La compañía da luz verde definitiva a la construcción de un nuevo electrolizador de hidrógeno verde de 150 MW y anuncia la creación de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos
No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición El pasado 30 de mayo de 2026, en la Córdoba de la República Argentina, fue encontrado el cuerpo desmembrado de la adolescente Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad. Se trataba de un nuevo caso de feminicidio, una de las cerca de 150 niñas y mujeres asesinadas hasta agosto, según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, que, precisamente, había denunciado el “escenario de desprotección” que había supuesto el vaciamiento de programas contra la violencia de género promovido por el gobierno del presidente Javier Milei . El asesinato de la joven Agostina impactó de manera especial en el país. En las principales ciudades se convocaron marchas, empezando por Córdoba. La del 3 de junio en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, fue multitudinaria. Una de las pancartas llamó mi atención por el nombre de la asociación que la portaba: “Trece Rosas”. Cuando me acerqué a preguntar por el mismo a las jóvenes que la sostenían, me respondieron sin dudar: “Obvio que sabemos quiénes fueron las Trece Rosas. Eran comunistas. Lucharon contra Franco”. En seguida me vino a la cabeza una de las primeras veces que oí hablar de ellas. Fue a la altura de 2001, un cuarto de siglo atrás, cuando escuché de los labios de Josefina Amalia Villa, antigua presa de la superpoblada cárcel de Ventas de la posguerra, el relato de la saca de tres de las Trece Rosas en la madrugada del 5 de agosto de 1939: Martina Barroso, Anita López Gallego y Victoria Muñoz. Jose Amalia había estado con ellas en la misma sala de menores de la cárcel, y de aquella noche, entre otros muchos recuerdos, había atesorado este recuerdo concreto: “Se vistieron ayudadas por las demás, nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó con voz serena, un poco baja: '¿Llevo las medias derechas?'. Le dijimos que sí, pero, ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. Qué horrible mezcla de gritos y de silencio” . Imaginar el largo viaje que había trazado en el tiempo aquel recuerdo, de Madrid a Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia, es algo que me produjo una sensación de vértigo. Cuando Josefina Amalia me concedió aquella entrevista, los recuerdos que sobre las Trece Rosas habían conservado sus antiguas compañeras de prisión, como ella, las testigos directos de la saca, todavía no se habían convertido en “memoria cultural”, pero estaban a punto de recorrer esa nueva etapa de su largo camino. Justo al año siguiente, Dulce Chacón publicó una novela -'La voz dormida'- sobre la primera generación de presas del franquismo que conocería múltiples ediciones, y cuya aparición coincidió con la publicación de 'Las trece rosas', de Jesús Ferrero. Y es que, comenzando el siglo, el interés de la “generación de los nietos” por conocer el pasado traumático de la dictadura, lo ocurrido con los vencidos y vencidas de la Guerra Civil, tuvo su expresión en la producción y circulación de productos culturales diversos sobre aquel episodio en concreto, desde documentales como 'Que mi nombre no se borre de la historia' (Vigil y Almela, 2006) hasta películas como 'Las Trece Rosas', de Martínez-Lázaro, de 2007, basada por cierto en otro libro -reportaje histórico bien documentado- publicado el año anterior por el periodista Carlos Fonseca. Todavía seguirían más libros y películas -como 'La voz dormida', de Zambrano, en 2011- y obras de teatro, con lo que andando el tiempo y traspasando fronteras, el propio tratamiento del episodio histórico se convirtió en una suerte de topos de los estudios culturales, en el marco del desarrollo de un feminismo de tercera o incluso cuarta ola. El último eslabón de esta larga cadena es precisamente una ópera, la primera sobre el tema histórico: 'Las Trece Rosas Rojas', como producción del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que se estrenará este 25 de noviembre. Dos memorias Lo sucedido hasta la fecha, con esa producción de “memoria cultural” acelerada a lo largo de estas dos últimas dos décadas, podría hacer creer que el episodio histórico de aquel asesinato estuvo destinado a popularizarse desde un principio, como una suerte de justicia poética. No fue así en absoluto. En realidad dio pie a dos tipos de memorias que, en las difíciles condiciones de la dictadura, siguieron caminos más bien distintos. Con algo de retraso, a partir de 1946, las publicaciones del exilio comunista elaboraron una memoria de carácter escrito fuertemente estereotipada, parca en detalles y politizada, según la fórmula del “mártir político” de lejanas resonancias religiosas. Publicaciones como 'Mujeres Antifascistas' (1946-1950), primero en Francia y luego en México, repitieron la fórmula de las rosas como mártires de la fe (política) a partir de las exiguas noticias de mujeres fugadas de la cárcel franquista como Mercedes Núñez o Adelaida Abarca, al objeto de denunciar la dictadura y provocar la movilización política. La segunda memoria, en cambio, fue esencialmente oral y se elaboró en el interior del país y desde el minuto uno: la tejida -como si se tratara de un tapiz de voces- por las propias compañeras de las Trece Rosas en la prisión madrileña de Ventas y sus familiares. Fue una memoria oral, colectiva y esencialmente subterránea, elaborada y conservada en el mismo centro del ecosistema represivo del franquismo, que, frente a la memoria del exilio, se caracterizó por la precisión y “visualidad” de sus recuerdos -como el de Josefina Amalia sobre Anita López Gallego- así como por su voluntad de credibilidad. Testigos supervivientes como Josefina Amalia Villa, Antonia García Alonso o Mari Carmen Cuesta se empeñaron en la consignación escrupulosa del dato concreto, del detalle vivido, y lo repitieron, se lo recontaron a sí mismas y a quienes quisieran escucharlas con el afán de ser creídas, de combatir la incredulidad de los demás; “creedme porque yo viví esto, yo estuve aquí, esto ocurrió realmente”. De alguna manera quisieron cumplir con aquel mandato moral de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, en la carta de despedida a su familia, milagrosamente conservada: “que mi nombre no se borre en la historia”. Eso y no otra cosa es el tan debatido término de “memoria histórica”, como relato de sucesos que nunca o con muchas dificultades -durante el franquismo y la Transición- llegaron a ser públicamente reconocidos, validados como “verdad histórica” al modo de las expuestos en los estudios académicos o los libros de texto. No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición. Quizá la imagen más gráfica de ello sea la que aportó a la altura de los años ochenta una de las compañeras de las Trece Rosas, Mari Carmen Cuesta, citando el filme 'Fahrenheit 451', de Truffaut. Mari Carmen se vio entonces a sí misma y a sus compañeras supervivientes como aquellos “hombres-libro” que, refugiados en los bosques, memorizaban fielmente las obras de la literatura universal que estaban siendo quemadas por el régimen opresor, con la esperanza de que algún día pudieran editarse de nuevo: “(…) Yo cuando vi esta película me causó un impacto tremendo porque pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película, guardábamos también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia, de esa historia que fue la época más larga, más negra y más brutal de nuestro país: la historia del fascismo” . Justamente por entonces, ese momento que tanto esperaba Mari Carmen ya estaba empezando a llegar gracias a la feliz coincidencia de dos factores. El primero fue la emergencia de una conciencia femenina entre las propias militantes antifranquistas -las supervivientes de la primera generación de presas políticas- sobre la importancia de su propia historia, todo ello en el contexto del feminismo de segunda ola de los años sesenta y setenta, que dio como resultado los primeros “textos memorialísticos” de Juana Doña (1978), Ángeles García-Madrid y Tomasa Cuevas (1982). El segundo factor no fue otro que el concurso de investigadoras de esta misma ola feminista -Giuliana di Febo, Fernanda Romeu, Shirley Mangini- que hicieron de “solicitadoras de testimonios” -al decir del sociólogo Michel Pollak-, con trabajos que en buena medida coincidieron con los de las militantes políticas de la generación siguiente -Carmen Alcalde, Lidia Falcón- tanto en libros como en revistas ( Vindicación Feminista , Poder y Libertad ). No podemos dejar de citar también aquí el importante reportaje del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón de 1986, en la revista Historia 16, que hizo de solicitador de testimonios, cartas