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Burgos celebra el Día de las Librerías con el alquiler como principal riesgo para el sector: «Pese a todo es un comercio resistente» (se abre en una pestaña nueva)

Las librerías de Burgos preparan actividades para que este año, a causa de la huelga general, se celebran este viernes 13 y no el 11

Los primeros efectos de la huelga general (se abre en una pestaña nueva)

En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles En las últimas semanas hemos asistido a uno de los efectos colaterales más negativos que tiene la creciente endogamia entre fuerzas políticas y medios de comunicación. Con algunas excepciones, que las hay, la mayoría de los análisis han tenido una mirada de la huelga general subalterna del marco de política institucional. Es cierto que la proximidad entre la huelga y las elecciones generales lo favorecía, pero eso por sí solo no lo explica todo. Entre otras cosas porque ese estrabismo lleva tiempo instalado entre nosotros y tiene causas estructurales. La subalternidad en el análisis del conflicto social y de la acción de sindicatos y organizaciones sociales respecto de la política, que se promueve desde las redes digitales -de sociales tienen cada vez menos- y los medios de comunicación tradicionales, viene de lejos. Tiene algo que ver con el proceso de creciente “espectacularización” de la política y la pérdida de centralidad del conflicto social, dos factores que se retroalimentan. Esta ausencia de mirada propia y autónoma de los conflictos sociales ha conducido a que en los análisis de estos días hayan pasado desapercibidos muchos de los importantes efectos que tiene la huelga general y que ya han comenzado a emerger. Intento explicarme De entrada, la preparación y la organización de una huelga general se convierte en un proceso de socialización muy potente entre personas diversas que viven su participación en una acción colectiva como sujetos activos y no consumidores de la acción de otros, los líderes políticos. Eso, por sí solo, comporta una interferencia positiva en la dinámica de los hiperliderazgos que están sepultando el papel de las organizaciones colectivas. Y especialmente combaten la lógica del individualismo extremo y el tribalismo que hoy imperan en la sociedad. En esta huelga general el proceso de socialización ha sido muy significativo en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura. Se hizo muy patente en las calles. Yo lo viví en Barcelona, cuando una de las columnas de huelguistas compuesta mayoritariamente por mujeres inmigrantes del sector de la limpieza levantaba con orgullo de clase su mocho. Fue muy evidente este fenómeno de socialización en el momento en que las mujeres trabajadoras de origen migrante confluyeron con otras columnas de otros sectores. Cuando nos interrogamos sobre cómo evitar que las extremas derechas utilicen la inmigración y el conflicto entre personas para afianzar su fuerza política quizás deberíamos atender al factor de socialización y de integración que comportan las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y sus luchas. El mismo proceso se ha producido entre las personas trabajadoras más jóvenes que hasta ahora no habían participado en una movilización de esta envergadura, lo que los ha llevado a implicarse no solo como ciudadanía sino sobre todo en su condición de trabajadores. En la huelga general y en las manifestaciones se ha producido un encuentro intergeneracional con significativas consecuencias. De entrada, erosiona todo el marco ideológico de quienes llevan tiempo intentando que el conflicto entre generaciones, construido sobre la lógica del agravio comparativo, sustituya y ocupe el lugar de los conflictos de clase que se basan en la lucha por los derechos y la igualdad. Además, contribuye a que estas generaciones jóvenes se sientan implicados en la construcción de su futuro. En otro orden de cosas, la agresividad de las patronales contra la huelga no lo es por los impactos negativos en la cuenta de resultados de las empresas -pequeños si atendemos al “escaso” seguimiento que ha tenido la huelga según la CEOE. Su beligerancia atiende a otros factores, son conscientes que esta huelga general y el protagonismo en su organización del sindicalismo de clase refuerza a CCOO y UGT en los procesos de negociación colectiva en los que se disputa el reparto de los beneficios que comporta una mayor productividad y también se dirimen las condiciones de trabajo. Entre las miradas estrábicas a la huelga destaca la que ha