Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
España elige algo más que su próximo Gobierno este 29 de noviembre. O algo menos, así se ve desde ambos lados del espectro político. Izquierda y derecha alertan del riesgo de supervivencia del sistema tal y como lo conocemos si ganan los otros. El PSOE avisa de un retroceso de derechos y libertades, de recortes en prestaciones sociales y de una ?involución democrática? si el PP y Vox llegan al poder. Desde la derecha, el peligro se vislumbra en los ?delirios autoritarios? de Pedro Sánchez, en la degradación de las instituciones y de la separación de poderes y en los casos de corrupción que afectan al PSOE. A las urnas se llega tras 8 años de Gobierno del PSOE, asediado por los casos de corrupción de las dos manos derechas de Pedro Sánchez (Ábalos ?sentenciado a 24 años de cárcel? y Santos Cerdán ?pendiente de juicio?), los escándalos éticos de su entorno personal y la politización de las instituciones y organismos del Estado. Del lado contrario, los buenos datos macro de una economía impulsada por los fondos europeos y el aumento de las pensiones o del salario mínimo. Sánchez, que llegó al poder en una moción de censura aupada por los escándalos de corrupción del PP en la trama Gürtel, ha vivido esta legislatura en máxima precariedad parlamentaria y en manos de Junts, con quien negoció la amnistía para los responsables del ?procés? a cambio de la investidura. Esta minoría en el Congreso le ha llevado a no presentar ni unos solos Presupuestos Generales del Estado, a un abuso de los decretos y a ver cómo leyes importantes decaían en el Parlamento. Precisamente, fue la caída de dos de esos decretos, los de la vivienda, lo que generó la ?ventana de oportunidad? para que Pedro Sánchez adelantase las elecciones. Las movilizaciones sociales, al rebufo del desahucio de Maricarmen, en favor del derecho a la vivienda, constituyen un clima social más favorable al discurso socialista que trata de canalizar en apoyos el malestar de una sociedad que ve cómo los trabajadores pierden constantemente poder adquisitivo y cómo se deterioran los servicios públicos. Ese marco de derechos sociales, servicios públicos, viabilidad de las pensiones, poder adquisitivo y crisis de la vivienda, englobado en un panorama de contestación social en Europa, inestabilidad geopolítica mundial y un anunciado frenazo de la economía global, convivirá en campaña con la inmigración y sus implicaciones en la seguridad y en los servicios públicos. La crisis tras la entrada irregular y masiva en Ceuta de decenas de miles de personas, y las tensiones con Marruecos, marcan en España un debate que atañe a todas las sociedades occidentales. Ya en precampaña, el segundo accidente de los trenes españoles de alta velocidad en menos de un año, con decenas de muertos en Urda, sacude la agenda generando un necesario debate sobre el estado de las infraestructuras nacionales, las responsabilidades políticas y la eficacia de empresas y organismos públicos. Con este panorama, cerca de 39 millones de españoles están llamados a las urnas. Unas elecciones presentadas como un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez y su forma de entender y ejercer el poder, mientras las crisis que sufren el Estado del bienestar y el sistema democrático occidental presagian oscuros nubarrones. Partido Popular y Vox, que ya nadie duda, gobernarán juntos, parten ?según las encuestas? de unos 200 escaños con un amplio margen sobre los 176 que marcan la mayoría absoluta. En el PSOE se confía en la remontada, fiándolo todo al aura y el ?Manual de Resistencia? de Pedro Sánchez, a una movilización masiva de la izquierda en las calles y a una amalgama de partidos que quiera frenar a la ultraderecha. El domingo 29, usted decide.