y fotografías no solamente de compañeras de las Trece Rosas, sino también de familiares suyos. El otro largo viaje de la documentación oficial El camino, pues, fue difícil: nada estuvo garantizado, y la construcción del relato propiamente histórico, a partir no solo de las voces, sino de los documentos, tampoco lo tuvo fácil. Cuesta creerlo, pero solo en los años noventa se abrió el acceso a la documentación oficial de la represión franquista: los sumarios judiciales de los archivos militares y la documentación penitenciaria. A principios de esa década fueron abiertos al público los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, depositados por aquel entonces en el gobierno militar de la capital. En condiciones muy difíciles, los historiadores Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend pudieron, tras la consulta del sumario 30.426, publicar por primera vez la lista de los nombres y apellidos exactos de las Trece Rosas en 1993, como parte de una investigación patrocinada por la Fraternidad de Militares por la República sobre el número de personas ejecutadas en el Madrid de la posguerra (1939-1944), que vería la luz en 1997. Los autores averiguaron asimismo por la documentación consultada que las trece rosas habrían debido ser catorce. Antonia Torre Yela se libró aquella noche del fusilamiento porque equivocadamente fue consignada como “Antonio Torres Llera”: la posteriormente denominada “rosa número catorce” sería ejecutada el 19 de febrero de 1940 . Algo después, el examen de otra documentación también muy tardíamente abierta al público, los expedientes de cárcel depositados por entonces en el archivo del centro de inserción “Victoria Kent”, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, permitió precisar asimismo nombres, fechas y demás detalles . Solo entonces se supo, por ejemplo, la edad exacta que tenían en el momento de su detención. De las trece, las menores de 23 años -el umbral de la edad legal, que no penal, que se cifraba en los 16- fueron nueve: Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olalla, Virtudes González García, Anita López Gallego, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Por lo demás, solo en 2018 pudo aquilatarse con mayor precisión el número exacto del total de personas ejecutadas en la capital durante el periodo 1939-1944, gracias al estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid que permitió el acceso a los libros de enterramiento y órdenes de inhumación de la Necrópolis del Este. Habían pasado casi ochenta años de los asesinatos masivos cometidos durante el periodo 1939-1944 en las cercanías del cementerio del Este, y ni siquiera entonces -en 2019- el nuevo ayuntamiento del Partido Popular de la capital permitió la colocación de los 2.936 nombres en el monumento previsto. Como dato curioso, aproximadamente en 2004 todos aquellos expedientes penitenciarios -los de las cárceles de Madrid- fueron catalogados y pasaron a depender directamente de un archivo de carácter “no público” -el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)-, donde merced a una instrucción especial de 12 de julio de 2006, tanto su consulta como su reproducción se vieron a partir de entonces seriamente limitados, con nombres anonimizados, como tuvimos ocasión de explicar hace algún tiempo en otro lugar . Como resultado, la propia investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se vio y continúa viéndose gravemente frenada. Este mismo diario publicó en abril de este año un artículo de denuncia de la situación del AGMI firmado por el catedrático emérito Ángel Viñas y suscrito por prestigiosos profesionales nacionales e internacionales como Paul Preston y Carme Molinero. Poco después se hizo pública una carta abierta al ministro Fernando Grande-Marlaska firmada por la Asociación de Historia Contemporánea y 501 investigadores y docentes, reclamando la retirada de dicha instrucción especial y la transferencia de la documentación histórica del AGMI a los archivos pertinentes en condiciones de consulta equiparables al resto de los archivos estatales. Hasta la fecha, y contraviniendo disposiciones nacionales como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, relativa al “derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados” sobre la Guerra Civil y la represión franquista, el ministro Grande-Marlaska ha venido negando públicamente, contra viento y marea, que existan este tipo de restricciones. Visto lo visto, ¿ha servido tanta denuncia para algo? Parece ser que sí. Casualmente, y sin ninguna alharaca, el AGMI lleva ya unos meses ejecutando la transferencia de numerosas cajas de documentación al Archivo General de la Administración: entre otras, cerca de un millar de cajas procedentes del antiguo centro de inserción de Victoria Kent, las mismas que contenían los expedientes de todas las prisiones madrileñas, incluidos los de las Trece Rosas, y que hace más de un cuarto de siglo pudieron ser consultadas -por quien esto escribe- sin tachaduras ni censuras. Largo y complicado viaje también este, el de la documentación oficial… casi tanto como el de aquel lejano recuerdo que, nacido en la cárcel madrileña de Ventas del año 1939, continúa resonando hoy día. A través de fronteras y de océanos, en puentes invisibles que vinculan a Madrid con Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia. En libros, ensayos, novelas, documentales, dramaturgias, largometrajes.. y esta vez, en este año de 2026, también con música de ópera.
8 noticias
Desde hace unos meses, Digi está ofreciendo el cambio de router a un modelo más actualizado a cierto grupo de clientes. Concretamente, los usuarios con Fibra SMART de 1 Gbps, 750 Mbps o 10 Gbps, que todavía tengan el modelo antiguo, podrán solicitar la renovación. El coste es de 30 euros para quienes opten por la autoinstalación y de 60 euros para quienes necesiten la visita de un técnico, unas cifras sustancialmente más económicas que las que ofrece la competencia para sus acciones similares. Sin embargo, hay que tener en cuenta la letra pequeña de este cambio y es que no puedes pedir el nuevo router solo para guardarlo en el armario . Si no instalas el router, tendrás que devolverlo En el ‘Detalle de tarifas de Digi’ ha aparecido una nueva cláusula relativa al router WiFi 7 que se está ofreciendo a los usuarios que quieran actualizar a él. La compañía ha detectado que algunos clientes piden el equipo pero nunca llegan a instalarlo, a pesar de haber pagado 30 euros por él. En Xataka Móvil Digi ya no puede competir más en precio. Ahora necesita ampliar sus servicios y le ha llegado el turno al roaming En Xataka Móvil Digi ya no puede competir más en precio. Ahora necesita ampliar sus servicios y le ha llegado el turno al roaming Para evitar que su parque de dispositivos de conectividad se quede cogiendo polvo en un armario y sin usar, en este documento se recoge una importante condición que debes conocer. Así, el operador rumano explica que “en caso de autoinstalación, el Cliente contará con un plazo de treinta (30) días para realizar dicha autoinstalación, una vez transcurrido dicho plazo el proceso se cancelará, debiendo proceder el Cliente a la devolución del Equipo en el plazo de treinta (30) días. De no cumplir el Cliente esta obligación, DIGI se reserva el derecho a exigirle la compensación por los Equipos prevista en este documento”. Es decir, si la compañía detecta en el plazo de un mes natural desde que recibes el router que no lo has instalado, cancelará la operación y tendrás que devolverlo para evitar la multa. Otros casos en los que tendrás que devolver el equipo Estas compensaciones también aparecen recogidas en sus condiciones del servicio y, como ya vimos , también te las pueden exigir cuando causes baja en la compañía . En el caso de Digi, la compañía recuerda que “se reserva el derecho a exigir al Cliente una compensación de 50 € por los Equipos (en el caso de los Equipos entregados para Fibra PRO-DIGI 10 Gb, este importe de compensación será de 150 €)” Es algo habitual que ocurre en (casi) todos los casos: una vez que pides la baja del servicio de fibra, te exigen proceder a la devolución de los equipos, incluso si has pagado algo por ellos o si ya has completado la permanencia, así que recuerda siempre guardarlos en buen estado para evitar una posible penalización, incluso si has estado usando un router neutro. En Xataka Móvil | El chollo de Digi se desinfla: su modelo "low cost" se pone a prueba al cobrar lo que antes era gratis En Xataka Móvil | El salto de Digi al WiFi 7 arrastra su mayor asignatura pendiente: la desigualdad entre clientes - La noticia Atente a las consecuencias: Digi se ha cansado de que los clientes pidan el router WiFi 7 y no lo instalen fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Noelia Hontoria .
