Tener la casa asegurada es, para la inmensa mayoría de las familias, el único salvoconducto para dormir tranquilos por las noches. De hecho, los datos sectoriales más recientes revelan que casi el 80% de las viviendas en nuestro país cuentan con una póliza activa. Sin embargo, detrás de esa aparente seguridad financiera se esconde una realidad mucho más amarga, y es que una cantidad alarmante de propietarios ha firmado su contrato cometiendo un error de cálculo idéntico. Un fallo silencioso que no aparece hasta que ocurre un siniestro grave y se abre el expediente, momento en el que muchos descubren que están pagando de más cada mes por una protección fantasma o que la indemnización que van a recibir apenas... Ver Más
Huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas para movilizar a la opinión pública sobre el grave problema de la vivienda, a la que los sindicatos de clase se han sumado, y han convocado, por temor a quedar huérfanos de iniciativa ante una reivindicación material, real. Desigual en su ejecución, España no se paró (tampoco en 2012), pero fueron masivas las manifestaciones de la tarde, con amplia presencia de jóvenes. Son ellos quienes han dado forma a un malestar latente al que el Gobierno no ha sabido dar respuesta a tiempo, ni tampoco las autonomías, muchas gobernadas por PP y Vox, con competencias en la materia. Seguir leyendo...
La propietaria de la vivienda incendiada este viernes en el barrio de Uribarri de Bilbao se encuentra ingresada en el Hospital de Cruces, en Barakaldo, en estado grave
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
Los bomberos han tardado más de tres horas en sofocar las llamas del virulento incendio que esta noche han arrasado una vivienda en el barrio de Uribarri
El fuego, que ha obligado a desalojar a los vecinos del bloque afectado y de otros dos inmuebles cercanos, se ha originado en el dormitorio de un piso en el que se encontraba una mujer
El fuego, que ha obligado a desalojar a los vecinos del bloque afectado y de otros dos inmuebles cercanos, se ha originado en el dormitorio de un piso en el que se encontraba una mujer
La campaña electoral para el 29 de noviembre ha vivido en la tarde noche de este jueves 12 de noviembre su particular pistoletazo de salida . Se trata de una de las campañas electorales más reñidas de los últimos años, ya que la provincia pierde un diputado para estos comicios, pasando de nueve representantes a ocho.Esta circunstancia hará que la lucha por conseguir captar el voto de los indecisos y abstencionistas sea más fratricida que en anteriores comicios.Los partidos realizaron el tradicional y simbólico inicio de pegada de carteles principalmente en Jerez de la Frontera , donde se dieron cita tres formaciones políticas: PP, Vox y Frente Amplio. Por su parte, Adelante Andalucía lo hizo en la capital gaditana, mientras que el PSOE pospone su arranque a este viernes por la mañana, con un acto en Jerez.«Voto de la ilusión» del PPLa candidata número uno del PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha apelado a «un voto de ilusión y no solo de castigo a los corruptos y a los ineptos» de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, para lo que ha señalado que «hay que reflexionar y poner en una balanza qué significa votar a un lado o al otro», antes de manifestar que «el PSOE pone en evidencia el desastre de gestión» y que Cádiz «necesita un gobierno que le duela y sepa de la provincia», recordando así que el PSOE vuelve a presentar a unas elecciones a un ministro que no es de la provincia.En un acto con militantes celebrado en Jerez, García-Pelayo ha asegurado que el objetivo del PP es «que mejore la vida de la gente, crear un proyecto común del que todos seamos partícipes y limpiar España» , argumentando en este sentido que el PSOE «se ha instalado en la corrupción sistémica de estado, cada día escandalizan por algo que es incluso más grave, que debe preocupar incluso a los propios socialistas, porque va en contra de su ideario».«Necesitamos que la sociedad despierte, que los votantes socialistas de verdad digan que basta ya de pisotear las instituciones que nuestro Estado sea un Estado de derecho», añadió.Por su parte, el candidato número uno al Senado por la provincia de Cádiz, Jacinto Muñoz , ha hecho hincapié en que esta campaña electoral es «la más importante de las últimas elecciones, porque es el momento de cambiar el Gobierno de España y pensar en el futuro de la provincia de Cádiz». Así, ha pedido a la gente del PP que transmita que empieza «la campaña de la esperanza, de la ilusión, que es la única opción posible, conseguir eso para poder trabajar por la provincia».Vox, en Jerez: «Comienza la cuenta atrás de este Gobierno mafioso»El presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Manuel Gavira , ha participado en Jerez en la tradicional pegada de carteles con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, donde ha acompañado a la cabeza de