Catorce años después de la última huelga general, los sindicatos volvieron a las calles en una protesta política contra la oposición. La del miércoles fue una convocatoria «atípica», que se produjo a las puertas de las elecciones generales, después de ocho años de silencio, en los que UGT y CC.OO. no han alzado la voz ni por la devaluación de los salarios, la meteórica subida del precio de la vivienda o el empobrecimiento de los hogares. Pero un día antes de que comenzara la campaña electoral y bajo la bandera de los salarios y la vivienda, los trabajadores de este país fueron llamados a paralizar la actividad económica en todo el país y a salir a las calles. ¿Éxito o... Ver Más
Huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas para movilizar a la opinión pública sobre el grave problema de la vivienda, a la que los sindicatos de clase se han sumado, y han convocado, por temor a quedar huérfanos de iniciativa ante una reivindicación material, real. Desigual en su ejecución, España no se paró (tampoco en 2012), pero fueron masivas las manifestaciones de la tarde, con amplia presencia de jóvenes. Son ellos quienes han dado forma a un malestar latente al que el Gobierno no ha sabido dar respuesta a tiempo, ni tampoco las autonomías, muchas gobernadas por PP y Vox, con competencias en la materia. Seguir leyendo...
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
En el Paseo del Prado de Madrid, frente al museo, hay una torre de ladrillo de dieciséis plantas que Franco inauguró en 1955. Era la Casa Sindical, sede del Sindicato Vertical. Aquel invento reunía a patronos y obreros en la misma organización , como el zorro y las gallinas. Hoy alberga los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales; y en julio de 2025, el Consejo de Ministros lo declaró Bien de Interés Cultural. Setenta años después, cabría preguntarse: ¿se comieron las gallinas al zorro? ¿Y si el zorro se transformó en sabandija? No cabe duda de que el movimiento obrero puso en jaque al régimen en sus últimos años. El Ministerio de la Gobernación registró 37.990 huelgas desde mediados de 1975 hasta finales de 1976. No podríamos, por tanto, entender el final de la dictadura sin esta premisa. Historiadores como Carme Molinero, Pere Ysàs ( Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 , 2004) y Xavier Domènech ( Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979) , 2022) han arrojado luz sobre la relevancia de la movilización obrera para el antifranquismo . En numerosas ocasiones, la dictadura, incapaz de gestionar el conflicto mediante cauces de negociación legítimos, se vio contra las cuerdas y convirtió cualquier paro laboral en una crisis de orden público. Las grandes huelgas de la minería asturiana, de las factorías de SEAT en Barcelona, de la construcción en Granada o de los astilleros de Bazán y la Naval fueron lecciones fundamentales que se tradujeron en enfrentamientos abiertos con las fuerzas policiales. Con el fin de la dictadura y el comienzo de la construcción de la democracia se empezaron a dar cambios paulatinos. En abril de 1977 se legalizaron los sindicatos de clase y se desmontó la burocracia del Sindicato Vertica l. Esta victoria dio paso, paradójicamente, a una compleja operación de reconducción de la “radicalidad” obrera, pues mientras los sindicatos conquistaban la homologación constitucional experimentaban un paulatino e innegable proceso de desmovilización de sus bases y una pérdida de afiliación directa. Lo deseable para las élites políticas era acabar con la práctica asamblearia y combativa de los centros de trabajo y traducirlo en un “sindicalismo de gestión y servicios”. Ejemplo de ello fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 y el posterior Estatuto de los Trabajadores de 1980, que consagraba la legalización sindical y la negociación colectiva a cambio de asumir topes salariales, la contención del conflicto y la desmovilización de los centros laborales. El pensador André Gorz ( Adiós al proletariado , 1980 y Metamorfosis del trabajo , 1988) vaticinaba en los años 80 el declive y la transformación del papel tradicional que hasta estos momentos había cumplido el proletariado industrial. La llegada del siglo XXI parece haber completado su profecía . El capitalismo tardío no ha destruido el trabajo asalariado; pero sí lo ha desfigurado, atomizado e invisibilizado. A lo largo de las últimas tres décadas, la clase trabajadora ha sufrido una profunda mutación en su composición y, sobre todo, en su autopercepción. En los medios de comunicación y en el discurso político dominante , el concepto de “clase obrera” se sustituyó por la más amplia categoría de “clase media”. La subcontratación en cadena, los “falsos autónomos”, el teletrabajo y la deslocalización hicieron el resto. Desclasada, aislada y perseguida es difícil hacer frente a unas injusticias estructurales que nos venden como fracasos individuales. Según Funcas , desde el año 2000, la afiliación sindical ha caído gradualmente del 15% al 12-13% de los asalariados, y el 66% de los asalariados no se ha afiliado nunca. Entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años. La precariedad, además de empobrecer, desafilia. Las recientes reformas legislativas, la subida del SMI o los mecanismos de protección desplegados tras la pandemia han demostrado que la intervención pública puede mitigar los aspectos más lesivos del mercado. Sin embargo, el balance de estos cincuenta años evidencia que las inercias precarizadoras permanecen intactas en su núcleo. La tasa de desempleo juvenil en España sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, el 48% de las personas asalariadas son precarias (un porcentaje que sube al 54% en el caso de las mujeres) y seguimos sometidas a jornadas laborales extenuantes y ritmos de trabajo insostenibles (que colectivos como las Kellys llevan denunciando años). Continúa existiendo un desfase salarial que afecta especialmente a jóvenes y que nos aboca a una salud mental deteriorada ante la incertidumbre y la precariedad. Mientras exista la explotación del trabajo ajeno, la lucha de clases seguirá siendo, a pesar de los cantos de sirena, el motor insustituible de la historia. Conciencia de clase, organización y movilización. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee (1935). Babiano, José y Tébar, Javier (2016): “El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España”, Gaceta Sindical , 163-181. Saz, Ismael (2010): “La lucha por la libertad en España desde una perspectiva comparada (1962-1977)”, Novísima. II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 71-80. Vega García, Rubén y González Pérez, Héctor (2022): “¡A la huelga! Conflictos laborales y marcos políticos en España. Del Tardofranquismo a la Democracia”, Sociología del Trabajo , 100, 69-87.
