Catorce años después de la última huelga general, los sindicatos volvieron a las calles en una protesta política contra la oposición. La del miércoles fue una convocatoria «atípica», que se produjo a las puertas de las elecciones generales, después de ocho años de silencio, en los que UGT y CC.OO. no han alzado la voz ni por la devaluación de los salarios, la meteórica subida del precio de la vivienda o el empobrecimiento de los hogares. Pero un día antes de que comenzara la campaña electoral y bajo la bandera de los salarios y la vivienda, los trabajadores de este país fueron llamados a paralizar la actividad económica en todo el país y a salir a las calles. ¿Éxito o... Ver Más
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El Congreso convalidó ayer el decreto más amplio con los votos del PNV en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral, pero el PP promete derogarlo si Feijóo llega a La Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.
Los socialistas prometen mantener las pensiones ligadas al IPC y reducir la jornada laboral a 36 horas semanales en 2030 Las pensiones y el bienestar de la "gente", los argumentos del PSOE de Sevilla para el 29-N
El Partido Popular ha presentado las principales líneas de actuación de su programa electoral para la provincia de Cádiz , situando la vivienda, la seguridad, las infraestructuras, el empleo, la fiscalidad y el apoyo a los sectores productivos como los grandes ejes de su propuesta política.Durante la comparecencia ante los medios , el presidente provincial, Bruno García, y el número dos de la candidatura al Congreso, Miguel Sastre, han defendido la necesidad de desarrollar una campaña centrada en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, alejándose de la confrontación política y poniendo el foco en las soluciones y las oportunidades para la provincia . «El Partido Popular vamos a marcar distancias con la línea de actuación y las propuestas del PSOE, que usan el miedo, los muros, la división y la falta de responsabilidad ante los grandes problemas de España Nosotros vamos a reconstruir todo lo desandado por el gobierno del PSOE y vamos a traer el cambio necesario «, ha afirmado Bruno García. En este sentido, ha asegurado que «el PP vamos a ofrecer una alternativa basada en la gestión, la recuperación de la confianza y la generación de oportunidades para todos los gaditanos» y ha reivindicado» un proyecto político centrado en los problemas reales de la provincia de Cádiz y en la recuperación de su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos».Miguel Sastre ha explicado que el programa electoral se articula en torno a tres ideas fundamentales: «coherencia, ajuste a la realidad y viabilidad» y ha añadido que se trata de una propuesta que recoge el trabajo desarrollado durante la legislatura, las iniciativas impulsadas en el Congreso y el Senado y las demandas trasladadas por asociaciones y colectivos de la sociedad civil.Igualmente, ha apuntado a cuatro grandes bloques en torno a los que se estructura el programa del PP: reparar el Estado y reforzar su presencia; regenerar la democracia; reunir a la nación a través de la superación de divisiones y la mejora de las conexiones; y recuperar la ambición y la autoestima para generar nuevas oportunidades.En relación a medidas concretas incluidas en el programa uno de los principales asuntos será el acceso a la vivienda con una apuesta por impulsar una mayor construcción de viviendas y desarrollar una normativa que tenga en cuenta tanto a propietarios como a inquilinos. La seguridad será otro de los pilares fundamentales del programa. El PP considera prioritario reforzar los medios y la posición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como intensificar la lucha contra el narcotráfico, una problemática especialmente relevante en la provincia de Cádiz y la Declaración de la Zona de Especial Singularidad. Además, ha trasladado el compromiso de dotar a la Justicia de recursos suficientes para afrontar estos delitos y facilitar que determinados procedimientos puedan ser juzgados desde la Audiencia Nacional, ha explicado Sastre . En materia de infraestructuras, reclaman conexiones ferroviarias seguras y eficaces, así como una mejora de las carreteras que permita acabar con el aislamiento de la provincia y garantizar unas comunicaciones adecuadas con otros territorios.Otro de los bloques es el referente al empleo y el desarrollo económico con medidas de apoyo a los autónomos, entre ellas el compromiso de eliminar el IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros, además de impulsar la actividad industrial y respaldar sectores estratégicos para Cádiz como la agricultura y la pesca.Finalmente, el PP ha defendido la necesidad de impulsar un sector energético sólido, en el que las energías renovables contribuyan a cubrir las necesidades energéticas y faciliten el desarrollo económico y residencial.