analizado las peculiaridades de esta movilización en clave estrictamente de política institucional. No niego que la proximidad del 11N respecto del 29N tiene su importancia, tampoco que las organizaciones sindicales han actuado con la clara voluntad de incidir políticamente en el marco de las próximas elecciones generales. Por supuesto que la huelga general tiene motivaciones políticas, que no deben confundirse con partidistas. El sindicalismo de clase ha conquistado en las últimas décadas su independencia de los partidos políticos, pero no ha caído en la trampa de la indiferencia. La independencia partidaria no puede ser nunca indiferencia del marco político. No se puede pretender que las personas trabajadoras organizadas, eso son los sindicatos, sean indiferentes con relación a la congelación del salario mínimo que unos han practicado y las importantes mejoras aprobadas por el gobierno de coalición -aunque algunos han ido arrastrando las piernas y algo más- impulsado por las luchas sindicales. Los sindicatos no pueden ser indiferentes a la regulación de las relaciones laborales, ni al tratamiento de la salud y las incapacidades temporales, ni a los derechos de las mujeres por los que tanto han luchado con el movimiento feminista. No se puede pretender que los sindicatos sean indiferentes ante unas fuerzas políticas que plantean la privatización del sistema público de seguridad social. Estas semanas han proliferado análisis en los que se hacía hincapié en la peculiaridad de esta huelga general respecto a otras anteriores. Como ha pasado con otros temas la mayoría dirigían su mirada a razones que, siendo ciertas, ofrecían interpretaciones en las que el conflicto social que representa una huelga aparece sometido a la lógica de la política institucional. Algunas miradas lúcidas de profesionales de la comunicación han fijado la atención en los factores sociales diferenciadores de esta huelga general y su gran potencial de transformación social. Por citar algunos, la unidad en toda España del sindicalismo de clase, sin desmarques esta vez del sindicalismo nacionalista, como en otras ocasiones. Creo que ello obedece a la fuerza de arrastre que tiene el conflicto de la vivienda y las reivindicaciones que le acompañan. Pero el factor que tiene más potencialidad de futuro ha sido la confluencia, bastante armónica, entre los sindicatos de clase y las organizaciones que agrupan a las personas inquilinas. No debe haber sido fácil porque se parte de culturas y practicas distintas. Lo que a mi entender ha sido decisivo es que, a diferencia de en ocasiones anteriores, los sentimientos de indignación, cabreo, incluso ira, esta vez se han convertido en organización estable. Quizás porque ya hemos aprendido que la indignación crece muy rápido, pero se consume aún a mayor velocidad y no tiene por si sola capacidad de transformación social. El gran mérito de los sindicatos de inquilinas ha sido dotar a los legítimos sentimientos de indignación de un marco estable de organización y lucha social. Y entender que su lucha no debe confrontarse, ni competir sino cooperar con las del sindicalismo de clase. Por cierto, detecto que se va generalizando el equívoco término de “sindicalismo laboral”, lo que supone no haber entendido que el sindicalismo confederal es un sujeto sociopolítico que tiene sus pies en los centros de trabajo, pero la mirada y objetivos en las empresas y también en la sociedad. Aunque pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta ahora- bienvenidas sean las contradicciones- me atrevo a adentrarme en los efectos que la huelga general puede tener en las elecciones generales. Se podrían resumir con dos símiles futbolísticos. La huelga y las importantes movilizaciones que le han acompañado, con una gran participación de personas jóvenes, han abierto el terreno de juego al fijar una agenda de debate con una gran carga social y eso sin duda favorece a las fuerzas progresistas. Al ritmo con el que aparecen y desaparecen los acontecimientos nadie está en condiciones de asegurar nada, pero creo sinceramente -espero que no sea solo mi patológico optimismo- que después de la huelga general hay partido. El resultado no está predeterminado como algunos pretenden.

Interior gastó hace un mes 70.000 euros en el spray pimienta cuyo uso acaba de suspender Marlaska (se abre en una pestaña nueva)

La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de control sobre la violencia policial (se abre en una pestaña nueva)

Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .

