Debatir sobre dónde y con quién debatir (se abre en una pestaña nueva)
Podemos encuentra un aliado inesperado en el PP, que exige la presencia de Irene Montero en el debate electoral; el PSOE amaga con pedir que esté Alvise y la Academia de Televisión convoca a los partidos en busca de un acuerdo La Academia de TV acepta organizar los debates electorales del 29N ante el veto de Feijóo a RTVE Dos hombres, dos atriles, un plató de televisión y la sensación de que el país entero se paraba a escuchar. Los debates electorales nacieron en España en 1993 con un cara a cara solemne entre los candidatos de los dos grandes partidos, PP y PSOE, representados por Felipe González y José María Aznar. Treinta años después, el formato se ha multiplicado y vaciado al mismo tiempo. Ahora tenemos debates a dos, a cuatro, a siete, a ocho, en RTVE, en Atresmedia, en Mediaset… Y cada uno se negocia a cara de perro. Asistimos ante cada convocatoria electoral a un debate sobre los debates, sobre el cuándo, sobre el dónde, sobre los moderadores y sobre los temarios. Y es que en España no hay una norma que obligue a debatir, ni un consejo audiovisual independiente que imponga reglas, como en otros países europeos. Cada debate es un pacto entre partidos y cadenas, los que supone que los que tienen que ser examinados eligen al examinador, el temario y hasta el tiempo de discusión. En esta campaña para las generales del 29 de noviembre, RTVE anunció tres debates para el 17, 23 y 26 de noviembre, Atresmedia puso sobre la mesa un cara a cara Sánchez-Feijóo el 23 y un debate a cuatro el 18. ¡Qué lío!, que diría Rajoy. En cuanto las cadenas hicieron sus ofertas, el PP dejó claro que se negaba a ir a RTVE y el PSOE que no admitía vetos a la pública. La derecha debía pagar favores a la televisión de Planeta y los socialistas entendían que los compromisos audiovisuales de la derecha no eran los suyos. Así que el acuerdo se antojaba complicado hasta que llegó la opción de la Academia de la Televisión, lo que dejó a las privadas sin su espectáculo. La excusa de la derecha española es siempre la misma: la televisión pública no es de fiar. Un argumento cuanto menos falaz teniendo en cuenta que llega de quienes acuden con entusiasmo a las televisiones públicas autonómicas cuando gobiernan. La imparcialidad de una cadena pública, al parecer, depende de quién la dirija. Es más, llama mucho la atención la costumbre del PP de aceptar el debate solo cuando puede elegir el decorado, algo que es costumbre, según los expertos, entre quienes no dominan el arte de la comunicación política, como es el caso de Feijóo. En 2015, Rajoy envió a su vicepresidenta al debate a cuatro de RTVE. En 2023, Feijóo aceptó un solo debate, el cara a cara, y rechazó los demás. Cuando RTVE reunió a los otros tres candidatos, el PP ni siquiera quiso mandar a nadie. Este año el guion al menos ha cambiado, pero cuando parecía que PSOE y PP ya estaban de acuerdo en celebrar dos debates, un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y otro a cuatro, la derecha vuelve por sus fueros y el PP exige ahora que Podemos participe del formato para que el debate a 4 sea a 5. El negociador de la derecha, Miguel Tellado, confía en que la líder de los morados atice al PSOE más que al PP y que así Feijóo tenga algo de alivio, pero la socialista Rebeca Torró, piensa que si está Podemos, debe estar el partido de Alvise, Se acabó la Fiesta. Este viernes la Academia de la Televisión ha convocado a los partidos a una reunión en busca de un acuerdo. Pero, la Junta Electoral de Andalucía ha denegado a Adelante Andalucía ir al de allí porque no tienen grupo parlamentario en el Congreso, lo que sienta un precedente sobre Podemos, que usará sin duda Frente Amplio para impedir la presencia de Podemos, que también estará en la cita de este viernes. El PP invoca que la antigua candidatura de Sumar está dividida ahora en dos listas electorales que tienen representación en el Congreso. Y el PSOE, rechaza un debate asimétrico con tres representantes de izquierdas y dos de derechas. Y así andamos, más de 30 años después, sin una ley que regule los debates para que su celebración no dependa de la voluntad política de los candidatos ni de sus compromisos con las cadenas de televisión privadas.