A pocos días del juicio de apelación por agresiones sexuales contra Gérard Depardieu, Mediapart revela un nuevo caso que hace añicos la defensa del famoso actor. El actor de 77 años, acusado desde 2018 de agresiones sexuales por parte de veintidós mujeres , imputado por violaciones y condenado por agresiones sexuales a dos mujeres (ha presentado recurso de apelación), siempre se ha defendido con un argumento: sí, puede que haga comentarios groseros y pueriles, pero no, nunca ha tocado a una mujer sin su consentimiento. Pero unas imágenes y unos testimonios inéditos demuestran lo contrario. Se tomaron durante el rodaje de la película Turf (2013), dirigida por Fabien Onteniente. Y, en concreto, a una escena rodada el 2 de noviembre de 2011 en el hipódromo de Auteuil, junto a 150 figurantes. En las imágenes que revela Le Média y cuya autenticidad ha podido verificar Mediapart , se ve a Gérard Depardieu tocando, de forma repetida e insistente, el muslo, la entrepierna y las nalgas de una figurante , mientras esta intenta, en vano, apartar su mano. Mediapart ha localizado a esta figurante, Olivia, que testifica por primera vez a cara descubierta. Por aquel entonces, era estudiante y tenía 22 años. Ante nuestra cámara, cuenta cómo el actor, situado a su lado durante esa escena, no dejó de tocarla: “Me puso la mano en las nalgas. En las dos. Durante mucho tiempo. [...] Intentó varias veces toquetear lo que realmente se puede llamar la entrepierna”, relata, afirmando también que él “metió la mano en el escote”, tocándole “el pecho en varias ocasiones”. Dice que intentó “por todos los medios apartarle” la mano, pero “volvió a hacerlo por detrás” . Confiesa haberse sentido “agredida”, ya que “[sus] bragas ya no bastaban para [protegerla]”. Considera que sufrió una ”agresión”. Esos gestos del actor no figuran en el guion de la película, al que hemos tenido acceso. Solo una persona intervino en el plató: la directora de casting, Fany Touya-Calmon , que también testifica por primera vez ante las cámaras de Mediapart . Afirma que tuvo que “reubicar a las figurantes” y “calcular [la] longitud del brazo” de Depardieu “para que no pudiera tocarlas”. Afirma haber tenido que “agacharse” a los pies del actor para “permanecer allí durante todas las tomas que [siguieron]”. Su testimonio lo confirman a Mediapart dos miembros de su equipo, así como Olivia. La directora de casting dice que advirtió tanto al director de producción como al director, Fabien Onteniente. Afirma que la producción habría decidido no hacer nada, restando importancia a los hechos, y que el director, por el contrario, “actuó” al ir a hablar con Depardieu “al final de la jornada”. Esto es lo que Fabien Onteniente confirmó a Mediapart durante nuestra primera investigación, en 2023. Nos aseguró que la figurante había ido a verle “llorando” y que él había ido a “regañar” a Depardieu en estos términos: “No vuelvas a hacer eso. Se acabó, no quiero que me des problemas con todas tus gilipolleces, ¡compórtate! […] ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La cámara estaba en contrapicado, se ve lo que haces, ¿te das cuenta de la imagen que das?” Según él, el actor se mostró “avergonzado" y dijo que había “actuado como un niño que ha hecho una tontería”. Al ser contactados, los productores de Turf —Chez Wam, la productora de Alain Chabat, y Pathé— así como el director de producción, Bruno Vatin, no respondieron. En 2023, Vatin nos había indicado que no tenía “ningún recuerdo de ese suceso”. “Para mí fue un rodaje caótico; dada la cantidad de problemas que tuve que gestionar, es posible que la memoria me falle”, nos había dicho. Según varios testimonios que Mediapart ha recopilado, durante el montaje de la película resultó difícil encontrar imágenes utilizables de esa secuencia . “En tres o cuatro tomas, la figurante ponía una cara horrible, tenía muy mal aspecto, se le movía la falda”, relató una miembro del equipo de posproducción. “Me costó mucho encontrar una toma en la que la figurante no se apartara de Depardieu”, explicó otra. A pesar de haber contactado en varias ocasiones con Gérard Depardieu a través de sus abogados, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no nos ha respondido. El actor, que ya había sido interrogado por Mediapart en 2023 sobre acusaciones de agresiones sexuales durante once rodajes —entre ellos Turf—, había hecho saber, a través de su abogado de entonces, que “negaba todas las acusaciones susceptibles de ser un ilícito penal”. Nuestra revelación llega en un momento clave para Gérard Depardieu. El 16 de noviembre comienza el juicio de apelación del actor en el caso de la película Les Volets verts, que había sacado a la luz Mediapart . En 2025, el actor fue condenado por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de dicha película, en 2021. Él niega los hechos y ha presentado un recurso. En otro caso —las acusaciones de violación presentadas por la actriz Charlotte Arnould, por las que está imputado—, el 26 de noviembre se sabrá si Gérard Depardieu será juzgado por el Tribunal Penal de París . En septiembre de 2025, la jueza de instrucción encargada del caso ordenó que se celebrara un juicio por violaciones . Pero el actor recurrió esa decisión y ahora le corresponde pronunciarse a la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París. Gérard Depardieu, que goza de la presunción de inocencia, siempre ha negado todas las acusaciones que se le imputan . En un artículo de opinión publicado en Le Figaro en 2023, el actor afirmó que “nunca, jamás, había abusado de una mujer”, y que “hacer daño a una mujer sería como dar patadas en el vientre a [su] propia madre”. En marzo de 2025, durante su juicio , negó rotundamente cualquier agresión sexual. “A mis 76 años y con 150 kilos, no me voy a entretener tocando el trasero a nadie. No soy Émile Louis”, había declarado, en referencia al asesino y violador en serie de Yonne. “No veo por qué me iba a entretener manoseando a una mujer, el trasero o los pechos; no soy un sobón del metro”. Traducción de Miguel López
No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición El pasado 30 de mayo de 2026, en la Córdoba de la República Argentina, fue encontrado el cuerpo desmembrado de la adolescente Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad. Se trataba de un nuevo caso de feminicidio, una de las cerca de 150 niñas y mujeres asesinadas hasta agosto, según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, que, precisamente, había denunciado el “escenario de desprotección” que había supuesto el vaciamiento de programas contra la violencia de género promovido por el gobierno del presidente Javier Milei . El asesinato de la joven Agostina impactó de manera especial en el país. En las principales ciudades se convocaron marchas, empezando por Córdoba. La del 3 de junio en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, fue multitudinaria. Una de las pancartas llamó mi atención por el nombre de la asociación que la portaba: “Trece Rosas”. Cuando me acerqué a preguntar por el mismo a las jóvenes que la sostenían, me respondieron sin dudar: “Obvio que sabemos quiénes fueron las Trece Rosas. Eran comunistas. Lucharon contra Franco”. En seguida me vino a la cabeza una de las primeras veces que oí hablar de ellas. Fue a la altura de 2001, un cuarto de siglo atrás, cuando escuché de los labios de Josefina Amalia Villa, antigua presa de la superpoblada cárcel de Ventas de la posguerra, el relato de la saca de tres de las Trece Rosas en la madrugada del 5 de agosto de 1939: Martina Barroso, Anita López Gallego y Victoria Muñoz. Jose Amalia había estado con ellas en la misma sala de menores de la cárcel, y de aquella noche, entre otros muchos recuerdos, había atesorado este recuerdo concreto: “Se vistieron ayudadas por las demás, nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó con voz serena, un poco baja: '¿Llevo las medias derechas?'. Le dijimos que sí, pero, ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. Qué horrible mezcla de gritos y de silencio” . Imaginar el largo viaje que había trazado en el tiempo aquel recuerdo, de Madrid a Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia, es algo que me produjo una sensación de vértigo. Cuando Josefina Amalia me concedió aquella entrevista, los recuerdos que sobre las Trece Rosas habían conservado sus antiguas compañeras de prisión, como ella, las testigos directos de la saca, todavía no se habían convertido en “memoria cultural”, pero estaban a punto de recorrer esa nueva etapa de su largo camino. Justo al año siguiente, Dulce Chacón publicó una novela -'La voz dormida'- sobre la primera generación de presas del franquismo que conocería múltiples ediciones, y cuya aparición coincidió con la publicación de 'Las trece rosas', de Jesús Ferrero. Y es que, comenzando el siglo, el interés de la “generación de los nietos” por conocer el pasado traumático de la dictadura, lo ocurrido con los vencidos y vencidas de la Guerra Civil, tuvo su expresión en la producción y circulación de productos culturales diversos sobre aquel episodio en concreto, desde documentales como 'Que mi nombre no se borre de la historia' (Vigil y Almela, 2006) hasta películas como 'Las Trece Rosas', de Martínez-Lázaro, de 2007, basada por cierto en otro libro -reportaje histórico bien documentado- publicado el año anterior por el periodista Carlos Fonseca. Todavía seguirían más libros y películas -como 'La voz dormida', de Zambrano, en 2011- y obras de teatro, con lo que andando el tiempo y traspasando fronteras, el propio tratamiento del episodio histórico se convirtió en una suerte de topos de los estudios culturales, en el marco del desarrollo de un feminismo de tercera o incluso cuarta ola. El último eslabón de esta larga cadena es precisamente una ópera, la primera sobre el tema histórico: 'Las Trece Rosas Rojas', como producción del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que se estrenará este 25 de noviembre. Dos memorias Lo sucedido hasta la fecha, con esa producción de “memoria cultural” acelerada a lo largo de estas