La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Ibiza, Milena Herrera, ha situado el acceso a la vivienda entre las principales prioridades de su campaña electoral de cara al 29 de noviembre. Durante un acto celebrado este viernes en Sant Jordi de ses Salines, la socialista ha defendido la necesidad de limitar los precios del alquiler y ha pedido una mayor movilización electoral para impulsar estas medidas.
Adelante Andalucía ha iniciado su campaña electoral en El Puerto de Santa María para presentar su Ley de Turismo . Acompañado por la candidata al Congreso de los Diputados por Cádiz, María Sánchez , el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado el modelo turístico actual.«El turismo es muy importante en Andalucía. Hablamos de más del 12% del PIB, hablamos de un impacto económico de 36.000 millones de euros, pero yo hago una pregunta: ¿Dónde van los beneficios del turismo? El turismo es un sector estratégico construido por los trabajadores y trabajadoras del turismo, por andaluces y andaluzas, y ese beneficio no se queda entre los trabajadores y trabajadoras», ha explicado García.La formación andalucista de izquierdas ha presentado su Ley de Turismo, que obliga a repartir los beneficios de esta actividad entre los trabajadores y trabajadoras. Una de las principales medidas consiste en obligar a las cadenas hoteleras que paguen impuestos en Andalucía y que, además, repartan sus beneficios entre los trabajadores y trabajadoras del turismo. «Nos dice el señor Moreno Bonilla, la derecha, que nosotros estamos en contra del turismo. No, lo que queremos es que los andaluces y andaluzas de clase trabajadora se queden con el beneficio del turismo para ver si alguna vez son los andaluces y andaluzas los que pueden hacer turismo, y no son los que trabajan para el turismo», ha explicado García.Por su parte, Sánchez ha hablado de otra de las principales medidas de esta ley, que reclama una tasa turística cuyos beneficios vayan íntegramente a la creación de vivienda pública . «Nos encontramos con que el PP y Vox están en contra de esta tasa porque ellos defienden los intereses de una minoría y hablan en defensa de los dueños de los hoteles y de los dueños de las aerolíneas. No miran por el derecho de la mayoría que es el derecho a la vivienda de los andaluces y de las andaluzas», ha concluido Sánchez.
VALÈNCIA. Todavía con cierta resaca tras la pegada de carteles electorales durante la medianoche, este viernes se ha celebrado el primer debate electoral de los candidatos al Congreso por Valencia de los cuatro principales partidos. El evento, organizado por la Cadena Ser y El País ha congregado a María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSOE), Àgueda Micó (Compromís-FV), e Ignacio Gil Lázaro (Vox). Desde el auditorio Alfonso Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y ante 200 espectadores, Micó y Gil Lázaro, situados en cada uno de los extremos del escenario, han sido los principales protagonistas del primer asalto entre candidatos, mientras las candidatas de los dos partidos con mayor representación han preferido mantenerse a la expectativa, guardando tiempo para los minutos finales de cada bloque y girando la cabeza a uno y otro lado para escuchar el choque de argumentos entre los líderes de Compromís y Vox. No obstante, mientras Gil Lázaro ha evitado el diálogo con Catalá y se ha centrado en repartir reproches entre PSOE y Compromís, Àgueda Micó ha hecho valer hasta en tres ocasiones su perfil de candidata "al 100%" frente a Bernabé y Catalá, que también serán aspirantes a la alcaldía de València en los comicios del próximo mayo. De esta manera, Catalá ha tenido a Gil Lázaro como un escudero útil, mientras una Bernabé más nerviosa que el resto de participantes se ha quedado en solitario en muchas ocasiones frente a los reproches del bloque de la derecha y las peticiones de mayor "valentía" desde la coalición valencianista. Tras un primer turno de intervención marcado por referencias a los problemas en infraestructuras ferroviarias, la "máquina del fango", las promesas de "un cambio a mejor" y el cruce de culpas sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, el debate ha pasado a adoptar un carácter más valenciano. Catalá ha preferido esperar y reservar tiempo en la primera fase, comenzando al principio con un tono más vacilante y flojo que ha evolucionado a lo largo del debate hasta convertirse en más firme y solvente. Por su parte, la representante de Compromís ha empezado a ganar fuerza prácticamente desde su segunda intervención. El candidato de Vox ha tratado de frenar a Micó, refiriéndose a la coalición valencianista como "los pagafantas de Sánchez" y ha vaticinado que, "probablemente van a serlo" en un futuro. Un dardo ante el que Micó ha