La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Cantarero, ha denunciado este viernes la utilización de los medios oficiales del Gobierno regional para difundir propaganda del PSOE en la provincia de Cuenca. La parlamentaria ha calificado lo sucedido de «gravísimo escándalo institucional» y ha exigido explicaciones al Ejecutivo de Emiliano García-Page. Según ha publicado ABC, el Gabinete de Comunicación de la Delegación de la Junta en Cuenca habría difundido, con el membrete oficial de la institución, una nota de prensa del PSOE provincial en la que su secretario de Organización, Ángel Tomás Godoy, defendía las políticas socialistas y reivindicaba la gestión de su partido. «Estamos ante un hecho de enorme gravedad democrática. Una institución pública, que pertenece a... Ver Más
La principal asociación de directores de la región acusa al Gobierno regional de tener un "profundo desconocimiento" de lo que sucede en los centros educativos Ayuso, tras la huelga: “Lo de vaga general en catalán me encanta, ustedes son muy vagos” “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”. Adimad, la principal asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, dice basta. Basta de señalar su trabajo, de cuestionar su profesionalidad. En una nota, la organización manifiesta su “inquietud” ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les exige que se dediquen a controlar un “supuesto adoctrinamiento” en las aulas, que niegan. La Consejería de Educación envío una nota el pasado miércoles en la que explicaba que “todos los centros docentes públicos” deberán “reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño” con el objetivo de “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. No se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa”, decía el texto. Adimad cree que esa instrucción de la Consejería de Educación denota un “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”. También lamenta la asociación que el Gobierno regional ignore la huelga educativa que tiene lugar en Madrid desde hace ya un mes y rechace reunirse con los sindicatos, pero a la vez se dediquen esfuerzos “a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”. Y se niegan a cumplir esa labor: “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente” expresa la nota. Una exigencia de negociación En esa misma comunicación, los directores de centros públicos exigen al Gobierno regional que se siente a negociar con el Comité de Huelga, tras negarse a hacerlo durante todo un mes de paro indefinido , y cargue sobre sus hombros la responsabilidad de solventar los problemas que está generando. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, sostiene Adimad. “La prioridad debe ser alcanzar una solución pactada y no trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de compensar, por sí solos, el impacto de un conflicto que continúa abierto”. En este sentido, la organización rechaza también las últimas medidas paliativas ordenadas por la Comunidad de Madrid, “que parecen más orientadas a cronificar la gestión del conflicto que a resolverlo”, explican en relación al aumento de los servicios mínimos que pretende imponer la Consejería de Educación.
La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Cantarero, ha denunciado este viernes la utilización de los medios oficiales del Gobierno regional para difundir propaganda del PSOE en la provincia de Cuenca. La parlamentaria ha calificado lo sucedido de «gravísimo escándalo institucional» y ha exigido explicaciones al Ejecutivo de Emiliano García-Page. Según ha publicado ABC, el Gabinete de Comunicación de la Delegación de la Junta en Cuenca habría difundido, con el membrete oficial de la institución, una nota de prensa del PSOE provincial en la que su secretario de Organización, Ángel Tomás Godoy, defendía las políticas socialistas y reivindicaba la gestión de su partido. «Estamos ante un hecho de enorme gravedad democrática. Una institución pública, que pertenece a... Ver Más
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM), organiza actividades de divulgación científica en 11 colegios públicos de la región con motivo de la Semana de la Ciencia, que se celebra entre los días 13 y 19 de noviembre. El consejero de Educación, Cultura y […]
Más de 400 estudiantes de 14 institutos de Castilla-La Mancha han participado en los 22 talleres organizados con motivo de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), celebrada del 9 al 13 de noviembre en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo. La iniciativa ha contado con […]
En la región de Sajonia-Anhalt ha ganado recientemente las elecciones el partido radical de derecha Alternativa para Alemania (AfD) y en Berlín la izquierda radical de Die Linke (La Izquierda), dos formaciones con una clara inclinación prorrusa. El Bundestag ha reformado este viernes los servicios de inteligencia alemanes y uno de los principales cambios es que podrán restringir su información a los gobiernos regionales, para prevenir que caiga en manos enemigas . La reforma modifica el equilibrio entre los servicios de inteligencia nacionales y los pertenecientes los de los 16 Länder. No se trata simplemente de una mayor coordinación, sino que otorga a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior, capacidad para... Ver Más