lista por Cádiz, Blanca Armario. Durante el acto, ha asegurado que «comienza la cuenta atrás de este Gobierno mafioso».Tradicional pegada de carteles de VOX en Jerez. La VozGavira ha trasladado un mensaje «positivo» ante la cita electoral, aunque ha advertido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «hará todo lo posible por permanecer en el poder», incluso, según ha afirmado, «ensuciando esta campaña».El dirigente de Vox ha defendido la necesidad de poner fin a la etapa de Sánchez y dar paso a un Gobierno en el que «los primeros sean los españoles», que acabe con el «fanatismo ideológico» y la burocracia y que garantice que la entrada en España se produzca por «la puerta de la legalidad».Asimismo, ha reclamado la recuperación de los servicios públicos y del transporte ferroviario, que, a su juicio, están siendo «maltratados» por el actual Ejecutivo.Gavira también se ha dirigido a los jóvenes, a quienes ha prometido que un Gobierno de Vox traerá prosperidad y oportunidades para acceder a un empleo, un salario y una vivienda digno s, así como para formar una familia.Por último, ha subrayado la importancia de las elecciones del 29 de noviembre y ha pedido a los gaditanos que acudan «masivamente» a votar a Vox, formación que ha presentado como «la única opción» para conseguir que «España sea grande otra vez».Frente AmplioEl primer partido en abrir la campaña fue Frente Amplio Andaluz con la tradicional pegada de carteles, en este caso, tanto en Cádiz y Jerez. En ambos han participado la candidata al Congreso, Esther Gil de Reboleño, y la número dos al Senado, Violeta Márquez , junto a otros representantes de la candidatura. Los actos comenzaron a las 17:30 horas, en la puerta del edificio de Correos, en la plaza Topete, en Cádiz. Posteriormente, a las 19:30 horas, la actividad se ha trasladado a Jerez, donde las candidatas y representantes de la coalición han participado en un segundo acto en la plaza del Arenal. Con estos encuentros, la candidatura ha iniciado oficialmente la carrera a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la que seguirá recorriendo el territorio para trasladar sus propuestas y planteamientos a la ciudadanía. En concreto, esta estará centrada en tres principales ejes: la vivienda, el coste de la vida y un futuro mejor para Cádiz y toda Andalucía.Albares hoy en JerezPor su parte, el ministro de Exteriores y cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz, de cara a las elecciones generales, José Manuel Albares, será el encargado de abrir la campaña hoy viernes. Albares visitará Jerez, acompañado de la número dos en la lista de candidatos del PSOE, la jerezana Mamen Sánchez, y del secretario general de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix, que además encabeza la lista del Senado para las próximas elecciones.
La propietaria de la vivienda incendiada este viernes en el barrio de Uribarri de Bilbao se encuentra ingresada en el Hospital de Cruces, en Barakaldo, en estado grave
Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
Lo del periodo 93-96 fue un juego de niños en comparación con lo que ha pasado treinta años más tarde. Recordemos: después de que Felipe González volviera a ganar las elecciones contra las encuestas, en 1993 se desencadenó una campaña brutal, una auténtica conspiración. Media docena de periodistas (algunos aún de servicio, como Pedro J. Ramírez), y otra media docena de corruptos de diverso pelaje, como Mario Conde o el improbable José María Ruiz Mateos, contribuyeron a generar un clima pestilente (“paro, despilfarro y corrupción”), gracias al cual el PP pudo lograr una mayoría simple en 1996 y formar gobierno gracias al apoyo de CiU. Claro es que el Gobierno de entonces estaba en pleno declive, con un paro rampante, un director general de la Guardia Civil fugado y un presidente cansado y aislado. Pero si la derecha ganó (por poco) fue sin duda gracias a aquella estrategia de agresividad que se vino a llamar de la “crispación”. Por cierto, recordemos también que aquella noche de victoria conservadora, mientras los seguidores cantaban eufóricos en la calle Génova lo de “¡Pujol, enano, habla castellano!”, Aznar le decía a un periodista de Tv3 esa otra frase mítica: “en círculos reducidos, no muy amplios, hablo catalán”. Y vaya si habló. En la intimidad del Hotel Majestic, cedió un nuevo sistema de financiación para Cataluña, el 35 por ciento de la recaudación del IVA, el traspaso de los Mossos, las competencias en puertos (y ya de paso la muy bienvenida supresión de la mili, una reivindicación tradicional del nacionalismo). Esos tres años de postrera y agresiva legislatura felipista fue una broma, ya digo, si se compara con lo de estos últimos tres. El origen es el mismo: el PP no puede gobernar tras unas elecciones generales, en contra de lo anunciado en los sondeos, y decide recurrir a la furia . El resultado han sido tres años brutales y despiadados. En contraste con aquel otro tiempo, España