La campaña se gana en la mesa de la cocina (se abre en una pestaña nueva)

Arranca una campaña que, aunque nació tras una derrota sobre la vivienda, en las tertulias se ha querido ligar también a la lección americana sobre la victoria demócrata. A la izquierda solo le va bien cuando habla del coste de la vida y guarda en un cajón todo aquello que la derecha lleva años llamando woke . La moraleja para las izquierdas españolas parece escribirse sola y, sin embargo, los números no dan. ¿Qué votos tiene que movilizar el progresismo para que haya una posibilidad de ganarle a la derecha en las próximas elecciones generales? Dos semanas antes de las midterms en Estados Unidos, en un antiguo cine de Portland, una estudiante trans se levantó en un mitin de Alexandria Ocasio-Cortez para preguntarle si las personas como ella se habían convertido para el Partido Demócrata en un tema perdedor, en algo que no merecía ya la pena defender. AOC le respondió con la honestidad que le caracteriza, reconociendo que los políticos se asustan con facilidad . Tenía razón y aun así se quedó corta, porque el problema que planteaba la pregunta excede el coraje de quien la responde y el dolor, legítimo, de quien la pregunta. Esa estudiante, aunque quizás no sabía expresarlo con los argumentos que un estratega usaría, señalaba cómo en los últimos tiempos se ha dibujado un carril para la vida material y otro para las identidades, y cómo, en tiempos difíciles, se cierra el segundo para que circule mejor el primero. En este artículo me gustaría defender no solo que esa separación es falsa, sino que agitarla es lo que nos separa de movilizar el voto progresista que falta para evitar que Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Los demócratas llaman a su programa una agenda de la mesa de la cocina y puede que esta metáfora nos resulte más útil de lo que pueda parecer. No sé en América, pero la mesa de la cocina en España es un asunto sobre todo de mujeres , es el lugar de confidencias, de liar croquetas y tomar cafés, donde se hacen las cuentas con el dinero que queda para el final de mes después de pagar el alquiler, donde se decide si se paga el dentista o el comedor escolar, donde alguien, casi siempre una mujer, sostiene, sin cobrar un euro por ello, la reproducción de la vida de los demás, es decir, la que hace la compra, la sopa, la colada y cambia el pañal de la abuela. ¿Cómo se puede defender que el coste de la vida sea una cuestión políticamente ajena a la agenda política de las mujeres? Cuando Silvia Federici escribía en los setenta contra el trabajo doméstico gratuito estaba hablando ya del coste de la vida antes de que existiera el eslogan. Y más importante aún, y quizás mucho menos obvio, cuando Judith Butler respondía a Nancy Fraser que la regulación de la sexualidad no era una cuestión meramente cultural, lo que hacía era recordar algo que ya sabía Engels: la familia es una unidad económica, y quien decide qué cuerpos forman familia decide también cómo se reparte la riqueza. Y lo que se reparte peor se protege peor. Supongamos en cualquier caso que la vivienda es la razón principal por la que votamos el 29 de noviembre. El lunes, en La Revuelta , Broncano le preguntó a Abascal cómo construiría más casas , y el líder de Vox contestó que eliminando la sobrerregulación, por ejemplo la perspectiva de género que existe en la construcción. Al día siguiente medio país se puso a explicar qué es el urbanismo con perspectiva de género con ejemplos como calles mejor iluminadas, aceras anchas para carritos o recorridos seguros de vuelta a casa. Si bien todo eso tiene un inmenso valor, creo que lo que Abascal señalaba iba en una dirección mucho más importante. La perspectiva de género que de verdad le estorba es la que permite que una política de vivienda reconozca a las mujeres como el sujeto vulnerable que son en el mercado de la vivienda, es decir, aquella política que da prioridad en los baremos de vivienda pública y en las ayudas al alquiler a las madres que crían solas y a las víctimas de violencia machista. Más del 80% de los hogares monoparentales los encabeza una mujer, la mayoría vive de alquiler, y más de un tercio de los hogares sostenidos por mujeres cae bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda. Ese criterio no encarece un solo ladrillo, pero decide quién entra primero por la puerta de las casas que el Estado paga, reconociendo de manera indirecta que el coste de la vida, y por tanto de la vivienda, es mayor para las mujeres. En el mismo plató y como parte de ese mismo marco antigénero que una buena parte de la izquierda parece haber comprado , Abascal acusó al Gobierno de promover el enfrentamiento de sexos y dijo que, aunque hay hombres que agreden a las mujeres, muchos otros hombres las quieren, el conocido #NotAllMen. En mi opinión, hay que escuchar con atención este argumento, no porque haya que darle pábulo a los líderes de la extrema derecha, sino porque sus votantes, que son muchos y que son también