El ministerio pide además al Ayuntamiento de Madrid que actúe contra casi 4.500 pisos turísticos que, pese a estar bloqueados en España, siguen anunciándose en el extranjero Leer
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado a dos grandes plataformas de alquiler turístico que su departamento ha identificado más de 8.000 anuncios de pisos turísticos… La entrada El Ministerio de Consumo reclama a Almeida que actúe contra 4.443 pisos turísticos ilegales que siguen ofertándose en Madrid se publicó primero en Gacetín Madrid .
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La posibilidad de recibir empanadas, arepas o tequeños congelados directamente en casa abre una nueva vía de acceso a la gastronomía latinoamericana en España. D’Carnilsa , empresa familiar con fábrica en Fuenlabrada (Madrid), ha incorporado un sistema de reparto a domicilio con cadena de frío controlada que permite transportar estos alimentos hasta distintos puntos de la península y Baleares, utilizando contenedores isotérmicos reutilizables. La iniciativa supone un nuevo paso para una compañía que hasta ahora había desarrollado buena parte de su actividad mediante la distribución a comercios, restaurantes y establecimientos especializados. El nuevo servicio permite adquirir directamente productos que requieren condiciones específicas de conservación durante el transporte. El reto de llevar alimentos congelados hasta la puerta de casa El principal desafío de este modelo de distribución es mantener las temperaturas adecuadas durante todo el recorrido. Según explica D’Carnilsa en su información sobre envíos en frío , los pedidos utilizan contenedores isotérmicos con paneles aislantes y acumuladores capaces de mantener la temperatura durante periodos de entre 48 y 72 horas. Los productos congelados viajan a -18 °C, mientras que los refrigerados requieren temperaturas de entre 2 y 8 °C. Cuando ambos tipos de alimentos coinciden en un pedido, se transportan congelados en una misma caja. El sistema contempla entregas en 24 horas dentro de la Comunidad de Madrid, entre 24 y 48 horas en el resto de la península y Mallorca, y hasta 72 horas en las demás islas Baleares. Embalajes reutilizables y nuevas formas de consumo La reutilización de contenedores introduce una dimensión ambiental en un servicio donde el embalaje resulta fundamental. Frente a los envases de un solo uso, esta alternativa plantea la posibilidad de reducir residuos, aunque su impacto dependerá del número de reutilizaciones y de la logística necesaria. Fundada en 2011 por el emprendedor colombiano Carlos Andrés Quintero, D’Carnilsa comenzó elaborando productos vinculados a las tradiciones gastronómicas latinoamericanas. Quince años después, la empresa incorpora el reparto doméstico a su actividad industrial.
Esta cita con los productos ecológicos y el consumo responsable se celebrará del 26 al 29 en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), hasta donde la marca colectiva de la institución provincial acudirá con cinco empresas de la provincia: Germina Natu ...
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
En el mapa europeo de las telecomunicaciones, la radiodifusión digital llevaba años consolidada como un estándar. Mientras países como Noruega o Suiza fijaron calendarios tempranos y la Unión Europea aprobó directivas para hacer obligatorio el DAB+ en coches nuevos , España se ha conformado con emisiones experimentales . A pesar de que la radio digital se perfilaba como el relevo de la FM, la falta de incentivos y de un marco regulatorio mantuvo el despliegue congelado . Hasta ahora : el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 958/2026 publicado en el BOE , una norma que reforma el plan de 1999 para impulsar la tecnología DAB+. Ahora bien, aunque la transición no implica cambiar la infraestructura, sí exige actualizar la codificación de la señal. Así se plantea en nuestro país. El calendario de DAB+ en España El Real Decreto, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación, sitúa a RTVE en el centro del despliegue : asumirá la explotación de la red de frecuencia múltiple MF-I con un calendario de obligado cumplimiento: Deberá alcanzar al 50% de la población a los seis meses . Subir al 70% a los 18 meses (cubriendo la mitad de las