Los primeros casos de aplicación las medidas desde su publicación en el BOE logran parar desahucios y prorrogar alquileres
LEROY MERLIN España, líder en acondicionamiento del hogar, ha presentado el I Barómetro de Ahorro y Eficiencia Energética, un estudio encargado a Creara Energy Experts (consultora especializada en eficiencia energética), que analiza el impacto técnico, económico y ambiental de distintas medidas orientadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética en el hogar. El informe parte de una pregunta sencilla: ¿qué actuaciones pueden ayudar a una vivienda a consumir menos, ahorrar más y mejorar su calificación energética? Para responderla, se han analizado nueve medidas de rehabilitación y eficiencia energética, comparando el comportamiento del inmueble antes y después de aplicar cada mejora, como vías esenciales para optimizar el consumo, incrementar el confort interior y disminuir la factura de energía. Los resultados... Ver Más
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
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Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La tasa, la misma que en septiembre, es la más elevada desde febrero de 2023, mientras que la subyacente, que excluye la volatilidad de alimentos frescos y la energía, se sitúa en el 3,1% La inflación cerró octubre en el 4,9% tras contenerse las subidas de los combustibles y los alimentos El índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo en el 4,9% en octubre, con lo que sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023 (6%), debido a la contención de los precios de los combustibles, los alimentos y el vestido y calzado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, manteniendo también la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 3,1 %, la más elevada en dos años y medio (desde marzo de 2024). En el comportamiento de los precios de octubre presionó a la baja la ampliación del descuento al diésel hasta los 20 céntimos litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a 5 céntimos, si bien desde el 1 de noviembre se aplica ya el descuento de 20 céntimos en ambos casos, según el último paquete de protección a familias y empresas aprobado. Evolución anual de la inflación en España Tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde 1985 Fuente: INE Por su parte, la tasa subyacente lleva nueve meses consecutivos en el entorno del 2,9 %, moviéndose entre el 2,7% y el 3%, además de que se sitúa 1,8 puntos por debajo de la tasa general. En el comportamiento de los precios de octubre presionó a la baja el paquete del transporte, cuyos precios crecieron el 10,3% en tasa interanual, dos décimas menos que en septiembre, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales por las rebajas fiscales aplicadas para paliar el shock energético por la guerra en Irán. IPC general y subyacente Tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) y del índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos desde 2002 Fuente: INE También presionaron a la baja de los precios los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios crecieron el 2,4% en tasa interanual, tres décimas menos que en septiembre, debido al menor encarecimiento de las frutas y frutos de cáscara. De igual manera, el paquete de vestido y calzado subió sus precios el 1,8%, tres décimas menos, una moderación que se explica por el menor encarecimiento de las prendas este año al inicio de la temporada otoño-invierno. La contención de precios en combustible, alimentos y vestido neutralizó la presión al alza que ejerció la vivienda, que elevó cuatro décimas su tasa, hasta el 7,6%, por el mayor encarecimiento del gas. También el de las actividades recreativas, deporte y cultura, cuyos precios crecieron el 4,1%, cinco décimas más, por el menor abaratamiento de los paquetes turísticos. El gasóleo sube un 36,2 % y la gasolina un 20,7 % El detalle de la estadística muestra que el gasóleo subió un 36,2% en tasa interanual, 2,2 puntos más que en septiembre, y la gasolina, un 20,7%, casi 7 puntos menos. En octubre estaba vigente la ampliación del descuento al diésel hasta los 20 céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a 5 céntimos, si bien desde el 1 de noviembre se aplica ya el descuento de 20 céntimos en ambos casos, según el último paquete de protección a familias y empresas aprobado. Respecto a otros productos energéticos, la electricidad subió en octubre un 11,1%, por lo que no se han activado las reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual se mantiene por debajo del umbral del 15%, mientras que el gas natural se encareció un 5,3%. Las bayas frescas escalan al 54,2 % Dentro de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los mayores incrementos los registraron las bayas frescas (54,2%), las hortalizas (20,8 %), legumbres (14,5%) o las frutas tropicales (12,9%), mientras que los huevos moderan un poco su subida al 7,1%. Así, lo que más se encareció respecto a un año antes fueron los combustibles líquidos (68,8%), las bayas (54,2%), el gasóleo (36,2%), las hortalizas (20,8%) y la gasolina (20,7%). En el extremo contrario, las mayores bajadas en octubre las registraron el transporte de pasajeros por tren, un 11,1% menos; los periódicos, un 5,2% menos; los videojuegos y consolas (5,1%), los accesorios para vehículo personal (4,9%) y los equipos de deporte (4,6%). La inflación mensual fue del 0,6% En comparación mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,6% respecto a septiembre. Los grupos con mayor repercusión positiva fueron el del vestido y calzado, que recogió el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada. También la alimentación y bebidas, por el encarecimiento de la frutas y frutos de cáscara y, en menor medida, de las hortalizas, legumbres y patatas y del pescado y marisco; y la vivienda, por la subida de precio de la electricidad y el gas. Lo que más subió de precio en octubre fueron los cítricos (22,5%) y el transporte aéreo internacional (16,6%), mientras que lo que más bajó fue la gasolina (6,1%) y los hoteles, apartamentos y otros alojamientos (5,8%). El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia presentaron los mayores aumentos, del 5,3% en los tres casos; y Andalucía, el menor, del 4,4%. En el mes de octubre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 4,9%, una décima menos que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,5%.