El barómetro mensual del CIS estaba recolectando datos justo en el momento de la convocatoria de elecciones anticipadas. Esto nos permite asomarnos a la reacción inmediata de los votantes (o, más bien, a la falta de reacción) ante la última apuesta política de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 5 de octubre elecciones generales para el 29 de noviembre . La decisión llegó después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda promovidos por su Gobierno . El motivo del adelanto electoral estaba claro. En España se sucedieron grandes protestas por la crisis de la vivienda, y estas subieron de tono tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años , de la casa en la que vivía de alquiler desde hacía unos 70 años. Sánchez supo convertir esa debilidad parlamentaria en una oportunidad al forzar una votación sobre sus reformas en plena ola de protestas. Al perderla, y sin miedo a medirse en las urnas pese a las encuestas de opinión , decidió convocar elecciones anticipadas. ¿Pero puede esta convocatoria un empujón electoral inmediato? La ciencia política nos dice que llamar a los votantes a las urnas puede cambiar algo más que el signo de las encuestas. La literatura sobre convocatorias anticipadas nos muestra que ser llamados a votar de forma sorpresiva puede aumentar la confianza en el Gobierno: a los votantes les gusta que se les dé la oportunidad de retirar la confianza a quien gobierna o de respaldar a la oposición. La literatura también nos dice que los adelantos electorales llevan a los votantes a decidirse más rápido: los datos de Alemania y Reino Unido muestran a una caída inmediata de quienes responden “No sé” a la pregunta sobre intención de voto, algo distinto a la cristalización más gradual de las preferencias de voto en las elecciones ordinarias. Un adelanto no sólo cambia las actitudes de los votantes: también les ayuda a decidirse. Una afortunada coincidencia nos permite estudiar si lo que la literatura nos muestra en otros contextos se traslada al caso español actual: el anuncio de Sánchez llegó el 5 de octubre y coincidió con el trabajo de campo del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que entrevistó a 5.024 personas entre los días 1 y 6 de octubre. Algunas respondieron antes del anuncio; otras, ese mismo día o al siguiente. Imaginemos que una empresa de encuestas llama a un grupo de personas el sábado y a otro el lunes. Si entre ambas llamadas se produce un anuncio importante, comparar las respuestas de ambos grupos nos permite estudiar el impacto político de dicho anuncio. Es lo que en ciencia política se conoce como evento inesperado durante la encuesta ( UESD , por sus siglas en inglés). Esta coincidencia entre el trabajo de campo del CIS y el anuncio del adelanto nos abre una pequeña ventana a la reacción inmediata del electorado. Sin subidón aparente tras el anuncio ¿Se incrementó la intención de participación electoral o la probabilidad de declarar al PSOE como opción preferida? La Figura 1 nos muestra que no. Figura 1 Figura 1. Intención de ir a votar e intención de voto al PSOE. Los intervalos de confianza a ambos lados de la convocatoria electoral son demasiado amplios para sacar conclusiones. La participación mide lo que la gente dice que haría, no si finalmente vota. El salto estimado en la intención de ir a votar es esencialmente nulo en términos estadísticos: −0,002 en una escala de 0 a 1, con un intervalo de confianza que va de −0,042 a +0,037. El apoyo al PSOE muestra una subida estimada de 2,2 puntos porcentuales, pero el intervalo va de −5,8 a +10,2. Estos intervalos de confianza son demasiado amplios para llegar a una conclusión fiable, y no podemos saber con certeza si el efecto “real” del anuncio es positivo, nulo o incluso negativo. Sin cambios en la valoración de los líderes Pero quizá los votantes se aproximasen a Sánchez de algún modo, aunque sin expresarlo de forma tan explícita como en la intención de voto. Cabe imaginar que existiese una elevada indecisión sobre voto, dado que la oferta electoral aún no se conocía . Sin embargo, también es posible que muchos ciudadanos percibiesen entonces a Sánchez como un líder dispuesto a asumir riesgos y receptivo a las protestas sociales, lo que podría haber mejorado su valoración. Del mismo modo, la valoración de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, podría haber aumentado entre quienes considerasen que llevaba tiempo reclamando un adelanto electoral y que, en sus propias palabras, había logrado por fin “pedirle cuentas” a Sánchez. En la Figura 2 analizamos si, tras el anuncio electoral, los votantes expresaron niveles distintos de confianza en alguno de los dos líderes. Figura 2 Figura 2. Confianza en Sánchez y en Feijóo. Una puntuación más alta indica mayor confianza. El cambio estimado en la confianza en Sánchez es positivo, de 0,051 en la escala de 0 a 1, pero su intervalo de confianza oscila entre −0,008 y +0,110. La estimación para Feijóo es de −0,014, con un