capitales de provincia, autopistas y autovías). Completar el 80% del territorio a los 30 meses, con una señal en el 70% de los municipios con más de 25.000 habitantes. Para los operadores privados , el texto fija una cuota de partida más laxa: únicamente un 20% de cobertura en el inicio. Solo cuando la cuota de DAB+ supere el 10% del consumo de la radio en España, el Ministerio para la Transformación Digital podrá ordenar una ampliación de cobertura para estas cadenas. Por su parte, las emisoras autonómicas y locales podrán adoptar el estándar de forma voluntario hasta que cada CCAA decida fijar una fecha en su territorio. Sea como sea, no se establece un apagón de la FM a corto plazo, a diferencia de lo ocurrido en el apagado de la AM motivado por costes y consumo energético. Las principales telecos de cada provincia de España, en un mapa que dice mucho de quién tiene la mejor cobertura Qué hay de nuevo con DAB+ El salto a DAB+ es importante. Mientras que el DAB (a secas) permitía alojar un máximo de seis emisoras por multiplex, la mayor tasa de compresión permite integrar en la versión 'Plus' hasta doce canales de audio sin pérdida de calidad. Además, prescinde de los característicos ruidos de fondo o pérdida de señal en movimiento: es el equivalente a la TDT en televisión . Por otro lado, el protocolo habilita la transmisión de metadatos para mostrar en la pantalla del receptor: nombres de programas, portadas de discos o detalles informativos. Y una de las adiciones más destacadas es el Sistema de Alerta Automática de Seguridad (ASA) , regulado bajo estándares europeos. Es una herramienta que permitirá a las autoridades enviar avisos de protección civil y emergencias directamente a los dispositivos compatibles. Para nosotros, los usuarios, escuchar la radio a través de DAB+ no implica estar conectados a internet. Eso sí, puede que necesitemos renovar dispositivos : que un receptor sea compatible con DAB no implica per se que lo sea con DAB+. En el lado del smartphone, fueron muy pocos los modelos compatibles y actualmente es raro ver uno que sí la acepte. Y en el coche, depende : los matriculados a partir de 2020 cuentan de fábrica con sintonizador digital. Si el tuyo es anterior o prescinde del receptor de DAB+, la alternativa pasa por adquirir adaptadores externos o bien receptores auxiliares. Cabe mencionar que el despliegue no parte desde cero, ya que varias ciudades contaban con emisoras en pruebas impulsadas por RTVE y algunos multiplex en capitales como Madrid o Barcelona. Sea como fuere, con el nuevo marco legal, esas emisiones pasarán a convertirse en un ejemplo para todo el territorio nacional. Imagen destacada | Sung Jin Cho en Unsplash En Xataka Móvil | Cómo escuchar el fútbol en la radio desde el móvil de la forma más sencilla y sin instalar nada - La noticia España acaba de aprobar el salto definitivo a la radio DAB+. La mala noticia es para tu móvil y los coches antiguos fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .
Un 30,0 % de los empleados en Castilla y León dedica más del 50 % de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca, según revela una reciente encuesta de Randstad sobre los salarios realizada a una muestra representativa de 5.700 profesionales . De manera pormenorizada, los datos reflejan que el 17,5 % de los trabajadores castellanoleoneses gasta entre un 50 % y un 65 % de su nómina en sufragar el hogar, mientras que un 12,5 % sufre una situación crítica al sobrepasar el umbral del 65 % de gasto mensual. En el extremo opuesto de la balanza financiera, únicamente un 16,4 % logra mantener este desembolso por debajo del 25 % de sus retribuciones. A partir de ahí, el informe detalla que un 38,4 % de los encuestados en la comunidad dedica entre el 25 % y el 50 % de su sueldo a este fin, quedando un 15,1 % de profesionales que prefiere no declarar su situación. Así las cosas, Castilla y León se sitúa en la séptima posición en sobreesfuerzo residencial , enclavada en una franja moderada de tensión financiera. La autonomía se ubica por detrás de territorios con una elevada presión como Canarias (que registra un 42,9 % en el balance general y un 42,7 % en la comparativa de alta tensión), Madrid (36,3 %), Castilla-La Mancha (34,7 %), Cataluña (con registros del 34,2 % y