La principal asociación de directores de la región acusa al Gobierno regional de tener un "profundo desconocimiento" de lo que sucede en los centros educativos Ayuso, tras la huelga: “Lo de vaga general en catalán me encanta, ustedes son muy vagos” “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”. Adimad, la principal asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, dice basta. Basta de señalar su trabajo, de cuestionar su profesionalidad. En una nota, la organización manifiesta su “inquietud” ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les exige que se dediquen a controlar un “supuesto adoctrinamiento” en las aulas, que niegan. La Consejería de Educación envío una nota el pasado miércoles en la que explicaba que “todos los centros docentes públicos” deberán “reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño” con el objetivo de “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. No se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa”, decía el texto. Adimad cree que esa instrucción de la Consejería de Educación denota un “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”. También lamenta la asociación que el Gobierno regional ignore la huelga educativa que tiene lugar en Madrid desde hace ya un mes y rechace reunirse con los sindicatos, pero a la vez se dediquen esfuerzos “a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”. Y se niegan a cumplir esa labor: “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente” expresa la nota. Una exigencia de negociación En esa misma comunicación, los directores de centros públicos exigen al Gobierno regional que se siente a negociar con el Comité de Huelga, tras negarse a hacerlo durante todo un mes de paro indefinido , y cargue sobre sus hombros la responsabilidad de solventar los problemas que está generando. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, sostiene Adimad. “La prioridad debe ser alcanzar una solución pactada y no trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de compensar, por sí solos, el impacto de un conflicto que continúa abierto”. En este sentido, la organización rechaza también las últimas medidas paliativas ordenadas por la Comunidad de Madrid, “que parecen más orientadas a cronificar la gestión del conflicto que a resolverlo”, explican en relación al aumento de los servicios mínimos que pretende imponer la Consejería de Educación.
MURCIA. En marcha dos nuevas ayudas para la industria regional. El tejido industrial de la Región de Murcia contará con dos líneas de ayudas dotadas con más de 19 millones de euros para financiar medidas de ahorro y actuaciones de mejora de la eficiencia energética en industrias y edificios del sector terciario. Las bases reguladoras de ambos programas se han publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), como paso previo a la apertura de las correspondientes convocatorias, según informan fuentes del Gobierno en un comunicado. El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, informó de estas ayudas durante la reunión del Consejo Asesor de Industria de la Región de Murc ia, en la que se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la actividad industrial regional. Las dos líneas cuentan con una asignación conjunta de 19.074.736 euros , que tramita el Gobierno regional y que proceden del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. De esta cantidad, más de 11,3 millones corresponden al programa dirigido a pequeñas, medianas y grandes industrias, mientras que los 7,7 millones restantes se destinan a la mejora energética de edificios existentes del sector servicios. La finalidad es reducir el consumo de energía final mediante inversiones en instalaciones, equipos y procesos productivos, así como en edificios destinados a actividades económicas y servicios. Los dos programas se gestionarán a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. La publicación de las bases permite a las industrias conocer con antelación los requisitos para acceder a las subvenciones, las actuaciones financiables y los porcentajes de ayuda. De este modo, los interesados podrán estudiar las inversiones que necesitan acometer y preparar los proyectos para optar a los fondos cuando se publiquen próximamente las convocatorias. Las ayudas tendrán carácter de subvención a fondo perdido y se concederán por orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos, hasta agotar los fondos disponibles. El pago de las subvenciones se producirá en el mismo acto de concesión, de modo que los beneficiarios podrán disponer de los fondos para acometer las inversiones previstas sin tener que esperar a su justificación final. Reunión del consejo Asesor de Industria de la Región de Murcia. - Mejora de la eficiencia energética y rehabilitación de edificios La primera línea de ayudas está destinada a mejorar la tecnología de equipos y procesos industriales existentes, así como la implantación de sistemas de gestión energética que permitan conocer, controlar y reducir los consumos. Los proyectos han de acreditar el ahorro energético derivado de las actuaciones. Las ayudas se adaptan al tamaño de las industrias. De este modo, las pequeñas industrias podrán obtener hasta el 65 por ciento de los costes elegibles, el 55 por ciento en las medianas y el 45 por ciento en las grandes. El importe máximo de la subvención por beneficiario y convocatoria será de cinco millones de euros. Por otro lado, la segunda línea de