El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha notificado al Ayuntamiento de Elorrio la orden definitiva por la que declara al municipio como zona de mercado residencial tensionado. La resolución culmina el procedimiento iniciado por el Pleno municipal el pasado 26 de marzo y permitirá activar las herramientas previstas en la Ley de Vivienda para intervenir en el mercado local. La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable anualmente.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de garantía habitacional y función social de la vivienda en Andalucía ha superado este viernes un paso clave al publicarse su admisión a trámite en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). La decisión, adoptada por la Mesa de la Cámara el pasado 4 de noviembre, desbloquea una propuesta registrada el 20 de abril de 2026 y abre ahora la fase decisiva de recogida de apoyos: será necesario reunir 40.000 firmas ciudadanas para que el texto pueda continuar su recorrido parlamentario y ser debatido en el Pleno. La medida nace impulsada por una amplia alianza de entidades sindicales, vecinales y de consumidores integrada por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, FACUA Andalucía, Red Vecinal Andaluza, Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, como respuesta colectiva a la emergencia habitacional que atraviesa la comunidad autónoma. El texto legislativo parte de un diagnóstico compartido por las organizaciones promotoras: el encarecimiento de los alquileres y de la compraventa, la insuficiencia del parque público, la proliferación de viviendas de uso turístico y la expulsión de los vecinos de sus barrios están deteriorando gravemente las condiciones de vida y bloqueando la emancipación juvenil. Para revertir esta situación y situar la función social de la vivienda por encima de los intereses especulativos, la ILP plantea una batería de medidas centradas en garantizar una asequibilidad real. En concreto, el texto propone limitar el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar al pago de su hogar, evitando así que el alquiler o la hipoteca absorban los salarios y comprometan la cobertura de otras necesidades básicas. Junto a este tope al esfuerzo económico, la iniciativa apuesta por ampliar y reforzar el parque público de vivienda protegida y en alquiler social en toda Andalucía, al tiempo que establece mecanismos legales para combatir la especulación inmobiliaria y frenar la expansión descontrolada de los pisos turísticos en los barrios. Asimismo, la propuesta endurece las garantías y medidas de amparo frente a los desahucios para proteger de manera efectiva a las familias en situación de vulnerabilidad. Se necesitan 40.000 firmas La publicación oficial de la admisión a trámite llega apenas dos días después de la jornada de huelga general del 11 de noviembre, en la que el acceso a una vivienda digna y el freno al encarecimiento residencial ocuparon un lugar central en las reivindicaciones sociales. Con el trámite parlamentario activado, la continuidad de la ley depende ahora directamente de la participación ciudadana. Las entidades promotoras hacen un llamamiento conjunto a la ciudadanía, al tejido asociativo y a las organizaciones sociales de toda Andalucía para sumarse a la campaña de recogida de firmas. Superar el umbral de los 40.000 avales es el requisito indispensable para trasladar estas demandas de forma vinculante al debate institucional y convertir la iniciativa en una herramienta legal efectiva.