del 34,3 %), Andalucía (30,6 %) y la Comunidad Valenciana (30,1 %). Asimismo, esa proporción del 16,4 % de trabajadores de la región que afronta un gasto inferior al 25 % contrasta con la realidad de otras zonas de España que gozan de una menor presión económica, siendo el caso del País Vasco (23,2 %), Asturias (22,5 %) o Galicia (20,4 %). Ampliando la mirada al conjunto del país, casi cuatro de cada 10 trabajadores españoles destinan más de la mitad de su sueldo a pagar la vivienda, alcanzando exactamente al 37,6 % de la población activa analizada. Dentro de este grupo nacional, el 24,1 % dedica entre el 50 % y el 65 % de su nómina al hogar, en tanto que el 13,5 % destina más del 65 % de sus ingresos a cubrir este gasto básico. Por su parte, el tramo más habitual en España es el de quienes dedican entre el 25 % y el 50 % de su salario mensual, que aglutina al 42,2 % de los encuestados , mientras que solo el 20,2 % consigue mantener la factura por debajo del 25 %. Brecha de género, edad y nivel formativo El análisis del esfuerzo residencial destapa una brecha relevante en función del sexo del trabajador. De esta manera, el 36,8 % de las mujeres declara destinar más del 50 % de su salario a la vivienda, frente al 26,7 % de los hombres . Además, el desembolso alcanza un nivel crítico para el 14 % de las trabajadoras al consumir más del 65 % de su retribución, cifra que se reduce al 8,8 % en el caso masculino. Esta diferencia se detecta incluso en el tramo de menor esfuerzo económico, por debajo del 25 % del sueldo, donde la proporción de hombres (20,8 %) supera ampliamente a la de mujeres (13,5 %). Atendiendo a los tramos de edad, el mayor sobreesfuerzo recae sobre las personas de entre 25 y 44 años , una franja generacional en la que el 35,3 % de los trabajadores destina más de la mitad de su retribución a pagar el techo bajo el que vive. En el caso de los profesionales de 45 años o más, el porcentaje con un gasto superior al 50 % desciende hasta el 30,2 %, aumentando a su vez el grupo con menor carga financiera (menos del 25 % del sueldo) hasta alcanzar el 18 %. Por otro lado, el impacto del coste residencial decrece conforme aumenta la cualificación académica, toda vez que las personas con mayores niveles formativos suelen acceder a sueldos más altos. Así, los profesionales con estudios de postgrado, ya sea Máster o Doctorado , lideran la categoría de menor gasto en vivienda (inferior al 25 % del sueldo) con un 28,1 % y presentan el menor sobreesfuerzo acumulado por encima de la mitad del salario, con un 27,5 %. Sin embargo, entre los empleados que cuentan únicamente con educación obligatoria , un 34,8 % dedica más de la mitad de su nómina al hogar, y apenas un 10,3 % logra mantener ese gasto por debajo del cuarto de sus ingresos. Insatisfacción salarial y recurso al pluriempleo El estudio elaborado por Randstad demuestra también una correlación directa entre la carga financiera del hogar y la percepción que la plantilla tiene sobre su remuneración, habida cuenta de que la insatisfacción laboral no responde únicamente al importe bruto ingresado, sino a la baja capacidad adquisitiva restante tras cubrir los costes fijos residenciales. En este sentido, entre los encuestados que declaran estar "nada satisfechos" con su sueldo actual, el 54,9 % gasta más de la mitad de sus ingresos en vivienda, repartiéndose entre un 28,4 % que destina del 50 % al 65 % y un 26,5 % que supera incluso ese 65 %. Por el contrario, entre quienes se muestran "bastante satisfechos" con su salario, el 80 % destina un 50 % o menos a la vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, contando así con un mayor margen de holgura económica. Finalmente, este sobreesfuerzo económico está forzando un cambio directo en los patrones de consumo cotidianos y empujando a muchos profesionales hacia la búsqueda de ingresos extraordinarios. Entre los trabajadores que reconocen haber tenido que ajustar o recortar sus hábitos debido al coste de la vida, el 42,4 % dedica más del 50 % de su salario a la vivienda. Asimismo, el coste del hogar actúa como un claro desencadenante del pluriempleo , siendo que el 45,7 % de las personas que actualmente desempeñan más de un trabajo dedican más de la mitad de sus ingresos a cubrir el coste básico residencial.