Mozart consigue con 'Las bodas de Fígaro' algo casi milagroso: transformar una comedia de enredos en una de las obras más hermosas, ricas y profundas de la historia universal El cine francés presume de sus clásicos y reivindica ‘Los miserables’: “En EEUU preguntan si es la versión sin canciones” Una buena mañana, los presos de la Penitenciaría Estatal de Shawshank oyeron por los altavoces una melodía inesperada . “No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas, y lo cierto es que no quiero saberlo: las cosas buenas no hace falta entenderlas”. De haber tenido el libreto en el talego, los amables reclusos de Cadena perpetua (1994) se habrían llevado un chasco; porque aquello “tan hermoso que no podía expresarse con palabras” era, más bien, una conspiración doméstica para cazar in fraganti a un marido pichabrava. Pero hay algo en lo que el personaje de Morgan Freeman sí tiene razón. Mozart consigue con Las bodas de Fígaro algo casi milagroso: transformar una comedia de enredos en una de las obras más hermosas, ricas y profundas de la historia universal. También, el no desdeñable logro de conseguir estrenar (¡en 1786!) una ópera en la que se junta la lucha de clases, la guerra de sexos, el travestismo, una admirable dosis de humor absurdo y una moral sexual descocada. De todo esto sabía mucho Lorenzo Da Ponte, su libretista: un sacerdote metido a poeta, al que la Inquisición había procesado por libertinaje y al que habían desterrado de Venecia —por entonces, la capital europea del vicio— por degenerado. Con estas credenciales, tiene aún más mérito que el tipo consiguiese que el emperador aprobase el tema de “Las bodas” para un libreto, considerando que el mismo monarca había ordenado que la novela de Beaumarchais de la que sale el argumento fuese censurada en todos sus dominios. La sinopsis se resuelve en un periquete. Es el día de la boda de Susanna y Fígaro, sirvientes en el palacio del conde de Almaviva. Todos celebran y festejan menos el señor de la casa, que está dispuesto a recuperar cierto derecho feudal —el de pernada, se entiende— con la susodicha. Para hacerle la puñeta, los prometidos conspiran con la condesa —la doña está hasta el moño de los desmanes de su cónyuge— para desbaratar sus planes; a estos dimes y diretes se irán apuntando el resto del servicio palaciego, que a veces va con unos y otras con los contrarios. Planos generales de 'Las bodas de Fígaro' Como Las bodas de Fígaro se han entendido como un anticipo de la Revolución francesa —la ópera se estrenó apenas tres años antes de la toma de la Bastilla—, no deja de tener su gracia que el Teatro Real haya estrenado esta nueva producción del título justo en la víspera de una huelga general. El nuevo montaje, una coproducción con la Metropolitan Opera de Nueva York —donde se verá una vez terminen las funciones en Madrid— es obra del canadiense Robert Carsen, que ubica la acción dramática en el Eliseo parisino en vez de en el palacio sevillano del original. Así, el conde pasa a primer ministro, la condesa a primera dama y los sirvientes a parte del staff . Al comienzo, sobre el escenario sucede la famosa “disputa habitacional”, en la que Fígaro trata de ver si le cabe una cama de matrimonio en la habitación que les han asignado. Los problemas del siglo XVIII, como ven, siguen sin solucionarse. Esta distinción entre los espacios que habitan “los de arriba” y “los de abajo” desaparece pronto de una escena en la que se imponen estancias de techos altísimos, gruesas molduras y ribeteados dorados. Lo mismo sucede con la tensión sexual legible entre los personajes. Sí, las acciones del conde son las de un agresor; pero Mozart y Da Ponte traman un complejo sistema de atracciones, curiosidades y tonteos entre la concurrencia que permite una dramaturgia más rica. El mejor ejemplo de este nudo lo encontramos en la relación que todos establecen con Cherubino, uno de los pajes de palacio. El adolescente, más hormona que persona, es un personaje masculino escrito para mezzosoprano; al que, en cierto momento (y rizando el rizo), Susanna y la condesa disfrazan de mujer. Al mozo le gustan todas ( “siento un afecto lleno de deseo” canta en su aria de presentación), lo que lo convierte en una presencia molesta y