intervalo de −0,064 a +0,036. Por tanto, ninguna de las dos ofrece un resultado claro. Como ocurre con la intención de voto, los datos nos indican que no se produjeron cambios evidentes en este sentido. Pero tampoco hay un castigo a la oposición Por último, analizamos si la convocatoria electoral afectó al apoyo a los partidos de la derecha: el Partido Popular (PP) de Feijóo y VOX. Figura 3 Figura 3. Intención de voto al PP y a Vox. El porcentaje de apoyo a cada partido se calcula sobre el total de encuestados que proporcionan una respuesta válida, incluidos los indecisos y excluidos quienes no responden. Ambas estimaciones apuntan a una caída del apoyo: 4,3 puntos porcentuales para el PP y 2,6 para Vox. Sin embargo, de nuevo los intervalos de confianza cruzan el cero (de −10,8 a +2,3 puntos para el PP y de −8,3 a +3,1 para Vox), lo que indica que no hay una señal estadística lo suficientemente fuerte para concluir que el anuncio perjudicara a ninguno de estos dos partidos. ¿Pero y si la movilización viene motivada por la ideología? Una convocatoria electoral puede movilizar o desmovilizar a un bloque ideológico sin producir ningún efecto en el contrario. La Figura 4 explora esta posibilidad en relación con la participación electoral. Las líneas muestran las predicciones de nuestro modelo cuando se permite que el efecto del anuncio varíe en función de la posición de cada persona en una escala ideológica de 1 (izquierda) a 10 (derecha). Los puntos superpuestos representan las estimaciones correspondientes a tres ‘bloques’: izquierda (1-4), centro (5-6) y derecha (7-10). Figura 4 Figura 4. Intención de participación predicha según ideología de los votantes. La línea de puntos roja sugiere un mayor impulso a la participación en la izquierda, que se va diluyendo hacia la derecha. El aumento estimado en la intención de participación entre el antes y el después del anuncio de Sánchez de convocar elecciones es de 0,031 en la izquierda, 0,022 en el centro y 0,014 en la derecha, en la misma escala de 0 a 1. Aunque en términos estadísticos estas diferencias no son lo bastante claras como para afirmar que el anuncio movilizó a un bloque ideológico más que a otro, sí ofrecen un indicio de que la izquierda podría haberse movilizado más con la convocatoria. Con todo esto, ¿qué podemos concluir sobre la reacción inmediata del electorado ante este órdago electoral de Sánchez? Los efectos casi inmediatos observados en otros países —un aumento de la confianza política y cristalización de las preferencias de voto tras la convocatoria de elecciones anticipadas— no encuentran un reflejo claro en los datos españoles. Lo que sí apunta, aunque de forma débil, es que el anuncio quizá haya podido movilizar a quienes se identifican como votantes de izquierda.
El Gobierno logra sacar adelante el paquete de medidas contra los desahucios y la especulación, mientras decae la prórroga automática de los contratos de alquiler.
Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
La Diputación Permanente decide sobre la prórroga forzosa de dos años en los alquileres, los topes de precios, las medidas fiscales o las indemnizaciones a los caseros que no renueven contratos.
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este miércoles, 11 de noviembre, la Orden PRE/1210/2026 , de 6 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de la Presidencia . El texto, firmado por el consejero del ramo, Luis Miguel González Gago , entra en vigor el mismo día de su publicación oficial y deroga la anterior regulación vigente desde mayo de 2022. Esta disposición adapta el funcionamiento interno del departamento a los decretos de reestructuración aprobados en junio de 2026. De este modo, delimita las funciones de los órganos y unidades administrativas propios de la Consejería, así como de aquellos que dependen funcionalmente del presidente de la Junta de Castilla y León y de la Vicepresidencia Segunda , que ostenta María Isabel Blanco Llamas, pero que están adscritos orgánicamente a Presidencia. Hasta que se produzca la adaptación de la relación de puestos de trabajo a esta nueva configuración, el personal continuará desempeñando sus funciones en las unidades administrativas afectadas, bajo la dependencia funcional de los centros directivos que tienen atribuidas las competencias. En el primer bloque, bajo la dependencia funcional directa del presidente de la Junta y orgánica de la Consejería de la Presidencia, la orden configura tres áreas principales: Gabinete del Presidente: estructurado en el Servicio de Organización y Secretaría y el Servicio de Relaciones Externas. Dirección de Comunicación: integrada por el Servicio de Asuntos Generales y el Servicio de Identidad Institucional. Dirección General de Análisis y Planificación: que cuenta con el Servicio de Análisis y Asistencia para el seguimiento del programa de gobierno y la elaboración de análisis predictivos. Por su parte, bajo la dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda y adscritos orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, se definen cinco centros directivos que agrupan competencias en protección ciudadana, ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda e igualdad: Dirección General de Programas: dividida en el Servicio de Gestión y Documentación y el Servicio de Coordinación y Programación. Dirección General de Vivienda y Urbanismo: cuenta con seis servicios: Inspección y Régimen Jurídico de Vivienda; Administración del Parque Público de Viviendas; Financiación y Ayudas a la Vivienda; Arquitectura y Vivienda Pública; Rehabilitación y Regeneración Urbana; y Urbanismo. Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio: estructurado en el Servicio de Reto Demográfico, el Servicio de Ordenación del Territorio y el Centro de Información Territorial. Agencia de Protección Civil y Emergencias: incluye el Servicio de Protección Civil, el Servicio 1-1-2, el Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos y el Servicio de Formación de Protección Civil (del que depende la Escuela Regional de Policía Local). Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades: organizada en el Servicio de Promoción de la Igualdad, el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género (que cuenta con la Sección de Centros y Servicios) y el Servicio de Integración. Secretaría General y de los Servicios Jurídicos Dependiendo tanto orgánica como funcionalmente de la Consejería de la Presidencia se sitúan la Secretaría General y la Dirección de los Servicios Jurídicos . La Secretaría General asume la gestión interna y técnica a través de ocho servicios: Personal y Régimen Interior; Asuntos Económicos; Evaluación, Normativa y Procedimiento; Estudios y Documentación (con la Unidad de Estadística adscrita); Secretariado de la Junta; Informática; Boletín Oficial de Castilla y León; y Gestión y Apoyo. Además, se adscriben a este órgano la Unidad de Archivo Central y la Inspección General de Servicios. En cuanto a la Dirección de los Servicios Jurídicos , la orden adecua su configuración al reglamento aprobado en diciembre de 2025. Cuenta con el Servicio de Gestión y Documentación Jurídica y coordina las asesorías jurídicas en las nueve delegaciones territoriales ?incluida la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ?, así como en los tres organismos autónomos (Servicio Público de Empleo, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales) y en las 10 consejerías del Ejecutivo autonómico: Consejería de la Presidencia. Consejería de Economía y Hacienda. Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Consejería de Medio Ambiente y Energía. Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Consejería de Educación. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Viceconsejería de Administraciones Públicas El quinto capítulo de la orden desarrolla la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano , de la que dependen cuatro direcciones centrales: Dirección de Administración Local: formada por el Servicio de Financiación y Cooperación Económica Local y el Servicio de Régimen Jurídico Local. Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior: integra nueve servicios (Relaciones con las Cortes; Colaboración y Cooperación; Procesos Electorales, que incluye la Unidad de Memoria Democrática con rango de sección; Ordenación, Gestión y Autorizaciones de las actividades de juego y apuestas; Registros y Material de las Actividades de Juego y Apuestas; Inspección, Control y Sanciones de las Actividades de Juego y Apuestas; Instituciones Propias; Acción Exterior; y Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior), además de la Delegación Permanente ante la UE. Dirección General de la Función Pública: engloba la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (con tres servicios propios y un área económica), una Unidad de Gestión y Apoyo y ocho servicios: Planificación de los Recursos Humanos; Relaciones Laborales; Régimen Jurídico; Provisión; Evaluación y Carrera Profesional; Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales; Registro y de Gestión de Personal; y Sistema Integrado de Gestión de Personal. Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios: cuenta con ocho servicios (Acceso a la Información Pública; Transparencia y Reutilización de la Información; Protección de Datos; Atención al Ciudadano; Calidad, Innovación y Participación Ciudadana; Planificación y Evaluación de Políticas Públicas; Fundaciones y Asociaciones; y Colegios Profesionales) y tiene adscrita la Unidad del 012 , encargada entre otras funciones del seguimiento de los contenidos de la sede electrónica de la Administración autonómica .
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados decidirá este jueves si convalida o deroga los decretos de vivienda que el Gobierno aprobó a principios de octubre. Así quedarían las medidas si el PNV finalmente da su 'sí' al primero de los dos textos.
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