Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalida con el apoyo del PNV el decreto de vivienda que recoge la prórroga de dos años en los alquileres, la prohibición de compra a las empresas por debajo del valor de tasación, la suspensión de desahucios, el paquete fiscal o los préstamos a tipo cero para la compra de la primera vivienda.
Aprobada la escritura de constitución de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo. Arrancará con la construcción de 200 viviendas en Lavadores La entrada Vigo constituye su Empresa Municipal de Vivienda con los primeros hogares asequibles en el horizonte se publicó primero en Metropolitano .
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El líder del PP insiste en sus mentiras sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, pone en duda su promesa de bajar impuestos, plantea un recorte de 12.000 millones en bajas laborales, asegura que el abogado del PP apartado tras supuestamente reunirse con Koldo "no llevaba los asuntos penales" del partido y defiende la compra del ático para "oficinas" de Ayuso: "Me parece normal, siete millones no es nada" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' El candidato del PP en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que, si gobierna, eliminará el Ministerio de Vivienda. Es el segundo departamento que señala expresamente que quiere cerrar, después de decir que lo hará con el de Igualdad . Feijóo lo ha explicado durante una entrevista con el 'podcaster' Jordi Wild en la que ha dicho que hay comunidades del PSOE que no tienen Consejería de Igualdad, como Asturias. Algo que es falso: la vicepresidenta de la Junta, Gimena Llamedo, es también ministra de Igualdad. Una mentira que, como las demás, han pasado por alto los “verificadores” del entrevistador. Feijóo ha participado en la entrevista durante cerca de hora y media en la que se ha abordado de inicio la alianza que tendrán que suscribir PP y Vox para gobernar tras el 29N, según apuntan casi todas las encuestas. Feijóo ha justificado su posible pacto con el partido ultra en que “tiene muchos más votos y mucha más expectativa electoral que toda la izquierda junta, excluido el PSOE”. Una afirmación que es solo media verdad si se tienen en cuenta los datos de las elecciones generales de 2023. Entonces, Vox sacó 3,057 millones de votos. Sumar, 3,044. Sumados los demás partidos de izquierdas de ámbito autonómico, el partido de Abascal queda muy atrás. Feijóo no ha revelado qué ministerios plantea entregar a Vox llegado el caso, pero sí ha dicho que algunos están vetados para los de Abascal. “Hay ministerios de Estado que entiendo que deben de tener una preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento, no tenga ninguna duda”, ha afirmado, aunque sin especificar cuáles. Preguntado si hay ministerios “intocables” para Vox, ha respondido: “Claro que lo tengo”. Pero además de los llamados “ministerios de Estado” (que suelen incluir Exteriores, Interior, Defensa o Justicia), Feijóo ha vetado a Vox para Hacienda. “O tienes experiencia en hacer Presupuestos Generales del Estado, o tienes equipos”, ha afirmado, para negar que se pueda “llegar al Ministerio de Hacienda a aprender”. Con todo, Feijóo ha dado por hecho que pactará con Abascal lo que sea necesario para alcanzar la Moncloa, tras el fallido intento de 2023. Dudas sobre la bajada de impuestos El candidato del PP ha puesto también en duda su propia promesa de una bajada generalizada de impuestos. “Yo he dicho que tenemos que bajar los impuestos”, ha afirmado, a lo que el entrevistador ha replicado: “¿Tenéis o los vais?”. Feijóo ha contestado: “Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos. Pero también digo, yo necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas en mi país”. “Tengo muchas dudas. No me creo los datos”, ha afirmado. Feijóo pone así en duda a los organismos del Estado que controlan la ejecución presupuestaria y que analizan la marcha de la economía para certificar los niveles de ingresos, gastos, deuda y déficit, como pueden ser la Airef, el Banco de España o el INE. El líder del PP ya ha puesto en el pasado en duda a estas instituciones públicas. “Creo que hay una ocultación de gasto”, ha insistido. “Creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos”, ha afirmado. “Viene hoy en los medios de comunicación que el Gobierno lleva adjudicado en los últimos consejos de ministros unos 18.000 o 19.000 millones en gasto de Defensa”, ha añadido. Feijóo no ha querido asumir cuál será su gasto en Defensa, después de que España haya alcanzado ya el 2% del PIB , tal y como se comprometió Pedro Sánchez con la OTAN. EE UU exige que España llegue al 5%, una cifra que Feijóo no ha descartado, pero a la que tampoco se ha comprometido. Pensiones: “No tenemos previsto ampliar la edad de jubilación” El candidato del PP ha reiterado su promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC, algo a lo que obliga una ley que el PP rechazó en el Congreso. “El objetivo es buscar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que todavía no las cobran”, ha afirmado Feijóo, quien no ha expuesto qué modelo quiere implantar para lograr dicho objetivo. Feijóo ha puesto en duda la sostenibilidad del actual sistema al afirmar que “aproximadamente estamos hablando de unos 50.000 millones, más o menos, que se transfieren de impuestos a pensiones”. Y ha dado pistas de cuáles son sus planes, de forma inconcreta: “Pretendo decirle a un señor con 67 años que, si quiere trabajar, le facilito el cobro parcial [de la pensión], compatible con el sueldo”. Sobre la actual edad de jubilación, Feijóo ha afirmado que 67 años le parece “una edad razonable”. “No tenemos previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación después de los 67”, ha añadido. Preguntado por la falta de concreción, el líder del PP ha