Los primeros casos de aplicación las medidas desde su publicación en el BOE logran parar desahucios y prorrogar alquileres
El decreto de vivienda que incluía la prórrogas automáticas de los alquileres por cinco años y abría la puerta a los contratos indefindos cayó este jueves en al votación de la Diputación Permanente. El resultado beneficia a los propietarios, que evitarán pagar más de 15.000 euros a los inquilinos por recuperar su vivienda fuera de las causas justificadas que estableció el texto si no querían una extensión de un lustro en el acuerdo entre las partes. El decreto fracasó por la mínima -34 votos frente a 35- por el 'no' del PNV a esos alquileres indefinidos. A diferencia con el decreto que sí salióadelante, el inquilino no tenía que pedir las prórrogas contempladas en este texto sino que se aplicaban... Ver Más
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Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La juez ha paralizado el desahucio previsto para este jueves por la situación de vulnerabilidad económica de los inquilinos ilegales. Más información: La vivienda y el "castañazo" del 11-N suben el tono en Zaragoza: "Maricarmen era un parásito del sistema"
La huelga general también fracasa en su objetivo de que se aprobaran los dos decretos de vivienda.
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La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. La norma ha salido adelante por un solo voto de diferencia, con 35 votos a favor y 34 en contra, y mantiene un amplio paquete de cambios que afecta al mercado inmobiliario, los contratos de alquiler, la fiscalidad y la promoción de vivienda pública.
El número uno al Congreso, Alberto Mayoral, y la candidata al Senado en la lista Senado de Progreso, Ana López, apuestan por la protección frente a los desahucios, la prórroga de los alquileres y las ayudas para los jóvenes Los partidos inician en Có
El decreto de vivienda que incluía la prórrogas automáticas de los alquileres por cinco años y abría la puerta a los contratos indefindos cayó este jueves en al votación de la Diputación Permanente. El resultado beneficia a los propietarios, que evitarán pagar más de 15.000 euros a los inquilinos por recuperar su vivienda fuera de las causas justificadas que estableció el texto si no querían una extensión de un lustro en el acuerdo entre las partes. El decreto fracasó por la mínima -34 votos frente a 35- por el 'no' del PNV a esos alquileres indefinidos. A diferencia con el decreto que sí salióadelante, el inquilino no tenía que pedir las prórrogas contempladas en este texto sino que se aplicaban... Ver Más
El Congreso convalidó ayer el decreto más amplio con los votos del PNV en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral, pero el PP promete derogarlo si Feijóo llega a La Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
El Gobierno salva las principales medidas de vivienda, pero pierde la renovación automática de alquileres por el rechazo de PP, Vox, Junts y PNV. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves 12 de noviembre, por 35 votos a favor y 34 en contra, el real decreto-ley que concentra el grueso de las medidas […] The post La Diputación Permanente salva el decreto de vivienda por un voto y tumba la prórroga automática de alquileres first appeared on Alcalá Hoy .
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La Diputación Permanente convalida el decreto ley de vivienda, pero rechaza la renovación automática de los contratos de alquiler.
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La norma prohíbe los desahucios de personas vulnerables, prevé ayudas para pequeños propietarios e incluye bonificaciones fiscales para contener los precios del alquiler.
