Varios manifestantes, muy enfadados por la crisis de acceso a la vivienda, explican que no secundaron el paro laboral por el castigo económico, pese a que querrían haber participado
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
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Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
En el Paseo del Prado de Madrid, frente al museo, hay una torre de ladrillo de dieciséis plantas que Franco inauguró en 1955. Era la Casa Sindical, sede del Sindicato Vertical. Aquel invento reunía a patronos y obreros en la misma organización , como el zorro y las gallinas. Hoy alberga los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales; y en julio de 2025, el Consejo de Ministros lo declaró Bien de Interés Cultural. Setenta años después, cabría preguntarse: ¿se comieron las gallinas al zorro? ¿Y si el zorro se transformó en sabandija? No cabe duda de que el movimiento obrero puso en jaque al régimen en sus últimos años. El Ministerio de la Gobernación registró 37.990 huelgas desde mediados de 1975 hasta finales de 1976. No podríamos, por tanto, entender el final de la dictadura sin esta premisa. Historiadores como Carme Molinero, Pere Ysàs ( Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 , 2004) y Xavier Domènech ( Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979) , 2022) han arrojado luz sobre la relevancia de la movilización obrera para el antifranquismo . En numerosas ocasiones, la dictadura, incapaz de gestionar el conflicto mediante cauces de negociación legítimos, se vio contra las cuerdas y convirtió cualquier paro laboral en una crisis de orden público. Las grandes huelgas de la minería asturiana, de las factorías de SEAT en Barcelona, de la construcción en Granada o de los astilleros de Bazán y la Naval fueron lecciones fundamentales que se tradujeron en enfrentamientos abiertos con las fuerzas policiales. Con el fin de la dictadura y el comienzo de la construcción de la democracia se empezaron a dar cambios paulatinos. En abril de 1977 se legalizaron los sindicatos de clase y se desmontó la burocracia del Sindicato Vertica l. Esta victoria dio paso, paradójicamente, a una compleja operación de reconducción de la “radicalidad” obrera, pues mientras los sindicatos conquistaban la homologación constitucional experimentaban un paulatino e innegable proceso de desmovilización de sus bases y una pérdida de afiliación directa. Lo deseable para las élites políticas era acabar con la práctica asamblearia y combativa de los centros de trabajo y traducirlo en un “sindicalismo de gestión y servicios”. Ejemplo de ello fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 y el posterior Estatuto de los Trabajadores de 1980, que consagraba la legalización sindical y la negociación colectiva a cambio de asumir topes salariales, la contención del conflicto y la desmovilización de los centros laborales. El pensador André Gorz ( Adiós al proletariado , 1980 y Metamorfosis del trabajo , 1988) vaticinaba en los años 80 el declive y la transformación del papel tradicional que hasta estos momentos había cumplido el proletariado industrial. La llegada del siglo XXI parece haber completado su profecía . El capitalismo tardío no ha destruido el trabajo asalariado; pero sí lo ha desfigurado, atomizado e invisibilizado. A lo largo de las últimas tres décadas, la clase trabajadora ha sufrido una profunda mutación en su composición y, sobre todo, en su autopercepción. En los medios de comunicación y en el discurso político dominante , el concepto de “clase obrera” se sustituyó por la más amplia categoría de “clase media”. La subcontratación en cadena, los “falsos autónomos”, el teletrabajo y la deslocalización hicieron el resto. Desclasada, aislada y perseguida es difícil hacer frente a unas injusticias estructurales que nos venden como fracasos individuales. Según Funcas , desde el año 2000, la afiliación sindical ha caído gradualmente del 15% al 12-13% de los asalariados, y el 66% de los asalariados no se ha afiliado