sabido retrucar: "Una persona que ha estado más de 40 años en el Congreso sin trabajar por los intereses de los valencianos no puede ser ejemplo de nada", ha espetado a Gil Lázaro. La candidata ha cogido fuerza para entrar en la crítica hacia el bipartidismo, lanzando una cuestión tanto a Bernabé como a Catalá: "¿Por qué no votaron a favor de prohibir que los fondos buitre puedan comprar vivienda?". Una cuestión a la que la candidata socialista ha replicado con una defensa a ultranza de las medidas que ha venido lanzando el Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Gil Lázaro ha optado por no ser un mero espectador, por lo que, ante el 'pasapalabra' de Catalá, ha respondido él con la intención de vincular a Compromís con Pedro Sánchez : "Hablan de las dificultades de los españoles para vivir, pero han estado integrados en Sumar y ha sido parte del Gobierno de España. Es corresponsable". El candidato voxista ha evitado la interpelación directa a su homóloga del PP y así concentrar sus intervenciones en la crítica hacia el bloque de la izquierda. En este sentido, a Bernabé le ha afeado que hable de infraestructuras "mientras el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer las obras hidráulicas imprescindibles". Foto: RADIO VALENCIA Desempolvar el argumento de la Dana ha dado más munición a Micó, que ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha tenido "la catástrofe natural y política más grande que haya podido tener toda la ciudadanía europea". "Mientras Carlos Mazón estaba haciéndose gintonics en el Ventorro, nuestra gente estaba muriéndose", ha asegurado la candidata de Compromís, que ha apuntado directamente hacia Catalá: "Tiene mucho que decir, comparte grupo parlamentario con Mazón y ha votado en contra de que se le retiren los privilegios". La también alcaldesa de València ha regateado la cuestión sobre el expresident de la Generalitat y ha defendido que el programa del PP cuenta con un Plan Valencia "con 12.000 millones de euros", mientras Compromís "lleva dos años respaldando un Gobierno que no ha hecho las inversiones necesarias". "Tampoco las inversiones ferroviarias", ha proseguido Catalá, que en varias intervenciones se ha referido a la "falta de inversiones" en las líneas de Cercanías de Valencia. Finalizada esta primera ronda de confrontación, se ha pasado a un segundo bloque que, sobre el papel, debía ir en torno a propuestas programáticas y posibles pactos de gobierno, aunque los candidatos han optado más por lo primero que por lo segundo, abordando temas como la reforma del sistema de financiación o la propia catástrofe de la Dana. Gil Lázaro ha esbozado los puntos principales de su propuesta, incluida la financiación autonómica, que nunca ha sido argumento de campaña de Vox, y ha vuelto a arremeter contra los dos partidos progresistas. "Sigo pasmado cuando escucho a la señora Micó hablar del llamado Gobierno progresista y sus logros. Ha sido un gobierno regresivo para las clases medias y trabajadoras", ha apuntado. También ha repartido hacia Bernabé, criticando la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica durante el actual Ejecutivo y a la que ha acusado de permitir la "ocupación" de la plaza del Ayuntamiento de València por la reciente acampañada por la vivienda. Micó ha iniciado la intervención de este bloque prometiendo un apoyo a un gobierno progresista, pero "valiente". "Tenemos obligar al PSOE a que sea valiente" en materias como pensiones, el nuevo modelo de financiación autonómica o "terminar con la deuda histórica". "Me comprometo a representar a los valencianos y las valencianas al 100% en el Congreso", en una clara alusión a las figuras de Bernabé y Catalá. De hecho, ha interpelado a ambas candidatas: "¿Van a ser lo mismo que yo o van a dejar su escaño?" para centrarse en la Alcaldía de València. Bernabé ha evitado entrar en este área y pasar a abordar la gestión tras la Dana de 2024, que, probablemente, supone su mejor baza para esta campaña electoral. Catalá, por su parte, ha optado por llevar el debate a escala nacional: "Ellos han elegido el referente de la corrupción permanentemente", ha pronunciado en alusión al Partidos Socialista. Pilar Bernabé y María José Catalá. Foto: EFE/BIEL ALIÑO "La gente que coge un AVE siente congoja", ha criticado Catalá, que ha asegurado que su "máxima prioridad" será la Alcaldía de València, aunque su objetivo es ser "útil" allá donde el partido le proponga. Y, para replicar a Compromís, ha sacado el pacto de apoyo al Gobierno de España, para criticar que ninguno de los tres principales puntos se han cumplido durante este mandato. "Lo que no va a hacer el PP es pactar la financiación autonómica con Junqueras", ha sentenciado. Micó ha entrado en la confrontación y ha reprochado a la