dicho que intenta “ser honesto en las contestaciones”, y ha zanjado: “No vamos a ampliar la edad de jubilación. Y punto”. Recorte de 12.000 millones en bajas laborales Feijóo ha insistido además en sus críticas al supuesto alto “absentismo laboral” que hay en España. El líder del PP ha reiterado el dato de que “cada día, un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo”. Una información que no es oficial, sino extraída de un informe de la empresa de trabajo temporal Randstad, y que aglutina todo tipo de ausencias: bajas médicas, permisos por nacimiento o cuidado de menores, asistencia a juicios o funerales, enfermedades, operaciones, y un largo etcétera. El candidato del PP lo ha metido todo en el mismo saco, y ha afirmado que el coste son “20.000 millones de euros”, sin aportar la fuente de su afirmación . Como durante toda la entrevista, los supuestos “verificadores” contratados por Jordi Wild han permanecido en silencio. “Yo no digo que todo sea fraude”, ha dicho Feijóo. “Lo que sí digo es que la sociedad española no está enferma si es trabajador por cuenta propia y sí [cuando] es trabajador por cuenta ajena”, ha añadido, dando a entender que los empleados se cogen bajas falsas porque los autónomos faltan menos al trabajo. El líder del PP ha afirmado que el absentismo en los autónomos es del 4%. Los “verificadores” han intervenido por primera y única vez para bajarlo al 1%. Nadie ha explicado que los autónomos están englobados dentro de la CEOE, la patronal de los empresarios. Feijóo ha insistido en que muchas de las bajas médicas son falsas, y ha puesto en duda a los trabajadores de los servicios sanitarios públicos. “Hay absentismos del 12%, del 13, del 14%”, ha dicho. “Todo el mundo conoce al médico si trabajas en un servicio de salud, ¿no?”, ha insinuado. “Ahí tenemos 10.000, 12.000 millones para las pensiones”, ha concluido. Es decir, que Feijóo plantea un recorte de hasta 12.000 millones en compensaciones de bajas laborales que, ha afirmado, se destinarán a pagar jubilaciones. Feijóo también ha planteado un recorte en el ingreso mínimo vital. Una vez más, ha dado datos falsos sin aportar la fuente. “La información que nos han trasladado es que hay medio millón de inmigrantes cobrándolo sin haber trabajado una sola hora en el último año”, ha afirmado. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que más del 80% de los perceptores son españoles, y dos de cada tres han trabajado en el último año. La entrevista no ha abordado con mucho ahínco el asunto de la inmigración, pero Feijóo ha tenido tiempo de decir otra falsedad que los “verificadores” de Jordi Wild han pasado por alto. El líder del PP ha planteado la opción de levantar centros de deportación de personas migrantes en terceros países, algo que ha fallado en el pasado y que no se ha logrado poner en marcha en ningún país. Pero Feijóo ha afirmado que Italia sí lo está haciendo. “Yo creo que en Italia ha funcionado”, ha dicho. “Por lo menos ha funcionado parcialmente”, ha añadido. Pero la realidad es que los centros de deportación de Italia a Albania han sido bloqueados por los tribunales. Marcial Dorado: “Prefiero esta foto a la colección” de Sánchez Jordi Wild ha preguntado a Feijóo por su larga amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, y por las muchas fotografías de los viajes y encuentros de ambos. El líder del PP ha insistido en el argumento que ya dio en 2023, cuando justificó su desconocimiento en que entonces “no había internet ni Google” . “Conocí a esta persona en un contexto político y no había nada de narcotráfico. Se había dedicado y había tenido contrabando de tabaco. Que yo sepa, se le imputan asuntos de narcotráfico tres años después de que dejara de tener relación”, ha contestado por la famosa imagen de ambos en el yate, fechada en 1995. Según su relato, dejó de tener relación con él años después, cuando se enteró de que “tenía todavía un juicio pendiente por contrabando”. Pero la realidad es que esa amistad tuvo lugar cuando Dorado ya aparecía de forma habitual en informaciones periodísticas y estaba implicado en procesos judiciales por actividades relacionadas directamente con el narcotráfico. Antes de que Feijóo se subiese a su yate, Dorado había sido uno de los detenidos en la Operación Nécora, que dirigió a partir de junio de 1990 el juez Baltasar Garzón y fue la primera gran redada contra el narcotráfico en Galicia. Salió absuelto, pero su cara aparecía habitualmente en los telediarios. Dorado también apareció en los periódicos a raíz de la Operación Peseta Connection, una investigación internacional en la que participaron las policías de Francia y Suiza que perseguía a una red de blanqueo de capitales en Europa. Una vez más, los verificadores han pasado por alto sus afirmaciones. Feijóo incluso ha puesto en duda que Dorado y él fueran amigos. “¿Amigos? Ahí lógicamente alguien habrá hecho esa foto, ¿no? No estábamos solos, ¿no?”, ha cuestionado. “Es curioso que en esas fotos no salga nadie más. ¿A ti qué te... no te sorprende?”, ha deslizado, sin explicar a qué se refiere exactamente. El líder del PP ha pasado al ataque y ha reprochado las fotografías de Pedro Sánchez con, por ejemplo, el condenado Víctor de Aldama. “Cada uno es responsable de sus fotos, yo prefiero tener esta”, ha zanjado. El abogado del PP y Koldo Feijóo ha respondido también sobre la supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García, quien afirma que el representante del partido le ofreció un millón de euros por testificar contra Pedro Sánchez. Feijóo no ha negado la reunión. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo . El ático de Ayuso, lo “normal” Feijóo también ha entrado en el tema del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para, supuestamente, alojar temporalmente las oficinas de la Presidencia que ocupa Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha reiterado que fue informado previamente de manera informal, pero ha rebajado mucho la importancia de la adquisición y del gasto. “Si tuviésemos tiempo de contar en qué hemos metido siete millones de euros en España”, ha ironizado. “Si eso no es nada”, ha afirmado sobre el estipendio. “¿Sabes cuánto cuesta el alquiler de los lectores de los DNIs digitales para estas elecciones?”, ha cuestionado, sin desvelar que es su partido quien ha pedido que se pongan dichos lectores. “¿Cuánto?”, ha preguntado Jordi Wild. “Que te lo digan los supervisores”, ha zanjado Feijóo.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