dos últimas dos décadas, podría hacer creer que el episodio histórico de aquel asesinato estuvo destinado a popularizarse desde un principio, como una suerte de justicia poética. No fue así en absoluto. En realidad dio pie a dos tipos de memorias que, en las difíciles condiciones de la dictadura, siguieron caminos más bien distintos. Con algo de retraso, a partir de 1946, las publicaciones del exilio comunista elaboraron una memoria de carácter escrito fuertemente estereotipada, parca en detalles y politizada, según la fórmula del “mártir político” de lejanas resonancias religiosas. Publicaciones como 'Mujeres Antifascistas' (1946-1950), primero en Francia y luego en México, repitieron la fórmula de las rosas como mártires de la fe (política) a partir de las exiguas noticias de mujeres fugadas de la cárcel franquista como Mercedes Núñez o Adelaida Abarca, al objeto de denunciar la dictadura y provocar la movilización política. La segunda memoria, en cambio, fue esencialmente oral y se elaboró en el interior del país y desde el minuto uno: la tejida -como si se tratara de un tapiz de voces- por las propias compañeras de las Trece Rosas en la prisión madrileña de Ventas y sus familiares. Fue una memoria oral, colectiva y esencialmente subterránea, elaborada y conservada en el mismo centro del ecosistema represivo del franquismo, que, frente a la memoria del exilio, se caracterizó por la precisión y “visualidad” de sus recuerdos -como el de Josefina Amalia sobre Anita López Gallego- así como por su voluntad de credibilidad. Testigos supervivientes como Josefina Amalia Villa, Antonia García Alonso o Mari Carmen Cuesta se empeñaron en la consignación escrupulosa del dato concreto, del detalle vivido, y lo repitieron, se lo recontaron a sí mismas y a quienes quisieran escucharlas con el afán de ser creídas, de combatir la incredulidad de los demás; “creedme porque yo viví esto, yo estuve aquí, esto ocurrió realmente”. De alguna manera quisieron cumplir con aquel mandato moral de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, en la carta de despedida a su familia, milagrosamente conservada: “que mi nombre no se borre en la historia”. Eso y no otra cosa es el tan debatido término de “memoria histórica”, como relato de sucesos que nunca o con muchas dificultades -durante el franquismo y la Transición- llegaron a ser públicamente reconocidos, validados como “verdad histórica” al modo de las expuestos en los estudios académicos o los libros de texto. No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición. Quizá la imagen más gráfica de ello sea la que aportó a la altura de los años ochenta una de las compañeras de las Trece Rosas, Mari Carmen Cuesta, citando el filme 'Fahrenheit 451', de Truffaut. Mari Carmen se vio entonces a sí misma y a sus compañeras supervivientes como aquellos “hombres-libro” que, refugiados en los bosques, memorizaban fielmente las obras de la literatura universal que estaban siendo quemadas por el régimen opresor, con la esperanza de que algún día pudieran editarse de nuevo: “(…) Yo cuando vi esta película me causó un impacto tremendo porque pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película, guardábamos también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia, de esa historia que fue la época más larga, más negra y más brutal de nuestro país: la historia del fascismo” . Justamente por entonces, ese momento que tanto esperaba Mari Carmen ya estaba empezando a llegar gracias a la feliz coincidencia de dos factores. El primero fue la emergencia de una conciencia femenina entre las propias militantes antifranquistas -las supervivientes de la primera generación de presas políticas- sobre la importancia de su propia historia, todo ello en el contexto del feminismo de segunda ola de los años sesenta y setenta, que dio como resultado los primeros “textos memorialísticos” de Juana Doña (1978), Ángeles García-Madrid y Tomasa Cuevas (1982). El segundo factor no fue otro que el concurso de investigadoras de esta misma ola feminista -Giuliana di Febo, Fernanda Romeu, Shirley Mangini- que hicieron de “solicitadoras de testimonios” -al decir del sociólogo Michel Pollak-, con trabajos que en buena medida coincidieron con los de las militantes políticas de la generación siguiente -Carmen Alcalde, Lidia Falcón- tanto en libros como en revistas ( Vindicación Feminista , Poder y Libertad ). No podemos dejar de citar también aquí el importante reportaje del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón de 1986, en la revista Historia 16, que hizo de solicitador de testimonios, cartas y fotografías no solamente de compañeras de las Trece Rosas, sino también de familiares suyos. El otro largo viaje de la documentación oficial El camino, pues, fue difícil: nada estuvo garantizado, y la construcción del relato propiamente histórico, a partir no solo de las voces, sino de los documentos, tampoco lo tuvo fácil. Cuesta creerlo, pero solo en los años noventa se abrió el acceso a la documentación oficial de la represión franquista: los sumarios judiciales de los archivos militares y la documentación penitenciaria. A principios de esa década fueron abiertos al público los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, depositados por aquel entonces en el gobierno militar de la capital. En condiciones muy difíciles, los historiadores Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend pudieron, tras la consulta del sumario 30.426, publicar por primera vez la lista de los nombres y apellidos exactos de las Trece Rosas en 1993, como parte de una investigación patrocinada por la Fraternidad de Militares por la República sobre el número de personas ejecutadas en el Madrid de la posguerra (1939-1944), que vería la luz en 1997. Los autores averiguaron asimismo por la documentación consultada que las trece rosas habrían debido ser catorce. Antonia Torre Yela se libró aquella noche del fusilamiento porque equivocadamente fue consignada como “Antonio Torres Llera”: la posteriormente denominada “rosa número catorce” sería ejecutada el 19 de febrero de 1940 . Algo después, el examen de otra documentación también muy tardíamente abierta al público, los expedientes de cárcel depositados por entonces en el archivo del centro de inserción “Victoria Kent”, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, permitió precisar asimismo nombres, fechas y demás detalles . Solo entonces se supo, por ejemplo, la edad exacta que tenían en el momento de su detención. De las trece, las menores de 23 años -el umbral de la edad legal, que no penal, que se cifraba en los 16- fueron nueve: Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olalla, Virtudes González García, Anita López Gallego, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Por lo demás, solo en 2018 pudo aquilatarse con mayor precisión el número exacto del total de personas ejecutadas en la capital durante el periodo 1939-1944, gracias al estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid que permitió el acceso a los libros de enterramiento y órdenes de inhumación de la Necrópolis del Este. Habían pasado casi ochenta años de los asesinatos masivos cometidos durante el periodo 1939-1944 en las cercanías del cementerio del Este, y ni siquiera entonces -en 2019- el nuevo ayuntamiento del Partido Popular de la capital permitió la colocación de los 2.936 nombres en el monumento previsto. Como dato curioso, aproximadamente en 2004 todos aquellos expedientes penitenciarios -los de las cárceles de Madrid- fueron catalogados y pasaron a depender directamente de un archivo de carácter “no público” -el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)-, donde merced a una instrucción especial de 12 de julio de 2006, tanto su consulta como su reproducción se vieron a partir de entonces seriamente limitados, con nombres anonimizados, como tuvimos ocasión de explicar hace algún tiempo en otro lugar . Como resultado, la propia investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se vio y continúa viéndose gravemente frenada. Este mismo diario publicó en abril de este año un artículo de denuncia de la situación del AGMI firmado por el catedrático emérito Ángel Viñas y suscrito por prestigiosos profesionales nacionales e internacionales como Paul Preston y Carme Molinero. Poco después se hizo pública una carta abierta al ministro Fernando Grande-Marlaska firmada por la Asociación de Historia Contemporánea y 501 investigadores y docentes, reclamando la retirada de dicha instrucción especial y la transferencia de la documentación histórica del AGMI a los archivos pertinentes en condiciones de consulta equiparables al resto de los archivos estatales. Hasta la fecha, y contraviniendo disposiciones nacionales como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, relativa al “derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados” sobre la Guerra Civil y la represión franquista, el ministro Grande-Marlaska ha venido negando públicamente, contra viento y marea, que existan este tipo de restricciones. Visto lo visto, ¿ha servido tanta denuncia para algo? Parece ser que sí. Casualmente, y sin ninguna alharaca, el AGMI lleva ya unos meses ejecutando la transferencia de numerosas cajas de documentación al Archivo General de la Administración: entre otras, cerca de un millar de cajas procedentes del antiguo centro de inserción de Victoria Kent, las mismas que contenían los expedientes de todas las prisiones madrileñas, incluidos los de las Trece Rosas, y que hace más de un cuarto de siglo pudieron ser consultadas -por quien esto escribe- sin tachaduras ni censuras. Largo y complicado viaje también este, el de la documentación oficial… casi tanto como el de aquel lejano recuerdo que, nacido en la cárcel madrileña de Ventas del año 1939, continúa resonando hoy día. A través de fronteras y de océanos, en puentes invisibles que vinculan a Madrid con Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia. En libros, ensayos, novelas, documentales, dramaturgias, largometrajes.. y esta vez, en este año de 2026, también con música de ópera.