La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a cuatro personas a penas de prisión de entre 12 y 22 meses por una serie de robos en viviendas y ermitas de pueblos de Teruel, Zaragoza y Soria a finales del invierno de 2022. Dos de los lugares afectados están en la provincia soriana: Miñana, en Deza, y Bliecos. Los cuatro acusados aceptaron los hechos y las penas que pedía el Ministerio Fiscal. Lo hicieron en el juicio, y el tribunal los declaró probados en "estricta conformidad" con esa calificación. El tribunal condena a los cuatro como autores de un "delito continuado de robo con fuerza en casa habitada". La resolución sitúa los hechos en varias noches entre febrero y marzo de 2022 y señala que los acusados actuaron "previamente de acuerdo" y con "ánimo de ilícito enriquecimiento". Uno de los acusados, con antecedentes penales, ha sido condenado a dos años de prisión . La sentencia aprecia en su caso la agravante de reincidencia, por una condena anterior de 2019 del Juzgado de lo Penal de Soria por robo con fuerza en las cosas. Al segundo acusado, el juez le impone 12 meses de prisión. El tribunal reconoce una eximente incompleta, porque los hechos probados indican que padecía una patología que afectaba a sus facultades intelectivas y volitivas cuando ocurrieron los hechos. Los otros dos acusados reciben penas de 22 meses de prisión cada uno. A los cuatro se les aplica también la atenuante analógica de confesión y la de dilaciones indebidas . Además, tendrán inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena y pagarán las costas del proceso, repartidas entre ellos. Según los hechos probados, en la noche del 2 al 3 de marzo de 2022 los acusados accedieron a dos viviendas de Miñana, Deza. En una se llevaron un televisor LG. En la otra causaron daños en el bombín de la puerta. La sentencia señala que no consta que los perjudicados reclamaran. Entraron también el 3 de marzo en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, en Bliecos, donde causaron "numerosos daños", sin que conste reclamación de los perjudicados. El primer robo La sentencia sitúa el primer robo de la serie el 17 de febrero de 2022, en una casa de Castejón de Armas (Zaragoza), de donde se echaron en falta cuatro monedas antiguas. El perjudicado no reclamó. En la noche del 7 al 8 de marzo, tras violentar el bombín de la puerta, entraron en una vivienda de Peracense (Teruel) y se llevaron objetos, joyas, un reloj y monedas antiguas. La propietaria renunció a indemnización. En esa casa apareció un móvil, cuya titularidad y uso la sentencia atribuye a dos de los acusados. Entre el 19 y el 20 de marzo, según la resolución, repitieron el mismo modo de actuar en Almohaja (Teruel). En una de las casas lo revolvieron todo, pero no se echó nada en falta. En otra se llevaron placas antiguas, una báscula romana y una estufa valorada en 500 euros, y causaron daños por 366,33 euros. Esa misma noche intentaron acceder a otra vivienda de Peracense y provocaron daños que no se reclamaron. El 17 de marzo entraron en la ermita de Nuestra Señora Virgen de San Daniel, en Ibdes (Zaragoza). Durante ese mes, dos de los acusados intentaron además entrar en varias casas de Terrer (Zaragoza). Las defensas han manifestado que no recurrirían, por lo que el tribunal declaró la sentencia firme en el propio juicio y ordenó su ejecución. Las defensas pidieron la suspensión de las penas de prisión. El tribunal responderá mediante auto, cuando se incorporen los documentos necesarios para decidir si concede el beneficio.