20:30 Finaliza el directo, sigue la información en Soria Noticias Aquí concluye esta cobertura de Soria Noticias sobre la Huelga General del 11N y la manifestación por la vivienda convocada por los sindicatos mayoritarios, salvo CSIF, y el recién creado sindicato de la vivienda . Con una participación desigual por sectores y con absoluta tranquilidad ha transcurrido una jornada marcada por la lluvia. Más de un millar de personas han participado en una marcha desde la plaza Mayor donde los sindicatos han celebrado el ?clamor social? de una huelga que ?interpela tanto a patronal como a partidos políticos?. Por su parte, la patronal califica la huelga de ?fracaso? y FOES estima su seguimiento en un 2.26%, cifra que los sindicatos elevan hasta el 30%. 20:00 Los sindicatos celebran un "clamor social" Juanma Peña, de UGT, María Enciso, de CCOO, y Eduardo Gallego, de CGT, son quienes han puesto voz a la huelga. Todos han celebrado lo que han calificado de un ?clamor social? que ha acompañado a la huelga con ?la mayoría de los ciudadanos mojándose? más allá de los datos de participación. Una movilización social que ?sirve? y que en este caso interpela tanto a los políticos como a la patronal, aseguran. 19:35 horas. La huelga en el personal de la Junta alcanza en Soria un seguimiento del 5,24% La huelga general ha registrado en Soria, con los datos actualizados al turno de tarde, un seguimiento de 193 trabajadores de la Junta de Castilla y León, sobre una plantilla de 3.681 efectivos, lo que representa una participación media del 5,24%, según las cifras ofrecidas por la Junta de Castilla y León . La mayor incidencia se ha producido en los servicios de la Delegación Territorial, con 62 trabajadores en paro (7,65%), seguido por el ámbito docente no universitario, con 89 trabajadores en huelga (5,72%). En las instituciones sanitarias de la Gerencia de Emergencias Sanitarias se han contabilizado 37 participantes (4,21%), mientras que en las direcciones provinciales de Educación han sido cinco (1,15%). En el conjunto de Castilla y León, la participación alcanza los 2.876 trabajadores, el 4,30% de los 66.846 efectivos de la Administración autonómica incluidos en el recuento. El sector con mayor número de participantes es la Administración General, con 858 (4,69%), seguido por el docente no universitario, con 1.150 trabajadores (4,43%) y los servicios sanitarios, con 868 (3,84%). Soria presenta, por tanto, un seguimiento porcentual ligeramente superior a la media autonómica. 19:19 horas. Carlos Martínez, en la manifestación de Soria El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez se halla entre los manifestantes tal y como ya avanzó anteriormente. Acompañado por miembros del partido, el que fuera alcalde de Soria durante dos décadas ha querido mantener su compromiso con esta jornada de paro. 19:07 horas. Arranca la marcha. En torno a un millar de personas han iniciado la manifestación en su arranque por las calles del Collado. La comitiva está encabezada por pancartas de las organizaciones convocantes, UGT y CC OO, acompañadas por CGT y una segunda cabecera con el Sinditado de Vivienda. Comienza la manifestación con motivo de la convocatoria. Paraguas abiertos por la lluvia, intermitente, en la plaza Mayor al inicio. 18:08 horas. La patronal califica la huelga de "fracaso" FOES califica de "fracaso" la huelga. En un comunicado, y según los datos aportados, los paros han tenido un seguimiento residual del 2,26% . La patronal destaca que la actividad en las empresas de la provincia se ha desarrollado con total normalidad como cualquier otro día laboral. 17:20 horas Piscinas La piscina de la Juventud, sin servicio por la huelga del socorrista asignado al turno de tarde. Un usuario habitual en la franja vespertina ha comentado que la cosa le ha pillado "con el bañador puesto" y sin aviso. 16:04 horas. Moncayo En la zona del Moncayo, concretamente en Ágreda y según fuentes municipales, el seguimiento de la convocatoria no se ha hecho notar, como tampoco han sido constatados piquetes informativos. Una jornada cotidiana y normal. 14:24 horas. CCOO estima un 30% La provincia ha vivido una noche y una mañana sin alteraciones destacadas en esta jornada de huelga general . El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha confirmado a Soria Noticias que no se registraron incidentes durante la noche ni al comienzo de la jornada y que los piquetes informativos no habían protagonizado acciones violentas. Los primeros recorridos por la capital, incluido el polígono industrial de Las Casas, reflejaban una actividad prácticamente habitual, con trabajadores incorporándose a sus puestos. CCOO desplegó, no obstante, equipos informativos durante la noche y la mañana en los polígonos de Ólvega y Ágreda y en distintos puntos de la capital. Las valoraciones sobre el seguimiento ofrecen cifras muy diferentes. CCOO estima que el 30% de los trabajadores ha secundado la convocatoria , un porcentaje que su secretaria general en Soria, María Enciso, considera significativo en una provincia donde más del 90% de las empresas tienen menos de diez trabajadores. En cambio, FOES ha calificado de "mínimo" el seguimiento y lo cifra