nunca. Entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años. La precariedad, además de empobrecer, desafilia. Las recientes reformas legislativas, la subida del SMI o los mecanismos de protección desplegados tras la pandemia han demostrado que la intervención pública puede mitigar los aspectos más lesivos del mercado. Sin embargo, el balance de estos cincuenta años evidencia que las inercias precarizadoras permanecen intactas en su núcleo. La tasa de desempleo juvenil en España sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, el 48% de las personas asalariadas son precarias (un porcentaje que sube al 54% en el caso de las mujeres) y seguimos sometidas a jornadas laborales extenuantes y ritmos de trabajo insostenibles (que colectivos como las Kellys llevan denunciando años). Continúa existiendo un desfase salarial que afecta especialmente a jóvenes y que nos aboca a una salud mental deteriorada ante la incertidumbre y la precariedad. Mientras exista la explotación del trabajo ajeno, la lucha de clases seguirá siendo, a pesar de los cantos de sirena, el motor insustituible de la historia. Conciencia de clase, organización y movilización. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee (1935). Babiano, José y Tébar, Javier (2016): “El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España”, Gaceta Sindical , 163-181. Saz, Ismael (2010): “La lucha por la libertad en España desde una perspectiva comparada (1962-1977)”, Novísima. II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 71-80. Vega García, Rubén y González Pérez, Héctor (2022): “¡A la huelga! Conflictos laborales y marcos políticos en España. Del Tardofranquismo a la Democracia”, Sociología del Trabajo , 100, 69-87.
La Séptima acumula un 3,5% de cuota media en lo que va de noviembre, a dos puntos de laSexta (5,5%) y ya por delante de La 2 (2,9%). La cadena controlada por el empresario Andrés Varela Entrecanales y que impulsa José Miguel Contreras, principal accionista de infoLibre , empezó a emitir el jueves 5 y ya cerró ese primer día con un 2,8%, más del doble de lo que los creadores de la nueva televisión consideraban un buen punto de partida. Su mejor día llegó el lunes 9, con un 5,8%. Esa noche, Javier Ruiz , su director y el conductor de La última hora , el programa que ocupa el prime time de la cadena, entrevistó a Pedro Sánchez justo cuando Santiago Abascal visitaba La Revuelta . Son cifras excepcionales para una cadena que acaba de nacer y que no pueden interpretarse sin tener en cuenta el peculiar contexto electoral con el que se ha encontrado: un incremento sustancial de la demanda de información política que ha disparado, por ejemplo, las audiencias de los espacios que programan entrevistas a candidatos, sea cual sea la cadena que las emita. Las previsiones de La Séptima, de hecho, eran mucho más modestas. El plan de la empresa matriz pasaba por tratar de conseguir una media del 1,8% después de dos meses, de emisiones alrededor del 2,5% a lo largo del año que viene y en torno a un 3% en 2028, cifras que consideran suficientes para que el proyecto sea rentable. La parrilla de diario se apoya en cinco programas de actualidad en directo. El pulso , con Verónica Sanz , ocupa la mañana. En línea , con Sarah Santaolalla, la sobremesa. Sobre la mesa , con Rocío Delgado , la primera parte de la tarde, y La diana , con Noor Ben Yessef , la segunda. La última hora , con Javier Ruiz, cubre el prime time . Entre un programa y otro se emite El Relevo , un espacio de diez minutos en el que los presentadores se pasan el testigo. El primer día ya dejó ver qué partes de la parrilla funcionaban mejor. El pulso logró un 3,6% y 181.000 espectadores. En línea , un 3,1% y 274.000. Sobre la mesa , un 3% y 227.000, y La diana , un 2,6% y 235.000. La última hora llegó al 3,2% y 320.000. El pulso tuvo la cuota más alta porque fue el primero en emitirse, y La última hora fue el más visto. La entrevista al ministro Carlos Cuerpo, dentro del programa de Ruiz, alcanzó el 3,7% y 473.000 espectadores. A lo largo de la jornada, la