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López
Catorce años después de la última huelga general de carácter estrictamente laboral, Soria volverá mañana, miércoles 11 de noviembre, a una jornada de paro convocada a escala nacional por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) a la que se han sumado otros sindicatos y asociaciones. La crisis de la vivienda, convertida en uno de los principales problemas sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios constituyen los dos grandes argumentos de una movilización que, según los convocantes, pretende poner sobre la mesa las dificultades crecientes para mantener unas condiciones de vida dignas. La convocatoria afecta potencialmente a 43.673 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, es el colectivo de trabajadores al que se dirige el llamamiento al paro, que llega acompañado de un respaldo social amplio en el conjunto del país. Alrededor de 20.000 organizaciones de toda España se han adherido a la huelga, según los datos difundidos por sus promotores, en una suma de apoyos que incorpora al movimiento por la vivienda, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, estudiantes y representantes del mundo de la cultura. Una alianza que refleja el intento de convertir el problema del acceso a una vivienda en una reivindicación transversal, vinculada también a los salarios, la precariedad y el reparto de la riqueza. En Soria , sin embargo, el ambiente previo se presenta más tranquilo . Los llamamientos al paro han partido de CCOO y UGT, los dos sindicatos convocantes, pero también de CGT y del Sindicato de Vivienda de Soria. A ellos se suma el ámbito de la enseñanza a través de STECyL-i, la Confederación Intersindical y los STEs, que han respaldado la jornada con el argumento de que la precariedad habitacional también repercute en la educación y en las condiciones de vida de las familias. Sin unidad sindical La confluencia de organizaciones no significa, no obstante, que todos los colectivos compartan exactamente la misma estrategia. El Sindicato de Vivienda de Soria y CGT conforman un bloque crítico que sitúa la lucha contra la especulación inmobiliaria en el centro de sus reivindicaciones. Por ese motivo, no participarán en la cabecera de la manifestación junto a los sindicatos de clase. Una separación que evidencia los distintos enfoques que conviven en una jornada que tiene en la vivienda su principal elemento de conexión. Tampoco habrá unidad sindical. CSIF ha anunciado que no secundará la huelga al considerar que responde a motivaciones políticas. USO tampoco se suma y cuestiona la oportunidad de la convocatoria, en un contexto marcado por las elecciones del próximo 29 de noviembre, con las cámaras disueltas y un Gobierno saliente. A su juicio, estas circunstancias generan incertidumbre sobre quién debe asumir las reclamaciones planteadas por los convocantes. La última huelga general de carácter estrictamente laboral se remonta a 2012, un año en el que se celebraron dos convocatorias contra las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. La primera tuvo lugar el 29 de marzo y, según la valoración de la patronal, tuvo una incidencia limitada en los centros de trabajo, donde predominó la normalidad durante buena parte de la jornada. La patronal cifró entonces el seguimiento en Soria en el ocho por ciento. La segunda llegó en noviembre y volvió a enfrentar las estimaciones de empresarios y sindicatos: mientras la patronal habló de una participación ligeramente inferior a la de marzo, las organizaciones sindicales elevaron el seguimiento hasta cerca del 70%. Desde entonces ha habido otras movilizaciones de ámbito general, aunque con motivaciones y formatos distintos. En 2018, el 8 de marzo, el movimiento feminista, amparado por CCOO y UGT, convocó una jornada de paro con interrupciones de dos horas por turno para reivindicar los derechos de las mujeres. Más recientemente, en 2024 y 2025, se sucedieron convocatorias de huelga y movilización vinculadas a la situación en Palestina . La del 11 de noviembre recupera, por tanto, el formato de una huelga general con reivindicaciones laborales y socioeconómicas, con la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como principales argumentos. Voluntaria y sin obligación de aviso Más allá de las organizaciones que respaldan o rechazan el paro, la jornada afectará a cada trabajador en función de su decisión individual. El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero su ejercicio es voluntario y convive con el derecho al trabajo de quienes opten por acudir con normalidad a sus puestos. Los sindicatos han anunciado la presencia de piquetes informativos en Soria, cuya función es explicar los motivos de la convocatoria e intentar convencer a los trabajadores para que se sumen. Sin embargo , no pueden coaccionar, amenazar ni impedir físicamente el acceso al centro de trabajo . Nadie puede obligar a secundar la huelga, del mismo modo que nadie puede impedir trabajar a quien decida no hacerlo. Tampoco existe obligación de comunicar previamente a la empresa la intención de participar en el paro. Los trabajadores no tienen que avisar con antelación ni justificar su decisión, y la empresa no puede exigirles que revelen sus intenciones, elaborar listas de adhesión o presionarles para que acudan a su puesto. Eso sí, secundar la huelga tiene consecuencias económicas. Durante el paro, el contrato de trabajo queda suspendido y no se percibe el salario correspondiente al tiempo no trabajado, con los descuentos proporcionales que procedan en los conceptos salariales afectados. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la huelga? El paro comenzará a las 00.00 horas del martes 11 de noviembre y finalizará a las 24.00 horas de esa misma jornada . La convocatoria también contempla a los trabajadores que comiencen o terminen sus turnos durante la noche, así como el cese anticipado de determinadas actividades productivas. Sin embargo, la cobertura de la convocatoria tiene en cuenta las particularidades de los horarios laborales, especialmente en aquellos sectores que funcionan mediante turnos nocturnos. Así, los trabajadores que tengan previsto incorporarse a su puesto antes de la medianoche del día 11 también podrán secundar la huelga desde el inicio de su jornada si esta corresponde al primer turno afectado. Esto significa que un empleado que comience a trabajar a las 22.00 o a las 23.00 horas del día 10 estará amparado por el derecho de huelga desde ese momento y durante el resto de su jornada, aunque su incorporación se produzca todavía en la víspera del paro. La misma consideración se aplica a quienes comiencen su turno durante la noche del 11 de noviembre y terminen durante la madrugada del día 12. En estos casos, la protección del derecho de huelga se mantiene durante la jornada correspondiente, siempre que el trabajador no esté incluido en los servicios mínimos establecidos. El cese de actividad también afecta a determinados trabajos del día anterior. Según las condiciones de la convocatoria, el 10 de noviembre deberán cesar en sus puestos los trabajadores y funcionarios cuyas tareas estén relacionadas con la elaboración de productos, bienes o servicios y con la distribución de efectos que vayan a tener lugar el día de la huelga. Es el caso, por ejemplo, de una panadería industrial que elaborase con normalidad durante la tarde o la noche del día 10 el pan destinado a su distribución y consumo el 11 de noviembre. Sanidad y educación, entre los servicios esenciales La jornada no supondrá la paralización de todos los servicios públicos . La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos para garantizar las prestaciones consideradas esenciales, regulados mediante el Acuerdo 154/2026, de 5 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. En sanidad, la cobertura global no podrá superar aproximadamente un tercio de los efectivos habituales, aunque las actividades urgentes y críticas mantendrán el cien por cien de su operatividad. Entre ellas figuran las unidades de cuidados intensivos, los paritorios, la diálisis, los tratamientos oncológicos, el Hospital de Día, la Farmacia Hospitalaria y los quirófanos cuya actividad no pueda aplazarse . En Atención Primaria se mantendrá la actividad ordinaria de una mañana laborable, con las atenciones urgentes cubiertas por los facultativos y el personal de enfermería de guardia previstos para cada demarcación provincial. También habrá garantías de funcionamiento en los centros educativos públicos. Los equipos directivos, directores o jefes de estudios y el personal subalterno por turno deberán asegurar el acceso a colegios e institutos. En la provincia de Soria, el dispositivo contempla además coberturas específicas en el CEE Santa Isabel, las residencias formativas de Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda y la capital, así como en los Centros Rurales de Innovación Educativa de Navaleno, Almazán y Berlanga de Duero. El decreto incluye igualmente servicios esenciales en la Administración autonómica, el t ransporte asistencial, los centros residenciales y la vigilancia de las carreteras. La manifestación, a las 19.00 horas Con independencia del seguimiento que pueda registrar el paro durante la jornada laboral, la convocatoria tendrá su expresión en la calle por la tarde. En Soria capital, la manifestación está prevista para las 19.00 horas, con salida desde la plaza Mayor. Será el momento de comprobar hasta dónde llega en la provincia una movilización que aspira a reunir reivindicaciones laborales y sociales bajo un mismo paraguas. La vivienda, los salarios y las dificultades para sostener unas condiciones de vida dignas serán los argumentos centrales de una jornada que devuelve a Soria, catorce años después, al escenario de una huelga laboral general.