nuestro pueblo, se reconocen en esa incomodidad. Es legítimo pensar que el feminismo puede mejorar en cómo interpelar a los hombres para su causa; sin embargo, cuesta imaginar cómo esta cuestión puede traducirse en un silencio estratégico del feminismo en esta campaña, un silencio que puede ser leído también por nuestras votantes como el abandono del feminismo. Contra este falso dilema, resulta imprescindible rescatar lo que las feministas que lideraron en España las Huelgas del 8M defendían . El feminismo del 99%, el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser condensaron en su manifiesto de 2019, entiende la violencia como un efecto de la manera en que se organiza la reproducción de la vida, y por eso nunca necesitó a los hombres como enemigo. Al enemigo se le busca mirando hacia arriba. Lo que se decide en la mesa de la cocina, quién depende económicamente de quién, quién no puede pagar un alquiler en solitario, quién no tiene adonde ir, es lo que hace que en esa misma mesa tengas más posibilidades de sufrir violencia. Nada de esto obliga a elegir carril . Patriarcado y capitalismo se retroalimentan, y esa es quizá la tesis más sólida que el feminismo de clase ha puesto sobre la mesa, aquella en la que la división sexual del trabajo asigna a unos cuerpos el trabajo que no se paga, lo que no se paga se aprende a despreciar, y lo que vale menos se puede dañar con más impunidad. Por eso la violencia persiste donde el trabajo de las mujeres vale poco, y por eso una chica trans a la que echan de casa a los diecisiete puede recorrer en pocos años el camino que va del sofá de una amiga a la calle, y de la calle a una violencia que casi nadie denuncia porque casi nadie pregunta. El reconocimiento no necesita justificarse por lo que cuesta un alquiler. Quien quiera bajar el alquiler sin tocar el reconocimiento descubrirá, sin embargo, que el precio de algunas vidas se fija en otro sitio. El giro hacia el coste de la vida no debe traducirse como un repliegue a lo individual o un abandono de la cuestión de género. Leído desde los cuerpos de las mujeres, el coste de la vida significa justamente una vuelta a lo estructural. La lección estadounidense, además, se ha leído deprisa. Las mujeres votaron a los demócratas por diecinueve puntos, mientras los hombres se repartieron casi a partes iguales; las solteras lo hicieron por treinta y siete y las menores de treinta por cincuenta y siete. Es cierto que fueron los hombres quienes más se movieron respecto a 2024, y esa es la parte que el relato del coste de la vida antiwoke prefiere contar. Pero el desplazamiento masculino solo gana elecciones cuando se suma a una mayoría femenina que ya estaba ahí, y esa mayoría no llegó por el precio de la gasolina. Llevaba votando desde 2022 contra quienes le quitaron el derecho a decidir sobre su cuerpo. En España la brecha es todavía más nítida. Desde la irrupción de Vox, las mujeres se han situado más a la izquierda que nunca en la serie del CIS , y entre los menores de veinticinco años la mitad de las chicas se define feminista frente a uno de cada diez chicos. Un estudio reciente de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas muestra que el voto contra una amenaza, el que se emite por miedo a lo que viene, predomina entre mujeres y jóvenes y beneficia sobre todo a la izquierda. Pero hay un dato que la izquierda debería recordar, y es que ese voto no está garantizado. Las mujeres no son un granero cautivo, y nadie se moviliza para defender una causa que su propio partido esconde en campaña porque le da apuro. Movilizar votos es movilizar mujeres. Movilizar mujeres exige darles razones, y las razones están en la misma mesa de la cocina: la escuela pública infantil de cero a tres, los permisos de cuidados remunerados y más largos, el aborto en la sanidad pública que no obliga a pagar una clínica privada , la pensión que no deja a la mayoría de las jubiladas por debajo de mil euros, el alquiler social que no pregunta si hay un hombre en casa. La derecha lo entiende perfectamente, por eso convierte cada una de estas demandas en supuesta ideología de género que combatir, y por eso el anuncio más eficaz de Trump en 2024 ( Kamala is for they/them, President Trump is for you ) enfrentaba a una minoría trans con el votante corriente para presentar la identidad de unas pocas como una amenaza para el bolsillo de todos. La derecha nunca separó lo material de lo identitario, solo exige que lo haga la izquierda precisamente porque es ahí donde perdemos. Salgamos de su marco y salgamos a ganar, movilizando también a las mujeres , que ya llevaron en dos ocasiones a la Moncloa un gobierno progresista. La izquierda que entre en esta campaña con el feminismo en el bolsillo de atrás, por si acaso, por no espantar, estará haciendo exactamente lo que le pedía su adversario, entrar en campaña con una mano atada a la espalda. _______________________ Ángela Rodríguez 'Pam' es filósofa feminista y ex secretaria de Estado de Igualdad.