en el 2,3% a las 13.40 horas, frente al 1,66% registrado en el turno de noche. La patronal señala que la incidencia ha sido prácticamente nula en comercio, hostelería, agroalimentación y construcción, y que la mayor participación se ha concentrado en la industria, especialmente en empresas de más de 50 trabajadores. Por su parte, los datos de la Junta sitúan el seguimiento en el 7,3% en la Delegación Territorial, el 5,7% en la enseñanza no universitaria y el 3,9% en las instituciones sanitarias. La Diputación Provincial ha comunicado un 2,867% en sus servicios, todavía pendiente de contabilizar los turnos de tarde y noche de las residencias. La principal expresión pública de la convocatoria ha sido la manifestación promovida por el Sindicato de Vivienda y la CGT. Más de 200 personas se concentraron a las 11.00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno, bajo la lluvia, y posteriormente recorrieron Mariano Vicén en dirección a la sede del PP con consignas como "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa". La huelga sí ha tenido una consecuencia destacada en la programación cultural de la capital donde la falta de personal técnico del Palacio de la Audiencia ha obligado a cancelar el concierto de clausura del 34.º Otoño Musical Soriano, previsto para las 20.00 horas con la Gustav Mahler Jugendorchester. 13:40 horas. FOES califica de "mínimo" el seguimiento "El seguimiento de la convocatoria ha sido mínimo", asegura la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), que lo sitía en el 2,3%. Por sectores, en comercio, hostelería, agroalimentación y construcción "la incidencia ha sido prácticamente nula", asegura en un comunicado. La mayor participación, explica, se ha registrado en el sector industrial, mientras que en el transporte "el seguimiento también ha sido muy reducido, si bien algunas empresas del sector en Soria han optado por interrumpir voluntariamente su actividad de manera preventiva, con el fin de evitar posibles incidencias durante la jornada". Según la patronal, el mayor seguimiento se concentra principalmente en empresas de más de 50 trabajadores del sector industrial, especialmente en aquellas que cuentan con representación sindical, donde la participación se está registrando fundamentalmente entre los propios representantes de los trabajadores, mientras que en el resto de las plantillas la incidencia de la huelga es más limitada. 13:30 horas. Soria supera la media autonómica de participación en los servicios de la Junta Soria registra un seguimiento del 7,3% en la Delegación Territorial de la Junta y del 5,7% en la enseñanza no universitaria, frente al 6,3% y el 4,4% de media autonómica, respectivamente. En las instituciones sanitarias, la participación es del 3,9%, prácticamente igual al 3,8% de Castilla y León. Los datos ofrecidos por la Junta incluyen el impacto de los servicios mínimos decretados y no permiten establecer un porcentaje global provincial comparable con el autonómico. 13:10 horas. Datos en Diputación Según informa la Diputación Provincial, el seguimiento de la huelga general en sus servicios es del 2,867%. Falta de contabilizar los seguimientos de los turnos de tarde y noche en las residencias. 13:02 Alberto Santamaría: ?Esta huelga busca políticas públicas y respuestas legislativas? El presidente de la Cámara de Comercio de Soria valora la tranquilidad con la que está transcurriendo la jornada. Valora y pide que se respete tanto el derecho a la huelga como el derecho al trabajo algo que, puntualiza, se está cumpliendo en Soria. Alberto Santamaría sí pone el foco en las administraciones. ?Lo que en realidad piden y se busca son soluciones a problemas que interpelan a la administración y no a las empresas?, explica. ?Esto no va de empresas y trabajadores?, asegura señalando que hacen falta ?respuestas legislativas y políticas públicas? que solucionen los problemas de los ciudadanos porque, recuerda, ?el precio del alquiler no lo marca el salario?. Santamaría reconoce que el problema es ?complejo? y lamenta que los poderes públicos y políticos estén ?escondidos?. En clave soriana, el presidente de la institución cameral sí alerta que, en Soria, donde el tejido está compuesto principalmente por pymes una huelga o un ataque como los que se ven en otros lugares tiene siempre mucho más impacto negativo que si se produce en una empresa grande. 12:35. Tranquilidad en la estación de autobuses. En la estación de autobuses de la capital, conductores, trabajadores y viajeros viven con normalidad la jornada de huelga , según relatan a Soria Noticias . Todos los autobuses han llegado puntuales hasta el momento, tanto de Burgos como de Madrid, Zaragoza y Logroño. A lo largo de la mañana también se prevé que todos los autobuses lleguen a su destino, ya que tampoco han contado con servicios mínimos. 12:20 horas. El sindicato de vivienda se dirige a la sede del PP Más de 200 personas convocadas por el sindicato de vivienda y la CGT se dirigen a la sede del PP avanzando en manifestación por Mariano Vicén. Finalmente no han llegado a la Universidad. La pequeña 'marea' crece desde que, a las 11 de la mañana, se concentraran frente a la Subdelegación de Gobierno y, más tarde, a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. "Sube la vida, sube el pan, nuestros salarios donde están", "rentistas culpables, gobierno responsable", "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "nacional o extranjero, todos somos obreros", "paz entre los pueblos, guerra entre las clases" o la clásica "no nos mires, únete" son algunas de las consignas que corean. 12:10 horas. Normalidad en las instalaciones deportivas de la ciudad El Ayuntamiento de Soria confirma a Soria Noticias que las instalaciones deportivas de la capital funcionan con total normalidad a esta hora. Los usuarios han podido acceder sin ningún tipo de problema a las piscinas, frontones y distintas pistas para practicar sus respectivos deportes. 