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
Frente Amplio ya tiene definidos sus candidatos por la provincia de Soria para las próximas elecciones generales. Alberto Flores encabezará la lista al Congreso de los Diputados , mientras que Manuel Madrid será el candidato al Senado dentro del acuerdo de coalición con el PSOE. La formación ha presentado hoy sus candidaturas acompañada por Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid , que ha aprovechado su intervención para desgranar las principales líneas de su proyecto político. Detrás de ambas candidaturas hay dos motivaciones diferentes, aunque comparten un mismo objetivo, que es el de defender los derechos sociales y evitar que un posible cambio de Gobierno suponga un retroceso en las conquistas de los últimos años. En el caso de Manuel Madrid, su regreso a la primera línea política tiene una razón personal y política. Jubilado desde hace cinco años, el histórico militante de Izquierda Unida reconoce que ?pensaba dedicar esta etapa de su vida a disfrutar de mi tiempo libre ?. Sin embargo, asegura que la situación política actual le ha llevado a volver a implicarse. ?A estas alturas y en estos momentos yo tengo mucho miedo ?, ha reconocido. Madrid, que comenzó su trayectoria sindical en Comisiones Obreras con apenas 14 años, cuando todavía estaba en la clandestinidad, considera que el avance de la derecha y la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox ?ponen en riesgo derechos que costó décadas conseguir?. Su principal preocupación está en las pensiones . El candidato al Senado teme que un cambio de Gobierno termine traduciéndose en " su congelación, pérdida de poder adquisitivo o privatización progresiva del sistema público ". Por eso, quiere convertirse en la voz de los 10 millones de pensionistas que hay en España y defender que las prestaciones sigan actualizándose conforme al IPC. ?Si sabemos lo que queremos y lo tenemos claro, podemos torcer el brazo a cualquier equipo de Gobierno que se precie de querer acabar con las pensiones, privatizarlas o congelarlas ?, ha afirmado. Natural de Alcoy y residente en Soria desde hace más de cuatro décadas, Madrid ha sido coordinador de IU, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria. También preside actualmente el Ateneo Republicano Mónico Vicente . Su candidatura al Senado se presenta en coalición con el PSOE , un acuerdo que busca sumar fuerzas para que la izquierda pueda conseguir un representante en la provincia y cambiar la Cámara Alta. Madrid considera que ?conseguir un senador sería toda una victoria de la izquierda?. Por su parte, Alberto Flores encabeza la candidatura al Congreso. Nacido en Madrid y criado en Tardelcuende, se define como ?un orgulloso pitorrero?. Su trayectoria profesional está vinculada a la hostelería y a la Administración pública . Es graduado en Ciencias Políticas, tiene un máster de profesorado y trabaja como secretario-interventor en un ayuntamiento. Le acompañará Lidia Molina Carazo como número dos. Los suplentes serán José Antonio Marín Carazo y María Milagros Solano Rodrigo. En la lista al Senado figuran como suplentes Ana Isabel García Garcés y Enrique García Domínguez. Vivienda, salarios y servicios públicos, entre las prioridades Más allá de la presentación de nombres, Emilio Delgado ha sido el encargado de explicar qué propone Frente Amplio y qué modelo de país quiere defender en esta campaña. Su discurso ha girado en torno a impedir que ?este país retroceda 50 años, pero tampoco podemos aceptar el país que tenemos ahora mismo. Necesitamos un gran salto adelante ?, ha afirmado. Para conseguirlo, la formación sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la lucha contra la inflación. En materia de vivienda, plantea frenar la especulación y garantizar que el acceso a una casa sea un derecho. Delgado ha reclamado que la vivienda protegida mantenga "esa condición de forma permanente", sin acabar en manos de fondos de inversión, porque ?las casas ya no son para vivir, son para especular y eso hay que cortarlo de raíz?, ha advertido. La formación también defiende mejorar los salarios del sector privado, reforzar la sanidad y la educación públicas y actuar frente al encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la energía. Para ello, Delgado propone " redistribuir la riqueza y hacer que una mayor parte de los beneficios económicos llegue a las familias trabajadoras". Transición ecológica y empleo de calidad Otro de los ejes es impulsar una transición ecológica que genere empleo de calidad. Su propuesta pasa por aprovechar el potencial de las energías renovables, desarrollar nuevas líneas eléctricas y centros de almacenamiento, rehabilitar edificios y mejorar la movilidad. Una transformación que, según ha defendido, ?podría abrir oportunidades en provincias como Soria?, ya que ?podríamos tener una industria verde con capacidad de generar empleo de alto valor añadido, con mejores salarios y con posibilidades para conciliar la vida laboral y familiar?, ha explicado. Delgado ha resumido la orientación económica de la formación con una frase muy clara: ? la motosierra se le aplica a los de arriba ?. Frente a los recortes en derechos y servicios, Frente Amplio apuesta por ? proteger a las clases trabajadoras y evitar una involución social?.