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
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Las medidas incluyen un plan de 10.000 millones de euros de financiación para la compra de primera vivienda
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este miércoles, 11 de noviembre, la Orden PRE/1210/2026 , de 6 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de la Presidencia . El texto, firmado por el consejero del ramo, Luis Miguel González Gago , entra en vigor el mismo día de su publicación oficial y deroga la anterior regulación vigente desde mayo de 2022. Esta disposición adapta el funcionamiento interno del departamento a los decretos de reestructuración aprobados en junio de 2026. De este modo, delimita las funciones de los órganos y unidades administrativas propios de la Consejería, así como de aquellos que dependen funcionalmente del presidente de la Junta de Castilla y León y de la Vicepresidencia Segunda , que ostenta María Isabel Blanco Llamas, pero que están adscritos orgánicamente a Presidencia. Hasta que se produzca la adaptación de la relación de puestos de trabajo a esta nueva configuración, el personal continuará desempeñando sus funciones en las unidades administrativas afectadas, bajo la dependencia funcional de los centros directivos que tienen atribuidas las competencias. En el primer bloque, bajo la dependencia funcional directa del presidente de la Junta y orgánica de la Consejería de la Presidencia, la orden configura tres áreas principales: Gabinete del Presidente: estructurado en el Servicio de Organización y Secretaría y el Servicio de Relaciones Externas. Dirección de Comunicación: integrada por el Servicio de Asuntos Generales y el Servicio de Identidad Institucional. Dirección General de Análisis y Planificación: que cuenta con el Servicio de Análisis y Asistencia para el seguimiento del programa de gobierno y la elaboración de análisis predictivos. Por su parte, bajo la dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda y adscritos orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, se definen cinco centros directivos que agrupan competencias en protección ciudadana, ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda e igualdad: Dirección General de Programas: dividida en el Servicio de Gestión y Documentación y el Servicio de Coordinación y Programación. Dirección General de Vivienda y Urbanismo: cuenta con seis servicios: Inspección y Régimen Jurídico de Vivienda; Administración del Parque Público de Viviendas; Financiación y Ayudas a la Vivienda; Arquitectura y Vivienda Pública; Rehabilitación y Regeneración Urbana; y Urbanismo. Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio: estructurado en el Servicio de Reto Demográfico, el Servicio de Ordenación del Territorio y el Centro de Información Territorial. Agencia de Protección Civil y Emergencias: incluye el Servicio de Protección Civil, el Servicio 1-1-2, el Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos y el Servicio de Formación de Protección Civil (del que depende la Escuela Regional de Policía Local). Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades: organizada en el Servicio de Promoción de la Igualdad, el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género (que cuenta con la Sección de Centros y Servicios) y el Servicio de Integración. Secretaría General y de los Servicios Jurídicos Dependiendo tanto orgánica como funcionalmente de la Consejería de la Presidencia se sitúan la Secretaría General y la Dirección de los Servicios Jurídicos . La Secretaría General asume la gestión interna y técnica a través de ocho servicios: Personal y Régimen Interior; Asuntos Económicos; Evaluación, Normativa y Procedimiento; Estudios y Documentación (con la Unidad de Estadística adscrita); Secretariado de la Junta; Informática; Boletín Oficial de Castilla y León; y Gestión y Apoyo. Además, se adscriben a este órgano la Unidad de Archivo Central y la Inspección General de Servicios. En cuanto a la Dirección de los Servicios Jurídicos , la orden adecua su configuración al reglamento aprobado en diciembre de 2025. Cuenta con el Servicio de Gestión y Documentación Jurídica y coordina las asesorías jurídicas en las nueve delegaciones territoriales ?incluida la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ?, así como en los tres organismos autónomos (Servicio Público de Empleo, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales) y en las 10 consejerías del Ejecutivo autonómico: Consejería de la Presidencia. Consejería de Economía y Hacienda. Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Consejería de Medio Ambiente y Energía. Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Consejería de Educación. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Viceconsejería de Administraciones Públicas El quinto capítulo de la orden desarrolla la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano , de la que dependen cuatro direcciones centrales: Dirección de Administración Local: formada por el Servicio de Financiación y Cooperación Económica Local y el Servicio de Régimen Jurídico Local. Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior: integra nueve servicios (Relaciones con las Cortes; Colaboración y Cooperación; Procesos Electorales, que incluye la Unidad de Memoria Democrática con rango de sección; Ordenación, Gestión y Autorizaciones de las actividades de juego y apuestas; Registros y Material de las Actividades de Juego y Apuestas; Inspección, Control y Sanciones de las Actividades de Juego y Apuestas; Instituciones Propias; Acción Exterior; y Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior), además de la Delegación Permanente ante la UE. Dirección General de la Función Pública: engloba la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (con tres servicios propios y un área económica), una Unidad de Gestión y Apoyo y ocho servicios: Planificación de los Recursos Humanos; Relaciones Laborales; Régimen Jurídico; Provisión; Evaluación y Carrera Profesional; Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales; Registro y de Gestión de Personal; y Sistema Integrado de Gestión de Personal. Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios: cuenta con ocho servicios (Acceso a la Información Pública; Transparencia y Reutilización de la Información; Protección de Datos; Atención al Ciudadano; Calidad, Innovación y Participación Ciudadana; Planificación y Evaluación de Políticas Públicas; Fundaciones y Asociaciones; y Colegios Profesionales) y tiene adscrita la Unidad del 012 , encargada entre otras funciones del seguimiento de los contenidos de la sede electrónica de la Administración autonómica .
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados decidirá este jueves si convalida o deroga los decretos de vivienda que el Gobierno aprobó a principios de octubre. Así quedarían las medidas si el PNV finalmente da su 'sí' al primero de los dos textos.
