Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
La propietaria de la vivienda incendiada este viernes en el barrio de Uribarri de Bilbao se encuentra ingresada en el Hospital de Cruces, en Barakaldo, en estado grave
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio defiende crear un impuesto que penalice la acumulación de viviendas para movilizar unos 1,3 millones de pisos hacia el alquiler asequible.
Encontrar una vivienda de alquiler en Alicante a un precio asumible se ha convertido en una auténtica odisea. El encarecimiento de los alquileres está obligando a numerosos ciudadanos a destinar una parte cada vez más importante de sus ingresos a pagar un techo. Ante esta situación, las promociones de alquiler asequible representan una de las pocas alternativas posibles. Las nuevas convocatorias de vivienda pública buscan ampliar las opciones disponibles y facilitar que más personas puedan encontrar un inmueble adaptado a sus posibilidades económicas.
El Partido Popular ha presentado las principales líneas de actuación de su programa electoral para la provincia de Cádiz , situando la vivienda, la seguridad, las infraestructuras, el empleo, la fiscalidad y el apoyo a los sectores productivos como los grandes ejes de su propuesta política.Durante la comparecencia ante los medios , el presidente provincial, Bruno García, y el número dos de la candidatura al Congreso, Miguel Sastre, han defendido la necesidad de desarrollar una campaña centrada en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, alejándose de la confrontación política y poniendo el foco en las soluciones y las oportunidades para la provincia . «El Partido Popular vamos a marcar distancias con la línea de actuación y las propuestas del PSOE, que usan el miedo, los muros, la división y la falta de responsabilidad ante los grandes problemas de España Nosotros vamos a reconstruir todo lo desandado por el gobierno del PSOE y vamos a traer el cambio necesario «, ha afirmado Bruno García. En este sentido, ha asegurado que «el PP vamos a ofrecer una alternativa basada en la gestión, la recuperación de la confianza y la generación de oportunidades para todos los gaditanos» y ha reivindicado» un proyecto político centrado en los problemas reales de la provincia de Cádiz y en la recuperación de su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos».Miguel Sastre ha explicado que el programa electoral se articula en torno a tres ideas fundamentales: «coherencia, ajuste a la realidad y viabilidad» y ha añadido que se trata de una propuesta que recoge el trabajo desarrollado durante la legislatura, las iniciativas impulsadas en el Congreso y el Senado y las demandas trasladadas por asociaciones y colectivos de la sociedad civil.Igualmente, ha apuntado a cuatro grandes bloques en torno a los que se estructura el programa del PP: reparar el Estado y reforzar su presencia; regenerar la democracia; reunir a la nación a través de la superación de divisiones y la mejora de las conexiones; y recuperar la ambición y la autoestima para generar nuevas oportunidades.En relación a medidas concretas incluidas en el programa uno de los principales asuntos será el acceso a la vivienda con una apuesta por impulsar una mayor construcción de viviendas y desarrollar una normativa que tenga en cuenta tanto a propietarios como a inquilinos. La seguridad será otro de los pilares fundamentales del programa. El PP considera prioritario reforzar los medios y la posición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como intensificar la lucha contra el narcotráfico, una problemática especialmente relevante en la provincia de Cádiz y la Declaración de la Zona de Especial Singularidad. Además, ha trasladado el compromiso de dotar a la Justicia de recursos suficientes para afrontar estos delitos y facilitar que determinados procedimientos puedan ser juzgados desde la Audiencia Nacional, ha explicado Sastre . En materia de infraestructuras, reclaman conexiones ferroviarias seguras y eficaces, así como una mejora de las carreteras que permita acabar con el aislamiento de la provincia y garantizar unas comunicaciones adecuadas con otros territorios.Otro de los bloques es el referente al empleo y el desarrollo económico con medidas de apoyo a los autónomos, entre ellas el compromiso de eliminar el IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros, además de impulsar la actividad industrial y respaldar sectores estratégicos para Cádiz como la agricultura y la pesca.Finalmente, el PP ha defendido la necesidad de impulsar un sector energético sólido, en el que las energías renovables contribuyan a cubrir las necesidades energéticas y faciliten el desarrollo económico y residencial.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La propietaria de la vivienda incendiada este viernes en el barrio de Uribarri de Bilbao se encuentra ingresada en el Hospital de Cruces, en Barakaldo, en estado grave
Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.