El Partido Popular ha iniciado en Soria su precampaña electoral ante los comicios del próximo 29 de noviembre con una jornada informativa en la capital que ha servido de antesala a los actos previstos en Ólvega y Ágreda. Durante este arranque de campaña, la formación ha querido situar en el eje de su discurso las prioridades del medio rural y el balance de la actividad legislativa desarrollada en las Cortes Generales durante la legislatura. El presidente del PP de Soria y de la Diputación Provincial, Benito Serrano , comenzaba el encuentro trasladando un mensaje de apoyo a los vecinos de Berlanga afectados por el reciente incendio en la Plaza Mayor , haciendo extensible el reconocimiento a su alcalde, Enrique Rubio, y a la labor desempeñada por los bomberos de la institución provincial. En su intervención, Serrano ha subrayado la labor realizada en la Cámara Alta a través de iniciativas promovidas desde la provincia, citando la Ley de Montes de Socios y el Mecanismo Rural de Garantía . Asimismo, ha vuelto a criticar por "cicatera" la aplicación del 1% en la fiscalidad diferenciada y las ayudas de funcionamiento, recordando que la normativa comunitaria de la Unión Europea autoriza llegar hasta un 20%. Propuestas legislativas e infraestructuras pendientes Por su parte el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Tomás Cabezón , ha desgranado el objetivo del Mecanismo Rural de Garantía , explicando que está diseñado para "analizar desde Madrid la repercusión de cada norma sobre el tejido socioeconómico rural, beneficie a empresas, agricultores o jóvenes". Cabezón ha defendido también la proposición sobre titularidad colectiva forestal elaborada conjuntamente con la Asociación de Montes de Soria, señalando que: " Un monte limpio es un monte más seguro y es un monte que también da valor al territorio ". El candidato al Congreso ha enfatizado que las 40 "leyes Feijóo" aprobadas en el Senado representan la alternativa programática dispuesta para su aplicación tras el 29-N. Igualmente, ha aludido a las carencias en materia de transportes que afectan a la provincia, mencionando el ritmo de ejecución de las autovías A-11 y A-15 y la suspensión del servicio de la línea de tren con Madrid durante un periodo de 18 meses . Plan de choque para jóvenes y balance parlamentario En la recta final, la portavoz del Grupo Popular en el Senado y candidata a la Cámara Alta por Ávila, Alicia García ha defendido la función del Senado como " contrapeso institucional " y ha lamentado que iniciativas registradas por los parlamentarios sorianos, entre los que ha citado a José Manuel Hernando, "permanezcan frenadas en el Congreso de los Diputados". García ha expuesto las líneas del plan de choque anunciado para dinamizar los pueblos , el cual contempla medidas de " impuestos cero " para jóvenes que busquen vivienda en el entorno rural , un bonus de 15.000 euros para emprendedores que inicien su actividad en el territorio y el blindaje de las ayudas relativas a la Política Agraria Común (PAC) en las negociaciones europeas . Por último, la portavoz ha aludido a las investigaciones parlamentarias y judiciales sobre la gestión de fondos públicos e infraestructuras a nivel estatal, contraponiendo el modelo de gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo frente al Ejecutivo actual.
