El 22 de septiembre de 2026, una patrulla de guardias civiles llegaron la finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla) con una tarea la mar de sencilla: quitar los precintos judiciales de nueve pozos. Doce días antes y ras una farragosa causa judicial, el juez había archivado todo y ordenado levantar la prohibición de usarlos. El problema es que, cuando llegaron allí, los pozos ya estaban funcionando . De hecho, a la luz de lo que vieron en Aljóbar, el agente al mando llegó a la conclusión de que hacía ya dos meses que esos motores estaban bombeando a todo trapo. Y, en el centro de todo, la Casa de Alba. No deja de ser curioso que hayan ganado un caso de tres años y millones de metros cúbicos de agua para terminar en un juicio por desobediencia. Pero, bueno, a menudo la justicia funciona así. Nueve pozos bajo una malla verde. Todo empezó en la primavera de 2023, cuando dos extrabajadores de la finca denunciaron que algo raro pasaba entre los naranjos. Sobre el papel, Aljóbar (gestionada por Eurotécnica Agraria, la sociedad agraria de la familia Alba) tenía permiso para un pozo de riego. Tras esta denuncia, los agentes encontraron ocho pozos sin licencia y sin contador cubiertos con mallas verdes para que no se distinguieran en las imágenes aéreas. En febrero de 2025, encontraron uno más . En Xataka Doñana lleva décadas al borde del precipicio. Ahora tenemos un experimento para ver si podemos rehacerla desde cero ¿Y qué conllevaba eso? Según la Guardia Civil , entre 3.800 y 6.640 millones de litros fueron extraídos ilegalmente en once campañas. Eso representaba un beneficio ilegal de 5,1 millones de euros por la fruta producida con esa agua y un daño ambiental de entre 732.000 euros y 1,13 millones. La defensa sostuvo que nunca se superó el volumen que les permitía la concesión y, finalmente, el juez no encontró delito. ¿Cómo es posible? Es sencillo: el juez sí que reconoció las "extracciones no autorizadas", pero las consideró una infracción administrativa. Para el juzgado, el riesgo ambiental "no puede presumirse" y la gravedad alegada "carece de base". Y el motivo está en el Córdigo Penal, no basta con que el pozo sea ilegal, para que sea delito hay que demostrar el daño que le confirió al acuífero. Y el asunto central es que Aljóbar, pese a estar cerca de Doñana, no bombea del acuífero de Almonte-Marismas, sino del acuífero del Aljarafe Sur. Como esta masa está un 2% por encima del límite que la definiría como "en mal estado" y pese a que los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dicen que los pozos de Aljóbar son "susceptibles" de haber agravado el estado de la masa, resultaba difícil ponderar el daño que han causado esas extracciones ilegales. Así que ahora mismo solo queda investigar la rotura del precinto. Y ni siquiera es seguro que los condenen. En España, condenar a alguien por un uso indevido del agua sigue siendo algo extremada difícil y este está empezando a convertirse en un caso paradigmático de ello. Imagen | Jusotil_1943 En Xataka | Estamos reforestando Europa con árboles que no llegarán al 2100. Si no los matan las plagas, lo hará el cambio climático - La noticia Un juez investiga a la Casa de Alba por reabrir por su cuenta nueve pozos clausurados por la justicia fue publicada originalmente en Xataka por Javier Jiménez .
Abre esta vía tras sorprender la Guardia Civil por tercera vez estos bombeos en uso y sin permiso "haciendo caso omiso" a la resolución del propio juez, que ha rechazado los recursos de la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba un delito contra el medio ambiente La Casa de Alba volvió a poner en marcha por su cuenta sus pozos dos meses antes de que el juez le diese permiso para ello La decisión de la Casa de Alba de poner en funcionamiento por su cuenta sus pozos clausurados sin tener todavía el correspondiente permiso del juez ha derivado en una nueva actuación judicial. El magistrado que ha instruido la causa penal por un posible delito contra el medio ambiente por estas captaciones sin licencia, que archivó hace dos meses al apreciar sólo irregularidades administrativas, ha decidido abrir una causa al margen –que será otro juez el que decida si cristaliza o no– por unos bombeos que es la tercera vez que son sorprendidos funcionando sin permiso. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ha investigado el caso de estos nueve pozos sin licencia , ha decidido deducir testimonio de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que cuando en septiembre fue a desprecintarlos se encontró con que la propiedad los había puesto en marcha dos meses antes tras romper los sellos judiciales. Por ello, el juez considera que podemos estar ante un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar. El magistrado apunta que, “visto que se informa y se documenta gráficamente” por la Guardia Civil que estos bombeos se encontraban en funcionamiento “haciendo caso omiso” a la resolución judicial, da este paso ante el que la parte acusada puede presentar recurso. Lo siguiente será remitir esta causa al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda, cuyo titular será el encargado de investigar el caso y concluir si considera que hay delito. El 'teórico' desprecinto El instituto armado acudió el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana. El agente al mando apuntó en su informe, no sin sorna, que ese día “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado. La hacienda está gestionada por Eurotécnica Agraria, una empresa de la propia Casa de Alba cuyo consejo de administración integran los hermanos Martínez de Irujo a excepción del actual duque de Alba. El apoderado de la compañía alegó que habían decidido reabrir las captaciones al entender que ya estaban autorizadas , después de que el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizó el cambio del sistema de regadío de la finca. Esto, en la práctica, implica la regularización de unos pozos que han funcionado sin licencia y “despilfarrando” agua, según la propia Confederación, que tiene abierto un procedimiento sancionador por vía administrativa por estos hechos. Además, la propiedad es reincidente en el marco de una causa judicial que se abrió en 2023 tras denunciarse que estas captaciones llevaban una década extrayendo sin permiso. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían usarse, lo que cayó en saco roto porque pocos meses después (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento. Es decir, que estaríamos ante la tercera ocasión en la que la Casa de Alba ha estado sacando agua sin permiso. Desestima los recursos por el archivo del caso Mientras se sustancia o no esta nueva vía judicial, el propio magistrado firmó días antes un auto por el que desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción en contra del archivo de la causa principal. En él, admite que estamos ante “extracciones no autorizadas”, pero se reafirma en su conclusión de que estamos ante “una infracción de tipo administrativo”, en línea con lo argumentado por la defensa de la Casa de Alba . El juez recuerda que alrededor de Aljóbar hay otras fincas con derechos de riego mucho más elevados, por lo que los propios informes de la Confederación del Guadalquivir reconocen que no se puede culpar en solitario a la propiedad de los Alba del descenso que ha sufrido el acuífero del que extraen, el Aljarafe Sur. “La conclusión no puede ser otra”, apostilla. Ante esta decisión cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia, que fuentes del caso calculan que puede tardar hasta un año en pronunciarse. Durante la investigación, la Fiscalía ha mantenido que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante más de una década, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