está hoy entre los países más equilibrados del mundo y es un lugar privilegiado para vivir: la economía, los derechos, la solidaridad, los servicios. Sánchez no lleva 11 años como González, sino siete y medio. Y el PSOE y su Gobierno no tienen más que un caso de corrupción constatado, el protagonizado por Ábalos. No le quito gravedad, pero es un caso único y ha sido severamente sentenciado, por el propio partido y por el Tribunal Supremo. El desafío independentista ha sido neutralizado, los trabajadores y la patronal se respetan. Hay paz social. Un Gobierno sin estridencias se ha esmerado aun con dificultades evidentes por su precaria situación parlamentaria. Mucho se habla de la ausencia de presupuestos, pero lo cierto es que sus sucesivas prórrogas han permitido que el dinero fluyera en los proyectos, si bien a costa de abusar del decreto. Sí, ha habido dos desgraciados accidentes de tren y tenemos un grave problema de vivienda. Vale. Pero España no es obviamente una dictadura, ni un Estado caótico o fallido, ni el Gobierno nada en la corrupción ni bucea en las cloacas. Da vergüenza tener que afirmar cosas tan obvias, pero resulta necesario para que la verdad de un país admirado en el mundo entero se abra camino ante tanto ruido y tanta porquería. En contraste con la buena salud del país, o precisamente por ella, ningún político de la democracia ha llegado a los niveles de indignidad de los líderes actuales del PP, dejando a un lado a Vox. Ningún líder del Gobierno o de la Oposición ha traspasado la frontera de lo familiar y lo personal en la relación con su principal adversario. Feijóo ha quemado todos los puentes intentando encarcelar al hermano del presidente y a su esposa, si no a él mismo. Ningún partido de Gobierno ha llegado a los niveles de zafiedad y agresividad de Tellado o de Muñoz. No existe en la democracia española, quizá con la excepción de Jesús Gil, un líder democráticamente elegido con el grado de emponzoñamiento, mentira y populismo bananero de Isabel Díaz Ayuso. Después de la huelga general del miércoles, que abarrotó de progresistas las calles lluviosas del país, y constatando los insultos de las derechas a los trabajadores y sus sindicatos, a uno le cuesta creer que a partir del día 29 Feijóo y Abascal puedan gobernar España. Me resisto a creer que esos líderes inanes, histéricos y faltones , vayan a llevar las riendas de este país nuestro. Si logran hacerlo, arrastrarán con ellos la memoria de tres años de infamia.
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López
El fiscal general de Polonia y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, ha confirmado la ideología de extrema derecha del hombre de 24 años que acabó con la vida de seis personas en la Plaza del Mercado de Cracovia así como de sus padres y su hermana pequeña el pasado fin de semana Muere en el hospital el ultraderechista que mató a nueve personas en Polonia El joven de 24 años que acabó con la vida de nueve personas el pasado fin de semana en Polonia tenía “una fuerte conexión con el extremismo de derecha”, según ha confirmado el fiscal general y ministro de Justicia del país, Waldemar Żurek, este martes en una entrevista en Radio Krakow , en la que ha desvelado que había consultado en Internet páginas web relacionadas con el ultraderechista Anders Breivik y la matanza de Utoya, en la que mató a 77 personas . Żurek, quien ha puntualizado que los motivos detrás del atentado están todavía siendo investigados, ha asegurado que existen “indicios muy sólidos” acerca de la ideología extremista del autor de los hechos aunque las autoridades no descartan que sea la única motivación. “Dado que el autor no dejó ninguna carta ni mensaje y falleció en el hospital” no se puede por el momento descartar ninguna vía de investigación, pero ha defendido que “las pruebas existentes” respaldan la tesis de la motivación ideológica hecha pública por el ministro del Interior en los primeros momentos posteriores al atentado. Sobre las posibles conexiones del tirador con grupos políticos o de extrema derecha, el fiscal general no ha querido ofrecer detalles aunque sí ha afirmado que “se está verificando y analizando”. El también ministro de Justicia se ha mostrado cauto a la hora de ofrecer más detalles sobre la ideología del joven de Ostrowiec aunque sí ha llegado a afirmar que “no todo el mundo tiene una bandera así en casa, posee tantas armas y, al mismo tiempo, consulta los logros de Breivik en su ordenador, leyendo sobre ellos”, unos indicios que ha calificado como “muy sólidos”. Como ha venido informando elDiario.es desde los primeros momentos tras el atentado terrorista de Cracovia, la Fiscalía Nacional de Polonia halló una bandera de Gadsden —a la que se refería el ministro de Justicia en su entrevista— colgada en su habitación. Este símbolo, utilizado en los últimos años por grupos de extrema derecha principalmente en Estados Unidos, como pudo observarse por ejemplo en acciones