11:55 horas. CCOO sube el seguimiento al 30% en una provincia ?de empresas familiares? CCOO estima en un 30% el seguimiento de la huelga general en Soria , una participación que considera significativa en una provincia sin grandes industrias y donde más del 90% de las empresas tienen menos de diez trabajadores. Su secretaria general, María Enciso, ha destacado a Soria Noticias la concienciación que muestran los ciudadanos con las reivindicaciones, explicadas por los piquetes informativos que el sindicato ha desplegado en Soria, Ágreda y Ólvega. 11:35 horas. Concentración frente a Subdelegación de Gobierno Más de 200 personas se han concentrado a las puertas de Subdelegación de Gobierno, siguiendo el llamamiento lanzado por el Sindicato de Vivienda y CGT. Bajo una constante lluvia, han gritado sus consignas y mientras se concentraban otros sectores como el de Educación. De la Subdelegación, los manifestantes se dirigen a las sedes de PSOE y PP y esperan terminar en la Universidad. 10:32 horas. CEOECyL cifra en un 2,63% el seguimiento en Castilla y León La patronal autonómica considera que la huelga general está teniendo una incidencia "mínima" durante las primeras horas de la jornada y asegura que la actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunidad. CEOE en Castilla y León cifra en un 2,63% en seguimiento medio de sus empresas asociadas. 10:25 horas. Tres detenidos en un piquete de Zamora Un incidente en las instalaciones de la empresa de autobuses urbanos, ha desembocado en un enfrentamiento entre los piquetes informativos y agentes de la Policía Nacional, que ha terminado con tres sindicalistas de la CGT detenidos, según la información facilitada por Zamora News. 9:50 horas. Cancelada por falta de personal la clausura del Otoño Musical Soriano La huelga general, secundada por el personal técnico del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, ha obligado a cancelar el concierto de clausura de la 34.ª edición del Otoño Musical Soriano. La Gustav Mahler Jugendorchester tenía previsto actuar este miércoles, 11 de noviembre, a las 20:00 horas. Las entradas se devolverán automáticamente si se compraron por internet, mientras que las adquiridas en taquilla deberán presentarse en Cines Mercado para recuperar el importe. 9:44 horas. Huelga general 11N: el subdelegado del Gobierno confirma la ausencia de incidentes "No hemos registrado incidencias durante la noche ni en el arranque del día", ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, a Soria Noticias. Latorre ha explicado que los piquetes no han protagonizado acciones violentas y se han limitado a informar sobre la convocatoria de huelga . Asimismo, los servicios mínimos están funcionando con normalidad. 8:56 horas. Noche de piquetes en Ólvega, Ágreda y Soria CCOO desarrolla desde anoche una intensa campaña a pie de calle para informar sobre la jornada de huelga general. Los piquetes se han concentrado en los polígonos de Ólvega y Ágreda durante la noche y a primeras horas de la mañana, en la capital, se alternan entre el polígono industrial, el hospital Santa Bárbara y los institutos. 8:15 horas. FOES cifra en el 1,66% el seguimiento en el turno de noche La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha compartido los primeros datos de seguimiento de la huelga general referentes al turno de la noche del 10 al 11 de noviembre. Según los datos recogidos por la Federación a primera hora de la mañana facilitados por sus empresas asociadas encuestadas, el porcentaje de participación ha sido del 1,66%. 7:40 horas. Soria amanece ajena a la huelga La ciudad ha amanecido tranquila, con una actividad que ha ido creciendo progresivamente hasta adquirir el aspecto habitual de cualquier día laborable. A primera hora no se apreciaban cambios significativos en las calles ni una presencia visible de piquetes. En el centro de la capital, la actividad también seguía su curso. Los servicios de limpieza y las líneas de autobús urbano funcionaban esta mañana, mientras los operarios de la construcción trabajaban en las obras abiertas en distintos puntos de la ciudad. Bares y supermercados preparaban sus aperturas y el personal de limpieza terminaba las tareas en los portales, según ha confirmado Soria Noticias. La sede de la patronal soriana, FOES, también ha amanecido tranquila. La imagen más explícita de la convocatoria se encontraba en la entrada de CCOO , donde un cartel anunciaba el cierre por huelga, aunque desde el exterior se intuía actividad en el interior de las instalaciones. Así, las primeras horas de la convocatoria dejan en Soria una imagen de escasa incidencia visible en la actividad cotidiana. Se trata, en cualquier caso, de una primera fotografía de la jornada, que no permite todavía determinar el seguimiento de la huelga en el conjunto de los sectores económicos y laborales. 6:30 horas. Sin piquetes en el polígono Las Casas En el polígono industrial, a las 6.30 horas, la situación era igualmente tranquila. El tráfico comenzaba a aumentar poco a poco y los trabajadores acudían a sus puestos tanto a pie como en bicicleta. No se observaba presencia de piquetes. En los aparcamientos de las empresas vinculadas a la industria y de las grandes superficies comerciales ya había numerosos vehículos, aunque conviene tener en cuenta que se trata de un polígono en el que predominan las actividades de servicios y donde buena parte de las empresas no trabaja con turnos nocturnos. Te contamos la huelga general del 11-N en Soria en directo.
Feijóo presenta un documento con 249 promesas para la “reconstrucción nacional” si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29-N, con especial peso para la fiscalidad, las infraestructuras, la vivienda y el crecimiento empresarial.