Algunas empresas promotoras de espectáculos teatrales han movido la función prevista para el miércoles 11 de noviembre al día libre de esa semana, para evitar coincidir con el paro de ese día Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, David Uclés y más de 750 firmas apoyan la huelga del 11N: “La cultura también para” Suscríbete - Este texto forma parte del boletín de Cultura, suscríbete para recibirlo antes junto a la agenda cultural todos los viernes ¿Que hay huelga general el día 11? No pasa nada, pasamos la función al 9 y arreglado. Y habrá a quien esta táctica en el sector escénico le parezca lógico. Pero no es así: los sindicatos CGT y CNT han denunciado que es una vulneración del derecho a huelga . El Teatro Real mandó un comunicado hace más de una semana anunciado que la función de Las bodas de Fígaro coincidente con la convocatoria del 11N se adelantaba al lunes “por razones de seguridad y para prevenir posibles incidencias en la movilidad del transporte público o eventuales cortes de circulación” que afectarían al público, artistas y trabajadores. “Con esta medida, el Teatro Real quiere garantizar y compaginar el derecho a la huelga de la plantilla con el compromiso con el público”, añade el comunicado. Pero es radicalmente lo contrario: si la empresa te da el día libre porque hay una huelga, te está impidiendo ejercer tu derecho a huelga, razonan los sindicatos. Y luego, esto ya es otro tema sobre el que también podemos pensar, habría que evaluar qué significa el compromiso con el público y desde qué punto de vista se entiende. Se me ocurren dos maneras de mirarlo. Desde un punto de vista ético, el compromiso con el público significa tratarle como un igual, ser honesto, transparente con las estructuras, devolverle, a cambio del precio pagado por su entrada, el mejor acto artístico que pueda tener lugar en esas condiciones. Desde un punto de vista comercial, el compromiso con el público significa vender entradas, siempre, a cualquier precio, a cualquier coste. Igual esto se queda corto para la gran complejidad del verbo comprometer. El Teatro Real, acaban de anunciar los sindicatos, va a recibir una protesta a sus puertas el lunes , justo a la hora de la representación movida de fecha. El lunes ya no es el día de descanso Esto ocurre en muchos otros sitios. En el Auditorio Nacional, el gran templo madrileño de la música clásica que depende del Ministerio de Cultura, ese día acoge programación externa, realizada por promotores privados. Estaba previsto así desde antes. Cultura ha dicho que no cancelará o aplazará ninguna función programada ese día, pero al haber alquilado el espacio se ve aquí sujeto a contratos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid y la Filarmónica Checa. (Hemos preguntado por las consecuencias de esto: si los promotores cancelan, el INAEM les penalizará, entre otras cosas, con no poder alquilar el Auditorio en tres años. Si finalmente no se realizan estas funciones por huelga de trabajadores del INAEM o de los promotores, el Ministerio les guardará la tasa de alquiler para otro día). Que sepamos, la única empresa que ha rectificado tras las denuncias de los representantes de los trabajadores es la compañía de producción de musicales Stage Entertainment, que tiene un importante peso en la capital. La promotora de El rey león y El alma al aire , que también había movido funciones para despejar el 11N, finalmente decidió que no habría función ni un día ni otro, pero además haciendo constar el 11 de noviembre como día laborable . Es decir, se pueden hacer las cosas bien si se quiere. Los sindicatos señalaron la misma mala práctica en las funciones de Six, Un Dios salvaje o Victoria (Grupo Smedia) o en Los miserables (ATG Entertainment), que ha cambiado la función del día 11 al 8. Aquí Laura García Higueras cuenta qué otros espectáculos de Madrid han reubicado los pases previstos en el día de huelga. Y en Barcelona, se ha denunciado a la Inspección de Trabajo al Liceu, por el traslado al 12 de noviembre de la representación de la ópera I Capuleti e i Montecchi, inicialmente prevista para el día de la huelga, y ha anunciado también la reprogramación de la función escolar de Trencanous-jazz que debía celebrarse aquella mañana. El compromiso entre público y artistas del que hablábamos antes es bidireccional, así que los espectadores también tienen alguna responsabilidad. Como señala medio centenar de organizaciones, entre ellas Facua, Justicia Alimentaria o Ecologistas en Acción, esta es también una huelga de consumo . Por ello, además de parar la producción como trabajadores, los consumidores pueden no demandar, ya que toda acción de consumo conlleva una necesidad de producción al otro lado. La ciudadanía se va a movilizar por el derecho a la vivienda y la vida digna quedándose quieta durante 24 horas la semana que viene, una estrategia de la clase trabajadora que por supuesto apela también al sector cultural. Con el lema “La cultura también para”, el sector ha presentado este viernes un manifiesto en el que aporta razones para la huelga que no son solo el derecho a la vivienda estable, sino también el respeto al derecho de huelga y a los derechos sindicales en las instituciones culturales. Además, señalan otras reivindicaciones más concretas como un régimen de autónomos y una fiscalidad adaptados a ingresos intermitentes y retomar las reformas legislativas paradas, con la Ley del Cine, bloqueada en 2023 y otra vez en 2026 con el abrupto fin de la legislatura.