Begoña Gómez toma la palabra en el arranque de campaña del PSOE: "Gracias por darme aliento para continuar" (se abre en una pestaña nueva)

Pedro Sánchez defiende a los sindicatos de los ataques de la derecha y su pareja interviene por sorpresa en el mitin de arranque de campaña para mandar un mensaje tras su proceso judicial: "Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos cansadas de los que están todo el día juzgándonos e intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar; no lo vamos a permitir, nosotras definimos nuestro camino, le pese a quien le pese" El CIS preelectoral se aleja del resto de encuestas y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta Y ahora sí, Begoña Gómez entró de lleno en la campaña del PSOE. La pareja del presidente del Gobierno no solo ha acudido este jueves al mitin de arranque oficial de campaña electoral en Sevilla, sino que ha tomado la palabra por sorpresa antes que Pedro Sánchez. “Gracias por haberme dado el aliento para continuar”, ha dicho, unas palabras que el público ha respondido con cánticos de “no estás sola”. “Esta es la España de las mujeres, una España que nos hemos currado y que no nos ha caído del cielo. Es el esfuerzo de nuestras madres y hermanas que ahora estamos construyendo con nuestras hijas. Y gracias a ellas podemos elegir seguir adelante, podemos elegir sobre nuestro camino, sobre nuestro cuerpo, sin que seamos continuamente cuestionadas”, ha dicho para reivindicar al PSOE como partido referente de las luchas feministas. “La igualdad no es solo avanzar, sino que nadie nos lo pueda impedir. Y hay que defender esa igualdad con la fuerza de nuestro voto el próximo 29 de Noviembre. El PSOE es el faro de la esperanza de la causa feminista en el mundo entero”, ha añadido. Gómez, que ha afrontado un polémico proceso judicial a cargo del juez Peinado en el que ha sido imputada y enviada a juicio durante una instrucción que el PSOE considera estrictamente política, ha defendido durante su primera intervención en un mitin electoral el derecho de las mujeres a ser reconocidas por su propia trayectoria. “Demasiado tiempo hemos sido señoras de. Y yo creo que ese tiempo ha terminado. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez”. Sin mencionar en ningún momento al juez Peinado ni a su causa, la pareja de Pedro Sánchez sí que ha lanzado un mensaje de defensa de su trayectoria profesional al margen de la carrera política de su marido. “Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese”. Sánchez defiende a los sindicatos de los ataques del PP Ante un ambiente festivo y 4.000 asistentes, el presidente del Gobierno ha pedido una “movilización histórica” que lleve al PSOE y a la izquierda a una “remontada épica”. Sánchez ha salido en defensa de los sindicatos de clase, UGT y CCOO, tras las críticas recibidas por la derecha tras la organización de la huelga general. “A los sindicatos no hay que llamarles basura ni tampoco mafia, como hacen PP y Vox. ¡Qué vergüenza! A los sindicatos hay que darles las gracias por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, por la ley Riders, por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres”, ha dicho.