estimulante: la condesa quiere al conde, pero le gusta gustarle al chavalín. A Susanna le divierte, a Barbarina (otra sirvienta) le excita; a Fígaro le irrita y al conde le da de su propia medicina. Cecilia Molinari (Cherubino), Mattia Olivieri (El conde de Almaviva) Como decíamos, el asunto se apunta tímidamente sin desarrollarse con más enjundia. Podría hacerse y en este mismo teatro hemos tenido ejemplos elocuentes, como el Don Giovanni de Claus Guth y el Così fan tutte de Michael Haneke (títulos con los que, por cierto, se recorre toda la colaboración que establecieron Mozart y Da Ponte). Lo que sí quiso enfatizar Carsen, aunque con poco éxito, es el potencial revolucionario de la obra; pero, descartada la guillotina, toca el placebo en forma de proyecciones bélicas antes de que caiga el telón y un discreto telediario (¡arde París!) que mira el conde antes de seguir a lo suyo. Los personajes, tal como quiso Mozart, van vestidos como el público de su época, así que nos ahorramos el pelucón y el miriñaque. En el foso mandaba Stefano Montanari, director de querencias barrocas, que escogió para esta primera visita al Real unos tempos inexplicablemente veloces. Lo había advertido en la rueda de prensa: le gusta pisar el acelerador, por más que los cantantes y el director de escena se lo reprochen. El resultado es innecesariamente angustioso y asfixiante: las sutilezas de la partitura quedan aplanadas por las prisas, la expresividad de los cantantes se achica por exigencias del metrónomo y el auditorio termina por suponer que quieren liquidar el encargo pronto porque han quedado para cenar. La decisión resulta más incomprensible si consideramos que Montanari propuso desde el comienzo una interpretación decididamente expresiva, concretada en los acompañamientos de los recitativos que él mismo realiza floridamente al fortepiano (empieza siendo interesante y termina por resultar cargante). ¿Para qué tanto enriquecimiento de los diálogos para luego despachar las arias a velocidad de crucero? Raquel Lojendio (Marcellina), Gianluca Buratto (Bartolo), Luca Micheletti (Figaro), Sara Blanch (Susanna) Además del respetable y de los sufridos instrumentistas, los principales damnificados de esta urgencia fueron los cantantes del meritorio elenco que debutó en el estreno. Sara Blanch —de la que se nos advirtió que andaba griposa, pese a que no se le notó lo más mínimo— lo pasó regular en su excelente interpretación del “Deh vieni, non tardar”. Muy bien también Olga Kulchynska como la condesa: fue capaz de resolver el aria de presentación (“Porgi amor”) a matacaballo y lucirse con algo más de holgura en el “Dove sono”, uno de los momentos más tiernos y conmovedores de la ópera. (Algo debió pasar en el entreacto, porque la segunda parte discurrió bastante menos apresurada). Me gustó el Fígaro de Luca Micheletti, que canta bien y actúa mejor. La cavatina “Se vuol ballare” me resultó divertidísima (Mozart hace un chiste sobre el compás de minueto, que es la danza aristocrática por antonomasia) y los enredos del segundo acto arrancaron carcajadas entre los asistentes. ¡Qué apuros en el “Non più andrai”! Menos interesante me parece el conde de Mattia Olivieri, cuya voz carece de la redondez y profundidad que el personaje necesita. En el terceto del segundo acto, donde su personaje se torna en violento y terrible, languideció frente a sus contrapartes femeninas. Muy bien también el Cherubino de Cecilia Molinari (me gustaron mucho los adornos del da capo del “Voi che sapete”). Los secundarios (Raquel Lojendio como Marcelina, Juan Sancho como Basilio, Riccardo Novaro como Antonio, Gianluca Buratto como Bartolo y Pablo García-López como don Curzio) meramente correctos. La ópera termina con una redención . Pillado in fraganti , el conde asume sus culpas y se disculpa ante la condesa delante de todo el servicio. La belleza de esta música no conoce igual. Antes ha sucedido otra: Fígaro se ha disculpado con Susanna por su último arrebato de celos. Prosternados, los varones aceptan la magnanimidad (que ni es ingenua ni artificial) de sus parejas tras tres horas de machistadas entre estúpidas y violentas. La música se torna sacral y todos cantan con la esperanza de que lo sucedido cambie el estado de las cosas.