El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio defiende crear un impuesto que penalice la acumulación de viviendas para movilizar unos 1,3 millones de pisos hacia el alquiler asequible.
El alcalde de Grisén advierte de la falta de información y coordinación ante la llegada de nuevos residentes, mientras crece la demanda de viviendas y servicios públicos. Las empresas proveedoras de CATL buscan alojamientos para sus empleados sin que se hayan concretado los proyectos anunciados por el Gobierno de Aragón CATL pretende alojar a 1.700 trabajadores chinos dentro de la planta de Figueruelas durante las obras de la gigafactoría La llegada de trabajadores chinos vinculados a la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas está comenzando a transformar la vida de los pequeños municipios de su entorno, cuyos alcaldes afrontan con incertidumbre el aumento de población, la creciente demanda de viviendas y la presión sobre unos servicios públicos que ya arrastraban importantes carencias. La falta de información y coordinación por parte del Gobierno de Aragón y de las empresas implicadas está agravando una situación para la que los ayuntamientos reclaman planificación y respuestas. Uno de los ejemplos más significativos es Grisén, una pequeña localidad de la Ribera Alta del Ebro donde, según las estimaciones que maneja su alcalde, Marcos Lahoz, podrían haber llegado entre 60 y 80 ciudadanos chinos –más de un 10% de su población censada– relacionados con la actividad de la gigafactoría. La cifra no ha podido confirmarse oficialmente, pero el movimiento inmobiliario de las últimas semanas da una idea de la rapidez con la que está cambiando la situación. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. El alcalde reconoce las dificultades para conocer cuántas personas están llegando realmente al municipio y durante cuánto tiempo permanecerán, una información imprescindible para prever las necesidades de servicios e infraestructuras. La preocupación no responde a la procedencia de los trabajadores, sino a la velocidad con la que se está produciendo su llegada y a la falta de previsión de las administraciones responsables. Los nuevos residentes tienen derecho a acceder a los servicios públicos que les correspondan, pero los ayuntamientos temen que el crecimiento de la población no vaya acompañado de un refuerzo de los recursos disponibles. La asistencia sanitaria es uno de los principales motivos de inquietud. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que, según los datos trasladados por el alcalde, cuenta actualmente con diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Esta falta de profesionales se produce antes de que pueda evaluarse el impacto de la llegada de nuevos trabajadores y sus posibles familias. El aumento de población puede incrementar la demanda asistencial en una zona donde los servicios sanitarios ya se encuentran tensionados. La situación plantea además interrogantes sobre otros recursos municipales y comarcales, desde la vivienda hasta la atención social, cuya planificación depende en buena medida de conocer las previsiones de llegada y permanencia de los trabajadores. Según ha podido saber este periódico, distintas empresas proveedoras de CATL están buscando soluciones de alojamiento para sus empleados mediante el alquiler o la adquisición de viviendas y otros establecimientos. Entre las operaciones conocidas figura el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales que permitan responder a una demanda de alojamiento que previsiblemente continuará creciendo conforme avance la construcción de la gigafactoría. Sin noticias de las 104 viviendas prefabricadas Los alcaldes recuerdan que el Gobierno de Aragón abordó esta cuestión el pasado año en una reunión informativa en la que participaron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque. En aquel encuentro se plantearon distintas alternativas para atender las necesidades residenciales vinculadas a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y la posibilidad de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de terrenos destinados a nuevos alojamientos. Sin embargo, desde entonces los responsables municipales no han recibido información concreta sobre el desarrollo de aquellas propuestas, su ubicación, los plazos previstos o las condiciones en las que podrían materializarse. Mientras tanto, la llegada de trabajadores ha comenzado a producirse y las empresas buscan soluciones por su cuenta en el mercado inmobiliario de los municipios próximos a Figueruelas. Esa búsqueda contrasta con la solución que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, cuando el Gobierno autonómico dio el visto bueno definitivo al proyecto. Azcón explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Ejecutivo autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico, precisamente para no saturar los servicios públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía entonces pendiente y su montaje requeriría varios meses. El anuncio no aclaró si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras, que son las que, según los alcaldes, están ahora buscando alojamiento en los pueblos del entorno. Alquileres disparados La creciente demanda de alojamiento está teniendo también consecuencias sobre el mercado inmobiliario de la zona. Algunas viviendas se están alquilando por cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, unos precios muy elevados para pequeños municipios como Grisén, donde la oferta de alquiler es limitada. La llegada de empresas que buscan alojar a sus trabajadores está introduciendo una nueva presión sobre el mercado residencial, con el riesgo de encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Ante esta situación, el alcalde de Grisén ha mantenido recientemente una reunión con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales. El objetivo del encuentro fue trasladar las dudas y dificultades que está afrontando el Ayuntamiento y analizar los desafíos que puede representar la llegada de nuevos residentes para los servicios municipales y comarcales. La construcción de la gigafactoría, con una inversión de 4.100 millones de euros y unos 4.000 empleos directos previstos cuando entre en funcionamiento, constituye una de las mayores inversiones industriales previstas en Aragón y representa una oportunidad de desarrollo económico para toda la Ribera Alta del Ebro, al tiempo que supone un desafío de planificación territorial que los municipios consideran que no pueden afrontar en solitario. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, por lo que la obra se encuentra ahora en su etapa de mayor actividad.