cadena llegó a un 10,5% de la población, unos 4,9 millones de personas. Entre sus primeros telespectadores destacaron los hombres (el 54,5%) y las personas de 45 a 64 años (el 42,1%). Los sábados y domingos la cadena cambia de registro, con Luján Argüelles, el humor de Héctor de Miguel y el programa de Alba Carrillo y Marta Márquez. El primer sábado, Fin de semana , el programa de Argüelles llegó al 5,7% y 210.000 espectadores, por delante de Telecinco, que se quedó en el 4,3% y 157.000, y de La 2, con un 1,5%. La comedia nacional llegó al 4,5%. Fuera de control, hizo un 3,9%. Lo que no funcionó fue la emisión de un programa doble de cine improvisado para sustituir por ahora al que será la apuesta de la cadena para la noche de los sábados, pero que no llegó a tiempo para el estreno: una versión actualizada del mítico programa de TVE La clave, en el que cada semana una película precederá a un coloquio a cargo de especialistas en torno a un asunto de actualidad. Las películas elegidas no funcionaron: La infiltrada se quedó en el 1,5% y Bangkok Dangerous, en el 1,4%. Tanto el sábado como el domingo la cadena cerró con un 3%. En cambio, la entrevista de Ruiz al presidente del Gobierno, el lunes de las 21:32 a las 22:39 horas, logró un 14,2% y 2,16 millones de espectadores de media, y llevó a La Séptima a la segunda posición de su franja. La Revuelta llegó al 33,6%, y en el tramo en que coincidieron los dos programas La 1 tuvo un 24,4% y La Séptima un 14,2%. La última hora completa hizo ese día su mejor dato hasta ahora, un 10,2% y 1.221.000 espectadores, y la cadena cerró con un 5,8%, por delante de laSexta (5,2%). La entrevista la vieron más hombres que mujeres (15,6% frente a 12,9%) y su mejor cuota estuvo entre los jóvenes (20,6%). El martes 10, ya sin el tirón de Sánchez, la cadena volvió al 3%, por detrás de La 2 (3,3%) y de laSexta (5,6%). Los cinco directos se movieron en una horquilla estrecha. El pulso y En línea hicieron un 3,6%, con 197.000 y 328.000 espectadores. Sobre la mesa , un 3,4%. La diana y La última hora , un 3,2%, con 306.000 y 346.000. Esa noche, la competencia también tenía candidatos. La Revuelta reunió a 3.050.000 espectadores (22,9%) con Ada Colau, el tercer mejor dato de su historia. La entrevista de Iker Jiménez a Alberto Núñez Feijóo en Horizonte llegó al 14% y 1.963.000 espectadores en Cuatro, y por la mañana Isabel Díaz Ayuso había llevado a Espejo Público al 17,1%. El miércoles 11, día de la huelga general , la información disparó el consumo de televisión. Mañaneros alcanzó el 22,2% y 1.045.000 espectadores, su récord histórico en su horario habitual, y Más vale tarde (laSexta) hizo su programa más visto del año. La Séptima subió al 3,7%, por encima de La 2 (2,4%), y todos sus directos superaron el 4%. El pulso fue su programa con más cuota, un 4,4%. Sobre la mesa llegó al 4,2% y 394.000 espectadores, y En línea , al 4% y 435.000. La última hora , que dedicó el programa a la huelga, hizo un 4,2% y 444.000. La noche fue para El Hormiguero , que logró con Feijóo un 19% y 2.455.000 espectadores, su segundo mejor dato del año, esta vez sin La Revuelta enfrente. Para tirar de su audiencia en estos días de precampaña y de campaña, La Séptima ha convertido su tracking electoral en la puerta de entrada de su prime time . De lunes a viernes, a las 21:00 horas, emite La recta final , un espacio de 15 minutos que precede a La última hora y que presentan Javier Ruiz y la periodista Cristina Cañedo. Los datos los elabora SW Demoscopia, y la cadena presume de que su muestra solo es superada por la del CIS. El sistema parte de 3.500 encuestas acumuladas, y cada día incorpora unas 300 nuevas y retira las 300 más antiguas, así que hay una cifra fresca cada noche. Esa novedad diaria es la que abre el programa de Ruiz y le da un titular propio con el que empezar la noche, antes de las entrevistas y el debate. El director editorial de la cadena lo presentó como su gran baza para el arranque con una frase cargada de intención: “Vamos a cambiar la campaña electoral”.