El candidato comparte acto con su cabeza de cartel por Barcelona, Xavier García Albiol, quien azuza el miedo al inmigrante y promete una ley para “expulsar en 48 horas” a los okupas Policía Nacional acortó la manifestación del 11N en Madrid y creó una 'ratonera' que precipitó las cargas: “¡Usad la goma!” El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este jueves la campaña de las elecciones del 29 de noviembre en un acto en Badalona (Barcelona) en el que ha arremetido contra la huelga por la vivienda del pasado miércoles. Feijóo ha dicho que el paro del 11N “fracasó”, que los manifestantes provocaron “violencia”. “España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa”, ha asegurado. Feijóo ha elegido la ciudad que dirige su cabeza de cartel por Barcelona para el 29N. Xavier García Albiol ha precedido a su jefe de filas en el uso de la palabra, y ha lanzado el discurso que se espera de él: señalamiento a las personas migrantes y exacerbación del miedo a la inseguridad ciudadana. “Tengo un mensaje para los ‘okupas’: se os acaba el chollo de Pedro Sánchez”, ha afirmado el alcalde de Badalona. “Voy a ir a por ellos”, ha dicho. “A por quienes pegan una patada en los domicilios que no son suyos, quienes hacen la vida imposible a los vecinos, quienes crean problemas de incivismo y delincuencia”, ha afirmado. Albiol ha asegurado que liderará los trabajos para una nueva ley que permita “que en 48 horas” los okupas “tengan que salir y los vecinos y propietarios puedan vivir en paz”. “A eso voy” a Madrid, ha afirmado. El candidato del PP ha esgrimido, además, el otro gran tema que suele copar sus discursos, la inmigración. “El Gobierno manda inmigrantes en situación irregular desde Canarias”, ha denunciado. “Los fleta en avión a Barcelona y los manda a distintos puntos de Catalunya”, ha añadido. “Exijo a Pedro Sánchez que pare el reparto de inmigrantes irregulares en Catalunya”, ha dicho. “No queremos que aquellos que entran de forma irregular se les ofrezca hoteles de 3 estrellas con pensión total pagada”, ha apuntado. Albiol ha tenido también un mensaje para la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau. El regidor badalonés ha pedido el voto para Feijóo (antes de la hora oficial de inicio de la campaña) para que Pedro Sánchez no nombre “a Ada Colau como vicepresidenta en sustitución de Yolanda Díaz”. “Podéis silbar”, ha replicado a los pitidos que los asistentes al mitin han proferido contra la exalcaldesa de Barcelona. “Pero prefiero que silbéis ahora y no llorar el día 29”, día de las elecciones, ha planteado. Albiol ha zanjado que para que España no acabe como Barcelona, “llena de okupas, perroflautas y de gente que se dedica a hacer la vida imposible, el voto para Alberto Núñez Feijóo”. Feijóo: la huelga fue un “fracaso” que generó “violencia” El líder del PP también ha seguido la estela de sus habituales mensajes en Catalunya, donde siempre relaciona delincuencia e inmigración en sus discursos. “Estáis esperando seguridad en las calles”, ha afirmado Feijóo nada más comenzar su intervención, pese a que los datos de delitos cometidos en España están, año tras año, entre los más bajos del mundo. Feijóo se ha sumado también al discurso de Albiol, y ha dicho que “en Catalunya es más fácil vivir ocupando ilegalmente un edificio que pagando religiosamente la vivienda”. “Y eso no lo podemos admitir”, ha afirmado. El líder del PP ha reiterado su promesa de construir “un millón de viviendas” en la próxima legislatura. Pero el grueso del mensaje de Feijóo iba este jueves contra las cientos de miles de personas que secundaron el miércoles la huelga general por la vivienda. Feijóo ha sostenido que la huelga del 11 de noviembre fue “un fracaso”, lo que generó “impotencia”. “Y la impotencia suele transformarse en violencia”, ha sostenido. El líder del PP ha denunciado que el miércoles hubo “ancianos acosados, dueños de comercios amenazados y periodistas agredidos”. En su declaración ha obviado las imágenes de las cargas policiales , y ha sostenido que hay grupos que quieren “imponer la violencia y la extorsión como otros lugares de Europa”. “No se lo vamos a permitir”, ha afirmado, para referirse también a la antigua violencia de ETA en Euskadi donde, ha afirmado, “los herederos del terrorismo se siguen creyendo los dueños”. Feijóo ha denunciado que dos militantes del PP en Gipuzkoa fueron “vapuleados a puñetazos” el miércoles. El líder del PP ha ofrecido “algo tan elemental como un Gobierno que no robe”. “A ver si me escuchan, a ver si me escuchan los del Gobierno de España, que no se puede estar en el Gobierno y robar”, ha dicho. Feijóo ha añadido que ofrece “algo tan elemental como un Gobierno que diga la verdad” “Ese es el cambio necesario. Esa es nuestra propuesta”, ha afirmado. “Desde el primer día responderé por lo que hagamos. España va a cambiar y vamos a abrir una nueva etapa”, ha zanjado. A diferencia de Albiol, Feijóo se ha guardado mucho de pedir el voto expresamente.