Una huelga general y singular (se abre en una pestaña nueva)

Vivo justo enfrente de un edificio que estuvo durante un tiempo sometido a la vigilancia aérea y en círculos de los buitres leonados con grandes carteras de cibermoneda. Al parecer, según me contaron, una reunión vecinal espantó a las alimañas. En vez de convertirlo en un excepcional, por su arquitectura, monumento al turismo de paso, los propietarios decidieron seguir dándole uso como conjunto de viviendas. Para ellos o en alquiler. De esta forma, los residentes de siempre no han tenido que moverse del centro, una zona que dificulta el uso del coche –el inmueble en cuestión no tiene garajes-, pero, a cambio, incentiva el uso del transporte público. Cualquier autobús, e incluso el Tram, nos deja en la puerta. Algunos sí han decidido poner sus viviendas en alquiler: desde mi ventana percibo, al menos, una pareja joven que raramente sale de casa, un grupo de estudiantes franceses y dos familias extranjeras en las que siempre sale alguien a fumar al balcón. Todos ellos habrían tenido muy complicado vivir donde viven si no fuera porque, imagino, los propietarios no se subieron a la ola de acumular riqueza a costa de los demás. Yo también estoy alquilado, aunque en el edificio colindante. Y no podría haberme permitido el lujo de customizar mi salón sin una renta como la que tengo. Mi papel aquí es más el de James Stewart en La ventana indiscreta, sin llegar a sus excesos de voyeur, que el de Francisco Ibáñez en 13, Rue del Percebe. Simplemente constato que cuando a la gente se le da un espacio, lo ocupa, lo vive, lo disfruta y hasta lo barre y friega. Salvo en el caso de los estudiantes franceses, cuyas familias entiendo que tienen posibles para mandar a sus hijos al extranjero, alquilarles un piso compartido y sortear los obstáculos económicos que conllevó el universitario Plan Bolonia , el resto de los que vivimos en apenas unos metros somos de clase media, como mucho. Personas que, en estos momentos, nos veríamos obligados a esperar, esperar, esperar, como los habitantes de la cinematográfica Casablanca , a que un salvoconducto nos permitiera acceder a una vivienda. Y, por lo tanto, hoy, cuando ustedes me leen, tendríamos que solidarizarnos con los que no han corrido la misma suerte. Porque subrayo que de eso va la huelga de hoy. De vivienda. Sé que mis compañeros de bancada se sumarán, al igual que yo, a la reivindicación. No todos, quizá. Pero he detectado cierta dejadez en mi entorno, entre gente del sector privado que no quiere soliviantar a su jefe y personal público que, directamente, ni se lo plantea. Es curioso, porque la huelga general de hoy es muy singular. Creo que no se trata tanto de castigar a un gobierno, a sus socios o a la oposición, sino de apretar las tuercas a todo el conjunto parlamentario. Tenemos la oportunidad, salvo los rentistas y multipropietarios con gula, de unir banderas como en la ONU para conseguir un mismo propósito. Que tanto un pinche de cocina de El Burgo de Osma como un médico de Ibiza encuentren allanado el camino que lleva a las llaves de una casa. Además de ser la principal preocupación de los españoles en este momento, la vivienda es un derecho constitucional que incide en la respuesta al resto de preocupaciones, tanto económicas, como sociales, medioambientales o sanitarias. Porque seguro que conocen a alguien con problemas de salud mental causados por los agobios inmobiliarios. Arrancar los pisos a los grandes conglomerados empresariales y devolver las ciudades a sus habitantes es el principio de casi todo. Nos vemos en las calles. @Faroimpostor

La huelga general ¿causa o consecuencia? (se abre en una pestaña nueva)