candidata popular: "El PP lo que hace es votar con Puigdemont" en alusión a la prórroga de los contratos de alquiler, la moratoria de deshaucios, la jornada de 37,5 horas, o los gravámenes a las grandes empresas energéticas. Y, tras apuntar hacia el PP, ha ido a por Vox: "Desde el 1982 han pasado muchas cosas. Hay una cosa que no ha cambiado y es que Gil Lázaro ha estado desde ese momento cobrando un sueldo público del Congreso sin lograr nada para los valencianos". "Lleva más años que los leones que hay en la puerta", ha llegado a pronunciar. Un argumento "grueso y grosero" para Gil Lázaro, que se ha mostrado "absolutamente orgulloso" de haber dado su "vida al servicio público". "A usted le queda mucho recorrido parlamentario para poderme llegar a los tobillos", ha añadido. Bernabé ha cambiado de tercio y ha regresado a la Dana: "Hemos dado la cara, hemos atendido a las familias. Ante ese dolor y ese miedo la única respuesta ha sido atenderlas". Y Catalá, de nuevo, se ha ido a la escala nacional, para defender el "mando único en emergencias" y señalar que los populares prometen "una gestión clara" tras "tres años sin presupuestos" y "un sistema público que está en los huesos". Pero Bernabé, algo más cómoda al abordarse su tema estrella, ha replicado a la candidata popular que "está tan preocupada por reconstruir Valencia que, por eso, toda la reconstrucción se la está pagando el Gobierno de España". Los candidatos piden el voto En el minuto de oro, Gil Lázaro ha confrontado dos modelos: "El cambio o Sánchez y el caos". En este sentido, ha defendido un Gobierno "eficaz y decente" y ha asegurado que Vox "representa ese cambio profundo que hace falta". Pese a que ha asegurado que se gobernará "para todos, sin excluir a nadie" ha defendido la "prioridad" de "recuperar la seguridad y el bienestar para todos los españoles". María José Catalá e Ignacio Gil Lázaro. Foto: EFE/BIEL ALIÑO Micó ha insistido en la crítica hacia las otras dos candidatas: "Quiero representar a todos los valencianos a tiempo completo en el Congreso". Ha defendido que la coalición ofrece "un voto" que "hará que no gobierne la extrema derecha" y garantizará "políticas valientes" en "vivienda, servicios sociales, educación o bienestar. Bernabé no ha logrado centrar el tiro en este minuto final y, tras reclamar "más memoria y menos nostalgia", ha mezclado la petición de un mayor diálogo entre los partidos con defensas sobre la subida de pensiones o salarios o el miedo ante un posible gobierno de populares y voxistas . En el turno que cerraba el debate, Catalá ha recogido la apelación a la memoria de Bernabé para apelar "a la memoria inmediata" y recordar diversas medidas del Gobierno, subrayando de cada una que "no es avanzar, sino retroceder". Finalmente, ha pedido el voto "para la persona a la que dejarías a tus hijos", "a Alberto Núñez Feijóo".
Campaña electoral del PSOE en Córdoba Medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno Inversiones públicas para vivienda en Córdoba Campaña electoral del PSOE en Córdoba El PSOE de Córdoba ha comenzado su campaña de cara a...
El cabeza de lista del PP en Barcelona muestra la plena disposición a pactar con el equipo de la candidata del Frente Amplio el lugar, el día y el formato que tendría que tener el debate focalizado exclusivamente en la vivienda Crónica - Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio El candidato del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha propuesto a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, hacer un cara a cara para debatir políticas de vivienda. García Albiol, que en todas sus intervenciones insiste en denunciar las ocupaciones más que en ofrecer propuestas, asegura que el debate permitirá contraponer dos maneras diferentes de combatir uno de los principales problemas que tienen los catalanes, que es acceder a una vivienda. Desde el PP plantean incrementar la oferta de pisos y garantizar la seguridad jurídica a los propietarios de pisos y casas. Según el alcalde de Badalona, los modelos opuestos de los dos candidatos permitiría “enriquecer el debate público y ver las diferencias entre los dos proyectos políticos”. La cabeza de lista del PP en el Congreso de los Diputados por Barcelona ha mostrado plena disposición a pactar con el equipo de Colau el lugar, el día y el formato que tendría que tener el debate focalizado exclusivamente en la vivienda. Según el PP, un cara a cara permitiría “situar la vivienda en el centro de la campaña electoral en Barcelona”. García Albiol asegura que el debate permitiría que Colau expusiera su modelo, marcado por su etapa como alcaldesa de Barcelona. Esto confrontaría con las políticas populares que radican en la preservación de la propiedad privada y la seguridad de los propietarios.