Catorce años después de la última huelga general, los sindicatos volvieron a las calles en una protesta política contra la oposición. La del miércoles fue una convocatoria «atípica», que se produjo a las puertas de las elecciones generales, después de ocho años de silencio, en los que UGT y CC.OO. no han alzado la voz ni por la devaluación de los salarios, la meteórica subida del precio de la vivienda o el empobrecimiento de los hogares. Pero un día antes de que comenzara la campaña electoral y bajo la bandera de los salarios y la vivienda, los trabajadores de este país fueron llamados a paralizar la actividad económica en todo el país y a salir a las calles. ¿Éxito o... Ver Más
Ocho furgonetas de la Policía cortaron el paso de los manifestantes hacia Plaza de España, donde se había anunciado que terminaba el recorrido, una maniobra que acabó dejando el dispositivo policial rodeado por la protesta. Las primeras cargas se iniciaron sin que hubiera ninguna acción violenta previa. El Ministerio de Interior ha ordenado una investigación sobre los "incidentes" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales “Vamos a dejar aquí la manifestación porque ya no podemos avanzar”, gritaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, micrófono en mano, poco antes de las 19.30 horas de este miércoles 11 de noviembre. Con sus palabras ponía fin a una multitudinaria marcha por la huelga general que había reunido a cientos de miles de personas en las calles de Madrid, con participantes todavía en Atocha en el momento de la lectura del manifiesto. Este alegato final no se desarrolló en el final previsto para la marcha, que debía llegar a plaza de España, sino que tuvo lugar todavía en la Gran Vía, debido a que el operativo desplegado por la Policía Nacional impedía el avance de los manifestantes hacia un lugar más amplio. Ocho furgones y una hilera de agentes impedía el paso por “ordenes” del mando del operativo, explicaban a las personas que intentaban avanzar, y les conminaban a que lo hicieran por las calles aledañas. Ante el bloqueo para impedir el paso de la protesta, lo que sucedió a continuación fue que parte de los manifestantes accedieron a la plaza rodeando por el lugar que les habían indicado y el dispositivo policial quedó entonces situado entre medias. En ese momento, los agentes se enfundaron los cascos, cogieron sus escudos y empuñaron los rifles, preparándonse para cargar contra los manifestantes, que mantuvieron en todo momento una actitud pacífica, aunque con gritos de protesta ante la incomprensión por negar el paso. Manifestantes a ambos lados del cordón policial que cortó el acceso a Plaza de España, en dirección a Callao (arriba) como en Plaza de España (abajo) A las 19.52, según pudo comprobar este periódico in situ, la Policía Nacional decidió despejar la salida del dispositivo policial hacia Plaza de España y Princesa. Primero avisó a las primeras filas de que la carretera “se va a desalojar”. Luego los agentes empezaron a avanzar reclamando a los asistentes que se movieran, mientras en la acera de los impares de Gran Vía se producía la primera carga, sin que hubiera habido ningún conato de violencia previa. “¡Quiero que todo quede despejado! ¡Usad la goma!”, exhortaba uno de los mandos del operativo a los agentes, pidiéndoles que golpearan con sus porras a los manifestantes. “Si se mueven no se va a pegar a nadie”, decían algunos de los agentes que contenían en ese momento el uso de la fuerza. Aunque el operativo policial tenía despejada la salida hacia la calle Princesa, los mandos decidieron mantener el bloqueo de la Gran Vía impidiendo el avance de la marcha. Miles de manifestantes se agolpaban en esta calle ante la imposibilidad de avanzar, preguntándose qué pasaba. El gentío era enorme y la Gran Vía se había convertido en una gran ratonera por el tapón policial. En toda la marcha fueron entre 120.000 y 750.000 según cifras de Delegación del Gobierno y del Sindicato de Inquilinas, respectivamente. Situación del operativo policial sobre las 20.30 horas, con las primeras cargas ya ejecutadas hacia Plaza de España y antes de las segundas hacia Callao Pasadas las 20.30 horas, cuando el bloqueo duraba ya más de una hora, algunos manifestantes pensaron que podían avanzar pero la Policía Nacional decidió cargar para despejar la Gran Vía en dirección a Callao. Según múltiples testigos y vídeos publicados en redes lo hicieron utilizando sus defensas y empleando los rifles, gases y hasta gas pimienta en la cara de algunos manifestantes y de personas que se encontraban en la zona. La protesta se dispersó pero las cargas cogieron por sorpresa a la mayoría de personas que en ese momento todavía intentan avanzar hacia Plaza España desde Atocha, que ni siquiera habían llegado a escuchar el manifiesto final de la marcha. Las persecuciones policiales se extiendieron después a muchas calles aledañas -llegarón hasta la lejana San Bernardino- e incluso se llegaba a cortar el servicio de Metro en la estación de Noviciado. “Cuando huíamos a la carrera hacia arriba sin poder ver ni respirar por los gases, nos topamos con otros manifestantes que huían Gran Vía abajo en iguales condiciones de otra carga policial, nos encapsularon entre dos líneas de antidisturbios con solo una callejuela como vía de escape, por lo que se produjo un tapón”, relata un testigo de los hechos a este periódico. “Como aún así seguían lanzando gases, las escenas de pánico no acabaron en una avalancha trágica de puro milagro. Nos metieron en una ratonera para darnos porrazos y gasearnos impunemente”, denuncia. Lola Díaz, que el domingo cumplirá 70 años, cuenta en el vídeo sobre estas líneas cómo vio el lanzamiento de gases lacrimógenos. “Menos mal que la gente mantuvo la calma, si no podría haber sido una tragedia (...) no pensaba que en plena democracia una manifestación pacífica podía tener este final”, dice advirtiendo de que “vamos a seguir en las