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
Las compañías IGNIS y REBI han firmado este jueves en Madrid un memorando de entendimiento con el propósito de explorar nuevas oportunidades para el desarrollo de redes de calor vinculadas a los centros de datos . A través de esta colaboración, ambas firmas buscan recuperar la energía térmica que generan estas infraestructuras tecnológicas durante su funcionamiento habitual para destinarla al abastecimiento de edificios residenciales, instalaciones del sector terciario y diversos procesos industriales. El acuerdo suscrito conjuga la experiencia en gestión energética de la primera firma con la especialización de la empresa de origen soriano en el diseño y la operación de sistemas térmicos urbanos. De este modo, los equipos técnicos trabajarán de manera conjunta en la identificación de soluciones para la cartera de proyectos que IGNIS impulsa actualmente junto a operadores especializados, habida cuenta de la necesidad de integrar sus exigencias de refrigeración con mecanismos capaces de captar y distribuir la temperatura sobrante. Esta iniciativa permitirá estudiar a fondo cómo transformar una energía que habitualmente se disipa en la atmósfera en un recurso útil para el territorio circundante. El funcionamiento técnico del sistema parte del suministro de electricidad renovable para garantizar la operación digital del centro de procesamiento, cuyas máquinas generan un excedente térmico constante que es captado mediante los equipos de climatización aportados por REBI . Una vez recogido ese calor residual , el circuito emplea una bomba de calor encargada de elevar y adaptar la energía recuperada para su posterior aprovechamiento. Tras ello, este caudal energético ya transformado en calor útil se inyecta directamente en la red de distribución, permitiendo que el recurso llegue en condiciones óptimas hasta las viviendas, los edificios de servicios y las plantas fabriles conectadas al sistema. Impacto en las comunidades locales En un contexto marcado por la creciente digitalización de la economía, el aprovechamiento de este excedente energético permite avanzar en la descarbonización del consumo térmico al sustituir otras fuentes tradicionales de generación. Según han explicado desde ambas corporaciones, este enfoque reduce la huella de emisiones y favorece una mayor integración de las infraestructuras digitales en las comunidades donde se asientan, toda vez que el entorno cercano se beneficia directamente de la actividad tecnológica. A este respecto, el responsable de proyectos de IGNIS , Manuel González Ortega , ha subrayado el compromiso de su organización con el impulso de iniciativas que generen un impacto positivo y duradero en el territorio donde se ubican. El directivo ha manifestado que la compañía busca construir relaciones a largo plazo mediante la identificación de sinergias que aporten un valor añadido real tanto a sus propias instalaciones como a los municipios con los que colaboran habitualmente. Por su parte, el director general de REBI , Emilio López Carmona , ha valorado que esta alianza ofrece al sector tecnológico una solución de enfriamiento eficiente y económica que, de manera simultánea, convierte un subproducto en energía útil para el ámbito doméstico e industrial. Según ha referido el máximo responsable ejecutivo de la firma térmica, la suma de capacidades de los dos socios aborda con solvencia el reto ambiental que supone refrigerar estos grandes complejos informáticos, proporcionando una alternativa sostenible para la calefacción urbana. Trayectoria de los socios Cabe señalar que este paso estratégico se enmarca en la nueva etapa de crecimiento que REBI inició el pasado verano con el respaldo financiero de RIVE Private Investment para acelerar su expansión en España. Fundada en el año 2007, la empresa de servicios energéticos gestiona en la actualidad seis redes urbanas de calor renovable en el país y desarrolla proyectos basados en biomasa, energía solar híbrida y almacenamiento térmico para sustituir el uso de combustibles fósiles. Su nuevo socio en esta aventura empresarial, constituido en 2015 como un grupo energético verticalmente integrado, cuenta hoy en día con más de un gigavatio de plantas de generación propias operativas o en fase de construcción. Asimismo, IGNIS gestiona una cartera global de 10 gigavatios en activos propios y de terceros que abarcan tecnologías renovables, hidráulicas y térmicas, incluyendo la operación de la primera batería gestionada por un agente independiente en el mercado eléctrico español.