ayudas tiene como fin mejorar la eficiencia energética de edificios existentes destinados a actividades del sector servicios, bien en su totalidad, locales o zonas con una superficie útil superior a 500 metros cuadrados. Son subvencionables las mejoras en el aislamiento de los edificios, la renovación de instalaciones de calefacción y refrigeración, la incorporación de energías renovables y la modernización de los sistemas de iluminación, automatización y control. Las mejoras en edificios deben suponer una reducción mínima del 20 por ciento en el consumo de energía final y contar con una inversión elegible mínima de 30.000 euros. Las subvenciones podrán cubrir el 90 por ciento de los costes, con un máximo de 300.000 euros por beneficiario y convocatoria. Seguimiento del Plan Industrial Durante la reunión del Consejo Asesor de Industria también se abordó la evolución del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que contempla siete ejes estratégicos, 55 medidas y 255 acciones. En el encuentro también se analizaron los principales indicadores de la actividad industrial regional. Según los datos del INE, en 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI) registra un crecimiento del 5,8 por ciento, que sitúa a la Región como la segunda comunidad con mayor incremento. El Índice de Cifras de Negocios ha aumentado un 11,8 por ciento, siendo el mayor crecimiento entre las autonomías. El sector industrial alcanza los 102.900 ocupados, un 7,86 por ciento más, según la Encuesta de Población Activa (EPA). A estos datos se suma la evolución de las exportaciones, que registran un incremento del 20 por ciento en el sector industrial, con exportaciones regionales que alcanzan los 9.800 millones de euros, según el ICEX.
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publica este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León la concesión directa de subvenciones destinadas a respaldar al sector avícola. En concreto, el Gobierno autonómico ha habilitado una partida global de 968.000 euros para apoyar a los profesionales cuyas granjas se han visto condicionadas por la enfermedad de Newcastle a lo largo de este año 2026, fijando una cuantía de 5.500 euros por explotación damnificada. Según han informado desde la administración regional, el propósito de esta línea de apoyo pasa por contribuir a la recuperación de la capacidad productiva de las instalaciones, al tiempo que se busca compensar las pérdidas económicas derivadas de las medidas sanitarias obligatorias y favorecer la viabilidad futura de los negocios. Se trata de respaldar a aquellas instalaciones que han soportado inmovilizaciones, restricciones y otras actuaciones de especial intensidad, adoptadas en su momento para proteger al conjunto de la cabaña regional. La publicación de estas ayudas coincide en el tiempo con el levantamiento de las medidas extraordinarias de control que se establecieron tras detectarse la patología en la comunidad. De este modo, el próximo sábado, 14 de noviembre , entrará en vigor una resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que quedarán sin efecto las zonas de vigilancia y protección vinculadas al último foco declarado, el cual se localizaba en el municipio segoviano de Fuente el Olmo de Fuentidueña . Con este paso administrativo, Castilla y León da por culminado un complejo proceso sanitario que comenzó el pasado 15 de junio de 2026 y durante el cual ha sido necesario gestionar un total de 30 focos infecciosos. La evolución favorable de la situación epidemiológica, sumada a la labor conjunta de los productores, las organizaciones sectoriales, los profesionales veterinarios y los Servicios Veterinarios Oficiales , ha permitido recobrar de manera paulatina la normalidad tanto sanitaria como productiva en las granjas. Abono directo sin trámites adicionales Los destinatarios de estos fondos públicos son los 139 titulares de las 176 explotaciones avícolas que figuran inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de la comunidad y que se han visto afectados, bien por la propia enfermedad o bien por las directrices extraordinarias dictadas para su erradicación. Habida cuenta de la urgencia y naturaleza de la medida, los ganaderos recibirán el dinero de forma directa, sin necesidad de realizar trámites administrativos ni de presentar documentación justificativa adicional para acreditar su condición de damnificados. Así las cosas, el abono de las cuantías, que se rigen bajo el régimen europeo de minimis conforme al Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, se efectuará mediante un único pago . Para que la transferencia se haga efectiva, únicamente será preciso que el beneficiario acepte la subvención y que la administración compruebe que el titular se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que la avicultura representa una actividad estratégica dentro de la economía agroalimentaria de Castilla y León, dada su aportación al tejido productivo y su capacidad para fijar empleo en el medio rural. La experiencia adquirida durante la gestión de los focos ha puesto de relieve la necesidad de mantener una colaboración permanente entre la administración y el sector, un esfuerzo conjunto que resulta determinante para reforzar la bioseguridad , la prevención y la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias sanitarias. La orden de la Consejería, aquí .
