El órgano fiscalizador rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y aprecia indicios de irregularidades en una operación de 6,3 millones que carecía de encargo o motivación
El órgano fiscalizador rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y aprecia indicios de irregularidades en una operación de 6,3 millones que carecía de encargo o motivación
El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos. En una resolución, la consejera de … Continuar leyendo "El Tribunal de Cuentas investigará el caso del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones"
El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas nombrará un instructor para investigar si se ha producido alguna responsabilidad contable por parte de la Comunidad de Madrid al comprar un ático de lujo que iba a ser utilizado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras se realizaban obras en el edificio de la Puerta del Sol. En un auto de 28 páginas, la consejera encargada de estudiar las siete denuncias presentadas por, entre otros, la oposición madrileña, y las alegaciones de la empresa pública Planifica y de la propia comunidad, ha propuesto a la Sala de Enjuiciamiento designar a uno, al considerar que, "a priori y sin entrar a valorar el fondo", la adquisición puede "constituir una salida de fondos públicos por el importe de 6.300.000 euros, carente por completo de justificación legal", lo que obliga a abrir una investigación.