Varios manifestantes, muy enfadados por la crisis de acceso a la vivienda, explican que no secundaron el paro laboral por el castigo económico, pese a que querrían haber participado
Arranca una campaña que, aunque nació tras una derrota sobre la vivienda, en las tertulias se ha querido ligar también a la lección americana sobre la victoria demócrata. A la izquierda solo le va bien cuando habla del coste de la vida y guarda en un cajón todo aquello que la derecha lleva años llamando woke . La moraleja para las izquierdas españolas parece escribirse sola y, sin embargo, los números no dan. ¿Qué votos tiene que movilizar el progresismo para que haya una posibilidad de ganarle a la derecha en las próximas elecciones generales? Dos semanas antes de las midterms en Estados Unidos, en un antiguo cine de Portland, una estudiante trans se levantó en un mitin de Alexandria Ocasio-Cortez para preguntarle si las personas como ella se habían convertido para el Partido Demócrata en un tema perdedor, en algo que no merecía ya la pena defender. AOC le respondió con la honestidad que le caracteriza, reconociendo que los políticos se asustan con facilidad . Tenía razón y aun así se quedó corta, porque el problema que planteaba la pregunta excede el coraje de quien la responde y el dolor, legítimo, de quien la pregunta. Esa estudiante, aunque quizás no sabía expresarlo con los argumentos que un estratega usaría, señalaba cómo en los últimos tiempos se ha dibujado un carril para la vida material y otro para las identidades, y cómo, en tiempos difíciles, se cierra el segundo para que circule mejor el primero. En este artículo me gustaría defender no solo que esa separación es falsa, sino que agitarla es lo que nos separa de movilizar el voto progresista que falta para evitar que Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Los demócratas llaman a su programa una agenda de la mesa de la cocina y puede que esta metáfora nos resulte más útil de lo que pueda parecer. No sé en América, pero la mesa de la cocina en España es un asunto sobre todo de mujeres , es el lugar de confidencias, de liar croquetas y tomar cafés, donde se hacen las cuentas con el dinero que queda para el final de mes después de pagar el alquiler, donde se decide si se paga el dentista o el comedor escolar, donde alguien, casi siempre una mujer, sostiene, sin cobrar un euro por ello, la reproducción de la vida de los demás, es decir, la que hace la compra, la sopa, la colada y cambia el pañal de la abuela. ¿Cómo se puede defender que el coste de la vida sea una cuestión políticamente ajena a la agenda política de las mujeres? Cuando Silvia Federici escribía en los setenta contra el trabajo doméstico gratuito estaba hablando ya del coste de la vida antes de que existiera el eslogan. Y más importante aún, y quizás mucho menos obvio, cuando Judith Butler respondía a Nancy Fraser que la regulación de la sexualidad no era una cuestión meramente cultural, lo que hacía era recordar algo que ya sabía Engels: la familia es una unidad económica, y quien decide qué cuerpos forman familia decide también cómo se reparte la riqueza. Y lo que se reparte peor se protege peor. Supongamos en cualquier caso que la vivienda es la razón principal por la que votamos el 29 de noviembre. El lunes, en La Revuelta , Broncano le preguntó a Abascal cómo construiría más casas , y el líder de Vox contestó que eliminando la sobrerregulación, por ejemplo la perspectiva de género que existe en la construcción. Al día siguiente medio país se puso a explicar qué es el urbanismo con perspectiva de género con ejemplos como calles mejor iluminadas, aceras anchas para carritos o recorridos seguros de vuelta a casa. Si bien todo eso tiene un inmenso valor, creo que lo que Abascal señalaba iba en una dirección mucho más importante. La perspectiva de género que de verdad le estorba es la que permite que una política de vivienda reconozca a las mujeres como el sujeto vulnerable que son en el mercado de la vivienda, es decir, aquella política que da prioridad en los baremos de vivienda pública y en las ayudas