Catorce años después de la última huelga general de carácter estrictamente laboral, Soria volverá mañana, miércoles 11 de noviembre, a una jornada de paro convocada a escala nacional por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) a la que se han sumado otros sindicatos y asociaciones. La crisis de la vivienda, convertida en uno de los principales problemas sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios constituyen los dos grandes argumentos de una movilización que, según los convocantes, pretende poner sobre la mesa las dificultades crecientes para mantener unas condiciones de vida dignas. La convocatoria afecta potencialmente a 43.673 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, es el colectivo de trabajadores al que se dirige el llamamiento al paro, que llega acompañado de un respaldo social amplio en el conjunto del país. Alrededor de 20.000 organizaciones de toda España se han adherido a la huelga, según los datos difundidos por sus promotores, en una suma de apoyos que incorpora al movimiento por la vivienda, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, estudiantes y representantes del mundo de la cultura. Una alianza que refleja el intento de convertir el problema del acceso a una vivienda en una reivindicación transversal, vinculada también a los salarios, la precariedad y el reparto de la riqueza. En Soria , sin embargo, el ambiente previo se presenta más tranquilo . Los llamamientos al paro han partido de CCOO y UGT, los dos sindicatos convocantes, pero también de CGT y del Sindicato de Vivienda de Soria. A ellos se suma el ámbito de la enseñanza a través de STECyL-i, la Confederación Intersindical y los STEs, que han respaldado la jornada con el argumento de que la precariedad habitacional también repercute en la educación y en las condiciones de vida de las familias. Sin unidad sindical La confluencia de organizaciones no significa, no obstante, que todos los colectivos compartan exactamente la misma estrategia. El Sindicato de Vivienda de Soria y CGT conforman un bloque crítico que sitúa la lucha contra la especulación inmobiliaria en el centro de sus reivindicaciones. Por ese motivo, no participarán en la cabecera de la manifestación junto a los sindicatos de clase. Una separación que evidencia los distintos enfoques que conviven en una jornada que tiene en la vivienda su principal elemento de conexión. Tampoco habrá unidad sindical. CSIF ha anunciado que no secundará la huelga al considerar que responde a motivaciones políticas. USO tampoco se suma y cuestiona la oportunidad de la convocatoria, en un contexto marcado por las elecciones del próximo 29 de noviembre, con las cámaras disueltas y un Gobierno saliente. A su juicio, estas circunstancias generan incertidumbre sobre quién debe asumir las reclamaciones planteadas por los convocantes. La última huelga general de carácter estrictamente laboral se remonta a 2012, un año en el que se celebraron dos convocatorias contra las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. La primera tuvo lugar el 29 de marzo y, según la valoración de la patronal, tuvo una incidencia limitada en los centros de trabajo, donde predominó la normalidad durante buena parte de la jornada. La patronal cifró entonces el seguimiento en Soria en el ocho por ciento. La segunda llegó en noviembre y volvió a enfrentar las estimaciones de empresarios y sindicatos: mientras la patronal habló de una participación ligeramente inferior a la de marzo, las organizaciones sindicales elevaron el seguimiento hasta cerca del 70%. Desde entonces ha habido otras movilizaciones de ámbito general, aunque con motivaciones y formatos distintos. En 2018, el 8 de marzo, el movimiento feminista, amparado por CCOO y UGT, convocó una jornada de paro con interrupciones de dos horas por turno para reivindicar los derechos de las mujeres. Más recientemente, en 2024 y 2025, se sucedieron convocatorias de huelga y movilización vinculadas a la situación en Palestina . La del 11 de noviembre recupera, por tanto, el formato de una huelga general con reivindicaciones laborales y socioeconómicas, con la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como principales argumentos. Voluntaria y sin obligación de aviso Más allá de las organizaciones que respaldan o rechazan el paro, la jornada afectará a cada trabajador en función de su decisión individual. El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero su ejercicio es voluntario y convive con el derecho al trabajo de quienes opten por acudir con normalidad a sus puestos. Los sindicatos han anunciado la presencia de piquetes informativos en Soria, cuya función es explicar los motivos de la convocatoria e intentar convencer a los trabajadores para que se sumen. Sin embargo , no pueden coaccionar, amenazar ni impedir físicamente el acceso al centro de trabajo . Nadie puede obligar a secundar la huelga, del mismo modo que nadie puede impedir trabajar a quien decida no hacerlo. Tampoco existe obligación de comunicar previamente a la empresa la intención de participar en el paro. Los trabajadores no tienen que avisar con antelación ni justificar su decisión, y la empresa no puede exigirles que revelen sus intenciones, elaborar listas de adhesión o presionarles para que acudan a su puesto. Eso sí, secundar la huelga tiene consecuencias económicas. Durante el paro, el contrato de trabajo queda suspendido y no se percibe el salario correspondiente al tiempo no trabajado, con los descuentos proporcionales que procedan en los conceptos salariales afectados. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la huelga? El paro comenzará a las 00.00 horas del martes 11 de noviembre y finalizará a las 24.00 horas de esa misma jornada . La convocatoria también contempla a los trabajadores que comiencen o terminen sus turnos durante la noche, así como el cese anticipado de determinadas actividades productivas. Sin embargo, la cobertura de la convocatoria tiene en cuenta las particularidades de los horarios laborales, especialmente en aquellos sectores que funcionan mediante turnos nocturnos. Así, los trabajadores que tengan previsto incorporarse a su puesto antes de la medianoche del día 11 también podrán secundar la huelga desde el inicio de su jornada si esta corresponde al primer turno afectado. Esto significa que un empleado que comience a trabajar a las 22.00 o a las 23.00 horas del día 10 estará amparado por el derecho de huelga desde ese momento y durante el resto de su jornada, aunque su incorporación se produzca todavía en la víspera del paro. La misma