El barómetro mensual del CIS estaba recolectando datos justo en el momento de la convocatoria de elecciones anticipadas. Esto nos permite asomarnos a la reacción inmediata de los votantes (o, más bien, a la falta de reacción) ante la última apuesta política de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 5 de octubre elecciones generales para el 29 de noviembre . La decisión llegó después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda promovidos por su Gobierno . El motivo del adelanto electoral estaba claro. En España se sucedieron grandes protestas por la crisis de la vivienda, y estas subieron de tono tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años , de la casa en la que vivía de alquiler desde hacía unos 70 años. Sánchez supo convertir esa debilidad parlamentaria en una oportunidad al forzar una votación sobre sus reformas en plena ola de protestas. Al perderla, y sin miedo a medirse en las urnas pese a las encuestas de opinión , decidió convocar elecciones anticipadas. ¿Pero puede esta convocatoria un empujón electoral inmediato? La ciencia política nos dice que llamar a los votantes a las urnas puede cambiar algo más que el signo de las encuestas. La literatura sobre convocatorias anticipadas nos muestra que ser llamados a votar de forma sorpresiva puede aumentar la confianza en el Gobierno: a los votantes les gusta que se les dé la oportunidad de retirar la confianza a quien gobierna o de respaldar a la oposición. La literatura también nos dice que los adelantos electorales llevan a los votantes a decidirse más rápido: los datos de Alemania y Reino Unido muestran a una caída inmediata de quienes responden “No sé” a la pregunta sobre intención de voto, algo distinto a la cristalización más gradual de las preferencias de voto en las elecciones ordinarias. Un adelanto no sólo cambia las actitudes de los votantes: también les ayuda a decidirse. Una afortunada coincidencia nos permite estudiar si lo que la literatura nos muestra en otros contextos se traslada al caso español actual: el anuncio de Sánchez llegó el 5 de octubre y coincidió con el trabajo de campo del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que entrevistó a 5.024 personas entre los días 1 y 6 de octubre. Algunas respondieron antes del anuncio; otras, ese mismo día o al siguiente. Imaginemos que una empresa de encuestas llama a un grupo de personas el sábado y a otro el lunes. Si entre ambas llamadas se produce un anuncio importante, comparar las respuestas de ambos grupos nos permite estudiar el impacto político de dicho anuncio. Es lo que en ciencia política se conoce como evento inesperado durante la encuesta ( UESD , por sus siglas en inglés). Esta coincidencia entre el trabajo de campo del CIS y el anuncio del adelanto nos abre una pequeña ventana a la reacción inmediata del electorado. Sin subidón aparente tras el anuncio ¿Se incrementó la intención de participación electoral o la probabilidad de declarar al PSOE como opción preferida? La Figura 1 nos muestra que no. Figura 1 Figura 1. Intención de ir a votar e intención de voto al PSOE. Los intervalos de confianza a ambos lados de la convocatoria electoral son demasiado amplios para sacar conclusiones. La participación mide lo que la gente dice que haría, no si finalmente vota. El salto estimado en la intención de ir a votar es esencialmente nulo en términos estadísticos: −0,002 en una escala de 0 a 1, con un intervalo de confianza que va de −0,042 a +0,037. El apoyo al PSOE muestra una subida estimada de 2,2 puntos porcentuales, pero el intervalo va de −5,8 a +10,2. Estos intervalos de confianza son demasiado amplios para llegar a una conclusión fiable, y no podemos saber con certeza si el efecto “real” del anuncio es positivo, nulo o incluso negativo. Sin cambios en la valoración de los líderes Pero quizá los votantes se aproximasen a Sánchez de algún modo, aunque sin expresarlo de forma tan explícita como en la intención de voto. Cabe imaginar que existiese una elevada indecisión sobre voto, dado que la oferta electoral aún no se conocía . Sin embargo, también es posible que muchos ciudadanos percibiesen entonces a Sánchez como un líder dispuesto a asumir riesgos y receptivo a las protestas sociales, lo que podría haber mejorado su valoración. Del mismo modo, la valoración