultado la conformación de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, creo que esto implicaría algunos cambios sustanciales en política exterior con respecto a lo que han sido las decisiones del Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. Por ejemplo, en lo que concierne a la posición sobre Gaza, sobre Irán y en general acerca de la relación con Estados Unidos. Creo que un gobierno del Partido Popular y de Vox sería mucho más tímido y tibio a la hora de condenar acciones ilegales espantosas como esas. También habría cambios en la política europea que emana de Madrid. El Gobierno progresista ha sido un motor fuerte de integración, de impulso para una expansión del proyecto comunitario. Creo que esto no sería así con un gobierno del PP y Vox. Vox es una fuerza contraria al avance del proyecto de integración europea, que a mi juicio es la única manera para defender la libertad, la prosperidad y la autonomía de los europeos en este mundo. Vox condicionaría bastante al Partido Popular a la hora de sentarse a la mesa en Bruselas. Creo que el Partido Popular intentaría con toda probabilidad tener una mejor relación con Washington. No sé si incluso haciendo algunas concesiones en cuanto a política de gasto en defensa, pero sin duda cambiando profundamente el posicionamiento que había marcado Pedro Sánchez en algunos asuntos fundamentales como Gaza o como Irán y otros”.
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