al alquiler a las madres que crían solas y a las víctimas de violencia machista. Más del 80% de los hogares monoparentales los encabeza una mujer, la mayoría vive de alquiler, y más de un tercio de los hogares sostenidos por mujeres cae bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda. Ese criterio no encarece un solo ladrillo, pero decide quién entra primero por la puerta de las casas que el Estado paga, reconociendo de manera indirecta que el coste de la vida, y por tanto de la vivienda, es mayor para las mujeres. En el mismo plató y como parte de ese mismo marco antigénero que una buena parte de la izquierda parece haber comprado , Abascal acusó al Gobierno de promover el enfrentamiento de sexos y dijo que, aunque hay hombres que agreden a las mujeres, muchos otros hombres las quieren, el conocido #NotAllMen. En mi opinión, hay que escuchar con atención este argumento, no porque haya que darle pábulo a los líderes de la extrema derecha, sino porque sus votantes, que son muchos y que son también nuestro pueblo, se reconocen en esa incomodidad. Es legítimo pensar que el feminismo puede mejorar en cómo interpelar a los hombres para su causa; sin embargo, cuesta imaginar cómo esta cuestión puede traducirse en un silencio estratégico del feminismo en esta campaña, un silencio que puede ser leído también por nuestras votantes como el abandono del feminismo. Contra este falso dilema, resulta imprescindible rescatar lo que las feministas que lideraron en España las Huelgas del 8M defendían . El feminismo del 99%, el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser condensaron en su manifiesto de 2019, entiende la violencia como un efecto de la manera en que se organiza la reproducción de la vida, y por eso nunca necesitó a los hombres como enemigo. Al enemigo se le busca mirando hacia arriba. Lo que se decide en la mesa de la cocina, quién depende económicamente de quién, quién no puede pagar un alquiler en solitario, quién no tiene adonde ir, es lo que hace que en esa misma mesa tengas más posibilidades de sufrir violencia. Nada de esto obliga a elegir carril . Patriarcado y capitalismo se retroalimentan, y esa es quizá la tesis más sólida que el feminismo de clase ha puesto sobre la mesa, aquella en la que la división sexual del trabajo asigna a unos cuerpos el trabajo que no se paga, lo que no se paga se aprende a despreciar, y lo que vale menos se puede dañar con más impunidad. Por eso la violencia persiste donde el trabajo de las mujeres vale poco, y por eso una chica trans a la que echan de casa a los diecisiete puede recorrer en pocos años el camino que va del sofá de una amiga a la calle, y de la calle a una violencia que casi nadie denuncia porque casi nadie pregunta. El reconocimiento no necesita justificarse por lo que cuesta un alquiler. Quien quiera bajar el alquiler sin tocar el reconocimiento descubrirá, sin embargo, que el precio de algunas vidas se fija en otro sitio. El giro hacia el coste de la vida no debe traducirse como un repliegue a lo individual o un abandono de la cuestión de género. Leído desde los cuerpos de las mujeres, el coste de la vida significa justamente una vuelta a lo estructural. La lección estadounidense, además, se ha leído deprisa. Las mujeres votaron a los demócratas por diecinueve puntos, mientras los hombres se repartieron casi a partes iguales; las solteras lo hicieron por treinta y siete y las menores de treinta por cincuenta y siete. Es cierto que fueron los hombres quienes más se movieron respecto a 2024, y esa es la parte que el relato del coste de la vida antiwoke prefiere contar. Pero el desplazamiento masculino solo gana elecciones cuando se suma a una mayoría femenina que ya estaba ahí, y esa mayoría no llegó por el precio de la gasolina. Llevaba votando desde 2022 contra quienes le quitaron el derecho a decidir sobre su cuerpo. En España la brecha es todavía más nítida. Desde la irrupción de Vox, las mujeres se han situado más a la izquierda que nunca en la serie del CIS , y entre los menores de veinticinco años la mitad de las chicas se define feminista