El escándalo de engaños del primer gran magnate de la IA oculta otro aún mayor sobre su implicación en los envíos ilegales de chips a China, que podrían suponer hasta el 20% de la facturación total de Nvidia Jensen Huang dimite tras el escándalo de su relación con una espía china y con otra ejecutiva de su empresa Jensen Huang ha caído en la cumbre de su poder. El cofundador y consejero delegado de Nvidia ha presentado este jueves su dimisión acorralado por dos relaciones extramatrimoniales que han conectado su vida privada con las alcantarillas de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. La salida del directivo que convirtió una empresa del sector de los videojuegos en la más valiosa del mundo llega tras confirmarse su romance con Alice Huang, una presunta espía china, y una segunda aventura con Kimberly Powell, vicepresidenta responsable del negocio de salud dentro de la propia Nvidia. A última hora de este jueves, una vez confirmado su cese, ha salido a la luz una tercera relación con otra empleada de la compañía, cuya identidad no se ha revelado. Hasta hace unas horas, Huang era una de las pocas personas en el mundo que podían entrar sin llamar tanto en el Despacho Oval como en las más altas esferas del Partido Comunista chino. La fiebre de la inteligencia artificial ha convertido los chips con los que se entrena esta tecnología en una cuestión de Estado para ambas superpotencias y al máximo directivo de Nvidia, en el mercader clave de la guerra fría tecnológica . El ejecutivo de 63 años llegó a actuar de intermediario entre Washington y Pekín en los peores momentos del conflicto geopolítico, defendiendo que cuantas menos barreras hubiera para comprar sus chips, mejor le iría a todo el mundo. Un perfil único en la industria cuyos movimientos se leen ahora desde otro prisma. Mientras pedía a la Casa Blanca relajar los vetos de exportación, mantenía una relación secreta con la jefa de una empresa asiática investigada por servir de tapadera a la inteligencia de Pekín y al contrabando multimillonario de sus tarjetas gráficas. Envíos que, según los últimos informes, han tenido un gran peso en la cuenta de resultados de Nvidia. Escándalo de contrabando La sombra que ahora se extiende sobre Huang va mucho más allá de sus tres infidelidades. Los informes y testimonios del sector que han salido a la luz desde el pasado domingo, cuando el directivo reconoció su aventura con Alice Huang, apuntan a que estaba mucho más involucrado en el tráfico ilegal de sus procesadores hacia China de lo que parecía en un principio. Alice Huang era la directora ejecutiva de Megaspeed, un gigante de los centros de datos de Singapur que Jensen Huang avaló personalmente. Esta empresa compró unos 4.800 millones de dólares (unos 4.330 millones de euros) en chips avanzados de Nvidia. De ese paquete, unos 2.400 millones de dólares (unos 2.165 millones de euros) correspondían a placas con procesadores de arquitectura Blackwell, los GB200 y GB300, cuya venta a China estaba vetada. Según la investigación sobre el terreno de la agencia Bloomberg, esos equipos nunca se instalaron en los centros de datos de Megaspeed. A mediados de 2025, la policía de Singapur detuvo a Alice Huang tras descubrir un entramado de empresas pantalla vinculadas a Megaspeed. Fue interrogada y puesta en libertad con cargos tras aceptar colaborar con las autoridades. Durante ese período, el líder de Nvidia no dejó de visitarla y ordenó al principal asesor jurídico de su compañía que intercediera por ella ante el Departamento de Comercio de EEUU y frenara las pesquisas sobre la trama. Jensen Huang, en una imagen de archivo La firma de análisis financiero Culper Research ha ido más allá. Según recoge en su investigación, las ventas de Nvidia a Megaspeed incluyeron 50.000 tarjetas gráficas más de las que la compañía había notificado al Gobierno estadounidense. Sin embargo, para esta firma, el gigante de Singapur era solo la punta del iceberg. En su informe , calcula que hasta 43.180 millones de dólares (unos 38.980 millones de euros), el 20% de los ingresos totales de Nvidia en el ejercicio fiscal 2026, procedían en realidad de ventas encubiertas hacia China. La cifra, no confirmada ni desmentida por Nvidia, dinamita el discurso oficial de Jensen Huang, que había repetido durante meses en las presentaciones de resultados ante sus inversores que los ingresos directos por centros de datos en el gigante asiático eran “cero” debido a los vetos a la exportación. Ahora las investigaciones se centran en la implicación de la propia figura de Jensen Huang en estas maniobras, conectando otros puntos sospechosos en las prácticas de Nvidia como, por ejemplo, su decisión de cambiar a finales de 2025 sus políticas financieras para anotar los ingresos según la sede fiscal del comprador de sus chips, y no por la ubicación real de los centros de datos donde se han instalado. “Quizá no tenía ni idea, pero eso lo convertiría en uno de los hombres más estúpidos del mundo”, afirma sobre Jensen Huang Ed Zitron, analista de la industria tecnológica y autor del boletín Where's Your Ed At . “No es un 'error' acostarte con otra mujer décadas después de casarte, ni es un 'error' vender a la empresa de esa mujer miles de millones de dólares en chips, ni es un 'error' hacer que tu equipo de comunicación mienta repetidamente, ni es un 'error' usar a tu asesor general para intimidar al Departamento de Comercio para que mire hacia otro lado ante tus evidentes fechorías”. China ha negado en todo momento que Alice Huang sea una espía o que haya organizado una operación de influencia contra el ya ex CEO de Nvidia. En la misma línea se había expresado la compañía, asegurando que no había nada “inusual ni inesperado” en esa relación y que los secretos de la empresa no se habían visto comprometidos. Esta semana, antes de la salida a la luz de las infidelidades con dos de sus empleadas, Nvidia seguía criticando a los periodistas por difundir “chismes morbosos”. El salvoconducto en la Casa Blanca El acceso a la Casa Blanca del que Huang ha disfrutado hasta ahora y que permitió a su empresa presionar al Departamento de Comercio no solo radica en la importancia estratégica de Nvidia. También en que el magnate ha sido uno de los tecnoligarcas más cercanos a Donald Trump desde que este recuperó el poder hace dos años. El presidente ha intentado defenderlo hasta el último momento, asegurando que es un “hombre honorable” y un “tipo increíble”. David Sacks, asesor de la Casa Blanca en inteligencia artificial y criptomonedas, ha sido otro de sus grandes aliados. Ambos han defendido que vetar las exportaciones de chips equivalía a entregar el gigantesco mercado chino a sus compañías locales, como Huawei. “La tecnología estadounidense debería ser el estándar global, así como el dólar estadounidense es el estándar sobre el cual se construye cada país”, defendía Huang. Bajo esa premisa, Huang logró que Trump reabriera la mano y permitiera la venta en China de algunos de sus chips menos avanzados. No le saldría gratis: para que el republicano aceptara, el fundador de Nvidia le ofreció una comisión de un 15% de toda la facturación de su compañía en el gigante asiático . Un negocio que habría reportado al Gobierno estadounidense unos 2.000 millones de dólares al año (unos 1.805 millones de euros), pero que apenas estuvo en pie unos meses antes de que un nuevo bandazo de Trump cortara otra vez las ventas. Una investigación que acaba de empezar Todo ese pasilleo geopolítico se ha derrumbado desde dentro. La revelación en The New York Times de su segunda relación extramatrimonial con una subordinada directa dejaba al consejo de administración de Nvidia sin margen de maniobra sobre el futuro de Huang, puesto que la política de la empresa prohíbe las relaciones íntimas entre empleados. Consciente de ello, su histórico CEO ha preferido adelantarse a la decisión de la junta y dimitir . La directora financiera, Colette Kress, ha asumido su cargo de manera interina. Wall Street ha recibido la noticia con un desplome de las acciones de Nvidia en la apertura del parqué, cuando sus títulos han llegado a caer un 14%, aunque el pesimismo se ha moderado según ha avanzado la jornada hasta dejar el retroceso en poco más del 4%. Huang, propietario del 3,6% de la compañía y con una fortuna estimada de 150.000 millones de dólares (unos 135.420 millones de euros), tenía a 60 ejecutivos bajo su mando directo. Siempre presumió de no creer en la figura del “número dos” y durante 30 años fue el único cerebro que conocía todos los movimientos de las extremidades de Nvidia. También había dado esquinazo a quienes le pedían que preparara un plan de sucesión. La propia compañía reconoce en sus informes de riesgos para los inversores que es “altamente dependiente” de los servicios de su “equipo ejecutivo de larga trayectoria”. La revelación por parte de Reuters de una tercera relación extramatrimonial con otra empleada no hace sino extender la sospecha sobre la trayectoria de Huang. Ahora, ante uno de los mayores escándalos corporativos de los últimos años, la empresa más valiosa del mundo y referencia de la revolución de la inteligencia artificial queda descabezada y amenazada por las informaciones que puedan aparecer sobre el contrabando de sus chips en medio de la guerra fría tecnológica entre EEUU y China. Pero el golpe va más allá de los despachos de Nvidia. Durante los últimos tres años, la industria de la IA ha vivido en un permanente auge de valoraciones basado en los ingentes beneficios de esta compañía, que luego reinvertía en el ecosistema para alimentar sus ventas de chips. Un modelo de financiación circular que ha llevado a Nvidia a hacerse con participaciones de OpenAI, Anthropic, xAI (el laboratorio de IA de Elon Musk), Mistral (la principal startup europea), Perplexity y decenas de laboratorios más. Compañías que ahora esperan ante el alcance de la investigación sobre las cuentas de la empresa que sostiene toda la burbuja.