calles”. Pedro, otro de los asistentes, cuenta también cómo vio llegar las pelotas de goma y los gases, mientras estaba rodeado de gente mayor y niños pequeños. “Una vergüenza”, resume al compartir el vídeo que grabó desde su posición (ver más abajo) y que permite hacerse una idea de lo que vivieron la mayoría de manifestantes. “Había gente normal, no éramos punkis insultando a la policía”, resume Marina, psicóloga de 34 años a la que le cayó un bote de gas en los pies. “Yo pensaba que me moría ahogada”, dice al rememorar el momento en el que intentaba correr y no podía por el hacinamiento de personas en un lugar atestado de gente. “Menos mal que había una bocacalle y se ha liberado el aire”, declara a este periódico después de los hechos, mientras siente “injusticia por esta violencia gratuita y de la nada”. Otros vídeos grabados y difundidos por manifestantes y periodistas presentes en Gran Vía dejan ver cómo se produjo el desalojo de la zona. El Sindicato de Estudiantes muestra una grabación en la que un policía dispara a bocajarro contra manifestantes que se estaban marchando. Incluso un vídeo enseña cómo una persona sin hogar es agredida en la cara con spray pimienta por un agente. Fuentes de Delegación del Gobierno explican su versión de lo que sucedió: según les transmitió el operativo, la cabecera de la marcha llegó “a Plaza de España” y ahí fue donde el Sindicato de Inquilinas dio por desconvocada la protesta. Posteriormente, al detectar personas con el rostro cubierto entre los manifestantes se procedió a cortar el paso y a embolsarlos. No se han notificado que iniciaran agresiones contra los agentes. Sin embargo y como pudo comprobra este periódico, la protesta nunca llegó a Plaza de España, ya que se quedó a pocos metros, a la altura de Gran Vía 76. El Sindicato de Inquilinas confirma en declaraciones a este periódico que la decisión de cortar la manifestación fue de la Policía Nacional: “La intención era completar el recorrido previsto y llegar hasta Plaza de España. Sin embargo, al alcanzar este punto nos encontramos con un dispositivo policial extraordinariamente numeroso, con una fuerte presencia de antidisturbios y material potencialmente lesivo desplegado frente a la cabecera”, explica un portavoz. “Ante una situación de tensión creciente y con el objetivo de proteger a las miles de personas que participaban en la manifestación, nos vimos forzadas a desconvocar la manifestación. Pese al discurso tras la llegada de la cabecera a Gran Via, sobre las 19:20, la policía no puede disolver una manifestación de mas de 750.000 personas”, añade. Los organizadores de la marcha denuncian que “miles de personas, entre ellas personas mayores, adolescentes y familias, estaban ejerciendo pacíficamente su derecho fundamental de manifestación en una jornada de huelga general. La respuesta policial fue cargar y gasear con todo su material antidisturbios contra ellas, haciendo uso de una fuerza que consideramos completamente desproporcionada”, critican señalando los numerosos vídeos que documentan lo sucedido y muestran la actuación policial. “No se puede criminalizar ni poner en peligro a quienes ejercen sus derechos fundamentales”. Marlaska prohíbe volver a usar gases Debido a la forma en la que se produjeron las cargas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre en todo el país durante la jornada de huelga general. Asegura Interior que estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes. También ha dado orden Marlaska de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones . Según datos del ministerio del interior, en las protestas por la huelga general que tuvieron lugar en Madrid se produjeron 20 detenidos hasta las 23.00 horas. Varios de ellos lo fueron en un piquete informativo de Mercamadrid desarrollado a primera hora y otros también en el piquete que recorrió la Gran Vía desde las 12.00, pasando por sus establecimientos comerciales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante estas cargas y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra unos manifestantes que calificó de “pacíficos”. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado las agresiones por parte de miembros de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional a periodistas que cubrían la manifestación desarrollada en Madrid con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. En un comunicado, la asociación ha expresado su “solidaridad con los compañeros que, pese a encontrarse debidamente acreditados como periodistas, sufrieron los empujones y las cargas de los policías, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo”. “Al igual que repudiamos los hostigamientos a periodistas por parte de grupos de manifestantes, rechazamos que miembros de los cuerpos policiales, al tratar de mantener el orden público, actúen de manera indiscriminada, sin respetar a quienes están realizando su labor de informar”, ha subrayado. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. 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Ha sido la huelga general de la vivienda. Del coste de la vida, de no llegar, de no poder emanciparse ni tomar decisiones. La huelga de quienes malcomen a final de mes, siguen en casa de sus padres y del miedo a un futuro laboral en plena transformación. La octava huelga general en democracia que interpela a quienes tienen trabajo y a quienes no. La huelga más generacional de nuestra historia. El acierto de los sindicatos ha sido dejarse arrastrar por la explosión sobrevenida del desahucio de Maricarmen . Por una indignación latente que solo necesitaba una mecha. Y no quedarse descolgados de su razón de ser. La vivienda es la diana en la que confluye todo un pantone de malestares. Es la gran crisis de las clases medias, la fractura de las familias sin distinción. El 67% de los jóvenes de 35 años que viven con sus padres se han dado la mano con trabajadores del