frente a uno de cada diez chicos. Un estudio reciente de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas muestra que el voto contra una amenaza, el que se emite por miedo a lo que viene, predomina entre mujeres y jóvenes y beneficia sobre todo a la izquierda. Pero hay un dato que la izquierda debería recordar, y es que ese voto no está garantizado. Las mujeres no son un granero cautivo, y nadie se moviliza para defender una causa que su propio partido esconde en campaña porque le da apuro. Movilizar votos es movilizar mujeres. Movilizar mujeres exige darles razones, y las razones están en la misma mesa de la cocina: la escuela pública infantil de cero a tres, los permisos de cuidados remunerados y más largos, el aborto en la sanidad pública que no obliga a pagar una clínica privada , la pensión que no deja a la mayoría de las jubiladas por debajo de mil euros, el alquiler social que no pregunta si hay un hombre en casa. La derecha lo entiende perfectamente, por eso convierte cada una de estas demandas en supuesta ideología de género que combatir, y por eso el anuncio más eficaz de Trump en 2024 ( Kamala is for they/them, President Trump is for you ) enfrentaba a una minoría trans con el votante corriente para presentar la identidad de unas pocas como una amenaza para el bolsillo de todos. La derecha nunca separó lo material de lo identitario, solo exige que lo haga la izquierda precisamente porque es ahí donde perdemos. Salgamos de su marco y salgamos a ganar, movilizando también a las mujeres , que ya llevaron en dos ocasiones a la Moncloa un gobierno progresista. La izquierda que entre en esta campaña con el feminismo en el bolsillo de atrás, por si acaso, por no espantar, estará haciendo exactamente lo que le pedía su adversario, entrar en campaña con una mano atada a la espalda. _______________________ Ángela Rodríguez 'Pam' es filósofa feminista y ex secretaria de Estado de Igualdad.
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
Ocho furgonetas de la Policía cortaron el paso de los manifestantes hacia Plaza de España, donde se había anunciado que terminaba el recorrido, una maniobra que acabó dejando el dispositivo policial rodeado por la protesta. Las primeras cargas se iniciaron sin que hubiera ninguna acción violenta previa. El Ministerio de Interior ha ordenado una investigación sobre los "incidentes" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales “Vamos a dejar aquí la manifestación porque ya no podemos avanzar”, gritaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, micrófono en mano, poco antes de las 19.30 horas de este miércoles 11 de noviembre. Con sus palabras ponía fin a una multitudinaria marcha por la huelga general que había reunido a cientos de miles de personas en las calles de Madrid, con participantes todavía en Atocha en el momento de la lectura del manifiesto. Este alegato final no se desarrolló en el final previsto para la marcha, que debía llegar a plaza de España, sino que tuvo lugar todavía en la Gran Vía, debido a que el operativo desplegado por la Policía Nacional impedía el avance de los manifestantes hacia un lugar más amplio. Ocho furgones y una hilera de agentes impedía el paso por “ordenes” del mando del operativo, explicaban a las personas que intentaban avanzar, y les conminaban a que lo hicieran por las calles aledañas. Ante el bloqueo para impedir el paso de la protesta, lo que sucedió a continuación fue que parte de los manifestantes accedieron a la plaza rodeando por el lugar que les habían indicado y el dispositivo policial quedó entonces situado entre medias. En ese momento, los agentes se enfundaron los cascos, cogieron sus escudos y empuñaron los rifles, preparándonse para cargar contra los manifestantes, que mantuvieron en todo momento una actitud pacífica, aunque con gritos de protesta ante la incomprensión por negar el paso. Manifestantes a ambos lados del cordón policial que cortó el acceso a Plaza de España, en dirección a Callao (arriba) como en Plaza de España (abajo) A las 19.52, según pudo comprobar este periódico in situ, la Policía