contra las instituciones democráticas como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, también fue portado por el atacante en un parche en el uniforme de estilo militar que utilizó el sábado durante su ataque indiscriminado en la Plaza del Mercado de Cracovia. Según ha revelado en una entrevista a un medio polaco el propietario del comercio en el que el autor del atentado compró este parche, la orden de compra de este y los otros tres parches que utilizó en el atentado se produjo de forma muy reciente, el pasado domingo 1 de noviembre, y fueron recogidos por el atacante en un negocio de su localidad, Ostrowiec, el lunes 2 de noviembre. El fiscal general también ha apuntado en esta entrevista a que en el lugar de trabajo del perpetrador se han encontrado “símbolos que podrían apuntar a esta conexión”. Además, la Fiscalía investiga el entorno del joven para tratar de determinar si estaba relacionado “con corrientes políticas que pudieran haber influido” en los ataques. Sobre la hipótesis de que el origen del atentado fuera un trastorno mental del joven fallecido, Żurek ha destacado que estos trastornos “también son un motivo muy importante”, pero ha añadido que “si combinamos varios factores, a veces se produce una explosión cuando algo sucede en el entorno, lo que desencadena eventos tan dramáticos”. Al mismo tiempo ha descrito como “asombrosa” la “evidente preparación” para realizar el acto terrorista. “Si alguien tiene una docena de cargadores, si se aseguraron casi 500 cartuchos de munición, es evidente que esta persona estaba haciendo preparativos para esta acción”, ha zanjado, insistiendo en que “todo esto debe analizarse”, incluida la munición, para conocer si el autor de los hechos utilizó munición militar o munición especial con el objetivo de causar un mayor daño a las víctimas. El atentado deja nueve muertos y una quincena de heridos El ataque terrorista se produjo alrededor de las 15.00 horas del sábado en la Plaza del Mercado, el corazón histórico y turístico de Cracovia. El hombre, un joven de 24 años, irrumpió con un vehículo en la plaza y abrió fuego de forma indiscriminada contra los transeúntes en lo que ha sido el primer tiroteo múltiple de este tipo de la historia del país. La Policía considera que el atacante actuó solo y fue neutralizado en unos tres minutos, tras un intercambio de disparos con dos agentes que trataron de impedir su huida. Estos dos policías resultaron heridos de bala durante la intervención y ambos se encuentran en estado grave, aunque estable. Ambos han recuperado la conciencia a lo largo del domingo. El balance inicial confirmado por las autoridades fue de seis fallecidos —cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos un ciudadano británico y una mujer austriaca— y 15 heridos, cinco de ellos extranjeros. Entre los heridos figuran también los dos agentes que intervinieron en la detención y hay cinco ciudadanos extranjeros de nacionalidades británica, portuguesa, rusa, alemana y austriaca. Todos los heridos hospitalizados se encuentran estables, uno ha sido dado de alta y otro, el de nacionalidad austriaca, ha sido trasladado en ambulancia a un centro médico de Austria, según informaba este martes la televisión polaca TVN24. Paralelamente, durante el registro de la vivienda del supuesto atacante, en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, fueron hallados los cadáveres de sus padres y su hermana, todos ellos con heridas visibles de bala. La Fiscalía baraja como principal hipótesis que fueran asesinados entre la noche del viernes y la mañana del sábado y ha explicado que también fueron encontrados los cadáveres de dos gatos muertos con heridas de bala en el apartamento. La muerte del atacante en la madrugada del lunes cerró una primera fase de la investigación, pero no aclara aún el móvil exacto ni el alcance completo de los hechos, mientras continúan las diligencias judiciales y policiales al tratarse el caso como un atentado terrorista por parte de la Fiscalía. En la vivienda de la familia se han incautado varios dispositivos electrónicos y en el vehículo utilizado por el tirador se incautaron además cuatro teléfonos móviles que están siendo analizados desde el domingo. Según publicaba elDiario.es este fin de semana , el detenido, Michał O., tiene 24 años, es de nacionalidad polaca y tenía un permiso para portar armas de fuego. Además, el padre del agresor también tenía permiso para portar varias armas y varios vecinos de la familia han declarado a distintos medios de comunicación polacos que era habitual ver a ambos acudiendo semanalmente a una galería de tiro cercana a la vivienda de la familia. Este negocio ha hecho público un comunicado en el que ha condenado los hechos, ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas y en el que asegura que el joven nunca recibió entrenamiento “en tiro dinámico, táctico o de combate” en el club de tiro.
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