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
20:30 Finaliza el directo, sigue la información en Soria Noticias Aquí concluye esta cobertura de Soria Noticias sobre la Huelga General del 11N y la manifestación por la vivienda convocada por los sindicatos mayoritarios, salvo CSIF, y el recién creado sindicato de la vivienda . Con una participación desigual por sectores y con absoluta tranquilidad ha transcurrido una jornada marcada por la lluvia. Más de un millar de personas han participado en una marcha desde la plaza Mayor donde los sindicatos han celebrado el ?clamor social? de una huelga que ?interpela tanto a patronal como a partidos políticos?. Por su parte, la patronal califica la huelga de ?fracaso? y FOES estima su seguimiento en un 2.26%, cifra que los sindicatos elevan hasta el 30%. 20:00 Los sindicatos celebran un "clamor social" Juanma Peña, de UGT, María Enciso, de CCOO, y Eduardo Gallego, de CGT, son quienes han puesto voz a la huelga. Todos han celebrado lo que han calificado de un ?clamor social? que ha acompañado a la huelga con ?la mayoría de los ciudadanos mojándose? más allá de los datos de participación. Una movilización social que ?sirve? y que en este caso interpela tanto a los políticos como a la patronal, aseguran. 19:35 horas. La huelga en el personal de la Junta alcanza en Soria un seguimiento del 5,24% La huelga general ha registrado en Soria, con los datos actualizados al turno de tarde, un seguimiento de 193 trabajadores de la Junta de Castilla y León, sobre una plantilla de 3.681 efectivos, lo que representa una participación media del 5,24%, según las cifras ofrecidas por la Junta de Castilla y León . La mayor incidencia se ha producido en los servicios de la Delegación Territorial, con 62 trabajadores en paro (7,65%), seguido por el ámbito docente no universitario, con 89 trabajadores en huelga (5,72%). En las instituciones sanitarias de la Gerencia de Emergencias Sanitarias se han contabilizado 37 participantes (4,21%), mientras que en las direcciones provinciales de Educación han sido cinco (1,15%). En el conjunto de Castilla y León, la participación alcanza los 2.876 trabajadores, el 4,30% de los 66.846 efectivos de la Administración autonómica incluidos en el recuento. El sector con mayor número de participantes es la Administración General, con 858 (4,69%), seguido por el docente no universitario, con 1.150 trabajadores (4,43%) y los servicios sanitarios, con 868 (3,84%). Soria presenta, por tanto, un seguimiento porcentual ligeramente superior a la media autonómica. 19:19 horas. Carlos Martínez, en la manifestación de Soria El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez se halla entre los manifestantes tal y como ya avanzó anteriormente. Acompañado por miembros del partido, el que fuera alcalde de Soria durante dos décadas ha querido mantener su compromiso con esta jornada de paro. 19:07 horas. Arranca la marcha. En torno a un millar de personas han iniciado la manifestación en su arranque por las calles del Collado. La comitiva está encabezada por pancartas de las organizaciones convocantes, UGT y CC OO, acompañadas por CGT y una segunda cabecera con el Sinditado de Vivienda. Comienza la manifestación con motivo de la convocatoria. Paraguas abiertos por la lluvia, intermitente, en la plaza Mayor al inicio. 18:08 horas. La patronal califica la huelga de "fracaso" FOES califica de "fracaso" la huelga. En un comunicado, y según los datos aportados, los paros han tenido un seguimiento residual del 2,26% . La patronal destaca que la actividad en las empresas de la provincia se ha desarrollado con total normalidad como cualquier otro día laboral. 17:20 horas Piscinas La piscina de la Juventud, sin servicio por la huelga del socorrista asignado al turno de tarde. Un usuario habitual en la franja vespertina ha comentado que la cosa le ha pillado "con el bañador puesto" y sin aviso. 16:04 horas. Moncayo En la zona del Moncayo, concretamente en Ágreda y según fuentes municipales, el seguimiento de la convocatoria no se ha hecho notar, como tampoco han sido constatados piquetes informativos. Una jornada cotidiana y normal. 