Nacional decidió despejar la salida del dispositivo policial hacia Plaza de España y Princesa. Primero avisó a las primeras filas de que la carretera “se va a desalojar”. Luego los agentes empezaron a avanzar reclamando a los asistentes que se movieran, mientras en la acera de los impares de Gran Vía se producía la primera carga, sin que hubiera habido ningún conato de violencia previa. “¡Quiero que todo quede despejado! ¡Usad la goma!”, exhortaba uno de los mandos del operativo a los agentes, pidiéndoles que golpearan con sus porras a los manifestantes. “Si se mueven no se va a pegar a nadie”, decían algunos de los agentes que contenían en ese momento el uso de la fuerza. Aunque el operativo policial tenía despejada la salida hacia la calle Princesa, los mandos decidieron mantener el bloqueo de la Gran Vía impidiendo el avance de la marcha. Miles de manifestantes se agolpaban en esta calle ante la imposibilidad de avanzar, preguntándose qué pasaba. El gentío era enorme y la Gran Vía se había convertido en una gran ratonera por el tapón policial. En toda la marcha fueron entre 120.000 y 750.000 según cifras de Delegación del Gobierno y del Sindicato de Inquilinas, respectivamente. Situación del operativo policial sobre las 20.30 horas, con las primeras cargas ya ejecutadas hacia Plaza de España y antes de las segundas hacia Callao Pasadas las 20.30 horas, cuando el bloqueo duraba ya más de una hora, algunos manifestantes pensaron que podían avanzar pero la Policía Nacional decidió cargar para despejar la Gran Vía en dirección a Callao. Según múltiples testigos y vídeos publicados en redes lo hicieron utilizando sus defensas y empleando los rifles, gases y hasta gas pimienta en la cara de algunos manifestantes y de personas que se encontraban en la zona. La protesta se dispersó pero las cargas cogieron por sorpresa a la mayoría de personas que en ese momento todavía intentan avanzar hacia Plaza España desde Atocha, que ni siquiera habían llegado a escuchar el manifiesto final de la marcha. Las persecuciones policiales se extiendieron después a muchas calles aledañas -llegarón hasta la lejana San Bernardino- e incluso se llegaba a cortar el servicio de Metro en la estación de Noviciado. “Cuando huíamos a la carrera hacia arriba sin poder ver ni respirar por los gases, nos topamos con otros manifestantes que huían Gran Vía abajo en iguales condiciones de otra carga policial, nos encapsularon entre dos líneas de antidisturbios con solo una callejuela como vía de escape, por lo que se produjo un tapón”, relata un testigo de los hechos a este periódico. “Como aún así seguían lanzando gases, las escenas de pánico no acabaron en una avalancha trágica de puro milagro. Nos metieron en una ratonera para darnos porrazos y gasearnos impunemente”, denuncia. Lola Díaz, que el domingo cumplirá 70 años, cuenta en el vídeo sobre estas líneas cómo vio el lanzamiento de gases lacrimógenos. “Menos mal que la gente mantuvo la calma, si no podría haber sido una tragedia (...) no pensaba que en plena democracia una manifestación pacífica podía tener este final”, dice advirtiendo de que “vamos a seguir en las calles”. Pedro, otro de los asistentes, cuenta también cómo vio llegar las pelotas de goma y los gases, mientras estaba rodeado de gente mayor y niños pequeños. “Una vergüenza”, resume al compartir el vídeo que grabó desde su posición (ver más abajo) y que permite hacerse una idea de lo que vivieron la mayoría de manifestantes. “Había gente normal, no éramos punkis insultando a la policía”, resume Marina, psicóloga de 34 años a la que le cayó un bote de gas en los pies. “Yo pensaba que me moría ahogada”, dice al rememorar el momento en el que intentaba correr y no podía por el hacinamiento de personas en un lugar atestado de gente. “Menos mal que había una bocacalle y se ha liberado el aire”, declara a este periódico después de los hechos, mientras siente “injusticia por esta violencia gratuita y de la nada”. Otros vídeos grabados y difundidos por manifestantes y periodistas presentes en Gran Vía dejan ver cómo se produjo el desalojo de la