metal, profesores, conductores, limpiadores, sindicalistas... padres y madres trabajadoras que también han podido hacer huelga y tienen a sus críos viviendo en casa. Este 11N ya no puede medirse como en los noventa . Más allá del seguimiento sindical y las cifras que den unos y desdeñen otros, los medidores han cambiado. La caída del consumo eléctrico no es un indicador definitivo. Ni la actividad es igual, ni se trabaja igual. Hay un agujero propio de nuestros tiempos. Los miles de pequeños autónomos que viven de facturar lo que pueden y no tienen sindicato ni empresa a la que pedir cuentas. En un país de Pymes, muchos y muchas temen las consecuencias de parar. El Gobierno ha apoyado la convocatoria como si no le interpelara. «Arrimar el ascua a su sardina», en palabras de Pepe Álvarez. Su mérito ha sido convertir la huelga en una palanca política a su favor. Su error sería pensar que ese rédito se trasladará automáticamente a las urnas el 29N. Es una huelga con varios sin precedentes . El principal, el hostigamiento contra los sindicatos por parte de la oposición. Los insultos del PP en fondo y forma no caben en un partido de Estado. A UGT y CCOO se les puede reprochar que no la convocaran antes o coincidir con la precampaña electoral. Pero su legitimidad es incuestionable . A quienes la tachan de ilegal conviene recordarles la naturaleza de la huelga como instrumento de protesta de los trabajadores y su cobertura constitucional y legal. El 8 de marzo de 2018 ya hubo un precedente. Ante el mayor paro de mujeres de la democracia, fueron ellas quienes lo impulsaron y los sindicatos quienes acabaron dándole cobertura legal y sumándose a la reivindicación de igualdad. El PP, al copiar y superar a Vox, ha cometido un error del que es difícil volver. Ayuso lanzó el “basura sindical” y el PP lo ha legitimado . La posición de la dirección nacional, retuiteada por el grupo parlamentario popular, ha difundido una imagen de IA con falsos sindicalistas atiborrándose a gambas y cerveza. Tan chusco como impresentable. Tan fuera del respeto a los agentes del diálogo social que hace saltar toda convención de un partido de gobierno. Hasta la patronal ha sido cautelosa y ha guardado las formas respetando el día de las organizaciones sindicales. Para competir con Vox el PP se está transformando en otra cosa. Saliéndose de un tablero al que cuesta volver a colocar las fichas. En 2024 Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder de la oposición en asistir al 44 Congreso Confederal de UGT. En su discurso, aplaudido entonces, recordó a su padre. “Soy hijo de un empleado de la construcción que cuando acabé mi carrera se fue al paro con 50 y pocos años. Nunca se volvió a recuperar anímicamente. El paro cambió su vida y también la mía”. De este Feijóo parece no quedar nada . Y después del “basura sindical” es difícil imaginar qué otros umbrales decidirá traspasar.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
El seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre en Soria ha alcanzado el 7,3% entre el personal de la Administración autonómica en los servicios territoriales, el 5,7% en el sector docente no universitario y el 3,9% en las instituciones sanitarias, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León. El seguimiento está condicionado, eso sí, por los servicios mínimos decretados por la Junta para garantizar las prestaciones esenciales y la Junta incluye los efectivos con obligación de trabajar en su estimación. Sin los servicios mínimos, el porcentaje subiría. En sanidad , la cobertura obligatoria se ha situado en torno a un tercio de la plantilla habitual, aunque las unidades y tratamientos críticos mantienen el 100% de su actividad. En educación, se ha garantizado la apertura de los centros públicos con la presencia de equipos directivos y personal subalterno. Se han establecido también coberturas específicas para varios centros educativos y residencias formativas de la provincia. En la Delegación Territorial, el balance recoge 59 trabajadores en huelga de una plantilla de 808 efectivos. De ellos, 31 han sido funcionarios o estatutarios y 28 personal laboral. El porcentaje provincial, del 7,30%, se sitúa por encima de la media autonómica de este ámbito, que ha sido del 6,29%. En los centros educativos no universitarios, la Junta contabiliza 89 participantes en el paro sobre un total de 1.557 trabajadores, lo que representa un seguimiento del 5,71%. La cifra corresponde a 89 funcionarios o estatutarios, mientras que no se registra ningún trabajador no docente en huelga. Por su parte, en las instituciones sanitarias sorianas han secundado la convocatoria 33 trabajadores de una plantilla de 846, un 3,90% . De ellos, 28 son funcionarios o estatutarios y cinco personal laboral. Cabe recordar que el Sindicato Médico CESM no secunda el paro ya que no fueron arropados por UGT y CCOO en sus pasadas huelgas contra el Estatuto Médico. El seguimiento en Castilla y León En el conjunto de Castilla y León, la Junta contabiliza 2.749 trabajadores en huelga de un total de 64.750 efectivos, lo que supone un seguimiento global del 4,25%. Por ámbitos, la Administración general de la Junta registra 802 participantes de una plantilla de 18.013 trabajadores, un 4,45%. En las instituciones sanitarias, el balance recoge 797 empleados en huelga de 20.769, un 3,84%. El sector docente no universitario suma 1.150 trabajadores en huelga de un total de 25.968, lo que representa un 4,42%. Por provincias , Burgos presenta el mayor seguimiento en las delegaciones territoriales, con un 9%, mientras que Zamora registra el menor, con un 3,23%. Soria alcanza el 7,30%, por encima de la media autonómica de este apartado. En el ámbito educativo, Burgos encabeza también el seguimiento, con un 8,15%, seguida de Segovia, con un 8,13%. Soria registra un 5,71%. En las instituciones sanitarias, Segovia presenta el porcentaje más elevado, con un 5,56%, frente al 3,90% de Soria.