de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, podría haber aumentado entre quienes considerasen que llevaba tiempo reclamando un adelanto electoral y que, en sus propias palabras, había logrado por fin “pedirle cuentas” a Sánchez. En la Figura 2 analizamos si, tras el anuncio electoral, los votantes expresaron niveles distintos de confianza en alguno de los dos líderes. Figura 2 Figura 2. Confianza en Sánchez y en Feijóo. Una puntuación más alta indica mayor confianza. El cambio estimado en la confianza en Sánchez es positivo, de 0,051 en la escala de 0 a 1, pero su intervalo de confianza oscila entre −0,008 y +0,110. La estimación para Feijóo es de −0,014, con un intervalo de −0,064 a +0,036. Por tanto, ninguna de las dos ofrece un resultado claro. Como ocurre con la intención de voto, los datos nos indican que no se produjeron cambios evidentes en este sentido. Pero tampoco hay un castigo a la oposición Por último, analizamos si la convocatoria electoral afectó al apoyo a los partidos de la derecha: el Partido Popular (PP) de Feijóo y VOX. Figura 3 Figura 3. Intención de voto al PP y a Vox. El porcentaje de apoyo a cada partido se calcula sobre el total de encuestados que proporcionan una respuesta válida, incluidos los indecisos y excluidos quienes no responden. Ambas estimaciones apuntan a una caída del apoyo: 4,3 puntos porcentuales para el PP y 2,6 para Vox. Sin embargo, de nuevo los intervalos de confianza cruzan el cero (de −10,8 a +2,3 puntos para el PP y de −8,3 a +3,1 para Vox), lo que indica que no hay una señal estadística lo suficientemente fuerte para concluir que el anuncio perjudicara a ninguno de estos dos partidos. ¿Pero y si la movilización viene motivada por la ideología? Una convocatoria electoral puede movilizar o desmovilizar a un bloque ideológico sin producir ningún efecto en el contrario. La Figura 4 explora esta posibilidad en relación con la participación electoral. Las líneas muestran las predicciones de nuestro modelo cuando se permite que el efecto del anuncio varíe en función de la posición de cada persona en una escala ideológica de 1 (izquierda) a 10 (derecha). Los puntos superpuestos representan las estimaciones correspondientes a tres ‘bloques’: izquierda (1-4), centro (5-6) y derecha (7-10). Figura 4 Figura 4. Intención de participación predicha según ideología de los votantes. La línea de puntos roja sugiere un mayor impulso a la participación en la izquierda, que se va diluyendo hacia la derecha. El aumento estimado en la intención de participación entre el antes y el después del anuncio de Sánchez de convocar elecciones es de 0,031 en la izquierda, 0,022 en el centro y 0,014 en la derecha, en la misma escala de 0 a 1. Aunque en términos estadísticos estas diferencias no son lo bastante claras como para afirmar que el anuncio movilizó a un bloque ideológico más que a otro, sí ofrecen un indicio de que la izquierda podría haberse movilizado más con la convocatoria. Con todo esto, ¿qué podemos concluir sobre la reacción inmediata del electorado ante este órdago electoral de Sánchez? Los efectos casi inmediatos observados en otros países —un aumento de la confianza política y cristalización de las preferencias de voto tras la convocatoria de elecciones anticipadas— no encuentran un reflejo claro en los datos españoles. Lo que sí apunta, aunque de forma débil, es que el anuncio quizá haya podido movilizar a quienes se identifican como votantes de izquierda.
La Diputación Permanente decide sobre la prórroga forzosa de dos años en los alquileres, los topes de precios, las medidas fiscales o las indemnizaciones a los caseros que no renueven contratos.
Santiago López Legarda cuestiona cuatro décadas de liberalización inmobiliaria y reclama medidas públicas para garantizar viviendas asequibles y frenar las desigualdades sociales. Una de las preocupaciones principales de la sociedad española, y en consecuencia uno de los asuntos más destacados de la actual campaña electoral, es el acceso a la vivienda. La Constitución es rotunda […] The post LA VIVIENDA Y EL MERCADO LIBRE | Por Santiago López Legarda first appeared on Alcalá Hoy .
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
Silenciar…Descansar…
ℹNo se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital. El resto de medios se actualiza con normalidad.
