El Boletín Oficial de Castilla y León publica este viernes el Acuerdo 154/2026 de 5 de noviembre, por el que se fijan los servicios mínimos para garantizar las prestaciones básicas en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos ante la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre. El decreto autonómico responde a convocatoria de paro de CCOO y UGT y delimita las coberturas obligatorias en departamentos administrativos, colegios, transporte asistencial, centros residenciales y carreteras. En Sanidad, la Junta ha determinado que los servicios mínimos no superarán, en su conjunto, aproximadamente un tercio del total de efectivos . No obstante, las actividades catalogadas como urgentes o críticas mantendrán el cien por cien de operatividad, salvaguardando áreas asistenciales como Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria, unidades de cuidados intensivos, quirófanos inaplazables y paritorios. Por su parte, los centros de salud de Atención Primaria mantendrán su actividad ordinaria de mañana en días laborables sin la apertura excepcional de puntos de atención continuada diurnos, asumiéndose las atenciones urgentes por parte de los facultativos y personal de enfermería de guardia previstos en las plantillas fijadas para cada demarcación provincial. En materia formativa, las directrices establecen la obligatoriedad de asegurar el acceso a los colegios e institutos públicos mediante la presencia de los miembros de los equipos directivos, directores o jefes de estudios, además del personal subalterno por turno. Asimismo, en la provincia soriana se contemplan coberturas específicas en el CEE Santa Isabel , las residencias formativas de Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda y la capital, además de los Centros Rurales de Innovación Educativa situados en Navaleno, Almazán y Berlanga de Duero. El acuerdo publicado hoy, en este enlace .
La banda, integrada por siete personas, utilizaba pisos alquilados en Madrid y León como centros de operaciones y las mujeres comprobaban con el telefonillo si había alguien en las casas antes de que los hombres forzaran las puertas
VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado la comisión de robos con fuerza al que, presuntamente, se le imputan 53 hechos delictivos. Han sido detenidas 9 personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la salud pública y contra la seguridad vial. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cinco de ellos si bien, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Han sido realizadas nueve entradas y registros en Valencia (7) y en Castellón (2), donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos sustraídos. La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2025, tras la comisión de un robo con fuerza mediante el método del alunizaje en una joyería de un centro comercial de Sagunto –Valencia-, utilizando tres vehículos de alta gama para sustraer joyas valoradas en 217.000 euros. Tras este hecho, los agentes identificaron a los autores y constataron que se trataba de una red criminal, afincada en la provincia de Valencia, con una estructura jerarquizada y una división de funciones, especializada en la comisión de alunizajes en joyerías. Además de esta tipología delictiva, el grupo evolucionó cometiendo robos en entidades bancarias haciendo uso de explosivos, técnica conocida como pizza slide, consistente en la introducción por la ranura dispensadora del cajero de una herramienta artesanal que habían fabricado a partir de una muleta ortopédica, a la que adosaron un artefacto explosivo para provocar su apertura de forma violenta y acceder a los cajetines donde se encontraba el dinero. Esta técnica no la habían perfeccionado ya que en una ocasión consiguieron hacer explotar el local y dañar vehículos que estaban aparcados en vía pública sin conseguir su botín. Los últimos hechos atribuidos al entramado son robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos, donde tras amenazar a los empleados con armas blancas consiguieron sustraer material electrónico valorado en 500.000 euros. El grupo criminal hacía uso de una finca rústica en la que se reunían para la preparación de los robos, y que también servía como lugar de almacenamiento tanto de los efectos como de los vehículos sustraídos. Los hechos se producían a altas horas de la madrugada usando coches de alta gama sustraídos previamente bien en vía pública o en concesionarios, a los cuales les cambiaban las matrículas por otras robadas. Durante la comisión de los robos, los integrantes del grupo portaban vestimenta de color oscura y con el rostro tapado, además de hacer uso de extintores para eliminar pruebas y evitar ser identificados. El grupo, estaba afincado en la provincia de Valencia, destacaba por su intensa actividad delictiva y capacidad técnica a la hora de cometer los delitos, con una jerarquía y reparto de funciones entre sus miembros. El pasado mes tuvo lugar la explotación de la operación, practicándose nueve registros —Valencia (7) y Castellón (2) —, donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos procedentes de los robos investigados. El valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico ocasionado se estima en 2.000.000 de euros. Han sido detenidas un total de nueve personas en Valencia (7), Bailén (1) y Murcia (1), entre las que se encuentran los dos líderes del grupo, uno de los cuales intentó darse a la fuga saltando la valla de su vivienda y ocultándose en un arcón donde fue localizado bajo un colchón. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la seguridad vial y contra la salud pública. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos.