14:24 horas. CCOO estima un 30% La provincia ha vivido una noche y una mañana sin alteraciones destacadas en esta jornada de huelga general . El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha confirmado a Soria Noticias que no se registraron incidentes durante la noche ni al comienzo de la jornada y que los piquetes informativos no habían protagonizado acciones violentas. Los primeros recorridos por la capital, incluido el polígono industrial de Las Casas, reflejaban una actividad prácticamente habitual, con trabajadores incorporándose a sus puestos. CCOO desplegó, no obstante, equipos informativos durante la noche y la mañana en los polígonos de Ólvega y Ágreda y en distintos puntos de la capital. Las valoraciones sobre el seguimiento ofrecen cifras muy diferentes. CCOO estima que el 30% de los trabajadores ha secundado la convocatoria , un porcentaje que su secretaria general en Soria, María Enciso, considera significativo en una provincia donde más del 90% de las empresas tienen menos de diez trabajadores. En cambio, FOES ha calificado de "mínimo" el seguimiento y lo cifra en el 2,3% a las 13.40 horas, frente al 1,66% registrado en el turno de noche. La patronal señala que la incidencia ha sido prácticamente nula en comercio, hostelería, agroalimentación y construcción, y que la mayor participación se ha concentrado en la industria, especialmente en empresas de más de 50 trabajadores. Por su parte, los datos de la Junta sitúan el seguimiento en el 7,3% en la Delegación Territorial, el 5,7% en la enseñanza no universitaria y el 3,9% en las instituciones sanitarias. La Diputación Provincial ha comunicado un 2,867% en sus servicios, todavía pendiente de contabilizar los turnos de tarde y noche de las residencias. La principal expresión pública de la convocatoria ha sido la manifestación promovida por el Sindicato de Vivienda y la CGT. Más de 200 personas se concentraron a las 11.00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno, bajo la lluvia, y posteriormente recorrieron Mariano Vicén en dirección a la sede del PP con consignas como "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa". La huelga sí ha tenido una consecuencia destacada en la programación cultural de la capital donde la falta de personal técnico del Palacio de la Audiencia ha obligado a cancelar el concierto de clausura del 34.º Otoño Musical Soriano, previsto para las 20.00 horas con la Gustav Mahler Jugendorchester. 13:40 horas. FOES califica de "mínimo" el seguimiento "El seguimiento de la convocatoria ha sido mínimo", asegura la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), que lo sitía en el 2,3%. Por sectores, en comercio, hostelería, agroalimentación y construcción "la incidencia ha sido prácticamente nula", asegura en un comunicado. La mayor participación, explica, se ha registrado en el sector industrial, mientras que en el transporte "el seguimiento también ha sido muy reducido, si bien algunas empresas del sector en Soria han optado por interrumpir voluntariamente su actividad de manera preventiva, con el fin de evitar posibles incidencias durante la jornada". Según la patronal, el mayor seguimiento se concentra principalmente en empresas de más de 50 trabajadores del sector industrial, especialmente en aquellas que cuentan con representación sindical, donde la participación se está registrando fundamentalmente entre los propios representantes de los trabajadores, mientras que en el resto de las plantillas la incidencia de la huelga es más limitada. 13:30 horas. Soria supera la media autonómica de participación en los servicios de la Junta Soria registra un seguimiento del 7,3% en la Delegación Territorial de la Junta y del 5,7% en la enseñanza no universitaria, frente al 6,3% y el 4,4% de media autonómica, respectivamente. En las instituciones sanitarias, la participación es del 3,9%, prácticamente igual al 3,8% de Castilla y León. Los datos ofrecidos por la Junta incluyen el impacto de los servicios mínimos decretados y no permiten establecer un porcentaje global provincial comparable con el autonómico. 13:10 horas. Datos en Diputación Según informa la Diputación Provincial, el seguimiento de la huelga general en sus servicios es del 2,867%. Falta de contabilizar los seguimientos de los turnos de tarde y noche en las residencias. 