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este miércoles, 11 de noviembre, la Orden PRE/1210/2026 , de 6 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de la Presidencia . El texto, firmado por el consejero del ramo, Luis Miguel González Gago , entra en vigor el mismo día de su publicación oficial y deroga la anterior regulación vigente desde mayo de 2022. Esta disposición adapta el funcionamiento interno del departamento a los decretos de reestructuración aprobados en junio de 2026. De este modo, delimita las funciones de los órganos y unidades administrativas propios de la Consejería, así como de aquellos que dependen funcionalmente del presidente de la Junta de Castilla y León y de la Vicepresidencia Segunda , que ostenta María Isabel Blanco Llamas, pero que están adscritos orgánicamente a Presidencia. Hasta que se produzca la adaptación de la relación de puestos de trabajo a esta nueva configuración, el personal continuará desempeñando sus funciones en las unidades administrativas afectadas, bajo la dependencia funcional de los centros directivos que tienen atribuidas las competencias. En el primer bloque, bajo la dependencia funcional directa del presidente de la Junta y orgánica de la Consejería de la Presidencia, la orden configura tres áreas principales: Gabinete del Presidente: estructurado en el Servicio de Organización y Secretaría y el Servicio de Relaciones Externas. Dirección de Comunicación: integrada por el Servicio de Asuntos Generales y el Servicio de Identidad Institucional. Dirección General de Análisis y Planificación: que cuenta con el Servicio de Análisis y Asistencia para el seguimiento del programa de gobierno y la elaboración de análisis predictivos. Por su parte, bajo la dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda y adscritos orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, se definen cinco centros directivos que agrupan competencias en protección ciudadana, ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda e igualdad: Dirección General de Programas: dividida en el Servicio de Gestión y Documentación y el Servicio de Coordinación y Programación. Dirección General de Vivienda y Urbanismo: cuenta con seis servicios: Inspección y Régimen Jurídico de Vivienda; Administración del Parque Público de Viviendas; Financiación y Ayudas a la Vivienda; Arquitectura y Vivienda Pública; Rehabilitación y Regeneración Urbana; y Urbanismo. Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio: estructurado en el Servicio de Reto Demográfico, el Servicio de Ordenación del Territorio y el Centro de Información Territorial. Agencia de Protección Civil y Emergencias: incluye el Servicio de Protección Civil, el Servicio 1-1-2, el Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos y el Servicio de Formación de Protección Civil (del que depende la Escuela Regional de Policía Local). Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades: organizada en el Servicio de Promoción de la Igualdad, el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género (que cuenta con la Sección de Centros y Servicios) y el Servicio de Integración. Secretaría General y de los Servicios Jurídicos Dependiendo tanto orgánica como funcionalmente de la Consejería de la Presidencia se sitúan la Secretaría General y la Dirección de los Servicios Jurídicos . La Secretaría General asume la gestión interna y técnica a través de ocho servicios: Personal y Régimen Interior; Asuntos Económicos; Evaluación, Normativa y Procedimiento; Estudios y Documentación (con la Unidad de Estadística adscrita); Secretariado de la Junta; Informática; Boletín Oficial de Castilla y León; y Gestión y Apoyo. Además, se adscriben a este órgano la Unidad de Archivo Central y la Inspección General de Servicios. En cuanto a la Dirección de los Servicios Jurídicos , la orden adecua su configuración al reglamento aprobado en diciembre de 2025. Cuenta con el Servicio de Gestión y Documentación Jurídica y coordina las asesorías jurídicas en las nueve delegaciones territoriales ?incluida la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ?, así como en los tres organismos autónomos (Servicio Público de Empleo, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales) y en las 10 consejerías del Ejecutivo autonómico: Consejería de la Presidencia. Consejería de Economía y Hacienda. Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Consejería de Medio Ambiente y Energía. Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Consejería de Educación. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Viceconsejería de Administraciones Públicas El quinto capítulo de la orden desarrolla la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano , de la que dependen cuatro direcciones centrales: Dirección de Administración Local: formada por el Servicio de Financiación y Cooperación Económica Local y el Servicio de Régimen Jurídico Local. Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior: integra nueve servicios (Relaciones con las Cortes; Colaboración y Cooperación; Procesos Electorales, que incluye la Unidad de Memoria Democrática con rango de sección; Ordenación, Gestión y Autorizaciones de las actividades de juego y apuestas; Registros y Material de las Actividades de Juego y Apuestas; Inspección, Control y Sanciones de las Actividades de Juego y Apuestas; Instituciones Propias; Acción Exterior; y Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior), además de la Delegación Permanente ante la UE. Dirección General de la Función Pública: engloba la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (con tres servicios propios y un área económica), una Unidad de Gestión y Apoyo y ocho servicios: Planificación de los Recursos Humanos; Relaciones Laborales; Régimen Jurídico; Provisión; Evaluación y Carrera Profesional; Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales; Registro y de Gestión de Personal; y Sistema Integrado de Gestión de Personal. Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios: cuenta con ocho servicios (Acceso a la Información Pública; Transparencia y Reutilización de la Información; Protección de Datos; Atención al Ciudadano; Calidad, Innovación y Participación Ciudadana; Planificación y Evaluación de Políticas Públicas; Fundaciones y Asociaciones; y Colegios Profesionales) y tiene adscrita la Unidad del 012 , encargada entre otras funciones del seguimiento de los contenidos de la sede electrónica de la Administración autonómica .
La precampaña electoral continúa implacable hasta el comienzo de la campaña esta próxima medianoche del jueves al viernes. Hoy, la visita a la capital soriana para apoyar a sus candidatos el 29N le ha correspondido a Carlos Pollán, vicepresidente de Vox en las Cortes de Castilla y León y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha estado acompañado de los candidatos locales al Senado. Pollán ha definido Soria como ?el epicentro de la corrupción socialista en Castilla y León?, en alusiones al caso de la Fuentona, que continúa en secreto de sumario. El líder de Vox también ha señalado que el Ayuntamiento sabía que se iba a producir el registro y que Javier Antón avisó a su predecesor. Un Carlos Martínez que, considera, ?no puede sorprenderse? por el caso después de 20 años de mandato. Sin ?novedades? o información privilegiada por parte de Vox, Pollán indicaba que los siete detenidos y la larga lista de delitos ?nos hacen pensar que algo hay? y el partido se muestra expectante a que se resuelva el caso. Vox señala que ?la corrupción mata?, vinculando así este caso a los accidentes ferroviarios mientras el Gobierno estaba más pendiente de ?los bonus? o de ?colocar a señoritas de compañía? que las obras de mejora en la infraestructura. En este marco, el líder regional de los de Abascal ha denunciado que Soria sigue sin tren por las ?promesas vacías del felizmente dimitido Óscar Puente?. Pollán presenta a Vox como ?la única alternativa fiable para sacar a Sánchez de la Moncloa? y asegura que su partido ?trabaja fuerte? para tratar de lograr representación por la provincia de Soria, aunque esta solo reparta 2 diputados. Sobre el Centro de Acogida y Protección Internacional, Pollán ha indicado que este proyecto se construye en contra de los intereses de los vecinos de Soria y de la seguridad de la ciudad. ?Se gastan un dinero en algo que no aporta nada a los ciudadanos?, explica y propone poner la ?prioridad nacional? y rebajas fiscales con ese dinero para quienes quieren instalarse y mantenerse en Soria. El líder de Vox ha propuesto convertir el centro en vivienda para jóvenes, algo que considera ?una buena opción?. Preguntado por las dificultades para reconvertir el proyecto teniendo en cuenta que ha sido financiado por fondos europeos, señala que ?legalmente se pueden hacer muchas cosas?. Pollán lamenta que durante el gobierno de Pedro Sánchez hayan entrado cinco millones de personas en España y solo se hayan construido 400.000 viviendas. Preguntado por la reacción de la inmigración con la despoblación y la realidad de una provincia como Soria que se quedaría en 40.000 habitantes a final de siglo si no contase con inmigración, Pollán ha indicado que ?no se puede solucionar un problema permitiendo una ilegalidad?. Así, recuerda la postura de su partido de devolver a los inmigrantes que entren a España de manera irregular, repatriar a aquellos que sean condenados e iniciar un proceso de remigración para aquellos que viven de las ayudas públicas.
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