consideración se aplica a quienes comiencen su turno durante la noche del 11 de noviembre y terminen durante la madrugada del día 12. En estos casos, la protección del derecho de huelga se mantiene durante la jornada correspondiente, siempre que el trabajador no esté incluido en los servicios mínimos establecidos. El cese de actividad también afecta a determinados trabajos del día anterior. Según las condiciones de la convocatoria, el 10 de noviembre deberán cesar en sus puestos los trabajadores y funcionarios cuyas tareas estén relacionadas con la elaboración de productos, bienes o servicios y con la distribución de efectos que vayan a tener lugar el día de la huelga. Es el caso, por ejemplo, de una panadería industrial que elaborase con normalidad durante la tarde o la noche del día 10 el pan destinado a su distribución y consumo el 11 de noviembre. Sanidad y educación, entre los servicios esenciales La jornada no supondrá la paralización de todos los servicios públicos . La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos para garantizar las prestaciones consideradas esenciales, regulados mediante el Acuerdo 154/2026, de 5 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. En sanidad, la cobertura global no podrá superar aproximadamente un tercio de los efectivos habituales, aunque las actividades urgentes y críticas mantendrán el cien por cien de su operatividad. Entre ellas figuran las unidades de cuidados intensivos, los paritorios, la diálisis, los tratamientos oncológicos, el Hospital de Día, la Farmacia Hospitalaria y los quirófanos cuya actividad no pueda aplazarse . En Atención Primaria se mantendrá la actividad ordinaria de una mañana laborable, con las atenciones urgentes cubiertas por los facultativos y el personal de enfermería de guardia previstos para cada demarcación provincial. También habrá garantías de funcionamiento en los centros educativos públicos. Los equipos directivos, directores o jefes de estudios y el personal subalterno por turno deberán asegurar el acceso a colegios e institutos. En la provincia de Soria, el dispositivo contempla además coberturas específicas en el CEE Santa Isabel, las residencias formativas de Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda y la capital, así como en los Centros Rurales de Innovación Educativa de Navaleno, Almazán y Berlanga de Duero. El decreto incluye igualmente servicios esenciales en la Administración autonómica, el t ransporte asistencial, los centros residenciales y la vigilancia de las carreteras. La manifestación, a las 19.00 horas Con independencia del seguimiento que pueda registrar el paro durante la jornada laboral, la convocatoria tendrá su expresión en la calle por la tarde. En Soria capital, la manifestación está prevista para las 19.00 horas, con salida desde la plaza Mayor. Será el momento de comprobar hasta dónde llega en la provincia una movilización que aspira a reunir reivindicaciones laborales y sociales bajo un mismo paraguas. La vivienda, los salarios y las dificultades para sostener unas condiciones de vida dignas serán los argumentos centrales de una jornada que devuelve a Soria, catorce años después, al escenario de una huelga laboral general.
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
El Partido Popular ha iniciado en Soria su precampaña electoral ante los comicios del próximo 29 de noviembre con una jornada informativa en la capital que ha servido de antesala a los actos previstos en Ólvega y Ágreda. Durante este arranque de campaña, la formación ha querido situar en el eje de su discurso las prioridades del medio rural y el balance de la actividad legislativa desarrollada en las Cortes Generales durante la legislatura. El presidente del PP de Soria y de la Diputación Provincial, Benito Serrano , comenzaba el encuentro trasladando un mensaje de apoyo a los vecinos de Berlanga afectados por el reciente incendio en la Plaza Mayor , haciendo extensible el reconocimiento a su alcalde, Enrique Rubio, y a la labor desempeñada por los bomberos de la institución provincial. En su intervención, Serrano ha subrayado la labor realizada en la Cámara Alta a través de iniciativas promovidas desde la provincia, citando la Ley de Montes de Socios y el Mecanismo Rural de Garantía . Asimismo, ha vuelto a criticar por "cicatera" la aplicación del 1% en la fiscalidad diferenciada y las ayudas de funcionamiento, recordando que la normativa comunitaria de la Unión Europea autoriza llegar hasta un 20%. Propuestas legislativas e infraestructuras pendientes Por su parte el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Tomás Cabezón , ha desgranado el objetivo del Mecanismo Rural de Garantía , explicando que está diseñado para "analizar desde Madrid la repercusión de cada norma sobre el tejido socioeconómico rural, beneficie a empresas, agricultores o jóvenes". Cabezón ha defendido también la proposición sobre titularidad colectiva forestal elaborada conjuntamente con la Asociación de Montes de Soria, señalando que: " Un monte limpio es un monte más seguro y es un monte que también da valor al territorio ". El candidato al Congreso ha enfatizado que las 40 "leyes Feijóo" aprobadas en el Senado representan la alternativa programática dispuesta para su aplicación tras el 29-N. Igualmente, ha aludido a las carencias en materia de transportes que afectan a la provincia, mencionando el ritmo de ejecución de las autovías A-11 y A-15 y la suspensión del servicio de la línea de tren con Madrid durante un periodo de 18 meses . Plan de choque para jóvenes y balance parlamentario En la recta final, la portavoz del Grupo Popular en el Senado y candidata a la Cámara Alta por Ávila, Alicia García ha defendido la función del Senado como " contrapeso institucional " y ha lamentado que iniciativas registradas por los parlamentarios sorianos, entre los que ha citado a José Manuel Hernando, "permanezcan frenadas en el Congreso de los Diputados". García ha expuesto las líneas del plan de choque anunciado para dinamizar los pueblos , el cual contempla medidas de " impuestos cero " para jóvenes que busquen vivienda en el entorno rural , un bonus de 15.000 euros para emprendedores que inicien su actividad en el territorio y el blindaje de las ayudas relativas a la Política Agraria Común (PAC) en las negociaciones europeas . Por último, la portavoz ha aludido a las investigaciones parlamentarias y judiciales sobre la gestión de fondos públicos e infraestructuras a nivel estatal, contraponiendo el modelo de gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo frente al Ejecutivo actual.