La compañía da luz verde definitiva a la construcción de un nuevo electrolizador de hidrógeno verde de 150 MW y anuncia la creación de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos
Los datos han sido facilitados por la presidenta provincial de la AECC, María Dolores Rodríguez Bautista, acompañada por Jesús Hernández, presidente del Comité Técnico de esta entidad, neurólogo y voluntario de la AECC. Ambos han dado a conoc ...
El autor de 'La revuelta de los copistas', flamante premio Anagrama de ensayo, defiende un nuevo y renovado proyecto de biblioteca pública que blinde el conocimiento de los intereses económicos El anterior Rincón de pensar - Evan Friss, historiador: “Lo que la gente aprecia de una librería es lo contrario de Amazon" Como un espigador que recoge el trigo olvidado en un campo tras la siega, Xavier Nueno (Barcelona, 1990) ha buceado en archivos de los últimos 150 años para lanzar una advertencia: la privatización del conocimiento está alcanzando un peligroso grado de no retorno con la generalización de la inteligencia artificial, que requiere de un urgente control público. El escritor ha plasmado esta tesis en La Revuelta de los copistas (Anagrama) , una obra valiente y extraordinariamente bien documentada que le ha valido el premio Anagrama de ensayo. El libro se presenta este martes en Barcelona . Su libro empieza fuerte: “El mayor robo de propiedad intelectual de la historia tuvo lugar a plena luz del día”. ¿El ladrón actuó solo o en compañía de otros? Fue un robo poco sofisticado y que se consumó prácticamente con un solo clic. Las compañías tecnológicas descargaron ilegalmente las llamadas bibliotecas fantasma, herederas de la cultura abierta y que ponían a disposición de los usuarios todas las nuevas publicaciones y las ya existentes, como si se tratara de una biblioteca pública. Algunas contenían millones de documentos protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Las compañías tecnológicas se aprovecharon de esta cultura abierta, la descargaron y la privatizaron, encerrándola en sus centros de datos. Y ahora nos alquilan y ofrecen su contenido a cambio de una cuota. ¿Podríamos decir que es un robo que continúa, de alguna manera, a día de hoy? Sí. Cuando se publique esta entrevista, los bots de las compañías de inteligencia artificial la digitalizarán y la introducirán en sus servidores. Cuando alguien busque “Oriol Solé” o “Xavier Nueno” en Google o una IA, le aparecerá un resumen y ya no irá a la página de elDiario.es. O sea, también nos robarán esta entrevista. ¿Es un robo que todavía nos cuesta ver más que uno más clásico y tradicional, como un tirón de un bolso por la calle? Es verdad que los litigios que hay en marcha en EEUU y en Europa aquí están pasando un poco desapercibidos. Los grupos editoriales y los medios europeos tienen abiertos litigios de todo tipo con las empresas tecnológicas. En EEUU, todavía se están instruyendo. Son casos gigantescos, así que creo que tardarán años en resolverse y pasarán por muchas instancias. ¿Sobre qué versan estos juicios? Los demandantes son periódicos, autores, sociedades de autores y todo el sector editorial. Se dirime si los resultados que ofrecen los modelos de lenguaje de IA cuando haces una búsqueda o introduces un prompt infringen los derechos de autor. Las compañías tecnológicas sostienen que lo que hacen es entrenar unos modelos con estas bibliotecas y que después los modelos producen conocimiento nuevo. Pero, a mi juicio, no está nada claro que sea así. Yo creo que lo que hacen es buscar dentro de la biblioteca y servirte un conocimiento que ya existía. ¿De qué manera se puede refutar esta justificación de las tecnológicas de que producen un nuevo conocimiento? Hay que obligar a las tecnológicas a abrir sus catálogos. En el momento en que veamos con qué textos se han entrenado, nos daremos cuenta de que, en realidad, las inteligencias artificiales no son tan inteligentes. Son unas máquinas de búsqueda extraordinarias, con una capacidad de indexación del conocimiento realmente impresionante, pero no tienen capacidad para producir conocimiento nuevo. En realidad, las inteligencias artificiales buscan y modifican un texto ya existente lo suficiente para que lo que nos ofrecen quede por debajo del umbral de infracción de los derechos de autor. Lo transforman lo justo para que nos parezca un conocimiento nuevo y, sobre todo, para que no tengan que pagar derechos por ese conocimiento. Hemos sustituido un criterio personal, cultural e intelectual por las simples métricas de impacto que tienen los artículos Su libro, además, explica que no hemos llegado por casualidad hasta aquí, sino que el avance tecnológico profundiza la pérdida del juicio del conocimiento que ya había empezado mucho antes de la IA. Es un reto escribir una historia de este tipo porque implica cambiar el foco. Normalmente, los libros de tecnología siempre nos hablan de los tecnoligarcas y nunca nos cuentan nada de las personas que trabajaron antes de estos modelos. El libro está planteado como una historia del trabajo, de una serie de profesiones dedicadas a organizar y clasificar el conocimiento. A mediados del siglo XIX, esta tarea empieza a generar un pequeño beneficio. A partir de ese momento, se van construyendo unas industrias de una voracidad enorme, que intentan capturar el beneficio y automatizar el trabajo de las personas que lo producen. ¿Dónde comenzó este proceso? Empezó en el mundo de la jurisprudencia de los tribunales estadounidenses alrededor de 1850, y después abarca casi todos los campos del conocimiento científico. Constituye la matriz de la privatización de la biblioteca que estamos viviendo hoy, con proyectos primero como Google Books y los modelos de IA actuales. Es una historia de sucesivas privatizaciones, de cómo estas empresas han ido penetrando cada vez más profundamente en la biblioteca y son cada vez más capaces de extraer valor de ella. En esta historia del trabajo, una constante que también destaca el libro es la invisibilización del trabajo femenino. Suele haber unos pocos hombres que desarrollan proyectos de organización del trabajo y, después, muchas manos de mujeres que se dedican a organizar y clasificar el conocimiento. A finales del siglo XIX, para abaratar el coste de gestionar la información, se feminizó masivamente el trabajo de las bibliotecas. Se hizo siguiendo un esquema que también se repite hoy: llamar labor mecánica al trabajo de cuidar la memoria del mundo. Hoy son miles de manos invisibles en países pobres las que ajustan el algoritmo y producen este efecto de automatización. Hay una frase en su libro que creo que resume muy bien el momento actual: “Se publica más que nunca, pero no se sabe qué es importante”. No lo digo para afirmar que en el pasado se supiera mejor, pero creo que hoy existe una gran confusión en torno a los criterios de relevancia. Hemos sustituido un criterio personal, cultural e intelectual por las simples métricas de impacto que tienen los artículos: cuántas veces se han compartido y toda esta clase de dinámicas. Esto tiene unas consecuencias que todos conocemos. Los periódicos habláis a menudo de estos efectos y también los sufrís. Y no solo en un plano cultural o intelectual: cada vez hay más gente que pide a la IA que le escriba un correo del trabajo o le haga una lista de viajes de vacaciones. Me pregunto si cuando delegamos las tareas más cotidianas también perdemos la capacidad de hacerlas. Todos hemos tenido la sensación de que, si no encontrábamos una palabra, la IA nos la podía alquilar. ¡Si hasta si quieres escribir una carta de amor, la IA te da el esquema para hacerlo! Me preocupa estar alquilando aquello que es más común, más intrínsecamente nuestro: el lenguaje, la capacidad de expresarnos, de juzgar y de crear nuestro propio mundo a través de algo que no es solo nuestro, sino que es lo que nos hace humanos. Sacrificamos todo esto para no hacer el esfuerzo de acceder al conocimiento por nosotros mismos, con nuestras propias facultades. Nueno, junto a la biblioteca de elDiario.es en Barcelona durante la entrevista Lo interesante del libro es que su propuesta no consiste en volver a las cavernas, sino que estos distintos modelos de IA sean públicos. ¿Por dónde empezamos? Lo primero tiene que ver con la transparencia y la posibilidad, ahora casi inexistente, de auditar estos modelos de lenguaje. Los poderes públicos tienen que exigir que se publiquen los catálogos de las bibliotecas con los que se han entrenado las IA. Hacer públicos los catálogos fue una idea central en la formación de las bibliotecas públicas del siglo XIX. Lo que ofrecía la biblioteca pública era la posibilidad de que cualquier persona accediera a ella y pudiera consultar cuáles eran sus fondos. Los catálogos estaban disponibles para todo el mundo y cualquiera podía interactuar directamente con ellos. Hoy tenemos que exigir esta transparencia a las compañías tecnológicas porque es algo básico en los Estados democráticos: tienen que explicar de dónde procede toda la información que utilizan, qué parte de esa información está protegida por derechos de autor y cuál pertenece al dominio público. ¿Qué le parecen los proyectos para crear una IA pública ? Son proyectos que se están desarrollando en distintos países y creo que tienen bastante recorrido y son muy importantes. Pero no funcionarán mientras no exista una regulación de las compañías tecnológicas. Es imposible competir con empresas que no tienen ninguna transparencia. Esta es la otra pata: tenemos que definir qué es el dominio público, porque no es lo mismo la cultura abierta que la cultura pública. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La cultura abierta procede de la contracultura californiana. Es un tipo de cultura que se aleja de la pública, porque es muy antiestatal y busca desproteger y desregular. Es bastante parecida a una forma de anarcocapitalismo. Lo público no es lo mismo que lo abierto. Lo público siempre ha estado regulado: existen unos códigos legales que establecen cómo se puede acceder a todo este conocimiento. Dentro de esta cultura pública, lo que deberíamos garantizar es que no pueda haber compañías que extraigan todo este material, lo encierren en sus propias bibliotecas y en sus propios centros de datos y después nos lo vuelvan a vender o alquilar. Es una medida esencial y, al mismo tiempo, bastante asequible. Los proyectos de IA pública no funcionarán mientras no exista una regulación de las compañías tecnológicas ¿Si las tecnológicas publicaran sus bibliotecas, se les terminaría el negocio? Las compañías tecnológicas se resisten mucho a mostrar esta información. Que yo sepa, ninguna de las grandes empresas tecnológicas lo está haciendo, porque además están inmersas en litigios. Hay modelos un poco abiertos que muestran todos sus parámetros, que son millones, una vez ya se han entrenado con sus bibliotecas, pero no te dan acceso a ellas. Si algún día tenemos acceso a toda su biblioteca, veremos que la operación ideológica fundamental que lleva a cabo la IA es borrar las fuentes y presentarnos como si fuera suyo algo que en realidad procede de distintas fuentes. A partir del momento en que sus fuentes sean públicas y transparentes, como las de una biblioteca, las IA ya no nos parecerán tan inteligentes. Empezaremos a ver que, en realidad, son menos un oráculo y más una biblioteca. Funcionan como una biblioteca muy sofisticada, de la que podemos aprovecharnos y con la que podemos trabajar, pero debemos garantizar que su acceso sea realmente público. ¿Cómo se puede obligar a unas empresas que operan sin reglas, más allá de los costes legales de los litigios, a estar reguladas? Detrás de las grandes tecnológicas como OpenAI hay una cultura del saqueo y la rapiña. Lo vemos en este momento con los pánicos a las IA apocalípticas, que están siendo promovidos desde los propios consejos de administración de las empresas para conseguir los grandes contratos del Gobierno estadounidense. Si tienes una tecnología apocalíptica, el Gobierno querrá que haya muy pocas empresas que puedan garantizar el acceso a la información gubernamental. Este discurso apocalíptico sirve para ocultar las preguntas esenciales: los usuarios estamos pagando muy poco para acceder a estos modelos porque hay capital riesgo detrás que está intentando cerrar la biblioteca pública. Se está poniendo muchísimo dinero en esta especie de carrera para conseguir privatizar toda la biblioteca y toda la información. ¿Qué ocurrirá si tienen éxito y la biblioteca se privatiza del todo? Una vez que la biblioteca esté privatizada, el capital riesgo se retirará y los costes que todos tendremos que pagar para acceder a este conocimiento subirán. Este es el modelo de las compañías tecnológicas. Cuando Uber apareció, el trayecto costaba mucho menos que un taxi, pero no porque fuera más barato que el de un taxi, sino porque había inversores que estaban poniendo dinero en la empresa con la convicción de que, si conseguían destruir el negocio del taxi, podrían quedarse con todo ese mercado. Y, una vez que se hubieran quedado con él, subirían los precios. En elDiario.es descubrimos que una empresa compra libros viejos para entrenar a la IA y los destruye. Las compañías tecnológicas han arrasado con todo lo que podían de las bibliotecas. Cuando estas han empezado a poner límites y se han dado cuenta del enorme coste que supone regalar literalmente su tesoro a las compañías tecnológicas, ha surgido una alternativa: comprar libros de segunda mano. Estos libros literalmente los cortan por el lomo y los escanean a gran velocidad. Cuando empezó Google Books , todavía había una forma de cuidado del libro. Los libros se escaneaban haciendo fotografías verticales. Estos libros pertenecían a bibliotecas y las bibliotecas no permitían que Google les cortara el lomo. Pero, una vez que estos libros han dejado de contar con esa protección por parte de las bibliotecas, todos los libros de segunda mano que compran los destruyen inmediatamente: les cortan el lomo y los trocean, utilizando un escáner de alta velocidad que no necesita que otra persona vaya pasando las páginas. En las elecciones de esta semana en EEUU, varios analistas han vinculado la victoria, tras 38 años, de los demócratas en Texas con el malestar ciudadano por los centros de datos. ¿Que la gente note los efectos de esta tecnología en su día a día y sus facturas será decisivo para lograr este cambio? Es una de las claves. En el modelo de capitalismo actual, los oligopolios tecnológicos ofrecen cero retornos a la sociedad. Todo lo que nos devuelven es ruido y contaminación. Su uso de los recursos públicos del Estado, como las redes eléctricas o el sistema de aguas, es terriblemente abusivo y tiene unas consecuencias que son negativas para el conjunto de la ciudadanía. Estas externalidades las deberían pagar las compañías tecnológicas y no lo hacen. Debemos avanzar hacia un nuevo y un gran proyecto de biblioteca pública En Catalunya y en España, se plantea la implantación de centros de datos como sustitución de la industria tradicional . ¿Son una alternativa a una fábrica de coches que cierra? No son lo mismo. No hay nadie trabajando dentro de un centro de datos. Es una infraestructura que contará con tres o cuatro personas de seguridad y poco más. Me parece muy significativo que estemos destinando una inversión tan descomunal a los centros de datos y, al mismo tiempo, estemos desprotegiendo de una manera tan evidente y flagrante las bibliotecas, que son las que contienen el conocimiento que después se privatiza en esos centros de datos y que las compañías tecnológicas nos vuelven a vender. Debemos avanzar hacia un nuevo y gran proyecto de biblioteca pública. ¿Cómo tendría que ser este proyecto? La biblioteca pública no fue algo espontáneo. Nació en el siglo XIX, de las confiscaciones de los libros que estaban en los monasterios y de las colecciones que tenían los aristócratas. Durante la Revolución Francesa, el Estado se quedó con sus colecciones y también con las de los monasterios, y en España ocurrió algo parecido con las desamortizaciones de la Iglesia. Tenemos que entender que el proyecto de la biblioteca pública es un proyecto activo, que hay que defender en un sentido político, y avanzar hacia un horizonte que no siempre será el más cómodo. A las compañías privadas no les interesa que exista algo como la biblioteca pública. Preferirían que no existiera. Pero esta biblioteca pública debe tener unos parámetros diferentes de los que ha tenido hasta ahora. ¿Cuáles? No solo debe proteger el patrimonio bibliográfico, sino que también tenemos que pensar en todo lo que hacemos con los datos y con la transmisión del conocimiento. Todo lo que forma parte del patrimonio público del conocimiento del Estado —las bibliotecas, los archivos, la publicación científica, la investigación, las universidades...— está financiado con dinero público. No puede ser que todo este conocimiento se privatice inmediatamente después de publicarse y que nuestro acceso quede totalmente mediado por las grandes compañías, que lo regulan en función de lo que paguemos mediante una suscripción. Debemos proteger los recursos que los estados destinan a la investigación y a la educación, y evitar que puedan privatizarse en cuanto se ponen a disposición de los ciudadanos. Última pregunta. ¿Ha utilizado más IA o ha visitado más archivos presencialmente para este libro? Uso mucho la IA para buscar información. Como tecnología de búsqueda me parece muy potente. Pero para el libro tuve que conocer muy bien casos que tienen bastante sustancia, e incluso podríamos decir que son un poco freaks . Para estudiar estos casos, con la IA no basta, tiene un límite y he descubierto que, a partir de cierto punto, ya no sabe qué decir, lo que me ha reafirmado en que la IA no es un conocimiento infinito, sino un conocimiento muy limitado y contenido. La mayor parte de referencias de este libro proceden de material que no está digitalizado. Para hacer una investigación de este tipo, tienes que trabajar codo con codo con archiveros y archiveras y bibliotecarios y bibliotecarias. Son las personas que saben guiarte por un archivo con cajas y cajas de papeles y probablemente son las únicas que saben orientarse allí dentro. ¡Sin ellos no hubiera sido posible el libro!