13:02 Alberto Santamaría: ?Esta huelga busca políticas públicas y respuestas legislativas? El presidente de la Cámara de Comercio de Soria valora la tranquilidad con la que está transcurriendo la jornada. Valora y pide que se respete tanto el derecho a la huelga como el derecho al trabajo algo que, puntualiza, se está cumpliendo en Soria. Alberto Santamaría sí pone el foco en las administraciones. ?Lo que en realidad piden y se busca son soluciones a problemas que interpelan a la administración y no a las empresas?, explica. ?Esto no va de empresas y trabajadores?, asegura señalando que hacen falta ?respuestas legislativas y políticas públicas? que solucionen los problemas de los ciudadanos porque, recuerda, ?el precio del alquiler no lo marca el salario?. Santamaría reconoce que el problema es ?complejo? y lamenta que los poderes públicos y políticos estén ?escondidos?. En clave soriana, el presidente de la institución cameral sí alerta que, en Soria, donde el tejido está compuesto principalmente por pymes una huelga o un ataque como los que se ven en otros lugares tiene siempre mucho más impacto negativo que si se produce en una empresa grande. 12:35. Tranquilidad en la estación de autobuses. En la estación de autobuses de la capital, conductores, trabajadores y viajeros viven con normalidad la jornada de huelga , según relatan a Soria Noticias . Todos los autobuses han llegado puntuales hasta el momento, tanto de Burgos como de Madrid, Zaragoza y Logroño. A lo largo de la mañana también se prevé que todos los autobuses lleguen a su destino, ya que tampoco han contado con servicios mínimos. 12:20 horas. El sindicato de vivienda se dirige a la sede del PP Más de 200 personas convocadas por el sindicato de vivienda y la CGT se dirigen a la sede del PP avanzando en manifestación por Mariano Vicén. Finalmente no han llegado a la Universidad. La pequeña 'marea' crece desde que, a las 11 de la mañana, se concentraran frente a la Subdelegación de Gobierno y, más tarde, a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. "Sube la vida, sube el pan, nuestros salarios donde están", "rentistas culpables, gobierno responsable", "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "nacional o extranjero, todos somos obreros", "paz entre los pueblos, guerra entre las clases" o la clásica "no nos mires, únete" son algunas de las consignas que corean. 12:10 horas. Normalidad en las instalaciones deportivas de la ciudad El Ayuntamiento de Soria confirma a Soria Noticias que las instalaciones deportivas de la capital funcionan con total normalidad a esta hora. Los usuarios han podido acceder sin ningún tipo de problema a las piscinas, frontones y distintas pistas para practicar sus respectivos deportes. 11:55 horas. CCOO sube el seguimiento al 30% en una provincia ?de empresas familiares? CCOO estima en un 30% el seguimiento de la huelga general en Soria , una participación que considera significativa en una provincia sin grandes industrias y donde más del 90% de las empresas tienen menos de diez trabajadores. Su secretaria general, María Enciso, ha destacado a Soria Noticias la concienciación que muestran los ciudadanos con las reivindicaciones, explicadas por los piquetes informativos que el sindicato ha desplegado en Soria, Ágreda y Ólvega. 11:35 horas. Concentración frente a Subdelegación de Gobierno Más de 200 personas se han concentrado a las puertas de Subdelegación de Gobierno, siguiendo el llamamiento lanzado por el Sindicato de Vivienda y CGT. Bajo una constante lluvia, han gritado sus consignas y mientras se concentraban otros sectores como el de Educación. De la Subdelegación, los manifestantes se dirigen a las sedes de PSOE y PP y esperan terminar en la Universidad. 10:32 horas. CEOECyL cifra en un 2,63% el seguimiento en Castilla y León La patronal autonómica considera que la huelga general está teniendo una incidencia "mínima" durante las primeras horas de la jornada y asegura que la actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunidad. CEOE en Castilla y León cifra en un 2,63% en seguimiento medio de sus empresas asociadas. 