Además de la fábrica de Nissan, las instalaciones de los autobuses urbanos, la sede de la Delegación de la Junta y las calles del centro de la ciudad fueron algunos de los escenarios de aquella huelga general, que comenzó con piquetes informativos de los sindicatos durant ...
¿Para qué sirve una huelga general? Conviene hacerse esta pregunta antes de juzgar a quienes la convocan. Una huelga es mucho más que dejar de trabajar durante una jornada. Es una herramienta democrática, un derecho constitucional y, sobre todo, una expresión de la fuerza colectiva de quienes saben que individualmente tienen menos capacidad para cambiar las cosas. Porque cuando las personas trabajadoras se organizan, lo que parecía imposible puede convertirse en un derecho. La historia de nuestro país no se entiende sin el movimiento obrero y sin los sindicatos de clase. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, la protección frente al despido o la seguridad en el trabajo no fueron regalos de ningún poder económico. Fueron conquistas sociales, fruto de décadas de organización, movilización y sacrificios. Desde la histórica huelga de La Canadiense de 1919 hasta las grandes huelgas generales de nuestra democracia, la clase trabajadora ha demostrado que el progreso social también se escribe desde las fábricas, los talleres, las oficinas y las calles. El presidente Pedro Sánchez lo tiene bien presente y así lo ha publicado. Los derechos que ahora consideramos normales fueron durante mucho tiempo inimaginables. Y ha lanzado una advertencia que deberíamos tener presente: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante". Una reflexión especialmente oportuna cuando algunos parecen olvidar cuánto debemos a quienes lucharon en el pasado no tan lejano. Porque los derechos no suelen caer del cielo. Se conquistan, se defienden y se amplían. Y ahí reside precisamente la importancia histórica de organizaciones como la Unión General de trabajadores y trabajadoras y las Comisiones Obreras, dos sindicatos de clase que han contribuido decisivamente a construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. El próximo 11 de noviembre, UGT y CCOO, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, han convocado una huelga general con una reivindicación tan sencilla como poderosa: salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna. No es una huelga contra nadie. Es una huelga a favor de millones de personas que trabajan, cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, no pueden desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad. Jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que descubren que tener una nómina ya no garantiza llegar a fin de mes. Los sindicatos denuncian una contradicción cada vez más evidente: mientras la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, demasiados salarios siguen sin permitir una vida digna. Reclaman desbloquear la negociación colectiva, mejorar las retribuciones, reducir la jornada laboral, combatir la precariedad y desarrollar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque de vivienda asequible. Y tienen razón al situar la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Porque ¿de qué sirve mejorar un salario si cada subida termina absorbida por el alquiler? ¿De qué sirve tener empleo si no permite construir un hogar? La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía cuando nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta movilización interpela a todas las administraciones públicas y también a quienes concentran buena parte de la riqueza que genera nuestro país. Porque defender mejores salarios, vivienda accesible y servicios públicos de calidad significa defender la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la fortaleza del Estado del bienestar. Por eso resulta tan reveladora la reacción de Alberto Núñez Feijóo , que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria. Lo verdaderamente extraño habría sido escucharle defenderla. No sorprenden las declaraciones de quien, en plena precampaña electoral, promete un Gobierno que pedirá sacrificios a la ciudadanía. ¿Sacrificios? ¿Otra vez? ¿Y a quién le tocará hacerlos? Porque conocemos demasiado bien ese modelo económico. El que considera que los grandes patrimonios necesitan incentivos mientras las familias trabajadoras deben apretarse el cinturón. El que convierte los recortes en responsabilidad y las reivindicaciones sociales en molestias. El que pide paciencia a quienes menos tienen y ofrece comprensión a quienes más acumulan. Nos suena demasiado. Nos suena a los años de austeridad, a las políticas de Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Se acuerdan? Aquellos años en los que los sacrificios parecían tener siempre los mismos destinatarios. Frente a ese modelo existe otro: el que entiende que la prosperidad económica debe traducirse en bienestar compartido. El que ha impulsado la reforma laboral, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Avances importantes que no eliminan los problemas pendientes ni hacen innecesaria la movilización sindical. Al contrario, demuestran que el diálogo social, la acción política y la organización colectiva pueden transformar la realidad. Una democracia madura no teme a sus sindicatos. Los escucha, respeta su independencia y reconoce que el conflicto social también puede ser un motor de progreso. UGT ha elegido para esta convocatoria un lema que resume perfectamente el problema: "Que la vivienda no se coma tu salario". Y CCOO recuerda que la riqueza generada debe llegar también a quienes la hacen posible. El 11 de noviembre no debería interpretarse como una batalla entre partidos, sino como una llamada colectiva a defender algo elemental: que trabajar permita vivir dignamente. Porque una sociedad verdaderamente próspera no es aquella en la que unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que nadie tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o construir su futuro. Las generaciones anteriores lucharon para conquistar el derecho a descansar. La nuestra no debería tener que luchar para conseguir el derecho a vivir bajo un techo.
Silenciar…Descansar…
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