La cumbre internacional de ciudades y soluciones urbanas inteigentes reúne en Barcelona a más de mil municipios y 700 expertos para evaluar el impacto real que las soluciones tecnológicas tienen en la calidad de vida urbana Las ciudades concentran los mayores desafíos de la sociedad contemporánea. Durante más de dos décadas la digitalización de los entornos urbanos avanzó sobre la promesa de transformar nuestras urbes. Y hoy, esta tecnología abandona el terreno de la promesa para ofrecer resultados palpables en las calles: desde la gestión eficiente de la energía hasta la optimización del transporte público, las nuevas herramientas ayudan a resolver problemas cotidianos. Las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades protagonizarán, un año más, Smart City Expo World Congress . Organizado por Fira de Barcelona, del 3 al 5 de noviembrecelebrará en el recinto de Gran Via su decimoquinta edición, bajo el lema Soluciones urbanas, impacto real . Una cita que convocará a más de 1.000 ciudades, 1.100 expositores y 27.000 asistentes con el propósito de compartir prácticas de éxito aplicables a escala global. “Durante años hemos hablado de la ciudad inteligente como una promesa. Hoy sabemos que tras casi un cuarto de siglo apostando por las ciudades inteligentes, la tecnología existe y ya ha tenido un impacto. Las soluciones que mostramos están cambiando la vida de las personas a mejor. Smart City Expo quiere ser el lugar donde ciudades, empresas y expertos compartan las experiencias que dan buenos resultados, para que puedan replicarse allí donde hace falta”, señala Ugo Valenti, director del congreso. Instantes de Smart City 2025. Tecnología al servicio de la ciudadanía El avance de las tecnologías habilitadoras, la inteligencia artificial y la red de sensores transforman los gobiernos locales. Los algoritmos de predicción facilitan el mantenimiento de las infraestructuras, mientras los modelos digitales tridimensionales permiten a las administraciones simular el impacto ambiental de nuevas obras antes de su ejecución. Sin embargo, la innovación tecnológica carece de sentido si no atiende a las necesidades de la ciudadanía. La digitalización urbana busca ahora un equilibrio entre la eficiencia operativa, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Esta perspectiva transversal integra la movilidad sostenible, la transición energética y la protección del entorno marino para garantizar un crecimiento económico respetuoso con el planeta. Entre todos los retos urgentes de las urbes actuales, la dificultad de acceso a un hogar adecuado ocupa un lugar prioritario. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y el crecimiento demográfico presionan a los gobiernos locales en todo el mundo. Smart City Expo no es ajeno a esta situación y, por ello, acoge un nuevo congreso centrado en el reto de promover vivienda urbana asequible ( HOWS Barcelona ). En ella más de cien especialistas debatirán sobre la regulación del suelo, la promoción de vivienda pública, la edificación industrializada y la rehabilitación energética del parque residencial existente. Figuras como la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, o la investigadora de la universidad de East London, Anna Minton, analizarán modelos capaces de frenar la especulación e impulsar la inclusión social. Junto a la tecnología, el encuentro tendrá una dimensión política, porque las ciudades son motores de cambio. Alcaldes y responsables municipales de urbes como París, Atlanta, Atenas, Milán, Budapest, Freetown y Barcelona están articulando una agenda común para hacer frente a la crisis habitacional. La exalcaldesa parisina Anne Hidalgo, que ha abanderado el compromiso con la sostenibilidad climática, será una de las invitadas al encuentro, mientras que una mesa redonda de alcaldes analizará estrategias de suelo y cooperación pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado una agenda de actividades, bajo el nombre de Cities Programme , enfocada al intercambio de estrategias y conocimiento entre líderes municipales. Este intercambio directo de experiencias permitirá a los municipios adaptar medidas probadas en otros países, desde la reserva de suelo para alquiler protegido hasta incentivos fiscales para la edificación sostenible. Ciudades y adaptación climática El reto de adaptación al cambio climático centrará el nuevo espacio Terra50. Esta cúpula inmersiva proyectará 50 iniciativas urbanas con resultados demostrados en 32 países. Entre estas propuestas figuran cápsulas de desalinización marina que aprovechan la presión del agua profunda para ahorrar energía, pasarelas peatonales fabricadas con palas recicladas de aerogeneradores y modelos de separación de residuos sin vertidos. Además, el encuentro impulsará el emprendimiento tecnológico mediante un espacio dedicado a empresas emergentes, donde inversores, centros de investigación y administraciones evaluarán innovaciones de alto potencial transformador. El futuro de los entornos urbanos exige una visión a largo plazo basada en la inteligencia estratégica y la diversidad. Especialistas en prospectiva tecnológica como Nikolas Badminton, líder del think tank Futurist.com y ponente principal del congreso, profundizarán en el uso ético de los algoritmos en la toma de decisiones públicas. Por su parte, expertas como Ayumi Moore Aoki, fundadora de Women in Tech Global, defenderán la inclusión del talento femenino y la eliminación de brechas de género en la innovación urbana. En un momento de grandes transformaciones, las ciudades demuestran que la convergencia entre tecnología, planificación urbana y sensibilidad social representa el único camino para construir comunidades más justas, prósperas y habitables.
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