10:25 horas. Tres detenidos en un piquete de Zamora Un incidente en las instalaciones de la empresa de autobuses urbanos, ha desembocado en un enfrentamiento entre los piquetes informativos y agentes de la Policía Nacional, que ha terminado con tres sindicalistas de la CGT detenidos, según la información facilitada por Zamora News. 9:50 horas. Cancelada por falta de personal la clausura del Otoño Musical Soriano La huelga general, secundada por el personal técnico del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, ha obligado a cancelar el concierto de clausura de la 34.ª edición del Otoño Musical Soriano. La Gustav Mahler Jugendorchester tenía previsto actuar este miércoles, 11 de noviembre, a las 20:00 horas. Las entradas se devolverán automáticamente si se compraron por internet, mientras que las adquiridas en taquilla deberán presentarse en Cines Mercado para recuperar el importe. 9:44 horas. Huelga general 11N: el subdelegado del Gobierno confirma la ausencia de incidentes "No hemos registrado incidencias durante la noche ni en el arranque del día", ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, a Soria Noticias. Latorre ha explicado que los piquetes no han protagonizado acciones violentas y se han limitado a informar sobre la convocatoria de huelga . Asimismo, los servicios mínimos están funcionando con normalidad. 8:56 horas. Noche de piquetes en Ólvega, Ágreda y Soria CCOO desarrolla desde anoche una intensa campaña a pie de calle para informar sobre la jornada de huelga general. Los piquetes se han concentrado en los polígonos de Ólvega y Ágreda durante la noche y a primeras horas de la mañana, en la capital, se alternan entre el polígono industrial, el hospital Santa Bárbara y los institutos. 8:15 horas. FOES cifra en el 1,66% el seguimiento en el turno de noche La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha compartido los primeros datos de seguimiento de la huelga general referentes al turno de la noche del 10 al 11 de noviembre. Según los datos recogidos por la Federación a primera hora de la mañana facilitados por sus empresas asociadas encuestadas, el porcentaje de participación ha sido del 1,66%. 7:40 horas. Soria amanece ajena a la huelga La ciudad ha amanecido tranquila, con una actividad que ha ido creciendo progresivamente hasta adquirir el aspecto habitual de cualquier día laborable. A primera hora no se apreciaban cambios significativos en las calles ni una presencia visible de piquetes. En el centro de la capital, la actividad también seguía su curso. Los servicios de limpieza y las líneas de autobús urbano funcionaban esta mañana, mientras los operarios de la construcción trabajaban en las obras abiertas en distintos puntos de la ciudad. Bares y supermercados preparaban sus aperturas y el personal de limpieza terminaba las tareas en los portales, según ha confirmado Soria Noticias. La sede de la patronal soriana, FOES, también ha amanecido tranquila. La imagen más explícita de la convocatoria se encontraba en la entrada de CCOO , donde un cartel anunciaba el cierre por huelga, aunque desde el exterior se intuía actividad en el interior de las instalaciones. Así, las primeras horas de la convocatoria dejan en Soria una imagen de escasa incidencia visible en la actividad cotidiana. Se trata, en cualquier caso, de una primera fotografía de la jornada, que no permite todavía determinar el seguimiento de la huelga en el conjunto de los sectores económicos y laborales. 6:30 horas. Sin piquetes en el polígono Las Casas En el polígono industrial, a las 6.30 horas, la situación era igualmente tranquila. El tráfico comenzaba a aumentar poco a poco y los trabajadores acudían a sus puestos tanto a pie como en bicicleta. No se observaba presencia de piquetes. En los aparcamientos de las empresas vinculadas a la industria y de las grandes superficies comerciales ya había numerosos vehículos, aunque conviene tener en cuenta que se trata de un polígono en el que predominan las actividades de servicios y donde buena parte de las empresas no trabaja con turnos nocturnos. Te contamos la huelga general del 11-N en Soria en directo.
En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
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