zona. El Sindicato de Estudiantes muestra una grabación en la que un policía dispara a bocajarro contra manifestantes que se estaban marchando. Incluso un vídeo enseña cómo una persona sin hogar es agredida en la cara con spray pimienta por un agente. Fuentes de Delegación del Gobierno explican su versión de lo que sucedió: según les transmitió el operativo, la cabecera de la marcha llegó “a Plaza de España” y ahí fue donde el Sindicato de Inquilinas dio por desconvocada la protesta. Posteriormente, al detectar personas con el rostro cubierto entre los manifestantes se procedió a cortar el paso y a embolsarlos. No se han notificado que iniciaran agresiones contra los agentes. Sin embargo y como pudo comprobra este periódico, la protesta nunca llegó a Plaza de España, ya que se quedó a pocos metros, a la altura de Gran Vía 76. El Sindicato de Inquilinas confirma en declaraciones a este periódico que la decisión de cortar la manifestación fue de la Policía Nacional: “La intención era completar el recorrido previsto y llegar hasta Plaza de España. Sin embargo, al alcanzar este punto nos encontramos con un dispositivo policial extraordinariamente numeroso, con una fuerte presencia de antidisturbios y material potencialmente lesivo desplegado frente a la cabecera”, explica un portavoz. “Ante una situación de tensión creciente y con el objetivo de proteger a las miles de personas que participaban en la manifestación, nos vimos forzadas a desconvocar la manifestación. Pese al discurso tras la llegada de la cabecera a Gran Via, sobre las 19:20, la policía no puede disolver una manifestación de mas de 750.000 personas”, añade. Los organizadores de la marcha denuncian que “miles de personas, entre ellas personas mayores, adolescentes y familias, estaban ejerciendo pacíficamente su derecho fundamental de manifestación en una jornada de huelga general. La respuesta policial fue cargar y gasear con todo su material antidisturbios contra ellas, haciendo uso de una fuerza que consideramos completamente desproporcionada”, critican señalando los numerosos vídeos que documentan lo sucedido y muestran la actuación policial. “No se puede criminalizar ni poner en peligro a quienes ejercen sus derechos fundamentales”. Marlaska prohíbe volver a usar gases Debido a la forma en la que se produjeron las cargas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre en todo el país durante la jornada de huelga general. Asegura Interior que estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes. También ha dado orden Marlaska de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones . Según datos del ministerio del interior, en las protestas por la huelga general que tuvieron lugar en Madrid se produjeron 20 detenidos hasta las 23.00 horas. Varios de ellos lo fueron en un piquete informativo de Mercamadrid desarrollado a primera hora y otros también en el piquete que recorrió la Gran Vía desde las 12.00, pasando por sus establecimientos comerciales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante estas cargas y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra unos manifestantes que calificó de “pacíficos”. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado las agresiones por parte de miembros de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional a periodistas que cubrían la manifestación desarrollada en Madrid con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. En un comunicado, la asociación ha expresado su “solidaridad con los compañeros que, pese a encontrarse debidamente acreditados como periodistas, sufrieron los empujones y las cargas de los policías, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo”. “Al igual que repudiamos los hostigamientos a periodistas por parte de grupos de manifestantes, rechazamos que miembros de los cuerpos policiales, al tratar de mantener el orden público, actúen de manera indiscriminada, sin respetar a quienes están realizando su labor de informar”, ha subrayado. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. 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