El atletismo provincial volverá a dejar su impronta este domingo, 8 de noviembre , en el asfalto andaluz con motivo de la celebración del Generali Maratón de Málaga . La cita deportiva contará con una destacada representación soriana encabezada por Dani Mateo y Abel Antón , quienes tomarán la salida en la distancia de media maratón dentro de un evento multitudinario que congregará a un total de 17.000 corredores entre sus dos modalidades principales. En el plano estrictamente competitivo de los 21 kilómetros, el atleta olímpico en Tokio protagonizará uno de los duelos más atractivos de la jornada frente al leonés Jorge Blanco . El corredor soriano acude a la línea de salida con una marca personal de 1h01:34 registrada en el año 2019, tomando esta exigente prueba como test preparatorio de cara a su próxima participación en la Maratón de Valencia , prevista para dentro de apenas un mes. Su principal adversario por el triunfo, internacional con España en múltiples disciplinas, acredita un mejor registro de 1h01:45 logrado hace dos años. Junto a ellos, la categoría femenina del medio maratón tendrá como gran favorita a la burgalesa Lidia Campo , actual subcampeona de España de la distancia en Mérida con un tiempo personal de 1h11:37 firmado en Sevilla en 2024, siendo que llega en un gran momento de forma tras su octavo puesto el pasado domingo en el Cross Internacional de San Sebastián . Por su parte, el bicampeón mundial Abel Antón no solo se calzará las zapatillas para cubrir el trazado de los 21 kilómetros, sino que también ha ejercido como padrino oficial del evento junto al vitoriano Martín Fiz . Ambos referentes históricos respaldaron este viernes la puesta de largo de la competición en la Feria del Corredor del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), donde el exatleta soriano agradeció la acogida de la ciudad y expresó su satisfacción al comprobar la continua evolución de la cita. En este mismo escenario, Fiz, quien acude a tierras andaluzas tras despedirse de los 42 kilómetros en Nueva York, destacó el notable desarrollo del evento malagueño y animó a la organización a seguir creciendo en el futuro. "Las comparaciones con Nueva York son difíciles, pero esta prueba cada vez está más cerca. ¿Por qué no soñar con un maratón con 30.000 personas ? Ojalá pueda seguir corriendo aquí con 80 años", ha comentado el campeón mundial de 1995 durante su intervención. Un crecimiento que duplica las cifras en cuatro años Toda vez que la convocatoria ha alcanzado los 17.000 inscritos repartidos a partes iguales entre los 42 y los 21 kilómetros, la cita logra superar el doble de los 7.864 participantes que se contabilizaron en la edición de 2022. De acuerdo con los datos aportados en la presentación oficial, el 66 % de la inscripción corresponde a hombres y el 34 % a mujeres, destacando una fuerte proyección exterior con un 69 % de atletas extranjeros procedentes de 150 países ?encabezados por Reino Unido, Países Bajos, Francia, Polonia y Bélgica? frente a un 31 % de corredores nacionales, de los cuales el 13 % del total son malagueños, si bien la nota técnica sobre los favoritos sitúa la presencia foránea en dos tercios del total y 75 nacionalidades. El acto institucional contó igualmente con la participación de Daniel Pérez Martínez , director general de Deportes del Ayuntamiento de Málaga; Manuel Ruiz , director territorial sureste de Generali; y Pablo Gálvez , director de la carrera y representante de Last Lap-Atresmedia. Pérez manifestó el orgullo municipal por el arraigo de una competición que la ciudadanía abraza como propia tras años de esfuerzo organizativo, mientras que Gálvez puso en valor el trabajo colectivo de las instituciones, patrocinadores y corredores para consolidar este crecimiento. Asimismo, Ruiz significó la satisfacción de la aseguradora al cumplir cinco años de compromiso con una cita que proyecta la imagen de la ciudad al exterior, en línea con su patrocinio en los maratones de Berlín y Milán. En el transcurso de la presentación, tanto Pérez como Ruiz entregaron un cheque de 5.000 euros a la fundación The Human Safety Net , destinado al apoyo de familias vulnerables y refugiados gracias a las aportaciones solidarias de quienes cruzaron la meta en la pasada edición. Nuevo trazado y asalto a los récords en la distancia reina Habida cuenta de que la organización ha decidido trasladar la fecha de celebración del mes de diciembre a principios de noviembre para esquivar la saturación navideña y facilitar la movilidad urbana, la prueba estrena también un recorrido modificado . El nuevo diseño ofrece un perfil más llano y con menos curvas que da mayor protagonismo al litoral, manteniendo en sus dos últimos kilómetros el paso por enclaves como la Plaza de la Constitución , la calle Larios y la Plaza de la Marina . Estas condiciones, sumadas a una previsión meteorológica de entre 17 y 21 grados con cielo nublado, propician el escenario para intentar batir las plusmarcas del circuito de 42 kilómetros establecidas el año pasado. En la categoría femenina, donde el récord vigente pertenece a la etíope Misgane Alemayehu Wolteji con 2h24:43 , parten como principales candidatas las kenianas Ivyne Jeruto Lagat (2h22:21 en Ámsterdam en 2024 y ganadora este año en Kigali), Rodah Jepkorir Tanui (2h23:13 en Copenhague en 2023) y Rebecca Kangogo Chesir (2h23:35 en Buenos Aires y vencedora este año en Estocolmo), junto a su compatriota Rebecah Jeruto Cherop (2h27:46), la etíope Bekelech Teku Wariyo (2h29:04) y la debutante noruega Sofie Karoline Haugen, quien acredita 1h09 en media maratón. Por lo que respecta al cuadro masculino de los 42 kilómetros, la marca a batir son las 2h06:07 fijadas en la anterior edición por el ugandés Mande Bushendich. Los aspirantes con mejores registros previos son los etíopes Binhan Nebebew Testafe (2h06:52 en Lisboa 2019) y Gaddisa Tafa Dekeba (2h07:02 en Wuxi 2025), además del keniano Timus Kimutai Kipkosgei (2h07:12 en Milán 2024), a quienes se suman por debajo de las dos horas y diez minutos el etíope Dereje Adugna Debela (2h08:54 en Sevilla 2025), Therence Bizoza (2h09:18 en Ámsterdam 2023) y el keniano Victor Kiplimo (2h09:58 en Hannover 2024), contando la representación española con el madrileño Alex Jiménez 'El Balilla' (2h10:29 hace dos años en Valencia) y con el mediofondista Gonzalo Parra en labores de liebre. Los participantes pueden recoger sus dorsales en la Feria del Corredor de FYCMA durante este viernes y mañana sábado en horario de 10.00 a 20.00 horas . La salida conjunta de ambas distancias se dará el domingo a las 8.30 horas desde el Paseo del Parque , frente al Ayuntamiento, estructurada en ocho cajones y tres oleadas tras los vehículos oficiales híbridos OMODA 5 SHS y JAECOO 7 SHS; este mismo punto acogerá la meta del maratón, mientras que los corredores de los 21 kilómetros finalizarán en la avenida Cánovas del Castillo , en una jornada que será retransmitida para 150 países y 250 canales a través de RTVE, DAZN y Eurosport .