La cumbre internacional de ciudades y soluciones urbanas inteigentes reúne en Barcelona a más de mil municipios y 700 expertos para evaluar el impacto real que las soluciones tecnológicas tienen en la calidad de vida urbana Las ciudades concentran los mayores desafíos de la sociedad contemporánea. Durante más de dos décadas la digitalización de los entornos urbanos avanzó sobre la promesa de transformar nuestras urbes. Y hoy, esta tecnología abandona el terreno de la promesa para ofrecer resultados palpables en las calles: desde la gestión eficiente de la energía hasta la optimización del transporte público, las nuevas herramientas ayudan a resolver problemas cotidianos. Las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades protagonizarán, un año más, Smart City Expo World Congress . Organizado por Fira de Barcelona, del 3 al 5 de noviembrecelebrará en el recinto de Gran Via su decimoquinta edición, bajo el lema Soluciones urbanas, impacto real . Una cita que convocará a más de 1.000 ciudades, 1.100 expositores y 27.000 asistentes con el propósito de compartir prácticas de éxito aplicables a escala global. “Durante años hemos hablado de la ciudad inteligente como una promesa. Hoy sabemos que tras casi un cuarto de siglo apostando por las ciudades inteligentes, la tecnología existe y ya ha tenido un impacto. Las soluciones que mostramos están cambiando la vida de las personas a mejor. Smart City Expo quiere ser el lugar donde ciudades, empresas y expertos compartan las experiencias que dan buenos resultados, para que puedan replicarse allí donde hace falta”, señala Ugo Valenti, director del congreso. Instantes de Smart City 2025. Tecnología al servicio de la ciudadanía El avance de las tecnologías habilitadoras, la inteligencia artificial y la red de sensores transforman los gobiernos locales. Los algoritmos de predicción facilitan el mantenimiento de las infraestructuras, mientras los modelos digitales tridimensionales permiten a las administraciones simular el impacto ambiental de nuevas obras antes de su ejecución. Sin embargo, la innovación tecnológica carece de sentido si no atiende a las necesidades de la ciudadanía. La digitalización urbana busca ahora un equilibrio entre la eficiencia operativa, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Esta perspectiva transversal integra la movilidad sostenible, la transición energética y la protección del entorno marino para garantizar un crecimiento económico respetuoso con el planeta. Entre todos los retos urgentes de las urbes actuales, la dificultad de acceso a un hogar adecuado ocupa un lugar prioritario. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y el crecimiento demográfico presionan a los gobiernos locales en todo el mundo. Smart City Expo no es ajeno a esta situación y, por ello, acoge un nuevo congreso centrado en el reto de promover vivienda urbana asequible ( HOWS Barcelona ). En ella más de cien especialistas debatirán sobre la regulación del suelo, la promoción de vivienda pública, la edificación industrializada y la rehabilitación energética del parque residencial existente. Figuras como la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, o la investigadora de la universidad de East London, Anna Minton, analizarán modelos capaces de frenar la especulación e impulsar la inclusión social. Junto a la tecnología, el encuentro tendrá una dimensión política, porque las ciudades son motores de cambio. Alcaldes y responsables municipales de urbes como París, Atlanta, Atenas, Milán, Budapest, Freetown y Barcelona están articulando una agenda común para hacer frente a la crisis habitacional. La exalcaldesa parisina Anne Hidalgo, que ha abanderado el compromiso con la sostenibilidad climática, será una de las invitadas al encuentro, mientras que una mesa redonda de alcaldes analizará estrategias de suelo y cooperación pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado una agenda de actividades, bajo el nombre de Cities Programme , enfocada al intercambio de estrategias y conocimiento entre líderes municipales. Este intercambio directo de experiencias permitirá a los municipios adaptar medidas probadas en otros países, desde la reserva de suelo para alquiler protegido hasta incentivos fiscales para la edificación sostenible. Ciudades y adaptación climática El reto de adaptación al cambio climático centrará el nuevo espacio Terra50. Esta cúpula inmersiva proyectará 50 iniciativas urbanas con resultados demostrados en 32 países. Entre estas propuestas figuran cápsulas de desalinización marina que aprovechan la presión del agua profunda para ahorrar energía, pasarelas peatonales fabricadas con palas recicladas de aerogeneradores y modelos de separación de residuos sin vertidos. Además, el encuentro impulsará el emprendimiento tecnológico mediante un espacio dedicado a empresas emergentes, donde inversores, centros de investigación y administraciones evaluarán innovaciones de alto potencial transformador. El futuro de los entornos urbanos exige una visión a largo plazo basada en la inteligencia estratégica y la diversidad. Especialistas en prospectiva tecnológica como Nikolas Badminton, líder del think tank Futurist.com y ponente principal del congreso, profundizarán en el uso ético de los algoritmos en la toma de decisiones públicas. Por su parte, expertas como Ayumi Moore Aoki, fundadora de Women in Tech Global, defenderán la inclusión del talento femenino y la eliminación de brechas de género en la innovación urbana. En un momento de grandes transformaciones, las ciudades demuestran que la convergencia entre tecnología, planificación urbana y sensibilidad social representa el único camino para construir comunidades más justas, prósperas y habitables.
